Los socialistas han dejado 40 días y 40 noches a Esquerra para adueñarse del relato con la excusa de que el objetivo último era hacer president a Salvador Illa. ERC aprovechó el tiempo. Bautizó el sistema como concierto: lío. Sobreinterpretó muchas de las ambigüedades de ese pacto a su favor: más lío. Y ese relato, sin la más mínima explicación del PSOE, acabó desatando una tormenta entre la opinión conservadora de Madrid (valga la redundancia), incluso dentro del propio PSOE. Nada nuevo bajo el sol: cada vez que un Gobierno, popular o socialista, ha reformado el sistema de financiación, ha sido para negociar con Cataluña. Y cada vez que eso lo ha hecho la izquierda, los trompetistas de Jericó han sacado el soniquete del se rompe España. El presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta María Jesús Montero, tras más de cinco semanas de silencio, salieron este miércoles al alimón a hacer pedagogía política, a dar las primeras explicaciones. Faltan los detalles: el diablo está en los detalles. Pero esto va de más dinero: el diablo siempre está en el dinero. En cuánto.

No sabemos aún cuál será el nuevo sistema de financiación de ese federalismo picassiano: para ello hará falta hacer números, y estamos aún lejos de poder hacerlos con ciertas garantías. Pero Sánchez y Montero han abierto el melón: habrá más dinero para todas las comunidades; sin eso el acuerdo es imposible. “La descentralización, que forma parte del modelo federal, es compatible con garantizar la solidaridad, la equidad y la eficiencia de recursos”, según el presidente; al cabo, con más dinero todo parece un poco más fácil. Habrá también algunas condiciones: Sánchez y Montero aluden veladamente a Madrid y otras comunidades del PP, que bajan impuestos y después piden más recursos al Estado. La reforma del sistema esbozada en el pacto ERC-PSC está dentro del Estatuto catalán (y no digamos ya del andaluz, recordó Montero con toda la sorna) y de la Constitución. No es un concierto, nos dicen los números uno y dos del Partido Socialista (aunque en muchos aspectos se le parece; esto no lo dicen) y, por lo tanto, el PSOE no se desmiente a sí mismo.

Toda nación es el mundo entero a solas, decía Pessoa: en España, ese mundo entero es de lo más ruidoso. La calidad de una democracia depende de cómo se discute, y en este país discutimos mal, a base de ruido. No es comprensible que hayan pasado 40 días para tener esas explicaciones, para hacer la mínima pedagogía en un asunto capital, para amortiguar un poco todo ese enjambre ensordecedor de opiniones subidas de tono. El sistema de financiación es complejo, poco trasparente y presenta serios problemas de equidad y eficiencia: llega el momento de empezar a negociar el siguiente con dos lustros de retraso, y tras 40 días de silencio sepulcral. El modelo territorial tiene rasgos picassianos, y los seguirá teniendo después de pactar el nuevo modelo, si es que el Gobierno lo consigue, porque La Moncloa no consigue quitarse de encima la sensación de que la estrategia es la patada hacia adelante. La estrategia, ese sintagma. Es interesante que las primeras pistas de lo que viene con el modelo de financiación, es decir con el modelo territorial, lleguen el mismo día que Sánchez remodela la cúpula de La Moncloa con un experto en prospectiva, Diego Rubio. El presidente es un vicioso de la táctica; en el Gobierno, sería deseable un punto menos de táctica y un punto más de estrategia. ¿Qué es España? Esa no es la pregunta; la pregunta es cómo debe ser gobernada. Y si de veras viene una legislatura larga, en la respuesta debería pesar algo más la estrategia —la prospectiva— y algo menos la táctica y el regate corto.

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Sostienen las crónicas de por aquel entonces, en la carrera a los comicios europeos, que Feijóo volvió a sacudir en un mitin en Tenerife el espantajo de la inmigración: propuso que las personas que quieran formar parte de la Unión Europea tengan que adquirir “un compromiso de adhesión y respeto a los valores fundacionales de Europa”.

Sostienen sus próximos que ese cambio de rasante, ese nuevo tono tirando a radical que abraza alguno de los postulados de la extrema derecha, provocó un debate interno en el PP. Ante la tesis del líder (“los españoles tienen derecho a salir tranquilamente a la calle”), la cúpula tenía una antítesis: sería “un error” abrazar ese discurso porque aleja al partido de la centralidad. Pero se imponía una síntesis: “Esa es una percepción que está en la calle”. “La calle”, ese sintagma.

