Una causa interminable contra Begoña Gómez sin delito a la vista

Juan Carlos Peinado dirige el juzgado de instrucción número 41 de Madrid desde hace siete años. Cumplirá 70 en septiembre y el Consejo General del Poder Judicial lo autorizó en enero pasado a seguir trabajando hasta los 72. Tras haber ejercido como secretario de ayuntamiento, accedió a la judicatura con 40 años por el llamado cuarto turno (por concurso de méritos y experiencia, sin pasar una oposición). Es padre de una concejal del PP en Pozuelo de Alarcón (Madrid). El pasado 9 de abril llegó a su mesa de trabajo en el juzgado de Plaza de Castilla una denuncia firmada por la organización ultraderechista Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El escrito tenía “un contenido deslavazado”, según la Audiencia Provincial de Madrid. Se basaba en recortes de prensa con noticias, algunas de ellas falsas y otras sin pruebas sólidas sobre el tráfico de influencias denunciado en las informaciones.

Peinado estudió los papeles y resolvió en apenas una semana abrir causa contra Gómez. Desde entonces, cada paso del juez es recurrido por la defensa y aplaudido por el PP, partido que se apoya en la instrucción para exigir la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones. Vox, que pide lo mismo, está personado en la causa como acusación popular.

La Audiencia Provincial halló en la denuncia de Manos Limpias “un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos” y señaló que vincular a Gómez con un tráfico de influencias para favorecer el rescate de Air Europa a través de un préstamo de 475 millones concedido por el Gobierno era “una simple conjetura más allá de coincidencias temporales y personales”. Pero también añadió que las cartas de apoyo firmadas por Gómez a favor del empresario Juan Carlos Barrabés, quien las incluyó junto a otras 31 misivas en su oferta ganadora de dos concursos del organismo público Red.es, entonces dependiente del Ministerio de Economía, eran datos objetivos para abrir una investigación. La Audiencia entendió que de esas cartas firmadas por Gómez se podía deducir “que existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo, la intermediación en la concesión de subvenciones”, y dejó que el juez Peinado siguiera adelante con la causa por ese único motivo.

Cuando se conoció esta resolución judicial, la Guardia Civil había terminado ya su primer análisis de los contratos adjudicados a Barrabés sin encontrar ni una sola prueba de esa “intermediación en la concesión de subvenciones” a la que aludía la Audiencia Provincial para justificar que la investigación siguiera adelante.

Cien días después de que se abriera la causa contra Gómez, ya se acumulan más de 2.000 folios con diversa documentación repartidos en cinco tomos del sumario y se han celebrado ocho interrogatorios a presuntos implicados. Dos de ellos —Barrabés y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache— resultaron imputados de manera sorpresiva unos días después de declarar como testigos (por tanto, con obligación de decir la verdad).

Cien días después, no existen autos o providencias del juez Peinado donde se detallen los indicios que tiene para seguir investigando los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por los que abrió la causa.

Cien días después, los tribunales acumulan una querella contra el juez por revelación de secretos (aún pendiente de contestar dos meses después de presentada) y varios recursos de apelación de la defensa de Gómez y de la Fiscalía que la Audiencia Provincial ha decidido contestar... no antes de dos meses.

Mientras tanto, el juez Peinado tiene la intención, insólita en democracia, de interrogar el próximo martes en el Palacio de La Moncloa al presidente del Gobierno como testigo del supuesto tráfico de influencias que investiga. Para justificar sus intenciones sin vulnerar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el jefe del Ejecutivo tiene derecho a responder por escrito, el juez cita el artículo 412.3 de la norma —“Si fuera conveniente recibir declaración sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial”—, que le permite preguntar y grabar el testimonio de Sánchez en La Moncloa.

Expertos juristas consultados por EL PAÍS consideran que el juez Peinado se arriesga a que alguien presente una querella contra él por prevaricación al dictar a sabiendas una resolución injusta: la que obliga a Sánchez a contestar en su presencia sobre unas cuestiones que solo puede conocer en su condición de presidente.

