Una decisión controvertida

Le corresponde al presidente del Gobierno proponer al Rey el nombramiento de la persona que asumirá las funciones de gobernador del Banco de España, sin encomendarse ni a Dios, ni al diablo. La ley de autonomía del Banco de España señala que será el ministro de Economía el que, con carácter previo al nombramiento, comparecerá en la Comisión competente para informar sobre el candidato propuesto, algo que ya ha ocurrido. Y ha sido ahí, en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, donde el ministro ha glosado con detalle las virtudes formativas y la experiencia profesional del todavía ministro José Luis Escrivá, que mañana tomará posesión de su nuevo cargo. Hasta aquí nada que objetar dado que el candidato cumple sobradamente con los criterios de elegibilidad que impone la ley por la que se regulan los órganos rectores del Banco de España: ser español, mayor de edad y reconocida competencia en el ámbito de la economía ¿Fin del debate? Evidentemente, no.

La crítica a la propuesta de nombramiento no está, como es obvio, en la falta de concurrencia de los criterios de elegibilidad del candidato. Algo así es condición necesaria, pero no suficiente. De ahí que las cualidades profesionales no puedan ser, ni en este caso ni en otros, el argumento que ampare la decisión finalmente adoptada. Tampoco la existencia de nombramientos similares en países de la Unión Europea convierte la decisión, por sí misma, en una opción adecuada. Pero si la razón por la que la propuesta suscita motivos de contestación no está ni en la falta de competencia de quien lo nombra, ni en la capacitación técnica del candidato, entonces ¿dónde está el reparo?

La decisión política es, a mi entender, desacertada desde la lógica de la “idoneidad” política o, si lo prefieren, de la pura conveniencia democrática. Y es que el resultado final erosiona a quien propone el nombramiento, al propio designado y también a un ecosistema democrático que acusa una fuerte pérdida de confianza en las instituciones. Al margen de la sobreactuación de la oposición, siempre deseosa de encontrar razones para el aspaviento, no es políticamente conveniente nombrar a un ministro en activo como gobernador de una institución cuyo funcionamiento se ordena, por mandato del Derecho de la Unión Europea, en torno al principio de autonomía. No es cuestión, por tanto, de analizar si el candidato es o deja de ser una persona con criterio e independencia. Tales virtudes se le presumen. Lo mollar en esta decisión está, más bien, en entender cómo afecta a la reputación y a la apariencia de autonomía de la institución en cuestión que quien se acueste hoy ministro pueda despertarse mañana gobernador del Banco de España. Algo así, convendrán conmigo, no responde al ideal de autonomía en el que estaba pensando el legislador cuando reguló el funcionamiento de la institución monetaria. Para comprobarlo basta con leer el título de la ley que lo regula, que no es una ley del Banco de España, sino de autonomía del Banco de España.