¿Qué dice la reforma judicial y cuál es el camino para su aprobación?

La reforma al Poder Judicial, uno de los ejes del paquete de 20 iniciativas presentadas por López Obrador en febrero de 2024, ha sido aprobada en lo general y en lo particular la mañana de este miércoles por Morena y sus aliados del PT y el PVEM en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley plantea la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados, la reducción de la Suprema Corte, así como la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina. Los diputados han enviado la minuta al Senado de la República, donde aguarda su discusión.

La presión creciente tanto de trabajadores del Poder Judicial de una veintena de Estados que mantienen un paro indefinido de labores en protesta y exigen un diálogo abierto, como de las principales asociaciones empresariales del país, que advierten de un descenso en la inversión en caso de su aprobación, han provocado, entre otros movimientos, que la reunión del pleno cambiara de sede a un polideportivo en la colonia Magdalena Mixhuca, muy cerca del Autódromo Hermanos Rodríguez. Los trabajadores de la judicatura bloquearon el acceso a San Lázaro desde el martes y, a pesar de las reticencias para el diálogo en la sede alterna, los diputados sesionaron a partir de las 16.00.

Las claves de la reforma judicial

El punto más polémico del proyecto de ley radica en la elección popular de más de 1.600 cargos judiciales, entre ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. Las elecciones se llevarían a cabo de forma escalonada en dos fases: mientras en 2025 se elegirían tanto a los ministros de la Suprema Corte, como los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo Órgano de Administración y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito; en 2027 se culminaría con la mitad restante. Las elecciones serían organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El proyecto de reforma también pretende reducir a nueve los ministros que integran la Suprema Corte, hoy compuesta por 11 integrantes. La presidencia, afirma el documento, será renovada cada dos años de forma rotatoria, determinada por el número de votos obtenidos por cada candidatura. Además, los ministros electos permanecerán en su cargo ocho, 11 y 14 años, en función del número de votos obtenidos por cada uno: los más votados se mantendrán en el cargo durante un periodo mayor. Los ministros en funciones que no resulten electos en 2025 no serán beneficiarios del haber por retiro, una pensión vitalicia que incluye aguinaldo, seguro de vida, prima vacacional y bono por riesgo. Además, la reforma plantea que ningún ministro, magistrado o juez podrá ganar un salario mayor al del presidente.

En lo que respecta a los jueces y magistrados, la reforma plantea un periodo de nueve años en el cargo, con la opción de presentarse a una reelección consecutiva. Los requisitos para aspirar a estos cargos judiciales incluyen tener un título profesional en Derecho y un promedio de ocho a nueve en las materias afines, tener experiencia de al menos cinco años en la actividad jurídica, además de entregar ensayos y cinco cartas de referencia entre vecinos y colegas, que respalden su idoneidad para el cargo.

¿Qué necesita la reforma judicial para ser aprobada?

El Consejo General del INE, inmerso en una discusión sobre la forma en que se reparten los espacios plurinominales a partir de la interpretación de la Constitución, aprobó que Morena y sus aliados (el PT y el PVEM) ostenten el 73% de curules en la Cámara de Diputados (364 legisladores) para la legislatura que arrancó funciones el 1 de septiembre de 2024. Si bien el Tribunal Electoral habrá de resolver las impugnaciones de la oposición en los próximos días para confirmar el reparto del Congreso, con la mayoría calificada en San Lázaro el oficialismo puede reformar la Constitución sin necesidad de negociar con opositores y por lo tanto, facilitar el camino de aprobación de la reforma del poder judicial, cuya discusión inicia este lunes en la Cámara de Diputados.

La apuesta del bloque oficialista está en heredar el proyecto de ley a la próxima legislatura, que se encargaría de someterla a votación del pleno de San Lázaro, a la espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirme la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. En caso de hacer válido este escenario y después de superar su aprobación en la cámara de origen, el proyecto de ley sería turnado al Senado, donde Morena y sus aliados ocuparán 83 escaños, a solo tres de obtener la mayoría calificada. La capacidad negociadora del oficialismo para hacerse de los tres escaños que le separan de ser mayoría en la Cámara alta será decisiva en la aprobación de la reforma.

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