Pregunta. En las últimas semanas ustedes iban casi de la mano del Gobierno. ¿Por qué este giro tan brusco?

Respuesta. El Gobierno central había ido de nuestra mano, que es distinto. Yo tomo posesión el 14 de julio [de 2023] y en septiembre la situación estaba muy deteriorada, con 1.600 menores en acogida. De septiembre a diciembre llegaron 7.399 más. En Madrid estaban con las investiduras, nos encontramos en soledad, pero tiramos para delante porque a los niños había que atenderlos. Y estamos esperando desde hace un año por la solución. Es el Gobierno de Canarias quien hace tres propuestas de modificación legislativa; quien pide un mando único, porque teníamos que hablar con cinco ministros distintos; soy yo el que convoca a los grupos políticos [para negociar la reforma legislativa]. Y se consiguen 171 apoyos. Junts y el PP ponen unas exigencias al Gobierno de España. Nosotros pedimos que el texto quede sobre la mesa para buscar un acuerdo, pero el Gobierno de España se niega y el Congreso no lo admite a trámite. Y un año después seguimos no igual, peor. No hay ningún cambio de postura. El Gobierno de España no ha llevado la iniciativa en ningún momento, ni me ha dado un solo euro. Y yo me preparo para lo que va a ocurrir desgraciadamente. Porque tengo que proteger a los menores y a los trabajadores públicos.

P. Pero es llamativo que la reforma de la ley la tumbe el PP cuando gobierna con usted.

R. Una cosa es el Gobierno de Canarias y otra los grupos políticos. Por ejemplo, cuando el Gobierno de España dio un giro de 180 grados respecto a la política del Sáhara, el Partido Socialista de Canarias estuvo en contra. Yo no lo veo extraño, lo que sí lo veo es que si tú quieres conseguir los apoyos para una modificación legislativa, no negocies con los grupos sino que digas: “Esto es lo que hay, apóyalo y después ya veremos”. El PSOE no lo hizo con la amnistía ni con otros proyectos. Y no estoy justificando al PP, que tenía que haber votado a favor o abstenerse.

P. ¿Qué le exige al Gobierno?

R. Que cumpla los protocolos. No se están respetando los derechos de los menores, y son niños que igual han visto cómo tiraban a sus padres por la borda. Tienen que ser entregados a un funcionario público, no a un tercero como las ONG, porque si les sucede algo, yo voy a tener que responder. Hay que sacarles una foto, tomarles huellas dactilares, la filiación… Y sobre todo le pido que no mire para otro lado, como le dije al presidente Sánchez. Que busque el acuerdo y se siente con el PP, que no solo es el grupo mayoritario, es que gobierna la mayoría de las comunidades. Esto es un pacto de país. Si son capaces de ponerse de acuerdo para distribuirse los sillones del CGPJ, ¿no lo son para llegar a un acuerdo con esto?

P. ¿Esto no lo coloca en una situación incómoda con su socio?

R. Pero es que aquí está incómodo todo el mundo… Todas las fuerzas políticas de Canarias que ven esta situación terrible, la población de El Hierro, los trabajadores de la sanidad pública, los voluntarios, las fuerzas de seguridad…Yo no quiero llevarlo a un problema político, ni territorial, a una pelea entre comunidades. Es un problema humanitario. Pero el Gobierno de España piensa que es de Canarias. ¿No le parece extraño que no se haya querido ni sentar con el PP?

P. El Gobierno insiste en que es una competencia de las comunidades autónomas.

R. La ley de extranjería dice que las comunidades seremos responsables de aquellos menores en situación de abandono o de desamparo. Estos niños no lo están desde el momento en que los recoge Salvamento Marítimo, los trae a España y pasan a custodia de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Es una de las cuestiones que van a estudiar nuestros servicios jurídicos, que igual acaba en un conflicto positivo de competencias en el Tribunal Constitucional.

P. ¿Cuánto dinero le ha dado el Gobierno?

R. Este año ni un euro. Parece que acaban de aprobar 35 millones para todas las comunidades. Nosotros, solo en migración, sin contar sanidad y educación, estamos pagando 14 todos los meses. Necesitamos los 150 que le pedí a Sánchez. Pero ni siquiera quiero hablar de dinero, sino de que se garanticen los derechos del menor. Y que los trabajadores públicos y de las ONG estén blindados jurídicamente.

P. ¿No cree que hay también una actitud poco solidaria de las otras comunidades?

R. Pero han estado de acuerdo en el reparto, la única que no ha contribuido ha sido Cataluña.

P. La mayoría están gobernadas por el PP, que ha bloqueado la reforma legal.

R. Hay que distinguir entre las conferencias sectoriales de los gobiernos y lo que hacen los grupos parlamentarios. No podemos mezclar el Ejecutivo con el Legislativo,

P. El PP dice que había un principio de acuerdo para que el Estado se hiciese cargo de los menores si superaban el 150% de capacidad de acogida de una comunidad.

R. Sí, y el Estado se haría cargo de los gastos cuando superasen el 100% de lo presupuestado. Fue el ministro Torres [Ángel Víctor, de Política Territorial] quien pidió que esa reunión [el 12 de agosto, con el PP y el Gobierno canario] se celebrase con estricto sigilo para facilitar el acuerdo. Por respeto, no voy a hablar del contenido, pero hay un acta que levanté yo mismo y estuvieron conformes con ella. Estoy profundamente decepcionado con el PSOE, porque el lunes último, en la reunión del pacto migratorio en el Parlamento canario, el portavoz socialista desveló la reunión. Me siento engañado y cuando la confianza se rompe es complicado reconstruirla.

P. ¿Hay mucha gente haciendo política con esto?.

R. En Madrid lo están haciendo totalmente. Vox, cuando sale de los gobiernos con el PP; el PSOE, tratando de llevar al PP a la ultraderecha, y también el PP. Yo siempre hablo del modo canario de hacer política, la búsqueda de encuentro y la necesidad de pensar en el menor.

P. Ustedes votaron a favor de la regularización de inmigrantes.

R. Siempre hemos estado a favor. Es que, de lo contrario, los estás condenando a vivir en la economía sumergida. Los canarios hemos sido un pueblo emigrante.

P. ¿Y qué piensa cuando el PP habla de deportaciones masivas?

R. El PP y Pedro Sánchez, que dice que hay que devolverlos al país de origen. No estoy de acuerdo con ninguno.

P. CC ha apoyado al Gobierno en el Congreso excepto en la amnistía. ¿Puede cambiar a partir de ahora?

R. Somos un partido de Estado, nacionalista y constitucionalista, y cuando firmamos un acuerdo, cumplimos. Pero estamos decepcionados por el grado de cumplimiento de la agenda canaria por muchas circunstancias. El PSOE tiene que ponerse manos a la obra con este asunto, porque si no, esto puede quebrar y ante los incumplimientos nos veremos totalmente liberados de votar lo que decidamos.

P. Sánchez ha dicho que, al margen del acuerdo de financiación para Cataluña, va a haber más recursos para todas las comunidades. ¿Eso a ustedes les valdría?

P. Sánchez es muy hábil con el lenguaje, pero si Cataluña va a tener 15.000 millones más y tú dos… No seamos trileros. Hay un sistema de financiación para todos y un principio de solidaridad. Las empresas que cotizan por los impuestos en Cataluña hacen negocio en Canarias en el sector turístico, por ejemplo. No se puede cambiar la regla de juego que nos afecta a todos de manera unilateral. Me asombra cómo un Gobierno supuestamente progresista y socialista defiende la tesis de que dispongan de más dinero los que más dinero tienen. Es lo que está diciendo Cataluña: yo genero más riqueza y quiero más dinero para mí.

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Feijóo franqueó el portal número 13 de la madrileña calle Génova aleccionando a los suyos para no hacer “política a golpe de tuit”. Dos años después, tiene a su portavoz parlamentario y hombre de confianza, Miguel Tellado, tuiteando a diario frenéticamente —ni en agosto ha concedido una tregua— para denunciar la supuesta “montaña de basura” del Gobierno de Sánchez. El líder del PP ha hecho de las acusaciones a la esposa del presidente el gran puntal de su estrategia opositora. Y desde hace semanas, repite, sin aportar ninguna prueba, que Sánchez “conocía el caso Koldo y lo tapó”. En una entrevista a Europa Press divulgada el sábado, sostuvo que el Gobierno “tiene más sumarios abiertos que leyes aprobadas”.

El político gallego ha desempolvado el manual con el que abatió en 2009 a la coalición de socialistas y nacionalistas que gobernaba la Xunta: poner en marcha una factoría de escándalos que, día tras día, martillea al rival con acusaciones de supuestas corruptelas y comportamientos irregulares, amplificados —entonces y ahora— por el universo mediático de la derecha. Los casos de aquella época que llegaron hasta los tribunales fueron archivados. Otros se revelaron como exageraciones, cuando no bulos. Pero la estrategia resultó exitosa. Esta es una recopilación de sus momentos estelares.

La prevaricación fantasma. En septiembre de 2007, el entonces líder de la oposición gallega denunció que los socialistas habían pagado un sobreprecio de 30 millones de euros a Sacyr en la adjudicación de una autovía en la comarca coruñesa de O Barbanza, tras desechar una oferta más favorable. Feijóo se lanzó a acusar al Gobierno autónomo de prevaricación, mientras el presidente, el socialista Emilio Pérez Touriño, lo retaba a acudir a los tribunales. El PP tardó cinco meses en concretar la denuncia judicial, que atribuyó cuatro delitos a los responsables de la Consellería de Política Territorial. La Fiscalía pidió archivarla, pero un juez imputó a cuatro altos cargos de ese departamento, lo que permitió al dirigente popular estirar el asunto con el argumento de que Touriño tenía “a la mitad de la consellería imputada”. El 1 de mayo de 2009, dos semanas después de que Feijóo tomase posesión como presidente, la justicia sentenciaba: “No hay atisbo alguno de conductas dudosas”. Ni así se arredró: “Hay muchos delitos que quedan sin probar”.

La beca. Al tiempo, el PP disparó otro cañonazo: una beca de 550.000 euros concedida, decían, al marido de la conselleira socialista de Educación. Otra vez comunicados restallantes de indignación, ruedas de prensa, exigencia de responsabilidades en el Parlamento… La beca iba destinada a un equipo de investigación biológica de la Universidad de Santiago dirigido desde tiempo atrás por el marido de la conselleira y que ya percibía la ayuda pública con anteriores gobiernos del PP a los que pertenecía Feijóo.

El Audi del sultán. La Gran Recesión asomaba en el horizonte a finales de 2008, con las elecciones gallegas a la vuelta de la esquina. Feijóo encontró ahí un relato: mientras los gallegos sufrían penurias, sus gobernantes se entregaban al derroche. El primer golpe fue la denuncia de un gasto de 2,2 millones en el “despacho de Touriño”, que, en realidad, correspondía a la remodelación de un área completa en la sede de la Xunta. De eso se pasó a los coches oficiales y al que descollaría como el gran hit de la campaña: el “Audi de Touriño”, un vehículo más lujoso que el del mismísimo Obama, repetían los populares en cada mitin. El presidente socialista era caracterizado como un “adicto al lujo”, un “sultán del siglo XXI”. El coche disponía de un blindaje especial, con ETA aún activa. Había costado 480.000 euros y era igual a los de otros presidentes autonómicos del PP. El antecesor de Touriño, Manuel Fraga, que tenía a Feijóo de vicepresidente, había comprado dos idénticos. La ofensiva de los coches vivió su momento más chusco cuando una diputada del PP denunció en el Parlamento que el vicepresidente y líder del BNG, Anxo Quintana, se había gastado 6.000 euros en instalar un “minibar de lujo” en su vehículo. Era una nevera portátil de 15 euros.

Villa PSOE. Así bautizaron los populares un edificio junto al mar en A Illa de Arousa donde el entonces número dos de los socialistas, José Blanco, y otros dirigentes gallegos habían comprado apartamentos. El PP machacó durante meses con la supuesta ilegalidad de la obra. Jamás se probó. Su promotor era un exdiputado autonómico popular y tenía el aval de una recalificación aprobada por la Xunta de Fraga.

El falso maltratador. En la recta final de la campaña de 2009, el entonces líder del PP en Ourense, José Luis Baltar, se dedicó a deslizar en los mítines la patraña de que el vicepresidente Quintana maltrataba a su esposa y estaba liado con otra conselleira. El bulo se amplificó a través de envíos en internet, cuando aún no existían las redes sociales. Un redactor de EL PAÍS fue testigo de cómo un estrecho colaborador de Feijóo participaba de esa difusión.

La trama que nunca existió. Ya con Feijóo en el poder, en marzo de 2011, el mismo día que eran detenidos en Pontevedra unos concejales populares por corrupción urbanística, el PP anunció un escándalo que haría “temblar los cimientos del PSOE”. Los socialistas habían “sacado por la puerta de atrás de la Xunta 650.000 euros para pagar campañas electorales”. Le llamaron la “trama agraria”. Supuestamente se habían usado subvenciones a grupos afines al sindicato Unións Agrarias para contratar “agentes electorales del PSOE”. El Gobierno de Feijóo ordenó registros por sorpresa en las sedes del sindicato y abrió un expediente. El PP lo denunció en el juzgado. Ni la justicia ni la propia Xunta hallaron la menor prueba de la tal trama.

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En mayo pasado, en vísperas de las europeas, Rego apeló a la experiencia de países que han implantado la medida para ilustrar uno de los argumentos centrales de sus partidarios: anticipar la edad de voto incentiva la participación política posterior de los jóvenes. “Es una vieja reivindicación de IU y de sus juventudes”, recuerda Nahuel González, el diputado de esa formación, incluida en Sumar, que defendió la propuesta aprobada el 27 de junio en la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso.

La iniciativa contó con el apoyo del PSOE, que hasta ahora se mostraba titubeante. En septiembre de 2022, los socialistas se abstuvieron ante una propuesta similar planteada por ERC, que, entre eso y el rechazo de la derecha, acabó fracasando. Ahora los socios de Gobierno han acordado llevar el asunto a una subcomisión que se ocupa de las reformas de la ley electoral. “Es un tema que suscita debate, no solo en el PSOE, incluso en las Juventudes Socialistas”, admite Víctor Camino, secretario general de la organización juvenil y el diputado que suscribió la medida en junio en nombre de su grupo. “Pero estoy convencido de que se acabará aceptando con el tiempo, aunque sea por una cuestión demográfica”.

Las dos formaciones en el Gobierno dan por hecho que a la iniciativa le espera un “recorrido largo”. “Abrir el debate ya supone una victoria”, coinciden González y Camino, que asumen que requeriría un “amplio consenso”. Por ahí surgen las dificultades. Dentro del bloque que apoya al Gobierno hay sectores reacios, como el PNV. Y la oposición de la derecha ha sido frontal. El PP aduce, entre otras cosas, que iría contra la disposición constitucional que fija la mayoría de edad a los 18 años. “Pero yo no desisto de intentar convencer al PP”, manifiesta González. Tanto él como Camino indican que en otros países la medida fue suscrita por los conservadores y cuenta con la opinión favorable de organismos como el Consejo de Europa o el Consejo de la Juventud de España. “No es una cuestión de derechas e izquierdas”, apostilla el responsable de Juventudes Socialistas, sino de “ampliar derechos”.

El argumento más repetido por los partidarios es que si un chico de 16 años puede trabajar o decidir sobre un tratamiento médico también debe poder votar. Y que esa medida mitigaría la desafección política entre los más jóvenes e incrementaría su compromiso con la democracia. Sobre la preparación de estos para tomar una decisión política, González no duda: “Hoy la juventud tiene una capacidad de acceso a la información como no se ha tenido nunca”. “¿No es absurdo que Lamine Yamal no pueda votar?”, remacha.

En esta discusión a menudo se han posicionado entre los detractores neurocientíficos que arguyen que a esa edad la persona es en exceso emocional y voluble, propensa a las decisiones poco meditadas. En el plano político, no falta quien se declare en contra desde la izquierda alegando que buena parte de la juventud se ha dejado conquistar por la ultraderecha. Argumentos muy similares, replica Camino, a los que “ya fueron empleados en su día para oponerse al voto de las mujeres”.

Si se tomase hoy la decisión, el censo electoral de casi 37,8 millones de votantes se acrecentaría con algo más de un millón. Supondría un aumento del 2,7%, probablemente poco significativo para alterar el resultado de las urnas, sobre todo si se mantuviese el alto grado de abstención que se registra entre los nuevos electores, “un clásico de siempre, de toda la democracia y de todos los países”, precisa Belén Barreiro, directora del instituto demoscópico 40dB. En sus estudios, Barreiro ha confirmado que esa franja de edad está “superderechizada”, con inclinaciones hacia la extrema derecha que alcanzan el 40%. “Vox se ha configurado para muchos jóvenes como un voto rebelde”, apunta. La socióloga señala que a los 16 años “la identidad está todavía forjándose”, mientras que a los 18 se aprecian opiniones más formadas. “Tener un contrato de trabajo y empezar a pagar impuestos suele conllevar un mayor interés por la política”, subraya.

Los chicos que hoy tienen 16 nacieron en 2008, “son la generación de la crisis, han vivido siempre en crisis y eso les confiere un perfil diferente”, destaca Oriol Bartomeus, director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS) de Barcelona. Bartomeus es autor de un libro reciente, El peso del tiempo, sobre el elemento generacional en las actitudes políticas. Su instituto está elaborando un estudio con adolescentes y anticipa algunas conclusiones: “Tienen una visión de la política muy práctica, nada dogmática. Participan o no si se sienten llamados. Tienen valores que podríamos llamar mercantilistas. Actúan pensando en lo que les interesa, no en lo que pueda pasar en los próximos cuatro años. Y no se identifican con un partido concreto, son fieles solo a sí mismos”.

Todos los estudios corroboran que en la juventud se ha ensanchado la brecha ideológica por sexos: las chicas se inclinan a la izquierda y los chicos a la extrema derecha. “Ellas tienen el impacto del Me Too y ellos están influidos por la manosfera [de man, hombre], un conjunto de medios y redes muy masculinos, con un discurso brutal contra el feminismo”, explica Bartomeus. El director del ICPS relativiza el debate sobre si se debe permitir el voto a los 16: “Lo relevante no es eso, lo relevante es que un elemento central de la democracia como la información ha perdido calidad y, en consecuencia, también la está perdiendo la democracia. Eso es lo que cuenta, tengas 16 o 76 años”.

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La intensidad de la campaña xenófoba ha encendido las alarmas, cuando todavía están recientes los graves disturbios en varias ciudades del Reino Unido, después de que grupos ultras atribuyeran falsamente a un inmigrante la muerte de tres niños. La Fiscalía anunció este martes que está examinando el posible carácter delictivo de los “mensajes falsos” puestos en circulación los últimos días con el “propósito deliberado de despertar entre la población sentimientos de odio, hostilidad y discriminación” contra los extranjeros, singularmente los menores no acompañados.

También la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, señaló a los “sembradores de odio” e hizo un llamamiento a Alvise Pérez y a Vox para que cesen de diseminar bulos. “¿Se puede ser más cruel y miserable?”, se preguntó la delegada gubernamental al comentar los ataques al portavoz de la familia de la víctima por haber pedido, cuando todavía se buscaba al presunto asesino, que no se “criminalice a ninguna etnia”. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya había salido al paso en la tarde del lunes: “Es simplemente asqueroso e inaceptable. Basta ya”.

A las 13,20 horas del domingo, cuando acababa de saltar la noticia del apuñalamiento de un niño en la localidad toledana de Mocejón, el flamante eurodiputado Alvise Pérez ya tenía una conclusión sobre lo sucedido. En el canal de Telegram donde da rienda suelta a sus obsesiones ante una audiencia de casi 700.000 seguidores, Pérez recogió la información y la vinculó al apuñalamiento de un chico de 16 años en Madrid supuestamente “por cinco menas”. Cinco horas después, el líder de Se Acabó la Fiesta profundizaba en la tesis y la amplificaba en su cuenta de X. El lunes 5 de agosto, habían sido alojados 50 inmigrantes africanos en un hotel de la localidad. Y dando voz a supuestos vecinos del pueblo, agregaba: “Somos menos de 5.000 personas y vivíamos tranquilos. Ahora hay violaciones, robos y el asesinato de este niño de 10 años”.

A partir de ahí, fue un no parar. El eurodiputado consignaba una avalancha “en menos de 24 horas” en toda España de apuñalamientos, “violaciones grupales”, “palizas a ancianos” o “asesinatos varios” sin molestarse en detallarlos y con una conclusión: “O hacemos que se acabe la fiesta de los criminales o España se va a la mierda”. Lo siguiente fue reproducir un plano de Mocejón para ilustrar la proximidad entre la mezquita del pueblo y el campo de fútbol donde se produjo el asesinato, junto a datos inflados sobre la población extranjera local. La cosa adquirió luego un tono detectivesco. Pérez se dedicó a divulgar informaciones como la matrícula del coche en el que había huido el atacante.

A media tarde del lunes, llegó la noticia de la detención del sospechoso y la confirmación de que no tenía ningún vínculo con el colectivo inmigrante. Pero Alvise no iba a dejar que la realidad estropease su performance virtual. Difundió una foto del detenido para afear a algunos medios que lo hubiesen descrito erróneamente como “rubio y rapado”. Y como colofón, desempolvó otra teoría para continuar apuntando a la inmigración: “Fuentes cercanas a la Guardia Civil especulan que el asesinato al [sic] crío de 11 años fuera una prueba de acceso a una banda latina”.

La familia de la víctima, según explicaría después su portavoz, ya estaba informada de quién era el sospechoso, pero no podía revelarlo. Por eso el primo del pequeño pidió que cesase la “criminalización” de los inmigrantes. La respuesta de las milicias digitales de la extrema derecha fue abalanzarse contra él. Asell Sánchez dirige un programa en 13TV, canal propiedad de la Conferencia Episcopal, en el que informa de la labor de los misioneros católicos en el mundo. En su perfil de X podían encontrarse fotos de sus viajes a África. La horda ultra se las apropió, las reprodujo y las acompañó de mensajes como “se merecen lo que les pasa” y amenazas de muerte.

Sin participar directamente ni con tanta intensidad, Vox tampoco ha dejado pasar la ocasión de proseguir su propia campaña al respecto. El diputado en el Congreso y vicesecretario de Comunicación del partido, Manuel Mariscal, enlazó en X dos noticias, una que daba cuenta del apoyo del PP de Toledo a la acogida de menores migrantes y otra sobre la presencia de 50 extranjeros en el hotel de Mocejón, para apostillar: “Que no caiga en el olvido”.

Hace ya tiempo que Vox ha institucionalizado un ritual en sus comparecencias en la sala de prensa del Congreso. Su portavoz —antes Iván Espinosa de los Monteros, ahora Pepa Millán— se arranca con un preámbulo para relatar delitos cometidos por extranjeros y acusar a la prensa de ocultarlos. El partido ya incluyó en su programa electoral el compromiso de dar publicidad desde las instituciones a las nacionalidades de quienes cometan crímenes sexuales.

Desde las pasadas elecciones europeas y la ruptura de sus pactos autonómicos con el PP por el reparto de unas pocas decenas de menores inmigrantes en las comunidades donde gobernaban juntos, el discurso xenófobo se ha impuesto a todas las demás cuestiones en el partido de Santiago Abascal. Sus redes sociales están repletas estos días de mensajes para equiparar la inmigración a la delincuencia. Acaba de lanzar un vídeo encabezado por la frase “estos son los niños del PP” que combina imágenes de cayucos, peleas de jóvenes y declaraciones de dirigentes populares. En Cataluña ha creado en X una cuenta llamada Barrios Seguros en la que lleva hasta una contabilidad de apuñalamientos.

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Los republicanos catalanes y los nacionalistas vascos y gallegos no han fallado a Sánchez en ninguna cita relevante en este su cuarto mandato. Algunos lo dan ahora por descontado, pero no hay más que recordar vicisitudes de la anterior legislatura para valorar la fidelidad de esas fuerzas. Las cuatro, por ejemplo, estuvieron hace dos años y medio a punto de hacer embarrancar la reforma laboral y poner contra las cuerdas al Gobierno, que se salvó gracias al despiste de un diputado del PP. Ni ERC ni EH Bildu habían respaldado en 2020 la investidura de Sánchez ―simplemente se abstuvieron― y, llegada la pandemia, también le negaron su apoyo en las votaciones de varios estados de alarma.

Ahora, cuando el Gobierno los necesita a todos todos los días, como ya había alertado el PNV al iniciarse la legislatura, la adhesión de esas formaciones no ha flaqueado. Cierto que el Ejecutivo ha reducido la producción de leyes, pero en las 25 votaciones en las que se sometieron al pleno del Congreso propuestas legislativas, decretos o planes directamente auspiciados por el Gabinete de Sánchez, ERC y los dos partidos vascos han apoyado siempre. El BNG ha fallado una sola vez y Podemos, dos, una de ellas muy relevante: el primer decreto de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para reformar el subsidio de desempleo, que decayó y tuvo que ser modificado meses más tarde. Junts, en cambio, se ha desmarcado en ocho de esas votaciones, el doble que Coalición Canaria, una fuerza con una sola diputada, que a menudo no se suele contar entre la base parlamentaria del Ejecutivo y que gobierna en su comunidad autónoma en alianza con el PP.

En las actitudes del partido de Carles Puigdemont parecen pesar los motivos de índole más bien táctica ―aumentar la presión sobre el Gobierno y dejar bien sentada su posición de llave de la mayoría― junto a cuestiones ideológicas de fondo. Entre las primeras se encuadrarían su voto contrario a la redacción inicial de la ley de amnistía o su falta de apoyo a decretos como el fallido sobre el subsidio de desempleo, a uno de los que prorrogaba medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, a otro que desarrollaba un plan de modernización de la justicia o, en el último pleno, al techo de gasto planteado por el Ejecutivo, paso previo imprescindible a la elaboración de los Presupuestos. Esa actitud también se ha prodigado en algunas iniciativas sin consecuencias prácticas, pero con su carga política y simbólica, al acarrear derrotas del Gobierno. Abstenciones de Junts han permitido que el Congreso aprobase declaraciones críticas con el Ejecutivo sobre asuntos como el caso Koldo y el asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz).

Otras tomas de posición, sobre todo en asuntos económicos, revelan claramente que Junts es un cuerpo ajeno a la índole izquierdista del Gobierno y buena parte de sus aliados, en mayor medida incluso que otra fuerza de orientación política centrista como el PNV. En este apartado se puede consignar su voto contrario, junto a la derecha, que permitió derribar en el último pleno el proyecto de ley para comprometer a las comunidades autónomas en el reparto obligatorio de menores inmigrantes. En los últimos meses, Junts también negó su apoyo a una propuesta de Sumar en favor de la reducción de la jornada laboral ―que sí fue respaldada por el PNV, pero no salió adelante― y a otra del mismo grupo para pedir un servicio de información sobre la negociación colectiva. Fuera del pleno, Junts y PNV propiciaron en comisión el rechazo a otra iniciativa de Sumar que abogaba por la incorporación de los sindicatos a los consejos de administración de las grandes empresas y a diversas propuestas de la izquierda sobre la política de vivienda.

En el pleno, las formaciones catalana y vasca resultaron decisivas para admitir a trámite una proposición de ley del PP, rechazada por el Gobierno, que contempla medidas para reducir la protección al lobo. Junts ha llegado a ser la única fuerza en oponerse a dos asuntos de menor repercusión: un convenio de defensa con Francia y un informe sobre la Cuenta General del Estado aprobada por el Tribunal de Cuentas, un organismo que ha exigido responsabilidades contables a dirigentes independentistas implicados en el procés.

Desde que comenzó la legislatura, el pleno del Congreso ha celebrado en total unas 400 votaciones, contando las de las enmiendas presentadas por cada grupo y los puntos en los que se dividen con frecuencia las mociones y las proposiciones no de ley ―meras declaraciones― para someterlos por separado al refrendo de la Cámara. Junts ha votado en sintonía con el Gobierno y el PSOE en un 70% de las ocasiones.

La actitud que tomará a partir de ahora la formación independentista, escaldada por el pacto entre PSC y ERC que ha otorgado la presidencia de la Generalitat al socialista Salvador Illa, marcará el futuro de la legislatura. Su secretario general, Jordi Turull, ha asegurado que los acuerdos con el PSOE para investir a Sánchez serán revisados y ha reclamado al Gobierno medidas contra el Tribunal Supremo por negarse a aplicar la amnistía a Puigdemont. El Ejecutivo, de momento, se ha limitado a criticar por primera vez abiertamente a los magistrados del Supremo por boca del ministro de Transportes, Óscar Puente. El asunto más urgente, la negociación de los Presupuestos, coincidirá con el congreso extraordinario que Junts acaba de convocar para finales de octubre.

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¿Qué había pasado en tan escaso margen? La inmigración había sobresalido como uno de los debates principales de la campaña a las elecciones europeas en todo el continente, propulsado por la oleada ultra. Aun sin tanta intensidad, las chispas alcanzaron a España, con un matiz muy relevante y novedoso: el PP, por boca de su líder, Alberto Núñez Feijóo, se sumergía en el marco argumental de la extrema derecha, ese en el que la inmigración siempre va asociada a la delincuencia.

En esos comicios del 9-J surgió además una nueva criatura del pantano ultra español. Con un desacomplejado discurso antiinmigración, el agitador de las redes sociales Alvise Pérez lograba colarse en el Parlamento europeo tras lograr 800.000 votos. Al igual que un mes antes la mezcla de independentismo y xenofobia había situado en el Parlament de Cataluña a otro espécimen de nuevo cuño, Aliança Catalana. El odio al extranjero multiplicaba sus altavoces y sus escenarios institucionales.

En esa campaña europea, Vox emuló al resto de su fraternidad continental y situó la inmigración en el primerísimo plano del discurso. Los mensajes contra los “estercoleros multiculturales”, la amplificación de cualquier delito cometido por un extranjero o la defensa de una idea esencialista de la españolidad, según la cual no basta tener el DNI para ser español, han estado desde siempre en el núcleo central de Vox. Pero a menudo quedaban en un segundo plano tras las estridencias del combate contra el nacionalismo periférico y el feminismo. Ahora la inmigración se ha erigido en la primera bandera del partido de Santiago Abascal, incluso en la reciente campaña catalana. Y el reparto de menores migrantes fue la excusa aducida para romper los acuerdos autonómicos con el PP.

En los últimos cinco años, ha habido dos cuestiones susceptibles de quebrar en el Congreso el bloque de la derecha. Cada vez que se hablaba de violencia contra las mujeres o de inmigración, se abría una brecha entre Vox y los demás. En estos últimos se incluía el PP, por mucho que tratase de evitar el choque dialéctico frontal con la extrema derecha. Se volvió a ver el pasado 4 de abril, cuando la formación de Santiago Abascal fue la única en votar contra la admisión a trámite de una iniciativa legislativa popular promovida por organizaciones sociales —Cáritas entre ellas— para regularizar a los cientos de miles de inmigrantes que viven en España sin haber podido legalizar todavía su situación.

Tres meses más tarde, en el último pleno del Congreso antes de las vacaciones, ese tácito consenso se rompió. Sobre la mesa estaba una propuesta de reforma de la ley de extranjería para obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores inmigrantes cuando una de ellas esté sobresaturada, como le ocurre ahora a Canarias. La presentaba el Gobierno, pero ni siquiera había sido una iniciativa suya, sino del presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, en cuyo Ejecutivo está integrado el PP. Esta vez se acabó la soledad de Vox. A su rechazo se unieron PP y Junts, las dos fuerzas de las derechas clásicas, española y catalana, cada una de ellas bajo presión de sus propios competidores ultras. Y el proyecto embarrancó.

A esa votación le habían precedido dos campañas electorales, la catalana y la europea, en las que Feijóo asumió el discurso de la extrema derecha. Primero, y de manera tan expresa como no había hecho hasta entonces, en la antesala de las urnas al Parlament. El líder del PP lanzó proclamas que había evitado hasta ese momento, y que relacionan de manera directa y sin ambages la inmigración ilegal con supuestos problemas de seguridad y de ocupación. “Pido el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios y nosotros no pudiendo entrar en nuestras propiedades”, clamó en Cornellá de Llobregat (Barcelona). Más tarde, en la carrera a los comicios europeos, Feijóo volvió a utilizar en un mitin en Tenerife la inmigración para diferenciarse respecto a Vox y desde posiciones ultras. Propuso que “las personas que quieran formar parte de la Unión Europea han de adquirir un compromiso de adhesión y respeto a los valores fundacionales de Europa”.

No hace falta profundizar en los programas de los partidos a las últimas elecciones generales para tomar conciencia de que el PP ha enfocado la inmigración de una manera bien diferente a la izquierda. Basta con fijarse en los epígrafes bajo los que se coloca el asunto. El PSOE lo sitúa en el bloque España de las libertades y la convivencia; Sumar, en el de Una sociedad del bienestar justa, saludable y verde, y el PP, en el titulado Devolver la seguridad y la tranquilidad a los ciudadanos. Los populares detallan escasas propuestas al respecto, todas dirigidas a frenar las llegadas de irregulares. Pero sin establecer una vinculación directa entre inmigración y delincuencia como haría Feijóo en la campaña catalana y reiteraría el 22 de julio, tras la ruptura de los pactos con Vox, cuando, hablando de las llegadas de personas extranjeras, advirtió: “Los españoles tienen derecho a salir tranquilamente a la calle”. Tampoco figura en el programa la ocurrencia del portavoz parlamentario, Miguel Tellado, de enviar la Armada a aguas de los países africanos para impedir la salida de cayucos. Más bien es una idea de Vox, que en sus propuestas de las últimas generales incluía el “bloqueo naval” contra la inmigración.

El mimetismo con el lenguaje de la extrema derecha se evidencia en el empleó el término mena —menores extranjeros no acompañados—, que Vox ha convertido casi en sinónimo de delincuente y que, al identificar a personas a través de unas siglas supone una forma de cosificarlas. Feijóo y Tellado lo han usado en las últimas semanas y este viernes los siguió Carmen Fúnez, vicesecretaria de organización, en una comparecencia en la sede del partido. Fúnez tuvo que salir al paso de una de las contradicciones internas en las que ha incurrido el PP. Su compañero Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha pedido auxilio al Gobierno porque dice que su capacidad de acogida de menores está desbordada y quiere que lo alivien con traslados a la Península. La portavoz de la dirección nacional respondió acusando al Ejecutivo de “no tener una política migratoria”. Los populares insisten en reclamar la declaración de “emergencia migratoria” y anticipan que este va a ser uno de sus ejes de oposición en las próximas semanas.

Sin llevar el discurso tan lejos, Junts también trata de explotar el asunto. Sostiene que Cataluña está “sobresaturada” de inmigrantes y por eso pactó en enero con el PSOE el traspaso de las competencias sobre la materia, de lo que no se ha vuelto a saber más. En el último debate parlamentario, su portavoz, Míriam Nogueras, se apuntó a los que abordan la inmigración apelando al derecho de los ciudadanos a la “tranquilidad y seguridad”. Ubicó a su formación ajena tanto a “los discursos buenistas como a los populistas”. No tardó en replicarle ―cómo no― ERC, por boca de Jordi Salvador: “Prefiero ser acusado de buenista que de malista”.

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Cosas parecidas, en efecto, pueden escucharse hasta en boca de algún diputado de ERC o de miembros del sector crítico de Junts. “Lo que necesitamos ahora son cuatro años de un Gobierno aburrido”, sentencia, con un punto de ironía, otro interlocutor de larga experiencia en la empresa y el mundo posconvergente. Y nada mejor para ello que un hombre que ha hecho del aburrimiento su bandera. Ese Salvador Illa que con su premeditada sosería salió indemne de la peor pandemia en un siglo y ahora confía en la misma receta para enfrentar la más endemoniada situación política de la España democrática. Decidido a acometer lo que otro prominente financiero catalán define como “abandonar la política de las emociones y dedicarse de una vez a la gestión”. Un contraste que sobrevoló el pasado jueves el debate de investidura en el Parlament. Mientras el líder del PSC prometía volver a situar en primer plano la preocupación por las cosas materiales, el portavoz de Junts, Albert Batet, seguía girando una y otra vez sobre el “conflicto”, sin una alusión a la economía, la sanidad o la vivienda.

El sol ya empezaba a achicharrar Barcelona a las ocho de la mañana de ese jueves y junto al Arc de Triumf construido en el Parc de la Ciutadella para la Exposición Universal de 1888 flameaban las primeras esteladas. Era el lugar elegido para honrar el regreso de Carles Puigdemont, que se pretendía triunfal y acabó en un sainete, embarazoso hasta el ridículo para los Mossos d’Esquadra y desconcertante para muchos de los seguidores del expresident. Allí todavía imperaba el reino de las emociones, encarnado en estampas como la de la mujer que rompió en llanto por no poder acercarse a verlo cuando surgió por un callejón aledaño a la calle Trafalgar, donde llevaba más de media hora aguardándole sin ningún disimulo la plana mayor de Junts, con el presidente del Parlament, Josep Rull, a la cabeza. En los días de euforia del procés, un acto así hubiese congregado una gran muchedumbre. En esta abrasadora mañana de agosto los asistentes sumaron unos 3.500, el grueso de ellos gente en la edad de la jubilación, aunque juveniles de aspecto con sus camisetas reivindicativas o enfundados en sus esteladas a modo de capa. A primera hora de la tarde, cuando las redes sociales ya hervían de memes sobre la huida de Puigdemont y el debate de investidura avanzaba, frente a la verja de entrada al recinto del Parlament resistía en solitario una pareja de septuagenarios con un cartel contra el “pacte de la vergonya” de ERC con los socialistas.

La investidura de Illa ha constituido, en opinión muy generalizada entre la política y las fuerzas sociales, el clavo final en el ataúd del procés ya esculpido en las elecciones del pasado mayo. Durante el debate parlamentario solo rebatió esa idea el líder del PP, Alejandro Fernández, bajo el argumento de que los pactos con ERC para un concierto económico que sacaría a Cataluña del régimen común de financiación autonómica suponen el inicio de “otro procés, aunque renovado y remodelado”.

También Puigdemont insistió en un mensaje grabado este sábado que el “procés solo acabará con la independencia”. Pero de inmediato admitió: “Lo que es evidente es que ha acabado una determinada fase”. Esa fase caracterizada, según él, por “una determinada manera de hacer, con la sociedad civil organizada al lado de las fuerzas políticas de todo el espectro independentista”. Una manera de dar carpetazo definitivo a aquella suerte de revolución en la que se implicaron hasta dos millones de catalanes y desembocó en la desobediencia institucional de sus dirigentes. La que ellos llamaban la “revolució dels somriures [sonrisas]” o, desde una perspectiva más realista, el “ensayo general de una revuelta”, como lo definió en un libro de 2019 el periodista y hoy diputado de ERC en el Congreso Francesc-Marc Álvaro. La aventura que emprendió en 2012 el entonces president Artur Mas en pos de una independencia que él mismo había calificado años atrás como un proyecto “medieval” y que el patriarca Jordi Pujol siempre desechó como una quimera que jamás sería aceptada por el Estado español. “Eso no quiere decir que el independentismo vaya a desaparecer ni a dejar de tener su expresión electoral”, advierte un antiguo nacionalista hoy en el PSC. “Lo que se ha acabado es esa política de las palabras y los gestos grandilocuentes”.

El procés fue fruto de una mutación, la que llevó al catalanismo clásico a asumir un programa independentista, opción casi marginal durante décadas. Su ocaso tiene que ver con otra mutación, menos drástica y espectacular: la conversión del PSC, de la mano de Illa y de Pedro Sánchez desde La Moncloa, en la fuerza que ha ocupado la centralidad de la política catalana. En los días de vino y rosas del pujolismo se decía que CiU era el pal de paller [literalmente, el palo del pajar, la clave de bóveda, en una traducción libre] del sistema político catalán. Su deriva hacia un independentismo sin concesiones, al lado incluso de una fuerza anticapitalista como la CUP, le enajenó el apoyo de los negocios y de sectores de las clases medias conservadoras. Hoy sus grandes poderes institucionales son la Diputación de Girona y la alcaldía de Sant Cugat del Vallès (100.000 habitantes). Aun lejos de la fuerza que llegó a tener el pujolismo, el PSC acumula el mayor poder institucional y ha heredado esa posición privilegiada que le permite captar votos desde el centroderecha hasta el centroizquierda, de ser favorito de buena parte del empresariado ―“el partido del orden”, como lo define un banquero― y el interlocutor de los sindicatos y las formaciones a su izquierda.

Una gran ventaja para Illa, pero también un potencial problema. Su apretada investidura ―tiene solo un voto de diferencia sobre la oposición― se ha apoyado en su izquierda, ERC y comunes. Y con estos últimos ha pactado cuestiones que no han gustado nada en el mundo del dinero: el mantenimiento de los impuestos de patrimonio y sucesiones, así como la renuncia al macrocasino Hard Rock. A cambio, los comunes han asumido que los socialistas seguirán defendiendo la ampliación del aeropuerto de El Prat, que ellos rechazan por razones ambientales y el empresariado considera irrenunciable y desearía verlo aprobado con el apoyo de Junts y el PP.

En la dirección de Catalunya en Comú hay gran satisfacción por el acuerdo programático, aunque sin dar nada por hecho: “Estaremos vigilantes, no sabemos qué Illa nos vamos a encontrar. Hasta ahora este ha sido un PSC muy conservador, lejos del partido de Maragall”. Los sindicatos también han acogido favorablemente el contenido de los pactos, pero, por las mismas desconfianzas sobre las intenciones del nuevo president, verían bien una ampliación del Govern a sus aliados parlamentarios para reforzar el perfil de izquierdas. Acabar con la inestabilidad política no basta, subraya Javier Pacheco, secretario general de CC OO: “Cataluña ha tenido muchísimos años de estabilidad y eso no sirvió para solucionar nuestros graves problemas sociales. Lo que necesitamos son nuevas políticas”.

Lo que más inquieta en el resto de España ―la posibilidad de conceder a Cataluña un régimen financiero especial― es de las cuestiones que más consenso despiertan internamente. En la investidura, solo se alzó la voz contraria del popular Fernández, para denunciar que se intenta establecer un modelo confederal de facto eludiendo la obligada reforma constitucional. En eso basa su opinión de que ha comenzado un nuevo procés. Por lo demás, en Cataluña se pueden escuchar afirmaciones casi idénticas en boca del responsable de un gestor de fondos, de un dirigente de los comunes o de un sindicalista. Todos repiten la idea de una comunidad infrafinanciada y con grandes necesidades sociales y bolsas de pobreza, lejos, dicen, de ese cliché de la Cataluña opulenta, privilegiada e insolidaria, “el avaro del cuento de Navidad”, como dice Pacheco, de CC OO.

De momento reina el escepticismo sobre la viabilidad de esa especie de concierto aún poco definido en los acuerdos entre PSC y ERC. Uno de los principios que suscita mayor consenso es el de preservar la llamada ordinalidad, es decir, que cada comunidad tenga la misma posición en la clasificación de lo que aporta (Cataluña es la tercera) que en la de lo que recibe por habitante (la decimotercera). Sobre eso incide Joaquim Coello, empresario, expresidente del puerto barcelonés, uno de los mediadores que en el otoño de 2017 intentó evitar el choque total y hoy un defensor de los beneficios que ha traído a Cataluña la política de distensión de Sánchez, “al margen de cuáles hayan sido sus motivos”. Coello ve posible satisfacer las demandas catalanas sin dañar a nadie más, siempre que el Gobierno haga un esfuerzo económico. El modelo se extendería a las siete comunidades que más se beneficiarían: Cataluña (que ganaría 6.000 millones), Andalucía, Madrid, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Baleares. El resto se quedaría como está. La factura la pagaría el Estado central, que tendría que aportar, según sus cálculos, 25.000 millones de euros en un plazo de cinco años.

Entre todas las incertidumbres, sobresale una cuya resolución seguirá en manos del hombre de Waterloo. Se trata de una de esas paradojas de la política: cuando Junts menos pinta en Cataluña, más decisivo resulta en Madrid. En sus manos sigue la llave que puede sostener o derribar el Gobierno de Sánchez. Entre la gente que esperaba el jueves la llegada de Puigdemont, una señora gritaba a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras:

—¡Míriam, ahora hay que decir no a todo en el Congreso!

—Lo hacemos —contestó la diputada.

Dirigentes como el propio Puigdemont o su secretario general, Jordi Turull, se han mostrado ambiguos estos días. Insisten en exigir al Gobierno algo tan difícil de imaginar como medidas para impedir que los jueces bloqueen la amnistía. En su fugaz intervención en Barcelona, el expresident evitó cualquier crítica al Ejecutivo y se centró en un discurso compartido por numerosos catalanes, incluidos algunos que deploran la actitud de Junts, para cargar las tintas contra el Tribunal Supremo: “Un país donde las leyes de amnistía no amnistían tiene un problema de naturaleza democrática”.

La tocata y fuga de Barcelona no ha dejado en buen lugar el nombre de Puigdemont dentro del independentismo. Incluso entre quienes acudieron a recibirlo, los más críticos dicen sentirse utilizados y censuran el golpe asestado a la imagen de los Mossos, el ejemplo más depurado del autogobierno para muchos catalanes. Ese resentimiento se traslucía el viernes en la comparecencia del comisario general del cuerpo, Eduard Sallent, quien dejó de otorgar al fugado el habitual tratamiento de “president” para rebajarlo a un simple “el señor Puigdemont”. Un sector de Junts que ya en su día se opuso a la salida del Govern añora recuperar el modelo de la antigua Convergència y cada vez más considera a Puigdemont un lastre. Pero ellos mismos admiten que están en minoría y que madurar el cambio requerirá tiempo. Como tantas otras cosas en Cataluña. Lo subraya un dirigente empresarial: “El procés ha muerto, pero el posprocés todavía llevará su tiempo”.

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Nadie lo explicitó tan claramente como la portavoz de la CUP, Laia Estrada, quien sentenció en su discurso: “Este es el fin definitivo del procés institucional”. Pero en todo cambio de ciclo conviven elementos nuevos con los antiguos y la jornada de este jueves no fue la excepción. El contrapunto a lo que pasaba en el Parlament lo puso Puigdemont, que en una fugaz aparición en el centro de Barcelona, tras casi siete años huido de la justicia, buscó el protagonismo que las urnas le negaron en mayo y logró poner patas arriba las instituciones catalanas al esquivar su detención por parte de los Mossos d’Esquadra en una persecución de tintes vodevilescos. Antes, el expresident dirigió un discurso ante unos 3.500 seguidores concentrados en las inmediaciones del Parlament en el que arremetió contra los jueces del Tribunal Supremo por negarse a aplicarle la amnistía. Con su huida, en medio de la muchedumbre y de la plana mayor de Junts, dejó a medias el cumplimiento de su promesa de asistir a la sesión de investidura. Ni siquiera delegó su voto ―como sí hizo el exconseller Lluís Puig, también huido desde 2017― lo que propició que la candidatura del socialista se impusiese por dos sufragios de diferencia.

La lógica alegría de los socialistas catalanes no oculta que afianzar el cambio será complicado. Por la composición monocolor del Gobierno, que solo tiene asegurados los 42 diputados del PSC de un total de 135. Por las divergencias que los socios de investidura siguen teniendo y que no se esfuerzan en disimular. Y por la feroz oposición que tendrán por parte de Junts, que, al verse definitivamente apartada del poder autonómico, volvió a acusar al líder del PSC de pretender “desnacionalizar” Cataluña o, lo que es lo mismo, de no defender los intereses de los catalanes por el simple hecho de no ser nacionalistas. Los problemas también llegarán de fuera. El nuevo president no lo tendrá fácil para defender y hacer avanzar ante el Gobierno central los puntos más emblemáticos del acuerdo de investidura con ERC, basado en una financiación autonómica singular para Cataluña, muy contestada dentro del PSOE y también de sus socios gubernamentales de Sumar.

Por todo ello, el discurso de Illa estuvo alejado de triunfalismos y de las promesas de máximos que tanto han abundado en la tribuna del Parlament la última década. El nuevo president se comprometió a “unir”, a trabajar para la aplicación “sin subterfugios” de la ley de amnistía y a defender una Cataluña fuerte en una España “plurinacional”. El referéndum de independencia que ha monopolizado la política catalana de las últimas cuatro legislaturas ni apareció en su discurso. Citando ya de entrada a Josep Tarradellas, icono del catalanismo pragmático, se centró en decir que Cataluña ya no puede “perder el tiempo”.

Pese a llegar al poder de la mano de las izquierdas, Illa no oculta tampoco que buscará apoyos más allá. “Cataluña necesita abrir una etapa de consensos puertas adentro y puertas afuera” y “afrontar sin prejuicios los conflictos políticos mal resueltos”, dijo. El lugar para abordarlos será la Convención Nacional que forma parte del acuerdo de investidura de PSC y ERC. Además, en políticas sociales y económicas el PSC de Illa, el más centrista de las últimas décadas, buscará apoyos en Junts e incluso en el PP. Su aspiración es, pues, consolidar la ruptura de bloques que han monopolizado la política catalana los últimos años. Solo quedarán fuera del radar los extremos que hoy representan los 11 diputados de Vox y los dos de los ultras de Aliança Catalana. Ellos, junto a la CUP, fueron los únicos a los que el socialista no se acercó a saludar tras conocerse el resultado de la votación.

La colaboración con Junts será capital no solo para ampliar los apoyos de Illa en Cataluña, sino también para ayudar al partido de Puigdemont a volver a una institucionalidad que hoy han perdido entre mensajes hiperventilados. Y también para que los herederos de la vieja Convergència puedan ver alicientes a continuar ofreciendo apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. Nada de esto pareció cercano a la vista de la durísima intervención que el portavoz de Junts, Albert Batet, hizo en el Parlament, acusando a Illa no solo de querer “desnacionalizar” Cataluña sino también a sus socios de investidura de ERC de pretender detener a Puigdemont como si la orden de detención que pesa sobre el expresident huido no la hubiera dictado un juez. Que finalmente Puigdemont haya vuelto a esquivar la cárcel tiene como efecto colateral suavizar la presión sobre Esquerra del independentismo más duro.

En el ámbito nacional, el PP no tardó en lanzarse contra el Gobierno por la nueva escapada del líder de Junts, pese a que el dispositivo policial que debería detenerlo dependía enteramente de los Mossos y, por tanto, de la Generalitat. Alberto Núñez Feijóo no tardó en pronunciarse en Twitter para denunciar la “humillación insoportable” al Estado, de la que hizo a Sánchez “máximo responsable”. Luego salió su secretaria general, Cuca Gamarra, a leer una durísima declaración sin preguntas en la que sostuvo que la vuelta de Puigdemont se produjo gracias a que “Sánchez se ha autoproclamado Estado y ley”, deploró el “espectáculo bochornoso” y arremetió contra el CNI por “no cumplir su función”. Gamarra instó a los jueces a “no dejarse presionar por el Gobierno”. Los populares también tuvieron que soportar en su día críticas por no lograr impedir el referéndum ilegal de 2017. Se lo recordó el portavoz de Junts: “No han podido detener a Puigdemont como tampoco pudieron encontrar las urnas el 1-O”.

El Gobierno y el PSOE mantuvieron un estricto silencio. En el Ejecutivo se sembró cierta preocupación por lo que el episodio afecta a la imagen internacional de la seguridad en España. En lo político, prima la satisfacción. Y que el expresident no ingrese en la cárcel también alivia en este caso la presión política de un socio clave para la supervivencia del Ejecutivo.

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Al cuento de hadas aún le falta otro personaje principal, la primera figura que deslumbró en esta gozosa Eurocopa para España, también un chico de tez negra y raíces africanas, nacido en Pamplona, de nombre Nico Williams y que se crio en una casa en la que a veces escaseaba la comida. Hace 30 años, su madre llevaba en el vientre a su hermano mayor, Iñaki, también futbolista, cuando saltó clandestinamente junto a su padre la valla de Melilla tras haber atravesado el Sáhara dejando atrás su Ghana natal. Con esas historias familiares, se entiende que Lamine y Nico, que nunca habían jugado juntos, congeniasen rápidamente. El primero por la derecha y el segundo por la izquierda han sido los estiletes que han destrozado a todos los rivales. “Ese es el elemento diferente de esta selección: tener dos extremos tan poderosos”, destaca el exseleccionador Vicente del Bosque, que protagonizó los grandes momentos de gloria de la selección con el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Nico y Lamine, Lamine y Nico, han lucido como los iconos de este equipo que el pasado martes, en la victoria contra Francia, reunió en algún momento a casi 14 millones de españoles ante el televisor, el 77,4% de la audiencia total, en La 1. Del Bosque, ahora al frente de la comisión nombrada por el Gobierno para vigilar la Federación de fútbol, aún bajo el efecto de los escándalos, añade las 15.000 personas que se encontró en las gradas en Múnich, “cuando no es fácil ni barato ir a Alemania”. La final contra Inglaterra, este domingo, brinda la ocasión de superar el récord alcanzado en el partido que en 2010 coronó a España campeona mundial en Sudáfrica: una audiencia media de 15,6 millones, con una cuota del 85,9%. La expectación en torno al equipo ha conseguido que se instalen pantallas gigantes en la calle hasta en algunas localidades de Cataluña y, en menor medida, de Euskadi. En el primer caso están confirmadas en Barcelona, en varias ciudades de su cinturón metropolitano —incluido, por supuesto, Rocafonda, el barrio de Lamine, en Mataró—, en Lleida y en Tarragona. El 87% de los encuestados por 40dB. para EL PAÍS anticipa que verá la final. Y un 63% contesta que se siente más identificado con la selección que con sus clubes.

La palabra que podría condensar la esencia de este equipo sería “plural”. La selección es plural desde el punto de vista demográfico, como muestran Lamine y Nico, espejo de la España actual, con un creciente peso de la inmigración y en la que el fútbol base se va llenando de chicos y chicas con raíces africanas (en la selección femenina brilla Salma Paralluelo, de madre ecuatoguineana). En una plantilla en la que son mayoría los vascos, por delante de catalanes y madrileños, figuran además dos franceses nacionalizados, Laporte y Le Normand. Plural también en lo meramente futbolístico. Más allá de los dos chicos icónicos, ha resultado crucial la aportación de Dani Olmo, autor de otro soberbio gol ante Francia; de Rodri, el timón del equipo, o su incansable acompañante Fabián Ruiz, sin desmerecer a ningún otro. Un grupo en el que nadie acreditaba un timbre de gran estrella y en el que sobresale el “sentido colectivo”, como subraya Vero Boquete, la primera española en ganar una Liga de Campeones. “Se ha conseguido una mezcla de todo, de jóvenes con mucho desparpajo y otros ya curtidos como Carvajal y Nacho que lo han ganado todo con el Madrid”, añade.

La diversidad resulta aún más visible al rastrear las procedencias por clubes. En el equipo titular habitual solo hay un jugador del Madrid y otro del Barcelona. El más representado es el Athletic, con dos, y cinco juegan en el extranjero. La escasa presencia del duopolio que domina el fútbol español es vista por algunos como un factor positivo, al evitar que esa gran brecha que divide a los aficionados se traslade a la selección. Ahí Del Bosque se apresura a matizar: “La convivencia entre jugadores del Madrid y del Barcelona nunca ha sido un problema. Yo lo viví así como jugador, con Kubala de seleccionador, y luego en mi época en el banquillo. Solo hubo un momento en que coincidieron seguidos varios enfrentamientos entre Madrid y Barcelona que caldearon el ambiente, pero se solucionó rápido”. Se refiere a 2011 y 2012, cuando el Madrid de José Mourinho intentaba discutir la hegemonía al Barça de Pep Guardiola.

Han pasado 12 años desde el último gran título y el único trofeo del que presumir es la Liga de las Naciones de 2023, una competición sin pedigrí ni tradición. España parecía haber vuelto a la época en que sus sueños morían en cuartos de final y se medía “acomplejada” a las grandes selecciones, como lo describe Del Bosque. “Pensábamos que todo había sido un milagro de unos años y que no lo volveríamos a ver más”, admite Alfredo Relaño, exdirector de As y uno de los mayores referentes del periodismo deportivo español. El seleccionador, Luis de la Fuente, ha asegurado que, frente al escepticismo general en los medios, él y sus colaboradores estaban convencidos de que podrían competir por el título. Relaño, como todo el mundo, repasaba la lista de convocados y, más allá de algún consagrado como Rodri o Carvajal, lo que veía eran promesas o incógnitas. “Ha sido un sorpresón”, asevera. “Hemos participado en el sorteo y nos ha tocado un chalé en la playa”. El chalé es “un equipo alegre, que mete goles y que también es capaz de ser duro cuando toca sufrir”. Y que ha hecho lo que nadie había logrado en un gran torneo de selecciones: encadenar seis triunfos consecutivos. Hasta el seleccionador, discutido en su día por aplaudir al entonces presidente de la Federación, Luis Rubiales, tras el beso no consentido a Jenni Hermoso, recibe ahora elogios por su carácter apacible frente a su volcánico antecesor, Luis Enrique.

Hace un año, el gran triunfo de la selección femenina en el Mundial de Australia quedó empañado por el impresentable comportamiento de Rubiales. Y el fútbol fue opacado por un debate social sobre las actitudes machistas. Estos días la selección masculina también transmite un mensaje que va más allá del fútbol, aunque de cariz bien distinto. “Estoy completamente en contra de la cultura hegemónica del fútbol, pero no puedo evitar emocionarme con Lamine Yamal”, confiesa Najat el Hachmi, escritora catalana de origen marroquí. “Pienso en Rocafonda, un barrio parecido a donde yo crecí. Y en todos los chicos que están ahí sin perspectivas de futuro. Porque si tienes determinados apellidos, se te presupone todo lo malo. Por una vez se hace visible que el talento no discrimina por el origen ni por el color de la piel. Lo malo son todos los demás que tienen otros talentos que no resultan tan mediáticos”.

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) ha constatado que estos días predominan en las redes sociales los comentarios positivos y la “contranarrativa” de los discursos de odio. Lamine y Nico son vistos como “ejemplo de integración social y del valor que las personas inmigrantes o de origen inmigrante aportan a la sociedad española”, destaca este organismo dependiente del Ministerio de Inclusión. Los que niegan a ambos el carácter de españoles —aunque no a los blancos Laporte y Le Normand— son “usuarios recurrentes” de ese discurso, minoritarios en este momento. Claro que esto no garantiza nada: la Francia multirracial ha ganado dos mundiales desde 1998, sin que eso haya disminuido el discurso ultra contra la inmigración.

Esta imagen fresca de la selección puede servir de contrapunto a unos años en que el fútbol ha sufrido una “deslegitimación”, a juicio de David Moscoso, catedrático de Sociología del Deporte de la Universidad de Córdoba. Moscoso alude a episodios como la supuesta corrupción arbitral destapada con el caso Negreira, los escándalos de la Federación y Rubiales o las millonarias elusiones fiscales de algunas estrellas. El sociólogo aporta datos extraídos de la última encuesta nacional de hábitos deportivos realizada en 2022: desde 1995 la asistencia presencial a ese tipo de espectáculos cayó 20 puntos y en el caso específico del fútbol, hasta 30.

No parece el caso de la élite futbolística. Según las cifras de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), en la última temporada aumentó ligeramente la afluencia a los estadios de las dos máximas categorías. En Primera los aforos se cubrieron en un 82,2%, con una asistencia total de 11 millones de espectadores. La actividad económica que genera el fútbol se calcula en 8.390 millones de euros anuales, el 1,44% del PIB español, según un estudio de la consultora KPMG para la LFP con datos de 2022. El informe asegura que ese año se generaron 66.000 empleos directos y cerca de 200.000 indirectos. “El fútbol español tiene muy buena salud”, sostiene Carlos Cantó, CEO de SPSG Consulting, firma especializada en marketing deportivo. “El negocio crece, los controles financieros están funcionando y estamos en un proceso de cada vez mayor profesionalización de la gestión”. El agotamiento de Messi y Cristiano Ronaldo había dejado a la Liga sin sus dos grandes reclamos. Ahora llega Mbappé y si España ganase la Eurocopa, sería un aliciente añadido.

