Otro terremoto y otra parálisis en la Federación Española de Fútbol por un sistema no regenerado

Otro terremoto y otra parálisis sacuden a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después de que los juzgados de lo Contencioso-Administrativo denegaran la medida cautelar que paralizaba la inhabilitación de dos años que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le impuso a Pedro Rocha. Se atisba otro enjambre jurídico y fuentes federativas aseguran que para salir de este nuevo enredo se lo van a tomar con calma para evitar denuncias, en particular las de Miguel Galán, que tiene previsto presentar una si se aplica la orden ministerial reguladora de las elecciones federativas en vez del artículo 31.8 de los estatutos federativos. La orden citada, en su punto 11.7 dice que “cuando la persona que ostente la presidencia de una federación deportiva española sea suspendida o inhabilitada por resolución definitiva por un periodo igual o superior al que resta para agotarse el mandato, siendo este igual o superior a seis meses, procederá la convocatoria de elecciones a la presidencia de dicha federación”. Con esta primera opción, la vicepresidenta adjunta María Ángeles García Chaves presidiría una comisión gestora que convocaría elecciones a la asamblea. Después, los 140 asambleístas elegidos votarían la elección del nuevo presidente por un periodo de cuatro años.

El artículo 31.8, que es el que Galán pretende que se aplique, dice: “Si el presidente cesara por causa distinta a la conclusión de su mandato, la Junta Directiva se constituirá en Comisión Gestora y convocará elecciones para proveer al cargo; el que resulte elegido ocupará el cargo por tiempo igual al que restase por cumplir al sustituido”. Esto supondría que tendría que haber dos procesos electorales, el primero para elegir un presidente, con la actual asamblea hasta finales de diciembre de 2024, que es cuando concluye el actual ciclo olímpico que marca el tope máximo para elegir un nuevo presidente para el siguiente periodo de cuatro años. El segundo proceso electoral ya sí incluiría elecciones a la asamblea y después a la presidencia.

Esta duda es la que ha provocado que en la federación quieran maniobrar con pies de plomo. Fuentes próximas a la federación no descartan que se eleve una consulta al Consejo Superior de Deportes (CSD) para determinar cómo actuar para no incurrir en ninguna ilegalidad a ojos del Tribunal Administrativo del Deporte, encargado de dirimir los conflictos de carácter electoral de las federaciones deportivas. Si la consulta se diera, lo normal es que el CSD de traslado al TAD para que este marque el camino a seguir.

Todos estos movimientos volverán a paralizar la federación y será complicado que pueda haber elecciones antes de que acabe 2024, tal y como marca la ley. El nuevo secretario general, Álvaro de Miguel, tiene una papeleta engorrosa, independientemente de la normativa que finalmente se aplique. De Miguel lleva una década trabajando en los servicios jurídicos de la RFEF y conoce el viciado sistema existente, pero ya se ha encontrado con la oposición de algunos presidentes de territoriales cuando ha tomado la iniciativa en diversos asuntos y estos percibían que podían ir en contra de sus intereses.

Pedro Rocha es un eslabón más de ese viciado sistema federativo que ningún Gobierno ha regenerado y en el que los 19 presidentes de las territoriales tienen mucho que decir en las elecciones a la presidencia federativa por el control que ejercen sobre el resto de asambleístas. Rocha fue uno de los barones que firmó una carta de apoyo a Villar en las elecciones de 2017 y después le traicionó cuando el dirigente vasco fue detenido en el marco de la Operación Soule y posteriormente inhabilitado por el TAD. Bajo el mandato de Rubiales, Rocha fue uno de sus hombres de confianza porque le ayudó a acceder a la presidencia de la RFEF en mayo de 2018. Cuando Rubiales dimitió el 10 de septiembre de 2023 porque la FIFA le había suspendido por el beso no consentido a Jenni Hermoso, Rocha se desmarcó de su mentor. Solo 15 días antes, Rubiales le había designado como su sucesor en la controvertida asamblea en la que se negó a dimitir.

Con el beneplácito de la mayoría de los presidentes de las territoriales, Rocha inició una política de acercamiento a LaLiga que le permitió mantenerse en el cargo después de haber anunciado que no tenía intención alguna de permanecer en él cuando Rubiales le designó como su delfín.

Rocha asumió el sueldo de Rubiales, 1.700.000 euros al año, e hizo todo lo posible por convocar elecciones lo más tarde posible pese a que Salvador Gomar, presidente de la territorial valenciana, expuso en una reunión con todos los barones presentes que lo legal era convocar las elecciones de manera inmediata. Finalmente, ese proceso electoral no se celebró hasta el pasado mes de mayo. No hubo necesidad de que los asambleístas votaran porque no se presentó ningún candidato y Rocha asumió la presidencia para agotar el mandato de Rubiales. Su intención era abrir el proceso electoral el próximo 10 de septiembre Sucede que el TAD le inhabilitó y ahora existen dudas de cuándo y cómo serán las elecciones dentro de un sistema que ningún Gobierno, pese a sus proclamas, ha regenerado tras lo sucedido con Villar, Rubiales y Rocha.

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