La vuelta de la amnistía al Congreso acerca el regreso a España de Puigdemont

El PP ha hecho valer este martes su mayoría absoluta en el Senado para aprobar el veto a la ley de amnistía. Era un paso previsto en la tramitación parlamentaria de la ley que, lejos de suponer un frenazo para la medida de gracia, acerca su entrada en vigor. Ahora, el texto volverá al Congreso, donde está previsto que se levante el veto con el apoyo del PSOE y sus socios parlamentarios y se vote su aprobación definitiva. Aunque hay de plazo hasta mitad de julio, la intención de los socialistas es que se haga en un pleno el 30 de mayo.

A partir de ahí, será cuestión de horas que la norma se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entre en vigor. En ese momento la amnistía empezará a desplegar sus primeros efectos, que repercuten directamente en algunos de los encausados, entre ellos, el líder de Junts, Carles Puigdemont: los tribunales deberán acordar de forma “inmediata” el alzamiento de las medidas cautelares y las órdenes de detención, lo que implica que el Tribunal Supremo tendrá que dejar sin efecto la orden nacional de detención que pesa sobre el expresident desde noviembre de 2017 y que es la que ha frenado su vuelta a España en estos casi siete años.

Fuentes jurídicas señalan que este alzamiento de medidas, en teoría, debe ser casi automático, al margen de que el tribunal estudie luego si la amnistía es o no aplicable a Puigdemont. Con todo, el texto establece que son los jueces los que tienen que levantar las cautelares, por lo que la decisión estará en manos del Supremo. Si, como se espera, la Sala Penal levanta la orden de detención en las horas posteriores a la entrada en vigor de la ley, Puigdemont podrá a partir de ese momento viajar a España sin riesgo a ser arrestado.

El plazo para celebrar el pleno de constitución del Parlament salido de las elecciones del pasado domingo termina el 10 de junio, por lo que, según cuándo fije esta sesión, el líder de Junts podría llegar incluso a tiempo de la puesta de largo de la Cámara, aunque no se ha comprometido a ello. Después, el nuevo presidente del Parlament tendrá 10 días hábiles para convocar el pleno de investidura, un plazo que termina el 25 de junio.

Para entonces, lo previsible es que el Supremo no haya comunicado todavía si aplica la amnistía a Puigdemont, que tiene dos causas abiertas, la del procés, donde está procesado por malversación agravada y desobediencia; y la de Tsunami Democràtic, en la que se le investiga por terrorismo. Desde el momento de la entrada en vigor de la ley, el tribunal cuenta con dos meses para decidir, en cada uno de esos dos procesos, entre tres opciones: amnistiarlo; elevar una cuestión a la justicia europea o al Tribunal Constitucional; o rechazar aplicar la medida de gracia al expresidente catalán en alguno de los dos procedimientos. Los dos primeros escenarios garantizan que Puigdemont pueda permanecer en Cataluña sin riesgo a ser detenido, al menos hasta que haya respuesta de la justicia comunitaria o del tribunal de garantías. Pero una hipotética negativa del Supremo a aplicar la amnistía le dejaría expuesto y tendría que comparecer ante la justicia o afrontar una nueva orden detención.

Los pasos que vaya dando el alto tribunal van a repercutir no solo en Puigdemont y el resto de encausados que huyeron de la justicia española y a los que el tribunal tendrá que renunciar a juzgar si aplica la ley, sino también sobre los líderes independentistas a los que condenó en la causa del procés y que, aunque fueron indultados de la pena de cárcel, siguen teniendo pendiente la de inhabilitación.

En esta situación se encuentra Oriol Junqueras, que este martes se ha reafirmado como presidente de ERC. Su condena decae con la amnistía, pero si el alto tribunal, como es previsible, eleva el caso al TJUE, la aplicación de la amnistía quedaría en suspenso y la inhabilitación seguirá vigente hasta que haya respuesta. Fuentes jurídicas cifran entre ocho y 18 meses la duración del procedimiento en el tribunal europeo, en función de si los jueces comunitarios consideran que existen razones para hacer una tramitación acelerada o de urgencia. Estos plazos, en principio, volverían a impedir que Junqueras concurriese a las elecciones en el caso de que hubiera que repetir los comicios del pasado domingo, salvo que pidiera al TJUE medidas cautelares para que no se suspenda la amnistía mientras el tribunal resuelve sobre la cuestión planteada por el Supremo y los jueces europeos se las concedieran.

Con todo, habría un escenario peor para Junqueras, que sería que el Supremo concluyera que la malversación por la que se condenó a los líderes independentistas no tiene encaje en la medida de gracia. En la última versión de la ley se acotó la aplicación de la amnistía solo a los casos en los que esté dirigida a financiar actos vinculados al procés y “siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento”, una enmienda pactada por el PSOE y sus socios para sortear las objeciones de Europa a amnistiar delitos de corrupción. Pero la jurisprudencia del Supremo sostiene que el enriquecimiento no se produce solo cuando hay un enriquecimiento personal y en eso basó el alto tribunal su rechazo a aplicar a los líderes secesionistas la última reforma del delito de malversación. La ley intenta limitar el margen de maniobra de los jueces al fijar que no se considerará enriquecimiento cuando no haya habido “el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”, pero fuentes del alto tribunal dan por seguro que habrá debate sobre este asunto antes de tomar una decisión.

El tribunal augura también debate sobre la aplicación de la medida de gracia a la causa de Tsunami Democràtic, repartida entre el Supremo (que investiga a los aforados: Puigdemont y al diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg) y la Audiencia Nacional, y en la que los jueces ven indicios de terrorismo, un delito para el que la ley de amnistía plantea excepciones. El juez Manuel García Castellón ha citado a declarar por videoconferencia el próximo 22 de mayo a ocho de los imputados, entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que huyó a Suiza en 2018. La causa tendrá que quedar en suspenso antes de finales de julio si el instructor pregunta sobre la ley de amnistía al TJUE o al Constitucional.