‘Turbazos’, cuando los jóvenes asaltan en manada: así es la nueva modalidad del fenómeno delictual chileno

El viernes 26 de julio, cerca de las 00:30 horas, una banda de 10 delincuentes armados, de entre 16 y 21 años, entró a la fuerza a una vivienda en el municipio Pudahuel, en el sector norponiente de la ciudad de Santiago de Chile. Tras amenzar a la familia que dormía en el recinto, se llevaron armas, dinero efectivo y televisores. Luego, el mismo grupo de ladrones, cuatro de ellos menores de edad, se trasladó a la comuna de Quinta Normal, y a las 02:26 de la madrugada encañonaron a una anciana de 88 años para robar diversos bienes, principalmente equipos tecnológicos. Apenas 15 minutos después, ejecutaron un tercer asalto a un domicilio en el municipio de Maipú.

En Chile, estos robos con violencia o con intimidación, perpetrados por un gran número de personas que actúa en manada, se les conoce popularmente como turbazos. El subprefecto Agustín Urbina, jefe de la Brigada de Robos Metropolitana Occidente de la PDI, comenta a EL PAÍS que a partir del año 2016 este fenómeno empezó a salir a la luz pública: “En ese año, a través de los medios de comunicación, se da cuenta de que grandes grupos de personas ingresaban a farmacias o supermercados y sustraían grandes cantidades de productos”. Urbina señala que este tipo de delito ha mutado y que desde este año, en medio de una crisis de seguridad, “hay un cambio de giro”. “El foco es ir directamente a cometer este tipo de ilícitos en domicilios particulares”, apunta. Ni el subprefecto ni Carabineros tenían las cifras solicitadas de cuántos turbazos se han realizado este año en Chile.

La mayoría de los integrantes de las bandas que los protagonizan, comenta el subprefecto Urbina, no tienen más de 20 años. Como los que participaron de los tres violentos delitos de aquella noche de finales de julio que coparon los telediarios nacionales. Esa seguidilla de turbazos empujaron a que la Fiscalía Metropolitana Occidente creara una fuerza de tarea con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) para ocuparse exclusivamente de frenar la ola de este tipo de delito.

A las pocas semanas de su puesta en marcha, el equipo liderado por la fiscal de Maipú-Cerrillos, Gabriela Cruces, está investigando siete casos y, tras un mes de investigación, el equipo realizó este martes un operativo en el que allanaron 16 viviendas en las comunas de Cerro Navia y Renca, en la zona periférica de la capital. El despliegue acabó con la detención de siete de los miembros de la banda. La fiscal Curces sostuvo en un punto de prensa donde su equipo reveló los detalles del operativo, que lograron vincular a un hombre que se encontraba en prisión preventiva con los turbazos realizados el 26 de julio. “A nuestro juicio, es líder de esta banda organizada”, señaló.

El fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, explicó este miércoles que, lo que diferencia a los turbazos de otros tipos de robos con intimidación, es que los delincuentes “ingresan a los domicilios en grupo”. Lo hacen “provocando un gran temor al interior del domicilio e imposibilitando cualquier intento de estas personas pudieran defenderse o resguardarse”, apuntó en la oficina de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, ubicada en la comuna de Independencia. En cuanto a la selección de las viviendas, suelen ubicarse en sectores relativamente tranquilos. “Nos da la impresión de que la banda seguramente tenía información sobre las personas que habitaban estas casas que, en muchos casos, eran adultos mayores”, advirtió Pastén.

Los siete detenidos se pusieron a disposición del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, donde fueron formalizados por los delitos de robo con intimidación, robo e infracción de la ley de control de armas. El tribunal determinó este miércoles por la tarde que los cuatro mayores de edad detenidos quedarán en prisión preventiva y, los tres menores de edad, en internación provisoria.

Tras los turbazos múltiples en el sector occidente, en menos de cinco días, entre el 15 y 20 de agosto, una sucursal de una farmacia en la comuna de La Cisterna, al sur de Santiago, fue víctima de dos de estos delitos. Tras una denuncia realizada por la Federación de Trabajadores de Farmacias, la Dirección del Trabajo (DT) ordenó el 22 de agosto suspender el funcionamiento de la tienda para asegurar la protección de los trabajadores. La medida se prolongó por tres días y se levantó luego de que la farmacia adoptara nuevas medidas de seguridad.

La suspensión de la actividad comercial provocó críticas del sector privado. La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) planteó que “cuando la violencia escala y traspasa las atribuciones de la seguridad privada, es una señal de que el Estado no ha sido lo suficientemente eficaz en cumplir con su deber primordial”. Desde la Multigremial Nacional, una asociación de pequeñas y medianas empresas, calificó la decisión del ierre de la farmacia de “arbitraria” y “con poco sentido común”. Con ironía, dijeron en un comunicado: “Hacemos un llamado para que nos digan en qué lugares no se puede emprender. Bajo estas condiciones tendremos que hacer un plano regulador para pymes según zona de delincuencia”.

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