Los intereses de la deuda que pagan las comunidades se triplicarán entre 2022 y 2027

Las comunidades autónomas pagarán en intereses de su deuda pública alrededor de 12.000 millones de euros en el año 2027 si emiten nuevos recursos para financiar tanto los vencimientos de la que actualmente está en circulación como el déficit previsto hasta entonces. La cifra, proyectada por Fedea este lunes, implica multiplicar por más de tres los 3.600 millones abonados en el año 2022 por el mismo concepto, por lo que pone en un brete la sostenibilidad de las finanzas públicas de los territorios. Más aún en un contexto en el que deberán abrocharse el cinturón para cumplir con los objetivos que pone sobre la mesa el regreso de las reglas fiscales comunitarias.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada sitúa a Cataluña como la región más castigada por esta tendencia. En 2027, la Generalitat tendría que destinar 2.957 millones al pago de intereses, casi 2.000 millones de euros más de lo que abonó en 2022. Tras ella se situarían Comunidad Valenciana (1.893 millones), Madrid (1.594 millones) y Andalucía (1.381 millones). En términos relativos, los mayores aumentos se registrarían en La Rioja (una subida del 739%), Canarias (un 549%), Castilla-La Mancha (431%) y Comunidad Valenciana (424%).

Los factores que guían este cambio son dos, según apunta Fedea. A un lado está el importante aumento de los tipos de interés al que ya se están enfrentando las haciendas autonómicas y cuyo nivel, que ronda el 3%, se estima que se mantendrá en los próximos años. Por el otro se encuentra el elevado volumen de deuda pública que ahoga a los territorios, cuya condonación parcial —en detrimento del Estado— está siendo estudiada por el Ministerio de Hacienda.

En su proyección, Fedea toma como referencia las previsiones de crecimiento del PIB nominal y los objetivos de referencia para el déficit público de las comunidades autónomas recogidas en el Informe de Situación de la Economía Española 2024, así como la vida media y los plazos de la deuda actualmente en circulación, y los tipos de interés existentes desde 2015. También, asume que las comunidades cumplirán con los objetivos de referencia de la nueva senda de déficit establecida por el Consejo de Ministros (0,1% para los años 2025-2027), mientras que para el año 2024 cerrarán con un déficit del 0,3%, el porcentaje previsto por la Autoridad Fiscal. Además, en este ejercicio de proyección, la institución no tiene en cuenta los efectos que tendría una potencial condonación.

A partir de aquí, Fedea pone el foco en una serie de implicaciones de política económica “nada desdeñables”. La primera es el significativo aumento del coste financiero, que obligaría a redireccionar recursos crecientes desde otras políticas públicas al pago de intereses de la deuda, una “circunstancia poco deseable” teniendo en cuenta los problemas de financiación que, según denuncian ellos mismos, adolecen la mayor parte de los territorios.

La segunda consecuencia es que las autonomías deberán calibrar “con mucha prudencia” todas las políticas fiscales expansivas que ahora y en los años venideros pueden desarrollar. En los próximos ejercicios, los territorios deberán abordar un proceso de consolidación fiscal con el objetivo de reducir su nivel de deuda y situarlo en el 13% fijado en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Aunque el nivel de deuda entre comunidades es muy heterogéneo —en 2023 osciló entre el 12% del PIB de Navarra y el 42,2% de Comunidad Valenciana— y las situaciones de partida son muy dispares, todas tendrán que llevar a cabo ajustes fiscales de distinta índole.

Esta tarea, como es lógico, será más compleja si los gastos financieros en intereses de la deuda siguen creciendo. Por eso, insisten en Fedea, parece claro que en los próximos meses y años “la política fiscal española no debería perder de vista el impacto financiero que el endeudamiento pasado y presente va a ejercer sobre las cuentas públicas a medio plazo”.

En total, Fedea estima que el volumen de deuda regional absoluto aumentará en 28.351 millones de euros entre 2022 y 2027 debido al fuerte incremento del nivel de pasivo observado el año pasado (8.145 millones de euros); a la necesidad de financiación del déficit previsto en 2024 junto con los desequilibrios pendientes de ejercicios anteriores (11.353 millones); al pago de las liquidaciones de 2008 y 2009 aplazadas a 20 años (3.774 millones); y a la necesidad de financiar los déficits previstos entre 2025 y 2027 (5.079 millones). Todo ello daría lugar a un montante de deuda pública de 345.440 millones de euros en 2027.

Sin embargo, matiza la fundación, al considerar la deuda pública en porcentaje del PIB se observa una reducción de 4,3 puntos explicada por el crecimiento de la economía previsto por el Ministerio de Economía y Competitividad. Así, la ratio de deuda sobre PIB se reduciría en 2027 hasta el 19,6% desde el 23,9% de 2022.

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