El cambio de hábitos de los más jóvenes preocupa a los ejecutivos del fútbol. La inmersión en las nuevas tecnologías ha derivado en una pérdida de la capacidad de concentración. Y cunde al temor a que los chicos no aguanten un espectáculo de 90 minutos, a veces con tramos intrascendentes. Las audiencias de esta Eurocopa confirman que las de los menores de 24 años están por debajo de las de los tramos de mayor edad, aunque se sitúan en torno al 50% de media. Cantó niega que haya disminuido el interés por el fútbol, lo que ocurre es que han cambiado los hábitos de consumo. “Se consume de forma diferente, en cuanto a formatos, contenidos, canales y plataformas”, explica. Más allá de los partidos, están los resúmenes que ya no son exclusivos de la televisión y otros productos como noticias, series y documentales. “La suma de todas estas fracciones es más grande que lo que antes se concentraba en el directo”, señala. El deporte, concluye, “es el reality show más perfecto que hay”.

Y hay que contar con el auge del fútbol jugado por mujeres. En agosto de 2023, se alcanzó un hito, cuando una media de 5,6 millones de personas siguió la final del Mundial en horario de mañana, un 65,7% de cuota en La 1. “El título mundial ha ayudado mucho, ahora los estadios se llenan, ya tenemos referentes femeninos y las niñas quieren ser futbolistas”, manifiesta Vero Boquete, que ha roto otra barrera en esta Eurocopa: es la primera mujer que ejerce como comentarista de un torneo masculino para la televisión pública. Boquete lamenta, con todo, que “no se le haya sacado más partido” a ese título a fin de mejorar la Liga, que vivió una huelga para exigir mejores salarios y en la que existe una diferencia abismal entre el Barça —tricampeonas de Europa— y las demás.

Las alegrías de la selección, se consuela Relaño, traen aire fresco a una actualidad marcada por la permanente tensión política. “Cuando en la sociedad hay una polarización ideológica muy fuerte, un éxito deportivo que une a todos por encima de esas diferencias da algo de tranquilidad”, concede el sociólogo Moscoso. Pero se apresura a recordar que en 2010, tras el triunfo de España en Sudáfrica, concedió una entrevista a Abc en la que afirmaba: “Esto es un analgésico que durará 48 horas”. Entonces el país se estaba hundiendo en el pozo de la crisis económica y algunos pensaban que la celebración podría actuar de cierto alivio. Del Bosque, uno de los protagonistas de aquella conquista, se muestra igual de escéptico: “Fue una gran emoción colectiva, pero todo esto es muy temporal”.

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Elección tras elección se viene demostrando que la brecha ideológica es en buena medida una brecha por géneros y no solo en España. Sobre todo, ante la abrumadora dependencia masculina del voto a la extrema derecha, que confirma el estudio poselectoral del CIS, realizado a partir de 3.000 encuestas entre los días 17 y 21 de junio. Por el contrario, las izquierdas se nutren del apoyo de las mujeres, que llega al 63% del total de votantes del 9-J en el caso del PSOE y Podemos. El PP muestra un equilibrio entre sexos, con una ligera mayoría femenina, prácticamente idéntica a la que se registra en el conjunto de la sociedad.

El trabajo demoscópico ilustra con números cómo las redes sociales han alimentado el fenómeno del difusor de bulos y teorías de la conspiración Luis Alvise Pérez. El 62% de los que lo votaron responden que se informaron principalmente a través de estos canales, a muchísima diferencia de quienes escogieron a Vox (37%) y Podemos (31%), que le siguen en este aspecto. Otro dato muy llamativo: mientras la mitad de los electores socialistas y el 40% de los populares afirman que la televisión fue el medio que más siguieron, en el caso de SALF se sitúa solo en el 7%. El nuevo eurodiputado Pérez tiene como gran órgano de propaganda un canal de Telegram, red a la que recurrieron la mitad de quienes eligieron su papeleta el 9-J, mientras que ninguno de los demás partidos llega ahí al 10%. TikTok es otro hábitat muy cultivado por la ultraderecha. Por allí afirma haber transitado una cuarta parte de los votantes de SALF y de Vox, el doble que entre los seguidores de cualquiera de las demás formaciones.

Ese comportamiento está muy vinculado a la juventud de los seducidos por el nuevo personaje de la galaxia ultra. A partir de los 55 años, Pérez prácticamente no tiene seguidores. ¿Y de dónde viene su parroquia? Según los datos del CIS, el 47% se había decantado por Vox en las últimas generales, casi el 20% por el PP y un 14% no acudió entonces a las urnas. Este último dato lo convierte en la fuerza que tiene un mayor porcentaje de respaldos procedentes de las bolsas de abstencionistas.

Pese al inequívoco alineamiento en las corrientes ultras de Alvise Pérez —que venía de colaborar con Vox—, la encuesta revela un cierto batiburrillo ideológico entre los que se han entregado a su discurso. Cuando se les pregunta cuál es el partido más cercano a sus ideas, solo la mitad responde que el propio SALF, mientras el 22% señala a la formación de Santiago Abascal y un 11,6%, al PP. El dato no concuerda mucho con el extraído al plantear a los entrevistados cómo se sitúan a sí mismos en una escala ideológica en la que 0 es la extrema izquierda y 10 la extrema derecha. El promedio de los adeptos a Pérez es del 6,24, más al centro que la autoubicación de los votantes del PP (7,22) y por supuesto que los de Vox (7,89). Sobre los motivos de su elección en las europeas, dejan de lado las cuestiones ideológicas y en su mayoría (39%) responde simplemente que “se necesita un cambio”.

Entre los que acudieron a las urnas el 9-J, solo los que depositaron la papeleta de Sumar aseguran que lo hicieron pensando en primer lugar en los problemas del continente. Todos los demás pusieron por delante la situación de España y, entre estos, los de SALF a la cabeza. Si ahora se celebrasen elecciones generales, el agitador de las redes tendría que trabajarse la fidelidad de quienes se han sumado a su ola. El 58% de ellos afirma que volvería a apoyarlo, pero casi un 18% contesta que preferiría a Vox y un 7% al PP.

El estudio del CIS apunta a la fuerte consolidación del liderazgo de Pedro Sánchez en la izquierda. Es, con diferencia, el más valorado entre sus propios votantes, con una aprobación del 74% frente al 65% que consigue Alberto Núñez Feijóo entre los populares. Pero además es el líder predilecto para el 30% de los electores de Sumar y el 23% de los de Podemos. Y lo prefieren como presidente el 45% de los que respaldan a Junts y a la izquierda soberanista (ERC, EH Bildu y BNG)

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Domingo, 30 de junio. No hay jornada de asueto para el portavoz de Feijóo, que al mediodía está ya delante de los micrófonos. Llega con un hallazgo dialéctico: “Mañana comienza la semana fantástica de la corrupción del PSOE”. Tellado calienta la citación judicial, cinco días después, de la esposa del presidente para declarar como investigada. La señala a ella y al hermano del jefe del Ejecutivo, empleado de la Diputación de Badajoz y también denunciado por el grupo ultra Manos Limpias: “Begoña Gómez y David Sánchez son los Koldos de Pedro Sánchez”. Una hora después, se despliega en X. Ha leído en un medio que el presidente despidió en su día al ministro José Luis Ábalos “sin darle ningún tipo de explicación”. Y de ahí infiere: “Queda claro que [Sánchez] lo sabía todo y lo tapó”. Lo que no queda claro es qué incluye ese “todo”.

Después de ver hoy en un medio cómo Sánchez cesó a Ábalos como ministro sin darle ningún tipo de explicación, queda claro que lo sabía todo y lo tapó.

De ahí su responsabilidad. pic.twitter.com/L26eY4XGe1

— Miguel Tellado (@Mtelladof) June 30, 2024

Lunes, 1 de julio. A las 9,16, saluda en X: “Empieza la Semana Fantástica de la Corrupción del PSOE”. Lo ilustra con la portada de Abc: “El Gobierno sabía más de un mes antes que Delcy [Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela] llegaba a Madrid”. “Otra prueba más de que Sánchez lo sabía y lo tapó”, sin especificar qué. A las 12.34, los cañones apuntan al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien Sánchez ha defendido en la SER: “¿Dimitir su servil brazo ejecutor y ministro número 23?, ¿dimitir el que manosea la Justicia al gusto y necesidades de su amo?”. A las 14.50, reacción a la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a los independentistas condenados por malversación: “Sánchez ha engañado a todos, también a sus socios”. A las 18.18, turno para uno de sus objetivos predilectos, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a propósito de una denuncia judicial sobre contratos del Gobierno balear que ella presidía “En cualquier país de la UE esta señora estaría hace tiempo en su casa en lugar de estar arrastrando su dignidad por las instituciones y amarrándose a una silla que le viene muy grande”.

🔴 ¿Dimitir su servil brazo ejecutor y ministro número 23?
🔴 ¿Dimitir el que manosea la Justicia al gusto y necesidades de su amo?

Ni que quedase algo de decencia en este Gobierno... https://t.co/dRNRRGBabK

— Miguel Tellado (@Mtelladof) July 1, 2024

Martes, 2. En la sala de prensa del Congreso, suele comenzar sus comparecencias con un preámbulo que puede prolongarse hasta media hora arremetiendo a diestro y siniestro. Hoy se queda en 17 minutos, que arranca citándose a sí mismo: “Dijimos que iba a ser la semana fantástica de la corrupción del PSOE y ciertamente acertamos”. Llama “comisarios políticos” a magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y dice del fiscal del Estado que “en vez de perseguir los delitos, es capaz de promoverlos”. Con gran seguridad anticipa resoluciones judiciales. A los que aspiran a la amnistía —”son tan delincuentes que ni les salva una ley hecha ad hoc”— les avisa de que “pierdan toda esperanza”. Y a García Ortiz, que “está al borde de la imputación”.

Su gran tema es Begoña Gómez. Adopta un tono solemne e imagina su tránsito camino del juzgado: “En España, el próximo viernes, la mujer del presidente del Gobierno saldrá del palacio de La Moncloa donde vive, a bordo de un coche oficial, presumiblemente con las lunas tintadas (…) No sabemos si el cuadro se completará con el presidente a bordo de ese coche oficial. Lo que sí sabemos es que no hay dictador a desenterrar que pueda tapar las miserias de la situación en que se encuentra el presidente y todo su entorno”. Declara conocer “de forma fehaciente”, aunque nadie lo ha probado, que Gómez “ha intervenido en la adjudicación de contratos públicos a costa del contribuyente”. Preguntado sobre inmigración, sostiene que “España vive una crisis migratoria sin precedentes” -ningún dato lo corrobora- porque las fronteras son un “coladero” y el Gobierno “no las defiende”.

Miércoles, 3. Visita a Granada. La ocurrencia del día sobre el presidente y su mujer: “Son los Kirchner de España”.

Jueves, 4. Comienza el día en Antena 3 con Susanna Griso. Arremete contra el Gobierno por su “discurso populista de atacar a los jueces” con “señalamientos directos”. Un minuto después, es él quien denuncia un “hilo directo desde Ferraz y desde La Moncloa hasta el Tribunal Constitucional”, cuyos magistrados “siguen instrucciones” para rebajar las penas a los condenados por los ERE de Andalucía. Ante una pregunta sobre inmigración, se apunta al discurso de Vox: pide movilizar a la Armada “en los países de donde parten esos cayucos” a fin de “defender nuestras fronteras”. Cuando llega al Congreso para intervenir en defensa del pacto sobre el Poder Judicial -su discurso será más bien un alegato contra el PSOE-, el incendio está servido.

Viernes,5. Begoña Gómez, ante el juez, “un día negro para nuestra democracia”, ilustra en un discurso a la dirigencia del PP de Valladolid. Critica el dispositivo de seguridad en el juzgado. Acusa a Gómez de “intentar impedir esta comparecencia”. Defiende que “tendrá que explicar lo que pasa en la casa de los Sánchez-Gómez, que es la casa de todos los españoles”. La negativa inicial de la mujer del presidente a declarar porque no le habían informado de una nueva querella tiene una lectura clara: “El que calla otorga”. “Probablemente las explicaciones que podía dar no están al alcance de salir de ese juzgado impune”, remacha.

En un momento de su intervención, una sonrisa lo ilumina. Llega el chiste del día. Sánchez había anunciado la víspera la creación de un laboratorio de ideas en el PSOE de nombre Avanza, y Tellado propone rebautizarlo como La Banda. Sugiere un “organigrama”: “De directora y encargada de contratación, una tal Begoña Gómez; de relaciones internacionales, su propio hermano, David Sánchez [domiciliado en la localidad portuguesa de Elvas]; director de finanzas, Koldo García; asesor jurídico, Álvaro García Ortiz, y presidenta de honor, inexcusablemente, Magdalena Álvarez [exministra y exconsejera andaluza, parcialmente exonerada por el TC en el caso de los ERE]”.

La conclusión es que el PSOE está inmerso en “una trama de corrupción de dimensión incalculable”. Y en un alarde final de capacidad deductiva, Tellado revela el motivo por el que Sánchez “quiso ser presidente a toda costa”: “Porque necesitaba todos los resortes del Estado a su disposición para proteger a su Gobierno y a su entorno familiar de la justicia”.

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Viendo el espectáculo cualquiera diría que allí se estaba poniendo fin a cinco años y medio de anomalía constitucional, en el que el órgano de gobierno de los jueces se aferró a un mandato legalmente caducado. Lo que PSOE y PP presentaron como un gran éxito solo logró el respaldo de Cristina Valido, la diputada de Coalición Canaria, y del socialista expulsado José Luis Ábalos. Hasta el socio minoritario del Gobierno, Sumar, rehuyó el apoyo y se quedó en la abstención, en la que lo acompañaron el PNV y un incondicional del bloque de la derecha, UPN. El variopinto frente del no lo engrosaron Vox, Junts y Podemos, mientras que ERC, EH Bildu y BNG boicotearon la votación “para no participar en esta farsa”, en palabras del gallego Néstor Rego. Ni siquiera votó Pedro Sánchez, reunido en La Moncloa con el candidato a presidir el Consejo Europeo, el ex primer ministro portugués António Costa.

En las calles próximas al Congreso se captaba antes del mediodía una premonición de lo que esperaba dentro. Una camioneta paseó por la zona mientras se celebraba el pleno mostrando grandes carteles de la plataforma ultracatólica Hazte Oír con insultos al presidente de Gobierno y su mujer, y llamando a concentrarse este viernes ante los juzgados de Madrid donde prestará declaración Begoña Gómez como investigada. Ya en el hemiciclo, las intenciones del PP quedaron claras cuando se vio que el elegido para abrir el debate era Tellado. El portavoz popular llegaba de calentar motores en Antena 3, donde pidió la intervención de la Armada para frenar la inmigración y colocó una ocurrencia más sobre la esposa de Sánchez, a la que ha venido dedicando un chiste diferente cada día como parte de lo que llama la “semana fantástica de la corrupción del PSOE”.

En la tribuna de oradores, Tellado se reprimió de sacar el asunto de Begoña Gómez. Por lo demás, todo su discurso consistió en una sucesión de descalificaciones al PSOE. Su tesis fue que el “populismo de Sánchez” aspira a “un poder sin límites”, pero que “ha encontrado por fin sus límites: la UE, la Constitución y el PP”. Glosó las medidas contenidas en la reforma legislativa para reforzar la independencia de los jueces, como los obstáculos a las puertas giratorias entre la magistratura y la política. Y concluyó con un mensaje para los sectores de la derecha reacios al pacto con los socialistas: “Esto no es un balón de oxígeno al Gobierno, sino a la justicia para garantizar su independencia”.

“Parece que el pacto le da vergüenza”, le replicó el socialista Patxi López, antes de añadir sus propias dosis de malicia: “Igual es que algunos o algunas [el pronombre femenino pronunciado con gran retintín] están enfadados y usted viene aquí a disimular”. López sostuvo que el acuerdo entre los dos grandes partidos abre una “rendija” por la que podrían colarse más. El portavoz del PSOE puso dos sobre la mesa, ambos muy conflictivos para el PP: la renovación del pacto de Estado sobre la violencia de género ―que enfrenta a los populares con Vox― y otro para el reparto de menores inmigrantes. Sobre esto último también reclamó la canaria Valido “altura de Estado” a los partidos ante la situación que vive el archipiélago.

Sumar hizo equilibrios entre su apoyo a la fórmula para poner fin a la anómala situación del CGPJ y la distancia respecto a algunos de los acuerdos. Su portavoz de justicia, Enrique Santiago, criticó que se haya encargado al Consejo revisar el sistema de elección de sus miembros, cuando “no tiene competencias para ello”, y que el PSOE haya aceptado nombrar para el Constitucional al magistrado José María Macías, con un currículo de feroces críticas al Gobierno.

De los grupos soberanistas, el PSOE no recibió una palabra amable y escuchó descalificaciones muy gruesas contra miembros del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional por su hostilidad a la ley de amnistía. La más ruidosa, como de costumbre, fue Míriam Nogueras, de Junts, que, entre las protestas del PP, denunció la existencia de una “mafia togada” que “prevarica”. La portavoz de Carles Puigdemont en Madrid vaticinó que los planes de regeneración anunciados por Sánchez serán “papel mojado”.

Rego, del BNG, habló de “jueces fascistas”. Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, señaló que la magistratura ·”se ha autoerigido en pilar fundamental del régimen del 78″ con el objetivo de “criminalizar” a “cualquiera que intente sobrepasar sus límites”. Con el frenazo en el Supremo a la amnistía, abundó Ione Belarra, de Podemos, “la derecha judicial ha querido demostrar que manda más que este Congreso”. Rufián se centró en el pacto PP-PSOE, que “juegan a odiarse, pero para las cosas de comer, para el reparto del Estado, se ponen de acuerdo”.

De entre los aliados del Gobierno solo el PNV evitó la confrontación con los jueces. Es más, defendió, como la derecha, que deberían ser ellos quienes eligiesen el CGPJ. Su diputado Mikel Legarda dejó constancia de que su formación no fue consultada para el acuerdo y anunció su abstención.

Al PP también le tocó escuchar lo suyo de boca del aliado en autonomías y municipios. Pepa Millán, de Vox, lo acusó de “salir al rescate del Gobierno” y “legitimarlo” después de haberlo denunciado en Europa por “autócrata”. Y deploró que se hubiese recurrido a la mediación de Bruselas para negociar el acuerdo, “como si España fuese un Estado fallido”.

Este es el clima en que, a lo largo de este mes, se tramitará la reforma de la ley del Poder Judicial, tanto en el Congreso como en el Senado, y se votarán los nombres de los 20 nuevos vocales del CGPJ. Un pacto de Estado entre improperios.

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Los socialistas presentarán este jueves ante el Congreso el acuerdo largamente anhelado, que pone fin a cinco años y medio de anomalía constitucional y de guerra abierta contra el Gobierno por parte de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las Cortes abren el proceso que, a finales de mes, concluirá con la renovación del órgano de gobierno de los jueces y el nombramiento de un grupo de vocales mucho más equilibrado ideológicamente.

En la política española todo acaba siendo turbulento, y la jornada parlamentaria tampoco se presenta plácida para los socialistas. Los populares llegan de nuevo con la megafonía a todo volumen pregonando de la mañana a la noche supuestos desmanes del Ejecutivo. Y todo indica que el PSOE también escuchará reproches de sus aliados habituales, molestos precisamente por haber cerrado un acuerdo con el PP. Incluso su socio de Gobierno, Sumar, se limitará a abstenerse, pese a haber dado su anuencia al pacto, por la presión de algunas de las formaciones que lo integran, reacias al voto favorable.

El periodo ordinario de sesiones de las Cortes finalizó ya con el mes de junio, pero la cuestión pendiente del Poder Judicial deparará un julio inusualmente atareado en ambas Cámaras. Una vez que el pleno del Congreso tome en consideración este jueves la reforma pactada por los dos grandes partidos, volverá a debatir dentro de una semana las eventuales enmiendas a la totalidad que se presenten. Luego queda pendiente la aprobación del texto final en comisión, su ratificación de nuevo por el pleno y su envío al Senado, que prevé sancionarlo definitivamente el último día del mes. Por el medio, ambas cámaras deben ratificar los nombramientos de los 20 nuevos vocales acordados por PP y PSOE. La Cámara alta designará los 10 suyos el día 18 y la baja, el 23.

La reforma legislativa que se pone en marcha contempla una serie de medidas destinadas teóricamente a mitigar la exposición del Consejo y la de la justicia en general a los cabildeos políticos. No podrá ser nombrado fiscal general del Estado ni tampoco vocal del órgano de gobierno de los jueces nadie que haya ostentado cargos políticos en los cinco años anteriores. Y en sentido contrario, los jueces que hayan pasado por la política no podrán volver a su profesión hasta transcurridos dos años. Los nombramientos de magistrados del Supremo, que decide el CGPJ, deberán tener el respaldo de los tres quintos de sus vocales, lo que obliga al acuerdo entre conservadores y progresistas.

Interpretaciones dispares

PP y PSOE ni siquiera interpretan igual el contenido del acuerdo. Los populares sostienen que han logrado imponer la condición que durante casi dos años habían pretextado para bloquear la renovación: que los miembros del CGPJ los elijan directamente los jueces (ahora los candidatos son propuestos inicialmente por las asociaciones judiciales, pero la selección final corresponde a los partidos). Lo cierto es que lo único que dice el texto acordado, en su disposición adicional, es que el propio Consejo presentará en seis meses a las Cortes una propuesta de nuevo sistema de elección refrendada por tres quintos de los vocales.

Estas diferentes lecturas prefiguran que votar juntos no impedirá que prosiga el choque dialéctico entre los dos grandes partidos. Y es seguro que los socios habituales del PSOE reiterarán los reproches que vienen repitiendo. La atmósfera llega caldeada además por la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a los delitos de malversación por el procés. Las críticas por parte de la izquierda y los grupos soberanistas han sido durísimas, incluidas acusaciones directas de prevaricar contra el alto tribunal por ignorar la inequívoca voluntad del Parlamento de amnistiar esos delitos.

El Ejecutivo tampoco podrá ofrecer una imagen unitaria. Aunque Sumar participó indirectamente del acuerdo, al proponer a través del PSOE dos de los nombres de los futuros vocales, no dará su respaldo a la reforma legal. La apuesta por un “sí crítico” de las formaciones mayoritarias de la coalición —el grupo de Yolanda Díaz, Más Madrid e IU— tropezó con la negativa de Compromís, Més y Chunta Aragonesista. Tras dos días de debate interno, acordaron abstenerse.

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El voto en las ciudades gallegas fluctúa entre unas citas electorales y otras. A Coruña es un ejemplo claro. En esta urbe de alcaldesa socialista, la segunda de Galicia, el PP es la fuerza más votada, pero sus apoyos oscilan desde el 46% que alcanzó en las autonómicas de 2020 hasta el 36% de las municipales de mayo. Al PSdeG-PSOE le fue mucho mejor en esos comicios locales (31%) que en las anteriores gallegas (18%), y al BNG al revés, con un 25% de votos en la carrera a la Xunta y un 13% cuando lo que está en liza es el Ayuntamiento.

La nacionalista Ana Pontón alertó este martes desde Burela (Lugo) de que el resultado del domingo depende de muy pocas papeletas. “Un puñado de votos va a decidir hacia dónde va la balanza, hacia el pasado o hacia el futuro”, advirtió. Con unos sondeos que pronostican un techo histórico para el BNG, su candidata se dirigió a los indecisos que no tienen convicciones soberanistas: “Soy su candidata, no importa lo que hayan votado en otras elecciones. Hay muchas maneras de sentirse gallego y todas son necesarias para poner en marcha la Galicia que soñamos y merecemos”. Con las revelaciones sobre los contactos del PP con el partido de Puigdemont aún coleando, la favorita para liderar la alternativa de la izquierda insiste en que estas elecciones “van de los gallegos y las gallegas, no de las batallitas madrileñas, no van de crispación, no van de un premio de consolación para Feijóo o de una reválida de Sánchez”. El socialista José Ramón Gómez Besteiro, por su parte, ve a Feijóo en “periodo de descuento”.

Nunca había estado Sánchez en Galicia tantas veces en tan poco tiempo. En este último mes, ha presidido la convención política de su partido en A Coruña, ha anunciado carga de trabajo en el astillero de Ferrol y ha mitineado en Lugo. Eso solo en precampaña. Después, ha pedido el voto en las ciudades de Ourense, Vigo, A Coruña y Santiago. Este jueves tiene previsto otro acto en A Coruña y el viernes cerrará la campaña en Santiago. Con Besteiro también se está volcando José Luis Rodríguez Zapatero, que este martes reforzó al candidato en Lugo.

Feijóo ha encabezado su propia caravana electoral al margen de la de su candidato, Alfonso Rueda, por pueblos y ciudades. Se espera que su implicación en esta batalla electoral se mantenga hasta la última jornada, aunque el partido aún no ha aclarado las plazas concretas en las que se centrará. La presencia de Díaz ha sido menor, pero, ante unas encuestas que no le garantizan a Sumar la entrada en el Parlamento gallego, la vicepresidenta segunda del Gobierno estará entre jueves y viernes en Santiago, Vigo y Pontevedra. Acudirá en apoyo a su candidata, Marta Lois, quien insiste cada día en que su formación es la que disputa al PP dos escaños en las provincias más pobladas —A Coruña y Pontevedra—, por lo que resulta imprescindible para forjar una alternativa de izquierda. Abascal, por su parte, viajará este miércoles a Ferrol, el jueves se desplazará a Vigo y clausurará en A Coruña.

A pesar de las escasas posibilidades que le conceden las encuestas, Vox también ha pisado el acelerador en estos últimos días, con la presencia de su secretario general, Ignacio Garriga. La extrema derecha confía en sacar partido de las confesiones del PP sobre sus contactos con Junts y su disposición a indultar a Puigdemont bajo ciertas condiciones. Por ahí atacó Garriga en Ferrol, donde insistió en denunciar la “gran estafa” del PP por sus tratos ocultos con el independentismo. “No entendemos qué es lo que hay que hablar con unos delincuentes, unos malversadores, unos golpistas, unos políticos que han cometido los peores delitos que puede cometer un político”, declaró.

Feijóo trata de zanjar la controversia sobre sus contactos con Junts e insiste en lo que se ha convertido en el gran mensaje de campaña del PP: alertar de las hipotéticas consecuencias de un Gobierno encabezado por el BNG. El líder popular defendió este miércoles en Oroso (A Coruña) que “votar al PSOE es lo mismo que votar al BNG” y sostuvo que el próximo domingo “Galicia se juega meterse en el club de las comunidades autónomas soberanistas”.

Tras el debate de la semana pasada en TVG, este miércoles toca en TVE, aunque con un elenco ciertamente anómalo. Solo estarán Pontón y Besteiro, los dos candidatos que dan por hecho que pactarán si el PP cede la mayoría y que llevan toda la campaña aplicando una especie de pacto tácito de no agresión. El popular Alfonso Rueda ya anunció días atrás que dejaría la silla vacía. Sigue insistiendo en que está dispuesto a batirse en un cara a cara si las fuerzas de la oposición se ponen de acuerdo en un contrincante. Pero la Cadena SER le propuso la pasada semana un duelo con Pontón y también lo rechazó.

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La decisión del alto tribunal no ha sorprendido a nadie en el Congreso. El PP llevaba tiempo dando por hecho que la justicia no aplicaría la amnistía. Alberto Núñez Feijóo lo anticipó cuando se aprobó definitivamente en la Cámara y en los últimos días los populares insistían en el vaticinio para atacar al Gobierno. En la sesión de control del pasado miércoles, Cayetana Álvarez de Toledo se amparó en un artículo en El Mundo del catedrático Enrique Gimbernat para proclamar que “la malversación no es amnistiable” e ironizar ante el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños: “Confiésele a Puigdemont que le vendió una amnistía fake”.

Pese a la falta de sorpresa, el contenido del auto redactado por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, fue recibido con indignación en el bloque de partidos que sostienen al Gobierno. Marchena no solo enmienda la plana al Congreso en la interpretación del delito de malversación, sino que se permite introducir comentarios sobre la “precipitación” con que se aprobó la ley, los cambios introducidos durante su trámite o lo “extenso” de su preámbulo.

En público, los socialistas han evitado cualquier comentario que pudiera interpretarse como un choque con el Supremo. No así sus socios de Gobierno. El más duro fue Pisarello, con cargo institucional en la Mesa y miembro de los comunes: “Si [los jueces del Supremo] tienen dudas, planteen cuestiones de constitucionalidad. Y si quieren hacer política, se presentan a las elecciones. Pero lo que vimos en estas decisiones es una auténtica vergüenza desde el punto de vista jurídico”.

Los dos grupos independentistas catalanes tampoco hicieron valoraciones en el Congreso y se remitieron a los airados reproches formulados por sus jefes en Cataluña. Las dos formaciones vascas sí entraron a la crítica. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, compartió en X un hilo muy comentado del profesor de Derecho José Luis Martí, con acerbas críticas al Supremo, y añadió una cita del jurista francés del siglo XVII Arnaud Oihenart: “El juez soberbio retuerce la ley como quiere”. La dirección de los nacionalistas vascos recriminó que “en el momento en que empezaban a darse pasos en positivo hacia la despolitización de la justicia”, el Supremo actúe “en dirección opuesta”.

Mucho más expeditivo se mostró el portavoz de justicia de EH Bildu, Jon Iñarritu. “Es una prevaricación de libro, incluso con alegatos de apología de la misma, aplicando principios contrarios al derecho en una interpretación torticera de la que hacen gala. Prevaricación con orgullo”, declaró. Iñarritu opinó que el Supremo no solo se mueve por “ánimo de venganza contra el independentismo catalán” sino que “actúa contra el actual Gobierno”. Y en ese sentido aludió a la necesidad de plantear medidas para hacer frente a la “derechización de la justicia”.

En una línea parecida, el BNG reclamó al Gobierno “medidas de regeneración democrática reales” ante la constatación de “la existencia de lawfare [guerra judicial o judicialización de la política]”. “Los jueces y juezas deciden intervenir políticamente, cosa que es tremendamente escandalosa”, afirmó un portavoz de los nacionalistas gallegos en el Congreso. Los diputados de Podemos denunciaron asimismo que el Supremo ha decidido ignorar una ley “emanada del poder legislativo”, aunque aprovecharon para criticar al PSOE por el acuerdo con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial e insistieron en su tesis de que ese pacto consagra “una Gran Coalición que rompe la mayoría democrática”, en palabras de Irene Montero. La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que apoyó la investidura de Pedro Sánchez pero votó contra la amnistía, declinó hacer comentarios.

En el PP todo fueron muestras de satisfacción, al igual que en Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, ya había tuiteado el lunes comentando la decisión del Supremo: “Un poco de decencia en medio de tanta ignominia”.

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Esta legislatura que lleva siete meses al ralentí ha consumado otro hito. El primero y más importante fue la ley de amnistía, condición inexcusable de los compañeros de viaje del Gobierno. El acuerdo sobre el CGPJ, aunque nada aporta para soldar la frágil base parlamentaria del Ejecutivo ―más bien ha incomodado a algunos aliados―, fija un mensaje, como destacan voces gubernamentales: la aceptación tácita por parte del PP de que la legislatura sobrevive.

“El planteamiento es que el Gobierno está tan débil que presionando sin parar se derrumbará”, explicaba, semanas atrás, un diputado popular escéptico con esa estrategia. Eso era antes de las elecciones europeas. El 9-J constituyó un triunfo para el PP, pero no remató a Sánchez, como muchos esperaban. Ahora, en el equipo de Feijóo insisten en que el Gobierno carece de mayoría estable incluso para aprobar Presupuestos, a la vez que admiten lo improbable de un desplome inminente. Y se preparan para una batalla más larga. Se dicen dispuestos a pactar los equipos dirigentes del Banco de España y las comisiones reguladoras de la competencia y el mercado de valores. Fuera de eso, pese a que la tensión se haya relajado un tanto, no hay indicios de un cambio drástico en la oposición. “¿Cómo vamos a cambiar si imputan al fiscal general del Estado o si la mujer del presidente va a declarar como imputada?”, advierten en el entorno de Feijóo.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el miércoles “el pistoletazo de salida” a los Presupuestos, con la publicación de una orden para que los distintos departamentos transmitan sus previsiones. Más allá del gesto, todo el mundo asume que las cuentas son una quimera mientras no se aclare la situación en Cataluña. “Si nos llaman ahora por esto, ni le cogemos el teléfono”, afirma un diputado independentista. ERC no se moverá hasta que no se decanten las negociaciones sobre la eventual investidura del socialista Salvador Illa. Junts, desplazado de ese foco, manda mensajes cada vez más duros en cuestiones como el reparto de menores inmigrantes o medidas económicas sobre las que el Ejecutivo los ha sondeado discretamente.

“Hasta el 26 de agosto [cuando expira el plazo en Cataluña para formar gobierno] no sabremos si podemos salir de este bucle”, admite un miembro del Ejecutivo. “Salir del bucle” equivaldría a despejar los Presupuestos y activar el programa de la coalición. Sumar lo espera con especial anhelo, necesitado de remontar el vuelo de sus fracasos electorales y líos internos. El problema es que ERC no se baja de su exigencia de una financiación similar al cupo vasco, un asunto susceptible de destapar la caja de los agravios por las cuatro esquinas del país. Compromís y Chunta Aragonesista, asociados a Sumar, ya amenazan con retirar su apoyo al Gobierno.

Si el PSOE mantuvo al corriente a Sumar de las negociaciones sobre el CGPJ capitaneadas por el ministro Félix Bolaños, los aliados parlamentarios quedaron al margen. Incluido el PNV, que había colocado un vocal en el Consejo saliente. Mientras en público evitaban la crítica, los nacionalistas vascos ―coincidencia o no― facilitaron el jueves en el Congreso la aprobación de declaraciones del PP sobre la carencia de profesionales sanitarios y la relación del Gobierno con las Cortes, presentadas por los populares como parte de su estrategia de desgaste. Malestares al margen, el apoyo de los dos grupos vascos está garantizado. En el caso de EH Bildu, su portavoz de Justicia, Jon Iñarritu, lo verbalizó claramente en ETB: “Estamos en desacuerdo, pero no creemos que este hecho puntual haya que unirlo al resto de la legislatura”. La denuncia de Podemos de que se ha instaurado la “gran coalición PP-PSOE” no es tomada en serio por casi nadie entre los demás aliados.

Aun en el caso de repetición electoral en Cataluña, que tornaría inviables los Presupuestos por segunda vez, la voluntad de los socialistas es continuar a pesar de todo. Confiados, más que nada, en la incompatibilidad entre la derecha y los soberanistas. “Malmenorismo”, lo llama el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

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En Bruselas, el vicesecretario del PP Esteban González Pons se acababa de felicitar por que el acuerdo con el Gobierno permitirá acabar con las “puertas giratorias” entre la justicia y la política. Para ilustrar casos así difícilmente podría encontrar Pons un ejemplo mejor que el de su paisano, antiguo compañero en el Gobierno valenciano y ahora en el grupo popular del Congreso Fernando de Rosa. Porque el mismo De Rosa que lanzaba en el hemiciclo, indignado y a voz en grito, su diatriba contra el Gobierno por la “politización de la justicia” se ha pasado buena parte de su carrera en un trajín de ida y vuelta entre la política y la justicia.

De Rosa (Valencia, 64 años) militó desde joven en la vieja Alianza Popular, partido en el que introdujo al que luego sería presidente autonómico Francisco Camps. Al tiempo desarrollaba su carrera en la judicatura, que le llevó a ejercer como juez decano de Valencia. En 2003, con su amigo Camps ya de presidente de la Generalitat, fue reclutado como secretario de Justicia del Gobierno autónomo. En la legislatura siguiente ascendió a consejero. Estuvo poco más de un año en el cargo, porque el hombre que ahora se subleva contra el nombramiento de “adictos al régimen” de Pedro Sánchez fue promovido en 2008 por el PP a vocal del CGPJ a sugerencia de Camps.

Este magistrado-político que el pasado martes proclamaba en el hemiciclo que “hoy en España lo revolucionario es hablar de independencia del Poder Judicial y de calidad democrática” escaló hasta la vicepresidencia del Consejo y llegó a ejercer la presidencia interinamente en 2012 tras la dimisión del titular, Carlos Dívar, por un escándalo de cobro indebido de dietas. El De Rosa que deplora en el Congreso “las acusaciones del Gobierno a los jueces” protagonizó entonces una fuerte controversia por arremeter contra Baltasar Garzón cuando este investigaba la corrupción del PP. Sobre Camps, en cambio, solo tenía buenas palabras: “Gran presidente” y “absolutamente honorable”.

En 2014, cesó en el CGPJ y regresó a la carrera judicial, en la que ascendió a presidente de la Audiencia Provincial de Valencia. Hasta que desanduvo el camino de nuevo. En 2019 sintió otra vez la llamada de la política y fue elegido senador en las listas del PP. En las elecciones del pasado año pasó de la Cámara alta a la baja, donde ejerce como vicepresidente de la Comisión de Justicia.

Ese permanente vaivén en la puerta giratoria no impide que De Rosa se sienta con autoridad para criticar comportamientos similares a los suyos, siempre, eso sí, que se trate del equipo rival. En un pleno del Senado, en julio de 2022, tachó de “fraude” los nombramientos como fiscales generales del Estado de Dolores Delgado y de Álvaro García Ortiz, en el primer caso por haber sido antes miembro de un Gobierno, igual que él, y en el segundo por mucho menos: participar en una mesa redonda sobre incendios forestales organizada por el PSOE en Galicia. A García Ortiz dedicó la parte más abrupta de su abrupto discurso del martes. Tras acusarlo de dirigir una “entidad politizada”, remachó: “Es el ejemplo de lo nocivo, de lo sucio, de la cloaca de este país”. Frente a eso, presentó al PP como garante de la “independencia de la justicia” y la “despolitización de la Fiscalía”. “Los españoles deben saber que hay esperanzas de regeneración”, animó. La bancada popular le dedicó una prolongada y entusiasta ovación. De Rosa ha declinado ofrecer explicaciones para este reportaje.

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Hubo declaraciones solemnes, el consabido “día histórico” que certificó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, o una jornada para figurar en los “momentos estelares del parlamentarismo”, en palabras de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Otros que también la apoyaron, en cambio, rebajaron su trascendencia, como Pilar Vallugera, de ERC, que la despachó como un “trámite” ya que responde a la obligatoriedad de adaptar una directiva europea. La llamada Ley de Representación Paritaria y Presencia Equilibrada entre Hombres y Mujeres tiene carácter orgánico, por lo que requería de la mayoría absoluta de la Cámara, 176 diputados. Obtuvo un voto más, 177, ya que faltaban dos diputados del bloque de investidura, uno de ellos el propio Sánchez, ausente por el fallecimiento de su suegro.

El fervor por la aprobación de la ley prendió mayormente en las filas socialistas. Además de la ministra, su portavoz en este asunto, Andrea Fernández, sentenció que la norma pondrá fin a la “exclusión sistemática de las mujeres en el acceso al poder”. “Cuando más de la mitad de la población no puede acceder en condiciones de igualdad a los espacios de influencia, las libertades no son tales”, apuntó la diputada. Tanto el socio minoritario del Gobierno como los aliados parlamentarios previnieron, sin embargo, contra el peligro de que prevalezca esa “mirada elitista”, en expresión de Esther Gil de Reboleño, de Sumar, y “se olviden del resto de las mujeres”. “La igualdad tiene que estar presente en todos los rinconcitos de la sociedad y no solo en las altas esferas”, alertó la diputada, un aviso en el que coincidieron otras como Bel Pozueta, de EH Bildu, o Ione Belarra, de Podemos.

Algunos grupos echaron en falta medidas más amplias. Joseba Agirretxea, del PNV, lamentó que haya quedado fuera el Ejército, y Vallugera, de ERC, los órganos dirigentes de los partidos, además de que se haya renunciado a imponer sanciones a las entidades que incumplan la ley. El PNV, en cambio, logró eximir de la obligación paritaria a las candidaturas electorales en municipios de menos de 3.000 habitantes, en los que ese requisito podría ser un impedimento para elaborar las listas, como explicó Agirretxea. Pilar Calvo, de Junts, tras felicitarse por haber logrado introducir una referencia al “derecho a la maternidad de las deportistas”, glosó los avances femeninos gracias a la implantación de cuotas: “Las mujeres estamos hartas de defender las cuotas, pero sin ellas no habríamos llegado hasta aquí”.

La firma, el pasado martes, del acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desatado las especulaciones sobre una posible suavización del discurso opositor del PP. Nada más lejos de la postura en el debate sobre la paridad expresada por el popular Jaime de los Santos. El diputado señaló que la ley prueba que el PSOE se ha convertido en una organización de “extrema izquierda” que “instrumentaliza a las mujeres”. Más allá del contenido de la norma, De los Santos se detuvo en la “maniobra trilera”, como la había definido antes el diputado de UPN Alberto Catalán: la introducción de una enmienda, totalmente ajena al asunto que regula la ley, para impedir que el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, tenga la última palabra sobre el techo anual de gasto público. De los Santos enfatizó que el Tribunal Constitucional ha censurado esa atípica técnica legislativa, así como los letrados del Senado. Y dejó caer que su partido denunciará por prevaricación a las representantes del PSOE que impulsaron la enmienda. Esta insinuación indignó a la socialista Andrea Fernández, quien cargó contra las “bravuconerías” del diputado popular y lo reprendió: “Deje de amenazar a mis compañeras”.

El discurso más nítido contra el corazón de la ley llegó, como cabía esperar, de las filas de Vox. Así lo expresó su diputada Rocío Aguirre: “Como mujer me parece humillante que se me valore por una cuota y no por mi capacidad ni mi mérito”. La ley, según Aguirre, no persigue la igualdad, sino “imponer un tipo de vida”, además de un “ataque frontal a la libertad de empresa” y una “degradación de la vida personal y profesional de la mujer”.

También con el bloque de investidura el Gobierno sacó adelante otra ley, la que crea una autoridad independiente para la investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y aéreos, rechazada igualmente por el PP. Por el contrario, otras dos votaciones mucho menos trascendentes, de contenido meramente declarativo, volvieron a poner de manifiesto la complicada vida parlamentaria del Ejecutivo. Los populares consiguieron aprobar una proposición no de ley que reclama medidas urgentes para paliar la carencia de profesionales sanitarios y una moción que exige “respeto” a las Cortes Generales.

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Fue el diputado republicano Francesc-Marc Álvaro el encargado de defender la propuesta para impulsar el reconocimiento a un género que “forma parte de la educación sentimental” de varias generaciones. “Hablamos de uno de los géneros musicales más importantes nacidos en Europa en el siglo XX”, subrayó Álvaro, quien detalló su origen en la comunidad gitana barcelonesa y el particular sello de la rumba catalana como producto de un encuentro entre culturas: “Es una fusión de palos que provienen del flamenco, de sonidos antillanos, del mambo comercial, del rock y de la poesía callejera de las comunidades gitanas. Es una música de barrio que se vuelve universal, nacida del dolor y de la alegría, de las juergas y las celebraciones”. Y que se canta, agregó, en cuatro idiomas: castellano, catalán, caló y francés.

El debate pasó por alto la controversia suscitada el pasado año sobre si la denominación debe ser rumba catalana o española. Ni siquiera Vox discutió la atribución a Cataluña del género musical, aunque presentó una enmienda para dejar claro que es parte de España. “Nos congratulamos de que los grupos separatistas estén a favor de esta forma tan representativa de la música española”, dijo el diputado Joaquín Robles. Pero, como ERC rechazó su enmienda, la extrema derecha fue el único grupo que se abstuvo. Álvaro había evocado unos versos de Peret en su intervención. Con propósitos más hirientes, Robles le replicó con uno de los estribillos más conocidos del desaparecido cantante: “Borriquito como tú, que no sabes ni la u...”.

Fuera de ese mínimo rifirrafe, el asunto concitó una poco habitual concordia entre las formaciones políticas, aunque cada uno tratase de llevarlo a su terreno. El socialista Josep Paré, así como Nahuel González, de Sumar, subrayaron que la rumba es una prueba de lo provechoso del “mestizaje cultural”. Nacho Martín, del PP, echó en falta que la iniciativa incidiese más en el “pluralismo cultural” de la sociedad catalana. Por el contrario, Eduard Pujol, de Junts, reprochó que ERC no hiciese más hincapié en las cuestiones “identitarias”. Fueron matices, en todo caso, así como dos enmiendas técnicas presentadas por los socialistas y los populares, que, estas sí, fueron aceptadas por Esquerra, lo que contribuyó a la casi unanimidad con que salió adelante la iniciativa.

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—Repita conmigo, señor Bolaños: los jueces elegirán a los jueces.

Ni Cayetana Álvarez de Toledo, que conminaba así al ministro de Presidencia y Justicia, se sustrajo al ambiente triunfal que los populares trataron de construir este miércoles en el Congreso. La representante del ala más aguerrida del partido, feroz combatiente hasta ahora contra cualquier clase de entendimiento con el sanchismo, no llegó a tanto como su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que comenzó su intervención de esta guisa: “Viendo las caras de los miembros del Gobierno, parece que se les ha muerto el gato”.

Álvarez de Toledo se dirigió a Félix Bolaños con el aire displicente de quien ha conseguido que su adversario muerda el polvo. La tesis de la diputada era que el PP ha logrado imponer que los miembros del CGPJ sean elegidos por los jueces y no por los políticos. Bolaños evitó tensar la cuerda y no se lo desmintió directamente, aunque le recomendó leer la parte del acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y los populares que simplemente remite a una futura propuesta del propio Consejo para reformar el sistema de elección de sus miembros. Dicho esto, el ministro no perdió la ocasión de recordar que hasta hace unos días Álvarez de Toledo proclamaba que el PP no iba a “entregar el Poder Judicial”.

El primer gran acuerdo entre los dos principales partidos en seis años de mandato de Sánchez tuvo un cierto efecto calmante sobre el estado de hiperventilación que suele reinar en el Congreso. Aunque no tanto como para que ambas partes se olvidasen de todo lo que se han dicho estos años. Feijóo y Álvarez de Toledo ironizaron con que el Gobierno ha pactado con lo que descalificaba como “extrema derecha”. Y Bolaños ironizó con que los populares han pactado con lo que vilipendiaban como “una pandilla de autócratas, de dictadores, de bilduetarras…” La cosa quedó en empate.

Feijóo había abierto la sesión colgándose la medalla por el acuerdo. Llegó a decir que supone lo mismo que él venía proponiendo y que lo hubiese firmado ya hace dos años, pese a que lo rechazado entonces y lo acordado ahora se diferencian apenas en matices. Según él, ahora han sido “las instituciones europeas” las que han forzado a Sánchez. “Hemos conseguido poner límites a la voracidad del Gobierno de controlar las instituciones del Estado”, se jactó. Al mismo tiempo se esforzó en dejar claro que este entendimiento no implica que vaya a ceder en su ímpetu opositor. Para ello, retornó a las alusiones a la esposa del presidente y situó dos nuevos objetivos. Uno, el fiscal general del Estado, a quien tildó de “abogado de la familia” de Sánchez. Y otro, el Tribunal Constitucional, sobre el que formuló la siguiente solicitud: que Sánchez dé “instrucciones” a sus magistrados, puesto que, según él, le deben “obediencia,” para que dejen de “exculpar a los socialistas condenados por corrupción”, en alusión al caso de los ERE.

El presidente también eligió la displicencia. “La perra gorda para usted”, espetó a Feijóo tras haber minimizado sus acusaciones como “aspavientos para calmar a aquellos que le han llevado por la senda de la oposición destructiva”. Sánchez prefirió ensalzar las bondades del acuerdo, presumió de que él gobierna “para la mayoría” y remató: “Ojalá sea el primero de otros muchos”. Tampoco se olvidó de asegurar, como hace prácticamente cada semana, que agotará los tres años que quedan de legislatura.

La sesión de control evidenció que, cuando se apaguen los ecos del anhelado pacto, otro nubarrón endemoniado asoma por el horizonte amenazando con nuevas tensiones: la financiación autonómica. Por ahí fueron buena parte de los ataques de los segundos actores del PP, como Cuca Gamarra, que incidió en acusar al Gobierno de “comprar la presidencia de la Generalitat” ofreciendo a Cataluña una “financiación privilegiada a costa de los demás”. A su vez, ERC, por boca de Francesc-Marc Álvaro, reiteraba que, “sin “soberanía fiscal”, el partido independentista “no facilitará ninguna investidura”. Para añadir nuevos actores e ingredientes, Néstor Rego, del BNG, preguntó por el asunto a Sánchez y proclamó que “si alguien necesita un sistema de financiación singular, esa es Galicia”. En medio de esos charcos se movió midiendo cada paso la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destinataria de cuatro preguntas sobre el tema. Su estrategia fue asegurar que este Gobierno ha dado más dinero que ningún otro a las comunidades autónomas y defender genéricamente que se debe buscar una financiación adaptada a las singularidades de cada cual. Y, más allá de eso, no atarse a ningún compromiso concreto.

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Rajoy había transitado por su primera legislatura opositora como un eco desvaído del furioso huracán que le marcaba el rumbo desde los confines más tronantes del universo derechista. Visto que la fórmula dio en fracaso en las elecciones generales de 2008, cortó amarras, les plantó cara y arrostró desde insultos fraternales (“maricomplejines”, le llamaba el siempre liberal Losantos) hasta maniobras para descabalgarlo en favor de Esperanza Aguirre, antecedente más refinado de Díaz Ayuso. Es de suponer que Rajoy prevendría de todo esto a su paisano Alberto Núñez Feijóo cuando el PP se puso a los pies del barón gallego para que lo sacase del pozo en que lo había hundido la guerra entre Ayuso y Pablo Casado. Si lo hizo, no parece que lo convenciese para actuar como un líder “independiente”.

En su larga trayectoria el expresidente de la Xunta se ha mostrado como un político poliédrico y de criterio adaptable. Brutal en la oposición -lo fue en Galicia- y de maneras templadas en el Gobierno. Al hacerse cargo, hace dos años, de la dirección del PP, sus gestos y sus palabras apuntaban en la línea y en el talante exhibido en su época más reciente, que le habían permitido acaparar todo el espacio del centro y la derecha en Galicia. Feijóo aspiraba a neutralizar a Vox arrinconándolo como una fuerza incapaz para el gobierno y disputar al PSOE su electorado más centrista. Frente a la bisoñez de Casado, se instalaba en la calle Génova un dirigente con pretensiones de hombre de Estado.

La gran oportunidad para demostrarlo era poner fin a la anomalía del bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Feijóo estaba investido de toda la fuerza que le proporcionaba haber sido reclutado como el salvador de un partido a la deriva. Disponía de las mejores condiciones para ofrecer una demostración de autoridad y criterio propio, por mucho que el macizo de la raza conservadora lo fuese a convertir durante una temporada en blanco de sus rugidos.

Cuando todo parecía hecho, emergió de nuevo un Feijóo que ya era bien conocido de sus años de oposición en Galicia. Aquel que, bajo presión de la parroquia más centralista, se echó para atrás de grandes acuerdos apalabrados con socialistas y nacionalistas. Tampoco esta vez resistió al fuego amigo. “El PP teme la reacción de la derecha política, judicial y mediática al pacto del CGPJ”, advirtió con grandes caracteres El Mundo, dejando la duda de si el mismo periódico se incluía en la reacción descrita en su titular. Más crudo, como de costumbre, Losantos clamaba: “No se le ha traído de Galicia para esto”. Y el líder del PP se plegó.

En los últimos días, no han faltado avisos similares por parte del coro habitual, de Isabel Díaz Ayuso a Cayetana Álvarez de Toledo, que seguramente no permanecerán calladas. La trompetería bélica de Vox no se ha hecho esperar. A Feijóo le lloverán piedras, pero ha ofrecido su primer gesto real para romper amarras con quienes pretenden tutelarlo. Paradójicamente lo ha hecho en un momento en que su posición, tras el fracaso electoral del 23-J, está más debilitada que cuando no se atrevió la primera vez. Ahora habrá que comprobar si no es demasiado tarde.

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En su primer pleno parlamentario importante, el pasado 10 de enero, Sánchez y los suyos pudieron comprobar hasta qué punto el camino de esta legislatura podía resultar pedregoso. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vio cómo era derrotado su decreto que reformaba las prestaciones por desempleo. Junts no participó en la votación y al rechazo de la derecha se unió el de Podemos. Esta última formación, en pleno enfrentamiento político con su antigua compañera Díaz, alegó que, a pesar del incremento general de prestaciones, el decreto recortaba la cotización de los subsidios a los parados mayores de 52 años. Seis meses después, tras corregir ese punto y perfilar el resto de medidas con sindicatos y patronal, el decreto quedó aprobado este jueves sin ningún voto en contra. PP y Vox no fueron más allá de una testimonial abstención.

El ministro Óscar Puente concitó un apoyo aún más amplio a otro decreto, el que fija las ayudas a los jóvenes que quieran viajar este verano usando medios públicos de transporte. En su caso, solo Vox se abstuvo. La extrema derecha también se quedó sola en su intento de imponer un texto alternativo a las proposiciones de ley de ayuda a los enfermos de ELA presentadas por PP, PSOE y Junts. La Cámara dispone ahora de vía libre para, a partir de esos textos, elaborar por fin una ley que los grupos del Gobierno bloquearon la pasada legislatura frente a la insistencia de Ciudadanos para ponerla en marcha.

El Ejecutivo andaba necesitado de triunfos parlamentarios, tras los resbalones sufridos en las últimas semanas, que, entre otras cosas, le llevaron a retirar la Ley del Suelo, rechazada incluso por Sumar, el socio gubernamental del PSOE. El PP se ha lanzado a explotar al máximo las contradicciones dentro del Gobierno y de la mayoría que invistió a Sánchez, donde la izquierda convive con fuerzas como Junts o el PNV que, en ciertas cuestiones, sobre todo en lo económico, pueden coincidir con los populares.

El afán del partido de Alberto Núñez Feijóo de evidenciar las grietas dentro del llamado bloque de investidura se manifestó en este último pleno con una iniciativa que rescataba un asunto en el que los socialistas están desde hace tiempo absolutamente solos: el alineamiento de Sánchez con Marruecos frente a la demanda de autodeterminación del Sáhara Occidental. Los populares presentaron una proposición no de ley, sin valor más allá de lo puramente declarativo, pero que les permitió arrinconar a los socialistas e infligirles este jueves otra derrota parlamentaria.

El PP estuvo muy cerca de conseguirlo también el pasado martes, con una propuesta de reforma legal para endurecer los castigos a los activistas ambientales que atentan contra elementos de obras de arte famosas. Los populares arrancaron su abstención al PNV y Coalición Canaria. Junts, en cambio, se mantuvo en el rechazo junto a la izquierda. Un aplauso de alivio brotó de las filas socialistas cuando se conoció el resultado de la votación, que derrotó la iniciativa por solo dos votos de diferencia. Ese mismo día, los socialistas lograron dar luz verde a otra proposición de ley, la que prevé conceder a los funcionarios de prisiones la condición de agentes de la autoridad. Aunque para ello tuvieron que agarrarse a un asunto del agrado de la derecha y rechazado por todas las demás fuerzas de izquierda, Sumar incluido.

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Carles Puigdemont lo lanzó el lunes vía redes sociales y su portavoz en Madrid se lo dijo a la cara a Sánchez en el Congreso: “¿Solo nos merecemos el dinero que nos corresponde si usted coloca a Illa al frente del Gobierno de Cataluña? ¿Y si no que nos den a todos?” Nogueras rechazó incluso el término “financiación singular” para Cataluña que el presidente ha aceptado después de que lo planteara ERC. Según la portavoz de Junts, “se está vendiendo de forma irresponsable” como un “privilegio” lo que, a su juicio, es solo una reivindicación “justa” de “aquello que corresponde a los catalanes”. Ahí entra el viejo discurso del “expolio fiscal”. Sin emplear esas palabras, Nogueras lo ilustró con sus propias cifras: según ella, cada catalán “pierde” al año 2.700 euros, mientras cada extremeño “gana” 3.200 y cada castellano y leonés 1.800.

Sánchez delató cierta perplejidad ante la acometida y, como suele hacer cuando el independentismo saca sus pendones a flamear, caminó sobre ascuas. Reseñó que Cataluña “merece una mejor financiación, como el resto de territorios de España”. Y subrayó que ese compromiso no es de ahora, sino que ya figuraba en sus acuerdos de investidura con ERC. “Y lo voy a cumplir”, prometió. Quien no logró arrancarle ningún compromiso fue la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, tras llamar la atención sobre la “muy escasa actividad legislativa” del Gobierno. Sánchez no ofreció indicios de que pretenda acelerar en ese aspecto. Se limitó a certificar que en el anterior mandato se aprobaron más de 200 leyes “y ahora toca desarrollarlas”.

Feijóo dejó de lado el asunto de la financiación catalana, del que tampoco se ocuparon en exceso sus teloneros, más allá de alguna estocada como la de Cuca Gamarra, quien acusó al Gobierno de “comprar” la investidura de Illa “con el dinero de todos los españoles”. El gran asunto que traía el líder del PP era el frenesí tuitero del ministro de Transportes, Óscar Puente. Siempre presto a zambullirse en el barro de las redes sociales, Puente llamó “saco de mierda” a un autodenominado periodista, Vito Quiles, colaborador de Alvise Pérez y, como este, reputado difusor de bulos, algunos sobre el propio ministro. Feijóo expuso los hechos con pudor: para no pronunciar “mierda” habló de “saco de basura, por decirlo suavemente”. Esta vez no pidió la dimisión de Sánchez, pero sí la del ministro que “insulta a un ciudadano”, lo que contrapuso a los planes de “regeneración democrática” del Gobierno.

Sánchez trató de llevar al líder del PP al terreno de la negociación sobre el CGPJ. “Cada vez que se abre la opción de un acuerdo, salen sus jefes, Aznar, Abascal, Ayuso, y dicen que ni se le ocurra”, lo provocó, antes de emplazarlo: “¿A quién va a hacer caso, a sus jefes o a la Constitución?”. Feijóo rehuyó ese envite. Prefirió exponer sus propias medidas regeneradoras: que no haya militantes socialistas al frente del CIS o de RTVE, ni se pueda pasar de ministro a fiscal del Estado o magistrado del Constitucional. “No hay regeneración democrática posible mientras usted sea presidente”, concluyó.

Sobre la actuación de José Félix Tezanos al frente del CIS volvió luego el portavoz parlamentario popular, Miguel Tellado, ante el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. De nuevo quedó claro que no hay estrepitosa traca de errores del director del CIS ―en las últimas europeas pronosticó un triunfo del PSOE por hasta cinco puntos, cuando el PP venció por cuatro― que pueda mellar el apego de los socialistas a su camarada sociólogo.

Las preguntas del PP mostraron una variedad temática que no se veía desde hace meses. Sin olvidar del todo la letanía de que este es un Gobierno “hasta arriba de corrupción”, los populares se interesaron incluso por la marcha de la economía o la puntualidad de los trenes. También se acabó colando de rondón el décimo aniversario del ascenso de Felipe VI al trono. Lo sacó primero Cayetana Álvarez de Toledo. Tras reiterar su vaticinio de que España va camino de convertirse en una “democracia fallida”, la popular afeó a Vox que haya exigido al monarca que, saltándose la Constitución, se negase a sancionar la ley de amnistía. El siguiente dardo fue para los socialistas: “Sánchez pasará y la monarquía constitucional perdurará”. El contrapunto lo puso la viceportavoz de ERC, Teresa Jordà, quien remató su intervención con el lema “fora els Borbons”. Desde los escaños de la derecha se oyó un enérgico “¡viva el Rey!”, mientras Bolaños sacaba la vena más monárquica del PSOE, al proclamar, “en nombre del Gobierno”, su reconocimiento a la “transparencia, dignidad y ejemplaridad” de Felipe VI.

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Vox optó por reconocer que, efectivamente, en España se ha registrado un aumento de los ataques a personas LGTBI, pero, en una demostración de que el partido de Santiago Abascal no tiene nada que ver con eso, su diputado Manuel Mariscal dejó sentado que los culpables son la “gentuza” que llega de otros países. Mariscal protagonizó otro momento destacado cuando replicó al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien había tildado a la extrema derecha de fascista: “Si aquí hubiese 33 diputados fascistas [el mismo número que tiene Vox], usted hubiese salido corriendo o tirándose al suelo”. El diputado ultra evocó la irrupción del golpista Tejero en el hemiciclo para sostener que ningún diputado de izquierda había permanecido en su escaño, cuando fue el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, el único que lo hizo junto al presidente Adolfo Suárez y el vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado.

El debate se había originado por una propuesta del PSOE que urgía a los grupos a suscribir un gran “acuerdo de país” contra los discursos de odio. Sobre este particular nadie, excepto Vox, se mostró abiertamente en desacuerdo. La popular Uriarte anunció que el jueves su partido apoyará crear una subcomisión en la que se estudiarán medidas para poner coto a tales discursos, “pero a todos”, precisó, “no solo a los que ustedes dicen”.

