Las faltas de ortografía bajarán un 10% la nota en los exámenes de Selectividad a partir de 2025 en toda España

Las faltas de ortografía y gramaticales bajarán un 10% la nota en los exámenes de la nueva Selectividad, que empezará a funcionar a partir de 2025. Los ejercicios podrán dar la posibilidad de elegir entre varias preguntas, pero siempre que dicha estructura no permita al alumnado dejar de estudiar una parte del temario, como viene ocurriendo desde la pandemia. Y las pruebas tendrán un enfoque competencial, es decir, menos memorístico y más aplicado, que exigirán al alumnado más “creatividad”, “reflexión y madurez” a la hora de responder. Así figura en el borrador de decreto que regulará las pruebas de acceso a la universidad que el Ministerio de Educación envió el viernes a las comunidades autónomas y al que ha tenido acceso EL PAÍS. La norma persigue homogeneizar la prueba en toda España, respetando al mismo tiempo las competencias autonómicas. El Gobierno prevé aprobarlo antes de que comience el próximo curso. Los primeros en examinarse con el nuevo formato serán los estudiantes que ahora están en primero de bachillerato. Cada año, cerca de 300.000 alumnos se presentan a la Selectividad.

Ortografía. Cada examen irá acompañado, por primera vez, de los criterios que deberán utilizarse para corregirlos. No serán absolutamente exhaustivos, pero sí establecerán unas líneas maestras para intentar limitar la disparidad que puede haber entre distintos tribunales a la hora de corregir una mismo modelo de ejercicio. El borrador de decreto detalla uno de dichos criterios, la “coherencia, corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos”. Unos aspectos cuya valoración contará al menos un 10% en aquellas preguntas, de cualquier asignatura, que requieran redactar textos. Ahora no existe una regla común al respecto, ni siquiera de mínimos, para el conjunto de comunidades autónomas.

Casos reales. Los enunciados de las tareas se plantearán en contextos reales de carácter “artístico, científico, humanístico y tecnológico”, y se utilizarán “preferentemente” ejemplos “próximos a la vida del alumnado”.

Estudiar todo el temario. En cada autonomía, de cada materia se entregará un único modelo de examen (hasta ahora podían proporcionarse dos, bien de forma aleatoria, bien para que el alumno eligiera). Y, al mismo tiempo, en algunos apartados “se podrá incluir la posibilidad de elegir entre varias preguntas”. El borrador de decreto señala que dicha “elección no podrá implicar en ningún caso la disminución del número de competencias específicas objeto de evaluación”, lo que traducido significa que dicha opcionalidad no podrá llegar al punto de permitir al alumnado estudiar solo una parte del temario, como ha venido sucediendo desde que, con motivo de la pandemia, se flexibilizaron las normas de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EVAU).

Respuestas de desarrollo. Los ejercicios podrán incluir preguntas que requieran tres tipos de respuestas. Respuestas cerradas (por ejemplo, tipo test o con una única palabra correcta, como “Goya”). Semiconstruidas (de contestación breve, por ejemplo: ante una imagen de una escultura de Zeus, se pregunta al alumnado que responda si hay belleza en ella y que justifique por qué; una posible respuesta sería: “Sí, porque mantiene la proporción áurea”). O abiertas (en las que, por ejemplo, al hilo de un texto de Friedrich Engels de 1854 sobre la realidad de las fábricas inglesas se pregunte: ¿Qué diferencias entre la vida de los trabajadores y las trabajadoras permite apreciar el documento? ¿Dirías que esas diferencias se mantienen también hoy?). En todo caso, las respuestas semiconstruidas y abiertas deberán representar como mínimo un 70% de la puntuación total del examen.