Sostiene el aparato del PP que no sirvió de mucho que el ala moderada, capitaneada por Moreno Bonilla, levantara la mano: “No voy a participar en la cacería del inmigrante”. El crescendo continuó: Feijóo endureció a principios de agosto su discurso contra los menores migrantes y reclamó “límites” a la acogida. Inmediatamente después, se negó a apoyar la reforma de la ley de extranjería a pesar de la presión en Canarias y Ceuta, con Gobiernos apoyados por el PP. Subió la apuesta con una proposición no de ley para reforzar el control de fronteras. Y ha acabado incendiando el debate migratorio esta semana, acusando a Pedro Sánchez de activar el “efecto llamada” en Mauritania, Gambia y Senegal.

El presidente del Gobierno, básicamente, se ciñe al Pacto Migratorio de la UE y ofrece a esos países, poco más o menos, lo que dice el programa electoral del PP para tratar de aumentar la migración regular y reducir la irregular. El PP votó en su día a favor de la regularización de migrantes, pero da un poco igual: si la estrategia es decir frases con pegada, la migración es uno de los mejores muñecos de pimpampum. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, es quien más lejos ha llegado, al plantear incluso “deportaciones masivas” de migrantes, algo que no han conseguido hacer ni los Gobiernos ultras de Europa, empezando por el italiano de Giorgia Meloni.

Por el camino, la migración ha pasado de ser el noveno problema para los españoles, según el CIS de junio, al cuarto (julio). Va a ser un asunto capital en las próximas elecciones regionales en Alemania, donde la socialdemocracia habla ya de endurecer las leyes y en las que tiene toda la pinta de ganar la ultraderecha. Y en las de Austria, con los ultras mandando también en los sondeos. Fue un asunto central en los comicios franceses y en los europeos. Será uno de los temas clave de las elecciones estadounidenses en noviembre. ¿Y en España?

Los datos de entradas han aumentado con rapidez este año, pero aun así no permiten hablar de crisis migratoria; como mucho de presión migratoria en Canarias y en Ceuta. Pero con el acelerón declarativo de la política nacional, los datos empiezan a dar un poco igual: cuentan más las percepciones. Cuenta la ansiedad que provocan las advertencias de “invasión” de Vox, o ese sindiós de las deportaciones masivas de Tellado.

La migración solía ser un debate sobre derechos y economía; ahora el enfoque prácticamente único es la seguridad. Las fronteras abiertas de Europa han dejado de ser un símbolo de libertad: ahora lo son de inseguridad. Las derechas se han arrimado al discurso ultra; las izquierdas siguen sin mirar de frente al problema y como mucho mascullan en voz baja algo sobre los “valores europeos”, los mismos valores que han llevado a Bruselas ―con los votos de los socialistas y los populares― a cerrar acuerdos con Turquía para mantener a los refugiados sirios en campos de concentración a las puertas de Europa.

La migración es un debate apasionante, complejo, lleno de aristas que pinchan. La formidable brecha de renta per cápita en las dos orillas del Mediterráneo hace que montarse en una patera para cruzar ese mar de color de vino sea más atractivo que cualquier utopía. Los economistas sostienen que las rentas más bajas perciben a los migrantes como una competencia por los empleos, pero a la vez cuentan que el boom del mercado laboral español no se explica sin la migración, y que las pensiones difícilmente serán sostenibles sin ella. No solo en España: el invierno demográfico de Europa será mucho más frío, gélido, sin migrantes. Esos son los debates fundamentales, los que deberían a marcar las políticas migratorias globales de los próximos tiempos, si no fuera por el oleaje emocional de los populismos, que arrastra a partidos anteriormente conocidos como “de centro”.

Les contaré un secreto: las pateras no van a dejar de venir por muchos muros que construya Europa, por mucho que las derechas hablen de deportaciones masivas, por mucho que la normativa se endurezca. Por mucho que Sánchez busque acuerdos con los países de tránsito, que van a servir de poco o nada. Por mucho que Feijóo ejerza de Feijóo y se levante un día moderado y centrista, y por la tarde radicalice su discurso hasta el infinito y más allá.

