Más de 1,5 millones de hogares, pendientes de la prórroga del bono social a 15 días de que venza

Más de 1,5 millones de hogares vulnerables de todo el país están en vilo ante el inminente vencimiento de varias medidas de protección contra la pobreza energética todavía vigentes, previsto para el próximo 30 de junio. En apenas 15 días, salvo que el Gobierno decida prorrogarlas, terminan las ayudas del bono social y la prohibición del corte de suministros básicos, dos palancas puestas en marcha al comienzo de la crisis energética y extendidas cada seis meses, en función de la evolución del ciclo inflacionista.

La última prórroga se cerró en el Congreso ya entrado el año 2024, con efecto retroactivo desde el 1 de enero y con vistas a aplicarse durante el primer semestre. Ahora, pasada la mitad del ejercicio, los precios de la electricidad no terminan de moderarse y el mercado de futuros apunta a nuevas subidas, por lo que el Ejecutivo sigue estudiando qué decisión tomar. La pelota está en Hacienda, y en el departamento que dirige María Jesús Montero confirman que todavía están valorando la situación. De aprobarse, avanzan fuentes del ministerio, la extensión se incluiría en el real decreto que recogerá la nueva prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos, ya confirmada por el presidente, Pedro Sánchez.

La principal preocupación de los consumidores vulnerables radica en la posible eliminación de la prohibición de cortes de electricidad y gas para aquellos hogares que no puedan pagar sus facturas y que actualmente reciben el bono social eléctrico. Los últimos datos, relativos a abril de 2024, indican que 1,6 millones de familias dependen actualmente de este sistema de cobertura, lo que significa que podrían enfrentarse a cortes si no se extienden las medidas.

En paralelo, si no se toma una decisión al respecto, también caducarán los descuentos ampliados del bono social eléctrico, que actualmente oscilan entre el 65% y el 80%, dependiendo de la categoría y del grado de vulnerabilidad. En tal caso, volverían a los niveles habituales del 25% y el 40%, respectivamente. Esta modificación, junto con el aumento del IVA en la factura eléctrica, podría incrementar significativamente el coste de los recibos para todos los hogares beneficiarios. Con precios, eso sí, sustancialmente más bajos en el PVPC (al que están adheridos, por definición, todos los beneficiarios del bono social) que cuando se puso en marcha la rebaja temporal. Asimismo, el acceso al bono de justicia energética, que ofrece un descuento del 40% a los hogares trabajadores con ingresos bajos, también expirará el 30 de junio.

Otras medidas que están pendientes de la decisión del Gobierno son la rebaja del Impuesto Especial a la Electricidad, que volvería a la tarifa habitual del 5,11%; el límite de precio a las bombonas de butano; y las prórrogas al tope del alza de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas.

Varias de estas palancas han estado en vigor desde el inicio de la crisis sanitaria de 2020, en respuesta a la pandemia, mientras que otras fueron implementadas dos años más tarde debido a la crisis de precios de la energía que comenzó tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Hasta la fecha, el Gobierno ha prorrogado estos mecanismos de forma anual o semestral, generalmente anunciando las extensiones en los días previos a su vencimiento, por lo que no es extraño que en Hacienda estén apurando los plazos.

El IVA de los alimentos

El Gobierno ya ha decidido que prorrogará la rebaja del IVA de los alimentos básicos y de las pastas y aceites, aunque todavía está por verse durante cuánto tiempo. El primer grupo, en el que se encuentran el pan, queso, leche, frutas o verduras, disfruta desde enero de 2023 de un tipo del 0% frente al 4% habitual. El segundo tiene un IVA del 5% frente al 10% tradicional. Hasta ahora, las prórrogas se han ido produciendo de seis meses en seis meses. Sin embargo, en esta ocasión, Hacienda ha dejado la puerta abierta a que la extensión tenga carácter trimestral con la idea de causar un menor impacto en las cuentas públicas.

El Ejecutivo proyectó inicialmente un coste de unos 3.800 millones de euros para las arcas públicas por todas las medidas de alivio fiscal y de ayudas directas aprobadas en el último decreto que entró en vigor el pasado enero y que, en general, tenían una vigencia de seis meses. Sumando todos los decretos desde que comenzó la crisis energética, el coste recaudatorio —sin incluir otro tipo de ayudas— asciende a los 25.000 millones de euros, según Hacienda.

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