Cien días después de que el juez abriera una investigación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez, la causa amenaza con prolongarse durante muchos meses sin que de los informes solicitados y los interrogatorios realizados aparezcan delitos a la vista.

Un tráfico de influencias sin influencia conocida

Las informaciones de El Confidencial en las que basó Manos Limpias su denuncia señalaban que la empresa Innova Next, propiedad de Juan Carlos Barrabés, profesor en la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense que codirigía Begoña Gómez, logró entre julio y agosto de 2021 dos contratos millonarios de Red.es (dependiente entonces del Ministerio de Economía) tras presentar ofertas en las que se incluía una carta de apoyo de dicha universidad firmada por la esposa del presidente. Esa carta de apoyo acompañaba a otras 31 de empresas tecnológicas y de entidades públicas, como el Ayuntamiento de Madrid. Ese bloque de cartas acompañaba un apartado que suponía el 8% del total de los puntos que podía sumar la oferta. El juez Peinado encargó a la UCO de la Guardia Civil una investigación sobre el caso. Y apenas un mes después, el informe llegó a su mesa con varias conclusiones:

— La Guardia Civil recuerda que las empresas de Barrabés han recibido hasta 28 contratos de la Administración pública a lo largo de los últimos años, uno de ellos del Ayuntamiento de Madrid bajo gobierno del PP (casi cuatro millones de euros). En cuanto a las adjudicaciones logradas en los concursos de Red.es (10 millones de euros a repartir a medias con la empresa The Valley), el informe destaca que son las más cuantiosas de la historia de esta firma. Los agentes investigaron la composición de la mesa de contratación y analizaron la participación de dos de sus componentes en las valoraciones subjetivas de las ofertas. El informe concluye que no se encontraron vinculaciones entre esas personas y Gómez. La UCO tampoco encontró elementos diferenciadores entre el sistema de valoración de las ofertas del concurso ganado por Barrabés y el resto de expedientes “en lo que se refiere a los criterios dependientes de juicios de valor”. El juez llegó a citar a esos trabajadores y a cargos de Red.es que participaron en la adjudicación, pero acabó suspendiendo la declaración. Hasta hoy.

— En cuanto al millonario rescate que el Gobierno realizó en 2020 a Air Europa, la UCO no ha podido comprobar ni tiene datos que permitan acreditar la influencia de Gómez. El único elemento que puede vincular a Gómez con Globalia, grupo propietario de la aerolínea, es el hecho de que coincidiera con Javier Hidalgo, uno de sus principales directivos, en dos eventos que tuvieron lugar en 2020 y en los que participaba la sociedad Wakalua, filial del mismo grupo. “No se tiene constancia de que estos hitos pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del rescate a Air Europa”, sostiene la UCO.

— La Guardia Civil concluyó también que Begoña Gómez no ha recibido ninguna subvención pública y recordó que la noticia que Manos Limpias incluyó en su denuncia, titulada por The Objective “El Gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez” e ilustrada con una fotografía de la esposa de Pedro Sánchez, es falsa.

Las visitas a La Moncloa como supuesta prueba

El empresario Barrabés acudió a declarar como testigo ante el juez pese a que, según la denuncia, era el beneficiado principal del tráfico de influencias supuestamente ejercido por Gómez. Lo habitual en una investigación judicial, según los expertos consultados por EL PAÍS, es citar como investigado al principal beneficiario del delito. Barrabés admitió en su declaración como testigo que había visitado el Palacio de La Moncloa en numerosas ocasiones, la mayoría para reunirse con Gómez, codirectora de la cátedra donde daba clases. Aclaró que una de esas visitas obedeció a que había sido citado por el Gabinete de Presidencia del Gobierno junto a otros empresarios especialistas en innovación. Barrabés explicó que en una de sus citas con Gómez coincidió con Pedro Sánchez, pero solo unos minutos, pues el presidente se ausentó para contestar a una llamada de teléfono.