Sostienen los politólogos que usar a los migrantes como arma política ha sido históricamente un éxito para los partidos que blanden esa arma: quizá eso explica esa inflexión en el relato migratorio del PP. Sostienen también que, a la larga, los países gobernados por esos partidos cosechan fracasos estrepitosos en esa palabra tan líquida que es la convivencia. Pero ay, “era mejor darse prisa, el Lisboa saldría dentro de poco y no había tiempo que perder, sostiene Pereira”.

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Pregunta. En ese libro usted discute la tesis del Espanya ens roba del independentismo: que Cataluña sufra enormes déficits fiscales. El pacto PSC-ERC va en esa línea, apunta a “una infrafinanciación sostenida en el tiempo”. ¿Está de acuerdo?

Respuesta. El pacto también dice que se impone a Cataluña una solidaridad excesiva que limita injustamente sus políticas públicas y su capacidad de crecimiento. Dicho de forma menos estridente, es la tesis del “expolio fiscal” que tanto pregonó Junqueras durante el procés y que yo he intentado contrarrestar.

P. ¿Ha muerto el procés tras los indultos, la amnistía y la investidura de Salvador Illa?

R. Esas medidas han tenido un efecto pacificador muy positivo en Cataluña. No creo que una parte importante de la sociedad catalana quiera volver a seguir a los flautistas de Hamelin que les aseguraron que la UE reconocería una independencia unilateral. Pero con ese acuerdo se asume post mortem el relato del procés y un cambio de paradigma en el sistema de financiación.

P. ¿Hay infrafinanciación?

R. Según la última liquidación, no la hay en relación a las demás autonomías. Cataluña recibe proporcionalmente a su población y aporta en función de su PIB. En los últimos 20 años ha estado en torno a la media; hoy está en el 101%. Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha están peor. Pero el sistema es mejorable, necesita una mejor nivelación.

P. Ese acuerdo con ERC ha hecho presidente a Illa, ha evitado repetir elecciones y obliga a Junts a cambiar de rumbo.

R. Sí, y de eso se trataba. Sobre el nuevo rumbo de Junts no tengo ni idea: me preocupa más el rumbo que Maduro impondrá a Venezuela si se niega a demostrar que ha ganado las elecciones y reprime a la oposición.

P. Sánchez e Illa argumentan que el acuerdo es un salto federal.

R. Es un salto hacia la soberanía fiscal de Cataluña. Seguimos haciendo cambios estructurales del modelo de Estado en función de las coyunturas electorales. Ha sido así con unos y con otros. Lo propio de los sistemas federales es tener impuestos federales. Como el IRPF en EE UU.

P. En Alemania hay una agencia tributaria en cada uno de los länder. Todas recaudan el 100% de los impuestos en sus territorios.

R. Sí. Pero no se quedan con la recaudación. La ingresan en la caja federal y desde ahí se redistribuye. Tanto en Europa como en EE UU el federalismo es un proceso de integración: federal implica reconocer lo diferente pero, sobre todo, reforzar lo común. No hay federación sin que el poder federal no sea el titular de una parte importante de los ingresos públicos.

P. Sus defensores dicen que el pacto tiene escapatorias. Una: no parece haber mayoría para reformar nada. Dos: la cuantía de la solidaridad la deciden PSC y PSOE.

R. Sobre las mayorías no tengo mucho que decir. Sobre el grado de solidaridad, el problema no es solo cuantitativo: es conceptual y operativo. Yo fui durante muchos años secretario de Estado de Hacienda y sé cuál es la importancia de tener la llave de la caja.

P. El PSOE no ha hecho pedagogía sobre ese cambio. ¿A qué atribuye la falta de explicaciones?

R. Que una comunidad con un 20% del PIB español entre en el sistema de concierto es un importante cambio estructural. Obviamente el nuevo sistema va a producir un resultado distinto, pero aún no es posible evaluar las consecuencias sobre la distribución de recursos entre Estado y autonomías. Dependerá de cuánto exija la Generalitat reducir su supuesto déficit fiscal y de cuántos recursos adicionales se pongan sobre la mesa para mejorar la financiación de las demás comunidades. Para mí este modelo es más confederal que federal.

