La persecución judicial contra Edmundo González redobla la presión diplomática a Maduro

La orden de detención contra el excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia ha activado una vez más una ola de rechazo internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, avanza en su intención de quedarse en el poder, pese a las denuncias de fraude que acompañan su autoproclamado triunfo en las elecciones del 28 de julio. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos han mostrado su rechazo, al igual que Brasil, Colombia y otros países latinoamericanos que se niegan a reconocer la victoria del chavismo por falta de transparencia en los resultados.

Brasil y Colombia, que mantienen en teoría la capacidad de dialogar con el chavismo y lideran los intentos de mediación (infructuosos por ahora), han tardado más que otros actores en pronunciarse. Lo han hecho este martes por la noche en una breve nota oficial. Los Gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro “expresan [su] profunda preocupación por la orden de detención emitida el 2 de septiembre por una Corte venezolana contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia”. Añaden que esa medida judicial “dificulta encontrar una solución pacífica” basada en el diálogo entre el Gobierno y la oposición y “afecta gravemente los compromisos” adquiridos por ambas partes en Barbados que propiciaron la celebración de las cuestionadas elecciones, informa Naiara Galarraga Gortázar desde São Paulo. Poco antes, el principal asesor internacional de Lula había declarado a Reuters que la de González “sería una detención política” y ha añadido: “Nosotros no aceptamos [que haya] presos políticos”.

Horas antes, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, rechazó “categóricamente” la orden de detención contra el excandidato presidencial. “Exhorto a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos”, afirmó Borrell en un mensaje en la red social X. Los ministros de Exteriores de España e Italia también han rechazado la medida. “España defiende los derechos políticos y la libertad de expresión y manifestación de todos los venezolanos”, dijo el ministro José Manuel Albares, quien agregó que condena “cualquier intento de cercenar los derechos fundamentales de Edmundo González”. Por su parte, el italiano AntonioTajani expresó su solidaridad con González y reiteró su pedido para “la liberación de todos los presos políticos”. “Italia quiere un camino de libertad y democracia para el pueblo de Venezuela”.

La ONU dijo este martes que en Venezuela reina un clima de miedo a causa de la detención de personas por el simple hecho de expresar sus ideas o por su voluntad de participar en la vida política. “Lo que estamos viendo en Venezuela es una situación muy lamentable en la que se detiene a personas por ejercer su derecho a la participación política, a la libertad de expresión o a la libertad de reunión”, señaló la portavoz Ravina Shamdasani, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al ser preguntada por la orden de detención emitida contra González Urrutia.

Brian Nichols, alto cargo de la Secretaría de Estado de EE UU, responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, también expresó su preocupación. “En lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Maduro ha ordenado ahora el arresto del líder democrático que lo derrotó abrumadoramente en las urnas. Edmundo González ha promovido la reconciliación nacional. Nos sumamos a la creciente lista de socios internacionales que condenan esta orden de arresto injustificada”.

La condena de Europa y Estados Unidos siguió a la de países de la región como Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Uruguay. Venezuela está a la espera de que generen resultados las mediaciones que desde el 28 de julio, día de las elecciones, llevan adelante los presidentes Petro, de Colombia; Lula, de Brasil y Andrés Manuel López Obrador, de México, los únicos que todavía tienen un canal de interlocución con el chavismo, que durante estas últimas semanas parece cerrado.

Algunas fuentes anticiparon que estaba previsto que los presidentes de las tres potencias de izquierdas de América Latina mantuvieran el lunes un encuentro para hablar de la crisis en Venezuela, sin que haya trascendido si ese encuentro se ha concretado. En sus llamados, Colombia, Brasil y México han insistido en una verificación independiente de los resultados una vez sean publicadas las actas de todas las mesas, algo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha hecho. Desde Brasil y Colombia se ha propuesto una repetición de las elecciones, idea que ha topado con el rechazo del chavismo y la oposición.

El chavismo está nuevamente en manos de la comunidad internacional, que ha puesto condiciones al reconocimiento de la reelección de Maduro. El presidente necesitaba estas elecciones para recuperar su legitimidad y tenía expectativas de ganar. En 2018 convocó anticipadamente las elecciones y dejó fuera a la oposición, un paso que fue respondido con la ruptura de relaciones diplomáticas y sanciones económicas que dañaron el financiamiento del Gobierno con la venta de petróleo.

La arremetida contra la oposición ha hecho sonar de nuevo las alarmas. A Edmundo González le acusan de cinco delitos, entre los que se incluye conspiración, usurpación de funciones y forjamiento de documento público. La Fiscalía considera que fue un delito publicar el 83,5% de las actas de votación impresas por las máquinas y recogidas por sus testigos con las que defiende que ha ganado a Maduro por más de 30 puntos de diferencia.

Venezuela ha navegado las sanciones que recibió entre 2019 y 2023 gracias al apoyo de aliados como Rusia e Irán. En negociaciones directas con Washington consiguió, además, la excarcelación del empresario colombiano Alex Saab, su principal operador comercial. Estados Unidos acusa a Saab de ser testaferro de altos cargos del Gobierno venezolano. En esta nueva etapa, el chavismo ha mostrado su voluntad de estar preparado para resistir nuevas sanciones.

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