La Fiscalía Europea mantiene abiertas 47 investigaciones en España por fraudes en fondos comunitarios

La Fiscalía Europea (EPPO por sus siglas en inglés) abrió en 2023 un total de 29 investigaciones en España por hechos que afectan a fondos europeos. El daño total para las arcas públicas de estos procedimientos alcanza los 217,3 millones de euros, según el balance anual de esta institución. En su segundo año de funcionamiento completo, la Fiscalía Europea mantiene abiertas 47 investigaciones en España, que afectan a un total de 321,7 millones de euros. Ente las pesquisas que se investigan se encuentra, como ha informado este lunes EL PAÍS, la actuación del actual Gobierno de Baleares, del PP, tras la denuncia que presentó el PSOE por, supuestamente, dejar que caducase el expediente de reclamación de 2,3 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, el epicentro del caso Koldo, por suministrar durante la pandemia mascarillas de inferior calidad a la contratada.

La Fiscalía Europea es un órgano independiente dentro de la UE encargada de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la Unión y de ejercer la acción penal contra sus autores para llevarlos a juicio. Forman parte de ella 23 de los 27 Estados miembros (todos menos Dinamarca, Irlanda, Hungría y Suecia, que ha iniciado los trámites para adherirse). La Fiscalía Europea tiene competencia sobre delitos aduaneros, delitos contra el IVA, corrupción, malversación, blanqueo de capitales, participación en una organización criminal y cualquier otro delito que esté “indisociablemente vinculado” con estos.

Su estructura central está integrada por 22 fiscales europeos, dos de ellos adjuntos al fiscal general europeo, nombrados por el Colegio de la Fiscalía Europea. A ellos se suma una estructura descentralizada compuesta por 149 fiscales delegados de los Estados miembros, siete en el caso de España, que son los que asumen directamente las investigaciones en cada territorio.

En España, los casos más frecuentes (38, el 42,22% del total) son fraudes no relacionados con adquisiciones, mientras que las investigaciones sí vinculadas a adquisiciones —como las de las mascarillas— suponen el 13,3% (12 casos). Los delitos de organización criminal son el 10% (nueve casos); el fraude de ingresos del IVA el 11,11% (10); los que no corresponden al IVA, el 2,2% (2 casos); los delitos de corrupción, el 3,33% (3); el blanqueo de capitales el 8,8% (8), el mismo porcentaje y número de casos que las investigaciones abiertas por delitos de otro tipo pero que los investigadores consideran indisociables de estos. Fuentes de la institución apuntan que ninguna de las investigaciones abiertas el pasado año están relacionadas con los fondos Next Generation EU, destinados a combatir la pandemia.

Los hechos bajo la lupa son fraudes cometidos sobre la financiación europea que afectan a todo tipo de programas, como los de desarrollo agrícola y rural (13); de cooperación internacional (3); y de desarrollo regional y urbano (4). Además, hay tres investigaciones abiertas sobre programas de empleo, cohesión social, inclusión y valores; dos de clima y medio ambiente; y uno de programas relacionados con la educación y la cultura, la investigación e innovación, y el asilo, migración e integración. Hay otros nueve casos calificados como “dudosos” que no se asignan a ningún programa concreto. Según el balance anual, las investigaciones abiertas en 2023 han supuesto dejar congelados 126,6 millones de euros a la espera de que las pesquisas se resuelvan. Se han efectuado tres acusaciones, aunque fuentes de la institución no han querido concretar a qué casos se refieren ni dar detalles sobre ninguna de las 47 investigaciones activas.

En la Fiscalía Europea los fiscales desempeñan la labor de investigador que en España asumen los jueces de instrucción. Es un modelo similar al que se quiere adoptar con la futura reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Los fiscales delegados de cada país dirigen la investigación, ordenan las detenciones, toman declaración a los implicados y deciden cada paso de la causa hasta que llega el juicio. Sus decisiones son supervisadas por las llamadas Salas Permanentes, compuestas siempre por tres fiscales europeos que no sea del país implicado en la investigación y un fiscal supervisor del Estado miembro al que afectan las pesquisas. Asimismo, las decisiones de los fiscales delegados que afecten a derechos fundamentales (por ejemplo, la adopción de determinadas medidas cautelares) deben ser autorizadas por el llamado juez de garantía (un juez de la Audiencia Nacional).