La ONU reprende a España por mantener a 40.000 alumnos “segregados” en centros de educación especial

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU vuelve a reprender a España por mantener los centros de educación especial. “El comité constata con pesar que la segregación educativa de las personas con discapacidad a través de su escolarización en centros especiales y en aulas específicas” de las escuelas ordinarias “continúa” produciéndose en el país, señala en un dictamen de 20 páginas fechado el 22 de marzo al que ha tenido acceso EL PAÍS. “El comité deplora”, añade el texto, “la perpetuación de un sistema educativo que segrega, en la práctica, a más de 40.000 personas con discapacidad, del cual un 40% son personas con discapacidad intelectual”. Y pide a las autoridades educativas, tanto nacionales como autonómicas, que avancen “de forma prioritaria y urgente” hacia el fin de dicha separación.

El organismo, encargado de velar por la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —aprobada en 2006 y de la que forman parte 190 Estados, entre ellos España—, ya elaboró un duro dictamen sobre la situación de los estudiantes con discapacidad españoles en 2017. Y ahora acaba de emitir otro informe de “seguimiento a la investigación sobre España realizada por el comité en virtud del artículo 6 del Protocolo Facultativo de la Convención”. Dicho artículo se aplica en aquellos casos en los que el comité recibe “información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado parte de los derechos recogidos en la convención”. La investigación, anticipa el informe ahora publicado, continuará en marcha y dará lugar a otro dictamen dentro de cinco años para comprobar si la situación ha mejorado.

El organismo de Naciones Unidas “valora” que España haya realizado algunos avances en el terreno de la “legislación” y las “estrategias” del Gobierno para conseguir la implantación efectiva del “derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad”. Esto es, de su integración en las escuelas ordinarias con los apoyos necesarios para que pueda realizarse con éxito garantizando su bienestar. Entre estos avances, el informe menciona algunos preceptos de la actual ley de educación, la Lomloe, que en una disposición adicional establece que el Gobierno y las comunidades autónomas “desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con […] la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas […] los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. El comité de la ONU lamenta, al mismo tiempo, que la propia Lomloe prevea, con todo, el mantenimiento de los centros de educación especial.

La inclusión del alumnado con discapacidad en la escuela ordinaria tuvo un importante avance en España a partir de los años ochenta, pero llegado un punto se estancó. En torno a un 17% de los estudiantes con discapacidad siguen asistiendo a centros especiales o dan clases en aulas específicas, separadas del resto de los niños, dentro de los colegios ordinarios. El asunto genera una fuerte polarización. Buena parte de las asociaciones de personas con discapacidad, así como de familias, reivindican la inclusión de los estudiantes en una nueva red adaptada para acoger a todos los niños, facilitando así su futura inclusión a otros niveles en la sociedad. Las denuncias ante el comité de la ONU que ha dado pie a la actual investigación fueron presentadas por ellas. Al mismo tiempo, otra parte de las asociaciones y familiares de alumnado con discapacidad, así como de centros de educación especial (parte de los cuales son privados subvencionados), se oponen. Entre ellos hay casos de padres que tuvieron matriculados a sus hijos en la escuela normal y vivieron malas experiencias, por la falta de adecuación de los centros, de formación del profesorado, y de cuidado suficiente para atajar, por ejemplo, situaciones de acoso escolar.

En 2019, el Ministerio de Educación parecía decidido a emprender un camino progresivo, similar al que han ido tomando muchos otros países, para ir incluyendo a casi todo el alumnado con discapacidad en la escuela ordinaria. El ministerio veía con especial interés el caso de Portugal, donde el objetivo se alcanzó de forma gradual, sin grandes polémicas, manteniendo la posibilidad de las familias de elegir en última instancia si preferían la escuela ordinaria (adaptada) o los centros especiales. Y donde estos últimos han permanecido abiertos, reconvertidos en centros de referencia y apoyo para la escolarización del alumnado con discapacidad en las escuelas ordinarias.

Como con otros retos educativos, sin embargo, la cuestión se politizó rápidamente en España, y el PP y Vox impulsaron una campaña contra el plan previsto en la Lomloe que tuvo eco sobre todo en territorios como Madrid. Y los avances en dicho terreno parecen haberse frenado.

El dictamen del comité de la ONU también aborda dicha oposición y expresa su “preocupación” por el “riesgo de retroceso en la implementación del derecho a la educación inclusiva y de calidad”, a la vista de las posiciones adoptadas por algunos “gobiernos autonómicos” (entre los que señala de forma destacada al de la Comunidad de Madrid, del PP), “parlamentos autonómicos” (menciona el caso del andaluz), y “grupos parlamentarios en las Cortes Generales” (en referencia a los populares y a Vox, por presentar recursos de inconstitucionalidad contra la Lomloe que incluían la defensa de los centros de educación especial, y fueron rechazados por el Tribunal Constitucional).

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