Cuatro días después de esta declaración, el juez decidió imputar a Barrabés basándose en los informes de la Guardia Civil, que descartan cualquier irregularidad en los contratos, y en el testimonio como testigo del empresario, que tenía obligación de decir la verdad y no respondió nada que pudiera incriminarlo. Javier Sánchez Junco, abogado del rey emérito y ahora de Barrabés, ha presentado un recurso de reforma contra la citación del empresario como investigado, prevista para este lunes.

La Fiscalía Europea reclama el caso sin determinar si hay corrupción

Cuando la Fiscalía Europea Anticorrupción reclamó para sí la investigación de los contratos de Red.es adjudicados a Barrabés, el PP consideró que ese hecho demostraba que la causa abierta contra la esposa del presidente era un claro caso de corrupción. Sin embargo, la Fiscalía Europea no afirmó nada sobre el supuesto contenido delictivo de lo que había pedido investigar. Lo único que certificó es que esos contratos bajo sospecha en un juzgado de Madrid habían sido pagados con fondos europeos y, por consiguiente, la investigación correspondía a la Fiscalía Europea. Nada se sabe de los avances de esa investigación. En lo actuado por el juez Peinado no hay todavía una sola prueba del supuesto tráfico de influencias.

Investigación al Ayuntamiento de Madrid, sin resultados

Tras conocer por el informe de la Guardia Civil que los contratos adjudicados por Red.es a Barrabés no contenían irregularidades ni había rastro de la supuesta influencia ejercida por Gómez, el juez pidió investigar otros contratos ganados por Barrabés en concursos convocados por otras entidades, como el Ayuntamiento de Madrid. Barrabés ha sido contratista de esta administración desde la etapa de gobierno de Manuela Carmena hasta la de José Luis Martínez-Almeida. Aunque las posibilidades de que Begoña Gómez influyera en un contrato adjudicado por el Gobierno municipal del PP son remotas, el juez pidió un informe a la UCO sobre esas adjudicaciones. El resultado fue similar. La Guardia Civil no halló irregularidades: “Sin perjuicio del resultado del preceptivo análisis de los expedientes que realice la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), seguidamente se destacan los siguientes aspectos. En líneas generales, en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos —algunos de ellos vigentes actualmente— se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.

La Audiencia pone límites, el juez los evita

La Audiencia Provincial de Madrid determinó que el juez Peinado solo podía centrar la investigación de la causa abierta contra Begoña Gómez en los 10 millones de euros que logró Barrabés en dos concursos de Red.es a los que presentó ofertas que incluían 32 cartas de apoyo, una de ellas firmada por la esposa del presidente como codirectora de un máster de la Complutense donde el empresario dio clases. Tras esta decisión de la Audiencia Provincial y después de que la Fiscalía Europea se quedara con la causa de los contratos adjudicados por Red.es a Barrabés, el abogado de Begoña Gómez preguntó al juez qué asuntos investigaba. Y Peinado contestó que los hechos de su competencia “son todos los que constan en las actuaciones” a excepción de aquellos cuyo conocimiento ha sido avocado “en favor de la Fiscalía Europea”.

Todos los hechos “que constan en las actuaciones” incluían el rescate a Air Europa, algo que la Audiencia Provincial había descartado investigar al considerar que las noticias que ponían bajo sospecha esa operación eran “simples conjeturas”. Pero, además de esos hechos, el juez Peinado ha comenzado a investigar hace apenas dos semanas todo lo relacionado con la contratación de Gómez como codirectora de una cátedra extraordinaria en la Complutense, así como sus tres años de gestión en la universidad. El abogado de Gómez protestó citando el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que “toda persona a quien se atribuya un hecho punible” tiene derecho a ser informada “sin demora injustificada” de “cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados”.

La contratación de Gómez por la Complutense

El juez Peinado, que abrió la causa por un supuesto tráfico de influencias cometido por Gómez en los concursos adjudicados por Red.es al empresario Barrabés, ha citado como investigado al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, tras declarar como testigo unos días antes. Goyache explicó al juez que se reunió en La Moncloa con la esposa del presidente y esta le propuso crear una cátedra extraordinaria sobre responsabilidad social corporativa para ayudar a pequeñas y medianas empresas a aumentar su competitividad. El rector remitió la propuesta a una comisión de seguimiento, que aceptó la creación de la cátedra, financiada por Reale Seguros y la Fundación La Caixa. La misma comisión aceptó nombrar a Gómez codirectora junto a un profesor de la propia universidad.