El diputado socialista Víctor Gutiérrez presentó la iniciativa relatando casos de ataques contra personas LGTBI e inmigrantes. De inmediato señaló sin rodeos a Vox: “Difunden bulos vergonzosos sobre la inmigración. Y no es que hagan discursos de odio, es que son la formación del odio”. Aunque el socialista anunció su pretensión de buscar el consenso con el PP, a la vez acusó a los de Feijóo de “comprar la agenda ultra”.

Entre los grupos que apoyan al Gobierno cada uno exhibió sus agravios. Pilar Calvo, de Junts, y Néstor Rego, del BNG, coincidieron en deplorar los ataques al catalán o al gallego por lo que este último definió como el “supremacismo español”. Ione Belarra, de Podemos, denunció la “financiación pública del odio” con datos de subvenciones de la Comunidad de Madrid a digitales ultraderechistas. Marije Fullaondo, de EH Bildu, incidió en que esos discursos “se han ido asumiendo por una parte de la derecha que no era ultra”, mientras Mikel Legarda, del PNV, subrayaba que la libertad de expresión no puede “dar cobertura a los ataques contra colectivos minoritarios”. Rufián cargó contra los “equidistantes”: “Muchas de las cosas que están pasando son culpa de los indiferentes, no de los fascistas”. Esther Gil de Reboleño, de Sumar, terminó con un “alegato a favor de la ternura” tras admitir en un discurso de tintes líricos: “Me gustaría entenderles, pero no puedo. Debe de ser doloroso sentir tanto odio”. En las bancadas opuestas, Uriarte, como era previsible, reprochó al PSOE sus pactos con EH Bildu y destacó que Madrid se ha convertido en una ciudad amigable para los gays gracias al apoyo de las instituciones locales gobernadas por su partido.

El pleno del Congreso comenzó con otra maniobra de los populares para provocar una derrota parlamentaria del PSOE. El PP fue sobre seguro y eligió un tema, el Sáhara, en el que los socialistas están solos. La más dura con sus socios de Gobierno fue la portavoz de Sumar, Tesh Sidi, nacida en los campos de refugiados saharauis, quien clamó contra el “vergonzoso” apoyo de Sánchez a las tesis marroquíes.

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Los populares prolongaron las escenas triunfales que ofrecen ante las cámaras desde la noche del domingo y acogieron la llegada de su líder al hemiciclo puestos en pie y en postura de ovación. Sánchez se tomó con sarcasmo ese aire victorioso que se gastaba el PP y saludó así a Feijóo: “Enhorabuena, porque ha logrado que los suyos le permitan continuar al frente del partido”.

Sin obviar las alusiones a la supuesta corrupción, Feijóo se centró en otra línea de ataque: este es un Gobierno “desbordado”, “paralizado”, que pierde votaciones en el Congreso, donde “se tramitan más leyes desde la oposición que desde el Gobierno” (un dato que se apresuró a desmentir el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas). “No eternice lo que es inviable, esto ya no da más de sí”, insistió el líder de la oposición. La idea siguió resonando como un eco en las preguntas posteriores del PP a los ministros: “Un Gobierno en extinción” (Cuca Gamarra), “ultraacabado” (Macarena Montesinos) o “un barco en llamas” (Elías Bendodo)

Feijóo advirtió de antemano a Sánchez para que no le replicase con “la derecha, la ultraderecha y Franco”. Excepto en la mención al dictador, el presidente corroboró en todo lo demás el vaticinio del líder popular. El Gobierno ha encontrado en el éxito del agitador digital Alvise Pérez una nueva arma arrojadiza contra la oposición. De ahí extrajo Sánchez la conclusión de que se está enfrentando a una “internacional ultraderechista de tres cabezas” y que la irrupción de Se Acabó la Fiesta es consecuencia de la “polarización” impuesta por el PP. El presidente volvería sobre la misma idea y las mismas menciones al “señor Alvise” en el duelo con Santiago Abascal, quien se erigió en defensor de todas las grandes estrellas de la galaxia ultra: Milei, Netanyahu, Orbán, Le Pen, Meloni…

Sánchez había aludido en el choque con Feijóo a las declaraciones de este la pasada semana, cuando dejó la puerta abierta a una posible moción de censura con el apoyo de Junts. Eso dio pie a Gabriel Rufián, de ERC, a preguntar al presidente si teme esa censura y a dar rienda suelta a su inagotable vena vitriólica: “Una moción de censura de Feijóo con Puigdemont para castigar a Sánchez por pactar con Puigdemont”. Rufián insistió en el vaticinio que repite a menudo de que PP y Junts se acabarán entendiendo e instó a Sánchez a dejar de “jugar al malmenorismo” y de escribir cartas para responder a los “fascistas”. “Tiene el BOE”, lo emplazó. Con tono muy suave, el presidente replicó que las palabras de Rufián son “contradictorias” con el pacto de ERC y Junts para la Mesa del Parlament de Cataluña. Y ahí colocó el anuncio, que luego desarrollaría en una entrevista en TVE, de que antes de que acabe el verano presentará un “paquete de calidad democrática”.

El PP recurrió a la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora de Sumar para sustentar su tesis de que el Gobierno se está derrumbando. “Ha dimitido un poquito”, ironizó Feijóo. Tellado no podía faltar a esa cita y llamó a Díaz “vicepresidenta fija discontinua”. Gamarra hizo algo más acrobático: preguntar por la vicepresidenta segunda a la vicepresidenta primera. Ni esta última, María Jesús Montero, ni antes Sánchez mordieron el anzuelo.

Como sucede a menudo, los diputados registran preguntas con un tema determinado y cuando llega el momento de formularlas salen con otro tema cualquiera. La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, recordó en varias ocasiones que los interpelantes deberían ceñirse al asunto planteado, pero allí cada uno iba a lo suyo. La vicepresidenta tercera y reciente cabeza de lista del PSOE en las europeas, Teresa Ribera, se quejó de que los populares registrasen a última hora del martes sendas preguntas sobre energía y al llegar al hemiciclo le hablasen de las elecciones. También la ministra de Defensa, Margarita Robles, afeó a la líder de Podemos, Ione Belarra, que presentase un texto en el que se interesaba por las medidas para “garantizar la paz” y que al tomar la palabra la conminase a opinar si el Gobierno israelí es genocida.

El cambio de tercio más llamativo lo protagonizó el popular Pedro Navarro. “¿Considera usted que este Gobierno protege adecuadamente el prestigio de la Universidad española?”, rezaba su pregunta a la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, para cerrar la sesión de este miércoles ¿Y de qué preguntó Navarro? De “Begoña” y su cátedra en la Complutense, para gran alborozo de la bancada popular, cuya pasión había decaído mientras se hablaba de temas como la economía o la sanidad.

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Cada semana que pasa, la vida del Congreso revela que la mayoría parlamentaria que invistió a Sánchez se asienta sobre la voluntad de diálogo con los independentistas y el rechazo al ultranacionalismo español de Vox. Pero cuando se plantean cuestiones que afectan a la división ideológica entre derecha e izquierda, el bloque que sostiene al Gobierno chirría. El PP lo sabe y ataca por ahí. Con asuntos como esta propuesta de reforma del Código Penal, coincidente con posiciones del PNV y, sobre todo, de Junts, que ya ha llevado al Congreso iniciativas de cariz similar.

La proposición de ley del PP pretende que la reincidencia en hurtos o estafas pueda castigarse, en determinados casos, con penas de hasta uno a tres años de prisión. Algo así ya se aprobó en 2015, pero acabó anulado por el Tribunal Supremo al entender que se establecían castigos desproporcionas para delitos leves. Los populares pretenden retomarlo ahora introduciendo algunas de las cautelas jurídicas planteadas en su momento por el alto tribunal.

En las últimas campañas electorales, el PP ha delatado su propósito de competir en algunos de los temas más queridos por la extrema derecha, como la inmigración o la seguridad. La defensa de la propuesta se le encargó a una de las diputadas de verbo más templado entre las filas populares, María Jesús Moro. Y aun así la portavoz pintó un panorama de “ciudades sin ley”, en las que impera “una sensación amplia de inseguridad”, con “quioscos y supermercados saqueados” y donde “los ancianos ya no pueden pasear tranquilos”. Los hurtos, expresó, son “una lacra en toda España” y ocasionan al comercio pérdidas anuales por 1.800 millones de euros. “El dicho de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra es una realidad”, subrayó Moro, quien blandió declaraciones del alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, en favor de más medidas legales contra este tipo de delincuencia.

A la propuesta se adhirieron con entusiasmo Vox y UPN y, en tono menos encendido, PNV y Junts. Por esta última formación, Josep Maria Cervera denunció que “uno de los problemas más importantes” en “ciudades y pueblos” de Cataluña es la “seguridad pública”, debido a la “práctica sistemática del hurto” por parte de “grupos que se sienten impunes”. Por Vox, Javier Ortega Smith presumió de que su grupo ya había presentado en 2020 una iniciativa similar e ironizó respecto al PP: “Cuando nos copia, acierta”.

Sobre esto último se produjo una curiosa coincidencia argumental entre Vox y los grupos más a la izquierda, que intervinieron antes de que el PSOE fijase su posición. Porque Iñarritu y Enrique Santiago, de Sumar, sostuvieron que discursos como el del PP son los que están, en palabras de este último, “provocando que en toda Europa se asiente el voto a la ultraderecha”. Ambos destacaron que los datos de delincuencia en España están a la cola del continente. Santiago acusó a los populares de pretender imponer las mismas penas a los “robagallinas” que las previstas para otros delitos como los societarios. Teresa Jordà, de ERC, fue menos insistente en reducir la dimensión del problema, aunque criticó: “Pensar que basta con imponer más penas o mandar a la gente a la cárcel o es de ingenuos o es intentar engañarnos”.

El PSOE estaba ante la disyuntiva de permanecer al lado de su socio de Gobierno, arrostrando otra derrota parlamentaria, o dejar pasar la iniciativa a la espera de que ver qué pasa con su tramitación. Optó por lo segundo. No sin airear antes su preocupación “por el cada vez mayor número de bulos” que prenden en la sociedad y precisar que en ningún caso se sumará al “punitivismo” del PP.

El Gobierno afrontará el jueves otro examen, esta vez con malas perspectivas. Junts ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor, que puede decaer si los grupos de la derecha se suman al veto independentista.

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—¿Conocía usted a Koldo?.

El popular Elías Bendodo formuló al ahora ministro Torres la pregunta de rigor, la cuestión que el PP trata de presentar como el test definitivo para saber si el compareciente está o no involucrado en la trama. El expresidente canario respondió sin rodeos:

—Claro que lo conocía. Era asesor del ministro de Transportes.

Bendodo proclamó entonces con el aire triunfal de quien siente que ha dado en la diana:

—¡Tres de tres! Illa [Salvador, exministro de Sanidad], Armengol [Francina, expresidenta de Baleares] y ahora Torres… ¡Todos conocían a Koldo!

En las bancadas socialistas afloraron las sonrisas. Torres se apresuró a atajar:

—¡Pero si era un asesor del ministro! ¡Si todo el mundo trata con los asesores de los ministros!... Hasta los alcaldes del PP.

Pero Bendodo ya no necesitaba más y, como suele hacer siempre, al acabar la comisión proclamó ante la prensa la gravísima implicación de Torres en el caso.

Antes que el expresidente canario, el antiguo responsable de su servicio sanitario había negado ningún contacto con Koldo García y afirmado que la oferta de las mascarillas le llegó a través de Íñigo Rotaeche, uno de los propietarios de Soluciones de Gestión. Cuando el diputado de Vox Carlos Flores preguntó a Torres si no fue “una temeridad” contratar con una empresa sin vínculos con el sector sanitario, el expresidente replicó: “Lo que sería una temeridad hubiese sido rechazar una oferta a buen precio, con el compromiso de suministro en pocos días, en la situación en que estábamos entonces”. Torres y el actual director de su gabinete en el ministerio aseguraron que la única incidencia en los contratos con esa empresa fue que una parte de los suministros no se correspondía con la calidad comprometida. “Y se le rebajó el precio el 66%. Si hay una trama, eso no se hace”, enfatizó el ministro.

Donde sí han aflorado bastante más que incidencias es en un asunto que estalló antes que el de Koldo y que se conoce en Canarias como el caso mascarillas. El Gobierno socialista del archipiélago pagó por adelantado —lo que no ocurrió con Soluciones de Gestión— cuatro millones de euros a RR7, una empresa de compraventa de coches que nunca llegó a suministrar el material. La firma trajo un millón de mascarillas de Etiopía que resultaron ser falsas y fueron destruidas por Aduanas. Otro exdirector del servicio de salud de las islas, Conrado Domínguez, está imputado en este caso por prevaricación y tráfico de influencias.

Sobre ese asunto se extendieron tanto Flores, de Vox, como especialmente la representante de Coalición Canaria, Cristina Valido. Tuvieron que emplearse a fondo para que Torres acabase reconociendo, un tanto a regañadientes, que Domínguez fue destituido por su implicación en el caso. El expresidente negó que tuviese ninguna participación en el contrato. “Nunca he pedido que se contratase o dejase de contratar a una empresa”, aseguró. Olivera, su director de gabinete, era el responsable sanitario cuando se apalabró el suministro con RR7, pero afirmó que todas las gestiones corrieron a cargo de Domínguez. A la pregunta de si no había sentido preocupación por saber quién estaba detrás de las empresas que ofrecían mascarillas, respondió: “Estaba más preocupado en salvar vidas que en saber quién estaba detrás. No tenía esa preocupación ni esa curiosidad”.

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Puestos a medirlo en términos plebiscitarios, la derecha ha obtenido una leve victoria. Los cuatro partidos de ese espacio ―PP, Vox, Se Acabó la Fiesta y Ciudadanos― suman 8,5 millones de votos, el 49,08% del total, casi dos puntos y 330.000 más que los reunidos por el bloque de formaciones que apoyó la investidura de Pedro Sánchez. La oposición podrá decir que ha logrado imponerse al Gobierno, pero los datos difícilmente sostendrán su tesis de que hay una clamorosa demanda popular para que Sánchez deje La Moncloa.

En el campo progresista todo apunta a un cierto reagrupamiento de fuerzas en el PSOE y la agudización de la crisis en el espacio a su izquierda. Sumar ha coleccionado un nuevo batacazo, al quedar por debajo del 5%, con menos votos que la candidatura conjunta de las izquierdas nacionalistas periféricas y casi empatado con el ultra conspiranoico Alvise Pérez. Podemos podrá presumir de haber conseguido representación en Estrasburgo, pero su 3,28% les conduciría muy probablemente al extraparlamentarismo en caso de unas elecciones generales. Por el contrario, en la derecha se abre un tercer espacio, aunque está por ver si se consolida cuando lleguen convocatorias en las que los electores se han mostrado menos dispuestos a aventurarse con opciones exóticas.

En la eterna disputa que vive la política española ―Sánchez sí, Sánchez no― pocas novedades cabe esperar. Ni el Gobierno ha quedado noqueado ni la alternativa de Alberto Núñez Feijóo se ha demostrado inviable. Lo que sí parece claro es que el país está fuertemente dividido en dos mitades, no necesariamente derecha-izquierda —el factor territorial es decisivo— y que cualquier pequeño movimiento lo puede hacer inclinar de un lado o de otro. En julio, hacia Sánchez. Este domingo, hacia quienes lo combaten.

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Como si todas las anteriores previsiones para estos comicios europeos se hubiesen evaporado, en la acera opuesta a la de Sánchez, el PP se afanaba por achicar las expectativas. La palabra más repetida era “empate”. Una igualada que, según insistente advertencia de Alberto Núñez Feijóo en sus últimos actos, sería interpretada por Sánchez como un triunfo. Los populares reforzaron el mensaje en vídeos difundidos en las redes, con el hipotético empate como alerta de emergencia. Sánchez, mientras, regodeándose y retorciendo las palabras de sus adversarios: “Hace un mes decían que iban a arrasar y hoy están en ‘vamos a empatar”.

Solo el CIS se ha atrevido a vaticinar una victoria socialista el próximo domingo. Todas las demás encuestas publicadas sitúan a los populares por delante, sin diferencias abismales: tres puntos en el caso de la de 40dB. para EL PAÍS y la SER. Pero es cierto que un par de meses atrás la ventaja que todas las casas de sondeos daban al PP era mucho más sustancial. Y también es verdad que los datos de los últimos días que manejan los partidos, ya con el apagón demoscópico vigente desde el lunes, parecen confirmar que la distancia se ha acortado. Y otro dato a considerar es que al PP le ha salido un nuevo competidor por el extremo de su espectro ideológico, el difusor de bulos y delirios conspiranoicos Alvise Pérez, al alza durante toda la campaña. Y que las elecciones europeas siempre han ofrecido la oportunidad mejor para que la oposición castigue a un Gobierno, más a uno como este, que tanto y con tanta belicosidad ha sido cuestionado por sus pactos con el independentismo y por la amnistía que había prometido no aceptar jamás. Y que, por tanto, cualquier cosa que no sea un rotundo triunfo de los populares echaría por tierra su discurso de que los españoles están pidiendo a gritos acabar con este Gobierno.

En busca de una baza ganadora, Feijóo y los suyos han consumido la recta final de la campaña obviando el motivo estricto de las elecciones y entregados a pregonar una supuesta montaña de corrupción que asediaría al Gobierno, con la actividad profesional de la esposa del presidente como símbolo máximo. Pero la maniobra —sin precedentes en el debate político español— de colocar la diana de la oposición en la pareja del presidente no parece haber hecho mella esta vez en el ánimo de Sánchez. A la inversa, el presidente se pasea derrochando entusiasmo y en el PSOE aseguran que el PP ha accionado un bumerán cuyo verdadero efecto sería movilizar al electorado socialista. “¡Se van a llevar un sorpresón!”, dijo, uniéndose al coro, José Luis Rodríguez Zapatero, en el mitin de cierre de campaña.

Un plebiscito… sobre Begoña Gómez. Una calurosa mañana de principios de junio, a Feijóo se le apareció un juez. Los populares no daban con la tecla para subir el tono de su campaña, un “que te vote Txapote” para una nueva embestida contra el sanchismo. La amnistía ya no daba mucho más de sí, y el PP pregonaba que su gran apuesta eran las acusaciones de presunto tráfico de influencias contra Begoña Gómez. En esas estaban, a cinco días de las elecciones, cuando a Feijóo lo vino a ver el juez Juan Carlos Peinado al anunciar, con un mes de antelación, que citaba a declarar a Gómez como investigada.

“Esta es una campaña profundamente anómala”, se quejó este viernes en Valencia la líder de Sumar, Yolanda Díaz. “Se está hablando de todo menos de lo que necesita la gente”. El fenómeno va camino de convertirse en tradición. En mayo de 2023, el PP elevó a ETA a tema estrella de la campaña municipal y autonómica, asunto que, sin embargo, apenas abordó en la vasca, así como obvió la amnistía en la catalana. En estas elecciones que pillan a Europa en medio de una encrucijada existencial, el gran banderín han sido unas cartas de recomendación de una empresa escritas por la esposa del presidente.

Desde hace tiempo, el PP convierte cada elección en un plebiscito sobre Sánchez. Sus dirigentes no lo ocultan, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que el jueves abría su intervención en el acto central de Feijóo en la capital con estas palabras: “Vuestro voto es el fin de Sánchez. Esa es la razón por la que hay que ir a votar el domingo”. Lo que nadie podía esperar era que el plebiscito acabase siendo sobre la esposa de Sánchez. “Este domingo, o Begoña o democracia”, escribía este viernes Federico Jiménez Losantos, transmutado en uno de los grandes jaleadores mediáticos de Feijóo. El PP ha llegado a introducir la imagen de Gómez en sus vídeos electorales. La sorpresa es que el PSOE le ha respondido haciendo lo mismo, mientras Feijóo lo acusaba de “apología de la corrupción”.

La amnistía ya no engancha. Después de meses y meses de encarnizada discusión, la ley de amnistía se aprobó en mitad de la campaña sin que acabase monopolizando el debate electoral. Los dirigentes del PP reconocen en privado que ya está exprimida políticamente hasta la última gota. Y, sin dejar de denunciarla, la han desplazado en favor de la presunta corrupción. Vox también ha preferido buscar otro foco, en su caso la inmigración. Para no meterse en líos, el PSOE ha evitado el tema y ha dejado su publicación en el BOE para la próxima semana.

Bipartidismo ideologizado. Una imagen de una silueta humana puño en alto bajo el lema “Vota con la zurda”; Sánchez, calándose una visera roja de obrero con las siglas de UGT; Teresa Ribera, animando al público a entonar el “No pasarán”… El PSOE ha prodigado gestos y símbolos izquierdistas como no se veían en mucho tiempo. Y desde el Gobierno ha manejado un asunto tan caro al electorado más a la izquierda como el reconocimiento del Estado palestino. El contexto europeo ha facilitado a los socialistas presentar las elecciones como una batalla para frenar a la ultraderecha. A eso se ha unido su poco disimulado propósito de aglutinar al máximo el voto de toda la izquierda, aun a costa de sus socios y aliados, para, en el peor de los casos, minimizar el triunfo del PP. El incomodado ha sido su compañero de Gobierno. “Zurdos hay que ser en las medidas, no en las palabras”, ha reprochado Yolanda Díaz.

Como en un espejo invertido, el PP también ha hecho todo lo posible por arrebatarle banderas a Vox. La consecuencia: una derechización del discurso de los populares sobre la inmigración o sobre el cambio climático. Feijóo se ha desgañitado hasta el último día reclamando la concentración de todo el voto antisanchista: “O votamos al PSOE o votamos al PP”

La otra izquierda. Arrasados en Galicia y el País Vasco, y sin comparecer siquiera en Cataluña, Podemos decidió jugar todas sus cartas en las europeas. Según las encuestas, puede salirle bien, porque tienes grandes opciones de entrar en el Europarlamento y además comiéndole terreno a Sumar. El partido fundado por Pablo Iglesias ha jugado la baza de la experiencia de Irene Montero, la más conocida de todas las candidatas, justo lo opuesto a la de Sumar, Estrella Galán, la menos identificable entre las principales formaciones. La guerra de Gaza ha sido el gran tema de Podemos. Sumar se ha visto en grandes dificultades para reconducir el debate a “los problemas de la gente” y hacerse oír en medio de la confrontación Sánchez-Feijóo. “Hay que defender el Gobierno, pero dándole fuerza a Sumar para ganar derechos”, pidió Díaz en el cierre de campaña en Valencia.

Otra criatura ultra. Donde no se esperaba batalla era en el campo de la extrema derecha. Pero por allí ha aparecido Alvise Pérez y su Se Acabó la Fiesta, con una colección de bulos, delirios y exaltaciones patrióticas que, según las encuestas, obtendrá premio en las urnas tras haberlo cosechado en las tenebrosas profundidades de las redes sociales. Vox ha tratado de ignorarlo y al tiempo dar otra vuelta de tuerca a su discurso, con la inmigración como gran asunto. Y con proclamas abiertamente racistas, como arremeter en sus redes contra candidatos socialistas europeos por sus nombres árabes o el “más muros y menos moros” que pronunció Santiago Abascal en un mitin mientras amenazaba con “enfrentarse físicamente” al Gobierno.

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Los socialistas reaccionaron este miércoles como si la actuación judicial contra Gómez fuese un golpe de fortuna y no una adversidad. En el PSOE ha cundido la idea de que el movimiento del juez Juan Carlos Peinado, sin respetar los tiempos electorales, ha sido “demasiado burdo”, en palabras de Ribera y, en lugar de hundirlos, va a movilizar a su electorado. Sánchez repitió delante de su esposa en Benalmádena lo que ya habían hecho otros dirigentes a lo largo del día: pidió a “toda la gente de izquierda, a todos los progresistas” un “voto masivo” contra la “política sucia”.

El presidente evitó esta vez las críticas al juez deslizadas en la carta que publicó el martes tras conocerse la citación a Gómez. Otros miembros de su Gobierno hicieron equilibrismo para dejar constancia de su desagrado con la actuación judicial, sin entrar al choque directo. A varios ministros los periodistas les plantearon abiertamente si consideran que Peinado prevaricó. Ninguno entró el trapo. La portavoz, Pilar Alegría, o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se agarraron al término ya empleado el martes: mostrar “extrañeza” porque una decisión así se anuncie en campaña electoral. El titular de Justicia, Félix Bolaños, ni eso. Como es habitual, el de Transportes, Óscar Puente, fue un poco más lejos y habló de “interferencia” por parte del juez.

Ajeno a la lectura socialista de la situación, el PP, que buscaba afanosamente un golpe como este, puso el ventilador a tope de revoluciones. “Mordidas, contratos amañados, enchufes de amigos, uso perverso de fondos europeos, tráfico de influencias, apropiación indebida, malversación…” En un acto electoral en Cáceres, Alberto Núñez Feijóo casi no dejó trapacería sin atribuir al Gobierno. Y es que, según el líder del PP, España es “una nación que se dirige al precipicio”, que “ocupa las portadas de los principales periódicos europeos por corrupción”, en la que “todo lo que está cerca de Sánchez está siendo investigado” y los “principales ministerios y la cúpula del PSOE están implicados”. Al frente del Gobierno, prosiguió, hay un presidente que practica el “engaño”, la “actitud chulesca”, el “choque frontal con la realidad”, que “se cree impune” y que recurre al “populismo en vena” para atacar a los jueces.

Mientras Feijóo decía todo esto —y a la vez se quejaba de los “insultos y la manipulación” del Ejecutivo—, la escalada verbal prendía entre los suyos. Su secretaria general, Cuca Gamarra, y el diputado Borja Sémper comparaban al presidente con Donald Trump por criticar al juez. Siempre un paso más allá, el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, sentenciaba en Cantabria: “El puto amo [término utilizado días atrás por Puente] quiere un país de siervos”.

El PP lo venía diciendo abiertamente desde la semana pasada: buscaba reanimar su campaña dando un impulso al caso de Begoña Gómez. La citación del juez Peinado se lo ha brindado en bandeja. Los populares se han arrojado a tumba abierta para fijar la idea de que a todas las calamidades que le atribuían al Gobierno se une ahora la de una corrupción que elevan a generalizada. Todos sus mensajes centrales discurren por ahí, en un registro con el que ni Vox pudo competir este miércoles.

A Sánchez también le llegaron reproches desde el ámbito judicial. La Asociación Francisco de Vitoria, definida como moderada, y el conservador Foro Judicial Independiente criticaron en un comunicado la actitud “poco edificante” del presidente al “trasladar a la ciudadanía la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas”. Ambas defendieron que Peinado anunciase la citación en este momento.

Dentro del Gobierno, el socio minoritario dejó patente su incomodidad con la respuesta del presidente al movimiento judicial. Sumar lleva toda la campaña marcando diferencias con el PSOE, ante el temor a quedar emparedado entre él y sus antiguos compañeros de Podemos. Los dirigentes de la formación interpretaron que el líder socialista pretende instrumentalizar el asunto y tomaron su carta como diana de las críticas. “No va de cartas. A la derecha se la para con hechos. Gobernando más y mejor”, tuiteó la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La candidata de su formación, Estrella Galán, abundó: “Este carteo nos sorprende porque son reflexiones filosóficas, pero no conllevan ninguna propuesta concreta”. Sumar y socios parlamentarios del Gobierno como ERC o Podemos reiteraron su solicitud de reformas en la justicia. Los independentistas y el partido de Ione Belarra reprochan a Sánchez que hasta ahora negase que en España se practica el lawfare, la persecución judicial por motivos políticos.

Con información de Paula Chouza, Elsa García de Blas, José Marcos y Reyes Rincón

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Este Feijóo que ahora exige la dimisión de Pedro Sánchez porque un juzgado ha llamado a declarar como investigada a su esposa, pese a que la Guardia Civil no ha identificado nada delictivo en su actuación, es un Feijóo nuevo. Porque el Feijóo anterior a asumir el liderazgo del PP defendió durante años que una imputación judicial —como se denominaba antes— no es suficiente para justificar el cese de un cargo público. Decenas de declaraciones del ahora jefe de la oposición lo ilustran. En muchos casos el tiempo le dio la razón en su consejo de “ser prudentes” porque las acusaciones quedaron en nada.

No sucedió lo mismo con el alcalde, Ángel Currás, y otros seis concejales del PP que formaban en 2013 el gobierno local de Santiago. Fueron imputados por prevaricación al haber decidido que las arcas públicas costeasen los gastos de defensa de un compañero suyo involucrado en otro caso de corrupción. Feijóo los defendió incluso cuando el asunto llegó a juicio y los siete se sentaron en el banquillo. Solo dimitieron tras su condena en primera instancia, posteriormente anulada por la Audiencia Provincial de A Coruña. Ese año habían estallado varias causas por corruptelas en municipios gallegos en las que fueron imputados alcaldes y concejales del PP y del PSOE. La reacción del entonces líder popular gallego fue siempre apelar a la “presunción de inocencia” que, alegaba, “es perfectamente compatible” con la indagación judicial.

En 2015, Feijóo se encontró con que el presidente de la Diputación y del PP de Ourense, Manuel Baltar, era imputado después de que una mujer lo denunciase por presuntamente ofrecerle un puesto de trabajo a cambio de favores sexuales. Feijóo no se conformó con defender a su dirigente, sino que cargó contra la denunciante porque “quería que Baltar delinquiese y no lo logró”. El caso también quedó en nada.

Al año siguiente, el quebradero de cabeza para el político gallego fue su íntimo amigo Pachi Lucas, con el que había compartido vacaciones y que, según miembros del PP, incluso pernoctaba a veces en la residencia oficial del presidente de la Xunta. Lucas fue imputado como supuesto conseguidor de una trama acusada de apropiarse de subvenciones del Gobierno gallego para cursillos de formación laboral. El Feijóo que ahora exige airado a Sánchez explicaciones por la denuncia contra su mujer, esquivó el asunto de su amigo, pese a que la oposición le preguntó por ello en varias ocasiones en el Parlamento autónomo. Según el dirigente popular, las explicaciones deberían darlas los implicados, tanto los que habían ostentado cargos públicos como “las personas civiles que no los tuvieron”, en referencia a Lucas.

En mayo de 2019, el director general de Energía de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces, destacado militante del PP, fue imputado por supuesta falsedad documental en el expediente para autorizar la apertura de una mina. Feijóo alegó que sería “doblemente injusto” hacer dimitir a una persona porque “la llaman a declarar en un proceso”. “¿Cómo no vamos a confiar en él si llevamos confiando muchos años?”, resaltó.

Un año más tarde, el 4 de agosto de 2020, el político gallego comentó en lo que entonces se llamaba Twitter la marcha de España del rey Juan Carlos, asediado por las acusaciones de corrupción: “La presunción de inocencia es consustancial al Estado de derecho, por eso es muy preocupante que algunos miembros del Gobierno y partidos políticos se esfuercen tanto en erosionar nuestras instituciones cuando su obligación es defenderlas”.

La presunción de inocencia es consustancial al Estado de derecho, por eso es muy preocupante que algunos miembros del Gobierno y partidos políticos se esfuercen tanto en erosionar nuestras instituciones cuando su obligación es defenderlas

— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 4, 2020

Claro que a lo largo de los años Feijóo ha mostrado otras veces que su rasero puede variar en función del caso y de la situación política. Cuando estaba en la oposición en Galicia, llevó a los tribunales al Gobierno de PSOE y BNG, al que acusaba de prevaricar en la adjudicación de una autovía. Después de que el caso fuese archivado, el ahora líder del PP porfió: “Hay muchos delitos que quedan sin probar”.

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El PP vive en la prisa permanente. La mayoría que sostiene a Pedro Sánchez se ha revelado tan inestable que los populares nunca han dejado de soñar con una precipitada caída del Gobierno. Casi desde el primer día, Alberto Núñez Feijóo ha reclamado la vuelta a las urnas. Lo ha reiterado esta semana -en la calle, en el Congreso, en los mítines...- cuando apenas se han cumplido poco más de nueve meses desde las anteriores elecciones y los españoles están llamados a votar de nuevo en unos días.

Las elecciones europeas siempre se han visto como una buena oportunidad para castigar al Gobierno. El votante ha concedido a estos comicios una trascendencia menor -así lo vuelven a ratificar las encuestas de estos días-, la participación no supera el 50% -a no ser que coincidan con autonómicas y municipales, como en 2019- y han sido campo abonado para desahogos ciudadanos. En 1994, solo un año después de que el PSOE de Felipe González lograse un inesperado triunfo sobre el PP de José María Aznar, los populares barrieron en las europeas con casi diez puntos de ventaja. Entonces la derecha se afanaba por derribar a un Gobierno débil, sin mayoría y asediado por los casos de corrupción. Y aun así tuvo que esperar casi dos años para que los socialistas entregasen el poder.

Dos de cada tres ciudadanos, según la última encuesta del CIS, dicen que votarán el próximo domingo pensando únicamente en la política nacional. Con esos datos, el PP no se plantea otra cosa el 9-J que el enésimo intento de propinar un golpe de gracia a Sánchez. Feijóo tampoco lo oculta en los mítines, en los que pide el voto para acabar con este Gobierno, el propósito que persigue febrilmente tras su infructuoso triunfo el 23-J.

Semanas atrás, las perspectivas para el PSOE se vislumbraban ominosas. Las elecciones gallegas les supusieron un desastre y un monumental triunfo para el PP, mientras la derecha prodigaba las demostraciones de fuerza en las protestas contra la ley de amnistía. El amago de dimisión de Sánchez y la victoria socialista en Cataluña han cambiado el humor. La demoscopia apunta a una diferencia entre los dos grandes partidos más ajustada de lo que se pensaba. Los populares se curan en salud y pregonan que les basta la victoria, sin necesidad de que sea rotunda. “Ellos se conforman con el empate”, comenta Feijóo. Y con menos incluso: una derrota por una diferencia no muy llamativa daría pie a los socialistas para desmentir que exista un clamor popular contra el Gobierno, como sostiene la derecha.

“La conversación política española es un drama”, lamentó el líder del PP en un acto el viernes en Vitoria. “No se habla de gestión”, prosiguió, “solo de amnistía y de corruptelas”. Tras culpar a Sánchez por ello, Feijóo cerró el día en Gijón, donde habló algo de gestión y mucho de amnistía y de la “corrupción de La Moncloa”. Llegó a decir que España ya no puede considerarse un “régimen democrático”. Este sábado en O Pino (A Coruña) se extendió más sobre Europa en presencia de la presidenta de la Comisión y candidata del PP continental, Ursula von der Leyen. Pero fracasó en su propósito de arrancar a la política alemana alguna palabra contra la amnistía.

Quienes prácticamente no hablan de la amnistía son los socialistas. Su discurso suena más adaptado al ámbito de estas elecciones, porque una de las grandes cuestiones en juego en todo el continente coincide con su gran reclamo electoral desde hace un año: el avance de la ultraderecha y la disposición de una parte de la derecha tradicional a pactar con ella. En cada mitin socialista, martillea sin descanso el estribillo “la derecha y la ultraderecha”. Frente a los logros del Gobierno -Sánchez define a España como la “Taylor Swift de la economía europea”- se alerta de los peligros de un giro reaccionario en Europa. “Quieren a las mujeres atadas a la pata de la cama”, señaló la candidata socialista, Teresa Ribera, este sábado en Valladolid. La bronca con el presidente argentino, Javier Milei, también ha servido en bandeja elementos para el argumentario socialista. “¿Os imagináis que venga el de la motosierra con los recortes?”, manifestó Sánchez en Valladolid, donde se apropió de la etiqueta de “zurdo” que Milei emplea despectivamente contra la izquierda.

Las otras batallas

Otra de las grandes cuitas españolas mezcladas en esta batalla europea es la que aqueja a la izquierda de la izquierda. Sumar pasa otro examen sobre la viabilidad de su proyecto mientras Podemos se juega su supervivencia tras quedar fuera de los parlamentos de Galicia y Euskadi y no concurrir en Cataluña. Ambos evitan los ataques, aunque la disputa transcurre soterrada, sobre todo por parte de Podemos. Sumar destaca su papel en el Gobierno, y Podemos dice que sin ellos ha perdido pulso izquierdista. Yolanda Díaz pregona su batalla para reducir la jornada laboral y sus antiguos compañeros proponen reducirla hasta las 30 horas semanales. Con esa treta de intentar darle la vuelta a supuestos deslices, Díaz reivindicó este sábado el “a la mierda” que le pillaron las cámaras en el Congreso: “¿Sabéis que os digo? Que ya está bien, que a la mierda, que vamos a gobernar mejor”.

Mucho más inesperada es la contienda surgida en el otro extremo del espectro político. A Vox le ha salido un competidor en un personaje de los bajos fondos de las redes sociales, Alvise Pérez, condenado judicialmente por propagar bulos y una de cuyas últimas hazañas ha sido publicar una foto de una de las hijas adolescentes de Sánchez. Las encuestas predicen que logrará escaño. Vox se ha lanzado a explotar el ataque con un cuchillo contra un activista islamófobo en Alemania. Santiago Abascal calificó al agresor de “aliado de Sánchez”. Su diputada Rocío de Meer publicó un tuit, difundido también por la cuenta oficial del partido, con el texto “mientras en Alemania sacan el machete, en Almería ponen la babucha” que ilustra un vídeo con la llegada de una patera con inmigrantes a una playa de esa provincia. Una voz de mujer tras la cámara exclama: “Más moros… ¡qué asco!”.

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Después de casi un año acaparando el debate político y la polémica, la ley de amnistía ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados. Ha sido en un pleno cargado de tensión, con 177 votos a favor y 172 en contra, y previo veto en el Senado. Todavía tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Estado, y después pasar por el aval del Tribunal Constitucional y de la justicia europea, pero algunas consecuencias parecen claras: que Carles Puigdemont pueda volver en el corto plazo a Cataluña, y, sobre todo, que la política nacional pasa del todo página del procés. Eso, en medio de una campaña de las europeas que se vuelve a ver envuelta por temas domésticos. Todos los partidos tendrán que cambiar o adaptar su estrategia a este nuevo escenario.

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Frente a la alegría independentista, las provocaciones de Vox. La extrema derecha trató por todos los medios ―y sin éxito― de reventar el pleno con gritos e insultos a los miembros del Gobierno. El PSOE se refugió en un perfil bajo, sin intervenciones del Ejecutivo en el pleno y cediendo la defensa de la ley a un diputado poco conocido. El escaño del presidente del Gobierno permaneció desierto durante casi todo el debate. Pedro Sánchez se incorporó solo minutos antes de la votación, cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, terminaba ya su discurso vaticinando que la ley será “el acta de defunción del PSOE”. Poco antes, Feijóo había recriminado al presidente ausente: “Es tan cobarde que ni siquiera comparece aquí”.

La aprobación pone fin a largas semanas de negociaciones al borde del abismo, incluida una fallida votación en el pleno del Congreso por discrepancias entre los promotores de la ley y con un paso por el Senado donde la mayoría absoluta del PP usó todos los resortes para agitar su campaña contra ella. El pleno, a medio camino entre la emoción de unos y la bronca de otros, ofreció algunas imágenes insólitas, como oír a los dos grupos independentistas catalanes intercambiándose reconocimientos ―muy llamativo el del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a Carles Puigdemont― o aplaudiendo a rabiar al diputado de los comunes Gerardo Pisarello.

Del otro lado, el muy evidente intento de la extrema derecha de reventar el pleno. En cuanto subió a la tribuna el diputado socialista Artemi Rallo, se escenificó una coreografía perfectamente orquestada. Tres diputados, Ignacio Hoces, Manuel Mariscal y Pedro Fernández ―este último, abogado que ejerció la acusación popular en el juicio del procés― asumieron la voz cantante profiriendo insultos como “traidor” o “corrupto”. Otros se dieron la vuelta para quedarse de espaldas a la tribuna.

En cuanto pudo empezar a hablar, el socialista Rallo llamó “neofascistas” y “filonazis” a los alborotadores y les echó en cara la visita de su líder, Santiago Abascal, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “para validar el horror del genocidio de Gaza”. Enfrente continuaba el griterío. Los diputados de Vox que adoptaron la actitud más tabernaria intentaban claramente provocar su expulsión. La presidenta, Francina Armengol, tenía el reglamento de su parte si así lo hubiese decidido, pero optó por la reprimenda verbal con apelaciones al respeto a la democracia. Cuando le llegó el momento de votar a los miembros del Gobierno -la votación se hizo llamando a los diputados uno a uno por petición expresa del PP- volvieron los insultos dirigidos al presidente y sus ministros, aderezados con gritos como “Sánchez a prisión”. Ni así lograron perturbar a Armengol.

Frente a la ausencia del presidente, los dos líderes de la derecha asumieron en persona la exposición de su rechazo a la ley. Aunque Abascal, a mitad de intervención, pareció cansarse de la amnistía y se dedicó a acusar al Gobierno de complicidad con el terrorismo de Hamás. Feijóo jugó con la idea de que la amnistía supone un caso de “corrupción política” en un Gobierno golpeado también por la “corrupción económica”, esta vez sin citar a la esposa de Sánchez. “Hoy el 1,6% de los españoles [la suma de los votos de ERC y Junts] le ha ganado al resto por la ambición de un solo hombre”, sentenció. Y aun así, arguyó, Sánchez ni siquiera tiene garantizada su continuidad: “La legislatura empieza y puede acabar aquí. No hubo nada antes y no habrá nada ahora”. Feijóo también sugirió la posibilidad de que los jueces impidan la ejecución de la ley. “Y si finalmente no se aplica, [los independentistas] no se lo van a perdonar”, pronosticó.

Esas dudas sobre cuál será ahora la actitud de los jueces ante la ley también se traslució en los discursos del independentismo. “No es el punto final, queda saber lo que votará el partido judicial español”, declaró Rufián, quien, ante un hipotético boicot a la norma por parte de algunos jueces, exhortó a “los demócratas españoles a que no lo permitan”. El portavoz de ERC proclamó que la amnistía supone “la primera derrota del régimen del 78″ y acabó su discurso con un lema: “Próxima parada, referéndum”. El de Míriam Nogueras, de Junts, fue “la lucha continúa”. Nogueras presumió de que el independentismo ha “forzado” al PSOE a aceptar una medida que rechazaba y desmintió el más repetido argumento de los socialistas: “No es una ley de pacificación, es de reparación”. “Estamos del lado correcto de la historia”, se ufanó Nogueras, quien remató con énfasis: “No somos terroristas ni criminales”.

Todos los partidos nacionalistas insistieron en que la amnistía cierra un ciclo pero no lo que los catalanes definen como “el conflicto”. Vascos y gallegos aprovecharon para subrayar que ellos también tienen demandas pendientes. Estos grupos se extendieron en denunciar la respuesta judicial al procés. “Una represión desmedida y salvaje contra un movimiento cívico, legítimo y pacífico”, según Jon Iñarritu, de EH Bildu. Para Mikel Legarda, del PNV, lo que sucedió en 2017 en Cataluña fue “una crisis constitucional por el derecho a decidir” que se solventó con una “persecución absurda por una parte de la judicatura”. Para Néstor Rego, del BNG, todo eso probaría que España padece un “severo déficit democrático”. Sumar y Podemos adoptaron una línea parecida. Por los primeros, Pisarello enlazó la respuesta al procés con el caso contra la esposa de Sánchez: “Ni siquiera el presidente y su familia se han librado de la furia inquisitorial del golpismo blando”. Por los segundos, Javier Sánchez Serna sostuvo que “si no se produce una democratización del Estado y de la justicia, esta será una victoria pírrica”.

La tensión se apagó al anunciarse el resultado de la votación. El Gobierno se puso en pie y sus grupos se unieron a un aplauso más bien discreto. En la tribuna de invitados, el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, se apretaban en emocionados abrazos, cada uno con los suyos.

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Andaba Feijóo a la búsqueda de una bandera con que levantar el tono de su campaña a las elecciones europeas y esta mañana llegó muy decidido al Congreso con las supuestas revelaciones aportadas tras levantarse el secreto del sumario sobre las actividades profesionales de la mujer del presidente. En ninguno de los cientos de folios de las diligencias practicadas aparece el menor indicio delictivo contra Gómez. Lo que sí figura es un informe de la UCO de la Guardia Civil que la exculpa completamente de las acusaciones de tráfico de influencias. Pero a la vista de que el juez alude a Gómez como “investigada”, Feijóo ha hallado ahí la prueba de que Sánchez “mintió en la radio, mintió en la televisión y ocultó información a este Congreso”. Y con todo ello, el jefe de la oposición, como viene haciendo desde semanas atrás, acusó sin pruebas al presidente de “saber y tapar la trama”, una frase ya convertida en un latiguillo del discurso de Feijóo, que aplica tanto a un roto de Koldo García como a un descosido de Begoña Gómez.

El siguiente salto del presidente del PP consistió en urgir al jefe del Ejecutivo a que “deje de utilizar la noble causa del pueblo palestino” y “haga lo que tiene que hacer”. “Acabe con esto, no se puede seguir así”, zanjó su intervención. Es decir, que convoque nuevas elecciones, como él mismo le exigió ya el pasado domingo tras otra manifestación en la calle contra el Gobierno y como reiteraron en la sesión de control varios de los posteriores intervinientes del PP.

Sánchez optó por ignorar los ataques a su esposa y se agarró al gran reclamo de la campaña socialista: la ultraderecha. “Hazte Oír, Manos Limpias, el de la motosierra, Netanyahu… Toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del PP”, se arrancó el presidente. “Fango, fango y más fango”. Afeó a Feijóo la entrevista del líder de Vox, Santiago Abascal, con el primer ministro israelí “animándole a continuar los bombardeos en Gaza”. Y reiteró con gran rotundidad lo que ya había dicho la pasada semana en una comparecencia ante la Cámara: “Quieren quebrarme, pero van listos”.

A partir de ahí, los populares se entregaron a un carrusel de acusaciones, siempre con el propósito de sembrar la idea de que este es un Ejecutivo “enfangado” y “cercado” por la “corrupción”, y como tal, incapacitado para seguir gobernando. Como suele ocurrir en estos casos, daba igual el tema por el que se preguntaba. Hasta el diputado Jaime de los Santos, que se interesaba por las políticas del Ministerio de Igualdad, acabó espetándole a la titular del departamento, Ana Redondo: “La única mujer que les preocupa es la mujer del presidente”. El portavoz del PP, Miguel Tellado, se sacó de la manga una inexistente imputación de “cohecho” contra Gómez, del mismo modo que José María Figaredo, de Vox, fabuló que la esposa de Sánchez está acusada de “adjudicar contratos a dedo”. Tellado preguntó al Gobierno si es el “cartel de Cali” y se pasó la sesión entera agitando como un abanico una fotocopia de un folio de las diligencias judiciales. Cayetana Álvarez de Toledo, tras añadir el inevitable ingrediente de ETA, acusó a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de proferir “consignas genocidas” contra Israel. Su compañero Jaime de Olano cargó así contra la también líder de Sumar: “Usted está donde está porque el amo [Sánchez] lo ordena”.

La única representante del Gobierno que entró al trapo de los ataques a la esposa de Sánchez fue la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. En respuesta a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que, entre otras cosas, se había burlado de la “lacrimógena” carta de Sánchez en abril, Montero le recriminó: “¿A quién quieren engañar? Si ustedes se hacen eco de una noticia de hace mes y medio, que es la apertura de esas diligencias, cuando posteriormente el informe de la UCO ha puesto de manifiesto que no hay nada de nada… Llevan más de dos meses chapoteando en ese barro”.

El Ejecutivo mostró que ha renunciado a la táctica del ‘y tú más’ con la que sí respondió en los primeros momentos del caso Koldo. Solo hubo leves alusiones. “Me parece entrañable que hablen ustedes de corrupción con todo lo que tienen detrás”, le dijo a Tellado el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. “¿Ustedes me hablan de corrupción? Su corrupción es Rato [Rodrigo] en la cárcel?”, abundó Yolanda Díaz. El PP, por boca de Elías Bendodo, acabó protestando airadamente tras descubrir las cámaras del hemiciclo que, al concluir la intervención de Sánchez, la vicepresidenta Díaz, riendo y aplaudiendo a la vez, se dirigió a él exclamando: “¡A la mierda!”. Los populares solicitaron la dimisión de Díaz. Meses atrás, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue cazada en la tribuna de invitados del Congreso llamando “hijo de puta” a Sánchez. Para justificarse pretendió hacer creer que lo que en realidad había dicho era “me gusta la fruta”. Y desde entonces el PP lo ha convertido en un lema contra el Gobierno.

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Desde las antípodas ideológicas de Vox y con propósitos diametralmente opuestos, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, también comenzó la campaña del 9-J desmarcándose de la entente europea entre conservadores y socialdemócratas. Más aún: Irene Montero, cabeza de lista de Podemos, denunció este martes en RNE que en Europa impera “un gran consenso desde la socialdemocracia a la extrema derecha para contribuir a la escalada bélica”.

Un año atrás, el camino hacia las elecciones generales se presentaba como un choque entre los dos graníticos bloques ideológicos. Los integrantes de cada uno de ellos procuraban no mostrar disensiones. La confrontación vuelve a ser la misma en esta campaña, sobre todo ante el gran tema que recorre el continente: el auge de la extrema derecha y la posibilidad de que condicione la próxima Comisión Europea. La diferencia estriba en que ahora han estallado los reproches dentro de cada bloque. Y se producen escenas como las de este martes, con los dirigentes populares lamentando que “Vox se equivoca de adversario” y los dirigentes de Vox lamentando exactamente lo mismo del PP, aunque con la palabra “enemigos” en lugar de “adversarios”.

Las últimas generales alimentaron las aspiraciones de restaurar el viejo bipartidismo. PP y PSOE sumaron el 64% de los votos, 20 puntos por encima de lo que habían reunido en 2016, en plena crisis del sistema. Desde entonces, han crecido las ambiciones en cada uno de los dos grandes partidos por arrinconar a aquellos que les han comido espacio y con los que se ven obligados a compartir el poder. Pero las elecciones europeas no son el mejor escenario para ese propósito. Al celebrarse en circunscripción única, se castiga menos la dispersión de voto y puede resultar más asequible un escaño en Bruselas que en Madrid. De ahí que las apelaciones al voto útil, la eterna arma de los dos grandes, encuentren menos eco y que sus socios menores compitan con ellos de forma más desinhibida.

La campaña, que prosigue en medio de un interés público perfectamente descriptible, estuvo acaparada este martes por el reconocimiento del Estado palestino. A menos de dos semanas de las urnas, Pedro Sánchez se apuntó un tanto en un asunto muy grato al electorado progresista. Para no perder pie, las formaciones a su izquierda, Sumar, Podemos y los coligados en Ahora Repúblicas —ERC, EH Bildu y BNG— se lanzaron a exigir más, en este caso, represalias diplomáticas contra Israel. Dentro del Gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lleva días elevando la voz crítica en varios asuntos. El último, la decisión unilateral del PSOE, sin comunicación previa a sus socios, de entregar armas a Ucrania por valor de 1.000 millones de euros. En una entrevista en TVE, Díaz acusó al PSOE de actuar con “falta de lealtad” y una “muy grave falta de transparencia”.

Los socialistas evitaron hinchar la polémica. Su candidata, la también vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, esquivó la cuestión y, en una comparecencia ante la prensa en la agencia Efe, prosiguió con las alertas sobre la extrema derecha y las críticas al PP por su connivencia con ella. Ribera pidió a Alberto Núñez Feijóo que rompa sus pactos con Vox. “A la ultraderecha no la frena meterla en las instituciones, la alimenta”, aleccionó.

El PP inauguró el día enviando un mensaje a los periodistas para subrayar que Sánchez “está cómodo hablando de Palestina (o de Argentina) para no hablar de España”. En estas elecciones en las que, según diagnóstico general, se dirime la viabilidad del proyecto europeo, los populares prefieren hablar de la amnistía y de la trama de corrupción que están empeñados en atribuir al PSOE. Su candidata, Dolors Montserrat, estuvo en Ceuta, donde los periodistas le preguntaron por cuestiones como el reconocimiento de Palestina o la aspiración de la ciudad de ser declarada “región ultraperiférica” en la UE. En cada respuesta, Montserrat acababa colocando la misma coda: “Sánchez ha entregado a Puigdemont las llaves de La Moncloa”.

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Prohens llegó envuelta en una sonrisa permanente, saludó de modo muy efusivo a los diputados socialistas y, sin apearse ni un segundo de su gesto risueño, disparó sus primeras palabras: “Soy muy consciente de que estoy aquí por las maniobras de confusión, distracción y barro que ha puesto en marcha el PSOE”. La presidenta balear argumentó que su Gobierno desistió de seguir adelante con la reclamación del Ejecutivo de Armengol por su “debilidad” y porque no pedía la devolución íntegra de los 3,7 millones pagados por la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, que recomendaba el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García. Pero Prohens negó que el expediente haya caducado y alegó que el PP ha presentado dos nuevas reclamaciones por el importe total. “No puedo ser la presidenta de un Gobierno que regale un millón de euros a una trama corrupta”, afirmó.

La comisión investigadora vivió una intensa jornada, con sesiones de mañana y tarde, iniciada con el director general del servicio de salud de Baleares, el también popular Javier Ureña, quien detalló la evolución del caso después de que PP asumiese el Gobierno, en julio de 2023. Por esas fechas, con casi tres años de retraso, la anterior Administración había reclamado a la empresa la devolución de 2,6 millones, ya que las mascarillas eran de una calidad inferior a la comprometida. Ureña admitió que el 24 de agosto firmó una resolución asumiendo las actuaciones de sus antecesores, que hasta entonces desconocía porque, según dijo, nadie le advirtió del asunto ni a él ni a sus superiores en el traspaso de poderes. La empresa presentó alegaciones e incluso acudió a Mallorca a inspeccionar el almacén donde estaban las mascarillas. El Gobierno autónomo no ofreció ningún tipo de respuesta hasta que el 21 de febrero estalló el caso al conocerse las detenciones ordenadas por la Audiencia Nacional. Fue entonces cuando decidió presentar dos nuevas reclamaciones con un argumento diferente: que el objeto social de la empresa no se correspondía con la naturaleza del contrato, lo mismo que ocurrió con otros miles firmados en lo peor de la pandemia por Administraciones de todos los colores.

La Audiencia Nacional ha hecho notar que la reclamación está caducada porque el plazo para resolverla era de tres meses. Prohens, en cambio, esgrime un informe de su Consell Consultiu que los sitúa en ocho. El diputado socialista Juan Antonio González intentó acorralar a la presidenta recurriendo a los pinchazos judiciales, en los que los miembros de la trama presumen de que han conseguido frenar al nuevo Gobierno balear. Prohens negó reiteradamente y con gran energía que nadie de esa empresa la hubiese presionado: “Lo niego ante ustedes y donde haga falta”. Lo mismo sucedió con Ureña. El diputado de Més, integrado en Sumar, Vicenç Vidal, le había espetado: “O hubo una instrucción o una negligencia, porque solo cuando salta el escándalo se ponen las pilas”. El alto cargo replicó: “Ninguna presión, ningún consejo, ningún comentario”.

Prohens arrojó toda clase de sospechas sobre Armengol. La expresidenta, en su comparecencia del pasado día 13, había reconocido que habló en alguna ocasión con Koldo García, en su calidad de asesor del exministro José Luis Ábalos, pero jamás sobre compras de mascarillas. Su sucesora reveló este lunes que en los registros oficiales figura una visita el 26 de marzo de 2021 de Ábalos a Mallorca para supervisar unas obras y firmar convenios con el Gobierno balear. Según Prohens, Armengol y el ministro mantuvieron un encuentro privado. Entre los acompañantes de Ábalos figuraba —como siempre en aquella época— su asesor Koldo García. Nada más oírlo, el diputado popular José Vicente Marí se lanzó con entusiasmo:

—O sea, Koldo como Pedro por su casa.

El diputado de Vox Jorge Campos volvió sobre el asunto y preguntó a Prohens si el encuentro privado había tenido lugar en la sede del Gobierno autónomo. La presidenta no lo pudo asegurar, aunque dijo que sospecha que sí. Tampoco pudo corroborar que en la entrevista estuviese presente el asesor del ministro, pero a Campos ya le había tocado la fibra moral:

—O sea, que la señora Armengol estaba reunida en la sede del Gobierno balear con el señor Ábalos y el señor Koldo. ¡Es un auténtico escándalo!

Esa reunión, tras un acto perfectamente público, del que informaron los medios y el propio Gobierno balear, entre una presidenta autonómica y un ministro de Transportes también escandalizó a Elías Bendodo. Tras acabar la sesión, el coordinador del PP salió al encuentro de los periodistas para denunciar que esa es la prueba de que Armengol mintió en el Congreso. “Y eso es un delito”, remachó.

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Feijóo mantenía en el aire desde hace semanas, sin acabar de decidirse, la amenaza de sentar a Sánchez ante el comité investigador de la Cámara donde el Partido Popular controla la mayoría. El PP ha dado por fin el paso escudándose en que, según el partido, el presidente no respondió a sus preguntas sobre las actividades de Begoña Gómez en la comparecencia del pasado miércoles en el Congreso. Ese día, el líder socialista se limitó a defender la cualificación profesional de su esposa y a asegurar que respondería “encantado” a las preguntas de los senadores. Desafiante, Sánchez afirmó dos veces: “Me quieren quebrar, pero van listos”. La réplica de Feijóo fue anunciar ya en el mismo debate lo que este viernes ha formalizado su grupo.

Esa sesión parlamentaria mostró que el PP y su líder se aferran al caso con uñas y dientes para martillear con la idea de que “la corrupción llega hasta el entorno personal del presidente”. Feijóo dedicó ese día más tiempo a sembrar sospechas sobre Begoña Gómez que a comentar la situación en Palestina o la guerra de Ucrania. Y es que el PP sostiene que es el jefe del Ejecutivo quien recurre a cuestiones internacionales para “desviar los problemas internos del Gobierno”, es decir, el caso de su esposa. En el debate, Feijóo reiteró varias veces la pregunta de si el presidente sabía que Gómez había firmado cartas de recomendación de empresas que acudían a concursos públicos. Sánchez rebajó esos documentos a “cartas de presentación”, sin entrar en más detalles.

“Desde que estalló la trama, el señor Sánchez no ha tenido ni la más mínima capacidad de asumir ninguna responsabilidad”, afirmó la portavoz popular en el Senado, Alicia García, para justificar la solicitud de comparecencia. “Los españoles merecen respuestas a sus preguntas y necesitan luz ante tanto silencio”. La ofensiva del PP incluye los testimonios de María Jesús Montero y Nadia Calviño —esta última ahora en Bruselas, donde preside el Banco Europeo de Inversiones—, además de las exministras Raquel Sánchez, de Transportes, y Arancha González Laya, de Asuntos Exteriores.

El paso que todavía no ha dado el PP, pese a que Feijóo ha amagado con ello en alguna ocasión, es el de colocar a la propia Gómez en el trance de dar explicaciones en el Senado. De momento, además de llamar a Sánchez, los populares han reclamado una serie de documentación a instituciones públicas y organismos privados relacionada con las actividades de la mujer del presidente. Las peticiones revelan el empeño del PP por seguir vinculando el rescate a Air Europa cuando la pandemia interrumpió su actividad con las relaciones profesionales entre Gómez y la corporación que engloba a la aerolínea, Globalia. El primer partido de la oposición reclama al Gobierno central así como a los de Baleares y Canarias los datos de “ayudas, avales y créditos” a la compañía aérea en 2020 y 2021. A Globalia y al Instituto de Empresa, donde trabaja Gómez, le requiere el convenio firmado entre ambos para patrocinar con 40.000 euros actividades en África de esta última entidad, acuerdo que nunca llegó a ejecutarse.

El Senado también se dirigirá a una docena de comunidades —ninguna con gobierno del PP hasta mayo de 2023— para conocer las ayudas facilitadas a la Federación de Mujeres Rurales, una asociación que colaboraba con el instituto de Gómez. La mayoría de estas solicitudes tiene su origen en diversas publicaciones en medios digitales de la órbita conservadora. Los populares tampoco cejan en su empeño de mezclar el caso con el episodio de la escala en Barajas de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020 y llaman a declarar al director del aeropuerto madrileño.

“Son propuestas muy ambiciosas para que el Gobierno no encuentre ni una mínima rendija por la que ocultar estos casos de corrupción”, comentó Alicia García a través de un comunicado. El PP, añadió su portavoz, tiene el “absoluto convencimiento” de que de este modo “ayuda a los españoles a confiar en las instituciones públicas”.

