Ocho claves sobre los trabajos de Begoña Gómez

Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, está en el foco del debate político desde hace semanas a cuenta de las embestidas del PP. La formación de Alberto Núñez Feijóo lidera una ofensiva contra el matrimonio, al que acusa de conflicto de intereses y tráfico de influencias en los préstamos y ayudas públicas concedidos por el Ejecutivo central a tres empresas que han tenido algún vínculo con los centros de estudios donde ha trabajado Gómez. “La mujer del presidente tendrá que dar cuentas de sus actividades empresariales y económicas que consigue posteriormente a ser la mujer del presidente. Pero el problema es el conflicto de intereses de su marido”, dijo Feijóo a principios de abril. Para localizar estos nexos supuestamente corruptos que denuncia el PP hay que remontarse a 2018. Esta es una reconstrucción de los hechos conocidos, divididos en ocho claves.

Primera. Verano de 2018. Apoyos solidarios.

El 8 de julio de 2018 —Sánchez acababa de ser investido tras una moción de censura— EL PAÍS publicó un reportaje en el que contaba los dos últimos actos públicos de Begoña Gómez antes de mudarse a La Moncloa: una fiesta destinada a recaudar fondos para un proyecto solidario en Tanzania y un concierto en el Auditorio Nacional para apoyar a una ONG que buscaba mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual.

Los dos eventos se enmarcaban en la especialidad de Gómez, que tiene un título en Marketing por la universidad privada ESIC y es experta en captación de fondos, un perfil profesional que comenzó a despegar en España pasados los años 2000. Comenzaba a ser demandado con mayor frecuencia por las entidades del denominado tercer sector: las ONG, fundaciones, museos y asociaciones no lucrativas de todo tipo. El objetivo es conseguir financiación privada para distintos proyectos.

A eso se dedicaba Gómez desde su puesto de directora de consultoría en el Grupo Inmark. Fuentes socialistas indicaban en aquel artículo periodístico que Gómez barajaba abandonar su trabajo —solicitó una excedencia después— para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses tras la llegada de Sánchez a La Moncloa. Sin embargo, ella misma dio pinceladas de lo que podría ser su nueva vida durante el primer acto solidario al que asistió como esposa del presidente: “Tengo intención de seguir trabajando y por supuesto mantener la vida que he hecho siempre. Creo que puedo ayudar y dar visibilidad a cuestiones solidarias”, dijo.

Un mes después fichó por la Universidad privada IE University (IE) para dirigir un nuevo centro para la innovación en el continente africano: África Center. Al IE han estado vinculados expertos en economía de los principales partidos, como el socialista Jordi Sevilla, el exministro popular Luis de Guindos o el que fuera responsable del área económica de Ciudadanos, Luis Garicano. Gómez habló el mismo día que se conoció su fichaje por IE en la revista Vanity Fair. Afirmó sentirse “satisfecha e ilusionada” de poder “impulsar un proyecto” con el que contribuir al crecimiento del continente desde el “apoyo a la innovación, el emprendimiento, el liderazgo y la innovación social aplicada en África”.

La esposa de Sánchez dirigió Africa Center entre agosto de 2018 y junio de 2022. A preguntas de este diario, una portavoz del IE cuenta ahora por correo electrónico que se fichó a Gómez porque “su perfil encajaba en la posición”. También explica que el contrato de Gómez incluía cláusulas de incompatibilidad. “El objetivo era proteger a las partes y asegurar que no existiese ninguna práctica que contemplase aprovechar la posición familiar de Gómez para generar un beneficio económico”, dice esta portavoz. “Impedía la contratación con empresas públicas o con aquellas participadas directa o indirectamente por la Administración Pública”.

Este periódico también ha solicitado las condiciones del contrato de Gómez en sus cuatro años al frente del África Center, pero esa información no ha sido facilitada. IE sí confirma un acuerdo de colaboración entre la empresa española Wakalua y el Africa Center en 2020. Aquí es, precisamente, donde ha puesto la lupa el PP a raíz de una publicación de El Confidencial que vinculaba el trabajo de Gómez en Africa Center con la empresa Wakalua y el rescate a Air Europa en plena pandemia.

Segunda. Enero de 2019. Wakalua

Wakalua nace en enero de 2019. Según la nota de prensa, se trata un “hub de innovación empresarial impulsado por la Organización Mundial de Turismo”, una especie de centro de operaciones que pretendía aglutinar a entidades del sector turístico. Wakalua pertenece al Grupo Globalia, propietario también de la aerolínea Air Europa y de Halcón Viajes, entre otras.