P. Cataluña esquivó una bala evitando repetir elecciones. Francia y la UE esquivaron la bala de la ultraderecha. Putin tampoco ha ganado en Ucrania pese a los apocalípticos. ¿Hay demasiado glamour intelectual asociado al pesimismo? ¿Falta una bala por esquivar, la de Trump?

R. Yo no me considero ni optimista ni pesimista: soy un activista, procuro partir de un análisis objetivo de la realidad para proponer las mejores decisiones desde mis responsabilidades en Bruselas. Y sí, hemos esquivado unas cuantas balas, pero hay cambios profundos en la geopolítica mundial. Para afrontarlas es imprescindible más unidad europea.

P. Esa unidad existe sobre Rusia, pero es más difusa en Israel.

R. E incluso sobre Ucrania se está resquebrajando.

P. ¿Por Hungría?

R. Básicamente, pero no solo. Aun así, hemos ido subiendo peldaños en las ayudas a Kiev. Empezamos ofreciendo cascos y chalecos y ahora son cazas F-16. Cada vez que hemos aumentado la ayuda militar hemos valorado el riesgo de escalada: cuidado, a ver cómo se lo toma Rusia, a fin de cuentas estamos ante una potencia nuclear. Eso se ha traducido en demoras que cuestan vidas.

P. Kiev acaba de atacar territorio ruso. ¿Ese movimiento cambia la naturaleza del conflicto?

R. Es un golpe severo a la narrativa de Putin. La ofensiva ucrania en Kursk ha sido una sorpresa. Para todos. Han roto el frente por donde nadie lo esperaba; menos que nadie, los rusos. Kiev considera que estamos dispuestos a ayudarle a defenderse, pero no a atacar. Por eso lo han hecho por su cuenta.

P. ¿Lo hace Ucrania de cara a una futura negociación?

R. Hasta ahora la guerra es un fracaso militar de Rusia. Los planes de Putin eran que durara un par de semanas. He visto hileras de tanques rusos calcinados a ocho kilómetros de la Rada, el Parlamento en Kiev. Estuvieron a media hora de tomar la capital. Es como si en Madrid se hubieran quedado en el Puente de los Franceses. Pero fueron rechazados y ahora es Ucrania quien gana posiciones para negociar. Moscú y Kiev tienen un ojo en los mapas del frente y el otro en las elecciones de EE UU.

P. ¿Por qué la respuesta europea a Israel es más fragmentada?

R. Por razones históricas, asociadas al complejo de culpabilidad de varios países europeos, no solo Alemania, por el Holocausto. Para algunos Estados es tabú criticar y, más aún, tomar medidas contra Israel. Con excepciones: España, Irlanda, Bélgica o Eslovenia. Aun así, varios líderes europeos han dicho que hay demasiados muertos en Gaza. Israel quedó en estado de shock después de los ataques terroristas de Hamás, pero un horror no puede justificar otro horror. Y lo de Gaza es un horror que no se puede justificar por el derecho a la defensa.

P. La UE reclama que se respete el derecho internacional humanitario. ¿Es solo una posición retórica, sin consecuencias?

R. Varios socios han pedido que se analice el cumplimiento del Tratado de Asociación por parte de Israel. La presidenta de la Comisión dejó sin respuesta esa petición. Yo la llevé al Consejo de Exteriores, pero los Estados prefirieron mirar hacia otro lado. Con 40.000 muertos, algunos lo vuelven a pedir. Veremos.

P. ¿Cuál es el riesgo de una escalada regional?

R. Alto. Se han hecho esfuerzos diplomáticos para sentar a las partes a negociar y evitar una respuesta de Irán. Pero las declaraciones de algunos miembros del Gobierno de Netanyahu, el más derechista de la historia, en manos de extremistas ultraortodoxos, no ayudan.

P. ¿Qué se puede esperar de la demócrata Kamala Harris?

R. Mucho. Ha tomado posiciones más fuertes que Biden: también ha dicho que hay demasiados muertos en Gaza. La cuestión palestina tiene gran impacto entre los jóvenes demócratas. EE UU ha hecho presión diplomática sobre Israel, pero sigue suministrando armas. También en Europa va siendo hora de pasar de las palabras a los hechos. La respuesta europea ha sido tibia, a remolque de EE UU.