Cambio en la revisión. Si un estudiante no está de acuerdo con la nota de un examen, podrá pedir, como ahora, una revisión. Un primer docente comprobará que no haya habido “errores materiales o aritméticos en el proceso del cálculo”, y, en caso de haberlos, rectificará la calificación inicial solo si beneficia al alumno. A continuación, se realizará la segunda corrección completa propiamente dicha, para ver si se han aplicado bien “los criterios generales de evaluación y específicos de calificación y corrección”. La nota final para el estudiante será la media de ambas correcciones, salvo si la diferencia entre ellas es de dos o más puntos. En ese caso, un tribunal formado, al menos, por dos correctores distintos a los anteriores, realizará de oficio una tercera corrección, cuya calificación será la que prevalecerá. Hasta ahora, en cambio, la nota final en caso de que hubiera que ir a una triple corrección se obtenía haciendo media de las tres, lo que provocaba que, si la primera había sido muy baja de forma injusta, resultara imposible que finalmente remontara.

Llevar calculadora, diccionario y fórmulas matemáticas. Los estudiantes podrán utilizar durante los exámenes “documentos o herramientas auxiliares, tales como diccionarios, calculadoras, formularios o tablas”, señala el decreto. Hasta ahora, existe disparidad en lo que sucede en cada territorio e incluso en cada tribunal. La norma matiza al mismo tiempo, sin embargo, que serán en todo caso las comisiones organizadoras de las pruebas en cada comunidad ―integradas por profesorado universitario y de bachillerato de centros públicos, así como de la Administración autonómica― las que establezcan, en función de “las características de cada materia y los criterios de evaluación aplicables”, cuáles de dichos materiales pueden usarse en cada caso. Antonio Amante, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae), afirma que su organización está en contra, en general, del mantenimiento de la Selectividad. “Pero mientras exista, estamos totalmente a favor de que se permitan este tipo de herramientas y recursos. No tiene sentido añadir más obstáculos al alumnado a la hora de realizar este tipo de exámenes, y no es en absoluto incompatible con el hecho de que el estudiante demuestre sus conocimientos”.

Duración de los exámenes. Los ejercicios seguirán durando 90 minutos, pese a que Educación preveía hace un año ampliarlos a 105 argumentando que con el diseño competencial los chavales necesitarían más tiempo. Dejarlo en 90 minutos fue una de las peticiones que hizo al Gobierno la conferencia de rectores (CRUE), en lo que pareció más un interés de carácter logístico que educativo. Como para compensar el hecho de que la cosa se deje como estaba, el borrador de decreto señala que “el número y el tipo de preguntas o tareas se adecuarán a la duración del ejercicio”, y, “a tal fin, se tendrá en cuenta que el alumnado necesitará dedicar un tiempo significativo tanto a la lectura y al análisis de la posible documentación aportada, como al diseño de la estrategia para su resolución”.

Posibilidad de elegir la lengua. El decreto establece que los ejecutivos autonómicos “asegurarán al alumnado la posibilidad de elección entre las lenguas oficiales de sus territorios”, como prevé ahora la normativa.

Más flexibilidad en el número de exámenes optativos. En la fase de admisión, que es la segunda y sirve para subir nota con exámenes adicionales, los chavales podrán presentarse a un máximo de tres exámenes (o cuatro, si uno de ellos consiste en un ejercicio de lengua extranjera distinto al que ya haya realizado en la fase de acceso; por ejemplo, inglés en la primera y francés en la segunda fase). Esto es, que podrán presentarse a un solo examen, cuando en estos momentos, si deciden participar en la fase de admisión, están obligados a presentarse al menos a dos.

Las asignaturas examinadas. Las materias de las que se examinarán en la llamada fase de acceso (que es la principal para poder solicitar plaza en una carrera, a la que los estudiantes pueden sumar después otros ejercicios para subir nota en la llamada fase de admisión) serán los mismos que este año: Lengua Castellana y literatura y, si la hubiera, la correspondiente lengua cooficial y literatura; Historia de España o Historia de la filosofía, a elección del alumnado; Lengua extranjera, y la materia específica obligatoria de segundo curso de bachillerato cursada. Entre estas últimas, como hasta ahora, las matemáticas tienen un peso especial.