El juez Peinado se mostró extrañado de que Gómez pudiera codirigir una cátedra sin tener titulación académica. El rector le dijo que era posible y que el reglamento de creación de cátedras extraordinarias aprobado por el consejo de Gobierno de la Universidad Complutense en diciembre de 2015, cuando él no ocupaba ese cargo, no lo impedía. La Complutense tiene activas más de 50 cátedras de temáticas diversas, que en la mayoría de los casos no dirigen catedráticos, sino profesores, habitualmente financiadas por empresas privadas y asignadas a distintas facultades. La única que depende de la Escuela de Gobierno de la Universidad es la que codirige Gómez. El reglamento vigente desde hace nueve años establece los siguientes requisitos sobre cátedras extraordinarias.

— “Cátedras Extraordinarias: Constituyen una forma de colaboración de la Universidad con otras entidades (fundaciones, asociaciones, centros de investigación, administraciones públicas y, en general, cualesquiera entidades públicas o privadas) para la realización de actividades relacionadas con los fines estatutarios de nuestra Universidad, especialmente de docencia e investigación. Las Cátedras Extraordinarias se establecerán por un período de tiempo determinado (mínimo de 3 años) y con una dotación económica anual mínima de 30.000 euros”.

— “Excepcionalmente, la propuesta de creación de la cátedra podrá ser efectuada por profesores Eméritos UCM, personal en Comisión de Servicios, una o más empresas (nacionales o internacionales), Centros de Investigación o Instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio, u otras Universidades. En este caso, el Vicerrectorado competente valorará la oportunidad de la propuesta presentada y su pertinencia, en función de las actuaciones a realizar que justifiquen su creación”.

— “El Rector, excepcionalmente y por causas justificadas, podrá designar como Director/a de la Cátedra a alguien sin vinculación laboral con la Universidad (incluyendo PDI en Comisión de Servicios, en excedencia, Eméritos o PAS en excedencia). En ese caso, se designará un/a Co-director/a con vinculación laboral con la UCM que estará sometido al mismo régimen que el/la directora/a”.

La inexistente apropiación indebida de un ‘software’

El convenio para la creación de la cátedra codirigida por Gómez establecía el siguiente compromiso: “A lo largo de los dos primeros años se pondrá en marcha una plataforma digital concebida como herramienta para la medición del impacto social que facilite la generación de nuevas oportunidades e inversiones”. Google, Telefónica (la SEPI compró el pasado marzo el 3% de la compañía) e Indra (con un 28% en manos del Estado) invirtieron dinero gracias a las gestiones de Gómez para crear esta plataforma digital de uso gratuito y propiedad de la Universidad Complutense. Gómez inscribió a su nombre el dominio de internet donde se iba a alojar la plataforma, pero lo hizo por indicación de la propia universidad. Además, Gómez creó a finales de 2023 una sociedad a su nombre para facturar sus servicios profesionales a la que puso un nombre parecido al de la cátedra que codirigía, lo que según la Complutense genera confusión. La universidad envió un informe al juez donde aseguraba que abrió una investigación interna por estos hechos sin llegar a ninguna conclusión, pero que, si la indagación del juez acreditaba una “apropiación indebida” por parte de Gómez, pediría personarse en la causa como perjudicada.

Gómez no ha inscrito a su nombre el software que fabricaron para la universidad las empresas Google, Telefónica e Indra. Cuando la esposa del presidente del Gobierno intentó aportar en la comisión de seguimiento de la Complutense, órgano supervisor de su cátedra, la documentación con la memoria económica y de actividades de 2023, el vicerrector que preside ese órgano se lo impidió “por prudencia”, con el argumento de que un juez investigaba esos hechos. En esa reunión, Gómez anunció que solicitará la renovación por otros cuatro años de la cátedra extraordinaria con el patrocinio de la Fundación La Caixa y la patronal Conpymes.