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La gran cuestión que acaparará la campaña se hizo patente desde el primer minuto: la posibilidad cierta de que la extrema derecha entre en el gobierno europeo. Lo mostraron los dos debates inaugurales, el casi clandestino entre las candidatas españolas y el celebrado este jueves en Bruselas entre representantes de las mayores corrientes políticas del Parlamento europeo. En ambos casos quedó certificado que la derecha de toda la vida ya no se cierra a pactos como los que el PP mantiene con Vox en comunidades y municipios españoles. O al menos con una parte del magma ultra, la que representa la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una crítica de la UE más discreta que otros de sus pares ideológicos. A pactar con Meloni se abrió en Bruselas la actual presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Horas después se abonó a la idea Alberto Núñez Feijóo, quien esgrime que la italiana “no es homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha”.

Fueron precisamente los acuerdos PP-Vox tras las elecciones locales de mayo de 2023 los que insuflaron combustible a la izquierda para remontar el vuelo ante las generales. El temor a la entrada de Vox en el Gobierno actuó, según la mayoría de análisis, como el estímulo para una movilización de última hora que frustró la llegada al poder de la derecha.

Con los ultras avanzando en todo el continente, la izquierda va a exprimir hasta la última gota el reclamo que tan exitoso se reveló el 23-J. En la larga comparecencia de Sánchez el pasado miércoles en el Congreso, no se oían más de cuatro frases seguidas del presidente sin que resonase la palabra “ultraderecha”. No hay en Europa otro Gobierno tan nítidamente de izquierda como el español, y eso permite a Sánchez presentarse como un dique contra la marea extremista. “Somos lo que más odia la ultraderecha”, repite el líder socialista. La candidata Ribera lo recalcó en el primer acto de campaña en Valencia, junto a Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero: “Quieren reventar nuestro modelo de Europa”.

La gran diferencia respecto al 23-J es que esta vez los dos partidos en el Gobierno no comparecerán casi como si integrasen un ticket conjunto. Ahora se vota en circunscripción única, no hay peligro de perder sufragios por la dispersión, y el PSOE intenta arramblar con toda la izquierda para al menos reducir distancias ante el PP. Porque ni siquiera los socialistas más entusiastas se ven superando en cinco puntos a los populares, como vaticinó este jueves otra controvertida entrega del CIS de José Félix Tezanos.

Sumar necesita diferenciarse, como ha mostrado estos días en el Congreso rechazando dos leyes socialistas, tras meses sin apenas nada que vender en el Gobierno. Tiene la presión de Podemos, cuya supervivencia depende de colocar en el Europarlamento como mínimo a Irene Montero. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, abrió campaña en Madrid, junto a su candidata, Estrella Galán, arremetiendo contra los discursos de odio, al tiempo que advertía de que en Europa socialistas y populares gobiernan juntos y acaban de pactar el regreso a las reglas fiscales que limitan el gasto público. Frente a eso, Díaz se ofrece como la izquierda opuesta a otra ración de austeridad.

En el PP, el acoplamiento entre los mensajes y el ámbito geográfico de cada elección no resulta fácil de detectar. En Cataluña los populares no hablaron de la amnistía y en el País Vasco no hablaron de la herencia de ETA. Ahora que las elecciones son europeas, vuelven con la amnistía (lo mostró Montserrat en el debate con Ribera) y algunas dosis de ETA (reapareció en la sesión semanal de control al Gobierno). En un acto con empresarios este jueves en Barcelona, donde abrió la campaña, Feijóo hasta se permitió dudar de que el independentismo haya perdido la mayoría en Cataluña argumentando que los comunes, integrados en Sumar, defienden el referéndum de autodeterminación. Aunque el líder del PP ha enterrado su letanía de la campaña del 23-J, aquel fallido “derogar el sanchismo”, el mensaje de fondo ahí sigue.

Vox llega con las pilas cargadas tras haber salido indemne de las catalanas y el viento continental a favor. La novedad es que le ha salido un competidor: la lista de Alvise Pérez, acreditado difusor de bulos en las redes, que, según el CIS, podría colarse en Bruselas. Una criatura más para la galaxia ultra.

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Cualquier duda que hubiese quedado por el aparente desfallecimiento del líder socialista cuando hace tres semanas amagó con su dimisión se disipó en la larguísima comparecencia parlamentaria de este miércoles. Durante seis horas de debate volvió a verse al Sánchez enérgico, desafiante ante las críticas aunque estas incluyeran las actividades privadas de su esposa ―”tratan de quebrarme, pero van listos”, comentó en un par de ocasiones― y hasta en exceso triunfalista, en apreciación de algunos de sus propios socios. El presidente entró en faena reclamando “poner fin a la crispación” y al poco ya pasaba a acusar al PP de “estar cada vez más ultraderechizado”. Esa idea actuó como hilo conductor del debate y probable anticipo del gran reclamo socialista para el 9-J: alertar del avance de la ultraderecha en todo el continente y la supuesta complicidad en ello de la derecha tradicional. Con el corolario de que los “discursos de odio” acaban alimentando la “violencia política”.

El mensaje electoral tácito en el discurso de Sánchez se tornó en expreso en cuanto llegó el momento de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP remató sus dos intervenciones llamando a los españoles a castigar al Gobierno en las urnas y a participar en una nueva manifestación el próximo domingo en Madrid. Mientras Sánchez se extendía sobre Palestina y Ucrania, el gran interés de Feijóo se focalizaba en la esposa del presidente, Begoña Gómez. Sobre todo en su contrarréplica, acompañada por una eufórica escenificación de la bancada popular, que cada medio minuto prorrumpía en una atronadora ovación.

El jefe de la oposición sí dedicó algún tiempo a culpar al Gobierno de la crisis diplomática con Argentina y a acusarlo de aplicar una vara de medir diferente a la de otros casos. “¿Por qué referirse a su esposa pone en riesgo la democracia y que el presidente de México [Andrés Manuel López Obrador] ataque al Rey no?”, se preguntó. También el líder de Vox, Santiago Abascal, empleó buena parte de su intervención en defender frente a Sánchez a su correligionario y amigo Javier Milei, presidente de Argentina, tras los insultos de este al jefe del Ejecutivo español y a su esposa. “A Milei le han llamado drogadicto, fascista y loco y pretenden que no responda”, justificó. Y acusó al Gobierno de “coaccionar y tal vez sobornar” a los grandes empresarios que acudieron a una cita con el presidente argentino y lo repudiaron dos días después tras sus ataques a Sánchez.

Fue en el turno del resto de fuerzas cuando afloró la impaciencia de los socios de Sánchez y se encadenaron los llamamientos a poner en marcha de verdad una legislatura que hasta ahora solo ha podido avanzar a tientas. Las fuerzas más la izquierda exigieron activar ya medidas sociales en campos como el trabajo o la vivienda. Todos criticaron que el presidente siga sin concretar en qué debe consistir la cacareada “regeneración democrática”.

Sus socios gubernamentales de Sumar, además de ERC, EH Bildu y Podemos, le pidieron que busque alternativas para renovar el Consejo General del Poder Judicial esquivando el boicot del PP. Sánchez admitió que está llegando a la conclusión de que los populares tampoco pactarán esta vez y prometió que, tras las elecciones europeas, abrirá contactos con los grupos parlamentarios para estudiar esta y otras medidas.

Por Sumar, Íñigo Errejón urgió a “recuperar la iniciativa” con una “agenda política ambiciosa”. Errejón insistió en el discurso que viene prodigando últimamente: en España existe una “brutal asimetría de poder” por los resortes sociales e institucionales que controla la derecha y que, según él, coloca a la izquierda cuando gobierna en una “permanente actitud defensiva”. “¿Tenemos derecho las izquierdas a gobernar en España ejerciendo como tales?”, se preguntó retóricamente. Y de inmediato planteó la disyuntiva: “O seguimos cediendo hasta desilusionar a los que nos votaron o les plantamos cara”.

Gabriel Rufián confesó que Errejón se le había adelantado en el discurso. El portavoz de ERC no mencionó las elecciones catalanas ni su posible influencia en la relación con el Gobierno, pero algo del estado depresivo que atraviesa su formación se traslucía en la cruda autocrítica de la izquierda que esbozó. “Somos antipáticos, unos bordes”, reconvino Rufián. “Nosotros somos el límite del aire acondicionado y la derecha es la terraza de un bar”. Tampoco Míriam Nogueras, de Junts, planteó demandas concretas. Lo suyo consistió en rebajar la euforia de Sánchez por el triunfo del PSC en Cataluña, en criticar su “prepotencia” y en recordarle que sin Junts no podrá gobernar. “Usted necesita siempre los números de otros”, le advirtió en alusión tanto al Congreso como al Parlament.

Aitor Esteban, del PNV, y Néstor Rego, del BNG, reiteraron a Sánchez sus compromisos con Euskadi y Galicia. A cambio, Esteban garantizó la voluntad de su partido de asegurar la legislatura. También echó en falta “propuestas y medidas”, aunque él mismo excusó: “Con estas exiguas mayorías no está el horno para bollos”. Para definir el ambiente político, Esteban relató las conversaciones con sus amigos: “Me preguntan: ‘¿Qué tal por Madrid?’ Y antes de que yo diga nada, ya se anticipan: ‘¡Joder, mucho ánimo!”.

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La previsión demoscópica apunta a que lo más probable es que después del 21-A se repita en Vitoria el actual Gobierno de coalición del PNV y el PSE-PSOE, que volverían a reunir entre los dos la mayoría absoluta del Parlamento autónomo. Pero la gran incógnita a despejar es si, por primera vez en casi medio siglo de autonomía y casi 13 años después del fin del terrorismo de ETA, la izquierda abertzale logra convertirse en la primera fuerza de la comunidad. La encuesta refleja un empate a 28 escaños entre las dos formaciones nacionalistas, con una exigua ventaja de medio punto para el PNV en intención de voto: 34,2% frente a 33,7% de EH Bildu. Los socialistas, con prácticamente los mismos resultados que hace cuatro años, ganarían un diputado respecto a los 10 que tienen, lo que permitiría a la actual coalición de gobierno sumar 39 de los 75 asientos del Parlamento, uno más que la mayoría absoluta.

El trabajo demoscópico refleja un desgaste del PNV, que ha gobernado durante todo el periodo autonómico excepto tres años, entre 2009 y 2012. La formación podría retroceder 4,5 puntos y perder tres parlamentarios respecto a 2020. En cambio, para Bildu se abren grandes expectativas: parece en condiciones de avanzar hasta seis puntos, que le reportarían siete escaños más. Los de Arnaldo Otegi se llevarían un buen bocado de los antiguos votos de Unidas Podemos ―el 15%― y también captan a abstencionistas e incluso alrededor de un 5% de quienes dieron su respaldo la última vez al PNV y al PSE.

En las fuerzas de ámbito estatal casi nada se mueve, más allá de la fractura del espacio a la izquierda del PSOE. El trabajo demoscópico señala un cierto avance de casi punto y medio del PP, que, en todo caso, no le serviría para mejorar sus actuales seis asientos en el Parlamento y le mantendría en una posición marginal en la comunidad, con el 8%, casi seis puntos menos que el PSE, pese a que este también quede muy lejos de los dos nacionalismos. Los populares incluso cederían al PNV el 15% de sus apoyos de hace cuatro años.

Vox mantendría su único asiento en la Cámara de Vitoria, mientras que la disputa entre Sumar y Podemos sitúa a ambos en el filo del extraparlamentarismo. Frente al 8% que obtuvo la coalición Elkarrekin Podemos en 2020, los de Yolanda Díaz se situarían ahora en un 3% que les reportaría un escaño y los de Ione Belarra en el 2,8%, pugnando por no quedar sin representación.

Las grandes fuerzas políticas han renovado sus candidatos y eso se traduce en un escaso grado de conocimiento entre los ciudadanos. Imanol Pradales, el del PNV, apenas es conocido por el 55%, prácticamente lo mismo que el socialista Eneko Andueza, mientras que Pello Otxandiano, de Bildu, no llega a la mitad, incluso algo por debajo del más veterano Javier de Andrés, del PP, y a la par que Miren Gorrotxategi, de Podemos. A la cabeza de cartel de Sumar, Alba García Martín, no la conocen ni uno de cada cuatro encuestados. Otxandiano es el que mejor nota obtiene, aunque Pradales le supera en las preferencias sobre quién sería el mejor lehendakari: 24,8% frente a 21,5%.

En cuanto a la hipotética fórmula de Gobierno, el 28,4% se inclina por mantener la coalición entre peneuvistas y socialistas, un 23,4% desearía una alianza de todo el nacionalismo y un 15,6% se declara favorable a un pacto entre la izquierda abertzale y el PSE. Los vascos en general muestran una muy acusada inclinación a la izquierda. En la clásica escala de 0 (extrema izquierda) a 10 (extrema derecha), el promedio donde se autoubican los encuestados es el 3,9, cuando el último barómetro nacional de 40dB. colocaba la media de los españoles en el 4,8. Incluso los votantes del PNV se consideran decantados hacia el centroizquierda, en el 4,5.

A diferencia de Cataluña, el nacionalismo vasco ha dejado en un segundo plano la reivindicación independentista, lo que coincide plenamente con la opinión ciudadana plasmada en la encuesta. Ni siquiera entre los electorados del PNV y EH Bildu figura en primer lugar la opción por la independencia. En el conjunto de la población, la mayoría se pronuncia por conseguir más autonomía (37,5%), uno de cada de tres se conforma con mantener la actual y el 13% desearía un Estado propio.

Esa corriente se plasma también cuando se pregunta a los entrevistados por sus principales preocupaciones. Los encuestadores de 40dB. ofrecen un menú de nueve posibles respuestas y la “cuestión territorial” es, con mucha diferencia, la menos señalada. Desde hace tiempo se viene subrayando la fuerte inquietud entre los vascos por el deterioro de su sistema de salud, también corroborada por la investigación demoscópica. La “sanidad y calidad de otros servicios públicos” ocupa el primer puesto en la clasificación de preocupaciones, por delante de los asuntos económicos y de la vivienda.

Pese a todo, las respuestas revelan un importante grado de satisfacción general entre los vascos. Más de la mitad se declara así, mientras que los que tienen una impresión negativa sobre el estado de su comunidad no suman ni uno de cada 10. Eso sí, un 43,5% cree que ha empeorado en los últimos cuatro años. Tampoco se detecta una valoración negativa del Gobierno autónomo, cuya gestión apenas reprueba el 18%. Como es habitual, todos los datos internos de la encuesta pueden consultarse en las webs de EL PAÍS y la SER.

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El aluvión de críticas no llegó solo de los grupos que ya se habían opuesto a la iniciativa en la anterior legislatura. Sumar votó en contra, pese a que Unidas Podemos la apoyó en su día, salvo los comunes, que ya entonces la rechazaron Y el PP, que la había apoyado, dio otro giro radical y fue incluso más lejos que Vox: se apuntó al no mientras los ultras se abstenían. De los grupos que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez solo se mantuvieron fieles los únicos diputados del BNG y de Coalición Canaria. El resultado no admitió discusión: 122 a favor, 184 en contra y 36 abstenciones. Por primera vez en casi seis años de Gobierno de Sánchez, el Congreso impide al PSOE tramitar una iniciativa legislativa.

La dureza de los reproches se condensó en el final de la intervención de la diputada que habló en nombre de Sumar, el socio minoritario del Gobierno. Gala Pin dedicó sus últimas palabras a las “putas indignadas” del barrio barcelonés del Raval para prometer solemnemente: “No vamos a permitir que un partido que se siente hegemónico haga electoralismo con sus cuerpos y con sus vidas”. Un inusitado ambiente de hostilidad en los aliados de Sánchez, que se reflejó también en la encendida intervención de Pilar Vallugera, de ERC, quien hasta prefirió hablar en castellano para, según dijo, llegar más directamente a sus interlocutores. “Quieren destrozar vidas a golpe de Código Penal”, clamó Vallugera, tras haber arrojado otra implacable frase: “Aquí sentadas en estos fantásticos escaños es muy fácil decir que esas mujeres son perversas, malas, indignas …”

La diputada de ERC recordó con gesto de hastío que era la quinta vez que se debatía sobre la cuestión, pese a haberse comprobado que “rompe absolutamente la mayoría de investidura”. La última fue hace dos años y salió adelante gracias al apoyo del PP, aunque nunca se avanzó en la redacción de la ley. Como entonces, la iniciativa proponía reformar dos artículos del Código Penal para endurecer las penas de prisión por proxenetismo, castigar también con cárcel la cesión de locales para ejercer la prostitución y perseguir a los que contraten servicios sexuales con multas o hasta prisión si se trata de menores o personas vulnerables.

Que la suerte de la iniciativa estaba en el aire se intuyó cuando la socialista Andrea Fernández abrió el debate con un discurso en su defensa, presumiendo de actitud “firme contra las presiones y con la cabeza alta”. Fernández sostuvo que “no existe la prostitución libremente elegida” y que constituye un acto de “violencia contra las mujeres”. Intentó convencer al hemiciclo de que la iniciativa supondría un “enorme avance social” para poner coto a una “industria criminal” con conexiones multinacionales. “Me siento profundamente orgullosa de que mi grupo sea punitivista”, sentenció, antes de pedir a PP y Sumar “lealtad” a sus posiciones anteriores. Al bajar de la tribuna, la diputada se estrechó en un afectuoso abrazo con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ocupaba en solitario el banco azul.

Tras Fernández, un breve espejismo. Subió a la tribuna la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, y el PSOE escuchó una sincera adhesión a su propuesta. La única. A partir de entonces, el gran chaparrón: Podemos, PNV, EH Bildu, Junts, ERC, Sumar, Vox, PP… Todos contra el partido que dirige el Gobierno. Y con un argumento principal: el castigo a los proxenetas, sin estar acompañado de otras medidas, conducirá a las prostitutas a la clandestinidad y las precarizará más. En las intervenciones de algunas portavoces de la izquierda, como las citadas de Sumar y ERC, o Bel Pozueta, de EH Bildu, latió la histórica división en el feminismo sobre las propuestas de prohibir la prostitución.

Esa división se había producido en la desaparecida Unidas Podemos entre el abolicionismo de Irene Montero y los comunes catalanes, partidarios de la regularización. Esta última postura es la defendida por otras dos formaciones ahora en Sumar, Más Madrid y Compromís, y eso acabó decantando al grupo de Yolanda Díaz a engrosar el frente del rechazo. Podemos se abstuvo, después de que su diputada Martina Velarde preguntase a los socialistas: “¿De verdad creen que esto se soluciona aplicando el Código Penal?”.

Otra de las críticas más repetidas fue que el endurecimiento de las penas no vaya acompañado de un plan para ofrecer alternativas a las mujeres. “Cortan la cuerda y no ponen red”, dijo gráficamente Joseba Agirretxea, del PNV. Hacía mucho que no se escuchaba un discurso de EH Bildu tan corrosivo para el Gobierno como el de la diputada Pozueta: “Esto es un despropósito y una total irresponsabilidad. Querían un titular sin importarles las consecuencias”. “Una masterclass de demagogia”, definió Pilar Calvo, de Junts, el discurso socialista. Y coincidió con los demás: “Van a mandar a mujeres vulnerables a la clandestinidad”.

Quienes no cuestionaron el fondo del asunto fueron PP y Vox. Es más, la extrema derecha, por boca de la diputada María Ruiz Solás, abogó por penas aún más duras para los proxenetas. Pero ambas se escudaron en que esas medidas deberían formar parte de una ley integral sobre la prostitución y se unieron a las acusaciones de electoralismo. La popular Ana Alós llegó a interpretarla como una reacción al caso Koldo: “Cada vez que tienen un problema, sacan la bandera del feminismo”. Sobre el contenido de la propuesta afirmó: “Es absolutamente insuficiente, no da soluciones reales y abandona a las mujeres a su suerte”. El PP pidió el PSOE que la retirase y hasta el momento mismo de la votación rehusó anticipar el sentido de su voto. Se intuía que iba a pesar la tentación de infligir a los socialistas una derrota en vísperas electorales. Y así fue.

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La amnistía, el gran huracán que agitó la política española en los últimos meses, quedó sorprendentemente fuera de la campaña catalana, el lugar donde se aplicará. El PP obvió el asunto en sus mítines y tampoco quiso que el trámite final de su rechazo en el Senado coincidiese con los días previos a las elecciones. Todo quedó pospuesto para este martes y, una vez que el resultado de la votación estaba decidido de antemano, el gran interés del debate residía en comprobar cómo el veredicto de las urnas ha influido en el discurso de los partidos.

El PP inició el día con un aparente gesto de distensión, la retirada del simbólico conflicto de competencias con el Congreso a propósito de la amnistía. Pero en cuanto comenzó el pleno, sonaron las primeras salvas dialécticas de su portavoz, Alicia García, y quedó claro que la intensidad de los ataques no se iba a reducir ni un ápice. A los pocos segundos, García estaba hablando de “fraude democrático” y ya no se detuvo: “Mercadeo político”; “acto de corrupción política jamás visto en nuestra democracia” y “en ningún otro país”; “ataque contra la cohesión y la convivencia”, fruto del “plan de ambición personal” del “sanchismo endiosado”… En definitiva, la amnistía forma parte de una “deriva populista hacia una adulteración iliberal de nuestra democracia”, sentenció García, sin la menor mención a los resultados del 12-M ni al fuerte retroceso del independentismo. Al contrario, acabó dejando caer de nuevo que habrá referéndum de autodeterminación.

Tras esa retahíla, poco le quedaba por decir a Paloma Gómez Enríquez, de Vox, que se extendió en argumentos jurídicos para sostener la inconstitucionalidad de la norma, sin entrar en las alertas sobre la supuesta agonía de la democracia en España. Aunque sí descubrió otros daños insospechados de la amnistía, que incluso contribuirá a la “destrucción de la familia”. “Pues yo no veo más perjuicios de esta ley que en el orgullo patrio de algunos”, comentaría más adelante Igotz López, del PNV. La otra voz contraria a la amnistía fue la de Mar Caballero, de UPN, aunque en un tono más sosegado y con el argumento principal de que la norma “no responde a ningún interés público, sino a uno personal y partidista”.

Las elecciones catalanas irrumpieron en el debate en cuanto tomó la palabra el primer socialista. “España no se rompe, Cataluña no se va y al PP se le rompe el discurso”, proclamó en tono triunfalista el senador Antonio Magdaleno. “Se ha demostrado que si alguien tiene la capacidad de unir somos los socialistas”.

Los oradores de la izquierda atacaron con dureza al PP por lo que entienden como una manipulación partidista del Senado para prolongar durante los dos últimos meses el trámite de la ley, empezando por una reforma unilateral del reglamento que impidió que se solventase por vía de urgencia, como así había llegado desde el Congreso. “Una gran pantomima”, abrió fuego Magdaleno. Y tras él se sucedieron las descalificaciones. Los catalanes Sara Bailac (ERC) y Josep Lluís Cleries (Junts) hablaron de “filibusterismo”; Carla Antonelli (Sumar), de “las peores mañas de los perdedores fracasados”; la navarra Uxue Barkos (Geroa Bai), de “astracanada” y el vasco Gorka Elejabarrieta (EH Bildu) definió la Cámara baja como el “alcázar particular” del PP.

Los independentistas tampoco aludieron directamente a los resultados electorales, aunque ERC, la gran damnificada del 12-M, sí dejó escapar señales de su abatimiento. Primero Bailac y luego Joan Josep Queralt subrayaron que su formación inició ya en 2019 la batalla por la amnistía y fue “ridiculizada por ello”, en clara alusión a Junts. “Hemos abierto camino y quien va por delante se lleva los rasguños”, dijo Bailac a modo de justificación de su batacazo electoral, aunque sin citarlo expresamente. Cleries, de Junts, no entró en la controversia y prefirió dejar sentado que su formación seguirá reclamando el referéndum de autodeterminación, asunto que tampoco ERC olvidó consignar. Por ahí discurrió asimismo Elejabarrieta, de EH Bildu, al reclamar que en esta legislatura “se tiene que abordar ya y sin demora” el reconocimiento de un “Estado plurinacional”.

En la bancada socialista se vivieron momentos de entusiasmo con la intervención de su compañero José María Oleaga. El senador vasco hizo un repaso histórico a las posiciones de la derecha, desde las reticencias iniciales de Manuel Fraga y José María Aznar ante la Constitución hasta el rechazo a las leyes del divorcio, el aborto o el matrimonio igualitario. Dirigiéndose a los escaños populares, Oleaga repetía un estribillo cada vez que citaba uno de esos temas: “¿Con quiénes están de acuerdo ahora, con los socialistas o con sus dirigentes de entonces?”. El popular Antonio Silván acudió presto a rebatirle con lo que tenía más a mano: el cambio de opinión de los socialistas respecto a la amnistía. “¿Con quiénes están de acuerdo, con los socialistas de antes del 23-J o con los de ahora?”, parafraseó a Oleaga entre el regocijo de los suyos. Y, para intentar rebajar la euforia de los socialistas, culminó: “En Cataluña no se ha votado la amnistía”.

En las filas socialistas no acudió a votar el expresidente de Aragón y secretario general del partido en esa comunidad, Javier Lambán, crítico con la amnistía. Lambán explicó en una carta al portavoz del grupo, Juan Espadas, que votar junto al resto de sus compañeros habría supuesto una “insoportable deslealtad” con las posiciones que ha mantenido públicamente.

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En el Depor casi todo sucede en mayo. Fue un 14 de ese mes de 1994 —este martes se cumplen 30 años— cuando la Liga vivió en Riazor el desenlace más cruel nunca visto: un equipo humilde, sin ningún título en su trayectoria, perdía el campeonato que tenía a su alcance al fallar un penalti en el último minuto. La mitología del fútbol adjudica a ciertos clubes la etiqueta de sufridores y en eso pocos pueden igualar al Depor. Entre los setenta y los ochenta penó casi dos décadas sin jugar en Primera. En 2011 perdió la máxima categoría tras haber logrado un número de puntos con el que nadie ha descendido jamás. Unos años después se le escurrió el retorno a Primera en el último partido. Luego cayó al pozo de la tercera categoría sin poder disputar el duelo decisivo por causa de la pandemia. Las dos temporadas anteriores perdió otra vez el ascenso en los momentos finales, en una ocasión en el último choque, en su propio estadio y cuando el empate le bastaba.

Y a pesar de todo, el deportivismo no ha desfallecido. El propósito del fútbol —resulta banal decirlo— es ganar, y en la memoria de los clubes están inscritas en primer lugar sus gestas, en el caso del Depor, su Liga, sus dos Copas y sus fabulosas campañas en Europa. Las victorias engrandecen por sí mismas. El verdadero desafío reside en transformar las derrotas en un acto de grandeza. Sobre eso el deportivismo lleva años prodigando lecciones. Lo hizo tres décadas atrás, cuando convirtió en un héroe a Djukic, el malogrado ejecutor del malhadado penalti. Y lo ha vuelto a hacer ahora, cuando el club ha rondado el abismo.

Durante cuatro campañas, domingo tras domingo, decenas de miles de deportivistas han estado al lado de su equipo arrostrando tropiezos y fallos inconcebibles en los momentos cruciales. Riazor ha arropado a los suyos frente al Tarazona o el Arenteiro con el mismo sentimiento y la misma dedicación que lo hizo cuando estuvieron enfrente el Madrid, el Bayern o la Juventus. Las sobrecogedoras imágenes del domingo, con más de 33.000 espectadores en el estadio —récord en la categoría— y otros miles más en la calle son ya parte de la historia del club, tanto como las mayores hazañas en los tiempos de la elite. Porque nadie paladea mejor el sabor de la victoria que quien antes ha conocido el del sufrimiento. Ya lo dijo el sabio Arsenio: “El mundo no se gobierna únicamente por los sentimientos de los ganadores natos”.

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Sometida a un incesante fuego por parte del PP desde que estalló el caso, Armengol había comparecido el pasado 5 de marzo para dar explicaciones ante la prensa sobre las relaciones de su antiguo Gobierno con la empresa Soluciones de Gestión, eje de la trama presuntamente corrupta y que le suministró mascarillas de calidad inferior a la acordada. Entonces la presidenta del Congreso dejó una duda sin resolver: quién había recomendado esa empresa a su Ejecutivo en la primavera de 2020.

El asunto quedó aclarado este lunes antes de que compareciese Armengol. Uno de los testigos que le precedió ante la comisión fue el exdirector general de Salud de su Gobierno Manuel Palomino, quien relató que en abril de 2020 recibió una llamada desde la centralita del Ministerio de Fomento de una persona que no recuerda, quien le preguntó si quería participar en una compra “masiva, voluminosa, importante” de mascarillas y le facilitó el contacto de Koldo García. Tanto él como posteriormente el entonces consejero de Economía y Turismo, Iago Negueruela, y la propia Armengol explicaron que necesitaban con urgencia ese material para uso civil a fin de iniciar cuanto antes la desescalada y no arruinar la temporada turística veraniega. Palomino agregó que se comunicó con García por WhatsApp y este le facilitó el contacto de Soluciones de Gestión.

Armengol se curó en salud antes incluso de que comenzaran las preguntas y comentó: “Quiero ser sincera. Yo he tenido algún contacto con el señor García, era asesor del ministro de Transportes y no puedo recordar lo que hablé con él. Lo que sí puedo decir con toda rotundidad es que jamás hablé con ese señor de los contratos con ninguna empresa, porque jamás lo hecho nunca con nadie”.

Lo repetiría varias veces a lo largo de la comparecencia ante las preguntas de los diputados y cada vez con mayor énfasis: “He sido cuatro años presidenta del Consell de Mallorca y ocho presidenta de Baleares y nunca, jamás, he dado una orden a nadie para que contrate a una empresa concreta”. Lo remachó incluso ante el parlamentario de Més, integrado en Sumar, Vicenç Vidal, que fue miembro de su Gobierno: “Usted ha sido consejero mío, lo sabe perfectamente”. Armengol argumentó que ningún presidente está el tanto de los expedientes administrativos de cada contratación y afirmó que el de este caso lo ha estudiado ahora para poder dar explicaciones ante la comisión. Incluso recurrió a su condición de farmacéutica de profesión para justificar que permaneciese ajena a esos asuntos.

La comparecencia de la tercera autoridad del Estado había estado precedida de un tenso careo, por momentos a gritos, entre el diputado del PP José Vicente Marí Bosó y el exconsejero Negueruela. Sin llegar a tanto, también se vivieron momentos muy ásperos con las preguntas a Armengol del popular Elías Bendodo y del miembro de Vox Jorge Campos. Ambos la acusaron reiteradamente de mentir, de “desprestigiar” el cargo que ocupa y de actuar de “avalista de una trama corrupta”. Bendodo llegó a imputarle directamente un delito de prevaricación e incluso aseguró que si no fuera por su aforamiento estaría ahora investigada, cuando ninguno de los cargos de su Gobierno que tomaron las decisiones sobre el caso han sido objeto de acusación por el organismo judicial que lo tramita, la Audiencia Nacional.

Ante las insinuaciones de Campos, la dirigente socialista se revolvió: “Yo no estoy implicada en ningún caso de corrupción, odio profundamente la corrupción política, hace muchos años que lucho contra esa lacra”. El representante de Vox ironizó además con que Armengol hubiese confesado su pesadumbre en los peores momentos de la pandemia y ella volvió a retrucar: “Pues sí que lloré, eché muchas lágrimas, fue la peor época de mi vida”.

Los diputados le preguntaron especialmente sobre dos cuestiones: el retraso de tres años en reclamar a la empresa la devolución de 2,6 millones una vez que se constató que las mascarillas no eran FFP2, como se había comprometido, y que, tras descubrir ese incumplimiento, su Administración firmase un certificado haciendo constar la normal recepción del material. Sobre lo primero, tanto Armengol como antes Negueruela aludieron al colapso de la Administración por la pandemia y señalaron que disponían de cuatro años de plazo para hacerlo. Y los dos acusaron al actual Gobierno balear del PP de dejar caducar la reclamación a la empresa, asunto por el que los socialistas han presentado una denuncia en un juzgado de Palma. En cuanto al certificado, le restaron valor, al sostener que se trataba de un mero reconocimiento de que se había recibido la mercancía y no un aval a la empresa, como denunciaron PP y Vox.

Vidal, de Més, y Francesc-Marc Álvaro, de ERC, evitaron las acusaciones frontales. Este último incluso advirtió de entrada de que no dudaba de la palabra de la presidenta del Congreso y que lo único que pretendía era determinar su posible responsabilidad política. Pero ninguno de los dos dejó de hurgar en aspectos del caso que consideraron poco claros. A preguntas de ambos, Armengol manifestó que ningún funcionario le informó de que en julio de 2022 agentes de la Guardia Civil habían acudido al departamento de Salud a reclamar el expediente.

Armengol no se reprimió de acusar al PP de “construir un relato falso” y de atacarla únicamente por su condición de presidenta del Congreso. Y acabó con un llamamiento: “Pido parar esta forma de hacer política. Por el bien de las instituciones, de la democracia y de este país”.

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Como ya había ocurrido con Salvador Illa, exministro de Sanidad y ahora líder de los socialistas catalanes, el Congreso se ha anticipado con la comparecencia de la expresidenta balear al Senado, donde los populares controlan otra comisión indagatoria centrada exclusivamente en el caso Koldo. Desde el primer momento de su elección al frente de la Cámara baja, Armengol ha estado en el punto de mira de los populares, que atacaron sus decisiones e intervenciones públicas y la descalificaron por aceptar el uso de los idiomas cooficiales en los debates.

Las arremetidas del PP contra Armengol, con reiteradas solicitudes de dimisión, arreciaron a raíz del estallido del caso Koldo y la revelación de que el Gobierno balear fue una de las Administraciones que contrató a Soluciones de Gestión, la empresa patrocinada por el exasesor del ministro José Luis Ábalos. La comisión convocada para este lunes, en sesiones de mañana y tarde, estará íntegramente dedicada a examinar la actuación del Ejecutivo que entonces dirigía las islas. Antes que Armengol, prestarán declaración el exdirector del servicio autonómico de Salud Manuel Palomino y el exconsejero de Modelo Económico y Trabajo Iago Negueruela, actual portavoz socialista en el Parlamento balear.

Con toda seguridad, los diputados tratarán de resolver una incógnita que hasta ahora la presidenta del Congreso ha dejado en el aire: quién la llamó, a ella o a otras personas de su Gobierno, para recomendarle la empresa Soluciones de Gestión. Armengol dejó esa pregunta sin contestar hasta en tres ocasiones, en una comparecencia ante la prensa el pasado 5 de marzo, cuando más intensos eran los ataques del PP ante las novedades que se iban sabiendo sobre el sumario del caso, instruido en la Audiencia Nacional. Eso sí, negó con vehemencia haber sufrido “coacciones o presiones” para comprar los tapabocas a esa empresa y aseguró que la decisión la tomaron los técnicos sanitarios.

La tercera autoridad del Estado sí ofreció entonces su versión sobre otro de los aspectos más controvertidos en la actuación de su Gobierno. Armengol reconoció que en junio de 2020, el Instituto de Higiene del Ministerio de Trabajo, adonde habían enviado las mascarillas para el análisis de su calidad, comunicó al Ejecutivo de las islas que estas eran quirúrgicas y no FFP2, lo que contravenía las condiciones acordadas. La Administración presidida por la dirigente socialista no inició hasta tres años después los trámites para reclamar a la empresa la devolución de 2,6 millones de euros por incumplimiento de contrato y presentó la reclamación oficial en julio de 2023, cuando ya estaba en funciones tras haber perdido las elecciones. Armengol lo justificó por los problemas que ocasionó la pandemia en el funcionamiento de la Administración.

El actual Gobierno balear, que preside la popular Marga Prohens, dejó pasar el plazo para confirmar esa reclamación, asunto por el que un juzgado de Palma ha abierto diligencias a raíz de una denuncia del PSOE.

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Pío Cabanillas, ministro de aquella UCD en la que todos conspiraban contra todos, dejó una célebre colección de frases mordaces, entre ellas una proferida en una noche electoral: “Ganamos, pero aún no sabemos quiénes”. Aquí la identidad del ganador resulta evidente. Lo que no se conoce es cuáles serán las consecuencias. Sánchez bien podría parafrasear a Cabanillas y decir: “Ganamos, pero aún no sabemos a qué precio”.

En los últimos años, los socios de Sánchez se han quejado a menudo de que el Gobierno emplease el miedo a la alternativa como principal argumento para mantener unida la mayoría. Lo cierto es que ese temor a un españolismo radicalizado con una alianza PP-Vox ha funcionado como el mejor pegamento cuando los engranajes del bloque en torno al PSOE chirriaban más de la cuenta. Y eso mismo sirve al Gobierno de argumento tranquilizador para convencerse de que Junts y ERC no pueden permitirse el lujo de tumbar a Sánchez sin incomodar a una parte importante de su electorado, como revelan las encuestas.

Que se rompa la mayoría se antoja improbable, tan improbable como que todo pueda seguir exactamente igual que hasta ahora. ERC, que, tras muchos titubeos iniciales, acabó convertida en un aliado fiable para Sánchez, ha sufrido un batacazo tremendo. La lectura más primaria es que ha sido castigada por su política en Madrid, como ya pareció revelar el 23-J. Seguir haciendo lo mismo visto que se ha revelado un mal negocio parece ciertamente problemático.

El comportamiento de Junts siempre ha resultado más impredecible. Su modesto avance podría interpretarse como un premio al retorno a la realidad tras el 23-J, aunque también un aval a una posición frente al PSOE que alardea de dureza y que ha descalificado sin tregua a ERC por entreguista. Fuera del poder en Cataluña, se atenúa mucho el posible incentivo de una vuelta a la estrategia pujolista de usar la posición arbitral en Madrid para conseguir ventajas materiales que luego se capitalizan desde la Generalitat.

Entre tanta incertidumbre, una certeza: el próximo día 30, el Congreso aprobará la amnistía. Y, tras lo ocurrido este domingo, Sánchez tendrá más argumentos que nunca para defenderla.

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En la mayoría de los casos se trata de reveses simbólicos, aunque reveladores de la dificultad de gestionar desde el punto de vista programático el heterogéneo bloque que invistió a Sánchez el pasado noviembre. El Gobierno señala que, pese a las dificultades, su estabilidad parlamentaria no está por ahora amenazada y tampoco ha interrumpido la actividad legislativa, porque hay 19 proyectos de ley en trámite en el Congreso.

Hace dos semanas, el pleno de la Cámara baja protagonizó un acto poco frecuente: decidió dar trámite a una iniciativa legislativa presentada por la oposición y que el Gobierno rechazaba. Esa propuesta, del PP, pretende legislar para retirar al lobo del catálogo de especies protegidas y permitir así su caza, como reivindican desde hace tiempo asociaciones de ganaderos, sobre todo del norte de España. En este caso se rompieron los habituales bloques en el Parlamento. El PNV y Junts unieron sus votos a los del PP y Vox. EH Bildu se abstuvo.

Es muy probable que esa derrota no tenga mayor trascendencia, porque el PSOE y Sumar disponen de mayoría en la Mesa del Congreso y pueden emplear el habitual truco de estirar indefinidamente el plazo de presentación de enmiendas al texto para bloquear así, de facto, el proceso de elaboración de la ley en comisión. El episodio, en cualquier caso, revela las fragilidades de la mayoría que invistió a Sánchez. En esta legislatura, la izquierda ha perdido peso en ese bloque con la entrada de Junts. En determinadas votaciones, el partido de Carles Puigdemont puede unir fuerzas con el PNV y ambos coincidir con el PP en cuestiones de índole social y económica.

Así sucedió, por ejemplo, el 9 de abril, cuando el pleno aprobó una propuesta del PP para reclamar al Gobierno que deflacte el IRPF, es decir, que tenga en cuenta la inflación al fijar las cargas tributarias de los contribuyentes. La abstención de Junts y el PNV permitió que los populares sacasen adelante su propuesta, aunque esta tampoco tendrá efectos prácticos.

Además de Junts y su actitud tantas veces imprevisible, otro foco de inestabilidad para el Ejecutivo es Podemos, con su estrategia de presentarse como la voz de la izquierda genuina. La conjunción circunstancial de las formaciones de Puigdemont y Ione Belarra ya ha provocado dos derrotas del Ejecutivo. La más dolorosa y de consecuencias más palpables fue el rechazo al decreto del Ministerio de Trabajo que reformaba el subsidio de desempleo. Ocurrió en enero, en el primer pleno importante de la legislatura. Podemos votó en contra y Junts se abstuvo. Ambas fuerzas consintieron también con su abstención que la derecha infligiese el 29 de febrero otro revés simbólico al Ejecutivo: la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La derrota más extraña del Gobierno llegó también de la mano de Junts. Extraña porque tumbaba precisamente la principal demanda del partido de Puigdemont para apoyar a Pedro Sánchez: la ley de amnistía. Sucedió el 30 de enero, cuando la formación independentista, temerosa de que su líder no pudiese beneficiarse de la norma tal y como estaba redactada, después de que la Audiencia Nacional formulase contra él cargos de terrorismo, votó en contra en el pleno. El texto volvió a comisión y, tras unos retoques, acabó saliendo adelante.

El caso Koldo ha provocado igualmente alguna contrariedad parlamentaria al Ejecutivo. El pleno aprobó el 14 de marzo una moción del PP que exigía responsabilidades por esa presunta trama de corrupción. Prosperó gracias a que se abstuvieron ERC, Junts y Coalición Canaria. Incluso hubo un voto a favor de uno de los integrantes de la mayoría de investidura, el BNG.

Fuera del pleno, el Congreso tiene una dilatada actividad en comisiones, alejada del foco mediático y con una trascendencia política muy limitada. Ahí el número de votaciones perdidas por el Gobierno alcanza el medio centenar desde enero. Se trata, en su inmensa mayoría, de proposiciones no de ley, meras declaraciones sin ningún efecto práctico. Pero ilustran el terreno resbaladizo en el que se mueve el Ejecutivo y la falta de consenso entre sus aliados sobre algunos temas.

El de la vivienda es un caso muy ilustrativo. En la comisión que se encarga de esos asuntos, Junts y el PNV han permitido que se aprueben varias iniciativas del PP y, por el contrario, ayudaron a tumbar una propuesta del PSOE para instar a todas las administraciones a que declarasen en las ciudades zonas tensionadas a fin de limitar el precio de los alquileres. En la Comisión de Industria, esas dos formaciones se han sumado también a los populares en iniciativas en favor de sectores empresariales rechazadas por la izquierda. En la de Asuntos Exteriores, las posiciones del Gobierno sucumbieron ante iniciativas del PP sobre Venezuela o el Sáhara Occidental (en este último caso, con todos los grupos, incluido Sumar, contra el PSOE).

Los dos partidos que integran el Ejecutivo de coalición se ven a veces en minoría en las comisiones por las ausencias de algunos de sus aliados, grupos pequeños sin diputados suficientes para atender todos los frentes. Por ese motivo, el 11 de abril, el PP y Vox consiguieron colar 21 resoluciones sobre el último informe del Tribunal de Cuentas en la comisión que se ocupa de este organismo, mientras que los socialistas vieron rechazadas dos suyas. Dos días antes, la ausencia de los independentistas catalanes facilitó que la Comisión de Política Territorial aprobase un texto pactado entre el PP y Vox contra la “discriminación lingüística” del castellano en algunas comunidades.

A pesar de las estrecheces en las que se mueve en el Congreso, el Gobierno destaca los 19 proyectos de ley que tiene en trámite en la Cámara, entre ellos el de representación paritaria entre sexos, el de movilidad sostenible o el de familias. El último presentado, el de reforma de la ley del Suelo, prefigura otro trámite pedregoso después de que ERC, Junts y Podemos hayan presentado enmiendas a la totalidad.

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Las alarmantes advertencias de Tellado, el más bravo de los arietes opositores de Alberto Núñez Feijóo, hasta se quedaron cortas al lado de la gravedad del presentador del acto. El periodista Chapu Apaolaza, desde la mesa que preside la Sala Constitucional del Congreso. ante los retratos de los siete padres de la Ley Fundamental, alertó de que la tauromaquia representa “la última frontera de la civilización” frente a los que “pretenden destruir al ser humano”.

Feijóo anda estos días de campaña catalana enfrascado en el empeño de arrebatar a Vox algunos de los estandartes que la extrema derecha enarbolaba con más fiereza. Los toros como icono de lo español eran uno de ellos. Sobre esto el líder del PP ya tiene una cierta trayectoria. En 2010, cuando Cataluña prohibió los toros y él presidía Galicia, probablemente la comunidad menos taurina de España, fueron muy sonadas unas declaraciones suyas: criticó la medida con el argumento de autoridad de que “en la pinacoteca de Picasso se advierten bastantes asuntos de tauromaquia” para atribuir al genio malagueño la condición de catalán. Ahora, sin meterse en profundidades artísticas, lanzó el miércoles un tuit para anunciar su presencia en la Feria de San Isidro, que comienza este viernes: “La semana que viene iré a Las Ventas para apoyar la tauromaquia y, sobre todo, para defender la libertad cultural en nuestro país”.

Al tiempo, el PP presentaba dos propuestas en el Congreso para solicitar la reposición del premio. Y Tellado, el más fiel peón de Feijóo, abría las puertas de la Cámara baja a representantes de asociaciones de tauromaquia de España, Portugal, Francia, México, Colombia, Ecuador y Perú, aprovechando que este viernes firmarán en Madrid un convenio de colaboración. En una Sala Constitucional casi llena hasta la bandera con diputados del PP ―de Borja Sémper a Rafael Hernando― y personas del mundo del toro, ocuparon la mesa presidencial diez hombres y una sola mujer, la portavoz parlamentaria de Cultura de los populares, Soledad Cruz-Guzmán, la única también que no tomó la palabra. Los intervinientes fueron detallando la situación en cada país, con críticas, en algunos casos, a los grupos de izquierda que propugnan restringir o prohibir el toreo.

Por parte española, Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia y heredero de la ya mítica ganadería que lleva su nombre, apeló a argumentos básicamente identitarios, sin entrar en críticas directas al Gobierno. Denunció que los “intentos totalitarios de extirpar” el toreo persiguen “debilitar los lazos que nos unen a los españoles”. Porque, según Martín, la lidia ha escalado hasta la categoría de “expresión cultural más enraizada y generalizada que existe en este país”. Ya antes que él, Tellado se había permitido hablar en nombre de todo el “pueblo español” para proclamar que “sigue comprometido con el disfrute de la fiesta nacional”.

El colombiano Felipe Negret, de la Corporación Libertad Cultural, relató la situación en ese país, con un presidente de izquierda, Gustavo Petro, abiertamente antitaurino y donde el Congreso está a punto de prohibir las corridas. Negret agradeció al apoyo prestado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de quien ensalzó su “arte y mando en plaza”. “Hoy, más que nunca, ella nos muestra el camino, que es la defensa de la libertad”, afirmó Negret, antes de concluir con otra ominosa alerta: “Está en juego la libertad de todos los ciudadanos de Hispanoamérica”.

Otros oradores evitaron entrar en la confrontación política y se acogieron a argumentos más culturalistas. O hasta filosóficos, como el portugués Hélder Milheiro, quien defendió que el enfrentamiento con el toro representa “la imagen del hombre poniendo orden en el caos de la naturaleza”.

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-¿En qué país serio un presidente se apropia de la democracia, del poder judicial y hasta de la opinión libre de los ciudadanos?

En defensa de Sánchez, ausente de la sesión, sale presta la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para negar que el amago de dimisión en diferido haya dañado la imagen internacional del líder socialista:

-El presidente del Gobierno es el mejor embajador que ha tenido nunca España.

Y en las filas de unos y otros suenan vítores y aplausos.

El Congreso lleva dos semanas prácticamente paralizado en cumplimiento de la vieja costumbre de interrumpir sus actividades principales cuando se desarrolla una campaña electoral. Pero en el Senado la mayoría popular trabaja sin descanso para preservar la esencia de la democracia -o eso es lo que defienden Alberto Núñez Feijóo y los suyos- y allí nada se interrumpe por mucho que los partidos anden en plena refriega electoral en Cataluña. Este martes, pues, tocaba sesión de control, el primer choque parlamentario entre Gobierno y oposición después del retiro introspectivo de Sánchez, aunque en ausencia de este.

El PP pintó el habitual cuadro terrorífico para definir al Gobierno: “deriva totalitaria”, “cruzada contra los derechos y libertades”, “nos encaminan a Venezuela”, “cenagal de corrupción”… Todo eso combinado con chascarrillos sobre la carta a los españoles en la que Sánchez se declaraba enamorado de su esposa. “Farsa de amor”, lo calificó Alicia García. “Galán enamorado dentro de una ópera bufa”, acrecentó su compañero Miguel Ángel de la Rosa.

Los representantes del Gobierno parecieron empeñados en demostrar su voluntad de frenar la “máquina del fango”, sintagma que ya se ha hecho omnipresente en el discurso del Ejecutivo. Montero y la ministra portavoz, Pilar Alegría, concentraron sus esfuerzos dialécticos en reconvenir al PP por su actitud, lejos de los intercambios de gruesas acusaciones que se habían oído las últimas semanas en el Congreso. “Reconozcan la legitimidad de las urnas”, emplazó Montero a los populares. “Están haciendo un terrible daño a la democracia”. “Abandonen de una vez la política de la destrucción y del bulo”, insistió Alegría.

Incluso el siempre locuaz Óscar Puente compareció más refrenado que de costumbre. Pero el ministro de Transportes no pudo resistir la tentación cuando el senador Juan José Sanz Vitorio lo acusó de aceptar la invitación al yate de un empresario al que había adjudicado contratos cuando era alcalde de Valladolid. “Hace falta tener cuajo para hablar ustedes de yates. Yo a donde no me subiría nunca sería al yate de un nacrotraficante”, replicó el socialista.

En un tono muy diferente al resto de intervinientes del PP, Sanz Vitorio, viejo conocido de Puente en Castilla y León, se entregó a la ironía para recordar diversas polémicas del ministro hasta acabar en la última: sus comentarios sobre “las sustancias” que consume Javier Milei que provocaron un furibundo ataque del presidente argentino al Gobierno. “Es imprescindible que deje de ser ministro”, concluyó Sanz Vitorio lo que Puente definió como “una performance” para pedir su dimisión. Pero el propio titular de Transportes no pudo evitar la risa con una de las ironías más celebradas del senador popular:

-Encárguele a Tezanos [director del CIS] una encuesta para ver quién es más guapo, Brad Pitt o usted. Se muere Brad Pitt.

La sesión ofreció un condensado perfecto de los dos tonos en que se mueve la política española. Cuando se hablaba de temas más técnicos -la política hidráulica, las energías limpias, la EBAU, las negociaciones sobre Gibraltar, las infraestructuras en La Rioja..- la discusión, aun con términos críticos, no se salía del cauce, mientras el hemiciclo parecía aburrirse entre conversaciones a media voz. Hasta que surgía un asunto más político, las bancadas volvían a alborotarse y los adjetivos caían como proyectiles sobre la Cámara.

En esta última faceta el PP se empleó a fondo para erigirse en defensor de los periodistas y en interpretar las críticas de Sánchez a los “pseudomedios” que difunden bulos como un plan para acabar con la libertad de prensa en España. “Es una estrategia de limpieza programada por el propio presidente del Gobierno”, clamó el expresidente extremeño José Antonio Monago, quien atribuyó al líder socialista la intención de convertir los medios en un “mero instrumento de propaganda política”. Desde su escaño, Monago pareció encajar con gesto de sorpresa la muy previsible réplica de Pilar Alegría, mentando las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, todopoderoso jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a periodistas de EL PAÍS y Eldiario.es por publicar noticias sobre el fraude fiscal de la pareja de esta.

El PP también puso en liza a la senadora por Ceuta Cristina Díaz Moreno para que arremetiese contra la “intromisión obscena del Gobierno” en RTVE, a la que definió como “máquina de propaganda del sanchismo”. La ministra portavoz expresó hasta dos veces su extrañeza por que fuese precisamente esa senadora quien lanzase tan aceradas críticas, pero no entró en más detalles. Un vistazo al currículo oficial de Díaz Moreno aclaraba la incógnita: llegó al PP tras haber dirigido la radiotelevisión pública de Ceuta.

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La campaña del 12-M obliga a hacer filigranas a socialistas e independentistas, aliados en Madrid y duros rivales en Cataluña. El PSOE necesita el triunfo de Illa como aval a su política de distensión frente a los cantos apocalípticos de la derecha. Y, a la vez, corre el riesgo de incomodar a dos apoyos imprescindibles para Sánchez. El independentismo debe hacer ver que su contribución a la estabilidad del Ejecutivo no supone claudicar en sus exigencias. Sobre todo en el caso de ERC, siempre bajo la lupa de Junts por su política pactista de la anterior legislatura. De modo que los ataques más duros de Esquerra se están concentrando en el PSC y particularmente en Illa, cuando no en el mismo Sánchez.

Los socialistas rehúyen el choque. Lo aconsejan el contexto político general y el afán del candidato del PSC de presentarse como una figura aglutinante y conciliadora. En el Gobierno hasta se muestran comprensivos con la actitud de ERC. “En campaña no hay amigos”, constatan en La Moncloa.

No ha sido fácil para los socialistas afianzar una relación estable con Esquerra, cuestión que, por momentos, ha acaparado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El partido de Oriol Junqueras contribuyó a tumbar el primer Gobierno monocolor de Sánchez tras rechazar sus Presupuestos, al comienzo de 2019. Meses después, en la investidura, no pasó de la abstención y al comienzo de la pandemia tampoco apoyó los estados de alarma. La relación parecía ya engrasada hasta que saltó el caso Pegasus, con el reconocimiento del CNI de que había intervenido el teléfono de Aragonès cuando era vicepresidente. Por unas semanas amenazó con irse todo al traste. Al final se enderezó y hoy ERC es un aliado mucho más fiable para el Gobierno que el imprevisible Junts.

Pero Esquerra ha pagado su precio: en las generales de julio sufrió una hemorragia en favor de los socialistas y pasó de 13 a 7 diputados. En un terreno más favorable para el independentismo como son las autonómicas, Aragonès y los suyos, aun dando por descontado el triunfo de Illa, se están empleando a fondo para minimizar las fugas. En ERC destacan que su gran ventaja y al mismo tiempo su gran inconveniente es que tienen un electorado fronterizo con todos los demás, exceptuando la derecha: PSC, Junts, Comuns Sumar y CUP. La última encuesta del CEO, el instituto demoscópico público catalán, resulta muy reveladora: Esquerra es la segunda opción para los votantes de todas esas formaciones. Es decir, que tanto puede quitarles votos como perderlos en favor de ellos.

El CEO y el CIS coinciden en que, a su vez, la segunda opción del electorado de ERC, por delante de Junts y de los Comuns, se sitúa en el PSC. Porque no todos los que se decantan por el partido de Aragonès pueden considerarse irreductibles independentistas. Uno de cada cuatro, según el CIS, se declara “tan catalán como español”. Ahí hay una bolsa de electores que se disputan Illa y Aragonès, y que ambas partes sitúan fundamentalmente en el cinturón metropolitano de Barcelona.

Los socialistas llegan más lejos aún en ese potencial que la jerga politológica denomina “atrapalotodo”. Excepto CUP y Vox, comparten fronteras con los demás, incluido el PP. “En julio nos votaron desde independentistas pata negra que querían evitar a toda costa que ganase la derecha hasta antiguos electores de Ciudadanos”, subraya un destacado cargo socialista. El madrileño Sánchez, tan repudiado en su comunidad natal, ha conseguido hacer de Cataluña un reducto sanchista. El 42% de los catalanes lo prefiere como presidente del Gobierno, cifra que se dispara por encima del 55% en el caso de los votantes de ERC y Junts, también según el último CIS.

Esas cifras explican los esfuerzos de Illa por aparecer como un candidato transversal, abierto a pactar con todo el mundo. En el primer debate electoral del jueves en TVE, ni siquiera descartó a Junts, pese a la insistencia de la líder de Comuns, Jéssica Albiach, para que lo hiciera. Este viernes pareció marcar más diferencias al manifestar que Carles Puigdemont “es bloqueo”.

El otro gran motor de la campaña de Illa, mostrarse como el hombre tranquilo que sosegará definitivamente la turbulenta Cataluña, encajó este viernes un gol en propia meta. El último candidato del PSC por Barcelona, Matías Carnero, también presidente de UGT Cataluña, dijo que Puigdemont había huido de España “meado y cagado” en un maletero. No solo Junts se le echó encima. Tampoco Aragonès dejó pasar la nueva ocasión para cuestionar los lamentos de Sánchez contra la “máquina del fango”. Y se lanzó a tuitear: “Para no querer fango se han metido con los dos pies”.

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Hacia al final del primer interrogatorio al que se sometió el número tres del PSOE, su paisana de UPN María Caballero sugirió que tal vez le estaban acometiendo los nervios y le preguntó qué haría si su partido lo mandase a las filas de atrás en el Congreso “como ha hecho con Ábalos”. Imperturbable, sin levantar nunca la voz, salió al quite: “Yo no me pongo nunca nervioso en esta comisión. Y si mi partido me pide que me siente atrás, yo me siento atrás”.

Además de Caballero y los populares Alejo Miranda y Gerardo Camps, el socialista enfrentó las ironías de Joan Queralt, de ERC, quien señaló que Koldo García “debe de ser un ectoplasma” porque “parece que nadie lo conoce”. Pero Queralt acabó con un elogio: “Usted lo ha hecho mucho mejor que el señor Illa [Salvador, exministro de Sanidad, que compareció la pasada semana]”.

La comparecencia sirvió para que Cerdán ofreciese un relato completo de su relación con García. Explicó que este, además de hacer funciones de chófer voluntario y de seguridad en el PSOE navarro, se ofreció a formar una candidatura en el municipio donde residía, Huarte, un feudo de la izquierda abertzale en el que nunca habían podido presentarse los socialistas. Pero negó que hubiese tenido nunca una relación de amistad con él. Cerdán dejó pasar sin comentarios la alusión del PP a que García había trabajado como portero en un “club de alterne”. El popular Miranda lo apretó recordándole que había sido condenado por agredir a un menor, y el socialista se agarró a que lo indultó el Gobierno de Aznar y lo condecoraron la Guardia Civil y la Policía Foral navarra por su trabajo como escolta en los años de plomo de ETA

En 2017, cuando las primarias del PSOE en las que Pedro Sánchez se impuso a Susana Díaz, Cerdán lo llamó a Madrid para que custodiase durante dos noches los avales a la candidatura de la que él formaba parte. El socialista empleó una expresión a la que luego intentaron sacar partido sus interrogadores de ERC y PP: “Teníamos miedo, entre comillas, de lo que pudiera pasar”. ¿Miedo a qué?, le inquirieron. El popular Camps se lanzó a hablar de “pucherazo”. “Había tensión y desconfianza”, despejó Cerdán.

Tras el triunfo de Sánchez, Ferraz contrató al ahora imputado por la trama de las mascarillas como chófer del secretario de organización, Ábalos (nunca del líder del partido, enfatizó Cerdán) Y Ábalos se lo llevó al Ministerio de Transportes como asesor cuando el PSOE llegó al Gobierno. A partir de ahí, Cerdán se lavó las manos. Dijo que siguió hablando con García solo esporádicamente, la última vez en octubre de 2023. Llegados a este punto, el dirigente socialista pasó algunos apuros ante la insistencia de Camps. Se escabulló cuando este le planteó si nunca se había cuestionado la falta de capacitación profesional de García para ser consejero de Renfe Mercancías y de Puertos del Estado. Y aunque reconoció que se veía a menudo con Ábalos, de quien sí se confesó amigo, y que normalmente este llegaba acompañado de su inseparable asesor, aseguró que jamás supo que Koldo ofrecía mascarillas a ministerios y comunidades autónomas.

-O sea, que se veían mucho y no hablaban de nada- ironizó Camps.

-Comíamos o cenábamos dos o tres veces al mes como mucho.

-Pues me parecen bastantes.

Cerdán contó que se vio por última vez con Ábalos el 25 de febrero para comunicarle su suspensión de militancia. “Me dijo que era injusto y que nos estábamos saltando el código ético del partido. Y tenía razón, porque estábamos yendo más allá”, narró para alardear de que el PSOE actúa con diligencia ante los casos de corrupción, “no como otros”. Opinó que tanto el exministro como su antiguo asesor podrían volver al partido si se demuestra que son inocentes.

Antes que Camps, otro popular, Alejo Miranda, tuvo menos éxito en su afán de incomodar al compareciente. Por momentos, el careo levantó carcajadas entre los socialistas.