Meses después, en septiembre de 2019, tuvo lugar en San Petersburgo (Rusia) la 23ª reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo (OMT), con más de 1.000 participantes y 124 países convocados. Aquí coinciden por primera vez Begoña Gómez y el que entonces era consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo. Fuentes de la compañía sostienen que ambos no se conocían de antes.

Wakalua y la IE University alcanzaron el 17 enero de 2020 un acuerdo de patrocinio para financiar dos becas promovidas por el Africa Center, el centro que codirigía Gómez. Un portavoz de Globalia explica que el acuerdo contemplaba un pago de 40.000 euros, de los que 25.000 se destinaban al patrocinio de dos becas para los ganadores de un concurso y otros 15.000 euros para organización de eventos y la cobertura de vuelos. Pero ese acuerdo, según este portavoz, sólo fue efectivo durante “unos meses”. Wakalua pagó dos billetes de ida y vuelta para un viaje en turista a Londres por 1.716 euros, para la propia Gómez y la presidenta del África Center, Felicia Appeteng, a un evento que organizó IE University y que contó con el patrocinio de la Organización Mundial de Turismo. “Después”, dice este portavoz de Globalia, “la llegada de la pandemia interrumpió todas las actividades y no se llevó a efecto ninguno de los acuerdos”. Y afirma: “Wakalua no pagó ninguna otra cantidad al Africa Center ni a la Fundación IE”. Una portavoz del IE confirma que la crisis del coronavirus interrumpió el acuerdo entre las partes y que “jamás” han recibido una aportación de Globalia ni de su filial Wakalua. Según ambos portavoces, tampoco han existido patrocinios previos ni posteriores al acuerdo.

Gómez visita meses más tarde la sede de Globalia en Madrid en dos ocasiones, según fuentes de la compañía: el 24 de junio de 2020 y el 16 de julio del mismo año. La reunión se produce porque Globalia quería explicar a Gómez un proyecto para mejorar la habitabilidad de los pueblos deshabitados en España y otros países de Europa. En esta reunión estuvo Hidalgo, el por entonces consejero delegado de Globalia. Las mismas fuentes indican que este le comentó a Gómez que el proyecto consistía en comprar pueblos abandonados y crear complejos hoteleros en la España vaciada. El proyecto no se llevó a cabo. Gómez, según la compañía, fue a la reunión en calidad de representante de las instituciones educativas en las que trabajaba, al estar vinculada a IE University.

Tercera. Noviembre de 2020. Rescate a Air Europa

La pandemia y el confinamiento frenaron en seco el transporte aéreo en el mundo. Sin turismo, Air Europa, que pertenece a Globalia y que cuenta con 14.000 empleos directos, fue rescatada por el Gobierno de Sánchez en noviembre de 2020 con 475 millones de euros a devolver en seis años. Este préstamo siguió los mismos cauces que los concedidos a otras compañías aéreas rescatadas de urgencia por la crisis del coronavirus. La inyección fue autorizada por el Consejo de Ministros el martes 3 de noviembre de 2020. El PP considera que Sánchez debería haberse inhibido por los vínculos entre Wakalua, que depende de Globalia, y Gómez, que presidió un centro de estudios de IE University (Africa Center) y firmó un acuerdo con Wakalua. Los populares creen que aquí existe un posible conflicto de interés y acudieron a denunciarlo ante la Oficina Pública de Conflicto de Intereses, creada en 2006 y dirigida desde 2007 por Flor María López Laguna. Esta contestó al PP, en un documento fechado en marzo, que la esposa de Sánchez “no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en estas entidades”. Desestimó el caso.

La ayuda a Air Europa se llevó a cabo a cuenta del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado en julio de ese año por el Gobierno, para paliar el impacto de la pandemia en empresas clave y estratégicas. La operación se realizó mediante un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones. Air Europa también obtuvo durante el año del confinamiento un préstamo de 140 millones avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). No fue la única aerolínea que recibió ayuda. En total, el fondo destinó 740 millones para Air Europa, Volotea, Air Nostrum y Plus Ultra, que también recibieron préstamos del ICO.

El Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) sentenció en mayo de 2021 que el rescate español a Air Europa fue legal por proporcionado y no discriminatorio. “Esta solución”, dice la sentencia, “es coherente con el objetivo del régimen, dirigido a poner remedio a la grave perturbación de la economía española desde una perspectiva de desarrollo económico a medio y largo plazo”. En esa misma fecha (19 de mayo de 2021) el Tribunal anuló las autorizaciones de la Comisión Europea a los rescates de TAP, principal aerolínea portuguesa, con un préstamo de 1.200 millones, y el respaldo holandés a KLM, principal aerolínea holandesa, con 3.400 millones. Lo mismo sucedió con Italia y el rescate a sus aerolíneas.

