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Los expertos aconsejan a Bruselas ajustar las ayudas de la PAC al nivel de renta de los agricultores

El informe indica que el sistema debe basarse en la “viabilidad” de la actividad de cada uno de los beneficiarios, en lugar de en las ayudas por superficie

Protesta organizada por agricultores españoles en La Jonquera (Girona), el pasado mes de junio.
Protesta organizada por agricultores españoles en La Jonquera (Girona), el pasado mes de junio.David Borrat (EFE)
Silvia Ayuso

La Política Agrícola Común (PAC) de la UE necesita una reforma que se ajuste mejor a las necesidades socioeconómicas de los agricultores y ganaderos más vulnerables y que “más necesitan” las ayudas directas europeas. Un ajuste que también debe tener en cuenta los retos que impone el cambio climático e incentive una agricultura más respetuosa con el medio ambiente y el bienestar animal, algo que a su vez requiere de un compromiso ciudadano hacia dietas más “equilibradas”.

Estos son algunos de los mensajes clave del informe final del “diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura en la Unión Europea” que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encargó a un grupo de expertos hace casi ocho meses, en pleno apogeo de las protestas del campo en toda la UE, y que, según ha confirmado este miércoles al presentar sus conclusiones, “alimentará” su hoja de ruta en la materia en su segundo mandato.

“Sabemos que tenemos que hacer más y haremos más para proteger a nuestros agricultores y para hacer a nuestros agricultores y nuestra agricultura resistente y competitiva, pero también más sostenible”, ha prometido Von der Leyen al presentar en rueda de prensa el informe junto al experto alemán Peter Strohschneider, que ha presidido esta mesa de diálogo que incluyó a 29 actores, desde organizaciones agroalimentarias a miembros del lobby de la alimentación u organizaciones de la sociedad civil. “Tenemos que dar pasos más ambiciosos”, ha insistido.

En una de sus reflexiones clave, el informe advierte de que el sistema actual de pagos directos de la PAC apenas está relacionado con las necesidades socioeconómicas de los agricultores y, por tanto, debe basarse en la “viabilidad” de la actividad económica de cada uno de ellos, en lugar de en las ayudas por superficie que rigen el sistema vigente.

Esta reflexión, añaden los expertos, debe estar lista para la reforma de la PAC de cara al periodo 2028-2035, y debe tener como objetivo prioritario evitar el abandono de la agricultura y ayudar a los profesionales del campo a obtener unos “ingresos decentes”. Las ayudas, por tanto, deben centrarse en “quienes más lo necesitan”, que son, señala el informe, aquellos agricultores que cultivan “zonas con restricciones naturales”, explotaciones pequeñas, así como agricultores jóvenes o profesionales que comienzan a dedicarse al campo. Para ello, los expertos recomiendan que la Comisión Europea cree un “grupo de trabajo independiente” compuesto por expertos sociales, económicos y agrícolas que “evalúe los mecanismos y criterios más apropiados” para hacer estas ayudas más eficaces y asegurarse de que llegan a los que más los requieren.

Las protestas del campo que pusieron contra las cuerdas a varios países europeos y a la propia Bruselas en los primeros meses del año, poco antes de las elecciones europeas de junio, han remitido, pero la inquietud y malestar siguen latentes. Consciente de la preocupación de unos agricultores que, a menudo, no llegan a final de mes, pero también del complicado encaje medioambiental de la política agrícola y, además, de los riesgos políticos de unas protestas ampliamente capitalizadas por la extrema derecha, Von der Leyen encomendó a finales de enero el “diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura” para analizar todo el panorama y guiar los pasos de las futuras políticas del sector. El resultado es el informe final presentado este miércoles en Bruselas. Una propuesta de un centenar de páginas que la jefa del Ejecutivo europeo ya ha indicado servirá de guía para las próximas propuestas de la Comisón y que, sobre todo, “alimentarán” la “visión sobre el futuro de la agricultura” que pretende presentar en los primeros cien días de su nuevo mandato.

Una agricultura más sostenible y resiliente

El reporte advierte también de que las políticas hacia el campo no pueden hacer oídos sordos a la “triple crisis planetaria de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación” que afecta a los agricultores y ganaderos en primera línea. Reconoce que la transición hacia un sistema agroalimentario más sostenible “implica, inevitablemente, conflictos de interés y cambios complicados” que requerirán, advierte, grandes dosis de “compromiso”. En este sentido, apoya la creación de un “sistema de evaluación comparativa” a nivel europeo para “armonizar las metodologías” sobre agricultura sostenible.

Además, propone que los agricultores reciban incentivos dentro de la PAC para hacer más ecológicas sus prácticas, así como un “Fondo de Transición Justa” temporal para “acelerar la transición sostenible del sector”.

“Debemos apoyar una agricultura que funcione para la naturaleza y con la naturaleza”, ha sostenido Von der Leyen, muy criticada a comienzos de año por las organizaciones medioambientales por proponer, ante las crecientes protestas del campo, la flexibilización de los requisitos medioambientales de la PAC que fue aprobada por los ministros de Agricultura a mediados de mayo. Pese a ello, la alemana ha defendido esas medidas y ha subrayado este miércoles que el camino adecuado no pasa por una política punitiva, sino por crear incentivos “para que los agricultores sean los mejores embajadores de la protección de la naturaleza”.

En este sentido, el informe ha sido bien recibido por organizaciones medioambientales como Greenpeace, que participó en su elaboración y que ha reclamado que se convierta de verdad en el eje del futuro de la política agraria europea.

“La UE debe dejar de financiar granjas gigantes que contaminan nuestros ríos y provocan sequías e inundaciones. En vez de ello, debe ayudar a aquellos agricultores en dificultades pero que están realizando un esfuerzo para restaurar la naturaleza y proporcionar dietas más saludables”, exige el director de políticas agrícolas de la ONG, Marco Contiero, que ha reclamado a Von der Leyen que “empiece a implementar cambios reales” en la PAC en la línea del informe de los expertos.

Revisión de los tratados comerciales

Este también atiende a una de las patatas calientes de la UE: los acuerdos comerciales con otras regiones. Los expertos piden a la Comisión una “mayor coherencia entre sus políticas comerciales y de sostenibilidad”, en el marco de lo cual consideran que se requiere una “revisión” del modo de negociación de este tipo de tratados imperante. “La Comisión debe reconocer mucho mejor la relevancia estratégica de la agricultura y los productos alimentarios en las negociaciones comerciales, realizar una revisión integral de sus estrategias negociadoras y revisar su método de realizar análisis de impacto previos a las negociaciones”. De igual manera, recama un “liderazgo más fuerte en la reforma del marco global de política comercial”.

Participación ciudadana

Finalmente, plantea también una responsabilidad social, con propuestas para que la ciudadanía haga su parte cambiando a una dieta “equilibrada” que sea más sana y, sobre todo, más sostenible. Algo que implica continuar en las tendencias ya observadas a nivel europeo de “reducción del consumo de ciertos productos animales y un interés creciente en proteínas de origen vegetal”. Para ayudar a los ciudadanos a completar esta transición, los expertos proponen una “revisión completa de la legislación del etiquetado de alimentos”, así como un informe sobre las medidas actuales en torno a la alimentación infantil.

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Sobre la firma

Silvia Ayuso
Corresponsal en Bruselas, después de contar Francia durante un lustro desde París. Se incorporó al equipo de EL PAÍS en Washington en 2014. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera en la agencia Efe y continuó en la alemana Dpa, para la que fue corresponsal en Santiago de Chile, La Habana y Washington.
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