-¿Nunca ha estado Koldo ni nadie de su pueblo en el piso de La Castellana que usted tenía?- preguntó Miranda.

-¿Yoooo? ¿Piso de La Castellana?

-¿Usted.. nadie, algún conocido o algún familiar, no ha adquirido un piso en La Castellana?

-Si me da la dirección, puedo ir y dejo de pagar el alquiler que pago.

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Illa trató de aferrarse a ese carácter imperturbable que hizo célebre en la pandemia, pero la insistencia de Rufián, con continuas interrupciones, acabó arrancándole algún rictus de crispación.

—Usted no puede venir aquí a decir que se le escapó un contrato de 253 millones —atacó el portavoz de ERC.

—¡No se me escapó nada! —protestó Illa.

La estrategia del socialista consistió en responder únicamente por su departamento y lavarse las manos respecto a la actuación de otros ministerios o administraciones gobernadas por su partido. A preguntas de Bendodo, admitió que se había reunido una vez con Koldo García, el exasesor del ministro José Luis Ábalos acusado de cobrar comisiones a cambio de conseguir contratos de compra de mascarillas para la empresa Soluciones de Gestión. “Muchas personas se dirigían al Ministerio en aquel momento. Yo le expliqué el procedimiento y le remití a los técnicos. Y ni el Ministerio ni ningún organismo dependiente de él contrató ni un euro con esa empresa”, aseguró.

Sobre este punto giró parte del choque con Bendodo, El portavoz popular había entrado con una estocada hasta el fondo: “¿Cómo fue posible que se le colaran tantos delincuentes?”. Y citando el sumario judicial del caso sostuvo que un organismo dependiente del Ministerio, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), sí adjudicó un contrato a la empresa de la trama. Illa adujo que se trataba de un acuerdo marco por el que su departamento se limitó a homologar ofertas presentadas por empresas con el propósito de ofrecer una guía a las diversas administraciones que buscaban material sanitario. Soluciones de Gestión presentó una propuesta en UTE con Ferrovial que efectivamente fue avalada por el Ingesa, pero nunca llegó a concretarse. Bendodo insistía en que sí hubo adjudicación y el exministro lo negaba: “No sé si tengo que decirlo en latín”. Acabada la comisión, el dirigente popular porfió ante los periodistas: “Illa miente sin inmutarse”.

Los continuos intentos de que se pronunciase sobre las contrataciones de otras instituciones con la trama Koldo tropezaron con una muralla. “A mí no me correspondía fiscalizar lo que hacían otros ministerios. Cada uno valoraba la idoneidad de sus productos y a mí me tocaba tomar las precauciones debidas dentro de mi responsabilidad”, respondió a preguntas de Maribel Vaquero, del PNV. Aina Vidal, de Sumar, le planteó si nunca había albergado sospechas de Koldo García. “Si las hubiese tenido, evidentemente las habría puesto en conocimiento de las autoridades judiciales”, despejó.

Cristina Valido, de Coalición Canaria, se detuvo en actuaciones del anterior Gobierno de las islas sometidas a investigación judicial, como el pago de cuatro millones de euros por una partida de mascarillas que nunca llegó. En ese punto el exministro de mojó algo más para justificar la actuación del Ejecutivo encabezado por su compañero Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial. Explicó que las empresas chinas que podían ofrecer material exigían el pago íntegro por adelantado. “Todos los países de Europa se encontraron con situaciones similares”, sostuvo.

Rufián también se extendió en denunciar contratos millonarios incumplidos y acuerdos con empresas sin experiencia en material sanitario. Illa retrucó que todas las administraciones recurrieron a compañías de diversos sectores que tenían contactos en China y aseguró que solo el 3% de los contratos de su ministerio registraron incumplimientos. Pero el portavoz de ERC había llegado en su versión más pistolera y no se detuvo: “Cuando a un cargo público lo timan una vez, la culpa es del timador. Si lo timan dos veces, queda inhabilitado como cargo público. Y si lo timan tres, es que hay tomate”.

Rufián superó con creces en dureza a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que se centró en acusar al exministro de apropiarse de competencias “de la institución que ahora quiere presidir”, la Generalitat de Cataluña. Carlos Flores, de Vox, dejó de lado las mascarillas y volvió sobre viejos asuntos de la extrema derecha: la crítica a la declaración del estado de alarma y las insinuaciones sobre supuestos efectos adversos de las vacunas.

Illa aún deberá pasar por el Senado para testificar de nuevo en la comisión paralela que ha creado allí la mayoría del PP. Quienes no tendrán que ir al Congreso serán los fiscales anticorrupción, después de que este lunes se desistiese del plan inicial de llamarlos ante la solicitud en ese sentido de la Fiscalía General del Estado.

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Como miembro del Ejecutivo y representante de su parte más a la izquierda, Díaz fue también la más concreta en detallar las medidas que deberían ser el eje de la ofensiva que tanto su formación como varios de los principales aliados parlamentarios van a reclamar a Sánchez. La vicepresidenta aludió a diversas medidas económicas y sociales, como la subida de los salarios, garantizar el derecho a la vivienda o reducir las listas de esperas sanitarias, y a la vez a un programa de regeneración democrático, con reformas para “democratizar la justicia”, renovar el CGPJ o derogar la ley mordaza. “Lo sucedido estos días debe representar un antes y después”, resumió Díaz

Los aliados parlamentarios del Gobierno habían arropado a Sánchez la pasada semana cuando insinuó que podría dimitir y este lunes celebraron que continúe y, con él, la legislatura iniciada hace apenas ocho meses. Pero casi todos pusieron el acento en lo mismo: que a partir de ahora debe dar un paso adelante en reformas que sirvan para atajar los “ataques de la derecha y la ultraderecha”. Los grupos independentistas deslizaron críticas a la actuación del presidente en los últimos días, especialmente incisivas en el caso de los catalanes, en plena campaña de las elecciones autonómicas.

En ERC tanto su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, como el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, acusaron a Sánchez de “frivolidad” y, en el caso de este último, incluso de haber “utilizado la conciencia ciudadana contra la ultraderecha”. “La respuesta [al PP] no pueden ser ruedas de prensa sin preguntas ni propuestas”, escribió Rufián en X. En una comparecencia en Barcelona, Aragonès citó algunas de las propuestas de su partido: suprimir la Audiencia Nacional, reformar el delito de terrorismo, elaborar una nueva ley de secretos oficiales y renovar una cúpula del Poder Judicial “anclada en el españolismo y las tesis conservadoras”.

“Esperamos hechos y no palabras”, coincidió la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en otro mensaje en las redes sociales. “Es el momento de actuar y poner pie en pared ante la derecha reaccionaria en todas sus vertientes con una agenda democráticamente valiente”. Aizpurua no concretó medidas y solo apuntó como objetivo genérico “levantar la hipoteca del régimen del 78 que niega nuestros derechos nacionales y sociales”.

Tampoco citó medidas concretas la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, aunque su partido insiste desde hace tiempo en reformar la ley del Poder Judicial para poder renovarlo sin contar con el PP. Belarra repitió lo que ya había dicho la pasada semana: que su partido es favorable a mantener la legislatura, “pero no así”. Y se preguntó: “Sánchez se queda, ¿pero se queda también la guerra judicial y mediática para seguir golpeando nuestra democracia?”.

Un mensaje similar al transmitido desde Galicia por la líder del BNG, Ana Pontón, y su diputado en el Congreso, Néstor Rego. Los dos mostraron su satisfacción por la continuidad de la legislatura, pero reprocharon al PSOE que “durante años haya mirado para otro lado” ante la “mentira, la difamación y el lawfare [judicialización de la política]” empleados, según ellos, contra las fuerzas soberanistas. Pontón reclamó “medidas efectivas de regeneración democrática” para acabar con estas prácticas.

La actuación de Sánchez en los últimos días ha dejado perplejos a la mayoría de sus socios parlamentarios, que no acaban de entender muy bien los motivos del presidente para insinuar primero su dimisión y luego dar marcha atrás. “Hemos asistido a un hecho insólito y que tampoco era necesario para los objetivos que públicamente se decía perseguir”, afirmó en una breve declaración en Bilbao el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. “Lo mejor que se puede decir es que el episodio ya ha acabado”. Esteban no participó del discurso de los grupos de izquierda instando a Sánchez a pasar a la ofensiva y únicamente señaló que “queda mucho trabajo por hacer”. Entre las medidas que el PNV defiende con insistencia desde hace tiempo están la reforma de la ley de secretos oficiales —esta legislatura ha vuelto a presentar una propuesta para acabar con una norma que proviene del franquismo— o la derogación de la ley mordaza.

Coalición Canaria (CC), cuya única diputada, Cristina Valido, apoyó la investidura de Sánchez, también se centró en criticar que el líder socialista hubiese tenido al país pendiente de su continuidad durante cinco días. Por lo demás, ha evitado formularle peticiones, más allá de que los socialistas bajen el tono contra el Gobierno de las islas, dirigido por CC en coalición con el PP.

Junts fue el único de los grupos que sostienen al Gobierno que evitó la pasada semana ofrecer un respaldo explícito al presidente e incluso no quiso anticipar si hubiese apoyado una hipotética cuestión de confianza. Tras el mensaje presidencial de este lunes, el secretario general de la formación, Jordi Turull, se dedicó a cargar contra Sánchez, al que acusó de “irresponsable” y cuya actitud atribuyó a un intento de interferir en los comicios catalanes.

Sánchez solo tiene asegurado el apoyo de Junts para unas pocas semanas, las que restan antes de la aprobación definitiva de la ley de amnistía. El Senado dispone de plazo hasta el 16 de mayo para devolverla al Congreso, donde la Mesa fijará un pleno a fin de darle el último trámite. A partir de entonces, y en función del resultado de las urnas catalanas, se sabrá si el partido de Carles Puigdemont se mantiene fiel a la actual mayoría y si la legislatura es viable.

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Han pasado 30 años y Losantos sigue propagando cada mañana que nos encaminamos hacia un régimen totalitario que nunca acaba de llegar. Losantos es algo más que un periodista. Es alguien que, cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estaba a punto de cerrar un acuerdo con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial, le lanzó un aviso: “No se le ha traído de Galicia para esto”. Y Feijóo rompió el acuerdo.

El caso de Losantos corrobora que los discursos tremendistas y la estrategia de la crispación vienen de antiguo en la política española. Y que todo eso se cuece en una olla a presión en la que se mezclan políticos y medios de la capital. Hace 30 años, González, en la diana de varios escándalos, clamaba contra el “sindicato del crimen”, un grupo de periodistas madrileños empeñado en derribarlo. Hoy, Sánchez, dolido por los ataques a su esposa, clama contra la “fachosfera”, una miríada de publicaciones, en su mayoría digitales, con sede en Madrid. “Una prensa encanallada que envenena el debate público”, según Ignacio Sánchez-Cuenca, catedrático de Ciencia Política de la madrileña Universidad Carlos III.

Mientras el ambiente mefítico reina en el Congreso, gallegos y vascos acudían estos meses a las urnas sin que nadie mentase el “que te vote Txapote” o el “me gusta la fruta”. Caso catalán al margen, el furibundo debate político nacional no tiene correlato en ninguna comunidad. Se ve en la diferencia, dentro del mismo partido, entre la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el andaluz Juanma Moreno. O antes en Podemos entre Pablo Iglesias y sus dirigentes regionales. O entre el Feijóo que presidía Galicia y el que combate a Sánchez. Aunque el líder del PP ya había mostrado gran versatilidad de registros: conquistó la Xunta en 2009 con una virulenta campaña en la que dirigentes del PP llegaron a alentar la patraña de que el líder del BNG, Anxo Quintana, maltrataba a su esposa.

La politóloga Cristina Monge, que vive en Zaragoza, de cuya universidad es profesora, y frecuenta Madrid, no alberga dudas: “Este ambiente tan crispado, tan encanallado, sucede de la M-30 para dentro, en una burbuja político-mediática y entre las élites”. En Aragón, Vox acaba de entrar en el Gobierno de la mano del PP y ni así se aprecia nada parecido, apunta. Para sostener que esta confrontación a cara de perro es más cuestión de élites que de la sociedad apela a un estudio de Mariano Torcal, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, autor del libro De votantes a hooligans y experto en la “polarización afectiva”, es decir, cuando el posicionamiento político condiciona las relaciones sociales, como sucedió en la Cataluña del procés. Torcal maneja unos indicadores según los cuales esa polarización afectiva está estancada en España desde 2021.

Elena Pisonero, madrileña, ejecutiva de empresas, tertuliana y ex alto cargo en Gobiernos del PP, sí cree que el violento choque político está permeando a la sociedad. “Ya no puedes hablar con nadie, la gente está muy cabreada, hay que bajar el diapasón”, señala. Pero concede: “Fuera de Madrid no es lo mismo”.

Cuando Andoni Ortuzar visita la capital, se encuentra a menudo con que lo increpan por la calle. “Me dicen: ‘traidor’, ‘mal español’, ‘ya vienes a robar’. Es lo que han leído”, cuenta el presidente del PNV, quien también acude a la imagen de la burbuja: “En los años de ETA, la burbuja estaba en Euskadi. Y ahora es en Madrid. Impera una política de caza a la persona, una praxis de deslizarse por un terraplén de barro”. Periodista de profesión, Ortuzar reclama “reflexión” a los medios: “Influye mucho la acción de medios muy de parte, sin responsabilidad editorial, que más bien buscan el acoso y derribo”.

Parecía que ya lo habíamos visto todo en la política española hasta que llegó la insólita carta a los ciudadanos de un presidente herido por los ataques a su familia. “Pero ya con Zapatero ocurrió lo mismo”, afirma Sánchez-Cuenca. “A él ya le llamaban presidente ilegítimo y decían que representaba los intereses de ETA. Hasta utilizaron a sus hijas para atacarle”. Lo que ha cambiado es la capacidad de amplificarlo todo de las redes sociales y los nuevos medios digitales. Tampoco la división había penetrado como ahora en cuerpos del Estado, caso de los jueces, los fiscales o los mismos letrados de las Cortes. Sánchez-Cuenca lo atribuye a una reacción al procés: “Muchos se han erigido en garantes de la unidad de España y defensores de una forma excluyente de nacionalismo español, abandonando la neutralidad que mantenían antes”.

La polarización se ha extendido por las democracias occidentales, y los especialistas sitúan a España en una posición alta en la comparación por países. “Particularmente intensa”, dice Michael Reid, que acaba de publicar España, un libro en el que ofrece su visión del país tras cinco años como corresponsal de The Economist. “A diferencia de muchos países de Europa occidental, el centro político casi no existe en España, y la lógica de un bibloquismo feroz domina. El abismo que divide izquierda y derecha es más profundo y parece más infranqueable, podría ser el legado más duradero de la guerra civil”.

Reid señala que la situación actual hunde sus raíces en el 11-M, que “sembró una desconfianza profunda entre los dos partidos grandes”. Y a eso suma la crisis económica, el surgimiento de Podemos y “la mutación del nacionalismo catalán en un populismo identitario separatista”. El profesor Torcal vincula el clima actual a la llegada de “partidos nuevos y extremos, tanto por la polarización de sus votantes como por la reacción en contra de los otros”. En la misma dirección apunta Ortuzar: “Se impuso una percepción de que todo el mundo era culpable mientras no se demostrase lo contrario. Y se pusieron en marcha una serie de mecanismos, códigos éticos o instrumentos judiciales, que ahora están utilizando unos contra otros. Y así llegamos a esta utilización espuria de los instrumentos judiciales, un cóctel explosivo”. Como remate, una “operación de caza a un presidente”, pintado “como el demonio”, en palabras del presidente del PNV.

La izquierda esgrime que los grandes momentos de crispación se han producido al perder el PP el poder. Íñigo Errejón, portavoz de Sumar, lo repite estos días. Cuando la derecha tiene el Gobierno, está en una situación confortable “porque la práctica totalidad de los poderes públicos y privados se alinean con él”. Y cuando lo pierde , “crea un clima social irrespirable” usando “resortes de poder antidemocráticos”, según ha escrito en Eldiario.es. Sánchez-Cuenca concede que la izquierda también crispa y cita episodios como la guerra de Irak, cuando a José María Aznar le gritaban “asesino” por la calle, o los escraches de Podemos. Pero cree que la derecha emplea “un patrón más estratégico” que incluye la utilización de instrumentos judiciales contra sus adversarios.

Reid, en cambio, sostiene que la izquierda “ha liderado la crispación en los últimos años”, primero con la “guerra cultural de Pablo Iglesias” y luego con el propio Sánchez. Admite que Feijóo aparece en ocasiones como “rehén de Vox y de los sectores duros de su partido”, pero sentencia: “El presidente ha hecho de la crispación una estrategia de poder, levantando lo que llamó ‘un muro’ contra los representantes de la mitad de la ciudadanía y tratando a la derecha como enemigos y no como simples adversarios”. Por ahí va también Pisonero, que cita un artículo en EL PAÍS de la filósofa Adela Cortina en el que criticaba los pactos de Sánchez argumentando que la democracia debe ser “deliberativa” no “agregativa”. “No se puede imponer tu visión de la política porque tienes 50 más 1 y mostrar total falta de empatía para el conjunto de la población”, lamenta. “Yo me siento ofendida cuando dicen que todo el que no es socialista está con la ultraderecha o con el fascismo”.

Tras las últimas elecciones y el inesperado fracaso de la derecha, los estudios que coordina Mariano Torcal han detectado una creciente desconfianza de los electores de PP y Vox con el funcionamiento de la democracia, incluidos problemas de aceptación de los resultados electorales. La sociología no hace más que aportar datos que corroboran la creciente desafección ciudadana. Monge aporta uno “salvaje”: solo el 7% de los españoles dice confiar en los partidos. La percepción de que la política no es más que un griterío donde todos se insultan, por mucho que se trate de un reduccionismo, se abre paso. “Lo más peligroso”, advierte Pisonero, “es el poco aprecio por lo que ofrece la democracia frente a la autocracia. Yo me encuentro con jóvenes que te dicen que prefieren un Gobierno eficiente y que resuelva como el chino”.

El filósofo Daniel Innerarity ha contado a este periódico la conversación que mantuvo hace un mes con Sánchez, en quien vio ya a un hombre abatido. Como tantas voces ―la mayoría con poca fe― Innerarity ha llamado a bajar la tensión partidista: “Lo que está en juego es nuestra manera de convivir”.

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La única duda ante el caso de que Sánchez anunciase el lunes —cuando concluye su autoimpuesto periodo de reflexión— que pedirá al Congreso que le renueve su confianza sería la posición de Junts, el partido de Carles Puigdemont, que, en cualquier caso, le ha retado a presentar la cuestión. Los demás aliados (Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, Podemos y BNG) sí han dejado caer que le refrendarían para frenar a la derecha y la ultraderecha. Coalición Canaria (CC), que también apoyó en su día la investidura de Sánchez, lo resolverá el lunes tras conocer la decisión del presidente, aunque también adelanta su condena a la ola de ataques personales al líder del PSOE.

En la investidura del pasado noviembre, el candidato del PSOE sumó 179 escaños a favor (todos los citados más Junts), con 171 en contra, lo que ya anticipaba una legislatura compleja y de máxima tensión. Es lo que ha ocurrido. A la espera de la decisión de Sánchez, se abren varias alternativas: que continúe sin más, se someta a una cuestión de confianza o incluso renuncie y se quede otro presidente de manera interina mientras no se produce otra investidura. Unas nuevas elecciones no se podrían convocar hasta el 29 de mayo, un año después de fijadas las últimas.

La cuestión de confianza es un instrumento que solo se ha utilizado dos veces en 45 años de historia constitucional y tiene un trámite muy similar al de una investidura. El artículo 112 de la Constitución y el 173 del Reglamento del Congreso recogen, con idénticos términos, que el presidente, “previa deliberación del Consejo de Ministros”, puede plantear ante la Cámara una cuestión de confianza “sobre su programa o sobre una declaración de política general”. Para superarla basta con obtener el apoyo de la mayoría simple del Congreso. Las únicas cuestiones de confianza debatidas en el periodo constitucional las plantearon Adolfo Suárez en 1980 y Felipe González en 1990, en ambos casos para buscar aval a sus políticas económicas, que fueron refrendadas por el Parlamento.

Sánchez podría ganar esa votación de confianza con los apoyos de ERC y nacionalistas vascos y gallegos y la simple abstención de Junts. En defensa de la actual mayoría parlamentaria salió el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, quien urgió a “construir un amplio bloque democrático” contra la extrema derecha y los poderes que, según él, condicionan la vida española sin presentarse a unas elecciones. En línea con lo que está propagando el PSOE por toda su estructura, Errejón también demandó “una movilización política y ciudadana en defensa de la democracia”. Yolanda Díaz insistió en esa idea y en defender “el bloque progresista y la legitimidad del Gobierno de coalición que tanto ha mejorado la vida de la gente”.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se decantó por la moción de confianza como posible salida, pero pidió a Sánchez que no espere hasta el lunes y que “decida cuanto antes” si sigue o abandona la presidencia. Ortuzar, en declaraciones a Onda Vasca, fue comprensivo con el “dolor” de Sánchez y le mostró su “solidaridad” incluso “a través de personas interpuestas”. El líder del PNV no criticó al juez del caso pero sí lamentó el “procedimiento judicial” que, según dijo, obliga a investigar cada denuncia aunque carezca de base. “No se puede parar la política por la denuncia de un sindicato de ultraderecha”, expresó Ortuzar, quien lamentó que la política “se está convirtiendo en algo desagradable”.

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, dejó aún más claro que su formación tampoco permitirá que fracase, en el caso de que se convoque, una cuestión de confianza: “Nosotros no le vamos a dar paso a la derecha”. Otegi cargó contra el “sistema judicial español”, al que acusó de practicar la persecución política o “lawfare permanentemente”.

En la misma línea, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, adelantó en Telecinco que su formación no permitiría que Sánchez deje el poder por lo que considera una “campaña de acoso política, mediática y judicial” de la derecha y la ultraderecha “contra el Gobierno legítimo”. ERC, en todo caso, no es partidaria de la cuestión de confianza. Según el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, “no tendría sentido” que el jefe del Ejecutivo se someta a ese trámite, ya que no hay “un problema con sus socios de investidura”, sino “de otro ámbito”. Aragonès aventuró que si Sánchez medita su renuncia es “por otras razones” no estrictamente políticas. Y luego avisó de que si sigue debe cumplir los compromisos de investidura adquiridos con ERC.

En cambio, Puigdemont, en un extenso comentario en X, retó a Sánchez a presentar la moción de confianza sin anticipar cuál sería el voto de su formación. El expresident, eso sí, recordó que Sánchez suele hacer “movimientos tácticos” y aludió a su biografiada capacidad de resistencia. El líder de Junts entrelazó sus peripecias y vivencias con las que pueden estar padeciendo el líder socialista y su esposa, que reconoció como “salvajes y deshumanizadoras” por parte de “la política y prensa española”. Pero concedió que con el anuncio de que medita su retirada “su liderazgo se ha debilitado”.

Quien pidió expresamente a Sánchez que continúe fue la líder de Podemos, Ione Belarra, aunque matizó: “Pero no así, hay que cuidar el bloque progresista”. Belarra acusó a la derecha de “no respetar las reglas del juego democrático”. El único diputado del BNG, Néstor Rego, se mostró tajante: “El Gobierno y la legislatura deben continuar para cumplir los compromisos adquiridos con Galiza”. Rego arremetió con dureza contra el PP y contra el juez que ha abierto la causa a la esposa del presidente y llamó a construir “un muro de contención frente a la derecha”. Y remachó: “Hoy es más difícil que nunca negar que en el Estado español existe lawfare”.

CC esperará a la comparecencia de Sánchez del lunes para pronunciarse, pero su portavoz en el Congreso, Cristina Valido, expresó su desagrado por el clima de confrontación actual y por el hecho de que la política se haya entrometido en la vida personal de los dirigentes, lo que, subrayó, ha afectado a miembros de diversos partidos.

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La carta de Sánchez ha causado desconcierto en el socio minoritario y los aliados del Congreso. Después de que trascendiera a primera hora del día que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias tras la denuncia del grupo ultra Manos Limpias contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, por un posible delito de tráfico de influencias, la formación izquierdista pedía inicialmente tiempo para emitir una reacción. La misiva ha pillado a Yolanda Díaz en la presentación de un libro en Madrid, un acto con apenas una treintena de personas y del que se ha marchado de forma precipitada para evitar hacer declaraciones. A pesar de que tanto la titular de Trabajo como el presidente han coincidido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso y han estado en contacto a lo largo del día, la vicepresidenta segunda no había podido leer aún el texto completo porque no tenía el móvil con ella, según fuentes de su entorno. Díaz ha abandonado la librería del Reina Sofía para evaluar la situación con sus ministros y dirigentes de Sumar.

“Todo el apoyo y respeto a la decisión y reflexión personal del presidente del Gobierno en un momento difícil”, reza el mensaje emitido poco después de las nueve de la noche en la red social X (antes Twitter). “La ofensiva de la derecha no puede salirse con la suya. Hay que defender la democracia, el bloque progresista y la legitimidad del Gobierno de coalición que tanto ha mejorado la vida de la gente”, ha afirmado Díaz. Más allá de reiterar el respaldo en el plano personal, su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, ha hecho hincapié más tarde en la “reflexión política”. “Lo que hay en juego es si un Gobierno de coalición progresista puede gobernar o si el poder solo le puede pertenecer por patrimonio sistemáticamente a los mismos”, ha resumido en la SER. “Cada vez que la derecha no gobierna en España convierte el clima en irrespirable y hace que quienes asumen responsabilidades políticas en primera línea paguen un precio altísimo”, ha añadido antes de referirse a la causa contra la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra, que la llevó a dimitir en 2022 y acaba de ser archivada.

“Tenemos una tarea ingente por delante y no nos debemos dejar intimidar por estas operaciones que lo único que buscan es desalojar del poder lo que votaron los españoles”, ha opinado en RNE el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. “Frente al acoso de la derecha y la ultraderecha, hoy más que nunca, un Gobierno valiente y unido”, ha señalado en redes la responsable de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García. “Toda mi solidaridad con el presidente en este caso de asedio permanente por parte de la ultraderecha. Vamos a seguir defendiendo la democracia”, ha expresado asimismo la titular de Juventud e Infancia y candidata a la coordinación de IU, Sira Rego.

Mientras, PNV y Junts han evitado posicionarse este miércoles. La portavoz de la izquierda abertzale en la Cámara baja, Mertxe Aizpurua, se ha referido a la apertura de diligencias contra Begoña Gómez como lawfare (”instrumentación política de la justicia”): “Sabemos bien lo que es el lawfare y qué objetivos buscan quienes lo promueven y amparan. Siempre nos encontrarán frente a quienes pretendan impedir el mandato popular. Siempre”. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha expresado su respaldo a Pedro Sánchez mediante un tuit que concluye con un enfático “antes rotos que doblegados”. El apoyo de Rufián viene precedido de algunos reproches. Alude a “quienes acosaron durante meses a Irene Montero frente a sus hijos”, a “quienes mataron políticamente a Mónica Oltra [exvicepresidenta valenciana, de Compromís] con una mentira” y a quienes “convencieron” a Sánchez de que “quizá estaba bien meter en la cárcel por un referéndum” para asegurar que son esos mismos los que ahora “van a por el PSOE”. Y reprocha a este partido que “miró muchas veces para otro lado cuando pasaba” todo eso. “Y a pesar de todo ello hoy solo cabe apoyar y aguantar”, subraya Rufián. Ya esta mañana, el portavoz de ERC preguntó al presidente en la sesión de control al Gobierno y lamentó que Sánchez esté “sufriendo en sus carnes la guerra sucia”.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha trasladado su “solidaridad y empatía” a Sánchez, aunque en línea con Rufián ha recordado el caso de Pablo Iglesias e Irene Montero, que durante meses y cuando formaban parte del primer Ejecutivo de coalición, sufrieron manifestaciones ultras a las puertas de su domicilio. “En Podemos sabemos bien qué significa el lawfare y la persecución mediática. Teníamos que haberles parado los pies cuando acosaron al vicepresidente y a una ministra del gobierno en su propia casa”, expresa la también diputada. “Aun así, nosotras pensamos que siempre es el momento de defender la democracia, a pesar del alto precio que supone. O la democracia se impone o ganan los reaccionarios. La democratización del poder judicial y de los medios de comunicación es una urgencia democrática”, ha señalado en dos mensajes en X.

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Lo que pasaba con Sánchez era que se había desayunado con la noticia publicada en El Confidencial de la apertura de diligencias judiciales contra su esposa, Begoña Gómez, tras una denuncia por presunto tráfico de influencias de Manos Limpias, entidad ultra cuyo fundador fue condenado por chantajista, aunque más tarde lo absolvió el Supremo. Después del espectáculo de las últimas semanas, con socialistas y populares arrojándose toneladas de basura en cada sesión de control y Feijóo amenazando con llevar a la pareja de Sánchez ante una comisión de investigación, podía esperarse cualquier cosa.

El caso es que el PP también llegaba con un embarazoso lastre familiar a cuestas, en este caso conocido desde la víspera: la comunicación a la Fiscalía por parte del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de que estaría dispuesto a aceptar una pena de ocho meses de prisión por sus delitos fiscales.Con esos respectivos bagajes a cuestas, Sánchez y Feijóo, Gobierno y oposición, escenificaron en el hemiciclo una suerte de pacto de no agresión sobre ambas cuestiones. Ni Feijóo ni ninguno de los otros nueve diputados del PP que intervinieron aludió expresamente a la esposa de Sánchez. Y ni el presidente ni ninguno de los ocho ministros que le siguieron recurrió al novio de Ayuso para retrucar a las acometidas de los populares.

Sánchez sí se refirió tácitamente a lo que le concernía durante el cruce dialéctico con Rufián. La pregunta escrita del portavoz de ERC era escueta —”¿cree usted en la justicia?”— y se refería a las presuntas maniobras ilegales de aparatos estatales contra dirigentes independentistas catalanes. Rufián, que en los últimos días, con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, se había mostrado muy combativo frente a los socialistas, echó un cable al presidente:

—Precisamente hoy es un buen día [para preguntar por la cuestión] porque está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia.

Con gesto muy serio, Sánchez pronunció dos veces la misma respuesta:

—Incluso un día como hoy, a pesar de todo, creo en la justicia de mi país, en la autonomía y la independencia judicial y la separación de poderes.

Fue la única alusión al asunto durante las tres preguntas a Sánchez. El debate soterrado estaba en los pasillos, donde varios ministros calificaron de “falsedad” el origen de la denuncia contra Begoña Gómez, y el PP, sin poner en liza a sus primeros espadas, sacó a una vicesecretaria, Ester Muñoz, para exigir explicaciones.

En las otras dos cuestiones que contestó el presidente durante la sesión de control, Feijóo se centró en el ascenso de EH Bildu en las elecciones vascas, y el líder de Vox, Santiago Abascal, en el consabido discurso de su partido para reclamar “repatriaciones masivas” de inmigrantes ilegales. El líder del PP restregó a Sánchez las críticas de los socialistas a EH Bildu durante la campaña vasca por negarse a considerar a ETA una organización terrorista y le preguntó si piensa romper sus pactos con esa formación. El presidente le replicó apropiándose de los resultados de las elecciones del pasado domingo: “Nueve de cada diez votos fueron para partidos que apoyaron mi investidura”. Feijóo insistió con el éxito de EH Bildu: “Es para que se preocupe, no para que brinde”. “El Gobierno escucha a los que ustedes no escuchan”, repuso Sánchez. “Nosotros gobernamos para la mayoría, no para los intereses minoritarios que ustedes defienden”.

La mayor contumacia en esgrimir el espectro de ETA llegó de nuevo de la mano del portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, a quien ni una fuerte afonía mermó su permanente disposición al choque. Tellado se pasó media sesión de control exhibiendo desde el escaño una foto de la actual portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, entrevistando, en su época de periodista, a dos etarras encapuchados. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, tiró de ironía. Valoró el “verbo sutil” de Tellado y agregó: “Hablamos con gente que no piensa como nosotros. También ustedes pactan con gente como Vox que no piensa como ustedes”.

La campaña catalana, por supuesto, acudió puntualmente a la cita parlamentaria. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, insistió ante la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su tesis de que el Estado “vacía los bolsillos de los catalanes”. La popular Ana Vázquez Blanco, uno de los látigos de Fernando Grande-Marlaska, fustigó al titular de Interior con los datos de delincuencia en Cataluña.

Algunos de los socios del PSOE evidenciaron su malestar por la reciente aprobación de una partida de 1.100 millones para gasto militar. La vicepresidenta primera y líder de Sumar, Yolanda Díaz, azuzada por la popular Cuca Gamarra, dejó sentado, sin entrar en más profundidades, que está en contra de ese gasto y que esa discrepancia sobre los presupuestos militares ya se hizo constar en el pacto de gobierno con los socialistas. El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu también se lo reprochó a la ministra de Defensa. Margarita Robles puso de manifiesto que no lo concibe como un gasto sino como una inversión y, de paso, que no tiene precisamente problemas de autoestima: arrancó una expresión de entre risa y asombro de buena parte del hemiciclo al alardear de que es la ministra mejor valorada del Gabinete.

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La presión no surtió efecto en los socialistas, que rechazaron la pretensión de ERC y acusaron a los independentistas de haber llevado a Cataluña a un “viaje a ninguna parte” con el procés, en palabras del diputado Amador Marqués. El PSOE insiste en que la nueva financiación debe ser fruto de un acuerdo con todas las comunidades. Sumar, en cambio, es favorable a una negociación bilateral con Cataluña, aunque tampoco apoyó la iniciativa republicana.

ERC insistió en su denuncia de que Cataluña sufre “un déficit fiscal” anual de 22.000 millones de euros, al ser la segunda comunidad que más contribuye a la caja común y solo la décima que más recibe. “Cataluña vive por debajo de sus posibilidades por pertenecer a este Estado”, afirmó Jordà, quien se afanó en poner de manifiesto las necesidades sociales de la población catalana para desmentir que su demanda sea insolidaria. “Los insolidarios son ustedes”, agregó, en medio de críticas al candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa.

Junts exhibió el mismo discurso, pero en términos más aparatosos. “La España política está exprimiendo a Cataluña”, clamó a gritos Eduard Pujol, para acabar también entre advertencias: “Han tirado demasiado de la cuerda y un día se van a encontrar con que van a ordeñar la vaca y la vaca ya no está”. Pujol dejó una frase enigmática como corolario: “Siete [los diputados que tiene su partido] es un número mágico”. Por el contrario, nadie puso más empeño en rebatir que Cataluña sufra un “maltrato fiscal” que el popular Nacho Martín. “Y si así fuese”, remachó, “sería en virtud de un acuerdo del PSOE y ERC en 2009″.

El Gobierno salvó sin problemas la acometida de sus socios independentistas, pero no ocurrió lo mismo con una proposición de ley del PP para retirar la protección especial de la que goza el lobo, como reclaman desde hace tiempo ganaderos y pastores del norte de España e incluso la Comisión Europea. Junts y PNV se sumaron a la iniciativa, en la que EH Bildu se abstuvo, y provocaron la derrota del Gobierno. La propuesta fue tomada en consideración por 180 votos contra 155 aunque habrá que ver si acaba fraguando en el trámite legislativo.

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La distancia entre el PNV y EH Bildu no solo quedó reducida al mínimo en lo electoral, sino incluso en lo puramente físico. Como si quisiera ilustrar sobre el terreno el asedio político a la histórica fortaleza peneuvista, la izquierda abertzale organizó su noche electoral en el mercado del Ensanche de Bilbao, a escasos centenares de metros de Sabin Etxea, la sede de la formación que domina desde hace más de cuatro décadas la política de Euskadi y donde nació su fundador, Sabino Arana. En la improvisada sede electoral, decenas de militantes, en su mayoría por debajo de los 40 años, comenzaron la fiesta muy pronto, entre cervezas y pintxos, un ambiente festivo que a la vez escenificó el nuevo rostro de la formación de Arnaldo Otegi: el rock radical vasco ha dejado paso al pop suave y bailable.

Tantas expectativas habían despertado las encuestas que algunos incluso aspiraban a una triple corona: ganar en votos y en escaños e impedir que PNV y PSE sumasen mayoría absoluta, lo que hubiese multiplicado aún más la fuerza que EH Bildu tendrá en el próximo Parlamento. Finalmente, la euforia no fue completa, pero el fervor de la militancia se desató igualmente cuando, pasadas las 22.30, comparecieron por fin Otxandiano y Otegi. Bildu no consiguió arrebatar la hegemonía al PNV, pero su crecimiento es más que notable y las fuerzas entre las dos formaciones nacionalistas han quedado muy igualadas.

La formación de Otegi se impuso en dos de las tres provincias, Gipuzkoa y Álava, y también en la segunda ciudad, la sede de las instituciones autonómicas, Vitoria. Queda a apenas 30.000 votos del PNV y empata en escaños tras ganar seis. Respecto a las elecciones de 2020, EH Bildu recaudó 83.000 votos más. En Gipuzkoa superó el 40% de los sufragios. Si no logró alcanzar al PNV fue por la resistencia de esta formación en su gran feudo, Bizkaia. Aún así, hace cuatro años en esta provincia los peneuvistas los habían superado en 20 puntos, que en esta ocasión quedaron reducidos a 11. Los dirigentes de EH Bildu subrayaron otras victorias de relevancia simbólica, como la de Eibar, un enclave tradicionalmente mucho más volcado a los socialistas y al PNV.

En el entusiasmo de la noche, Otegi se lanzó a ampliar las cuentas. Recordó que para ellos, “Euskal Herria son siete territorios históricos, no tres”, es decir, contando a Navarra y las regiones euskaldunes del sur de Francia. Y de ahí extrajo una conclusión: “Somos la primera fuerza de Euskal Herria”. En un discurso casi íntegramente en euskera, Otegi aludió también a la estrategia que ha bautizado como del “sirimiri”, es decir, una lluvia fina y paciente que, sin prisas por alcanzar el poder, espera llegar algún día a “convertirse en mar”.

Una parte importante del crecimiento de EH Bildu proviene de los antiguos votos del espacio de Unidas Podemos, reducido esta vez al único diputado de Sumar. Tanto Otegi como Otxandiano lanzaron en sus discursos guiños a esos votantes. El coordinador general de EH Bildu agradeció expresamente los votos procedentes de “la izquierda confederal”. Y el candidato prometió representar en el Parlamento a quienes apostaron en formaciones que se han quedado fuera, en lo que sonó como una alusión a los 23.000 vascos que eligieron la papeleta de Podemos.

Aunque la mayoría de los mensajes sonaron en clave nacionalista, sobre todo entre el grito constante de “independentzia” y el flamear de ikurriñas, Otxandiano también aludió a la apuesta social de su formación, que constituyó el eje de su programa electoral. Así, defendió que Euskadi necesita una política “más de izquierdas y más progresista”. En ese sentido, el crecimiento de Bildu sí ha tropezado con una muralla: la mayoría absoluta que mantienen PNV y PSE.

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Con el fin de ensanchar ese espacio presentado como el auténticamente democrático, el PP va a ampliar de dos a tres el número de plenos mensuales que se celebran en la Cámara alta. La medida fue anunciada la pasada semana “no por la portavoz parlamentaria del partido [Alicia García] ni por el presidente del Senado [Pedro Rollán], sino por el propio presidente del PP”. Con estas palabras resalta un portavoz del PNV la singularidad de que el anuncio lo hiciera Feijóo, que ni siquiera es senador, mientras en el Congreso los suyos cuestionan la independencia de Armengol. “El PP está patrimonializando la Cámara alta”, concluyen los nacionalistas vascos, en un diagnóstico compartido por todos los grupos menos Vox. “Está utilizándola sin ningún pudor para sus intereses partidistas”.

Nadie puede negar que los populares han sido transparentes al expresar desde el principio sus intenciones. Con la áspera franqueza con la que comentan fuentes de Génova: “Ir al Senado será para ellos [el Gobierno] como ir al dentista”. O con las formas más edulcoradas de su portavoz, Alicia García: “Los españoles tienen que saber que la esperanza está en el Senado”.

Feijóo reconoce que con sus palabras está “restando legitimidad al Congreso”, pero culpa de ello al Gobierno y resume la situación creada en esa Cámara, donde el PP se encuentra en minoría: “[Allí] da igual lo que digamos”. En el Senado, en cambio, la voz cantante la lleva el PP. “La función de controlar al Gobierno es de las Cortes Generales, y el Gobierno quiere adormecer la vida parlamentaria en el Congreso y tener unas Cortes hemipléjicas. No lo vamos a permitir”, argumentan fuentes populares. Así que han cavado una trinchera en esa Cámara de utilidad permanentemente en duda y actividad a menudo desconocida con el propósito de lograr la atención de los focos. De algún modo, ya sucedió en la recta final de la pasada legislatura, cuando Feijóo, entonces senador, mantuvo allí sus primeros escarceos dialécticos con el presidente del Gobierno, concitando una expectación pocas veces vista en el segundo brazo de las Cortes españolas.

Desde esa trinchera, los populares ya preparan la munición para lo que han convertido en la madre —y casi la única— de todas sus batallas: la proposición de ley de amnistía, que llegará a la Cámara alta la próxima semana si, como es previsible, el martes el Congreso aprueba el texto final pactado por el PSOE y el resto de grupos que la promueven. Los de Feijóo llevan preparando ese combate desde el primer minuto. Nada más comenzar la legislatura, impusieron una reforma del reglamento del Senado para que las proposiciones que el Congreso declare de urgencia no se liquiden en 20 días sino en dos meses. El objetivo, apenas disimulado bajo el rótulo de “mejorar la calidad democrática”, era prolongar el debate sobre la amnistía.

Paradójicamente, el cambio reglamentario se aprobó por el procedimiento exprés y con dudas legales que han llevado a los socialistas a recurrirlo al Tribunal Constitucional. El plazo de 20 días para liquidar las iniciativas declaradas de urgencia lo establece la propia Ley Fundamental, aunque en su literalidad habla de los proyectos de ley, los que emanan del Gobierno, y no de proposiciones, que son las promovidas por los grupos, como es el caso de la amnistía. “Estiraron y estrujaron el reglamento a su propia conveniencia”, insiste el PNV.

Otra de las primeras decisiones fue convocar a los presidentes autonómicos en la Comisión de las Comunidades Autónomas para que se pronunciasen sobre la ley de amnistía cuando esta era apenas un borrador. El PP se dispone ahora a repetir la jugada, entre las protestas de los demás grupos. “Esa comisión está para que los presidentes debatan cuestiones como la financiación autonómica”, apunta el portavoz socialista, Juan Espadas. “Pero esto es un mero instrumento para llevarlos a dar caña”. Los populares arguyen que la amnistía “afecta de forma directa, entre otras cuestiones esenciales, a la vigencia de nuestro Estado autonómico”.

Frente al trepidante paso de la ley de amnistía por el Congreso, el PP aprovechará los dos meses de tramitación en el Senado para pedir informes y comparecencias a expertos e instituciones exteriores, como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal. El de este último lo ha negado ya el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, alegando que queda fuera de sus competencias. “Vamos a mandar un mensaje a todos los españoles de que en el Senado se puede hablar y se puede debatir, y no se impone, como se nos ha impuesto desde Waterloo [en alusión a Carles Puigdemont], un texto que va contra los principios básicos de la democracia”, manifestó Feijóo el pasado viernes.

Al margen de aprovechar un altavoz institucional en la campaña contra la amnistía, esa estrategia reconocidamente obstruccionista no puede ir más allá de demorar los trámites. Vox ha insistido al PP —e incluso amenazado con querellas— para que bloquee la propuesta en el Senado sin devolverla al Congreso. Pero los populares admiten la inviabilidad jurídica de tal maniobra. Si transcurridos los dos meses de plazo la Cámara alta no se hubiese pronunciado sobre la ley, la doctrina del Tribunal Constitucional establece que el Congreso podría aprobarla definitivamente.

Decisiones unilaterales

Los grupos aliados del Gobierno acusan al PP de actuar de forma unilateral. Y vinculan esa actitud con lo que califican de “desbandada” de los letrados de la Cámara: el máximo responsable de la asesoría jurídica y sus dos adjuntos han renunciado tras 25 años en sus cargos. Espadas habla directamente de “purga”. “El PP ha puesto el Senado al servicio de Génova”, sostiene el socialista. “Como en el Congreso no puede generar una mayoría, ha decidido que no le interesa esa Cámara y ha convertido el Senado en una caja de resonancia. Es una estrategia de acción total para intentar atacar la estabilidad institucional”.

El diagnóstico resulta idéntico entre los nacionalistas. “Están utilizando el Senado como cámara de resistencia para equilibrar la debilidad en el control de los resortes de decisión en el Congreso”, denuncia el PNV. Con mayor crudeza lo expone Josep Lluís Cleries, de Junts: “Es una situación propia de un cortijo, puro filibusterismo político”. Cleries llegó a la Cámara hace 10 años, en las filas de la desaparecida Convergència, y ya vivió bajo otras mayorías absolutas del PP. “Pero jamás se habían traspasado las líneas como ahora”, arremete. “Han llegado incluso a degradar la figura institucional del presidente”.

Los grupos pequeños como Junts y PNV tienen su particular lista de agravios. Denuncian que la Mesa retrasó la constitución de sus respectivos grupos pese a que cumplían los requisitos. Y que se les ha privado de las remuneraciones de sus portavoces adjuntos, que sí disfrutan los grupos mayoritarios. La celebración del tercer pleno mensual también suscita fuertes críticas. Los opositores al PP señalan que muchos senadores son a la vez diputados autonómicos, alcaldes o concejales y van a tener dificultades para compatibilizar ambos cargos.

Cuestión de ruido

¿Y qué efectos prácticos puede obrar esta ofensiva? “Muy pocos”, responde la portavoz de ERC, Sara Bailac. “La estrategia es hacer ruido e intentar desplazar el foco mediático a una Cámara que siempre ha tenido muy poco. Pero, como se verá con la amnistía, se va a quedar solo en eso, en ruido”. Las competencias del Senado son de una Cámara de segunda lectura, cuyas decisiones siempre tienen que ser refrendadas por el Congreso. El PP puede buscarle las cosquillas al Gobierno creando comisiones de investigación o dilatando los trámites legislativos. O forzando a los ministros a comparecer tres veces al mes, como se dispone a aprobar tras haber introducido también en la reforma del Reglamento la obligatoriedad de responder a la llamada de la Cámara.

Solo hay una cuestión en la que verdaderamente el PP puede acorralar al Gobierno: la aprobación del techo de gasto y los objetivos de déficit, indispensables para sacar adelante los Presupuestos. En este caso, la decisión del Senado no es revisable por el Congreso. Y en la Cámara baja los populares ya votaron en contra. Si el Senado lo rechazase, los Presupuestos quedarían paralizados y el Ejecutivo tendría un mes para presentar de nuevo una propuesta de techo. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tranquiliza afirmando que guarda en la manga un plan b para el caso de un rechazo. Fuentes socialistas confían en disuadir al PP, ya que si el Senado tumbase la propuesta que incluye los objetivos de déficit, las consecuencias sobre la disponibilidad de fondos también las sufrirían las comunidades autónomas, mayoritariamente en manos de los populares.

Pase lo que pase, el Senado se ha convertido en un campo de batalla político como no se conocía desde 1978. Uno más para un Gobierno obligado a atender a múltiples frentes de combate. Puede que en la práctica las consecuencias resulten escasas, pero los aliados del Ejecutivo barruntan una época que el senador Cleries define con sorna como de “sangre, sudor y lágrimas”.

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Por otro lado, el PSOE ha acordado con sus socios parlamentarios incluir en su listado inicial de comparecientes al exministro socialista José Luis Ábalos, de quien Koldo García era asesor de la máxima confianza y que fue suspendido de militancia tras negarse a entregar su escaño en el Congreso. También desfilará por esa comisión la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero no su hermano ni su pareja, ambos beneficiados por transacciones de venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.

Las dos comisiones de investigación arrancarán el próximo lunes influidas por el atosigado calendario electoral. Y el inicio de las comparecencias revela por dónde quieren sus respectivos promotores que transcurran sus sesiones de trabajo en los próximos cuatro meses, plazo inicial acordado. En ambos casos las sesiones se podrían alargar y añadir nuevas peticiones de comparecientes, pero el PSOE ha llegado este martes con sus socios a un acuerdo con el que intenta colarle un gol político al PP: el Congreso llamará el primer día, el lunes 22 a las 16.00, a Illa. El candidato del PSC ya había sido convocado la semana pasada por el PP, que tiene el control de la comisión en el Senado, para el miércoles 24. De esta forma, cuando el exministro comparezca en la Cámara alta se habrá diluido mucho el efecto político del interrogatorio tras haber pasado ya por el Congreso.

El presidente de la comisión del Congreso, el socialista Alejandro Soler —que pertenece al sector del PSOE valenciano próximo a Ábalos—, reveló este martes, tras la primera reunión para definir el plan de trabajo, que ha optado por convocar el lunes, en primer lugar y por la mañana, a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y luego, esa misma tarde, a Illa. Aunque el PSOE y sus aliados pactaron hasta 134 comparecientes —todo un récord— para conciliar todos los intereses en juego, Soler solo avanzó la fecha de esos dos llamamientos. Los demás están por concretar. El diputado socialista justificó esa decisión en que Illa fue, como ministro de Sanidad, “el mayor responsable” de las contrataciones que se produjeron, aunque muchas no fuesen directamente a través del departamento que dirigía.

Los portavoces en la comisión del PP y Vox, Elías Bendodo y Jorge Campos, coincidieron en descalificar como “paripé” ese aluvión de peticiones de comparecencias, y afirmaron que el PSOE no pretende esclarecer nada. Fueron los únicos que se opusieron al programa inicial de trabajo. Bendodo llegó incluso a denigrar la comisión del Congreso como un intento de “ventilador u ocultación” del PSOE y sus socios “para bailarle el agua a Pedro Sánchez y para blanquear su corrupción”. Campos la minusvaloró como un “teatro, una vergüenza y una tomadura de pelo”

Otros partidos, como Junts y ERC, respaldaron el primer plan acordado pero avanzaron que pedirán más comparecencias en el futuro y se apuntaron el tanto de exigir al PSOE que llamara a Ábalos, por su relación personal y profesional con Koldo García. El PSOE no había metido a Ábalos en su primera opción de comparecientes y fuentes parlamentarias apuntan que no lo había hecho para no molestar más al exministro, ahora en el Grupo Mixto, y para conceder ese triunfo político a sus aliados. Junts y ERC no desaprovecharon la circunstancia para apuntar contra el ahora candidato Illa, del que censuraron su gestión durante la pandemia.

Los socios del PSOE también reclamaron y lograron que se llame a declarar a dos de los supuestos cabecillas de caso Koldo, los empresarios y comisionistas Víctor Aldama y Juan Carlos Cueto. La portavoz en la comisión de Sumar, Aina Vidal, lamentó que en ese primer programa de intenciones no estén de partida ni Tomás Díaz Ayuso ni Alberto González, el hermano y la pareja de Ayuso (PP). Vidal aventuró que podrán llamarlos más adelante.

El PSOE sí quiere, aunque aún no tiene claro cuándo, convocar a esa comisión a alguno de los más cercanos colaboradores políticos de Ayuso, como su polémico jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y su mano derecha y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que se ha significado por sus declaraciones gruesas en defensa de su jefa y de la actuación de su pareja, investigado por fraude fiscal.

Los socialistas, sin embargo, han rechazado en esta primera fase incluir entre los comparecientes al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, como sí pedían algunos de sus socios por sus actuaciones cuando aún era presidente de la Xunta de Galicia. También se guardan esa baza para vigilar de reojo cómo discurren las sesiones de la comisión en el Senado, donde los populares empezarán el lunes a examinar precisamente al exasesor de Ábalos-Los socialistas quieren ver si el PP decide finalmente pedir allí la presencia de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, por sus relaciones profesionales con algunas empresas que no tienen vinculación directa con el caso Koldo.

En la lista pactada para la comisión del Congreso sí están ya y tendrán que comparecer obligatoriamente la propia presidenta de las Cortes y tercera autoridad del Estado, la socialista Francina Armengol, y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en ambos casos por sus responsabilidades anteriores como presidentes de Baleares y Canarias, cuyos gobiernos autonómicos contrataron con empresas de la trama Koldo. El PSOE, Sumar y sus aliados convocarán además a los presidentes de Andalucía, Juan Manuel Moreno; de Baleares, Marga Prohens; de Murcia, Fernando López Miras; y de Galicia, Alfonso Rueda;, todos ellos del PP. También al propio Elías Bendodo, portavoz del PP en la comisión, en su condición de exconsejero andaluz; a Miguel Tellado, portavoz en el Congreso, citado en una de las conversaciones del sumario del caso Koldo; al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y a los comisionistas procesados por una presunta estafa con la venta de mascarillas al Ayuntamiento de la capital, Luis Medina y Alberto Luceño.

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Pregunta. Se fue con mucho ruido y ha vuelto con mucho ruido.

Respuesta. Llevo aquí ocho años y es cíclico hablar de que estamos en un momento políticamente muy malo, con muchísima violencia verbal. Seguramente todos somos responsables. No hay nada más aburrido que un político rajando de los medios de comunicación, pero todos tenemos que hacer una reflexión. Hablo con los amigos del barrio de siempre y lo que noto es muchísima desafección y desconexión, sobre todo entre el votante progresista.

P. ¿Y cómo lo ha visto estos meses desde la distancia?

R. Cuando eres un mero espectador del Telediario, te das cuenta de que el ruido es ensordecedor y que la gente no entiende nada, lo único que ve es otra gente peleándose. Tampoco quiero optar por la vía fácil de la equidistancia, porque evidentemente aquí hay una derecha que cada vez que no gobierna, todo va fatal. Pero a veces la izquierda se lo ponemos muy fácil.

P. ¿Y cuál es su fórmula para evitar la confrontación?

R. Que gobierne la derecha… Para gobernar, la derecha necesita que a sus países les vaya mal, sea cierto o no. Una reflexión que tenemos que hacernos es cómo puede ser que estemos en cifras récord en exportación, en industria, en ocupación, y la gente tenga la percepción de que su día a día es peor. La gente no nota los grandes datos macroeconómicos, mientras el aceite tiene alarmas [antirrobo] en el supermercado. La izquierda tiene que hacer pedagogía y llenar neveras. Y no tanta bronca y grandes conceptos.

P. El president Aragonès estuvo sorprendentemente crítico con el PSOE en el Senado el pasado lunes. ¿Va a ser muy difícil la relación con el Gobierno hasta que pasen las elecciones catalanas?

R. Siempre lo ha sido. A veces leo cosas y pienso: ojalá todo fuera tan planeado y hubiera realmente una estrategia. Nosotros vamos semana a semana, en función de lo que va sucediendo y sin perder de vista nuestro objetivo principal. Pero la relación con el PSOE siempre ha sido complicada, porque hay que apretarlo.

P. ERC exige ahora una financiación singular para Cataluña, algo que mucha gente de izquierdas ve insolidario.

R. Llamémosle financiación justa o llamémosle racionalidad. Todo el mundo sabe que la financiación autonómica es cuanto menos mejorable. Hay muchísimas comunidades autónomas, no solamente Cataluña, que están infrafinanciadas. Lo debemos explicar sin que una persona de Zamora crea que le queremos perjudicar. Se trata simplemente de que todo el mundo tenga servicios dignos. Lo fácil es demonizarlo y llamarlo egoísmo. Yo no quiero que una señora de Águilas espere un año para que la operen de la cadera y que en Cataluña sean dos días. Solo quiero equidad y mucha más justicia.

P. Lo que muchos interpretan es que una comunidad rica pretende contribuir menos a la caja común.

R. Pues Ximo Puig [expresidente socialista valenciano] también decía que estaban infrafinanciados y nadie le llamó egoísta. O incluso un tal Feijóo cuando era presidente de Galicia. Cataluña sufre también enormes desigualdades históricas, ha vivido grandes recortes con gobiernos de derechas, tiene una demografía muy complicada…

Al PSOE hay que incomodarlo, y eso ya no se hace tanto en la coalición

P. ¿Se repetirá la coalición independentista tras el 12-M?

R. Esa es la pregunta del millón y sería irresponsable por mi parte meterme en eso. Lo único que voy a responder es que ERC debe pactar con quien la respete.

P. Aragonès ya ha dicho que si gana el PSC no votarán a su candidato, Salvador Illa. Y entonces puede haber un bloqueo.

R. Insisto: ERC debe asumir pactos y negociaciones con quien la respete. Cataluña es muchísimo más que una bronca entre ERC y Junts. Y allí también hay mucho ruido. Illa tiene en su despacho un gato ya casi sin pelo en el lomo de tanto acariciarlo. Y lo acaricia aún más y dice: “Bien, bien, seguid, seguid…”. Quizá por eso tanta gente que no le votaba ahora se plantea votarle.

P. ¿En qué medida lo que suceda el 12-M va a condicionar la mayoría que apoya a Sánchez?

R. Hay mil cosas que pueden pasar aquí. Este tonteo que se traen la derecha catalana y la española es mucho más que un tonteo. Esta amenaza velada constante tanto de Feijóo como de según quien de la órbita de la derecha independentista catalana de que pueden llegar a pactar y tumbar este Gobierno… No lo digo como un mantra electoral, puede pasar.

P. ¿Antes de que la amnistía esté en vigor?

R. Es que la amnistía ahora mismo ya depende casi del poder judicial. Y una parte del poder judicial va a intentar hacer de todo para no aplicar la ley. Si Feijóo no ha pactado ya con la derecha catalana es porque Vox no le dejó. Pero eso quizá algún día acabe.

P. Ha advertido de que el 12-M no puede versar sobre una persona, en evidente alusión a Puigdemont. ¿Teme que suceda?

R. Es fácil de entender: unas elecciones tienen que ir de lo que le va a suceder a todos los catalanes, no a uno. La gente está pensando en cuánto va a tardar en operarse de la rodilla, en cuánto pagará de hipoteca… Igual en que quiere votar en un referéndum, pero también en saber si lo van a despedir. Todo eso interesa más que lo que va a suceder con una persona. Y lo digo con todo el respeto hacia esa persona que debería estar en su casa y no en el exilio.

P. ¿Le preocupa que haya surgido un independentismo abiertamente xenófobo?

R. Absolutamente. A mí me da igual que el fascismo lleve una estelada o una rojigualda. Hoy en día ser racista, homófobo, machista, parece que es valiente, políticamente incorrecto. Pues no, es de abusón de colegio. Te metes con el débil. Y culpar de la situación al último de la fila no es valiente, es de lo más cobarde que hay. Forma parte de nuestra responsabilidad no tontear con eso. Y también creo que es un error pensar que si no hablamos de ellos, mejor. Tienes que confrontar con ellos.

P. ¿Durará la legislatura?

R. Digo lo de siempre: depende del PSOE. Tenemos que seguir legislando para mejorar el día a día de la gente. Pero las izquierdas de fuera del Gobierno debemos quitarnos de encima esa losa: la responsabilidad de que se mantenga este Gobierno es de este Gobierno. Y tienen que dejar de jugar al mal menor.

P. ¿Cómo ve el espacio a la izquierda del PSOE tras la ruptura y el fiasco electoral en Galicia?

R. No aprendemos del cainismo. Los egos siempre han sido la kriptonita de las izquierdas. En Madrid es muy fácil perder la cabeza, creerte una especie de enviado o enviada del cielo con las tablas de ley de las izquierdas para enseñar a la gente. Y ahí es cuando te empiezas a equivocar. Lo he visto en muchísimos líderes a la izquierda del PSOE. También es cierto que el PSOE tiene esa pulsión de fagocitar constantemente lo que tiene a su izquierda. Creo que el futuro en este espacio es de las izquierdas soberanistas y no de aquellos partidos que prometían tantísimo.

La derecha, tarde o temprano, gobernará. Hay que aprovechar el tiempo que tengamos

P. ¿Se ha debilitado el polo a la izquierda del PSOE en el Gobierno?

R. Al PSOE tienes que incomodarlo constantemente para que responda. Y creo que hoy en día no se hace tanto eso dentro de la coalición. Todas las izquierdas tenemos que ser conscientes de que estamos en tiempo de descuento y que de nosotros depende que lleguemos o no a los penaltis. La derecha, tarde o temprano, llegará al poder. Casi es ley política de vida. Y tenemos que aprovechar el tiempo que tengamos, que ojalá sea bastante, para culminar cambios y procesos. No me refiero solamente a la resolución del conflicto entre el Estado y Cataluña. También a leyes sociales como la de vivienda, que se está demostrando insuficiente. La izquierda tiene que estar presente también en platós incómodos y confrontar. A veces pongo algunas tertulias y me parece milagroso que la gente vote a la izquierda.