Cálculo de la nota. La calificación de la fase de acceso se calculará como ahora. Combinando el promedio de notas de los ejercicios (que deberá alcanzar al menos un 4 sobre 10), que pesará un 40%, con la media de bachillerato (calculada sin tener en cuenta la asignatura de Religión), que pesará un 60%. A la nota que dé lugar dicho cálculo se le sumará, en su caso, las calificaciones de los exámenes voluntarios de la fase de admisión. Las universidades publicarán al principio de cada curso cómo ponderarán en la EVAU que tendrá lugar en junio del año siguiente las materias de las que se examine el alumnado (por ejemplo, las facultades de Medicina suelen valorar más la nota de Biología, Químicas, Físicas o Matemáticas).

Reforma más moderada. El conjunto de la reforma de la Selectividad que traza el decreto es bastante más moderada que la que Educación presentó en julio de 2022. Entonces, se contemplaba que, tras un periodo transitorio, varias de las asignaturas que componen la EVAU se fusionarían en un único examen competencial llamado “de madurez”. Una posibilidad más ambiciosa ―y que generó recelos entre una parte del profesorado de secundaria y el mundo académico― que de momento se ha descartado, y la reforma mantendrá la misma estructura de separación por asignaturas que funciona desde hace medio siglo.

El principal cambio. La gran transformación que implica la nueva prueba es el enfoque competencial, que persigue crear una prueba menos basada en reproducir contenidos memorizados, y más en aplicar y relacionar lo aprendido. La plasmación práctica de dicho cambio pudo verse en los exámenes piloto que el ministerio realizó hace un año, y en los que participaron 2.000 estudiantes. Este nuevo decreto debía haberse aprobado en 2023 para aplicarse ya en la próxima convocatoria de la EVAU, en junio. Pero fue pospuesto por el adelanto electoral.

Armonizar. Dado que la Selectividad es la estación de destino del bachillerato ―y en buena medida, de la Educación Secundaria Obligatoria―, refundarla con un planteamiento competencial es clave para que la nueva cultura contenida en la reforma educativa, que se inició en 2020 con la aprobación de la Lomloe, arraigue en el sistema educativo. “Tener en el horizonte una prueba de acceso a la universidad más competencial, nos va a dar a los centros una visión más clara de cómo tenemos que ir evolucionando, aunque es un proceso que llevará tiempo”, afirma Toni González Picornell, presidente de la federación de directores de institutos públicos Fedadi.

El nuevo decreto armonizará la forma en que la normativa dice que el alumnado debe aprender en bachillerato, y la forma en que será examinado al acabar la etapa con un año de retraso, porque quienes terminan este junio el bachillerato ya han estudiado con los currículos de la Lomloe, pero van a examinarse con el modelo anterior de EVAU. Por ello, una parte de los responsables educativos autonómicos ―que son los que gestionan en la práctica tanto el bachillerato como la Selectividad― consideran urgente restablecer la coherencia.

“Es absolutamente necesaria. Los objetivos de la nueva ley de educación para trabajar las competencias tienen dificultades para canalizarse y encarrilarse si la prueba definitiva, de referencia universitaria, no tiene ese mismo carácter competencial. Y la tramitación de este real decreto puede mejorar la adaptación de las pruebas a los currículos de la Lomloe”, afirman fuentes de la dirección general del Gobierno de Navarra. Hace un año, el ministerio ya avanzó las líneas generales de esta nueva norma, recuerdan las mismas fuentes, que consideran que ahora se le añaden “mejoras puntuales y modificaciones planteadas para concretar y darle un carácter más operativo”.

“Competencia compartida”. Las comunidades gobernadas por el PP (que suman 11 de las 17), algunas de las cuales habían participado activamente en la definición de la nueva Selectividad competencial, mantienen ahora, por su parte, una oposición en bloque a la reforma, y defienden, en línea con la dirección nacional del partido, la conveniencia de realizar una EVAU única en toda España, pese a las grandes dificultades que implicaría (los temarios del bachillerato no son los mismos en los diferentes territorios, y, además, el Tribunal Constitucional ya advirtió hace 12 años que los ejecutivos autonómicos disponen de “competencias compartidas” a la hora de fijar los contenidos de las pruebas).

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