P. El Sahel parece otro escenario de guerra. ¿No está olvidando Europa una zona muy inestable?

R. Olvidarla no, pero hemos perdido pie en el Sahel. Los tuareg acaban de infligir una derrota a las milicias rusas en Malí; esa zona es un avispero. Si incluimos Sudán, Etiopía y la permeabilidad del terrorismo hacia el Golfo de Guinea, hay una franja de inestabilidad desde el Atlántico al Mar Rojo. Eso impacta sobre los movimientos migratorios. Regular la migración es un desafío: hay que actuar sobre sus causas profundas, pero nuestro invierno demográfico no nos permite prescindir de ella.

P. ¿No se hizo para eso el pacto migratorio?

R. Me temo que el pacto tiene la virtud de existir; no proporciona las respuestas adecuadas.

P. ¿Cómo han terminado los coqueteos de Von der Leyen con ultras como Meloni? ¿Hay ultraderecha buena y mala?

R. Los tuvo antes de las elecciones. La diferencia no es entre buenos y malos sino entre los que se sientan o no en el Consejo Europeo: Meloni se sienta; Le Pen, no. Pero como primera ministra, Meloni ha tenido una actitud constructiva en los debates en las instituciones europeas, con un claro apoyo a Ucrania.

P. Citaba antes el caso venezolano. ¿Ve ahí una negociación?

R. Seguimos pidiendo que Maduro presente las actas electorales que prueben los resultados. Es el Consejo Nacional Electoral quien debe hacerlo. Pero ya empieza a ser tarde para eso, la represión se acentúa. Algunos países latinoamericanos han intentado mediar. Hablan de repetir elecciones. También en este tema tenemos algún problema de unidad en la UE.

P. Esa falta de unidad se da incluso entre los partidos españoles. E incluso entre expresidentes socialistas.

R. En la Eurocámara he visto y sufrido cómo Venezuela parece una cuestión de política interior española. El Gobierno español ha sido firme en la exigencia de verificación del resultado electoral.

P. Zapatero no ha dicho una sola palabra.

R. Fue invitado por Maduro a observar el proceso electoral. Habría que preguntárselo a él.

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Ese pacto, en fin, es ambiguo. Como todos los pactos que se firman entre dos partes que están muy alejadas. Tiene un par de escapatorias –no hay mayorías para sacarlo adelante, y la solidaridad tiene que pactarse entre los socialistas catalanes y los socialistas españoles— y todo hace pensar que difícilmente se va a aplicar: es un acuerdo pensado, lisa y llanamente, para investir a Illa. Esquerra obtiene un dividendo jugoso en términos de relato, y se saca de encima definitivamente a Junts. El PSC accede al poder después de muchos años, y abrocha ese sintagma tan cascabelero de “fin del procés”. ¿Qué sacan el PSOE y La Moncloa? Esa respuesta fue desde el principio más difusa. Algunas voces hablan simple y llanamente de una posible triquiñuela consentida por Esquerra, a través de la ambigüedad y las escapatorias citadas más arriba. Los más locuaces apuntan a que Sánchez suele disparar primero y preguntar después: puede decir que ha pacificado Cataluña, y que ha hecho president a Illa, y si luego resulta difícil sacar rentabilidad política de ese acuerdo —si es que el acuerdo llega a aplicarse—, ya se verá. Hasta ayer estaba claro que los socialistas catalanes estaban relativamente tranquilos con ese pacto, y que del Ebro para abajo había mucha más preocupación. Nadie ha entendido cómo durante semanas se le ha dado todo el espacio a Esquerra para fijar la narrativa del concierto (más allá del hecho de que de ERC dependía la presidencia de Illa). Nadie termina de entender cuál es el plan maestro de Sánchez para el sistema de financiación de las autonomías, que es otra manera de hablar de la reforma del modelo de Estado.

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, alto cargo del PSOE y máxima responsable de esa reforma de un modelo de financiación que lleva años caducado, apareció este miércoles desde Rota para decir que todo es mentira. No hay concierto, y el que diga lo contrario, miente. “No es un concierto económico, ni una reforma al uso del sistema de financiación”, “y el que diga lo contrario miente”. ¿Qué es, entonces? Un esplendoroso ni fu ni fa. Después de casi un mes de silencio, es llamativo que ahora Montero salga a desmentir a Esquerra con esa contundencia.