P. ¿De verdad cree que el PSOE cederá con el referéndum?

R. Creo que habrá un referéndum en Cataluña con un Gobierno del PSOE o del PP. También se decía que la amnistía no iba a suceder. Y lo creo porque, sin dramatismos y sin histerismos, es la mejor solución, al menos planteada hasta el momento, para la resolución del conflicto. No se me ocurre nada mejor. Evidentemente, se vive desde cierta angustia por parte de determinados sectores, pero es tan sencillo como hacer campaña por el no y ganar.

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Según la nueva oleada del CIS, divulgada este jueves, el PP obtendría hoy el 33,5% de los votos frente al 32,5% del PSOE. De este modo, los populares habrían perdido medio punto respecto al mes anterior, mientras que los socialistas experimentarían un notable avance de 1,2 puntos en el mismo periodo. El barómetro de marzo había colocado al PP 2,7 puntos por encima de los socialistas. Con respecto a las elecciones generales del 23-J, las dos principales fuerzas tendrían pequeñas ganancias: medio punto el PP y ocho décimas el PSOE.

El último barómetro de Tezanos mantiene a Vox en la tercera plaza, con el 10% de los votos, prácticamente lo mismo (solo una décima más) que en la anterior oleada. El gran damnificado en las estimaciones del CIS es Sumar, que pierde un punto en el último mes y se queda en 8,2%, cuatro puntos menos que el 23-J. Sus antiguos compañeros de Podemos experimentan la tendencia contraria y avanzan desde el 2,2% de marzo al 3,1% de ahora.

Esos datos se corresponden con un desgaste de la imagen de la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. La que llegó a ser la líder política y la ministra mejor valorada ha caído ahora hasta el puesto 12º entre los miembros del Ejecutivo y se ve superada por Pedro Sánchez entre los máximos dirigentes de los partidos. El presidente del Gobierno encabeza la lista de líderes con una nota de 4,22, por delante de Feijóo, con 4,14, Díaz, con 4,07, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, con 2,81.

La relación de ministros la encabeza la titular de Defensa, Margarita Robles, la única que obtiene el aprobado con 5,06 puntos. Curiosamente, la segunda posición la ocupa la más reciente incorporación al Gabinete, el responsable de Economía, Carlos Cuerpo, al que los encuestados otorgan un 4,73. A Cuerpo solo declaran conocerlo el 13%. Aun así, supera a la titular de Inclusión, Elma Saiz, a la que apenas identifica un 9%. Los ministros con peor nota son el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con 3,64, y el de Transportes, Óscar Puente, con 3,89.

Esta misma semana el CIS aventuró una posible victoria de EH Bildu sobre el PNV en las elecciones autonómicas vascas del próximo día 21. Sin embargo, en caso de unas generales, los peneuvistas mantendrían una leve ventaja de una décima. En cuanto a Cataluña, que también celebra comicios autonómicos el 12 de mayo, el instituto demoscópico público señala que en el último mes se ha registrado un retroceso de ERC y una mejoría de Junts, de tal modo que ambos aparecen empatados en expectativas de voto ante unas hipotéticas generales.

Sobre los problemas que más preocupan a los ciudadanos, el barómetro de Tezanos recoge un extraño fenómeno. En marzo la tercera preocupación que manifestaban los encuestados era “el mal comportamiento de los políticos”, asunto que citaba el 16,8%. En apenas cuatro semanas, la cuestión desciende al puesto 15º, con solo el 4,2%. La lista está encabezada por los “problemas de índole económica” (36,7%), seguidos por la sanidad (18,4%), la calidad del empleo (16,6%), el paro (13,2%) y la vivienda (11,4%).

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Sánchez abrió la jornada con un discurso menos largo de lo habitual en estos casos, unos 36 minutos, y dos ejes principales. Uno, su disposición a reconocer cuanto antes el Estado palestino como respuesta a “uno de los desastres humanitarios más deplorables de este siglo” causado por la respuesta “absolutamente desproporcionada” de Israel a la matanza terrorista de Hamás. Y dos, la necesidad de aumentar el gasto en defensa ante la “beligerancia in crescendo” de la Rusia de Vladímir Putin, no tanto para emprender “una nueva carrera armamentística”, se apresuró a matizar, sino para que Europa sea “respetada”.

Una mayoría de portavoces se atuvo al guion y expuso sus posiciones sobre los asuntos planteados por el presidente, en el caso de la izquierda —y empezando por sus socios gubernamentales de Sumar— para desmarcase del llamamiento a incrementar el arsenal militar. Aitor Esteban, del PNV, y Cristina Valido, de Coalición Canaria, incluso le reprocharon que pasase por alto la explosiva situación en el Sahel. Las excepciones fueron Míriam Nogueras, de Junts, que insistió con el discurso del “expolio fiscal” a Cataluña y volvió a llamar prevaricadores a los jueces; Alberto Catalán, de UPN, que sacó a relucir a ETA, y Santiago Abascal, de Vox, quien dedicó buena parte de su intervención a atacar a Sánchez por su visita a Cuelgamuros, el antiguo Valle de los Caídos, donde, según él, reposan los restos de las “víctimas del PSOE”. “Solo los salvajes y los bárbaros se fotografían con sus víctimas”, remachó. Los socialistas ya ni se inmutan al escuchar las enormidades de la extrema derecha. El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, en cambio, se indignó con Abascal: “Hace falta ser fascista y mala persona, si es que hay alguna diferencia”.

Feijóo se movió entre dos aguas. Empezó ironizando con que Sánchez había hablado tanto de la paz que parecía la “reencarnación de Gandhi” y volvió a insinuar de forma resbaladiza que Marruecos chantajea al presidente tras espiar su móvil. Pero, a los tres minutos de iniciado su discurso, ya estaba hablando de los pactos con EH Bildu, de Puigdemont y de la “corrupción en su entorno personal”. Sánchez, “al verse acorralado, lo que pretende es distraer” con la cuestiones internacionales, argumentó Feijóo.

En la réplica, el presidente explicitó con nitidez sus intenciones. Comentó en tono grave que todas las zonas fronterizas con Europa están en guerra o bajo la amenaza yihadista y que al líder del PP “nunca se le escucha hablar de esto”. “No habla del desastre humano que se está produciendo en Gaza”, insistió, “solo pone cara de circunstancias y silencio incómodo”. Si José María Aznar dice que no se puede reconocer el Estado palestino, a pesar de que el PP lo llevaba en su programa, Feijóo “baja la cabeza y asiente”, perseveró Sánchez. En tono paternalista, llegó a recomendar al líder de la oposición que “estudie” para adquirir mayores conocimientos de política internacional. Y pronunció la letanía que iría repitiendo sin cesar durante toda la mañana: frente al protagonismo internacional de España y sus buenos datos económicos, Feijóo solo opone “el lodo y la nada”.

Azuzado por Sánchez, el dirigente popular obvió en la política nacional en su contrarréplica y buscó territorios extranjeros más cómodos para él: Venezuela y Marruecos. Sobre el reconocimiento de Palestina había dicho en su primera intervención que se atenía al consenso alcanzado al respecto por el Congreso en 2014, pero que debería esperarse a que den primero el paso “países de más peso”. Luego alegó que “el reconocimiento de un Estado sin condiciones de viabilidad podría ser perjudicial para los palestinos” y añadió nuevos requisitos previos: un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás. Lo que no salió de labios de Feijóo fue ni un atisbo de condena a la matanza de palestinos, pese a la insistencia con que se lo reclamaron tanto Sánchez como otros portavoces de la izquierda, de Errejón a Gabriel Rufián, de ERC, Oskar Matute, de EH Bildu, o Ione Belarra, de Podemos.

Todos los aliados del Gobierno apoyaron el reconocimiento del Estado palestino. Solo Aitor Esteban, del PNV, introdujo la salvedad de que sus efectos prácticos no irán más allá de un “toque de atención a Israel”. ERC, EH Bildu y Podemos, así como Néstor Rego, del BNG, pidieron la ruptura de relaciones diplomáticas con el país hebreo y criticaron la pasividad internacional, ante la que Sánchez confesó una “frustración enorme”. La izquierda también habló con una sola voz en contra del aumento del gasto en defensa. “El camino no es la escalada belicista que recorre Europa”, sentenció Errejón. Varios pidieron un esfuerzo diplomático en Ucrania, porque, en palabras de Rufián, “con Putin solo se puede empatar”.

El debate dejó además muy patente el malestar del socio minoritario del Gobierno por su papel cada vez más desdibujado. Errejón denunció sin rodeos que el PSOE ha decidido “agudizar la competencia” con Sumar, una “estrategia legítima pero profundamente equivocada”. Se remontó hasta las pasadas elecciones para recordar que el Ejecutivo “se salvó por los pelos” y culminó con una advertencia: “Aquí por separado no se salva nadie”. Sánchez se limitó a proclamar que es bueno que la izquierda “muestre insatisfacción” si a la vez “se valora lo que se hace”. Y evitó sumergirse en mayores honduras. Todo su esfuerzo estaba centrado en recitar, incansable: “La nada y el lodo, señor Feijóo. La nada y el lodo”.

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Las comisiones de investigación sirven para aportar datos a un asunto de interés público y para controlar a los políticos. Eso, en teoría, pero la política hoy está tan crispada que los partidos usan esas comisiones para debilitar al contrario. El PP acaba de activar una en el Senado sobre el caso Koldo, y amenaza con hacer desfilar a Pedro Sánchez. El PSOE contraataca con otra en el Congreso sobre la compra de mascarillas y sugiere como compareciente a Alberto Núñez Feijóo.

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Después de dos horas de debates más bien sosos ―las comisiones despiertan poca atención mediática y los diputados se muestran más rácanos con el espectáculo―, la sesión que había comenzado al mediodía tocaba a su fin. Quedaban por votar seis proposiciones no de ley, declaraciones sin ningún valor normativo pero cuya discusión acapara muchas horas de actividad parlamentaria. Eduard Pujol, diputado de Junts, había intervenido en el último punto del orden del día para repetir con vehemencia los conocidos argumentos nacionalistas contra el “expolio fiscal” de Cataluña. Y sin esperar al final, se levantó, saludó afectuosamente al diputado catalán del PP Nacho Martín, con quien había polemizado en su intervención, y abandonó la sala.

Sin Pujol, el conglomerado que habitualmente respalda al Gobierno se había quedado en minoría, porque ERC y EH Bildu ni siquiera aparecieron, y solo Mikel Legarda, del PNV, y Noemí Santana, de Podemos, reforzaban al PSOE y a Sumar. Así que, cuando llegó el momento de votar la propuesta pactada entre PP y Vox contra la “discriminación” del castellano en las comunidades autónomas con otro idioma, se registró un empate a 17. En esos casos, el reglamento deshace la igualdad recurriendo al voto ponderado, es decir, contando la representación que tiene en el pleno cada uno de los grupos políticos presentes en ese momento. Y así la cosa resultó muy clara: 170 a 159 a favor de la derecha.

La proposición partía de una iniciativa de Vox “dirigida a garantizar el uso del español, como lengua común de todos los españoles, frente a los ataques de índole separatista perpetrados en ciertas regiones de España”. La extrema derecha accedió a rebajar el texto después de pactar con el PP. La propuesta aprobada insta a “promover las actuaciones necesarias para evitar la discriminación lingüística y garantizar el derecho al uso del español en todas las comunidades autónomas”. Entre esas actuaciones incluye la derogación de la “normativa discriminatoria”, una evidente alusión, entre otras cosas, a la inmersión lingüística de Cataluña, según dejaron claro los dos diputados que defendieron la declaración, el citado Nacho Martín y Jorge Campos, de Vox.

El PP también presentaba otra proposición no de ley para “reivindicar la solidaridad interterritorial como valor constitucional”. Una de sus reclamaciones era que la financiación autonómica se siga negociando “de manera simultánea y en paralelo” con todas las comunidades, una manera de oponerse al sistema “singular” que reivindica el independentismo catalán, como subrayó Antonio Román, el diputado que defendió la iniciativa. El PSOE contraatacó con una enmienda que apelaba también a la “solidaridad interregional”, sin ninguna referencia a posibles sistemas de financiación. Los populares la rechazaron. Como este asunto se votaba después de lo sucedido con la iniciativa sobre el castellano, todo apuntaba a una nueva derrota de la mayoría gubernamental. Pero había que contar con Vox y su discurso antiautonomista, repetido por el diputado Emilio del Valle. De modo que la extrema derecha se abstuvo, la propuesta se rechazó y todo el mundo se fue a comer con la sensación de que en este Congreso suceden a menudo cosas difíciles de explicar.

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El Senado, esa Cámara casi invisible hasta hace poco, acapara titulares cada semana desde que el PP se ha hecho con su mayoría absoluta. Allí los populares han cavado una trinchera contra el Gobierno, que incluye reprobaciones de ministros a mansalva y una sucesión de ceremonias para amplificar su absoluto rechazo a la proposición de ley de amnistía, antes de devolverla al Congreso para su aprobación definitiva. De paso, los populares tratan de instalar el mensaje de que la verdadera representación del pueblo reside ahora en el Senado. Ya lo había dejado caer su propio líder, Alberto Núñez Feijóo, y lo repitió al comienzo del debate de este lunes el senador Antonio Silván: en la Cámara baja “manda el prófugo [Carles] Puigdemont”, mientras que en la alta lo hace el PP, “que representa a la mayoría de los españoles”.

El PP repitió este lunes la jugada que ya había ensayado el pasado octubre: convocar a los presidentes regionales ―11 de los 17 salidos de sus propias filas― a la Comisión General de las Comunidades Autónomas para dar rienda suelta a su discurso contra la amnistía. Esta vez se trataba además de aprobar un informe contra el supuesto “contenido autonómico” del proyecto legislativo. Como entonces, Aragonès fue el único presidente de otro partido que atendió la convocatoria. Pero tampoco entre los barones populares pareció suscitar mucho entusiasmo: solo acudieron seis ―los de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Extremadura y Murcia― con ausencias de tanto relieve como las del andaluz Juanma Moreno o el gallego Alfonso Rueda.

Solo ante la pléyade autonómica popular, a Aragonès le correspondió abrir fuego y sus primeras palabras fueron para reivindicar el referéndum. Luego, en tono casi mordaz, repasó las rectificaciones sobre la amnistía y recordó que Sánchez la negó incluso dos días antes de las últimas elecciones generales. “De la noche a la mañana, la amnistía dejó de ser inconstitucional, como sucederá con el referéndum”, sentenció. Presumió de que las medidas de gracia supondrán “la victoria de la Cataluña libre” que defienden los independentistas. No dejó pasar la ocasión de criticar al candidato socialista catalán, Salvador Illa, y culminó su troleo proclamando que quien mejor ha entendido el significado de la amnistía ha sido ni más ni menos que José María Aznar cuando denunció que supondrá “legitimar el golpe secesionista”.

Con tal preámbulo, los barones populares lo tuvieron fácil para unirse al pronóstico de que Sánchez también acabará tragando con el referéndum de autodeterminación. La más esperada era, cómo no, Isabel Díaz Ayuso, menos enérgica que de costumbre y sin separarse un milímetro del discurso leído. En la primera frase la presidenta madrileña ya llamó “criminales” a los independentistas. Luego pasó a lamentar que mientras se habla de la amnistía nadie aborda otros asuntos como “nuestra posición en el nuevo orden mundial”, el “porvenir de los jóvenes” o “la inteligencia artificial”, cuestiones sobre las que tampoco es que a ella, entre rejonazo y rejonazo cotidiano a la izquierda, se le haya oído hablar mucho. Insistió en que la ley supone “un golpe a la democracia”, acusó al independentismo de “vivir del sudor de todos los españoles”, divagó con que el Gobierno ha suscrito “alianzas con fuerzas antioccidentales” y, en lo que sonó como una referencia un tanto críptica al uso de las lenguas cooficiales, denunció que “quieren desguazar España con pinganillo”.

Sobre el “contenido autonómico” de la amnistía que figura en el enunciado del informe aprobado, los barones populares no hicieron muchas aportaciones. El aragonés Jorge Azcón se extendió en las críticas a la demanda de financiación singular ―reiterada antes por el president, que, al igual que el referéndum, la consideró “inevitable”― y a la condonación de la deuda catalana, cuestiones ajenas a la proposición de ley. “Aragón no se rinde”, remató Azcón, una fórmula que luego repetirían varios de sus compañeros. Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León, argumentó que la amnistía “tendrá grandes efectos” para las comunidades “porque deja desprotegido el Estado autonómico al sentar un peligroso precedente para su supervivencia”. El valenciano Carlos Mazón apostó por un clásico del discurso de la derecha en su comunidad: acusar a Cataluña de “mirar por encima del hombro” con una “superioridad intolerable” y abrigar una “voluntad de expansión” hacia el sur. El murciano Fernando López Miras se extendió en deplorar que el Gobierno “torpedea los logros de la Transición”. La extremeña María Guardiola reveló una fecunda veta metafórica, con apuntes cinematográficos: el PSOE de Sánchez “ha pisoteado su rosa” y el Gobierno actúa como “un grupo salvaje que responde con fuego”. El chaparrón continuó con algunos senadores del PP, entre los que descolló Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso: el Gobierno y los independentistas “miccionan sobre todos los españoles”.

Después de cuatro horas encajando, por fin pudieron hablar los senadores socialistas. Todos acusaron al PP de usar la Comisión para un asunto que no le compete. Las palabras de Aragonès habían sentado como un tiro entre ellos, y el catalán Antonio Poveda rogó que no se haga caso a los “titulares electorales” del president porque “los ciudadanos ya no se creen ninguna de las propuestas independentistas”. Al final de una interminable sesión, el portavoz socialista, Juan Espadas, también minimizó las palabras de Aragonès: “Ha venido a hablar de su libro: referéndum y financiación singular. Pues mi grupo no va a apoyar ni una cosa ni otra”. En el PP nadie se dio por troleado.

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Con el caso Koldo golpeando a los socialistas y la gran incertidumbre que se ha instalado sobre la viabilidad de la legislatura, el partido de Pedro Sánchez no se hunde, lo que no quiere decir que salga indemne. El suyo es un desgaste lento pero constante. En el último mes, los socialistas pierden siete décimas, según los cálculos de 40dB., y acumulan una caída de casi un punto y medio en lo que va de año. Ahora mismo, sus expectativas ante unas hipotéticas elecciones generales se situarían en el 30% del voto frente al 31,7% que obtuvieron en la convocatoria de julio.

El estudio demoscópico vuelve a apuntar un incipiente trasvase de votos del PSOE hacia el PP, un fenómeno que amenazaba a los socialistas en vísperas de la última cita con las urnas, pero que parecían haber conjurado desde entonces. El 6,5% de los que apoyaron al PSOE el 23-J podrían pasarse ahora a las filas del primer partido de la oposición. En términos absolutos supondría alrededor de medio millón de sufragios. La batalla por el centro aparece muy decantada en favor del PP, que cosecha entre quienes se sitúan en esa posición ideológica una intención directa de voto del 27,5%, nueve puntos más que el partido que dirige el Gobierno. Como sucede desde hace tiempo en periodos alejados de las elecciones, los simpatizantes del PSOE son, con diferencia, los menos movilizados.

El PP muestra la tendencia contraria a los socialistas. Aunque también de manera sostenida, sin un gran estirón repentino, los populares van consolidando una nítida hegemonía en las expectativas de voto. Más allá de un mínimo retroceso en los dos primeros meses del año, han ido creciendo paulatinamente tras su amarga victoria en las urnas hace siete meses. El pequeño avance de tres décimas respecto al barómetro de marzo permite al partido de Alberto Núñez Feijóo redondear el mejor resultado desde julio, al ganar casi dos puntos y medio en este periodo.

El auge del PP no conlleva un desplome de Vox, pese a que el protagonismo de los ultras en la oposición está últimamente muy opacado por la dureza del discurso de los populares. Tras un febrero desastroso, el partido de Santiago Abascal corrige en el último mes su tendencia a la baja y gana siete décimas. En unas hipotéticas elecciones, alcanzaría un 11,3%, solo un punto menos que en julio. Entre los populares y la extrema derecha sigue detectándose un flujo de votantes de ida y vuelta en el que pérdidas y ganancias tienden a compensarse. Entre ambas fuerzas suman ahora el 46,8% de los votos frente al 45,4% que obtuvieron en conjunto en la última cita electoral.

Vox salva cómodamente la tercera plaza frente a Sumar, con el que prácticamente empató en julio. Hasta ahora, el barómetro mensual de 40dB. no separaba las expectativas de voto de la formación de Yolanda Díaz y de sus antiguos compañeros de Podemos. Sí lo ha hecho en las encuestas preelectorales en Galicia y el País Vasco, donde ambos concurrieron por separado. Los estudios de 40dB. se hacen en línea y no permiten respuestas espontáneas, sino ateniéndose al temario previo, en el que no se separaban Sumar y Podemos al no haberse aclarado su relación futura, según explica Belén Barreiro, directora de 40dB. Una vez confirmado que irán cada uno por su cuenta a los comicios europeos del próximo 9 de junio, el instituto demoscópico ha empezado a desagregar las expectativas de ambos, lo que se traduce en un debilitamiento de las opciones de Sumar, sin que Podemos se beneficie tampoco especialmente.

La formación que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno sufriría un duro revés y descendería hasta el 8,2%, cuatro puntos menos que en julio. Podemos no lograría absorber toda esa caída y se quedaría a las puertas del 3%. Sumar retendría solo a la mitad de los votantes de las últimas elecciones generales, un poco más del 30% se iría al partido de Ione Belarra y un 6,3% al PSOE, aunque esto último quedaría compensando por el flujo contrario desde el partido de Sánchez a sus socios gubernamentales.

El barómetro confirma la importante penetración de la extrema derecha en las capas más jóvenes de la población. En la franja comprendida entre los 18 y los 24 años, el PSOE se sitúa como el primero en intención directa de voto, con casi el 22%, y tras él, PP y Vox aparecen muy igualados: 18,2% los de Feijóo contra el 17,1% que recogen los de Abascal. Cuando el estudio divide a los encuestados por ocupaciones, Vox disputa el liderazgo a los populares entre los estudiantes, al reunir el 18,4%, solo cuatro décimas menos que el primer partido de la oposición y muy por delante del 14,7% de los socialistas y más aún del 7,5% de Sumar. Todo eso dentro de la muy evidente desafección hacia la política por parte de los jóvenes. Solo uno de cada tres menores de 24 años dice que iría seguro a votar, la mitad de los que afirman lo mismo entre los mayores de 65.

Pinchazo entre las mujeres

La extrema derecha también obtiene buenos resultados, muy similares a los del espacio a la izquierda del PSOE, entre los trabajadores y las clases más bajas. La encuesta, en cambio, corrobora plenamente que su gran agujero negro reside en el electorado femenino. Las expectativas de voto de Vox entre los hombres superan en más de cuatro puntos a las detectadas entre las mujeres: 12,8% frente a 8,7%. PSOE y PP están prácticamente empatados entre la población femenina, que también aporta algo menos apoyo que la masculina a los partidos nacionalistas y a Podemos.

La encuesta detecta una cierta mejoría en la situación económica de los entrevistados. Los que dicen que no llegan a fin de mes retroceden casi un punto y medio, del 15,2% al 13,8%. Y los que consiguen ahorrar ya son más de la mitad: el 50,5% frente al 49,8% del mes anterior. Como siempre, todos los datos internos del sondeo pueden consultarse en las webs de EL PAÍS y la SER.

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Analistas, tertulianos y no pocos políticos critican que un instrumento parlamentario, previsto en la Constitución para arrojar luz sobre “cualquier asunto de interés público”, se haya convertido en un pretexto para el espectáculo y la confrontación. También lo lamentan personas involucradas en algunas de las 23 investigaciones abiertas en el Congreso desde la primera, en 1979, sobre las finanzas de RTVE. Pero la mayoría cree a la vez que su trabajo resultó útil para conocer a fondo acontecimientos que sacudieron el país - del 11-M a la crisis financiera o el accidente del tren Alvia en 2013 en Santiago- y proponer medidas correctoras.

El veneno de la colza. El envenenamiento masivo por la venta de aceite de colza adulterado motivó la primera investigación conjunta Congreso-Senado de la democracia. Después de ocho meses de trabajos -entonces aún eran secretos- y de interrogar a 184 personas, el pleno de la Cámara baja aprobó el 9 de junio de 1982 una batería de medidas para mejorar la seguridad alimentaria. Por UCD, el partido gobernante, le tocó defender las conclusiones a un joven diputado todavía en activo hoy, en las filas del PP. José Manuel García-Margallo, que no había participado en la comisión, se encargó de replicar a algunas críticas por la falta de colaboración de las Administraciones –”ha habido que sacar con sacacorchos algunas informaciones”, se quejó el socialista Javier Sáenz de Cosculluela- y anunció que se remitiría el informe a la Fiscalía para depurar responsabilidades. Margallo se muestra rotundo al defender la vigencia del instrumento: “Es una de las funciones del Parlamento: controlar al Gobierno y dirimir responsabilidades”.

Llega la transparencia. Las comisiones proliferaron en la primera mitad de los noventa, cuando los escándalos asediaban al Gobierno de Felipe González. En 1994 se abandonó el carácter secreto de las sesiones. Con el PP en el Gobierno, el caso más sonado fue el Gescartera, una agencia de valores que tenía vínculos con altos cargos populares y dilapidó los ahorros de 4.000 clientes. Después de tres meses de investigación, la mayoría absoluta del PP impidió en 2001 señalar responsabilidades políticas en la Administración. Aun así, Juan Fernando López Aguilar, que ejerció como portavoz socialista, cree que mereció la pena, entre otras cosas, porque “ya reveló entonces que Rodrigo Rato [ministro de Economía] manejaba dinero en el extranjero”.

López Aguilar, hoy eurodiputado, evidencia que estas comisiones son “un instrumento político”, en el que “la mayoría tiene la sartén por el mango para decidir la agenda, la lista de comparecientes y las conclusiones”, y que, por tanto, no hay que esperar de ellas una “verdad judicial”. Pero el también exministro de Justicia las defiende como “caja de resonancia de asuntos de interés público” y medio para detectar defectos en la legislación y proponer reformas consiguientes. Él mismo presidió en el Europarlamento la comisión que investigó el espionaje masivo en Europa de la Agencia de Seguridad Nacional de EE UU. Allí, explica, la diversidad de grupos políticos impide que una mayoría se imponga y facilita un “diálogo racional para llegar a conclusiones racionales”. Aquí, en cambio, las investigaciones se usan “de forma vengativa”.

Aznar contra el mundo. La comisión sobre la matanza del 11-M se prolongó más de un año entre 2004 y 2005 y dejó algunas de las imágenes icónicas de las investigaciones parlamentarias en España: la presidenta de la asociación de víctimas, Pilar Manjón, envuelta en lágrimas y reprendiendo a los diputados –”¿de qué se ríen, señorías?”- o el expresidente José María Aznar enfrentándose a todos con su “ego desbordado”, en palabras de Gaspar Llamazares. El entonces líder de IU también guarda un recuerdo especial de la comparecencia del comisario general de Información de la Policía, Jesús de la Morena, que “se lo tomó muy en serio y no se casó con nadie”.

“Se dio voz a las víctimas y a los investigadores. Y se propusieron medidas para mejorar la coordinación entre policías o para controlar el papel de los infiltrados”, valora el veterano político. Esa función de elevar recomendaciones para no repetir errores es, según él, una de las mejores aportaciones de estos comités parlamentarios que, además, favorecen “una cierta catarsis” ante acontecimientos traumáticos. Ahora, “en un contexto de polarización y contaminación partidista”, las comparecencias se plantean para infligir al convocado “la pena de telediario”.

Abriendo las cloacas. Las actuaciones ilegales del Ministerio del Interior bajo el mando del PP, las conocidas como cloacas, han provocado hasta cuatro comisiones de investigación en los últimos años, una todavía pendiente de arrancar. La primera se creó en 2017, trabajó durante cuatro meses, y, según la entonces diputada de Podemos Gloria Elizo, resultó “muy pertinente, porque por primera vez se puso en un documento público la perversión de los medios públicos para su instrumentalización partidista”.

En otros países las comisiones tienen potestades para realizar registros e incautarse de documentos. Aquí, en cambio, Elizo dice que se enfrentaron a la falta de colaboración del Gobierno del PP. “Si se hacen bien, estas comisiones son tremendamente útiles”, sostiene. El problema, añade, es cuando se desenfoca por la lucha partidista, como muestra la reiteración en volver sobre el mismo tema. Elizo propugna reformas para evitar que se impongan las mayorías, como suprimir dentro de la comisión el voto ponderado, en el que cada diputado pesa tanto como su grupo, e imponer el individual.

El hundimiento de las cajas. Durante un año y medio, entre mayo de 2017 y diciembre de 2018, en sesiones que a veces llegaban hasta la madrugada, una comisión del Congreso examinó el hundimiento de las cajas y de parte del sistema financiero español. Por allí pasaron comisarios europeos, gobernadores del Banco de España, ministros de Economía y los responsables de las entidades. “Fue apasionante”, recuerda Ana Oramas, de Coalición Canaria, que ejerció la presidencia. Hubo comparecientes como el exministro Pedro Solbes que admitieron errores. Y cruces de acusaciones con repercusión judicial, como los que protagonizaron los antiguos directivos del quebrado Banco Popular.

“Se supo la verdad”, afirma Oramas. “Para eso sirve este instrumento: para atender una demanda social de conocer la verdad. Y luego ver si hay que tomar medidas y legislar para que no se repita lo sucedido”. Más allá de las responsabilidades penales, abunda la ahora vicepresidenta del Parlamento canario, están las políticas o la “reprobación ética” de determinadas conductas. Y eso solo puede dilucidarse en un ámbito parlamentario.

Demasiado ruido. El duelo de comisiones entre Congreso y Senado ya se produjo en 2017. La Cámara baja acordó investigar la financiación ilegal del PP y este reaccionó aplicando su mayoría en el otro brazo legislativo para escudriñar en la financiación de todos los partidos. Después de casi dos años, el Congreso ni siquiera llegó a un acuerdo para elaborar el dictamen. Por el camino quedaron imágenes como la del extesorero del PP Luis Bárcenas prestando declaración por videoconferencia desde la cárcel.

“Cuando una comisión se ocupa de un asunto que está en sede judicial, la comisión colapsa”, afirma el diputado del PNV Mikel Legarda. Aunque existe la obligación legal de comparecer, no así de contestar a las preguntas y menos cuando, como era el caso, podía comprometer la situación judicial del convocado. Legarda ya ha perdido la cuenta de las comisiones en las que ha participado y se muestra muy escéptico sobre su utilidad. “El 60% o el 70% de lo que se hace es más ruido que esclarecimiento. La mayoría se impone y a menudo las conclusiones están predeterminadas desde el principio. Y esto coadyuba al deterioro que sufren las instituciones por el comportamiento de los políticos”

Decepción de las víctimas. La creación de una comisión de investigación parlamentaria fue una larga batalla de las víctimas del accidente del tren Alvia en Santiago, el 24 de julio de 2013, con 80 muertos. El asunto salpicaba a sucesivos gobiernos del PP y el PSOE, y ambos la vetaron en 2016. Dos años más tarde, ya con Pedro Sánchez al mando, los socialistas permitieron crearla. Los trabajos concluyeron sin elaborar conclusiones por la disolución del Congreso, y a las víctimas les ha quedado un sentimiento agridulce. Jesús Domínguez, presidente de la plataforma de afectados, destaca que se recabaron testimonios importantes y se obligó a dar explicaciones a representantes de la Administración. “Pero mandaron los intereses políticos”, lamenta. Los dos grandes partidos vetaron que se escuchase la grabación del maquinista inmediatamente después del accidente quejándose de la falta de seguridad y la emisión de un documental que las víctimas sí pudieron mostrar en el Parlamento europeo. El PP obligó a comparecer por segunda vez para rectificar a un testigo que había dejado en mal lugar a la exministra Ana Pastor. Luego se sabría que Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias, gastó 14.900 euros en contratar un despacho de abogados para que adiestrase a sus cargos antes de comparecer. Lo descubrió David Reinero, periodista de Praza Pública, que durante una década rastreó todos los pormenores del caso.

Domínguez, a la luz de su experiencia y sin perder del todo la fe en este tipo de indagaciones parlamentarias, también opina que sería preciso cambiar las normas “para evitar que las mayorías puedan imponer su criterio”.

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Según se sucedían las lamentaciones, el ambiente se iba cargando más. La bancada del PP estalló en protestas cuando el socialista Alfonso Moscoso aludió a la antigua amistad del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con un famoso contrabandista luego condenado por narcotráfico. La respuesta le llegó de inmediato, por boca de la popular Nidia Árevalo:

—Señor Moscoso, recuerde: si bebes, no conduzcas.

Los escaños populares lo celebraron con alborozo mientras las protestas brotaban ahora del lado de los socialistas. Después de tres horas, el debate parecía tocar fondo. Pero aún faltaba un punto del orden del día, sobre las amenazas a la prensa de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña. Entonces intervino Alfonso Serrano, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en el PP regional, y habló en nombre de Rodríguez:

—Les manda saludos. Y si estuviese aquí, seguro que les daría fruta, porque es muy sana.

Así transcurrió la mañana entera en el Senado, donde el PP volvió a aprovechar su mayoría absoluta para disparar contra el Gobierno. Si hace un mes la Cámara alta aprobó la reprobación —simbólica y sin ninguna consecuencia legal— del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este miércoles le llegó el turno al propio Sánchez y al titular de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños.

El pasado 13 de marzo, en una particularmente ácida sesión de control al Gobierno en el Congreso, Sánchez le dijo a Feijóo que si él hubiese tenido un amigo narcotraficante “no habría llegado ni a concejal de pueblo”. Como evocó este miércoles la senadora del BNG Carme da Silva, nadie del PP pareció entonces conceder mucha importancia a la frase. Ni el propio Feijóo, ni su secretaria general, Cuca Gamarra, ni su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que intervinieron a continuación, se detuvieron a afear su expresión al presidente. Tres semanas después, el PP llevó a Madrid a 300 ediles que portaban una chapa con la leyenda “soy un concejal de pueblo”, se fotografiaron con Feijóo frente al edificio del Senado y ocuparon toda la tribuna de invitados del salón de plenos. Los escaños populares los recibieron y los despidieron en pie, con una solemne ovación. Y con su mayoría absoluta en la Cámara alta aprobaron una moción reprobando al presidente por sus palabras.

Aquella frase que apenas suscitó controversia en su momento se volvió “famosa” de repente, o al menos así la calificó ahora el popular Fernando Priego. Una nueva “humillación”, en esta ocasión a los municipios, por parte de Sánchez. “Jamás en la historia de nuestra democracia”, reza el texto aprobado, “un presidente del Gobierno había atacado sistemáticamente al resto de administraciones e instituciones del Estado”.

Todos y cada uno de los aliados parlamentarios de Sánchez consideraron desafortunadas sus palabras, incluso le requirieron que se disculpe. Y todos y cada uno de ellos reprocharon al PP que aproveche su dominio sobre la Cámara alta para este tipo de maniobras. Las recriminaciones se sucedieron: “¿Van a reprobar a todo el mundo? ¿para esto sirve el Senado?” (Enric Morera, Compromís); “estamos al ruido y al circo” (Igotz López, PNV); “filibusterismo parlamentario” (Teresa Pallarés, Junts); “damos una imagen de país bastante deplorable” (Jordi Gaseni, ERC); “el PP pone a pleno rendimiento la maquinaria del fango” (Josu Estarrona, EH Bildu).

Antes de la reprobación a Sánchez, se debatió otra, también aprobada con los votos favorables del PP y Vox, a Félix Bolaños. En su caso por unas declaraciones en las que el ministro de la Presidencia y Justicia señalaba que la auténtica representación de la soberanía nacional reside en el Congreso y no en el Senado, así como por haber “filtrado y manipulado” el primer borrador del informe de la Comisión de Venecia sobre la proposición de ley de amnistía. Más protestas de la izquierda: “Están degradando el Senado para torpedear al Gobierno” (Carla Antonelli, Más Madrid); “es una deslealtad constitucional sin precedentes” (Antonio Magdaleno, PSOE).

El PP dio a entender que continuará con este tipo de reprobaciones. “Es una de las cosas más útiles que podemos hacer desde el Senado”, según dijo su representante Antonio Silván. La réplica se la dio Uxue Barkos, de Geroa Bai: “Podrán repetirlo las veces que quieran sin más eficacia que un titular ¿De verdad creen que con esta estrategia van a erosionar al Gobierno?”.

Tras las reprobaciones, la derecha impidió que prosperase una moción presentada por los socialistas para condenar las amenazas a la prensa del jefe de gabinete de Ayuso. En ese asunto se empleó a fondo Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, quien, además de exhibir de nuevo la gracieta de la fruta, aludió así al mensaje de Miguel Ángel Rodríguez en el que amenazaba a una periodista del elDiario.es con “triturar” y “cerrar” su medio después de que este diese cuenta de los delitos fiscales de la pareja de Ayuso:

—¿De verdad han venido aquí a decir que el problema para la libertad de prensa en este país es un wasap de un jefe de gabinete autonómico? ¿pero están de broma?

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El más bien flemático y poco dado al combate ideológico Luis Planas, ministro de Agricultura, se tiró a la yugular de la representante del PP Lorena Guerra, este martes en el Senado: “Ustedes y Vox eran hermanos de sangre y ahora también son hermanos de programa y de actitud”. Planas recriminaba así a los populares su “activismo frenético” para azuzar protestas del campo contra el Pacto Verde europeo, suscrito por las grandes fuerzas políticas de la UE, el centroderecha entre ellas. Poco antes, Guerra había emulado la jerga antiambientalista de los ultras al acusar al Gobierno de practicar una política “ecorradical”.

Los populares volvieron de la Semana Santa con los ánimos de pelea intactos y retomaron la actividad parlamentaria en el Senado de nuevo con sus altavoces a todo volumen. Allí en la Cámara alta el PP prepara ahora su vía crucis para la proposición de ley de amnistía, que vivirá el próximo lunes la primera estación con una sesión extraordinaria de la Comisión de las Comunidades Autónomas, por la que desfilarán uno a uno los barones del PP —será la segunda vez— para ratificar su indignación por los pactos de Sánchez con el independentismo.

El otro gran eje de la estrategia opositora de Alberto Núñez Feijóo y los suyos sigue siendo el caso Koldo, un tanto escaso de novedades desde hace días pero que los populares exprimen y exprimen sin descanso. Y pese a que tuvieron que aplazar algunas de sus preguntas en la sesión de control en el Senado, porque el Gobierno alegó que no todos los ministros estaban disponibles. El PP sí pudo volver sobre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a quien hace tempo que tiene olvidada y a la que preguntaba por si la renuncia de Sánchez a unos nuevos Presupuestos puede dañar el empleo. Las noticias del día no contribuían mucho al empeño de los populares tras conocerse que España está a punto de superar el récord histórico de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Así que su portavoz en el Senado, Alicia García, buscó refugio en lo seguro: más Koldo.

García escaló un peldaño más en la cadena de deducciones que está exhibiendo el PP en su intento de demostrar que todo el PSOE, de arriba abajo, está corrompido. Y no solo el PSOE: también la líder de Sumar, argumentó la portavoz popular, “está ocultando la trama de corrupción” con un “silencio cómplice”. Díaz le contestó parafraseando su célebre latiguillo parlamentario: “No le voy a dar un dato, le voy a dar diez”. Todos eran para demostrar la buena marcha del empleo y conducir a una conclusión: “Me gustaría que las buenas noticias para mi país no fuesen malas noticias para la oposición”.

Aún faltaba la guinda con que el PP lleva dos semanas tratando de convencer a España de que Sánchez, además de todas las cosas que se han oído de él en los últimos años, es un corrupto: la relación profesional de su esposa, Begoña Gómez, con Air Europa, rescatada por el Gobierno durante la pandemia. Por ese terreno apareció cabalgando con todo el brío el senador Francisco Martín Bernabé para hablar de la “mujer del César”, de “Begoña y Pedro”, y lanzar un alegato acusatorio adornado de expresiones como “connivencia marital” o “tráfico de influencias conyugal”. Y para culminar con una metáfora: “Ahí sí hay un auténtico caso de corrupción en el mismo lecho de poder del PSOE”. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, evitó esta vez el socorrido contraataque del ‘y tú más’ y se dedicó a exponer que el PSOE exige responsabilidades a los suyos cuando salta un caso mientras el PP “ataca a los fiscales que investigan”. Sobre la esposa de Sánchez, Bolaños replicó entre las protestas de la bancada popular: “¡Qué palabras tan miserables intentar enfangar a personas honradas del entorno familiar del presidente!”.

¿Y Vox? Pues trató de hacerse oír con uno de sus clásicos, la denuncia de la inmigración irregular. Pero el estruendo reside ahora en otra parte. Y ni siquiera la extrema derecha puede competir con él.

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Dos palabras se repiten a lo largo de la conversación: “Jamás” e “insólito”. Y no es porque Alba no haya visto situaciones “de todos los colores” en su larga vida parlamentaria, en la que ha lidiado con asuntos que, como ahora la amnistía, despertaron discusiones muy encendidas sobre su constitucionalidad: el plan Ibarretxe, el Estatuto catalán, la ley del matrimonio igualitario, la reforma del Poder Judicial de 2004... Lo que resulta nuevo, considera, es que el ambiente de extrema polarización se haya contagiado al cuerpo de letrados de las Cortes, y que los partidos “fuercen la máquina para lograr una mayor concordancia política” del servicio jurídico. Alba tiene su opinión “como ciudadano” sobre la ley de amnistía, pero no quiere entrar en ese debate de fondo. Su propósito es subrayar que no ha habido la menor irregularidad en la tramitación parlamentaria de la proposición de ley: “En el Congreso se ha actuado con estricta sujeción al Reglamento, con una corrección procedimental extrema”, dice.

La presencia entre los letrados de las Cortes de personas con vinculación política no viene de ahora. Alba recuerda que él mismo propuso como adjunto suyo a un jurista que era director general de Justicia siendo ministro Ángel Acebes (PP). Lo que no se había producido nunca es que el secretario general —el máximo cargo entre los letrados— llegase a su puesto directamente desde del Gobierno y con una militancia política: Fernando Galindo tiene carné del PSOE y era subsecretario del Ministerio de Política Territorial cuando, en octubre de 2023, fue nombrado letrado mayor por la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol. “Eso genera un inconveniente del que el primer sufridor ha sido el propio Galindo”, admite Alba. “Dicho esto, es una persona profesionalmente seria, íntegra, responsable y competente, y ha nombrado a gente muy distinta”.

Los ataques contra Galindo subieron de tono tras suscribir él un informe favorable a admitir a trámite la proposición de ley de amnistía. Alba relata que él hizo algo parecido en 2005 ante el plan Ibarretxe, la propuesta del entonces lehendakari de dotar a Euskadi de un estatus de “Estado libre asociado”. “La oposición defendía que no se podía tramitar porque era directamente inconstitucional”, comenta. “Yo hice un informe señalando que planteaba dudas de inconstitucionalidad, aunque no en todo su contenido, y que si se inadmitía estábamos impidiendo que los diputados pudiesen manifestar qué hacer políticamente con esa norma. Los diputados, además, tienen derecho a enmienda, pueden cambiarla y eliminar los aspectos inconstitucionales. Por tanto, la Mesa, solo en casos extremos, evidentes —palmarios, como dice la doctrina del Tribunal Constitucional—, debe inadmitir a trámite una iniciativa”, sostiene.

Eso mismo, agrega, es lo que hizo el actual secretario general, Fernando Galindo, con la amnistía: “Su informe favorece el derecho de sufragio pasivo, es decir, el derecho de los diputados a participar en la decisión. Nosotros no somos el Tribunal Constitucional, no nos podemos arrogar sus funciones, somos un órgano consultivo. Y los que deciden son la Mesa, la comisión y el pleno, es decir, los que han sido votados por los ciudadanos”.

El veterano jurista se muestra especialmente crítico con la actuación del Senado tras recibir la ley del Congreso. La secretaría general de la Cámara alta, renovada al hacerse el PP con la mayoría absoluta el pasado julio, elaboró un informe a petición del presidente, Pedro Rollán, remarcando que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional. “A mí nunca un presidente me pidió un informe semejante. A mi juicio excede claramente las competencias de la secretaría general del Senado, porque entra a analizar en profundidad, de una manera errónea y sesgada, la tramitación que se ha hecho en el Congreso. Impugna todo el procedimiento del Congreso con argumentos desacertados, interesados o directamente contrarios a las normas. Con una serie de elucubraciones que no resisten el menor análisis, como decir que algún artículo del Reglamento del Congreso puede ser inconstitucional. O calificar de discutible el auto del Tribunal Constitucional que inadmite el recurso de amparo de Vox contra la decisión de devolver la proposición de ley a la Comisión de Justicia después de que el pleno la rechazase”.

El informe del Senado concluye que lo enviado por el Congreso es “un texto nulo resultado de un procedimiento irregular”. Ante esa conclusión, argumenta Alba, la única respuesta “lógica y coherente hubiese sido inadmitirlo”. En cambio, la Cámara alta le ha dado curso, planteando al mismo tiempo un conflicto competencial con el Congreso: alega que la ley equivale a una reforma de la Constitución y como tal usurpa funciones del Senado. “No hay tal conflicto de atribuciones”, sentencia el exsecretario general de ambas Cámaras. “El Congreso ha tramitado una proposición de ley y usted la tiene encima de la mesa. Puede inadmitirla, recomendar que se vete o sugerir que se enmiende”.

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La ofensiva ha avanzado esta semana otro escalón para apuntar a la esposa del presidente, Begoña Gómez. El PP amenaza con abrir una investigación parlamentaria basándose en que Gómez negoció patrocinios de la empresa Air Europa para el instituto académico en el que trabaja —y que no llegaron a concretarse— antes de que el Gobierno rescatara a esa compañía cuando paralizó sus actividades por la pandemia, como hizo con sus aerolíneas la mayoría de países europeos.

Los socialistas han entrado al combate, utilizando el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, y otros escándalos pasados del PP. El hemiciclo se ha sumergido en un cruce de acusaciones de los más graves delitos, para desagrado de los socios del PSOE. A continuación, unas cuantas frases que resumen la tempestuosa semana.

Miércoles, 20 de marzo. Sesión de control al Gobierno e iniciativas de diversos diputados del PP sobre el caso Koldo y la amnistía.

José Vicente Marí (PP): “Ustedes no son ni un Gobierno, son un paréntesis tumultuario en nuestra democracia”.

Miguel Tellado (PP): “Y hemos visto también al señor Marlaska [ministro del Interior] metido en un gran lío. Es el responsable de haber hecho desaparecer los móviles del Tito Berni para archivar esa causa [los teléfonos están bajo custodia en el juzgado que lleva el caso de ese exdiputado socialista]”.

Sofía Acedo (PP): “La trama de corrupción lleva nombre y apellidos del PSOE: cocaína y prostitución [...] Corrupción política y corrupción económica, todo el PSOE, novias, maridos, familiares, intermediarios… Todo para acabar en el corazón del presidente del Gobierno: su esposa. Todo queda en casa”.

María Jesús Montero (PSOE), vicepresidenta primera: “No hay que ser un lince para saber: entorno de Ayuso, fraude por las mascarillas [...] ¿Es verdad que la empresa de la mujer del señor Feijóo recibió una ayuda de la Xunta? [La empresa lo ha desmentido]”.

Félix Bolaños (PSOE], ministro de Presidencia y Justicia: “Lo más grave es que ustedes tengan el cinismo de decir a los españoles con dificultades para acceder a una vivienda que no van a aplicar la ley de vivienda mientras ustedes viven en casas pagadas con dinero defraudado a Hacienda”.

Rafael Hernando (PP), al ministro del Interior: “Usted lo sabía todo y lo tapó todo desde el principio [...] Ha habido un chivatazo [a la trama] y el chivato, sin duda alguna, ha sido usted”.

Sergio Sayas (PP): “Cuando venimos a una sesión de control y los escuchamos, dudamos si tenemos un Gobierno o directamente nos gobierna la Camorra”.

Jaime de los Santos (PP), en una pregunta a la ministra de Igualdad sobre feminismo: “Usted habla de igualdad, pero, eso sí, agacha la cabeza frente al esposo de la cónyuge. Porque ella, la mujer del presidente del Gobierno, no es igual [...] Porque va a veranear esta Semana Santa en un palacio patrimonio de todos, pagado por todos. Porque la mujer del presidente sigue aceptando prebendas de empresas que luego reciben rescates en casos repugnantes de corrupción”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en su réplica: “¡Vergüenza! ¡vergüenza! ¡vergüenza! ¡No se puede! ¡No se puede mezclarlo todo! ¡El negacionismo mata y ustedes son cómplices!”.

Cayetana Álvarez de Toledo (PP): “La amnistía del 77 nos llevó de la dictadura a la democracia. Esta nos lleva de la democracia a la cochambre iliberal sanchista”. “El señor Zapatero no derrotó a ETA, negoció con ETA: ‘Tú dejas de matar y yo te dejo mandar”.

Ester Muñoz (PP): “Cada hora que pasa surge un nuevo escándalo que tapa el anterior”. “María Jesús Montero, la encubridora, la que lo sabía todo y lo tapaba todo”. “Y también tenemos a la mujer del Don, cuya cátedra era financiada por empresas que luego fueron rescatadas por el Gobierno de España [...] ¿Era Begoña Gómez la conseguidora o la mediadora?”. “Es la mayor trama de corrupción de un Gobierno en ejercicio desde Felipe González”. “Son ustedes un Gobierno extorsionado, corrupto y mentiroso que usa las instituciones para enriquecer a sus amigos”. “Esto no es un Gobierno, es una mafia”.

Luis Beamonte (PP): “La señora Montero lo que debería hacer es quitar sus sucias manos de la caja común de todos los españoles. Va camino del banquillo [...] Que tengan suerte Sánchez y su banda, porque, como se haga justicia, están apañados”.

Javier Sánchez Serna (Podemos): “Me parecen un escándalo las tropelías del testaferro de la señora Ayuso. Yo voy más allá y le llamo el novio de la muerte. Porque mientras el clan Ayuso se llenaba los bolsillos con la venta de material sanitario, más de 5.000 personas murieron [...] Fue el Gobierno de la señora Ayuso el que apretó el gatillo”.

Óscar Puente (PSOE), responsable de Transportes, después de que un diputado del PP le gritase “¡vaya ministro!”: “Vaya ministro, sí, no como [Eduardo] Zaplana, mañana en el banquillo [por corrupción]. Este ministro tiene la dignidad que a ustedes les falta. Así que aprendan un poco”.

En su respuesta al PP sobre el caso Koldo, Puente dedicó ocho minutos a comentar el fraude del novio de Ayuso. Y defendió el tuit en que se refirió a él como “testaferro con derecho a roce”, leyendo hasta 16 frases de dirigentes del PP consideradas machistas. Dos eran de Feijóo: “De maquillaje sabe mucho”, sobre la vicepresidenta Yolanda Díaz, y “está muy necesitada”, sobre la líder del BNG, Ana Pontón.

Jueves, 21 de marzo. Debate sobre la creación de una comisión para investigar la compra de mascarillas por todas las Administraciones.

Macarena Montesinos (PP): “Podría pensarse que Ábalos y Sánchez son dos caras de una misma moneda, pero realmente las dos caras de esta moneda son Begoña y Pedro [...]. Sería impresentable que la agenda de la mujer del presidente pueda influir en las decisiones del Ejecutivo en materia económica e institucional, beneficiándose el matrimonio de ello. Lo podríamos llamar bienes gananciales encubiertos”.

Esther Peña (PSOE): “¿Qué es lo que nos queda por ver? ¿A la señora Ayuso corriendo a la Agencia Tributaria con un martillo en la mano para romper los ordenadores?”.

Predicando en el desierto. Durante toda la semana se prodigaron las intervenciones que deploraban lo sucedido y exigían ponerle fin. Sin el menor éxito:

Francina Armengol (PSOE), presidenta de la Cámara: “La gente que nos está escuchando, los ciudadanos, no se merecen esto. Por favor, un poco de decoro”.

Aitor Esteban (PNV): “Me parece vergonzoso lo que hemos visto. No recuerdo un pleno de control tan sucio en mucho tiempo”.

Francesc-Marc Álvaro (ERC): “Debemos evitar el ‘y tú más’. El ambiente ha convertido el debate en irrespirable, totalmente tóxico”.

Oskar Matute (EH Bildu): “Huyamos de este espectáculo, parece más un partido de tenis con empate infinito que la búsqueda de la verdad”.

Cristina Valido (Coalición Canaria): “En las últimas semanas la política se ha convertido en un auténtico lodazal, traspasando todas las líneas rojas y haciendo peligrar la salud democrática”.

Aina Vidal (Sumar): “¿Cómo creen que se siente una persona joven que no puede emanciparse y que cuando ve un fragmento de este Parlamento se encuentra con el espectáculo de ayer?”.

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Con semejante despliegue argumental, el PP se abstuvo en la votación para crear la comisión en el Congreso, que salió adelante con el apoyo de todos los demás grupos, excepto Vox. La extrema derecha se mostró más expeditiva aún: se opuso a la investigación por el hecho de que la solicitaba el PSOE, un partido cuyo lema fue reescrito por el diputado ultra Jorge Campos como “145 años de historia y ninguno de honradez”.

Rodeado de periodistas en el patio del Congreso a la conclusión del pleno semanal, el portavoz popular, Miguel Tellado, se mostraba ofendido: “El Gobierno viene aquí a gritar y a insultar”. La víspera, Tellado había logrado en dos minutos y medio llamar ocho veces corrupto al Ejecutivo. La sesión de este jueves se había abierto con un insulso debate para ratificar diversos acuerdos internacionales, asuntos bien lejanos de la disputa política nacional que, sin embargo, brindaron al popular Juan Diego Requena la ocasión de denunciar que los socialistas se confabulan en “reuniones nocturnas para repartirse mordidas y estafar a los ciudadanos”.

El plato fuerte de la jornada era la solicitud para crear la comisión sobre las mascarillas. Salió a defenderla la portavoz de la ejecutiva del PSOE, Esther Peña, quien prometió investigar “sin dobles varas de medir, con transparencia absoluta, caiga quien caiga”. Peña no ahorró su ración de leña al PP. Señaló que mientras los socialistas fuerzan dimisiones ante los casos que los salpican, el PP “amenaza a los periodistas”, en alusión evidente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Se preguntó si el apoyo de Alberto Núñez Feijóo a Ayuso por el fraude fiscal de su pareja se debe a “cobardía o complicidad”. De inmediato, se contestó ella misma: “Por las dos cosas”.

El borrascoso espectáculo de los últimos días, con el PP y el PSOE lanzándose a la cara las peores acusaciones, hablando de mafias, de narcotráfico o de prostitución, ha provocado la reacción de algunos de los grupos más pequeños. “Ya no nos queda nada por oír aquí”, lamentó Cristina Valido, de Coalición Canaria, quien comparó el ambiente parlamentario con el de una taberna. El siempre sosegado Mikel Legarda, del PNV, trató de poner calma recordando que todas las administraciones incurrieron en prisas para hacerse con material sanitario cuando no lo había. A Oskar Matute, de EH Bildu, los ataques cruzados entre las dos principales fuerzas le recuerdan a “un partido de tenis con empate infinito”. Javier Sánchez Serna, de Podemos, se refirió a PP y PSOE como “el turnismo de la corrupción”.

Dentro del Gobierno, el socio minoritario también disiente de la estrategia de choque que cultiva el PSOE. Los miembros de Sumar se afanan por desvincularse y exteriorizar su disgusto. Quedó patente en la intervención de su portavoz adjunta, Aina Vidal, quien deploró que se esté sembrando el “hastío ciudadano” y la “devaluación de la democracia”. “Comparto la rabia que se siente cuando, después de mil horas de trabajar y de mil problemas, llegas a tu casa y lo único que escuchas son palabras como comisiones, mascarillas, maseratis, artículo de lujo, fraude a Hacienda, putas o cocaína”, clamó.

La diputada recreó los momentos más dramáticos de la pandemia, cuando los muertos se contaban por cientos a diario y la gente estaba encerrada en sus casas; algunos, como ella misma, sufriendo “un segundo confinamiento”. Se refería a que en esas semanas, aunque evitase entrar en detalles, Vidal estaba convaleciente de un cáncer. Mientras iba desgranando su relato de aquellos tétricos días, un alegre murmullo de fondo recorría el hemiciclo, con los diputados a lo suyo, unos de charleta y otros pendientes de sus teléfonos.

Los llamamientos a rebajar la tensión quedaron en nada cuando la popular Montesinos se subió al estrado para cerrar el debate. Durante ocho minutos, repitió el relato del PP que ensucia a medio Gobierno y sostiene, sin haber explicado todavía en qué se basa, que Pedro Sánchez lo sabía todo desde hace dos años. Montesinos descargó todo lo que tenía a mano contra Armengol, incluido el caso de unas menores bajo tutela del Gobierno balear que fueron prostituidas. Fiel a la nueva consigna de Feijóo de mezclar en el torbellino de supuestas corruptelas a la esposa del presidente, Begoña Gómez, la diputada sentenció: “Sánchez y Ábalos son dos caras de la misma moneda, como lo son Sánchez y Begoña”.

Cuando, ya al final, empezó a anunciar que su grupo no apoyaría la comisión, en la bancada socialista se levantaron carcajadas y protestas. Montesinos apenas lograba hacerse oír y acabó a voz en grito pidiendo ayuda a Armengol para acabar su intervención. Esta vez, al bloque de la derecha no se sumaron ni Coalición Canaria ni Unión del Pueblo Navarro, que votaron a favor con los aliados habituales del Gobierno. Cuando se leyó el resultado ―175 a favor, 33 en contra y 136 abstenciones— los socialistas aplaudieron. El ministro de Transportes, Óscar Puente, contó luego en X que Tellado, antes de salir al patio a deplorar los “insultos” del Gobierno, comentó: “Los vamos a investigar y aplauden. Son gilipollas”.

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Se había consumido una hora de la sesión semanal de control al Gobierno, cuando el portavoz del PNV, Aitor Esteban, tomó la palabra para reclamar al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, la desclasificación de los documentos del caso Zabalza, un ciudadano vasco que murió en 1985 tras ser detenido por la Guardia Civil como sospechoso de colaborar con ETA. Pero antes de entrar en materia, Esteban quiso dejar constancia de su desagrado ante lo que estaba contemplando:

―Buenos días, señor ministro, a esta vergonzosa y nada edificante sesión de control.

En la hora anterior, Esteban, todo el hemiciclo y las tribunas de prensa e invitados habían podido escuchar cosas como las que afirmó la diputada Sofía Acedo, en lo que ya se ha convertido en un latiguillo de los populares: “La trama de corrupción lleva nombre y apellidos del PSOE: cocaína y prostitución”. Todos los presentes habían asistido minutos antes a las palabras de Pepa Millán, portavoz de Vox: “Han asaltado las instituciones, han vaciado la Constitución, se han lucrado en mitad de una pandemia y han hecho leyes a medida de violadores y golpistas”. Y todos habían oído el anatema “corrupción” brotando incesante del portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, una corrupción que, según él, ya no solo es cosa del Gobierno, ni del partido, sino que alcanza a “novias, mujeres y familiares”. Porque por ahí, por la cuestión familiar, iba esta vez el plan del PP, mientras arrecia el fuego sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Tras el combate de inmundicias entre PP y PSOE de la semana anterior, la sesión había comenzado en un tono más digerible. Feijóo abrió fuego con un ejercicio de hemeroteca: palabras de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición recriminando a Mariano Rajoy que “sin Presupuestos no hay Gobierno”. El líder de la oposición preguntaba “si gobernar es vivir en La Moncloa”, y el socialista contestó que “tampoco lo es vivir en un piso de dos millones de euros”, en alusión a la vivienda en la que reside Ayuso, adquirida por su novio tras cometer el fraude fiscal por el que lo ha denunciado la Fiscalía. A diferencia de la semana anterior, Sánchez no siguió por ahí, adoptó un tono más presidencial y se dedicó a comentar los buenos datos de la economía española, que “crece cinco veces más que la media europea”.