Cuarta. La segunda denuncia del PP

El PP también ha denunciado un presunto caso de conflicto de intereses y tráfico de influencias porque considera que dos cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez en julio de 2020 como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense a favor de una compañía presidida por el empresario tecnológico Carlos Barrabés han sido clave en sendas ayudas públicas logradas por este para realizar cursos para jóvenes y desempleados por 4,8 millones y 3,6 millones. Las ayudas las otorgó en 2021 la entidad pública Red.es, dependiente entonces del Ministerio de Economía y ahora del Ministerio para la Transformación Digital. Estas cartas aportadas por el empresario Barrabés —quien incluyó otras 31 idénticas en ambos procesos, entre ellas dos firmadas por el Ayuntamiento de Madrid (PP)— fueron publicadas por El Confidencial a principios de este mes de abril.

Quinta. La relación de Gómez con la Universidad Complutense

Gómez entra por primera vez a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid en septiembre de 2014, tres meses después de que Pedro Sánchez fuera elegido secretario general del PSOE. Gómez codirige desde su creación —también en 2014— el Máster Propio de Fundraising [captación de fondos], relacionado con su profesión. Cinco años después, en 2019, la Complutense crea la Cátedra de Transformación Social Competitiva.

Aunque en España se les llame cátedras, se trata de iniciativas de investigación o de trabajo académico subvencionados. La Complutense cuenta en 2024 con más de 50. Todas tienen director/a de cátedra, que siempre será un profesor/a de la universidad, no necesariamente un catedrático/a. Para ponerlas en marcha se requieren habitualmente 30.000 euros que provienen de patrocinadores. De estos 30.000 euros, el 10% se lo queda la propia universidad. Los dos patrocinadores de la cátedra que codirige Gómez son la Fundación La Caixa y Reale Seguros, que firmaron en octubre de 2020 un acuerdo con la Complutense por cuatro años (finaliza en octubre de 2024) a razón de 15.000 euros anuales cada una.

“Esta cátedra nos pareció interesante porque existen muy pocas sobre sostenibilidad”, afirma un portavoz de Reale. “Nosotros por razones presupuestarias decidimos hace meses no continuar a partir de 2025″, añade. La Fundación La Caixa está a la espera de la solicitud formal de renovación de la Complutense y, a partir de ahí, la valorarán, señala un portavoz.

Un año después de esta cátedra nace el Máster Propio en Transformación Social Competitiva, que codirige también Gómez y que cuenta prácticamente con el mismo profesorado, donde figura, entre otros, el periodista Jaime García Cantero, director de la revista Retina, editada por PRISA, empresa propietaria de EL PAÍS. Begoña Gómez, como codirectora de esta cátedra de la Complutense, también ha ejercido como jurado de los premios Retina.

Otro profesor de la cátedra y del máster es Carlos Barrabés, propietario de la empresa Innova Next y quien pidió a Gómez las cartas de apoyo que presentó al procedimiento de ayudas públicas. Barrabés ha rechazado responder a EL PAÍS aunque sí contestó al Heraldo de Aragón: “Estamos siendo víctimas de una situación que para nosotros era impensable. Es muy injusto. Nunca hemos ganado un concurso público porque nadie nos haya apoyado o nos haya dejado de apoyar”. Innova Next llegó a un acuerdo con The Valley para formar una Unión Temporal de Empresas (UTE) con la que optar a los concursos de ayudas públicas. La firma The Valley está especializada en la formación en capacidades digitales. Una portavoz cuenta por correo que entró a formar parte de la UTE tras recibir la propuesta de Barrabés, que buscaba un socio en educación. Begoña Gómez no ha tenido vínculos con The Valley, según esta compañía.

Sexta. Las cartas firmadas por Gómez

El PP denuncia un conflicto de intereses y un tráfico de influencias porque dos de las cartas de apoyo presentadas por la UTE a los dos concursos públicos de Red.es están firmadas por Gómez en julio de 2020 en calidad de codirectora de un máster de la Complutense. Las misivas dicen lo siguiente en su encabezado: “Declaración de interés y apoyo de máster en captación de fondos para el desarrollo del programa Conecta formación e inserción laboral en desempleados”. Y finaliza: “Por medio de la presente manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados. Asimismo, mostramos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión de sus convocatorias en nuestro ámbito de actuación que pudieran ser interesados”.

Según una portavoz de The Valley, el texto de las cartas de apoyo se consensuó entre las dos partes de la UTE y era idéntico para todos. “Cada una de las partes se encargó de recopilar las recomendaciones de aquellos con los que, por su área de actividad, tenía una relación más directa. En este sentido, The Valley se centró en incorporar a las empresas privadas (Oracle, Barcelona Mobile, etc.)”.