Hace justo 20 años, el periodista Ron Suskind acuñó el término “comunidad basada en la realidad” para calificar las industrias y andanzas del Gobierno de George W. Bush en Irak. “Un asesor [de Bush] me dijo que tipos como yo estaban en lo que llamamos la comunidad basada en la realidad, que él definió como la gente que cree que las soluciones proceden del estudio racional de la realidad. Asentí y murmuré algo sobre los principios de la ilustración y el empirismo. Me cortó: así ya no funciona el mundo, me dijo. Ahora somos un imperio y cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad. Y mientras vosotros estudiáis esa realidad, nosotros actuamos de nuevo creando otras realidades, que también podéis estudiar, y así es como son las cosas”. Eduardo Mendoza lo dijo una vez aún más claro: “La vida [léase la política en este caso] es así, como el fútbol: unos cuantos juegan y el resto lo comenta”. ERC y los socialistas firmaron un pacto con ambigüedades y escapatorias hace unas semanas, probablemente inaplicable, y Montero lo reinterpretó ayer para calmar a la familia socialista. Sigue sin conocerse el plan maestro del PSOE sobre el modelo territorial, si es que lo hay. Quienes pensaban que el pacto entre PSC y ERC era una suerte de indicador adelantado, tras el desmentido de Montero deberían releer a Suskind y su comunidad basada en realidad. Illa es ya president y la inestable alianza entre socialistas y Esquerra sigue ahí, a pesar de las amenazas de los independentistas; esos eran los dos objetivos. Para todo lo demás hay que acordarse de un refrán caribeño, “lo más seguro es que quién sabe”.

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La performance de Puigdemont en Barcelona fue impactante, pero sus consecuencias políticas tienden a cero. El PSC vuelve al Pati dels Tarongers 14 años después; Puigdemont no consiguió cambiar el voto de Esquerra y los socialistas catalanes tienen hoy más poder que con Maragall, aunque con mayorías filiformes y precarias. La vertiente institucional del procés está finiquitada. Una vez alcanzado el poder, a Illa le queda lo más difícil: gobernar con un equilibrio inestable (con ERC y los comunes) sin romper otro equilibrio inestable en Madrid. Pero el cambio de mayorías se consuma; viene una legislatura de catalanismo de izquierdas, y queda atrás la unilateralidad independentista de los últimos tiempos. El eje ideológico sustituye al eje nacionalista.

2. “Hacer historia”

Puigdemont, según los suyos, vuelve a hacer historia; el populismo consiste sobre todo en no limitarse a hacer política y pretender hacer historia. El expresidente huido, otra vez fugado, de nuevo prófugo, deja en evidencia a los Mossos. Fractura aún más al independentismo. Abre una etapa vacía de poder y repleta de incógnitas en Junts, con un alma que quiere reverdecer el pujolismo —esperemos que sin la corrupción rampante de aquella época— aunque lo viejo no termine de morir, ni lo nuevo de nacer. ¿Agranda su leyenda? Solo para sus fans: causa una fatiga bien visible en el resto. El aura mesiánica de Puigdemont queda muy tocada con esa incursión esperpéntica, con ese discurso a la carrera y el estilo estridente propio de una forma de hacer política que quedó atrás con los resultados de las pasadas elecciones catalanas. “Reconozcamos que Cataluña tiene una virtud imponderable: la de convertir a sus revolucionarios en puros símbolos, ya que no puede hacer de ellos perfectos estadistas”, escribió Chaves Nogales en los años treinta. Y no, Cataluña no ha sido capaz de hacer de Puigdemont un estadista, pero tampoco un símbolo, si descontamos a sus fervientes admiradores, que por lo visto en los alrededores de la Ciutadella son cada vez menos numerosos. “Si no bailo, me muero”, decía la gran Carmen Amaya. Es curioso porque a Puigdemont parece pasarle poco más o menos lo mismo.