Feijóo lo esperaba en la réplica y ahí dio la orden de ataque que luego seguirían disciplinadamente todos los suyos. El líder del PP se movió en el terreno de las insinuaciones, sin dar nombres. La pasada semana, los populares denunciaron a la Oficina de Conflicto de Intereses de la Administración que Sánchez había participado del Consejo de Ministros que acordó el rescate de Air Europa, pese a los contactos de la compañía con su esposa. Después de que la Oficina desestimase la denuncia, Feijóo advirtió: “Si cree que ha dado carpetazo a lo que ha ocurrido en su casa, se equivoca”. Y remachó: “Habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno inmediato”. Sánchez le replicó instándole de nuevo a que se atreva a exigir a Ayuso la dimisión.

Las alusiones tácitas de Feijóo se convirtieron en referencias directas, con nombre y apellidos, en cuanto cedió el turno a sus subalternos. Su secretaria general, Cuca Gamarra, se encargó de hilar el relato del PP. Begoña Gómez, desde el Instituto de Empresa, mantuvo contactos con Air Europa para negociar patrocinios a las actividades de ese organismo académico privado. De eso deducen los populares que el Gobierno dispensó “trato de favor” a la compañía cuando acordó su rescate.

A partir de entonces, el asunto de la esposa del presidente asomaba en cada intervención de un diputado popular, fuese cual fuese el asunto a tratar. La vicepresidenta María Jesús Montero y Bolaños se afanaron en repeler los ataques. Echaron en cara al PP que mientras el PSOE tomó medidas contra el exministro José Luis Ábalos por el caso Koldo, los populares cierran filas con Ayuso atacando a la Fiscalía y a medios de comunicación. Montero subrayó que el Gobierno se movilizó para salvar 140.000 empresas durante la pandemia. Tanto ella como Bolaños se hicieron eco de una información de Infolibre, que ha contado que la Xunta de Feijóo concedió subvenciones a la empresa Sargadelos cuando trabajaba allí su esposa. La ofensiva del PP continuó impertérrita e incansable.

Por el medio se coló fugazmente la campaña catalana. Los independentistas blandieron su exigencia de más fondos y de una financiación singular. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, denunció frente a Sánchez que este “no tiene un proyecto” para Cataluña. La de ERC, Teresa Jordà, sostuvo ante Montero que su comunidad sufre un “expolio fiscal”. El presidente y su ministra de Hacienda evitaron el choque y se limitaron a defender que el Gobierno ha sido generoso en sus inversiones en Cataluña.

Pasada esa página, regresó el martilleo del PP. En el duelo con el ministro del Interior, Rafael Hernando sostuvo que la trama de las mascarillas “fue montada desde Ferraz”. Y ante el titular de Transportes, Sergio Sayas dijo que este Gobierno “es como la Camorra”. Al final se acabó organizando un gran alboroto después de que otro popular, Jaime de los Santos, aprovechase una pregunta sobre feminismo para traer de nuevo a colación a la esposa de Sánchez. Sin mucho éxito, la presidenta Armengol trató de aleccionar a sus señorías: “¿Qué pensarán los que nos están viendo ahí fuera?”.

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La lengua, sus usos sociales y su influencia en la manera de ver el mundo se ha convertido en uno de los grandes temas del debate parlamentario en este accidentado inicio de la legislatura. Y también en un motivo más de fricción entre los bloques enfrentados en el Congreso, otra chispa para encender batallas culturales. Al comienzo de la legislatura fue la decisión de la presidenta del Congreso de permitir el uso sin restricciones de las lenguas cooficiales. Ahora, aunque con bastante menor vehemencia y sin tanta polvareda pública, el llamado lenguaje inclusivo para acabar con la preeminencia de las fórmulas masculinas.

Ya en febrero, la Mesa del Congreso dictó unas recomendaciones sobre el uso del lenguaje inclusivo en los documentos de la Cámara baja, entonces también con el apoyo del PP. Ese primer paso ya provocó un pronunciamiento de la RAE, que, entre otras cosas, criticó que los intentos de acabar con el empleo exclusivo del masculino genérico cuando se alude a personas de ambos sexos puede “acrecentar la distancia con el mundo real” del lenguaje que se usa en las instituciones.

Pero las dos formaciones del Gobierno han seguido adelante con sus planes y este martes presentaron su iniciativa conjunta para reformar el Reglamento del Congreso en el mismo sentido. Tras obtener la luz verde del pleno, seguirá ahora el trámite legislativo normal ya que el Reglamento tiene rango de ley.

Con un vestido en el que figuraba bien visible la leyenda “poder femenino”, la socialista Susana Ros se subió al estrado para defender una iniciativa que, subrayó, no es producto de “una moda pasajera, sino una prioridad en la búsqueda de una sociedad más justa y democrática”. Ros, en un argumento que luego repetirían otras oradoras, reseñó que el uso del genérico masculino reduce a la mujer “a una posición de insignificancia”. La representante del PSOE tuvo un recuerdo para las 21 diputadas y 6 senadoras que formaron parte de las Cortes constituyentes.

Esther Gil de Reboleño, de Sumar, también vicepresidenta tercera de la Cámara, reseñó otros datos: las mujeres son el 44% del hemiciclo y el 60% de los 666 empleados de la institución. Tras ella, llegó el desfile de aliados del Gobierno apoyando la iniciativa. Joseba Agirretxea, del PNV, fue muy gráfico al explicar que la pasada semana, en la votación de la ley de amnistía por llamamiento uno a uno de los miembros de la Cámara, la primera era una mujer y fue aludida como “diputado”. “Ha llegado el momento de cambiar estas cosas”, subrayó. Ione Belarra, de Unidas Podemos, recordó la reciente iniciativa del presidente argentino, Javier Milei, de prohibir el lenguaje inclusivo en su Administración. A los turnos a favor se sumaron Bel Pozueta, de EH Bildu, y Néstor Rego, del BNG.

La derecha hizo piña contra la medida, con diferentes tonos en las intervenciones del PP y de Vox, y la recriminación de este último grupo a los populares por haber aprobado recientemente las recomendaciones que han recibido el reproche de la RAE. Las objeciones de la Academia fueron precisamente uno de los argumentos invocados con más fuerza por la popular Marta González para fundamentar su rechazo a una iniciativa impulsada por un motivo “más político que gramatical”. González comparó la posición contraria al lenguaje inclusivo del presidente francés, Emmanuel Macron, con su implantación en la Constitución chavista venezolana. Y se preguntó si a partir de ahora se hará la misma adaptación en el resto del cuerpo legislativo.

La embestida más dura había llegado antes con Ignacio Gil Lázaro, de Vox, siempre pródigo en descalificaciones y que tampoco se quedó corto esta vez: una propuesta “falsa”, “hipócrita” y “excluyente”, una “patochada” propia de la “carcundia de la izquierda” que, según él, no repercutirá en nada que mejore la condición de la mujer. Gil Lázaro sostuvo además que la supresión de la coletilla “de los diputados” para denominar al Congreso supone una reforma encubierta de la Constitución, ya que esta alude a la Cámara legislativa con el nombre que ahora se pretende acortar.

La Mesa del Congreso también tomó otra decisión este martes para mejorar la presencia simbólica de la mujer en la Cámara. En el llamado Vestíbulo de la Reina, la sala a la que se accede tras ingresar al palacio de las Cortes por la Puerta de los Leones, cuelgan retratos de grandes políticos recientes, todos hombres. La Mesa ha dado de plazo a los grupos hasta el 11 de abril para que presenten propuestas de mujeres y conferir mayor pluralidad a la selección de figuras parlamentarias de relevancia con que se encuentran los recién llegados.

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Sobre las ocho de la tarde del pasado miércoles, las alertas sonaron en los móviles de los tres representantes de Sumar que acababan de salir de las oficinas del Ministerio de Hacienda en la calle de Alcalá, en el corazón de Madrid. Durante dos horas, Joaquín Pérez Rey, mano derecha de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, y los diputados Manuel Lago y Carlos Martín habían estado haciendo números con el jefe de gabinete de la ministra, Carlos Moreno. Al día siguiente se iba a aprobar en el Congreso la ley de amnistía, y el camino para los nuevos Presupuestos parecía expedito. Los equipos de los dos socios del Gobierno hablaron sobre todo de los fondos disponibles para partidas sociales. Cuando ya se iban con la sensación de haber avanzado en la negociación, las alertas saltaron como un mazazo: acababan de perder el tiempo. La Moncloa anunciaba su renuncia a negociar los Presupuestos. La convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña, después de que el Parlament tumbase otras cuentas, en este caso las de la Generalitat, forzaba a Sánchez a desistir de su empeño.

Ese miércoles había comenzado con una atmósfera fétida impregnando el salón de plenos del Congreso. Parecía que la confrontación política no podía ir más allá de las cotas alcanzadas con la ley de amnistía, pero todavía estaba por llegar el caso Koldo. El brutal ataque del PP con ese escándalo de cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas que golpea al PSOE derivó en un sórdido debate en que los dos principales partidos se cruzaron acusaciones hasta de narcotráfico y prostitución. “Pensaba que ya lo había visto todo en el Congreso, pero aún me faltaba esto”, confesaba dos días después, todavía con asombro, uno de los diputados más veteranos de la Cámara. En ese ambiente de enfrentamiento salvaje se avecinan tres convocatorias electorales en tres meses: el 21 de abril en Euskadi, el 12 de mayo en Cataluña y el 9 de junio las europeas en toda España. Es ya casi un axioma entre los politólogos que una de las razones del encanallamiento del debate político reside en el estado de campaña permanente en que viven los partidos. Antes del verano, España habrá completado seis en el plazo de un año, una por cada dos meses.

Después de que la pasada semana se cerrase el pacto de la ley de amnistía, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, creía que podía tener los Presupuestos en pocas semanas. Ya se habían producido contactos con todos los grupos y las sensaciones eran buenas. Aunque ERC venía avisando desde el fin de semana: todo bien, siempre que tengamos Presupuestos en Cataluña. El líder del PSC, Salvador Illa, también advirtió a Sánchez: “Ojo, los Presupuestos catalanes pueden no salir”. Los comunes, la marca local de Sumar, amenazaban con votar en contra si no se renunciaba al proyecto del Hard Rock, un macrocomplejo turístico en Tarragona que incluiría el mayor casino de Europa. Pese a todo, en ERC aún creían que los comunes iban de farol.

El lunes hubo mucho movimiento en Madrid. Y el martes fue frenético. Montero reclamó a Ernest Urtasun, ministro de Cultura, catalán y portavoz de Sumar, que intercediese ante sus compañeros de los comunes. Urtasun le dijo que era Illa el que se empeñaba en el Hard Rock. “Tenéis que convencer a los vuestros”, le rogó Montero. “Sois vosotros los que tenéis que convencer a Illa”, replicó Urtasun.

Sánchez y Díaz no llegaron a hablar del asunto. Pero esta tensión dejó un fuerte recelo entre los socios gubernamentales. Los socialistas critican a la vicepresidenta segunda por no controlar su espacio político y permitir que los suyos infligiesen una derrota a un aliado esencial como ERC. Sumar no es un partido al uso, sino una especie de confederación en la que los comunes gozan de plena autonomía. “Aquí no se funciona a golpe de órdenes”, alegan en la cúpula de la formación. Los de Díaz están convencidos de que era Illa, favorito en las encuestas, quien quería forzar elecciones y Sánchez decidió no pararlo. El líder del PSC, pese a todo, intentó disuadir a los comunes: “Le estáis haciendo un favor a Aragonès [Pere, president y líder de ERC], le dais la excusa para adelantar”. Pero el grupo de Ada Colau no se lo creía y buscaba reforzar su perfil político con un “no” al megacasino.

El resultado de todos estos juegos cruzados ha sido echar por tierra los planes de Sánchez y volver a la incertidumbre que ya parecía disipada. Con la aprobación de la amnistía, a la espera de su paso por el Senado, se confiaba en que la legislatura arrancase de una vez después de tres meses empantanados en el trámite de esa ley. El maratón electoral vuelve a ralentizarlo todo, para desesperación de Díaz y los suyos, que confiaban en recuperar el perfil perdido poniendo de nuevo en primer plano la política social del Ejecutivo. Y todo eso en el ambiente que se plasmó en las tremebundas sesiones de control en el Senado y en el Congreso de esta semana: el PP repitiendo como un mantra que los socialistas se dedican a “la coca y la prostitución”; Sánchez reclamando la dimisión de Isabel Díaz Ayuso por el fraude fiscal de su novio y echando en cara a Alberto Núñez Feijóo su vieja amistad con un contrabandista gallego que acabó en la cárcel por narco; el líder del PP apuntando a la esposa del presidente por sus relaciones profesionales con Air Europa, una de las compañías del sector turístico rescatadas por el Gobierno… Todo eso que espantó incluso a los diputados más curtidos.

Ambiente envenenado

Algunos miembros del Gobierno consultados admiten que este ambiente envenenado suele perjudicar a la izquierda. La derecha está hipermovilizada para echar a Sánchez y no ha sufrido coste electoral por subir el diapasón o llegar al “que te vote Txapote” de las autonómicas y municipales de 2023. En cambio, la extensión del “todos son iguales”, la idea de que la política es algo tóxico, suele desmovilizar a la izquierda. Aun así, miembros socialistas del Gobierno defienden que Sánchez tiene que responder a los ataques y más cuando ha surgido el caso del presunto delito fiscal de la pareja de Ayuso y sus comisiones millonarias también por contratos de venta de mascarillas en plena pandemia, mientras el PP sigue golpeando día y noche con el caso Koldo. “Ya sabemos que este ambiente no es bueno para nosotros, pero no podemos perderles la cara nunca”, señala un miembro del Ejecutivo.

“En 2023 decidimos pasar de los ataques del PP y Vox y aferrarnos a la gestión”, resume otro ministro. “Y eso nos llevó a perder casi todo nuestro poder territorial en las autonómicas y municipales. Sánchez decidió salir de la cueva, contestar, y así logramos volver a gobernar tras las generales. ¿La alternativa cuál es, agachar la cabeza mientras dicen que tu líder es un corrupto cuando hemos pedido el acta a nuestro ex secretario de organización [José Luis Ábalos, ahora en el Grtupo Mixto] sin que esté imputado en nada? No lo vamos a hacer”.

Esa bajada al barro de Sánchez y los suyos ha provocado, en cambio, un profundo disgusto en Sumar. Díaz lo exteriorizó en la sesión de control, cuando, minutos después de la carnicería verbal entre el presidente y Feijóo, le tocó intervenir y advirtió de que no iba a “participar de un espectáculo” que, sentenció, “erosiona la democracia”. “Esto es letal para nosotros”, lamentan en la parte minoritaria del Gobierno. Los aliados parlamentarios han procurado hasta ahora mantenerse al margen de la refriega. Entre ellos se valora que Sánchez actuase con rapidez para exigir su responsabilidad a Ábalos, pero la actitud tan belicosa del presidente también incomoda a algunos de ellos. El barómetro del CIS arrojó esta semana un dato que alimenta a los críticos con la estrategia socialista: cuando se pregunta a los ciudadanos por el principal problema del país, el más citado es “el Gobierno y partidos o políticos concretos” (11%) y en tercer lugar “el mal comportamiento de los partidos” (10,4%).

El panorama aún es susceptible de empeorar con las campañas electorales. El PP ha apostado todo a las europeas, que quiere convertir en un plebiscito. Precisamente por eso, Sánchez, aunque no fuese su plan A, espera tomar oxígeno antes con las catalanas, donde todas las encuestas sitúan al PSC como favorito. En la dirección de Feijóo se ha instalado la idea de que la situación política de Sánchez es insostenible y que si ellos fuerzan la máquina, el Gobierno puede caer. Los dos grandes partidos suben el tono cada vez más. Y aún queda el plato fuerte: en pleno ambiente electoral, se pondrán en marcha hasta cinco comisiones parlamentarias de investigación. En el Congreso habrá cuatro, una de ellas sobre la guerra sucia que organizó en su día el Gobierno del PP contra el independentismo y otra sobre los contratos de compra de mascarillas de todas las Administraciones. Esta última tendrá su contrapunto en el Senado, donde el PP la centrará exclusivamente en el caso Koldo. Las dos se van a mirar de reojo y las comparecencias pueden ser del máximo nivel. El PP llevará con toda seguridad a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, por su gestión como jefa del Gobierno balear y no se descarta incluso llamar a Sánchez o a su esposa. Entre los convocados en el Congreso pueden estar Ayuso o el mismo Feijóo como expresidente gallego.

La pregunta que Sánchez quería dejar resuelta con los Presupuestos —¿esto aguanta?— sigue en el aire. Y nadie entre los aliados parlamentarios se atreve a darle contestación. “Todo es extremadamente inestable, las cosas cambian de una semana para otra”, afirma un diputado de uno de los grupos nacionalistas. “En la mayoría de investidura tenemos además dos fuerzas imprevisibles: Junts y Podemos”. Sobre la incidencia de las elecciones que vienen, no hay temor a las consecuencias de las vascas. Pase lo que pase, PNV y EH Bildu apuntan su intención de seguir sosteniendo a Sánchez. Incluso si la izquierda abertzale consiguiese sobrepasar al PNV como primera fuerza y el PSOE le cerrase el paso renovando —como parece previsible— su acuerdo con la formación de Andoni Ortuzar, los de Arnaldo Otegi mantendrán su estrategia en Madrid. Las catalanas son otra cosa. Porque ahí hasta un gran éxito del PSC podría ser contraproducente para Sánchez si eso se tradujese en dejar fuera del poder a alguna de las dos formaciones independentistas. Sobre todo teniendo en cuenta ese carácter impredecible de Junts al que aluden todos los demás aliados parlamentarios del Ejecutivo.

Son los socialistas los que insisten en garantizar que esto aguanta. “Nadie les perdonaría en Cataluña a Junts o ERC que tumbaran el Gobierno y abrieran paso a la derecha y la ultraderecha”, comenta un ministro. “Pujol empezó su declive cuando pactó con Aznar. Ahora sería mucho peor. Y aunque en mayo se apruebe la amnistía, después hay que aplicarla, y ellos saben cómo sería con un Gobierno del PP y Vox. No hay ningún incentivo para que acaben con la legislatura. Hay Gobierno para rato”. Contra la apariencia de parálisis, en el PSOE destacan que hay una docena de leyes en el Congreso que se están trabajando con todos sus socios: enseñanzas artísticas, eficiencia en la justicia, del cine, contra el blanqueo, contra el proxenetismo, paridad, prohibición de desahucios hipotecarios, agencia de salud pública, derecho a la defensa, familias, movilidad sostenible y derechos de autor. Se han caído los Presupuestos, pero no se ha roto la mayoría, subrayan. “Todo es endiablado, es inútil negarlo, pero tenemos nuestras bazas para mantener la legislatura. Nadie quiere romper”, insisten en La Moncloa.

Sánchez, amarrado desde el comienzo de la legislatura a la divisa de “hacer de la necesidad virtud”, parece convencido de que el nuevo escenario, aunque no lo buscase, le puede favorecer. Desde la pandemia, ha tenido muchas noches electorales desastrosas —Madrid, Andalucía, autonómicas, locales, gallegas— y unas pocas —dos— alegres. En estas últimas siempre descolló una gran protagonista: Cataluña. Todas las bazas de los socialistas se juegan en la plaza que ya fue clave para José Luis Rodríguez Zapatero, antes para Felipe González y ahora de nuevo para que Sánchez pueda, por fin, asegurar que de verdad esto aguanta.

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Díaz reveló en los pasillos del Congreso que La Moncloa tomó la decisión de no abordar unas nuevas cuentas del Estado para 2025 sin previo aviso a sus socios y cuando delegaciones de Sumar y del PSOE se encontraban reunidas precisamente para acercar criterios sobre la elaboración de los Presupuestos. “Respetamos la decisión del presidente del Gobierno, no la compartimos, sobre todo porque hay que seguir gobernando y los trabajadores y la ciudadanía que está viviendo una crisis de inflación sin precedentes necesita seguir ganando derechos”, afirmó la vicepresidenta y ministra de Trabajo en el Congreso.

La víspera, Díaz ya había dado claras muestras de su incomodidad ante el intercambio de durísimas acusaciones de corrupción entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y la estrategia de los socialistas de responder a los ataques del PP sobre el caso Koldo con otras menciones a escándalos que han salpicado a los populares. “No voy a participar de este espectáculo”, advirtió la líder de Sumar en respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado. Díaz incluso criticó algunas decisiones pasadas de los socialistas como el indulto al banquero Alfredo Sáenz por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Fuentes próximas a la vicepresidenta restaron importancia a su actitud tras la aprobación de la ley de amnistía y se limitaron a señalar que la situación del país no aconseja que los políticos prodiguen las celebraciones públicas. Las mismas fuentes aseguraron que, pese a estas diferencias de criterio, no se ha producido ningún desencuentro de relevancia entre Díaz y el presidente del Gobierno.

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La trascendencia sobre el calendario político de la muy controvertida ley había quedado rebajada la víspera, con la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña para el próximo 12 de mayo. De momento, el Gobierno ya se ha visto obligado a renunciar a su plan de abonar con la amnistía el terreno para unos nuevos Presupuestos. Y el horizonte de la legislatura, que tan claro se perfilaba si salía adelante la ley, se ha vuelto un poco más nebuloso a la espera del veredicto de las urnas catalanas. Por eso las únicas muestras de júbilo se manifestaron en la bancada de ERC, vuelta hacia la tribuna de invitados donde se encontraba el líder de su partido, Oriol Junqueras.

“Hoy por fin se acaba la yincana parlamentaria para aprobar esta ley”, exclamó, al comienzo del debate, la diputada de Podemos Martina Velarde. Los tres meses de trámite, pese a la vía de urgencia elegida, han sido efectivamente una yincana. Hasta el punto de que la ley fue rechazada en primera instancia en pleno el pasado 30 de enero tras desdecirse Junts del apoyo que le había proporcionado en comisión y obligar a una nueva redacción sobre el alcance de la medida respecto a los delitos de terrorismo.

Pero la carrera de obstáculos está lejos de haber concluido. Primero sufrirá los embates del PP en el Senado —el diputado de Junts Josep Maria Cervera descalificó a esa Cámara como un “lodazal”— donde la mayoría absoluta de la oposición retrasará el trámite dos meses antes de devolverla al Congreso. Y todo el mundo da por descontado que muchos jueces tratarán de impugnarla con cuestiones de inconstitucionalidad o consultas a la justicia europea. Lo subrayó la propia portavoz de ERC en el debate, Pilar Vallugera, aunque al mismo tiempo abogó por hacer todo lo posible para que su aplicación sea “inmediata” ante los cientos de personas que esperan beneficiarse de ella.

La convocatoria electoral en Cataluña se coló irremediablemente en el debate. Alberto Núñez Feijóo, que defendió en persona la posición del PP, se arrancó como si ya estuviese en campaña. Aludió a la cita del 12 de mayo y prometió que, a diferencia del PSC, su partido “no va pedir el voto a los constitucionalistas para luego entregárselo a los independentistas”. Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar y miembro de los comuns, deslizó críticas a los que defienden el proyecto de un complejo de casinos en Tarragona, cuyo rechazo fue el motivo esgrimido por su formación para no apoyar los Presupuestos catalanes y precipitar los comicios. Cervera, de Junts, aprovechó para atacar al líder y candidato de los socialistas catalanes, Salvador Illa, al subrayar que el PSOE ha aceptado la ley “por necesidad, no por convicción”.

En cambio, las dos formaciones independentistas evitaron esta vez los reproches mutuos que se habían intercambiado la pasada semana cuando la Comisión de Justicia aprobó el texto. Cervera reivindicó el papel de Junts forzando cambios en la ley aun a costa de retrasar la aprobación, pero a la vez dedicó un reconocimiento al diálogo con ERC. Y en un gesto casi insólito por parte de esta última formación, Vallugera empezó agradeciendo el tono de las palabras del representante de Junts.

Las formaciones que respaldan al Gobierno defendieron que la aprobación de la ley supone el final del conflicto abierto en 2017 y la posterior actuación judicial contra los dirigentes del procés. “Nos hemos arremangado para arreglar su fracaso, lo que ustedes estropearon”, sostuvo, dirigiéndose al PP, el portavoz socialista, Patxi López, quien proclamó el “cierre de un ciclo”. “Enterramos el ‘a por ellos’”, abundó Enrique Santiago, de Sumar, para añadir que ahora el Gobierno “se podrá centrar en lo que de verdad importa: mejorar la vida de la gente”. Pero los independentistas no dan nada por cerrado y anunciaron su próxima batalla: el referéndum. “No pararemos hasta el ejercicio del derecho de autodeterminación”, manifestó Vallugera, con el compromiso de perseguirlo de forma “pacífica, dialogada y democrática”. Y por ahí atacó Feijóo para dar por hecho que Sánchez también cederá en este punto.

Mikel Legarda, del PNV, se apuntó a la tesis del “cierre de un ciclo político traumático” tras la “persecución obsesiva” contra los protagonistas de lo que, en su opinión, supuso “una crisis constitucional, no un golpe de Estado”. Nacionalistas vascos y gallegos coincidieron en que el significado político de la amnistía va más allá de Cataluña. Jon Iñarritu, de EH Bildu, y Néstor Rego, del BNG, interpretaron que el PSOE ha hecho un gesto que supone un reconocimiento a “las naciones del Estado español” y a que sus reivindicaciones deben “sacarse de los tribunales”.

En el frente de rechazo la voz más altisonante fue, por supuesto, la de Vox. Santiago Abascal llegó con una revelación: Sánchez “ha renunciado a la presidencia del Gobierno” y los que mandan ahora en España son Carles Puigdemont y Mohamed VI de Marruecos. Tras acusar a Feijóo de tibieza ante un Ejecutivo apoyado en una “cuadrilla de forajidos”, resumió así sus aspiraciones: “Que los criminales vivan entre rejas y no sentados en un escaño”.

De la mayoría que apoyó la investidura de Sánchez se volvió a descolgar Coalición Canaria, cuya representante, Cristina Valido, argumentó que la ley carece de “consenso social” y lamentó la renuncia a unos nuevos Presupuestos que su formación quería negociar. En línea con el resto de la derecha, Alberto Catalán, de UPN, clamó contra la “villanía que humilla a los españoles”.

Feijóo está empeñado en augurar la caída del Gobierno, mientras vincula la amnistía con las corruptelas del caso Koldo. Dirigiéndose a un Sánchez ausente en ese momento, aseveró: “Usted depende de lo que diga el señor Puigdemont y de lo que haga el señor Ábalos”. Y dedujo: “No va a haber legislatura, esto es una agonía”. Patxi López le había pedido antes abandonar las “soflamas apocalípticas” y describió así su estrategia: “Cuanto peor para el país, mejor para el PP”.

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Sin arredrarse por las últimas y embarazosas revelaciones de eldiario.es sobre la pareja de Ayuso, el PP desató una nueva tormenta de acusaciones por el caso Koldo, algunas basadas en las investigaciones judiciales y otras en puras conjeturas. Fue un imparable crescendo, que comenzó con el propio Feijóo, pasó por estaciones intermedias como la afirmación de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, de que el ministro del Interior “destruye pruebas”, y culminó con la sentencia de una diputada que se estrenaba en estas lides, Mirian Guardiola: “Este es el Gobierno más corrupto de la historia democrática de España”.

Feijóo abrió la sesión como la vez anterior: acusando al presidente de “saber y tapar” que Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, cobró comisiones ilegales por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. ¿En qué se basaba el líder del PP? En el “silencio cómplice” de Sánchez. Por momentos, Feijóo se mostró taxativo en sus acusaciones, incluso de las que no existe constancia, como cuando afirmó que el presidente “está siendo investigado”. Y en otras, en cambio, se cuidó de anteponer un “probablemente” antes de descargar una nueva imputación. “Su futuro está amenazado por la corrupción”, proclamó.

Sánchez ya había vivido una sesión de control la víspera en el Senado y entonces se guardó de utilizar la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso para desviar las incesantes acusaciones del PP. Se lo había reservado como bala de plata para el duelo con Feijóo. El líder socialista recordó que hace un año los populares reclamaron la dimisión de la anterior directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por la imputación de su marido en una causa que finalmente acabó anulada por un defecto formal. Y ahí le lanzó el reto: que exija a Ayuso su dimisión, subrayando que fue eso lo que costó el cargo a Casado tras denunciar el anterior líder del PP que el hermano de la presidenta había cobrado comisiones por la venta de mascarillas al Gobierno madrileño.

Feijóo replicó citando sin citar a la esposa del presidente, Begoña Gómez, señalada en algunas informaciones por su relación profesional con Globalia, la compañía turística rescatada por el Gobierno de su marido. Sonó a medio camino entre una recriminación y una advertencia: “Ha cometido un gravísimo error, seguro que en su casa no estarán muy contentos”. Y, como si hasta entonces todo hubiese sido un plácido intercambio de pareceres, culminó: “Allá usted. Es el responsable de subir el tono”.

El líder socialista no se arredró y desempolvó la otra carga de profundidad que traía preparada: la vieja amistad de Feijóo, cuando era alto cargo de la Xunta, con el capo gallego Marcial Dorado. No era la primera vez que Sánchez utilizaba el asunto contra el líder de la oposición, pero nunca había sido tan exhaustivo al extenderse en citar viajes y otros pormenores de esa relación. Todo para concluir con una lección de ejemplaridad: “Con ese historial usted ha podido escalar a lo más alto de su partido. En el mío no hubiese llegado ni a concejal de pueblo”.

Tras Feijóo, llegó Santiago Abascal, también a vueltas con la corrupción. El líder de Vox lo tenía difícil para subir el listón, pero lo intentó: “Usted es el capo de la trama de corrupción. Gobierna con delincuentes, criminales y enemigos de España de toda condición”. Sánchez respondió más relajado que con Feijóo, aunque sin abandonar el y tú más: le restregó los siete millones de euros transferidos desde las cuentas de Vox a una fundación que preside el propio Abascal.

Volvió el PP con Cuca Gamarra, quien, pese a que preguntaba a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, comenzó dirigiéndose a Sánchez con esta retahíla: “Coca, mordidas, prostíbulos, saunas… Eso es Tito Berni [exdiputado socialista implicado en otro caso] y eso es Koldo, ese es el GPS del coche que le llevó a La Moncloa”. Montero, como era de esperar, tiró de Ayuso. Y luego, ante otro popular, Juan Bravo, de la gestión de este como consejero de la Junta de Andalucía. Bravo se había lanzado afirmando que “cuando peor le va a los españoles, mejor le va a ustedes” y que, en los momentos más dramáticos de la pandemia, los socialistas “se dedicaban a robar”.

Por primera vez en muchas semanas, el PP volvió a preguntar a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Lo hizo Tellado, quien, sin embargo, echó por delante que en realidad la pregunta no iba dirigida a ella, sino, una vez más, a denunciar la ignominiosa corrupción socialista. La también líder de Sumar intentó no chapotear en el lodo. “No voy a contribuir a este espectáculo”, prometió. Díaz dejó algún pellizco para sus socios del PSOE y advirtió de que un carrusel de acusaciones sobre corrupción como el que se estaba produciendo “erosiona la democracia”. Intentó llevar el debate a un terreno más constructivo al proponer la creación de un organismo independiente que prevenga la corrupción.

Fue solo un interludio antes de retornar al barro. Los diputados iban soltando cada uno su ración, sin que faltasen los ya rutinarios ataques de los populares a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. Daba igual el tema de cada pregunta. Incluso cuando un joven diputado del PP, Miguel Ángel Sastre, sin dejar de citar la corrupción, se interesó por las políticas de vivienda, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, le contestó aludiendo al piso adquirido en Madrid por la pareja de Ayuso: “A lo que no me puedo comprometer es a que cada español pueda acceder a un piso de un millón de euros en Chamberí”. Y así durante hora y media.

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La encuesta se realizó entre los días 1 y 3 de marzo, cuando ya había estallado el caso Koldo y con la gran victoria del PP en las elecciones gallegas todavía caliente. El primer escándalo relevante de corrupción que afronta el Gobierno de Pedro Sánchez aparentemente no pasa factura a los socialistas, al menos por ahora. Los expertos en sociología electoral aconsejan en estos casos no extraer conclusiones apresuradas porque los estados de opinión de la ciudadanía pueden tardar tiempo en decantarse.

El trabajo de 40dB. otorga a los populares una intención de voto del 35,2%, ocho décimas más que en febrero y 2,1 puntos por encima de lo conquistado en julio. El avance de la formación de Alberto Núñez Feijóo contrasta con la fuerte caída en el último mes de Vox. Tras comenzar el año con gran fuerza, la extrema derecha perdería la tercera plaza en favor de Sumar al retroceder hasta el 10,6%, es decir, 1,8 puntos menos que su cosecha en las urnas el pasado julio. Como la subida del PP no es suficiente para compensar el revés del partido de Santiago Abascal, el bloque de la derecha en su conjunto cede medio punto respecto a febrero. Ahora reuniría un 45,8%, ligeramente por encima —tres décimas— de lo que sumó en julio.

Con la perspectiva de las últimas elecciones generales, las dos formaciones del Gobierno padecen cierto desgaste. El PSOE estaría en un 31,7%, un punto menos que entonces, y Sumar en el 11,1%, 1,2 puntos por debajo de lo que le adjudicaron las urnas. Pero las pésimas noticias que han encajado en el último mes —el fuerte batacazo de ambos en Galicia y, en el caso de los socialistas, el descubrimiento de la trama corrupta que se lucró con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia— no parece hacerles mella por el momento. Al contrario: muestran, en este mes, una mínima ganancia de dos décimas cada uno, suficiente para que Sumar escale hasta el tercer puesto.

Poco voto joven para el PP

Para el barómetro de este mes, los investigadores de 40dB. han trazado un perfil sociológico de los electorados de las cuatro principales fuerzas políticas. El PP muestra una importante dependencia de los mayores de 65 años (uno de cada tres de sus votantes) y de las clases alta y media-alta (el 45% de sus apoyos). Los populares evidencian problemas para recabar simpatías entre los más jóvenes: son, con diferencia, los que tienen una menor porción de votantes en los grupos de entre 18 y 24 años (solo el 4,6%, cuando el total de la población en ese tramo de edad es el 8,4%) y de entre 25 y 34 (8,9%, tres puntos menos que la población general).

El PSOE casi triplica la penetración del PP entre los jóvenes: un 11,3% de sus simpatizantes tiene menos de 25 años, porcentaje que solo sobrepasa Vox (11,6%) y está claramente por encima del de Sumar (7,7%). Ninguna formación presenta un electorado más joven que la extrema derecha. El partido de Abascal aparece como el único de los cuatro que no se nutre principalmente de los mayores de 65 (la primera franja de edad entre los españoles, el 26% del total), sino del núcleo de entre 35 y 44 (cerca de uno de cada cuatro de los que eligen su papeleta).

Vox es el que depende en mayor medida de los electores de clase socioeconómica baja, que aportan casi un 40% de su total, cinco puntos más que el PSOE y 10 más que Sumar y PP. Y también la formación que congrega una mayor parte de seguidores que declaran que trabajan (casi el 60%, diez puntos más que el porcentaje de la población total).

El electorado de Sumar está más envejecido que el del PSOE y proviene en menor medida que el de los socialistas de las clases bajas (30% frente a 35%). La formación de Yolanda Díaz consigue un descollante eco entre los parados, de donde extrae casi uno de cada cinco de sus votantes. Los que declaran que tienen un trabajo no llegan ni al 42%, 16 puntos menos que en el caso de Vox.

¿Y cómo se definen ideológicamente? En una escala en la que 0 sería la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, el promedio de los seguidores de Sumar se coloca en 2,4; los del PSOE, en 3,4; los del PP, en 6,7; y los de Vox, en 7,2. En la izquierda, los de Díaz aventajan a los socialistas en las posiciones del 0 y el 1, mientras que en la derecha los populares solo ceden la preeminencia ante los de Abascal en la ubicación más extrema. Al mismo tiempo, la formación de Feijóo gana con claridad al PSOE la batalla por el centro. El 27,7% de los que se identifican ideológicamente con ese punto medio se decanta por el primer partido de la oposición, frente al 16,2% que elige al que comanda el Gobierno.

Con todo, los socialistas parece que mantienen a raya la fuga de votos hacia el PP, una de las cuestiones que más les preocupaban en las semanas anteriores a las últimas elecciones generales. Pese a la enorme controversia por la ley de amnistía para los encausados del procés —cuyo rechazo también alcanza altos niveles entre el electorado del PSOE, según barómetros anteriores—, el trabajo de 40dB. apenas capta un 3% de personas que se decantaron por Sánchez en julio y que ahora darían su respaldo a Feijóo.

Todos los datos internos de la encuesta pueden consultarse en las páginas web de EL PAÍS y la SER.

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Tras dos horas de debate, con algunas interrupciones, la Comisión de Justicia reparó el boquete abierto el 30 de enero, cuando Junts se echó atrás y el pleno del Congreso rechazó el primer texto de la ley de amnistía que previamente había aprobado esta misma comisión. El acuerdo alcanzado el miércoles para continuar dejando fuera de la medida de gracia los delitos de terrorismo, aunque con una invocación a las directivas europeas sobre la materia y no al Código Penal español, permitió restituir el consenso entre el Gobierno y sus aliados nacionalistas para sacar adelante la ley. El próximo jueves deberá recibir el respaldo del pleno y luego pasará al Senado, donde el PP se dispone a dilatar al máximo el proceso. Lo previsible es que en un par de meses retorne al Congreso para su aprobación final.

La comisión vivió un arranque “rocambolesco”, en descripción del socialista Francisco Aranda, después de que el PP, por boca de Cuca Gamarra, pidiese el aplazamiento de la convocatoria. Gamarra alegó que el Gobierno y sus aliados les presentaban un acuerdo “extraparlamentario”, urdido “fuera de nuestras fronteras”, en alusión a la enmienda pactada por los partidos del Gobierno y los independentistas catalanes para delimitar los contornos de la amnistía ante los posibles delitos de terrorismo. La oposición exigía tiempo para estudiarla. La sesión se interrumpió durante unos minutos hasta que PSOE y Sumar hicieron valer su mayoría en la Mesa de la Comisión y acordaron seguir adelante.

La oposición protestó, por supuesto. Y levantó la voz para repetir las recriminaciones habituales, sobre todo en el caso del siempre enérgico Javier Ortega Smith, de Vox, que volvió a esbozar su teoría de que esta ley equivale a un golpe de Estado. Pero la sesión, para lo habitual en el Congreso, tampoco resultó especialmente tensa. Lo que sí se hizo muy patente fue cómo los independentistas catalanes no pierden ocasión de practicar el juego subterráneo entre ellos.

El portavoz de Junts, Josep Maria Cervera, sacó pecho por haber forzado a esta última modificación sobre los delitos de terrorismo. Su formación había intentado en su momento situarlos bajo el paraguas de la amnistía para blindar a su líder huido, Carles Puigdemont, ante las nuevas imputaciones contra él en ese sentido. Cervera echó en cara “la retórica y la literatura a la contra” que se desató contra Junts cuando el pasado 30 de enero hizo descarrilar la ley. Sobre el destinatario de sus reproches quedaron pocas dudas: “Muchos no quisieron entenderlo ni aquí ni en Cataluña”. Y remachó: “Hemos asumido solos durante semanas el coste de nuestro no”.

Inmediatamente, llegó el turno de Pilar Vallugera, de ERC, quien, con más sutileza, también fue sembrando de reproches su intervención. Comenzó lamentando que el texto se apruebe “con mes y medio de retraso”, recordó que para su grupo ya era plenamente aceptable a finales de enero, proclamó que a ERC “nadie tiene que darle lecciones” y culminó: “Nos podíamos haber ahorrado algunos juicios y algunas condenas en este tiempo”. Con un pellizco final: “Esto no va de una persona”.

El borrador de informe de la Comisión de Venecia, conocido la pasada semana después de que el PP solicitase su dictamen, dio munición variada a unos y otros. Del lado del Gobierno y sus aliados, los oradores destacaron que ese organismo asesor del Consejo de Europa ha legitimado la amnistía como instrumento para la reconciliación y ha desmontado el argumento de que ataca la división de poderes. El más mordaz fue Jon Iñarritu, de EH Bildu, quien recomendó los populares: “Les ha fallado la estrategia, cambien de argumentario, les han pillado con el carrito del helado”.

Gamarra, en cambio, se quedó con las críticas del organismo europeo a la urgencia con que se ha tramitado la ley y a la división política y social que ha suscitado. Pero, sin abandonar la descalificación total del proyecto, efectivamente moduló el discurso. Dos de los argumentos que manejaba el PP con insistencia —que la amnistía acaba con la división de poderes y con la democracia misma— quedaron arrumbados. Los populares acaban de renovar su siempre estrepitoso arsenal contra el Gobierno con el caso Koldo y la corrupción en las compras de mascarillas al comienzo de la pandemia. Entregada a esa nueva línea de ataque, Gamarra metió a Koldo en medio de su discurso, en el que la palabra más repetida fue corrupción, equiparada plenamente a la amnistía: “Una ley corrupta”, producto de una “transacción corrupta” y de un “poder indisolublemente unido a la corrupción”, desgranó la secretaria general del PP entre los murmullos de desaprobación de los socialistas.

Como en otras ocasiones, abundaron los ataques a algunos jueces, acusados de actuar contra el poder legislativo, aunque esta vez no se escucharon nombres concretos. Nadie superó en contundencia a Gerardo Pisarello, de Sumar, quien denunció que existen “grupos de jueces que han comprometido su independencia y su imparcialidad por una obsesión vengativa”. Pisarello englobó esas maniobras y la actitud de la derecha en una “estrategia golpista para hacer descarrilar un Gobierno legítimo”. Se levantaron entonces rumores de protesta en los asientos populares, rápidamente acallados desde la bancada del PSOE, que con su gesto ofreció un tácito respaldo a las denuncias de su socio de Gobierno.

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En el vídeo que encabeza esta noticia, analizamos las explicaciones de ambos ante los contratos bajo sospecha de la compra de mascarillas y “la doble vara de medir” de ambos partidos a la hora de pedir dimisiones y responsabilidades.

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La dirigente socialista ha alegado que fueron los técnicos del Servicio de Salud del Gobierno balear quienes aceptaron, al inicio de la pandemia, la oferta de la empresa Soluciones de Gestión SL, investigada ahora por presunta corrupción en el caso Koldo. Según ha asegurado, en abril de 2020, con todas las administraciones necesitadas de material sanitario, llegaban multitud de propuestas, también a sugerencia de “ministerios y otras instituciones”. Pero Armengol, pese a las reiteradas preguntas de los periodistas, no ha querido revelar quién recomendó al Gobierno de Baleares que contratara las mascarillas con esa empresa. Y mucho menos aclarar si fue Koldo García, que en ese momento era asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a quien la Fiscalía Anticorrupción y el juez Ismael Moreno señalan por cobrar presuntamente comisiones ilegales de esa empresa a cambio de conseguirle los contratos. En tono enérgico, la presidenta del Congreso se ha limitado a responder: “Jamás en mi vida he dado una instrucción para que se contrate a una empresa o a otra”.

Armengol ha comenzado su esperada comparecencia justificando el silencio que mantenía desde que en la última semana empezasen a arreciar las informaciones sobre los tratos del Gobierno balear con la empresa de la trama y los consiguientes ataques del PP, que el lunes presentó un escrito en la Cámara reclamando formalmente su dimisión. Según ha explicado la presidenta, su deseo de evitar el cuerpo a cuerpo con el PP se debía a un intento de “preservar el buen nombre de la institución, que es la cuna de la democracia”, y a la idea de que los ciudadanos “no se merecen según qué espectáculos”. “No todo vale en política, no todos los políticos son iguales”, ha añadido. “La corrupción me repugna y la detesto profundamente. Hay que decir la verdad y no embarrarlo todo”.

Armengol ha dejado claro que “lo volvería a hacer igual”, que actuaría hoy como actuó en la primavera de 2020. Ha recordado aquellos momentos “absolutamente tremendos”, con la gente confinada en sus casas, los servicios sanitarios colapsados y sin que las administraciones dispusiesen de material de protección. “Todos competían con todos” por conseguir mascarillas, ha relatado. En ese contexto, “prácticamente todos los miembros” de su Gobierno recibían propuestas de empresas que se declaraban en condiciones de traer tapabocas de China. Y esas ofertas, ha abundado, se pasaban a los técnicos del Servicio de Salud, quienes, según Armengol, eran los que elegían.

En el caso de Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, la dirigente socialista ha señalado que ofrecía las mascarillas a mitad del precio que estaban pagando otras administraciones. No ha desmentido que la recomendación de esa compañía proviniese del ministerio que dirigía su entonces compañero de partido José Luis Ábalos, pero ha dejado sin contestar hasta tres preguntas de la prensa sobre la identidad de la persona que les aconsejó contratar con esa firma concreta. Eso sí, ha insistido en que “jamás” la “presionaron o coaccionaron” para elegir a esta compañía ni posteriormente para que no reclamase la devolución del dinero, una vez que se comprobó que las mascarillas vendidas eran de una calidad inferior a la comprometida.

La reclamación

En los primeros tres meses de pandemia, el entonces Gobierno balear —una coalición de socialistas con Unidas Podemos y grupos nacionalistas— se gastó 40 millones de euros en la adquisición de mascarillas. Todos los contratos, ha subrayado la entonces presidenta, fueron validados por la Intervención General de la comunidad autónoma. El material era, además, enviado para su comprobación al Instituto de Higiene del Ministerio de Trabajo y allí se certificó que la partida suministrada por Soluciones de Gestión a Baleares no se correspondía con lo apalabrado: la empresa se había comprometido a traer tapabocas FFP2, imprescindibles para el personal sanitario, y en realidad eran quirúrgicas, es decir, con un grado de protección mucho menor; “aunque no inservibles ni fake como se ha dicho”, ha precisado Armengol.

Fue entonces, ha proseguido, cuando se decidió no usar las mascarillas y dejarlas almacenadas con el objeto de reclamar a la empresa, “porque la devolución se tenía que hacer una a una”. Armengol ha abordado entonces uno de los puntos aparentemente oscuros que más la han perseguido en los últimos días: ¿por qué tardó tres años en reclamar a la empresa la devolución de 2,6 millones de euros? El Instituto de Higiene informó en junio de 2020 que las mascarillas no eran FFP2, pero la reclamación no se formalizó hasta el 6 de julio de 2023, con el Gobierno de Armengol ya en funciones tras perder las elecciones autonómicas de mayo.

La presidenta lo ha justificado por el retraso que la pandemia provocó en todos los trámites administrativos y el tiempo que los funcionarios estuvieron teletrabajando. Ha asegurado que pasó lo mismo con otros expedientes. “La Administración es infinitamente más lenta de lo que nos gustaría”, se ha excusado. Ha precisado también que el primer apercibimiento a la empresa, previo a la reclamación formal, se produjo en marzo de 2023, antes de las elecciones autonómicas, aunque el trámite final se concretase justo antes de abandonar el poder tras ser derrotada por el PP.

“Si estuviésemos implicados en alguna trama, ¿por qué íbamos a mandar las mascarillas a analizar?”, ha remarcado la presidenta del Congreso. Y al final, cuando le han preguntado si piensa dimitir, Armengol ha arremetido contra el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, su más empecinado crítico, aunque sin citarlo por su nombre. Tellado aparece citado en el sumario cuando Koldo García comenta su intención de entrevistarse con él para intentar que el nuevo Gobierno del PP en Baleares paralice la reclamación. “Es curioso”, ha rematado Armengol, “que quien pida mi dimisión sea el único que aparece citado en el sumario”.

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El único indicio de lo afirmado en el párrafo anterior es una conversación telefónica extraída del sumario del caso en la que el exasesor de Ábalos anuncia que se va a entrevistar con el portavoz popular por el asunto de Baleares. Se trata de una alusión sin la menor carga probatoria y para la que parecen encajar hipótesis menos descabelladas, como que el socialista Koldo estuviese presumiendo ante el empresario de la trama de fantasiosos contactos en el PP. Pero este imaginativo relato se ha armado siguiendo un método deductivo: el que practican Alberto Núñez Feijóo, su escudero Tellado y otras rutilantes estrellas de la galaxia de Génova.

Solo en la última semana, el PP ha denunciado los siguientes delitos cometidos por el Gobierno y el PSOE:

1) Pedro Sánchez es el “líder de una organización criminal”, según Elías Bendodo. “Lo sabía desde hace tres años y lo tapó”, en palabras del propio Feijóo en sesión parlamentaria.

2) Detrás del escándalo, “puede haber un caso de financiación irregular del PSOE”, según reveló Tellado a uno de sus grandes promotores, Federico Jiménez Losantos. La diputada Ester Muñoz ha concluido que se trata del “mayor caso de corrupción de un Gobierno en ejercicio desde Felipe González” (la Gürtel fue un mal sueño de verano).

3) La voz de Feijóo en el Congreso, entregado a la higiénica misión de acabar con la corrupción socialista, y su antecesora, Cuca Gamarra, apuntan a que el Ministerio del Interior dio el chivatazo de la investigación a los implicados.

Como se puede comprobar, las acusaciones resultan gravísimas. ¿Y qué pruebas aporta el PP? “Por las informaciones que tenemos”, se justificó Feijóo en el Congreso, sin descifrar el enigma del origen y la naturaleza de tales “informaciones”. También puede tratarse de “sospechas” y “dudas”, como afirmó este lunes el incansable Tellado para exigir la dimisión de la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol.

Ante un caso tan objetivamente escandaloso, con una derivada moral de especial repugnancia ―aprovechar una calamidad sin precedentes para dar un pelotazo―, habría que desear que las investigaciones lleguen hasta el final. Pero nos lo podemos ahorrar. Feijóo, Tellado y los suyos van por muy delante del juez y de la Guardia Civil. Ellos ya han vislumbrado el final y lo saben absolutamente todo.

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Los populares están exultantes. El escándalo que ha mandado al Grupo Mixto al exministro y ex número tres socialista José Luis Ábalos ha actuado como un euforizante sobre su bancada parlamentaria. Cada orador del PP que se asoma a la tribuna, sea cual sea el tema a debate, de un tratado internacional al marco financiero de los próximos Presupuestos, se arranca proclamando a los cuatro vientos que este es un Gobierno corrupto, afirmación que de inmediato desata grandes salvas de aplausos.

Los populares tuvieron este jueves otro motivo para celebrar, un regalo inesperado de los aliados del Gobierno, acogido con gestos de sorpresa y contrariedad en las filas de los grupos del Ejecutivo y con otra gran ovación en las del PP. La oposición logró sacar adelante la reprobación de Marlaska, señalado como responsable de la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) el día 16, después de que su embarcación fuese embestida por una narcolancha. Podemos ya había anunciado su abstención durante el debate celebrado el miércoles. Pero no se contaba con que se apuntaría Junts, que guardaba silencio. El trío disidente del bloque de investidura se completó con la única parlamentaria de Coalición Canaria, Cristina Valido.

Otros aliados del Gobierno como ERC, EH Bildu o PNV han sido muy críticos con la gestión del ministro del Interior, sobre todo con su política migratoria, pero no se sumaron a la ofensiva de la derecha por el trágico episodio de Barbate y cerraron filas con el Ejecutivo. Un gesto insuficiente: la solicitud de destitución de Marlaska —sin ningún carácter vinculante— prosperó por 171 votos a 165. Es la tercera reprobación parlamentaria al ministro y la segunda en una semana, tras la aprobada el día 21 por el Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta, también por la falta de medios de la Guardia Civil para la lucha contra el narco en el Estrecho. La primera reprobación al ministro fue en febrero de 2023, por la gestión de la tragedia en la valla fronteriza de Melilla de junio del año anterior, en la que fallecieron al menos 23 personas.

Junts y Podemos han vuelto a demostrar que constituyen el flanco más débil de la base parlamentaria del Gobierno. Con el grupo independentista todo está pendiente de cómo desemboquen las negociaciones sobre la ley de amnistía, tras el primer fracaso, el 30 de enero. Podemos, que ya hizo caer un decreto del Ministerio de Trabajo, ha intensificado el discurso crítico con el Ejecutivo. Su líder, Ione Belarra, aprovechó el miércoles una pregunta a Pedro Sánchez para recriminarle que, desde que se constituyó el Gobierno, “solo haya hablado de amnistía y de corrupción”.

Las dos formaciones sí se mantuvieron fieles a la mayoría para aprobar el techo de gasto y la senda de déficit. Pero el triunfo del Gobierno resultó de escaso valor. En este asunto, paso previo a la elaboración de los Presupuestos, la última palabra la tiene el Senado, donde la derecha ya lo tumbó el día 7. Y su actitud no ha variado desde entonces. El Gobierno, pese a todo, dice que podrá elaborar los Presupuestos dentro del marco financiero establecido en el pacto de estabilidad pactado en abril de 2023 con Bruselas, y que contempla un margen de gasto menor para comunidades autónomas y ayuntamientos.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intentó, una vez más, convencer a los populares de que están tirando piedras contra su tejado, ya que ellos gobiernan en la mayoría de las comunidades y municipios, los más perjudicados por el bloqueo. “Dejen ya la política de tierra quemada, no perjudiquen a los territorios donde gobiernan”, recriminó Montero.

Los populares ni se inmutaron. El diputado José Vicente Marí comenzó su réplica reproduciendo unas palabras de Ábalos en las que pedía a sus hasta ahora compañeros que lo mirasen a la cara. Y como transmutándose en portavoz del exministro, Marí se dirigió a la vicepresidenta parafraseando: “Míreme a la cara, señora Montero”. Luego se explayó con el caso Koldo, lo encadenó con una crítica total al estado de las cuentas públicas y evidenció que el Gobierno no podrá contar con ellos.

Toda la mañana transcurrió así, entre proclamas de los populares tachando a todo el Gobierno de corrupto, acogidas con gran alborozo en sus escaños. Se registró un amago de incidente cuando el portavoz popular, Miguel Tellado, pidió la palabra porque, en su ausencia, algunos socialistas habían aludido a que en el sumario del caso se recoge una conversación en la que Koldo García, exasesor de Ábalos, asegura que va a verse con él. Tellado ya lo había desmentido fuera del hemiciclo y quiso repetirlo dentro. La presidenta, Francina Armengol, se lo impidió alegando que habían sido muchas las personas aludidas en los debates. Tellado se resistió a acatarlo y no calló hasta que Armengol —una de las dianas predilectas del portavoz popular— lo llamó al orden. Concluido el pleno, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aún convocó a la prensa. ¿El motivo? Denunciar que Sánchez preside un “Gobierno corrupto”.

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Tellado llegó este martes al Congreso con las armas afiladas. Aún no había comenzado la reunión de la Junta de Portavoces y ya mandaba mensajes a la prensa para anunciar que exigiría en ella explicaciones a la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, por la compra de mascarillas a la empresa investigada cuando dirigía el Gobierno de Baleares. Armengol, según fuentes parlamentarias, zanjó el asunto al argumentar que esa reunión a puerta cerrada, en la que se examina cada semana el calendario de actividades de la Cámara, no era el lugar para tales debates.

Tellado se desquitó después en la sala de prensa. El portavoz popular hasta ideó una nueva aplicación para un adjetivo tan manoseado como “histórico”. Y así inició su comparecencia: “Estamos ante un escándalo de corrupción histórico”. Luego emprendió un exhaustivo ataque de un cuarto de hora del que no quedó títere socialista con cabeza. Recordó que Koldo García, el que fue asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos y presunto comisionista de la trama, había trabajado para la candidatura de Pedro Sánchez en las primarias que le devolvieron en 2018 al liderazgo del PSOE. A partir de ese hecho, desarrolló un sketch verbal titulado “la banda del Peugeot”, que ilustró con la siguiente imagen: “Koldo al volante, Ábalos de copiloto y detrás Sánchez y Cerdán [Santos, secretario de organización socialista], la banda del Peugeot que recorrió España para asaltar el poder en el PSOE”.

La intensidad de Tellado no cedió en ningún momento: los socialistas “se han lucrado de la muerte y la enfermedad”, “Sánchez ha gobernado durante estos años rodeado de la peor corrupción”, “este Gobierno es enemigo de la decencia y de la honestidad”… La lista de implicados que ha elaborado el PP también es prolija: además de los ya citados, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente; los de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el que fue de Sanidad y ahora líder del PSC, Salvador Illa…

Tellado, pese a todo, no logró superar el listón que había dejado antes la portavoz de Vox, Pepa Millán, cuando aún no se sabía si Ábalos dimitiría. “El que tiene que dimitir es el PSOE en bloque”, proclamó Millán. Sin aportar más pruebas que sus propias deducciones, la portavoz de Vox, como después el del PP, dio por seguro que es toda la organización socialista —”el mismo PSOE de la cocaína y los prostíbulos”— la que está implicada: “Mientras dejaban a la gente morir sola, mientras los sanitarios usaban bolsas de basura por falta de material, el PSOE se lucraba”.

También antes de que Ábalos se pronunciase, socios del Gobierno pidieron su dimisión. El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, lamentó que el exministro protagonice un “espectáculo de los que hacen que los ciudadanos se alejen de la política” y echó en falta mayor “celeridad” de los socialistas para afrontar un caso “gravísimo”. Por el mismo grupo, Àgueda Micó, de Compromís, aludió a la condición de Ábalos de diputado por Valencia para exigirle que “no se aferre” al escaño. “Y sobre todo con la mochila que llevamos los valencianos con los casos de corrupción”, enfatizó.

Ábalos se encontrará en el Grupo Mixto con Néstor Rego, del BNG, quien también le reclamó que asuma “su responsabilidad política”. “En el Mixto ya estamos al completo”, ironizó. Rego también atacó al PP por su postura “absolutamente demagógica”. Javier Sánchez Serna, de Podemos, aun sin restar gravedad al caso, evitó pedir la dimisión de Ábalos, a quien consideró un “chivo expiatorio”. De cualquier modo, se mostró partidario de investigar tanto este caso como el protagonizado, también con la venta de mascarillas, por el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

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Francina Armengol, presidenta del Congreso, dio la palabra a Alberto Núñez Feijóo para abrir la sesión y el líder del PP se lanzó a tumba abierta. “Sin rodeos”, fueron sus dos primeras palabras, un aviso que preludiaba la grave acusación que arrojó de inmediato mirando hacia el escaño presidencial: “Usted lo sabía y lo tapó”. Así, sin matices, hablando “en nombre de todo un país” y basado solo en su palabra. “Consciente por la información que tenemos”, añadió, “de que usted lo sabía desde hace al menos más de tres años”. Tanto Feijóo como los diputados que repitieron luego la acusación se eximieron de ofrecer ningún otro tipo de prueba. Y como Sánchez optó por ignorarla, el líder del PP se sintió ratificado: “Está claro que lo sabía”. O “el que calla otorga”, que sentenciaría después su más fiel peón, el portavoz del grupo, Miguel Tellado.

Con todos esos ingredientes, Feijóo avanzó un paso más, aludió a la proximidad a la dirigencia del PSOE de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos detenido por supuesto cobro de comisiones, para completar su relato y sostener que la corrupción ha acompañado toda la trayectoria reciente de Sánchez. Según el líder del PP, esa corrupción “surgió en la cabeza del PSOE”, se instaló “en el corazón del Gobierno” y constituyó la “partida de nacimiento de su carrera política”. En su intervención final, Feijóo se quedó sin tiempo y, ya con el micrófono apagado, se le oyó reclamar la dimisión de medio Ejecutivo.

Sánchez torcía el gesto en su escaño y cuando se levantó para responder, tampoco se anduvo con rodeos: “Causa sonrojo que usted piense que puede sacar tajada política de la corrupción”. En sus dos réplicas, el presidente se dedicó a presumir de que él ha sido “implacable” para “combatir la corrupción” sin escudarse en los “discursos vacuos” que atribuyó al PP. Aunque estaba implícito en sus palabras, evitó citar la marcha al Grupo Mixto del exministro Ábalos y prefirió ofrecer como prueba de su compromiso el anuncio de una comisión de investigación en el Congreso sobre los contratos de las mascarillas.

El líder socialista citó desde “los martillazos” para destruir los discos duros del extesorero del PP Luis Bárcenas, a las actuaciones de la llamada “policía patriótica” para tapar el escándalo de financiación ilegal. Se agarró sobre todo al modo en que Feijóo llegó al liderazgo de su partido, después de la defenestración de Pablo Casado por acusar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de favorecer que su hermano cobrase una comisión también por la venta de mascarillas en la pandemia. “Yo llegué para combatir la corrupción, usted para taparla. ¿Por qué cayó el señor Casado?”, remarcó. Más tarde, durante una pregunta sobre vivienda de la líder de Podemos, Ione Belarra, el presidente debió de recordar una frase que se había dejado en el tintero y la recuperó: “Yo corto por lo sano, otros le cortan la cabeza a quienes denuncian la corrupción”.