Dos de las cartas de apoyo a la UTE también están firmadas por el Ayuntamiento de Madrid (PP) en 2020. Las firma Belén García Díaz, que entonces era la gerente de la Agencia para el Empleo de la capital y ahora es la directora General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid (PP). Un portavoz del Ayuntamiento remite a la Comunidad las explicaciones sobre los motivos de la firma de esta carta. Una portavoz de la Comunidad contesta que no puede responder por una práctica de otra administración pública.

Séptima. Así se otorgaron las ayudas

Las ayudas otorgadas por Red.es a esta UTE ascendieron a 8,3 millones (sin IVA) para formaciones a desempleados. Se presentaron al concurso hasta 20 empresas. Según la información recabada por EL PAÍS, estas cartas de recomendación supusieron, junto a otros elementos, el 8% de la nota final. Ninguna empresa recurrió el concurso. Para la valoración de las ayudas, el pliego indicaba un 40% de valoración subjetiva y un 60% de oferta económica.

El acta de la Mesa de contratación se reunió en abril de 2021 y reconoce que no se elevó cuestión alguna relacionada con conflictos de intereses. En la valoración que hace de estas cartas no se cita la recomendación firmada por Gómez pero sí la de empresas relacionadas con el ámbito tecnológico, como Microsoft, IBM y Orange, entre otras: “Proporcionando a su propuesta una gran fortaleza desde el punto de vista de la inserción laboral”.

La adjudicación de las ayudas fue aprobada en abril de 2021 por el consejo de administración de Red.es, quien apoyó de esa manera la evaluación técnica hecha por la mesa de contratación de la entidad, formada por un presidente, un secretario, un vocal jurídico, otro económico y dos técnicos. La adjudicación de las ayudas nunca pasó por el Consejo de Ministros. Este órgano solo aprobó, un año antes, la convocatoria del concurso para conceder esas ayudas. Aunque el PP denuncia que Sánchez debería haberse inhibido, el presidente del Gobierno no participó en ningún momento en la propuesta de adjudicación de las ayudas y no podía saber que a la licitación que autorizó el Consejo de Ministros se iba a presentar meses después la oferta de una Unión Temporal de Empresas en la que incluirían dos cartas de apoyo, junto a otras 62, firmadas por su esposa.

Y octava. Expertos jurídicos: “No ha sido una buena idea [firmar las cartas]. No hay caso jurídico, pero sí de imagen”

Elisa de la Nuez, abogada del Estado y socia de Hay Derecho, fundación sin ánimo de lucro que promueve la regeneración institucional contra la corrupción, cree que la resolución de la Oficina de Conflicto de Intereses sobre el caso de las ayudas a Air Europa es correcta. “Luego están las influencias que se puedan ejercer al margen”, subraya, “pero está claro que no hay caso”. Respecto a las cartas de apoyo a un empresario firmadas por Begoña Gómez, opina que es “imprudente”, sea Gómez o cualquier otro alto cargo del Estado. “No porque sea ilegal, sino porque tienes una posición relevante y se puede interpretar de otra manera. Las cartas de interés son muy habituales y no suelen tener relevancia. Desde el punto de vista jurídico no hay caso, pero sí desde la imagen. No ha sido buena idea”.

Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y autor del libro La corrupción en España (Atelier), considera que la denuncia del PP por Air Europa y la conexión con Gómez está sacada de contexto. “[Si se asumiera la tesis del PP] Nadie de la familia del presidente del Gobierno podría hacer nada porque cualquier decisión podría afectar a su familia. Esto es una utilización político partidista de una normativa que debe entenderse en su contexto. No creo que haya nada desde una perspectiva jurídica. Es evidente que cualquier empresa que se relacione con la mujer del presidente puede interpretarse que es favorecida por algún contrato, pero estos hechos se utilizan siempre de una manera partidista fraudulenta”.

En cuanto a las cartas de recomendación, Villoria considera que la esposa del presidente no debería haberlas firmado. “Lo mejor es no firmar bajo ningún concepto. Ha habido un error involuntario. ¿Abandonar el cargo? Creo que este tipo de actividades no me parecen un tipo de actividades que generen graves conflictos de intereses. Sí creo que sería bueno que Gómez se protegiese más en este momento y tuviese mucho cuidado porque las posibilidades de crítica podrán ser muy elevadas”.

Fuentes del Gobierno consultadas por EL PAÍS responden que la esposa del presidente no tiene por qué renunciar a su actividad profesional tras la polémica desatada por las denuncias del Partido Popular, dado que no existe ni conflictos de intereses ni tráfico de influencias en los casos analizados.