3. Explicaciones

A Illa le toca apaciguar Cataluña y ponerse a gobernar tras unos años de empacho ideológico independentista. A Pedro Sánchez, dar explicaciones y evitar que Cataluña deshaga la inestable mayoría en el Congreso: por lo pronto, para aprobar los Presupuestos necesita a Junts. A los indultos les siguió la amnistía, y a la amnistía la financiación singular: esos tres hitos se han activado sin explicaciones por parte de los socialistas, tras cambios de posición también inexplicados que han dejado heridas entre las baronías. El PSOE las retrasó hasta el pacto con ERC, y después hasta la investidura de Illa: es hora de darlas. Lo esencial de las políticas es que sean efectivas, pero si de veras ha llegado para quedarse la normalización en Cataluña, toca también evitar que la política española se embarre aún más. En los discursos de Sánchez e Illa se han cruzado últimamente dos términos espesos: “plurinacionalidad” y “federalismo”; la derecha, e incluso parte de la izquierda, traduce ese pacto ERC-PSC por “confederalismo”. Pero son palabras de charol, cascarones vacíos sin las debidas explicaciones por parte del PSOE.

4. Modelo territorial

El modelo territorial es el gran acertijo de la política española: la Transición consiguió resolverlo durante unas décadas, pero llega el momento de buscar una nueva fórmula de conllevancia, esa forma tan española de la patada hacia adelante, que parece lo máximo a lo que se puede aspirar en un asunto tan espinoso. En virtud del pacto con ERC para investir a Illa tenemos una “financiación singular” para Cataluña que tan solo ha sido esbozada. Con solo asomar la cabeza, ese asunto ha provocado una indignación generalizada con los privilegios fiscales que podría tener Cataluña (a pesar del ruido, una de las comunidades que más aporta a la solidaridad interterritorial a día de hoy al ser una de las más ricas). ¿Ha timado el PSC a ERC y no habrá salida del régimen común porque no hay mayoría para una reforma del modelo de financiación? ¿Puede provocar ese pacto un terremoto a la izquierda del PSOE, y con ello provocar una fuerte erosión del Gobierno de coalición? ¿Hay en marcha una nueva movilización de la derecha en torno a un nuevo agravio nacional que impediría pactos transversales en la financiación, que es casi como decir en el modelo territorial? De momento no hay respuesta clara a esas preguntas, por muchas esdrújulas finiseculares que aparezcan en algunos titulares prematuros.

5. Coda: qué Illa veremos.

“Illa se define como un catalanista no independentista, y ha sido mucho más claro que otros socialistas catalanes durante todo el procés; la cuestión es si será capaz de convertir esas señas de identidad en un discurso político compacto dentro de un partido con tantas dobleces”, decía Javier Cercas en enero de 2021, cuando Illa dejó el Ministerio de Sanidad para liderar el PSC. ¿Qué Illa vamos a ver en Palau? ¿Y qué Sánchez en La Moncloa? De las respuestas a esas preguntas depende, en parte, la forma de moldear el federalismo y la plurinacionalidad del párrafo anterior. Bastaría —es un decir— con delimitar claramente las competencias de los distintos niveles de Estado. Y con armarse con un puñado de reglas bien definidas, y con un sistema engrasado de resolución de conflictos. Habría que reformar el Senado. Y ya, de paso, intentar pasar de país radial a país en red. Sería esencial conseguir eso tan europeo de la “lealtad institucional”, que se declina tan mal en España. Como guinda, no estaría mal dejar de poner a Cataluña en la diana, aunque a menudo sea la propia Cataluña quien se coloca la manzana en la cabeza. “El separatismo”, concluía Chaves Nogales hace 80 años, “es una rara sustancia que se utiliza en los laboratorios políticos de Madrid como reactivo del patriotismo, y en los de Cataluña como aglutinante de las clases conservadoras”. Eso es disparar dos flechas a esa manzana en una sola frase y dar las dos veces en el mismísimo blanco.

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No, no habrá Apocalipsis. Aquel “el que pueda hacer, que haga” ha desatado el ruido y la furia en la política —y en la judicatura— nacional, pero parece que la legislatura se le va a hacer larga al autor de esa frase, José María Aznar, que en una vida anterior también fue casi confederal: subió al 30% el IRPF transferido a las autonomías, dio las competencias de tráfico a los Mossos y prorrogó indefinidamente el concierto vasco. Entonces no se rompió España. Ahora tampoco tiene pinta, pese a que la derecha practica el liberalismo como si fuera una mezcla de yudo y karate. Pese a un presidente cortoplacista que demasiado a menudo rehúye las explicaciones. Y pese a que España es incapaz de resolver el acertijo del modelo territorial: ese es el gran desafío político de este país.