El barrizal ya fue incesante hasta concluir la sesión de control. El caso Koldo no solo ocupó la batería de preguntas que el PP había formulado a los ministros de Justicia, Interior, Transportes y Política Territorial. El asunto surgió en casi cada una de las intervenciones de la oposición, ya fuese por la igualdad en el deporte o por la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Hablando sobre este último asunto, el popular Manuel Cobo remató con el chiste de la mañana: “Ustedes ocupan todas las instituciones, dejan tierra quemada y no quedan ni los res-coldos”.

En el duelo de Tellado con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quedó claro algo que ya se había intuido en las intervenciones de Feijóo: que Ábalos ha pasado en 24 horas de villano a objeto de deseo del PP. El portavoz del Grupo Popular hasta promocionó una entrevista que el exministro estaba ofreciendo a esa misma hora en Onda Cero. Tellado elevó aún más las afirmaciones de Feijóo sobre que Sánchez lo sabía todo desde el principio y concluyó: “El Gobierno está cercado por la corrupción política, moral y económica”.

Bolaños persistió en la línea argumental de Sánchez. Consideró “sorprendente” que se haya erigido en denunciante de la corrupción un partido que arrastra “cientos de casos”, comparó la reacción del PSOE estos días con la que mostraron en su momento los populares ante sus propios escándalos y acabó repitiendo: “Me repugna la corrupción”.

Bolaños replicaba con tal energía que, al acabar cada intervención, golpeaba bruscamente el micrófono para plegarlo. Hasta que se lo hizo notar el popular Manuel Cobo y desde entonces ya se tomó más cuidado. Por el medio aún tuvo que medirse a la portavoz de Vox, Pepa Millán, quien sacó las mismas conclusiones que el PP, con unas acusaciones incluso más gruesas y la misma tranquilidad para ahorrarse presentar alguna evidencia. Mientras los españoles estaban encerrados en sus casas, los socialistas “hacían caja y se llenaban los bolsillos”, según Millán. Porque este, prosiguió, es el “caso PSOE”, un partido que desde siempre se ha dedicado a “enriquecerse a base de robar a los españoles”.

En medio de la gresca no podía faltar el actual ministro de Transportes, el siempre aguerrido Óscar Puente. El PP argumentaba que Sánchez no podía desconocer lo que hacía un asesor como Koldo García, y Puente consideró que tal acusación se vuelve como un “bumerán” contra los populares. Y para ilustrarlo fue citando los escándalos que la dirigencia del PP siempre negó conocer, hasta acabar, cómo no, en el joven Feijóo que, según sigue diciendo hasta hoy, desconocía que su amigo de años era un capo del contrabando en Galicia.

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Tras el choque público, la negociación interna. El PSOE está dispuesto a promover unas normas más duras para impedir los desahucios, siempre que sea una medida consensuada y aprobada por todo el Gobierno mediante decreto. Y Unidas Podemos renuncia a la vía que tanto irritó a sus socios de recurrir a una enmienda a los Presupuestos.

Las conversaciones comenzaron este jueves con una reunión entre el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la número dos de Pablo Iglesias, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra. Las dos partes salieron satisfechas del encuentro, y el propio Iglesias anunció que el decreto “no tardará más de dos semanas”. Pero las negociaciones aún continuarán en los próximos días, y Unidas Podemos no ha levantado la presión para arrancar todas las concesiones posibles al PSOE en un asunto especialmente sensible para su electorado.

Un decreto del pasado marzo, vigente hasta el 31 de enero, ya prohibió los desahucios siempre que los afectados se encuentren “en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia” de la crisis del covid-19. Como pedía la formación de Iglesias en la controvertida enmienda, el ministerio de Ábalos, con competencias sobre vivienda, está dispuesto a ampliar la moratoria a las situaciones de vulnerabilidad económica anteriores a la crisis sanitaria. En el acuerdo de Unidas Podemos con ERC y Bildu, se demandaba que la medida estuviese vigente hasta el final de 2022. El departamento de Vivienda propuso este jueves a sus interlocutores de la Vicepresidencia de Iglesias que el plazo —prorrogable, en todo caso— se limite a la vigencia del actual estado de alarma, hasta el 9 de mayo. Es una de las cuestiones que quedan pendientes para la negociación.

Vivienda ha propuesto otra novedad: que sean los servicios sociales de los ayuntamientos y comunidades autónomas quienes certifiquen las situaciones de vulnerabilidad social. Hasta ahora, eran los propios interesados quienes debían acreditarlo, lo que dejaba más margen a los jueces para tomar la decisión de autorizar o no un lanzamiento. El departamento de Ábalos pretende además implicar a esos servicios sociales en la búsqueda de otro techo para las personas bajo amenaza de ser desalojadas.

Iglesias reivindicó este jueves su actuación en este asunto, pese al revuelo creado en el Ejecutivo. “A veces las discrepancias se traducen en medidas positivas para la gente”, dijo durante una comparecencia en el Congreso, donde abogó además por “consolidar en España una cultura de gobierno de coalición”. El equipo de Iglesias también va a negociar con otra vicepresidencia en manos del PSOE, la de Transición Ecológica, la prohibición de los cortes de suministros básicos a las viviendas, una de las exigencias pactadas con ERC y Bildu.

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La temperatura ha bajado ostensiblemente para ese conglomerado político que un día amenazó con arrinconar a la socialdemocracia tradicional. La propia ponencia organizativa de Sumar para su asamblea fundacional del próximo 23 de marzo admite el “estrechamiento del campo electoral asociado al espacio”. El termómetro ha descendido tanto que el pasado domingo en Galicia alcanzó cotas polares. Sumar, la formación que pretende encarnar el grueso de ese espacio a la izquierda del PSOE ―o izquierda transformadora, como prefieren algunos― se hundió hasta un mísero 1,9%. Lo de sus antiguos compañeros de Podemos fue directamente la congelación: un sonrojante 0,26%. Por muchos analgésicos que se le pongan, el batacazo resulta muy doloroso. Eran las primeras elecciones autonómicas a las que concurría Sumar y además en la tierra que lanzó la carrera política de su líder, Yolanda Díaz.

El fiasco se veía venir. Tras la implosión del movimiento de las mareas gallegas, ese sector de la izquierda ya se había quedado fuera del Parlamento en 2020 y sobre sus cenizas renació el BNG. Díaz fracasó en sus intentos de incorporar algún candidato con pedigrí y la barrera del 5% que impone la ley gallega para acceder al Parlamento agudizó el flujo de voto útil de la izquierda hacia el Bloque y su contrastada candidata, Ana Pontón.

Sin negar el alcance de la derrota, en Sumar se afanan para no incurrir en dramatismos. Ya con Podemos volando por libre, no se ha visto ni un amago de ajuste de cuentas interno. Díaz se reunió el pasado miércoles con el grupo parlamentario y varios asistentes relatan que transcurrió en un clima apacible y constructivo. Ni siquiera en privado dirigentes de los principales grupos de Sumar consultados para este reportaje hacen sangre. “Nadie lo ha vivido como un trauma”, afirma una diputada. “Nos lo hemos tomado con tranquilidad, lo que no quiere decir con frivolidad”.

En los análisis afloran cuestiones como los estragos causados por las endémicas luchas internas. “En Galicia en los últimos ocho años hemos sido un cachondeo”, concluye con crudeza un miembro de IU. “La ruptura con Podemos afecta, claro que sí. Ha sido muy triste”, refuerza otro de los comunes catalanes. Errejón añade que Sumar se muestra especialmente sensible al llamado voto dual e intercambia considerables porciones del electorado con formaciones soberanistas según el ámbito de cada elección. Hace solo siete meses, el 23-J, la formación de Díaz aventajó en punto y medio al BNG en Galicia. En esas mismas elecciones la confluencia catalana se situó segunda tras el PSC cuando había quedado sexta en las autonómicas de 2021.

Pero la lección principal del fracaso gallego no ofrece dudas a nadie. Del grupo más próximo a Díaz a IU, de los comunes a Más Madrid o Compromís, resuena un diagnóstico unánime. Lo resumió la vicepresidenta segunda del Gobierno ante sus diputados: “Más que nunca se necesita organización”. O como ya había apuntado antes el número dos de IU, Ismael González: “Las estructuras sin arraigo territorial no se mantienen en el tiempo”. Y los tiempos, como dice Errejón, han enfriado.

Colocar los cimientos de esa estructura es el objetivo de la asamblea fundacional del 23 de marzo. Ya desde antes del lanzamiento de Sumar, Díaz había insistido en las críticas al funcionamiento tradicional de los partidos y tuvo que encajar por ello reproches de los que tildaban su proyecto de personalista. Ahora el plan consiste en edificar una organización parecida y distinta al mismo tiempo a un partido clásico. Una “organización compleja y coral”, según recogen sus documentos, con una “arquitectura institucional interna de una enorme diversidad”. Una especie de partido-movimiento con fórmulas a la carta para acoger o colaborar con los 14 grupos diferentes que fueron coligados el 23-J.

El problema es cómo estructurarlo y cómo gestionarlo sin caer en el esoterismo de las fórmulas organizativas que apasiona a una cierta izquierda. “Lo importante es que la izquierda vaya junta, lo que no se entiende es la complejidad”, resume una diputada. Sumar aspira a ser “tanto un partido como un paraguas electoral”, describe otro dirigente. En el partido se integrarán IU, Catalunya en Comú, Más Madrid, Verdes Equo, Contigo Navarra e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Formaciones como Compromís, Chunta Aragonesista o Mès se mantendrán al margen, aunque con la voluntad de juntarse bajo el paraguas en elecciones generales.

La ponencia oficial plantea que dentro de Sumar el 70% de los puestos serán elegidos por votación de los afiliados y el 30% restante se reservará como cuota para los partidos. IU ya ha expresado su rechazo frontal. Teme quedar arrinconada e invisibilizada en algunos territorios por la marca local. Es el caso de Más Madrid, que advierte de que no cederá en la pretensión de conservar su personalidad en las elecciones regionales. “Nos integramos en Sumar sin exigir cuotas, pero a cambio queremos autonomía”, resumen fuentes de su dirección. “Somos la segunda fuerza electoral en Madrid, tenemos una amplia presencia en el tejido asociativo, en los municipios… No vamos a renunciar a eso”.

Con los grupos que quieren estar bajo el paraguas aunque sin integrarse en el partido la relación se anticipa aún más dificultosa. Un ejemplo: Compromís pidió el voto en Galicia para el BNG, con el que está hermanado desde hace años. Aunque en las elecciones generales vaya con Sumar, ambos podrían competir en las autonómicas, ya que el grupo de Díaz mantendrá su propia estructura valenciana. “Un error estratégico de Sumar”, lamentan fuentes de la dirección de Compromís que, pese a todo, se muestran satisfechas del papel otorgado en el grupo parlamentario del Congreso a su única diputada, Àgueda Micó.

El panorama se dibuja tan intrincado que las distintas partes coinciden en que, más allá de la asamblea de marzo, requerirá tiempo para que fragüe. “Necesitaríamos dar pasos lentos, pero todo va tan acelerado…”, asume Errejón. En dos meses habrá nuevas elecciones en Euskadi y en cuatro, las europeas. Otro tropezón sería difícil de digerir. Cerrada la página gallega, Errejón se muestra confiado en aprovechar la presencia en el Gobierno, donde, sostiene, Sumar está capitalizando la “iniciativa política” ante un PSOE que “parece haberse quedado sin agenda” y que apuesta por una legislatura “de consolidación”, sin grandes proyectos nuevos. Como prueba esgrime el amplio apoyo cosechado esta semana en el Congreso a un texto para refrendar la propuesta estrella de Díaz, la reducción de la jornada laboral, a la que ni siquiera el PP se opuso.

Errejón es, junto a Marta Lois, el autor del documento político a debatir en la asamblea, un texto que irradia su sello inconfundible y que propugna como gran objetivo arrebatar a la derecha la bandera de la libertad. “La batalla por la libertad es el gran combate ideológico de nuestro tiempo”, escriben Errejón y Lois. Sin organización se antoja imposible librarlo.

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Por ahí se lanzó el líder de la oposición, dispuesto a acorralar a Pedro Sánchez: “¿Qué va a inventar hoy para no hablar de lo que ha ocurrido en Galicia y de su responsabilidad en los resultados?”. Al presidente, en efecto, no le apetecía hablar mucho de su batacazo en Galicia. Pero a Feijóo también había otro tema que le escaldaba, justo el que ha ocupado casi monotemáticamente su discurso en los últimos meses: la amnistía. A quien le interesaba esta vez era curiosamente a quien escapaba de él hasta hace poco: el propio Sánchez.

La vida parlamentaria española es como una emulación constante de aquel célebre “yo he venido a hablar de mi libro”. La sesión de control de este miércoles ofreció algunos ejemplos muy depurados, como cuando el diputado popular Juan Bravo preguntó por la dimisión del responsable de la oficina de fondos europeos, y la vicepresidenta María Jesús Montero respondió con la dimisión, hace ya casi cuatro años, del consejero madrileño que gestionaba las residencias de mayores durante la pandemia.

El duelo entre Feijóo y Sánchez transcurrió por derroteros parecidos. El libro del líder del PP era su victoria gallega y el libro del presidente eran las confesiones de la dirección popular, en medio de la campaña para el 18-F, sobre sus tratos con el entorno de Carles Puigdemont. En el caso de Sánchez, con una novedad importante: identificó sin ningún género de dudas a Feijóo como la persona que contó a 16 periodistas que estaría dispuesto a conceder indultos a los independentistas en determinadas condiciones y que no cree que se puedan probar las acusaciones de terrorismo que formulan algunos jueces y fiscales. El líder del PP no lo negó, aunque, como viene haciendo desde hace días y sin entrar en más concreciones, dejó caer que son mentira algunas de las cosas que se le atribuyen de aquella conversación.

Sánchez empezó su respuesta por destacar que el propio Feijóo había admitido la víspera que las elecciones gallegas eran un plebiscito sobre su liderazgo. A continuación, deprisa y sin mucho énfasis, cumplió con la cortesía de felicitar al vencedor, y eso le sirvió para introducir otra felicitación más irónica: “A usted, por volver al sentido común cuando reconoció que el camino para Cataluña es la reconciliación y no la confrontación, como les dijo a 16 periodistas”. Y, de inmediato, la estocada: “Usted hubiera aprobado una amnistía, un indulto y lo que hiciera falta”.

A partir de ese momento, el debate derivó en un escenario ya habitual entre Sánchez y Feijóo, una competición sobre quién insulta y quién miente más y mejor. El líder del PP, sin desmentir que fuese él la “alta fuente” cuyas confidencias a los periodistas el pasado día 9 tanta desazón sembraron en su partido, rechazó las afirmaciones que el presidente le adjudicaba: “Miente sobre lo que pienso, por mentiras me gana usted por goleada”. Nuevo momento para sacar pecho por el éxito en su tierra: “Aquí me tiene, de pie… Y el resultado del plebiscito es 40 a 9 [los escaños obtenidos por PP y PSOE]”.

La palabra amnistía no salió ni una vez de los labios de Feijóo. Eso era lo que ocurría antes con Sánchez, pero la política tiene sus impredecibles giros de guion y esta vez fue el presidente quien se recreó en ella. “Usted es mentira tras mentira”, cargó el líder socialista antes de concluir: “¿Con qué Feijóo nos quedamos? ¿Con el que negocia la amnistía por la mañana con los independentistas o con el que les llama terroristas por las tardes? Todo en usted es mentira”.

Despliegue del PP

La ausencia de la amnistía no solo fue patente en el discurso de Feijóo, sino en todo el despliegue del PP en la sesión de control, centrado esta vez en las protestas agrarias y en la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate (Cádiz). Solo una incondicional del combate al independentismo, Cayetana Álvarez de Toledo, devolvió la amnistía al primer plano, al preguntar con sorna al ministro de Justicia por qué se ha prolongado el plazo para elaborar la ley: “¿Es que el prófugo ya no se fía de ustedes?”. “La han dejado sola”, le replicó Félix Bolaños. “Debería preguntarle mejor a su jefe”. Álvarez de Toledo también se adentró entonces por el camino más fácil de la resaca electoral. Certificó la “desaparición del PSOE como partido nacional” y acabó desafiante: “Prepárense para las europeas… Y luego, para las generales”.

Por lo demás, el presidente enfrentó las preguntas de dos de sus respaldos parlamentarios. Una, más de guante blanco, de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, a la que prometió que buscará una nueva fórmula para transferir a Navarra las competencias de Tráfico después de que el Tribunal Supremo lo haya anulado por haberse hecho a través de un decreto ley. Un poco más complicado resultó el diálogo con Míriam Nogueras, de Junts. Sánchez intentó desmentir que, como denunciaba la portavoz independentista, el Estado discrimine a Cataluña en sus inversiones. Nogueras no ofreció el menor gesto conciliador y regresó a sus proclamas habituales a favor de la independencia, remachadas con el grito final de “visca Catalunya lliure”.

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El porcentaje de votos obtenido por la candidatura que encabezaba este domingo Alfonso Rueda es casi una fotocopia exacta del que cosechó en otras autonómicas Isabel Díaz Ayuso el pasado mayo: 47,36% el presidente gallego frente a 47,32% la madrileña, solo cuatro centésimas de diferencia a favor del primero. El paralelismo entre ambas comunidades desaparece cuando se pasa a comparar bloques ideológicos. En Madrid, a los datos de Ayuso se le sumó el 7,35% cosechado por Vox, lo que arrojó como resultado que la derecha en su conjunto barriese a la suma de las fuerzas de izquierda. En Galicia, en cambio, la extrema derecha no pasó del 2,19% y todo resultó mucho más igualado visto desde la perspectiva de los ejes ideológicos.

La izquierda alimentaba sus frustradas aspiraciones de acabar con el largo mandato del PP en Galicia apelando a lo sucedido el 23-J. Con ese mensaje martillearon Pedro Sánchez y Yolanda Díaz durante toda la campaña. En las elecciones generales del pasado año, el conjunto de la izquierda —PSOE, Sumar y BNG— había aventajado en casi 27.000 votos a las dos formaciones de la derecha, 50,94% contra 49,26%. Ahora la correlación de fuerzas se ha invertido, con prácticamente la misma diferencia de sufragios pero en favor de la derecha. En porcentajes, la suma de PP y Vox alcanzó el 49,55% y la de los partidos de izquierda 47,77%.

En esta comparación no se contabiliza a Democracia Ourensana (DO), debutante en el Parlamento gallego, por la dificultad de su adscripción ideológica. Las encuestas ya indicaban que la formación del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, se llevaba votos de ambos lados del espectro. El análisis de las cifras de este domingo parece confirmar que DO —con cerca de un 9% en la provincia y de un 18% en la capital— ha picado tanto en los caladeros del PP como en los del PSdeG-PSOE. Los populares han retrocedido tres puntos en esa circunscripción y los socialistas siete, dos más que el crecimiento registrado por el BNG.

La suma de las dos formaciones de la derecha recogió más de la mitad de la papeletas escrutadas en tres de las cuatro provincias gallegas. Solo en Pontevedra se impuso claramente la izquierda, con un 52% contra un 46%. En esta circunscripción, como en las demás, el PP concentró casi todo el espacio de la derecha —se situó en un 44%— por lo que en escaños se registró empate entre ambos ejes: 11 para el PP, 8 para el BNG y 3 para el PSdeG. Una prueba más de cómo el sistema electoral penaliza la dispersión de candidaturas. Tanto es así que el PP podría haber alcanzado la mayoría absoluta en Galicia incluso reuniendo menos votos que el conjunto de la izquierda. Ya sucedió en 2009, cuando Alberto Núñez Feijóo reconquistó la Xunta para el PP al conseguir 38 de los 75 escaños del Parlamento gallego, pese a que se anotó 9.000 sufragios menos que los reunidos entre socialistas y nacionalistas, las dos fuerzas que habían gobernado en coalición los cuatro años anteriores.

La fractura entre bloques ideológicos cabalga en Galicia sobre otras dos brechas interrelacionadas: una generacional y otra geográfica. Las encuestas apuntaban que el BNG era con diferencia la opción preferida entre los menores de 30 años y que el PP arrasaba entre los mayores de 65, lo que a su vez se solapa con la distancia entre la mayor juventud de las ciudades y el envejecimiento de las zonas rurales. El escrutinio lo ha confirmado plenamente. En nuevos barrios de Vigo y A Coruña con baja media de edad, el BNG superó el 40%, mientras que el rodillo del PP se muestra aplastante en las pequeñas localidades del interior.

En Galicia se habla siempre de siete ciudades principales, las cuatro capitales de provincia más Vigo, Santiago y Ferrol. La suma de la izquierda se impuso en todas menos en Lugo, donde el PP por sí mismo superó la mitad de los votos (en la provincia la suma de la derecha llegó al 55%). La diferencia por ámbitos geográficos se ilustra comparando territorios muy próximos. El PP obtuvo en Santiago el 45,63% mientras que se disparó por encima del 60% en O Pino, Santa Comba o Val do Dubra, tres ayuntamientos rurales y agrícolas que rodean la capital autonómica. En Vigo, la primera ciudad de Galicia, los populares cayeron hasta el 35%, 10 puntos menos que en el cercano y pequeño municipio de Mondariz.

Según los cálculos del equipo de datos de EL PAÍS, Rueda se quedó en el 42% de los sufragios en los ayuntamientos de más de 23.000 habitantes y escaló hasta el 52% en el resto. En este aspecto, la ley electoral gallega también juega a favor del PP, ya que prima a las dos provincias más rurales y menos pobladas, Lugo y Ourense. Los pontevedreses eligen un diputado por cada 41.000 electores; los lugueses, uno por cada 24.000 censados.

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Touriño: "Se abren las puertas a la alternancia democrática en el Gobierno de Galicia"

El PP aventajó a los socialistas en 1.843 votos de residentes ausentes

El PSdeG gana por la mínima a la candidatura popular en la provincia de Lugo

Para Galicia el cambio político que se avecina tiene una trascendencia histórica equiparable a la que se produjo en España en 1982, con la primera victoria del PSOE de Felipe González. No es causalidad que la misma divisa que habían enarbolado entonces los socialistas, la promesa del cambio, haya sido también la idea más repetida en las últimas semanas por el Partido Socialista de Galicia (PSdeG) y sus aliados nacionalistas (BNG).

Pasada la medianoche de ayer, cuando los resultados definitivos aún no se habían confirmado, pero sin ninguna posibilidad ya para el PP de recuperar la mayoría absoluta, militantes socialistas y nacionalistas se echaron a la calle para festejar su victoria ante la sede de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Allí, durante toda la jornada, como culminación a una semana llena de incertidumbre, se había celebrado el escrutinio crucial de los votos de la emigración. El Partido Popular aún aspiraba a arrebatar al PSdeG el escaño que le otorgaría la mayoría absoluta -38 de los 75 diputados de la Cámara autónoma-, para lo que necesitaba doblar los votos socialistas entre los residentes ausentes y superar el 60% del total de esos sufragios.

Los populares basaban sus expectativas en los resultados de hace cuatro años, cuando lograron más del 65% de los apoyos entre los emigrantes inscritos en la provincia de Pontevedra. Pero esta vez, con una participación histórica entre los residentes ausentes, próxima al 40%, la distancia entre los dos principales partidos se acortó notablemente. El PP volvió a ser la fuerza más votada, pero se quedó en el 49,7% de los votos -15.361 sufragios-, frente al 43,7% del PSdeG -13.518 votos- y el 4,8% -1.223 sufragios- de los nacionalistas. En una de las provincias gallegas, Lugo, el PSdeG incluso venció, por la mínima, al Partido Popular, al obtener el 47,6% de los sufragios frente al 46% de los populares.

Lejos de perder la mayoría, la igualdad entre los votos de la emigración en todas las provincias hacía concebir ciertas esperanzas a los socialistas de arrebatar un escaño al PP en la provincia de Ourense. En esta circunscripción, el escrutinio, que comenzó con más retraso que en las otras provincias, se interrumpió pasada la medianoche y no se reanudará hasta hoy. Los primeros resultados dejaban al PSOE lejos de conseguir un escaño más. Mientras que el PP sumaba 3.500 votos, el PSdeG se quedaba en 2.200 sufragios.

La jornada fue larga, tediosa y polémica en la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde se concentraba toda la atención. Durante 12 horas, se revisaron minuciosamente, antes de introducirlos en la urna, los más de 36.000 votos recibidos, de los que finalmente se validaron 30.948. El resto no se contabilizó por diversas anomalías, como la falta de la tarjeta de inscripción en el censo que debe adjuntar cada votante o del matasellos que acreditase que el sufragio fue emitido antes de que finalizara el plazo, el pasado 18 de junio, un día antes de las elecciones.

La Junta Electoral de Pontevedra desestimó dos reclamaciones del PP, que pretendía que se contabilizasen algunos de esos votos, y a las 20.35 comenzó el escrutinio. Pocos minutos después, la euforia empezó a crecer entre los apoderados socialistas y nacionalistas. Los primeros votos del recuento apuntaban a una gran igualdad entre el PSdeG y el PP, que se fue confirmando según avanzaba el escrutinio.

Pasada la medianoche, cuando todavía se seguían contando sufragios en la Audiencia, los militantes de la izquierda comenzaron a concentrarse ante la sede judicial. Hubo gritos de ¡nunca máis! y se cantó la Rianxeira y "Se va el caimán, se va pa la Barranquilla", entre un atronar de bocinas al que luego se unió un grupo de gaiteiros.

Los dirigentes del Partido Popular, que tiene su sede local frente a la Audiencia, tuvieron que asistir resignadamente al espectáculo.

El que se perfila como próximo presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño (PSdeG), compareció a medianoche para dar por hecho el acuerdo con los nacionalistas y proclamar que el voto emigrante "confirma y ratifica la decisión expresada por los gallegos a favor del cambio". "Las urnas han hablado", constató Touriño. "Se configura así una mayoría electoral y una nueva mayoría parlamentaria por el cambio. La relación de fuerzas en el nuevo Parlamento gallego abre las puertas a la alternancia democrática en el Gobierno de Galicia", proclamó. En esa Cámara, el Partido Popular tendrá 37 diputados; el PSdeG, 25; y el Bloque Nacionalista Galego, 13. "Galicia", concluyó el futuro presidente, "ha dado una muestra de serenidad y fortaleza. Se abre una nueva etapa de esperanza e ilusión que deseo sea compartida por todos los gallegos".

Con la escasa diferencia de votos entre los dos principales partidos en Pontevedra, al PP ni siquiera le queda apenas margen para impugnar los resultados, como habían anunciado algunos de sus dirigentes durante la jornada. Las protestas de los populares se originaron por la decisión de la Junta Electoral de no aceptar como válidos los votos registrados en el aeropuerto de Barajas con matasellos del 19 de junio.

El último día en que los residentes ausentes podían enviar su sufragio era el día 18, víspera de los comicios en Galicia, aunque el plazo para su recepción en las juntas electorales de la comunidad autónoma no expiraba hasta ayer a las ocho de la mañana.

El PP alegó que si esos votos habían llegado a Madrid el día 19, procedentes de América, tenían forzosamente que haber sido enviados dentro de los plazos legales.

Al mediodía, cuando todavía se estaban validando los sufragios, el equipo jurídico del Partido Popular, encabezado por el ex ministro de Defensa y ex presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, presentó una reclamación formal. Según los populares, los sufragios no admitidos podrían sumar unos 3.500 y procedían en su mayoría de Venezuela. Desde hace días, el presidente en funciones de la Xunta, Manuel Fraga, y otros miembros del PP habían hecho toda clase de insinuaciones, sin ninguna prueba concluyente, sobre la actitud del régimen de Hugo Chávez en el proceso electoral gallego.

La reclamación del PP fue desestimada, ya que la Junta Electoral argumentó que hasta que finalizase el escrutinio las fuerzas políticas sólo tenían potestad para hacer constar sus alegaciones en el acta. Los populares volvieron a la carga a última hora de la tarde y solicitaron la suspensión provisional del recuento. La Junta Electoral se reafirmó en sus argumentos y el escrutinio comenzó a las 20.35.

Cuatro horas después, las calles de Pontevedra hervían con el son de gaitas y el tremolar de las banderas socialistas y nacionalistas. Y desde la sede local del Partido Popular, Federico Trillo tuvo que soportar las chanzas de los que celebraban la victoria: "Manda huevos, ¡nunca máis!".

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Las urnas confirmaron el fuerte crecimiento del nacionalismo que, como era previsible, rompió su techo histórico y superó el 30% de los votos. Pero toda esa ganancia del BNG se produjo a costa del PSdeG-PSOE, víctima de una sangría que lo ha dejado en apenas nueve escaños, la tercera parte de lo que llegó a tener en sus mejores épocas. Peor le fue aún al otro socio del Gobierno central, Sumar, que no llegó ni al 2%.

Si las elecciones gallegas se habían presentado como una prueba para Alberto Núñez Feijóo, el liderazgo en el PP del político gallego ha salido incólume del envite. Entre Feijóo y el sucesor a quien cedió el testigo en la Xunta hace dos años, Alfonso Rueda, han logrado romper las marcas que parecían imbatibles del viejo patrón Manuel Fraga. El fundador del PP había alcanzado la hazaña de encadenar cuatro mayorías absolutas antes de perderla en 2005. Rueda disfrutará ahora de la quinta consecutiva y podrá prolongar el mandato del PP hasta casi dos décadas. Un abrumador dato lo resume todo: desde la primera victoria de Fraga en 1989, en Galicia se han celebrado 10 elecciones y los populares han obtenido la mayoría en nueve de ellas. “Galicia mandó un mensaje a España”, dijo Rueda cerca de la medianoche. “No queremos chantajes. Ni privilegios de ningún tipo”.

La izquierda fiaba toda su suerte a una gran participación, en la creencia de que los rutilantes triunfos del PP en las autonómicas se beneficiaban de una mayor apatía del electorado que en generales o municipales. Y la participación, efectivamente, se disparó, hasta alcanzar el 67%, nueve puntos más que en los anteriores comicios. Pero todo resultó un espejismo para los adversarios del PP.

Aunque cediesen dos escaños, los populares conservan casi intacto el fuerte respaldo logrado en 2020. Solo bajan unas décimas y se mantienen por encima del 47%. Como la participación fue mayor, Rueda ha logrado recoger incluso unos 70.000 votos más que Feijóo en 2020. En la provincia más inclinada a la izquierda, Pontevedra, el PP avanzó más de un punto.

La mayor pérdida de los populares —unos tres puntos— se registró en Ourense, donde la formación populista del alcalde Gonzalo Jácome logró finalmente colocar un diputado en el Parlamento de Santiago, de escaso valor ante el rotundo triunfo de Rueda. Todo indica que Democracia Ourensana ha acabado dañando en mayor medida al PSdeG, que perdió siete puntos en esta provincia. El PP volvió además a mantener a raya a Vox, que confirmó que Galicia es territorio hostil para la extrema derecha. Los de Santiago Abascal volvieron a quedarse en apenas el 2%.

Para el BNG fue una noche agridulce. El éxito de la candidatura de Ana Pontón resultó tan incontestable como vaticinaban las encuestas. Subió casi ocho puntos y se encaramó hasta el 31%, a mucha distancia de su techo histórico del 25%. Alcanzó algunos hitos de gran simbolismo, como ser la fuerza más votada en Vigo, la primera ciudad de Galicia. Pero el fortísimo crecimiento del nacionalismo derivó en algo muy próximo al juego de suma cero que muchos se temían en la izquierda. Casi todo se alimentó de la bajada del PSdeG y del espacio ahora dividido entre Sumar y Podemos. La distancia entre los dos ejes derecha e izquierda apenas se movió respecto a 2020, cuando la participación había sido casi 10 puntos inferior. Las cifras hacen pensar que la posibilidad de que los nacionalistas se hiciesen por primera vez con el poder en la Xunta acabó movilizando también al electorado de la derecha.

Con todo eso, el PSdeG se encaminó a un desastre monumental. Venía ya de los peores resultados de su historia hace cuatro años y se hundió todavía más, al perder cinco escaños y más de cinco puntos. Se quedó por debajo del 15% cuando en otras épocas no tan lejanas llegó a estar por encima del 30%. La concentración del voto de la izquierda en el BNG y el escaso tiempo para lanzar a su candidato, José Ramón Gómez Besteiro, que toda la campaña apareció como subalterno de los nacionalistas, le han pasado una enorme factura. Y el revés también lo sufre el Gobierno central, después de que Pedro Sánchez y sus ministros se volcasen en la campaña en un intento de arrinconar a Feijóo con un mal resultado electoral.

Tanto o más dolorosa fue la jornada para los socios de Sánchez en el Ejecutivo. Yolanda Díaz encajó en su tierra la peor derrota política en mucho tiempo después de que su electorado se pasase en masa al BNG. La candidatura que encabezaba su exportavoz en el Congreso Marta Lois no llegó ni al 2%, por detrás incluso de Vox, cuando en las elecciones generales del pasado julio había recogido en Galicia un 10%. Lo de Podemos resulta aún más dramático: su 0,26% lo supera hasta el PACMA.

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La importancia simbólica de Galicia para el PP está fuera de toda duda. De aquí era su fundador, Manuel Fraga, y de aquí salió hace dos años su actual líder, Feijóo, el dirigente que más se juega en este envite. Aquí consiguieron los populares, aún en el tiempo de AP, su primera victoria en toda España, precisamente en los comicios que inauguraron el Parlamento gallego en 1981, cuando todavía UCD ostentaba la hegemonía del centroderecha. Desde entonces solo perdieron el poder efímeramente por una moción de censura entre 1987 y 1989 y por la alianza entre socialistas y nacionalistas que gobernó de 2005 a 2009. A partir de ese momento, Feijóo encadenó cuatro mayorías absolutas y ahora es su sucesor, Alfonso Rueda (55 años), quien busca la quinta.

La campaña empezó torcida para el PP desde el primer día. Justo ese 2 de febrero se supo por una extraña filtración de los socialistas que Marta Fernández-Tapias, líder del Partido Popular en Vigo, primera ciudad de Galicia, había presentado la dimisión. Podía parecer poco relevante, pero fue como el preámbulo de una sucesión de malas noticias. Inmediatamente, llegó un debate televisado, el único al que accedió el candidato popular y del que, según todos los análisis, no salió bien parado. Luego empezaron los titubeos y las dudas sobre el mensaje, si convenía importar a Galicia el estridente litigio sobre la amnistía y el sanchismo, en una especie de segunda vuelta del 23-J —como hizo un omnipresente Feijóo y emuló por momentos el propio Rueda— o resultaba más eficaz ceñirse a la tradicional y exitosa fórmula de envolverse en la bandera de Galicia y la defensa de sus intereses.

Solo faltaba un bombazo y detonó a mitad de campaña: las extemporáneas revelaciones de la dirección del partido, en una comida con periodistas en Lugo, de sus tratos con el entorno de Carles Puigdemont para buscar su apoyo a la investidura de Feijóo, un asunto que ha sembrado el desconcierto en las filas populares y ha enturbiado su recta final al 18-F.

Enfrente ha emergido una rival con una fortaleza insospechada. La candidata del BNG, Ana Pontón (46 años), ha abarrotado auditorios por toda la geografía, sus vídeos han triunfado en las redes sociales vendiendo la imagen de una Galicia nueva frente al conservadurismo de los últimos 15 años y las encuestas la han encaramado a una posición jamás alcanzada por el nacionalismo gallego. Pontón llegó con un mensaje ilusionante, el de convertirse en la primera mujer y la primera nacionalista en presidir Galicia, y, según todos los sondeos, capitalizará el voto de los jóvenes y de la izquierda en general. Los esfuerzos del PP por presentarla como “un lobo con piel de cordero”, resaltando los aspectos más genuinamente nacionalistas de su programa o sus alianzas con los independentismos vasco y catalán, no parecen haberla dañado.

El ascenso de Pontón se nutre en buena medida de votantes socialistas. Pero al mismo tiempo, la viabilidad de su proyecto depende del PSdeG, cuyo concurso necesita para alcanzar la Xunta. El candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro (56 años), intenta reanimar a un partido que siempre ha jugado mejor en el campo de las generales y las municipales —tiene las alcaldías de las dos principales ciudades gallegas, Vigo y A Coruña— que en las autonómicas. El masivo desembarco del Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha servido para arropar a Besteiro, pero también para transmitir por momentos la idea de una campaña que miraba demasiado al escenario nacional.

La enorme crecida del BNG amenaza con llevarse por delante a Sumar. Yolanda Díaz no ha escatimado esfuerzos para levantar el vuelo en su tierra en apoyo de su amiga y candidata Marta Lois (54 años). Frente al pacto tácito de no agresión entre socialistas y nacionalistas, la vicepresidenta sí ha repartido algunos reproches a sus potenciales socios, como recordar el rechazo del Bloque a la reforma laboral. Las encuestas le son muy esquivas. Más aún para Podemos, cuyos pronósticos se mueven alrededor de un raquítico 1%.

Con todos estos ingredientes, el PP llega a la jornada electoral más apurado que nunca desde 2009. Algunos estudios demoscópicos señalan que la participación puede situarse en torno a un 65%, seis puntos más que en 2020, un nivel que tiende a favorecer a la izquierda. Los últimos días han apuntado un leve crecimiento de Vox —residual en Galicia— que podría dañar al PP. Y a pesar de todo, los populares siguen siendo favoritos. Tienen a favor una poderosísima maquinaria de partido que llega hasta la última aldea, una ventaja sustancial —42 de los 75 escaños del Parlamento— y un entorno mediático abrumadoramente favorable. También una ley electoral a medida, que prima a las provincias menos pobladas y más conservadoras en detrimento de las dos atlánticas, con mayor inclinación a la izquierda. Mientras A Coruña elige un diputado por cada 43.000 electores, en Ourense la proporción es de uno por cada 25.000.

Aun en el caso de bajar de los 38 escaños y perder la mayoría este domingo, a Rueda le quedarían algunos comodines. El primero, el populismo localista de Democracia Ourensana, al que la demoscopia otorga grandes posibilidades de estrenarse en el Parlamento y que ya ha pactado con los populares en su territorio de origen. En última instancia, Rueda aún podría aferrarse a los votos de la emigración. En Galicia están llamados a las urnas 2.217.710 ciudadanos, cuyos sufragios serán escrutados la noche de este domingo. Pero todavía habrá que esperar al día 26, cuando se empiecen a contar las papeletas que lleguen de entre los 476.514 electores inscritos en el exterior (el 17% del censo total), en su mayoría de Sudamérica. Tras la supresión del voto rogado, se espera un aumento de la participación en un colectivo que no se moviliza mucho (su máximo está en el 40%) pero que puede decidir en caso de algún último escaño muy disputado. Tradicionalmente, está inclinado al PP, a quien permitió en 2020 quitar un diputado al PSOE.

El reparto del voto por provincias y cómo se distribuya entre las formaciones de izquierda puede obrar cambios drásticos en el resultado. En 1989, Fraga alcanzó el 44,20% de los votos y su primera mayoría absoluta con 38 escaños. En 2005, sin embargo, con mayor porcentaje (45,81%), se quedó en 37 y cedió el Gobierno a PSdeG y BNG. Siete años después, en 2012, casi con unos números calcados (45,80%, una centésima menos que Fraga), Feijóo se llevó 41 diputados. Un factor clave es la diferencia entre la primera y la segunda fuerza. En 2012, Feijóo sacó al PSOE 25 puntos de ventaja, mientras que en 2005 la distancia del PP sobre el segundo fue la mitad, de 12. La media de las encuestas sitúa ahora al PP en torno al 46% y al BNG casi en el 30%.

Todo parece a merced de unos pocos miles de votos. De ellos puede depender que una de las tres comunidades autónomas consideradas históricas corone por primera vez a una presidenta nacionalista. Y también la suerte del líder de la oposición a Sánchez, quien, tras el 23-J, tendría muy difícil sobrevivir a otro revés electoral en una batalla en la que está tan personalmente implicado.

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Según Ayuso, sobre Galicia se cierne en estas elecciones “el proyecto de desmembramiento de España organizado desde La Moncloa”. Definió el “cóctel” del BNG como “comunismo de base para apropiarse de la propiedad y el trabajo ajeno porque les encanta vivir de los demás; con una dosis de terror para infundir miedo e imponerse por la vía fácil; bien aderezado con el nacionalismo para construir falsas identidades y decidir quién es buen y mal gallego; y unas gotas de socialismo para repartir pobreza y superioridad moral”.

El partido de Ana Pontón, prosiguió la presidenta madrileña en Vigo, “no es amor a Galicia, es el odio a lo ajeno”, se presenta a las elecciones europeas “en una lista encabezada por un etarra” y “se inventa problemas” con “falsas divisiones” entre “lo público y lo privado” o “los ricos y los pobres” para “perpetuarse” durante “décadas”. Si gobierna el Bloque, pronostica “persecución a la Guardia Civil” y fuga de médicos. A los nacionalistas gallegos, alerta Ayuso, “no les gusta la gente que se esfuerza” y “no soportan la libertad, la apertura, la alegría y el mestizaje”: “Todo tiene que ser miedo”.

Ana Vázquez, diputada gallega en el Congreso, se había sumado el miércoles a la catarata de dirigentes del PP que vinculaban al BNG con ETA por las relaciones de la formación de Ana Pontón con EH Bildu. Vázquez publicó un vídeo en las redes sociales en el que apelaba a los votantes de Vox: “Sus votos van a quedar huérfanos y solo van a servir para apuntalar el separatismo”. Vox no tardó en salir al quite en X (antes Twitter). Publicó una foto de Vázquez charlando en el Congreso con la vicepresidenta Yolanda Díaz y el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu con el siguiente texto: “Tu manera de luchar contra el separatismo y la izquierda deja mucho que desear”.

A Vox le han dado alas las revelaciones del propio PP sobre los intentos de Feijóo de buscar alguna clase de apoyo en Junts para su investidura. Abascal ha acuñado una nueva denominación para burlarse de su socio en autonomías y ayuntamientos: la “derechita cobarde” es ahora la “derechita estafadora”. En Vox, según fuentes del partido, han detectado en los últimos días un ascenso en las encuestas, hasta ahora casi unánimes en situarlo fuera del Parlamento autónomo. La consigna interna es pisar el acelerador en las horas que quedan. La extrema derecha reparte por los domicilios una carta escrita en gallego, y su líder recorre Galicia diciéndole a la gente que pueden dirigirse a él en la lengua autóctona porque es en lo que le habla su abuela orensana.

Feijóo y el candidato popular, Alfonso Rueda, también han multiplicado los mensajes para insistir en la idea de que todo lo que no sea concentrar el voto en el PP favorece al nacionalismo. Sus destinatarios son tanto Vox como posibles electores del PSOE reacios a la alianza de esta formación con el BNG. El señuelo de ETA lo agitó el jueves el expresidente Mariano Rajoy en Alfoz (Lugo): “Pontón se presenta al electorado como si fuera Teresa de Calcuta, pero va en una lista con ERC y Bildu [a las europeas], que es lisa y llanamente ETA”. La candidata del BNG ignora olímpicamente los ataques y repite: “Vamos a seguir con nuestra campaña de ideas y en positivo”.

El debate del miércoles en TVE, en el que Pontón y el socialista José Ramón Gómez Besteiro escenificaron sus puntos en común en ausencia de Rueda, fue el programa más visto de la noche en Galicia, con un 17,4%, casi equivalente al de la anterior semana en TVG en el que sí participó el candidato popular. “Se ha demostrado que va a haber cambio y que se va a pasar página a 15 años de un PP ausente”, concluyó Besteiro, que sigue recibiendo cada día un desembarco interminable de miembros del Ejecutivo central, el jueves con el propio Pedro Sánchez a la cabeza. Desde A Coruña, el presidente del Gobierno pidió a los gallegos que le votaron el 23-J que el domingo vuelvan a coger la papeleta del PSOE: “Votar al PSOE es un doble seguro, porque seguro que habrá cambio y porque ese cambio será seguro”.

También Yolanda Díaz trata de revertir las malas previsiones de los sondeos y acudió en respaldo de su candidata, Marta Lois, para insistir en que sin Sumar no puede haber alternativa. Puso el ejemplo de lo ocurrido en las generales. “En La Moncloa tardaron, pero se dieron cuenta de que con Pedro Sánchez no llegaba”, manifestó. “Sin Sumar, Feijóo sería hoy presidente”.

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La condición puesta por el líder popular se antoja de imposible cumplimiento: una cosa es que los rivales del PP ante las elecciones del 18-F se esfuercen por no pisarse la manguera y otra que alguno de ellos esté dispuesto a ceder el paso amablemente para debatir con el actual jefe del Gobierno autónomo. Pero quien ha tomado la iniciativa ha sido la SER en Galicia, que el miércoles se dirigió a Rueda y a Pontón —cabeza de la alternativa, según todas las encuestas— para proponerles el duelo a dos. La nacionalista aceptó de inmediato. Un día después, el PP se escudó de nuevo en que deben ser los partidos de la oposición quienes designen a su contrincante.

“El PP gallego hace como el fútbol italiano: juega a que no pase nada”, observa el socialista Besteiro, con su habitual deje socarrón. “Y por eso convoca unas elecciones con la Navidad por el medio y el Entroido [el muy festejado Carnaval gallego] en la última semana de campaña”. Esa estrategia de enfriar la campaña, de dejarla pasar casi como una rutina, ya era manifiesta en los tiempos de Alberto Núñez Feijóo. El objetivo, según sus oponentes, frenar la movilización de esa parte del electorado urbano que solo acude a las urnas en las generales, normalmente con mejores resultados para la izquierda.

La estrategia se evidencia en hechos como que la Junta Electoral interviniese para obligar a TVG —donde un grupo de trabajadores lleva seis años con protestas semanales para denunciar manipulación a favor del PP— a incrementar el tiempo de información que había previsto para la campaña. O que el único debate que deseaban los populares se programase a 13 días de la fecha de los comicios. Pasado el trance, el PP no quiere más duelos entre los líderes, aun a costa de granjearse las críticas de sus antagonistas y del comité de empresa de TVE en A Coruña, que calificó su negativa de “afrenta al electorado”.

Las encuestas apuntan a una mayor activación en los últimos días del electorado de izquierda, uno de los fenómenos que podría poner en riesgo la hasta ahora imbatible mayoría absoluta de los populares. Frenarlo resulta esencial para el PP. Al mismo tiempo, los populares han acentuado el choque con el nacionalismo, presentándolo como su auténtico adversario y endureciendo el tono. En un mitin la noche del miércoles en Arteixo (A Coruña), Rueda advirtió del “peligro real” de un “independentismo con piel de cordero” cuyo objetivo sería “importar el modelo de Cataluña”. Pontón recogió el guante este jueves: “Ya nos está haciendo la oposición”. “Sabe que somos la alternativa, que le estamos disputando la presidencia”, insistió la candidata nacionalista, que emplazó a Rueda a que “deje de esconderse” y se someta a más debates.

El presidente celebró este jueves consejo de Gobierno y explicó los acuerdos ante la prensa, con gran cautela de no entrar en disputas sobre el 18-F tras recibir amonestaciones de la Junta Electoral por aprovechar la institución para lanzar mensajes de campaña. La política de ayudas públicas de todo tipo es uno de los pilares de la gestión de la Xunta y en vísperas de los comicios no podía ser una excepción: Rueda anunció subvenciones para comprar aparatos que permitan resintonizar las televisiones ante el próximo apagón de los canales sin alta definición, para las empresas que contraten a personas en riesgo de exclusión social o para la compra de viviendas.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se topó este jueves con la Junta Electoral, que ordenó abrirle un expediente por anunciar el pasado 24 de enero, en un acto institucional en Ferrol, un contrato para construir un gran buque en el astillero de Navantia. La Xunta Electoral de Galicia ya había constatado que Sánchez incumplió el principio de “neutralidad política” pero no le había impuesto ninguna sanción. El PP recurrió a la Junta Central, que ahora ordena a la gallega abrir ese expediente con propósito sancionador. Sánchez volverá este viernes a Galicia a un acto en teoría institucional, la celebración del Día de la Mujer en la Ciencia en A Coruña.

Quien no acudió personalmente, pero sí tuvo su aparición en la campaña gallega, fue Pablo Iglesias. El fundador de Podemos publicó un tuit pidiendo el voto para la candidata de su formación, Isabel Faraldo. Parecería una obviedad si no fuera porque Iglesias había afirmado semanas atrás que el voto útil de la izquierda debería ir al BNG.

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Con la campaña a pleno rendimiento, el clima político en Galicia ya no es el mismo que hace un mes. A comienzos de enero, 40dB. sondeó por primera vez las expectativas ante el 18-F y sus resultados apuntaban a una resistente mayoría del PP, que se mostraba en condiciones de repetir su arrasadora victoria de 2020, cuando Alberto Núñez Feijóo logró 42 de los 75 escaños del Parlamento autónomo. Desde entonces, los populares han cedido dos puntos en intención de voto y con el 45,2% ya no tienen segura la mayoría de 38 diputados necesaria para garantizar su continuidad en la Xunta. Todo depende de las oscilaciones de una pequeña cantidad de sufragios y del reparto provincial. El sondeo coloca al PP en una horquilla entre 36 y 40 asientos en el Parlamento, con una mediana justo en la cifra fronteriza de los 38. En la hipótesis peor para Rueda, la alianza entre nacionalistas y socialistas ―con años de experiencia de gobiernos conjuntos en diputaciones y ayuntamientos― sumaría los apoyos para hacerse con el Gobierno de la Xunta. El trabajo de 40dB. se desarrolló entre los días 2 y 7, con lo que recogió el efecto del único debate entre los candidatos.

Uno de los datos más llamativos del sondeo es el elevado número de entrevistados, el 46,5%, que prefiere un Gobierno de coalición entre las formaciones de izquierda. Supera claramente al 29% que apuesta por que siga el PP en solitario y el 7,5% que desearía un pacto entre populares y Vox de muy remotas posibilidades, ya que la encuesta vuelve a situar como extraparlamentaria a la extrema derecha. Hay otra posibilidad que la investigación demoscópica deja abierta: que el PP salve el Gobierno gracias al apoyo de Democracia Ourensana, la formación populista y “microliberal” del histriónico alcalde de esa ciudad, Gonzalo Jácome, que podría alcanzar un único pero valioso diputado.

Los populares habían anticipado estas elecciones a febrero ―su mandato acababa en julio―, presumiendo un triunfo asequible. Su cálculo era consolidar uno de sus más históricos feudos ―han gobernado durante 36 de los 42 años de autonomía― y dar un impulso a Feijóo ante las elecciones europeas de junio. Un fiasco en el 18-F comprometería seriamente el liderazgo nacional del político gallego, que abandonó la Xunta hace apenas dos años después de 13 de ejercicio del poder. Esa hipótesis ha dejado de ser inverosímil. Y en buena medida se debe a la imponente crecida de los nacionalistas.

Según los datos de 40dB., el BNG ha avanzado más de cinco puntos en un mes y ahora se sitúa en el 30%, por encima de su techo del 25% logrado en 1997 por el histórico Xosé Manuel Beiras. El sueño de Pontón de convertirse en la primera mujer y la primera nacionalista en presidir Galicia ya no suena descabellado. Con una horquilla de entre 22 y 25 escaños (ahora tiene 19), cualquier eventual alternativa estaría encabezada por ella. El Bloque parece estar capitalizando una parte sustancial del voto de izquierda. Podría hacerse con casi uno de cada cuatro electores que en 2020 apoyó al PSdeG y con cerca de la mitad de los que entonces se decantaron por la marca local de Unidas Podemos, cuyos herederos (Sumar y Podemos) volverían a quedarse como entonces fuera del Parlamento. Además, está logrando atraer a antiguos abstencionistas, hasta un 11% de los que dieron la espalda a las urnas en las anteriores autonómicas.

El crecimiento del BNG no se entiende sin la potencia que ha adquirido Pontón. Otro de los puntos más llamativos de la encuesta es cuando se pregunta por las preferencias para presidir Galicia: Rueda se impone a la nacionalista por el escaso margen de 33,2% a 30,4%. Y hay más. Pontón tiene la aprobación de prácticamente la mitad de los encuestados, mientras que Rueda no llega al 38%. Incluso más del 21% de los votantes del PP dice tener una opinión buena o muy buena de la líder nacionalista.

Los socialistas aguardan el 18-F con sensaciones contradictorias. Desde el punto de vista de la política nacional, la oposición a Pedro Sánchez saldría muy debilitada si el PP pierde la mayoría. Pero sus compañeros gallegos quedarían en una situación incómoda como subalternos del BNG. La encuesta coloca a la candidatura de José Ramón Gómez Besteiro ante el peligro de lo que serían los peores resultados históricos del PSdeG. Pasaría del 19,4% al 15,6% de los votos, y de sus 14 diputados actuales a entre 10 y 13. El electorado socialista es, con mucho, el más dubitativo. No llega al 60% la porción de sus votantes que dice que acudirá seguro a las urnas, cuando todos los demás superan el 70%. “La última semana será decisiva para movilizarlos”, repiten en el equipo de Besteiro. Sánchez y su Gobierno se están volcando. El presidente estuvo el sábado con Besteiro en Vigo y, aun sin criticar al BNG, defendió que el voto más útil no debe ser solo para quien promueve el cambio, sino para quien “sabe gobernar el cambio”, es decir, los socialistas, con mayor experiencia de gestión.

Más complicado aún se presenta el horizonte de Sumar, que lidia contra la barrera del 5% para entrar en la Cámara gallega y la fortísima competencia del BNG. Yolanda Díaz, en apoyo de su candidata, Marta Lois, combina su apuesta por un Gobierno tripartito con el empeño por diferenciar su opción. Al Bloque le reprocha que votase contra la reforma laboral y al PSOE sus resistencias a medidas como los impuestos a las grandes compañías. En cuanto a Podemos, que el sábado recibió el apoyo de Ione Belarra e Irene Montero, ni esta encuesta ni ninguna otra le concede la menor opción.

En el PP se nota un viraje. Lo muestra la evolución de Feijóo. Hace una semana dijo que la elección era “o Rueda o Sánchez”. Ahora afirma que “Galicia es mucho más que Sánchez”. Aquella estrategia de llevar la campaña al terreno de la política nacional con la amnistía por bandera se va apagando. La demoscopia apunta a que no parece surtir demasiado efecto.

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La cita fue un intercambio de propuestas, sin choques frontales y con coincidencias. Arrancó con el moderador, Xabier Fortes, informando del plante de Rueda, que “rechazó confrontar ideas” con sus adversarios y ni envió sustituto. El “candidato ausente” estuvo muy presente en los reproches. “Lamento la ausencia del candidato del PP, no veo nada más importante que estar en un debate”, prosiguió Pontón. “Hoy debería estar Rueda aquí para explicar su gestión, pero está sostenida sobre mentiras”. Besteiro siguió por la misma línea. “Notarán que aquí falta Rueda, el candidato ausente. Es el principal problema del país, ha tenido un Gobierno totalmente ausente. O se esconde porque oculta algo, o no tiene nada que decir”.

Estas alusiones a la silla vacía fueron constantes. Los candidatos de BNG y PSdeG coincidieron en denostar los recortes sanitarios del PP, reforzar la promoción de la lengua gallega y reclamar más competencias al Estado. Ambos defienden que Galicia produce más energía de la que consume y en la necesidad de que ese excedente se dedique a reindustrializar la comunidad con energía limpia. “Le tendríamos que preguntar al candidato ausente por qué en estos 15 años se perdió tanto peso industrial, pero no está aquí porque no quiere dar explicaciones”, pinchó Besteiro, que presumió ante Pontón de que el Gobierno de Pedro Sánchez consiguió reducir la factura de la luz de las familias. “Me alegra que hable de la excepción ibérica”, terció la nacionalista, “porque nosotros proponemos la excepción gallega”, es decir, electricidad más barata “para las zonas productoras” y que “se nos compense por los costes ambientales y sociales”.

Fortes ya les advirtió a ambos candidatos de que los iba a “apretar” al hablar de pactos. Fue en vano. A Besteiro le preguntó si sería vicepresidente de Pontón y qué modelo de bipartito formarían. “Los que van a tener que hablar son los gallegos”, contestó el socialista. ¿Puede haber muchas diferencias en una hipotética coalición? “Un gobierno no es bueno o malo en función de los partidos que los integran. El ejemplo es el gobierno monopartito del candidato ausente”, respondió Pontón, que se declaró “orgullosa de presidir un gobierno que represente la pluralidad” si así lo dicen las urnas. Lo intentó Fortes de otra forma: “¿Ustedes en qué se diferencian?”. Tampoco funcionó.

No lo han dicho expresamente, pero nadie alberga dudas de que nacionalistas y socialistas pactarán un gobierno si cae Rueda, porque esa ha sido la práctica política en Galicia desde hace casi tres décadas. Si las fuerzas de izquierda, presumiblemente encabezadas por el BNG, suman mayoría el 18-F, el PP perderá la Xunta después de 15 años. Durante la campaña, solo la candidata de Sumar, Marta Lois —que lucha por entrar en el Parlamento autónomo—, ha dicho con claridad que su objetivo es formar un Gobierno tripartito e incluso hacer de cemento entre BNG y PSdeG-PSOE. Estos dos últimos han preferido no hablar de pactos, aunque tampoco lo necesitan. Es ya costumbre asentada en la política gallega que, siempre que completen mayoría, nacionalistas y socialistas se apoyarán mutuamente.

Una campaña difícil para los socialistas

El PSdeG está viviendo una campaña difícil. Todas las encuestas lo sitúan muy lejos de encabezar la alternativa al PP como sucedió entre 2005 y 2009, cuando las dos fuerzas ya gobernaron juntas en la Xunta. Y a pesar de todo, de boca de los socialistas no se han escuchado la menor crítica al BNG. Como mucho, han apelado a su mayor experiencia de gestión —principalmente en boca de Pedro Sánchez— a fin de defender que ellos representan “el voto útil para gobernar”.

Los socialistas temen que cualquier gesto para diferenciarse del BNG sea interpretado como una manera de poner en riesgo la posibilidad de un cambio y que les penalice en esa franja del electorado que oscila entre ambas formaciones. Pontón, mientras, erigida por la demoscopia en cabeza de la alternativa, no tiene ningún incentivo para marcar diferencias. Al contrario, el BNG es consciente de que su éxito depende también de que el PSdeG movilice a sectores a los que el nacionalismo no llega. Así que Pontón y Besteiro acudieron anoche a medirse en TVE sin intención de entrar en controversias y con la idea de mostrar su voluntad común de desplazar del poder al ausente Rueda.

A la misma hora (22.00) que comenzaba el debate, la otra televisión pública, la autonómica TVG, emitía su entrevista de campaña con Pontón, grabada previamente. El BNG pidió un cambio de horario, pero el canal, según fuentes nacionalistas, alegó que ese era su plan de cobertura de las elecciones aprobado desde antes de la campaña.

Los espectadores de la televisión autonómica que siguieron este miércoles el Telexornal de las 14.30 pudieron encontrarse, en una información emitida fuera del espacio dedicado al 18-F, con una afirmación de Maite Araluce, miembro de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT): “El BNG está con los terroristas”. Un mensaje idéntico al que el PP ha empezado a poner en circulación en los últimos días. Con las encuestas pronosticando una disputa más reñida de la que los populares preveían, también en Galicia se ha aparecido el fantasma de ETA.

Los populares han construido su acusación a partir de que la única eurodiputada del BNG, Ana Miranda, forma parte del mismo grupo que EH Bildu y en él figura como asesor el exmiembro de Batasuna Pernando Barrera, condenado en su día por vínculos con ETA. De ese modo se concluye que el Bloque, además de querer aplicar “un procés” en Galicia —el otro mensaje que ha surgido con fuerza— “está con los terroristas”. El asunto lo airearon, entre otros, desde el propio Rueda hasta el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

La campaña del miedo al nacionalismo se ha apoderado del discurso de los populares, aunque las encuestas muestran un escaso rechazo a Pontón y ni siquiera la patronal gallega da muestras de preocupación. La candidata acudió este miércoles a explicar su programa a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), cuyo presidente, Juan Manuel Vieites, encontró en él propuestas “amigables” para su colectivo. Vieites ya había dicho días atrás, cuando se entrevistó con Besteiro, que no teme una Xunta de izquierda y lo ratificó tras verse con Pontón: “Bienvenido sea el Gobierno que venga”.

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