Las comunidades cargan contra el cupo catalán y piden más recursos para el sistema de financiación

La reforma del sistema de financiación, una tarea ya de por sí compleja, se antoja ahora titánica: PSC y ERC han acordado bilateralmente un modelo singular para Cataluña, sin que el Ministerio de Hacienda haya puesto sobre la mesa una reforma para el conjunto del sistema, lo que ha irritado a las demás comunidades. El esquema vigente, cuyo diseño data de 2009, tendría que haberse modificado en 2014. Una década después, el Gobierno no ha abierto aún el melón, y todo apunta a que vendrán curvas. En una ronda de entrevistas, 12 consejeros de Hacienda de las 15 comunidades de régimen común (Madrid la rechazó; Cantabria adujo problemas de calendario al igual que Cataluña, que, sin embargo, ya había concedido una en marzo), avanzaron cuáles serán los puntos calientes de una negociación que piden con urgencia. El principal será, sin duda, el concierto catalán. Otro será la falta de recursos que denuncian que sufren todas las regiones.

El cupo catalán, apunta el consejero de Asturias, Guillermo Peláez (PSOE), “atentaría contra el principio de solidaridad. Todas las comunidades de régimen común debemos tener un sistema de financiación multilateral y la palanca de redistribución que supone el Estado es más efectiva y eficiente cuanto más grande sea”. Es una propuesta “injusta y egoísta” que “rompe el principio de solidaridad y de igualdad”, añade su homólogo Juan Alfonso Ruiz Molina, de Castilla-La Mancha, también gobernada por el PSOE. A los dos consejeros del ramo socialista se les unen los del resto de territorios, del PP, que cargan contra la propuesta en términos similares.

El sistema de financiación funciona a través de diferentes aristas. La más importante es la cesta común en la que acaba el 50% de lo que se recauda en IRPF, el 50% del IVA y el 58% de impuestos especiales —los tributos que Estado y comunidades comparten—, además de los impuestos cedidos totalmente y otras aportaciones estatales. Todo este dinero se reparte después entre los territorios en función de un criterio de población ajustada, con el objetivo de que todos dispongan aproximadamente de los mismos recursos per cápita. Por ello, los que tienen más capacidad fiscal (Madrid, Cataluña y Baleares) se convierten en aportadores netos, mientras que el resto recibe más de lo que da.

Es aquí donde surge otro de los grandes problemas que plantean los consejeros, sobre todo aquellos que representan a las zonas más penalizadas tras el reparto. Las comunidades pueden ordenarse en función de la cantidad de recursos que reciben por persona. El centro de estudios Fedea publica anualmente este listado, que sitúa a Cantabria, La Rioja y Baleares siempre en la parte alta de la tabla, mientras que deja como infrafinanciadas a Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. Estas cuatro regiones históricamente maltratadas reclaman urgentemente soluciones.

“Esto es una carrera de 800 metros y nosotros salimos 20 metros por detrás por la mala financiación”, denuncia Luis Alberto Marín, consejero de Hacienda murciano. “Cada año recibimos 1.400 millones de euros menos que la media. Desde el año 2009 son casi 15.000 millones menos”, apunta la consejera de Andalucía, Carolina España. El responsable de las finanzas castellanomanchegas y su homóloga valenciana, Ruth Merino, inciden además en las consecuencias negativas que esta infrafinanciación acarrea en las ratios de déficit público regionales, lo que dificulta tener unas cuentas saneadas. “El 78% de nuestra deuda está provocada directa o indirectamente por la infrafinanciación”, dice Merino.

Pero no acaba aquí la cuestión. El problema es que las demás comunidades, incluyendo a las que Fedea sitúa en primera posición en cuanto a financiación por habitante ajustado, también aseguran que adolecen de falta de recursos. “No aceptamos el marco conceptual de que somos una de las comunidades mejor financiadas. Consideramos que todas lo están y que esto tiene que ver exclusivamente con un modelo que se ha quedado caduco”, señala el riojano Alfonso Domínguez, una opinión que comparten Extremadura, Castilla y León, Canarias, Aragón y Asturias, todas con más recursos por cabeza que la media.

