Paloma, desahuciada en Valencia: “No me niego a irme, pero necesito una casa donde sea”

Paloma Biedma, de 51 años, y su hijo de 17 vivían hasta las siete de la mañana de este martes en un piso de la calle Caixers de Valencia. Varios agentes de la Policía Nacional han accedido a la seis y media sin encontrar resistencia a su domicilio en el distrito de Ciutat Vella de la capital valenciana. Biedma sabía que ocurriría desde el 9 de julio, cuando fue notificada del desahucio. Esta noche tienen donde dormir, pero no sabe que será mañana de ella y su hijo.

La vivienda de Biedma estaba en el número 2 de la calle Caixers, una finca del siglo XIX que el fondo de inversión Good Capital Investments quiere convertir en alojamientos turísticos de lujo. El suyo no ha sido el único desalojo efectuado este martes en el bloque. Antes, los agentes han desalojado a tres jóvenes en situación de vulnerabilidad que habitaban otro de los pisos. Ambas viviendas estaban okupadas.

Biedma vivía en ese piso desde hace nueve años y asegura que pagó los cuatro primeros. En la pandemia se quedó sin ingresos: “no tenía ni para y comer dejé de pagar”. Apunta que “luego quise pagar y el propietario me dijo que igualmente me iba a ir a la calle”. La mujer trabaja de auxiliar de cocina y cobra 1.300 euros al mes. “No encuentro un piso. Son para los extranjeros que pagan 3.000 euros porque cobran 4.000 o 5.000″, se queja. Y asegura que no puede acceder a un alquiler porque “te piden avales y un montón de cosas”.

Los agentes han desplegado muy temprano un amplio y llamativo dispositivo policial y han cercado la Plaza del Mercado. Al lugar han acudido un número importante de jóvenes convocados por movimientos sociales. Algunos de ellos son habituales del centro social okupado Ca la Caixeta, ubicado en el bajo del mismo edificio. Una de las activistas asegura que había “entre 100 o 150 agentes”. La portavoz del centro social asegura que había 14 furgones. La Policía Nacional ha confirmado a EL PAÍS que no se ha producido ningún incidente reseñable como cargas o detenciones. El cuerpo asegura que el operativo ha sido muy protocolario y que no ha sido nada fuera de lo normal. Biedma, que en ocasiones no puede contener las lágrimas, cuenta que su hijo ha sufrido un ataque de nervios durante la intervención.

Paula Martínez, de 26 años, es portavoz de Ca la Caixeta. Ha sido de las más madrugadoras y a las siete de la mañana ya estaba allí junto a otros activistas. La convocatoria era a las ocho y, según cuentan, los desahucios estaban previstos para las 9.15 y las 10.45, respectivamente. La policía se les ha adelantado. Cuando los activistas han llegado se han topado con una zona ampliamente cercada que no han podido cruzar. Esto ha impedido que obstaculizasen la acción de los agentes. A lo largo del día se ha sumado gente a la concentración. Martínez tacha el despliegue de “desproporcionado”.

El conflicto entre los inquilinos del bloque y Good Capital no es nuevo. El fondo lo compró en 2019 y todos los vecinos, excepto Paloma Biedma y su hijo, lo abandonaron después de que el propietario se negase a renovarles el contrato. Donde hoy está Ca la Caixeta antes había una tienda. “El centro social ha creado una red que ha unido a todas las personas que ves”, señala Martínez. Biedma, por su parte, se ha beneficiado de varias prórrogas judiciales al tener a un hijo menor a su cargo, lo que la convierte en persona vulnerable. El joven tiene 17 años y su madre reprocha que “podrían haber esperado un poco a que tuviese 18″.