Los fiscales conservadores plantan a García Ortiz en la reforma necesaria para asumir la instrucción de las causas penales

Los fiscales conservadores han dado este lunes un paso más en el conflicto que mantienen con el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz. La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la carrera, ha anunciado que se levanta de la mesa de trabajo constituida hace un mes para elaborar un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, necesario para poder asumir las competencias que les otorgará la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), un proyecto estancado desde hace años que el Gobierno quiere acelerar y que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales. La AF justifica su plantón a García Ortiz en unas afirmaciones realizadas por este la semana pasada en las que señaló que algunas asociaciones comparten objetivos con algunos partidos políticos.

“Ante las manifestaciones realizadas en los medios de comunicación por el fiscal general del Estado que pone en duda la actuación independiente y profesional de las asociaciones de jueces y fiscales, acusándolas de estar politizadas y no respetando el trabajo que en ellas se realiza, la Asociación de Fiscales considera que se ha roto el marco idóneo y necesario para continuar los trabajos asociativos conjuntos para la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, en consecuencia”, señala la AF en un comunicado enviado a los medios. La otra asociación de fiscales conservadora, la Asociación Independiente de Fiscales (APIF), ya había abandonado la mesa de trabajo hace unas semanas por discrepancias con el fiscal general, por lo que, tras la marcha de la AF, solo permanece en la mesa la Asociación Progresista de Fiscales (UPF), que representa a alrededor de 250 de los más de 2.700 miembros de la carrera.

El movimiento de las dos asociaciones de fiscales conservadoras supone una suerte de boicot a la nueva Lecrim, una de las reformas legales de mayor envergadura diseñadas en los últimos años y que implicará un vuelco en el proceso penal. El impulso de esta norma es una reivindicación histórica de toda la carrera y la propia AF participó, hace tres años, en el informe elaborado por el Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de ley de Gobierno. Ese dictamen apoyaba que se reformara la Lecrim para que la instrucción de las causas penales la asumieran los fiscales, pero cuestionaba aspectos clave del texto. Uno de los reparos era que las nuevas funciones que la ley atribuirá al ministerio público exigen una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotar de más autonomía a esta institución, y esa era precisamente la tarea en la que se centra la mesa de trabajo que ahora han abandonado los fiscales conservadores.

Aunque tanto la AF como la APIF han reclamado históricamente la reforma de la Lecrim, en las últimas semanas fiscales de estas asociaciones, frontalmente enfrentados al fiscal general, han insinuado que no era el momento idóneo para abordar este cambio. No obstante, cuando García Ortiz convocó a principios de abril a las tres asociaciones para pedirle que fueran ellas las que asumieran la elaboración del nuevo Estatuto, aceptaron el encargo, pero desde el principio fiscales del sector conservador se mostraron contrarios a colaborar con García Ortiz para sacar adelante ese trabajo. Apenas un mes después, las dos asociaciones enfrentadas al fiscal general se han bajado del proyecto.

La AF apoya su decisión en unas afirmaciones realizadas la semana pasada por el jefe del Ministerio Público en una entrevista en la Cadena Ser, después de que el Tribunal Supremo anulara el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y de que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, reprobara al fiscal general. “Entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales hay objetivos idénticos que los que tienen determinados partidos políticos”, dijo García Ortiz, unas declaraciones que la AF califica de “graves e inaceptables insinuaciones” que ponen en duda la “profesionalidad e independencia” de los fiscales de esta asociación.

Fuentes de la Fiscalía admiten que la reforma del Estatuto es “imprescindible” para poder aplicar la Lecrim, una norma cuya aprobación no tiene fecha, pero que el Ministro de Justicia, Felix Bolaños, se ha propuesto desatascar en los próximos meses. Estas fuentes señalan que la Fiscalía, pese al abandono de dos de las tres asociaciones, va a seguir adelante con los trabajos para reformar el Estatuto porque van en beneficio de toda la carrera y es una “reivindicación histórica”. El entorno de García Ortiz advierte, además, de que esta reforma trasciende al actual fiscal general, ya que la aplicación plena de la ley, que supone un vuelco en el proceso penal, está previsto que se prolongue hasta seis años una vez que esté aprobada.