Menos consenso rodea la condonación de parte de la deuda autonómica acordada entre ERC y el PSOE —pactando que sea ampliable al resto de autonomías—. Las regiones con más pasivo, por lo general, la ven con buenos ojos, mientras que las más saneadas recelan y ponen sobre la mesa el riesgo moral. Todas, sin embargo, exigen que los importes se fijen según unos criterios claros establecidos entre todas las comunidades, y no a través de una negociación bilateral entre el Estado y Cataluña.

Los consejeros, por regla general, piden al Gobierno central que tenga la iniciativa en la reforma, pues es tarea del Ministerio de Hacienda liderarla. A la espera de que llegue esta renovación, las cuatro comunidades infrafinanciadas piden un fondo transitorio para acercarse a la media por habitante —según Fedea costaría unos 3.000 millones al año—, una opción que no apoyan todas las autonomías, salvo que puedan participar de ello o se les compense de otra forma.

Para todos, la reforma debería incluir un aumento estructural de los recursos, ya sea a través de la descentralización de ingresos por parte del Estado o a través de más competencias autonómicas. “A nadie se le escapa que el gasto sanitario hoy no tiene nada que ver con el que había cuando se hizo el modelo, que ya tiene 15 años”, apunta Carlos Fernández Carriedo, de Castilla y León.“Desde 2009, los grandes impuestos cedidos que financian el sistema han seguido una senda de crecimiento, pero la mitad de ese crecimiento no ha ido a las comunidades, como teóricamente correspondería. Hay un desacople entre recaudación y financiación”, recuerda Miguel Corgos, consejero de Galicia.

¿Insularidad o dispersión?

España es un país de contrastes geográficos y socioeconómicos. A un lado, vastos territorios prácticamente despoblados y envejecidos. Al otro, islas cada vez más repletas de habitantes y grandes ciudades, como Madrid, que absorben todo lo que les rodea. En unas, los gastos en sanidad y dependencia son más altos, mientras que en otras las bases imponibles del IRPF crecen al calor del aumento del empleo y los salarios. Todas estas casuísticas condicionan el método de asignación de recursos del sistema, pero han quedado desfasadas.

El criterio de reparto tiene en cuenta variables demográficas, pero también otros como la superficie, la dispersión, la despoblación o la insularidad. Todas ellas tienen su ponderación y los consejeros, en función de sus particularidades, piden que unos factores pesen más que otros en el nuevo modelo. Los archipiélagos son claros: “La insularidad debe tener un peso superior y también el crecimiento poblacional (...). Tenemos 18 millones de turistas. Esta población flotante utiliza los servicios públicos, supone un coste añadido para las arcas autonómicas”, reclama Antoni Costa, de Baleares. “Somos un territorio singular por nuestra lejanía e insularidad y por las dificultades que eso supone en la prestación de los servicios públicos esenciales”, añade Matilde Asián, de Canarias.

Al otro lado, las zonas más castigadas por la despoblación reclaman su parte: “El reto demográfico ya es una emergencia que tiene que verse atendida también con el sistema de financiación”, señala Elena Manzano, de Extremadura. “Tenemos un territorio de gran dimensión y una población dispersa, además de envejecida”, añade el aragonés Roberto Bermúdez de Castro, quien solicita “un ajuste lógico que atienda a las circunstancias de cada comunidad y al coste efectivo de prestar los servicios públicos”.

Será difícil cuadrar todos los cálculos, pues la financiación autonómica está interconectada y cada tecla que se toca en el acuerdo con un territorio afecta al resto del pastel. Pese a ello, ningún consejero habla de líneas rojas, todos están dispuestos a ceder en algunos aspectos para lograr un acuerdo que beneficie al común y hay un rechazo unánime hacia un trato de favor hacia Cataluña.

Los únicos frentes claramente diferenciados se encuentran en la política fiscal. Las dos comunidades de régimen común que todavía conserva el PSOE defienden fervientemente una armonización tributaria que impida a los gobiernos regionales bajar impuestos. Las del PP, sin embargo, sacan pecho de la política de rebajas y apuestan por mantener, y en algunos casos ampliar, la competencia fiscal entre territorios.

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