Se avecina un cambio de ciclo en Cataluña, con el primer presidente no independentista en mucho tiempo. Salvador Illa, con esas gafas de pasta que parecen un antifaz y una mandíbula de acero que le permitió capear la covid como ministro de Sanidad y domar al independentismo como líder del PSC, será el nuevo president (siempre que no le alcance alguna bala perdida). Acaba aquí la política de bloques que ha paralizado Cataluña durante una década; es el punto final de la unilateralidad. Y a la vez, justo ahora empieza lo más difícil para Illa, que tiene que acertar con el Gobierno y con las políticas, tras unos años de empacho de ideología y mala o nula gestión.

El presidente Sánchez, propenso al regate corto y al resultadismo, tiene a media docena de barones socialistas en pie de guerra por el pacto con ERC, pero una vez más sobrevive al fuego cruzado y sigue viviendo en esa metáfora de los que son capaces de tirarse por la ventana y caer de pie. A Illa, en fin, le toca conseguir que el seny consiga empatar con la rauxa después de una década muy loca; a Sánchez, contarnos si de veras tiene un plan, un modelo de Estado que vaya más allá de las medidas (la amnistía, el concierto catalán) destinadas a proporcionarle investiduras. Y demostrar que la reconciliación de Cataluña no va a ser a costa de dividir España. “Lo más sospechoso de las soluciones es que se las encuentra siempre que se quiere”, escribió Sánchez Ferlosio. En Madrid, y en Barcelona, es hora de encontrar soluciones. Hagámosle caso a Ferlosio.

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Europa se derechiza

El viraje hacia la derecha es algo más fuerte de lo esperado; el centro aguanta a duras penas, pero aguanta. El PP europeo gana las elecciones y puede sostener la gran coalición (que suma más de 400 diputados, por encima de los 361 imprescindibles en una cámara con 720 escaños), pero hay también números para cocinar una alianza de las derechas, después de los guiños indisimulados de Ursula von der Leyen a la italiana Giorgia Meloni.

Más paradojas: los manuales de politología dicen a las claras que las grandes coaliciones no terminan de funcionar en ninguna parte, porque las democracias liberales necesitan oposiciones fuertes; de lo contrario, los extremos acaban creciendo. Y los extremos ya han crecido mucho en Europa: la ultraderecha figura ya en el Gobierno de ocho países, y puede acabar formando un único grupo que sería el tercero más numeroso del Parlamento Europeo.

El populismo nacionalista es un fenómeno relativamente nuevo, pero a la vez muy antiguo; solo una cosa es segura con estos partidos: son corrosivos, divisivos por naturaleza. Ojo con ellos: los resultados electorales son muy ambiguos, y la lectura que sostiene que el centro ha aguantado la marea ultra peca de optimista. En los países nórdicos los ultras van a la baja; en la península ibérica están muy por debajo del peso medio. Pero han percutido como una tuneladora en el centro de Europa. Y no digamos en los grandes países del club. El posfascismo es la primera fuerza en Francia. La primera fuerza en Italia. Y la segunda en Alemania. La opción de una coalición de derechas —centroderecha más extremadrecha, lo que supondría una sacudida de primera magnitud— está sobre la mesa.

Macron se la juega

“Macron se ha hecho un Sánchez”, decía en la noche del domingo una fuente europea con cierta retranca. Le Pen ha barrido en Francia con el 33% de los votos, casi 20 puntos más que el partido del presidente francés, y la respuesta de Macron ha sido apretar el botón nuclear, con la convocatoria de elecciones legislativas. Esa es una apuesta de alto riesgo que no siempre sale bien: a Sánchez le funcionó en junio, pero Aragonès fracasó estrepitosamente en Cataluña semanas después. Macron pretende movilizar al centro, pero su discurso ha perdido brillo; es un pato cojo en París y en Bruselas. Puede verse abocado a una cohabitación con la extrema derecha de final incierto. Francia es un país muy, muy polarizado, y Macron ha visto mellado su liderazgo justo cuando más se necesitan los líderes en Europa: el eje francoalemán está en horas bajas.

Scholz, el enfermo de Europa

Alemania atraviesa una crisis oceánica, con un cambio de modelo económico después de haber subcontratado la seguridad a Estados Unidos, la energía a Rusia y su posición comercial a China. La coalición de Gobierno flaquea, con luchas intestinas y un resultado muy pobre, por debajo del 30% en las europeas sumando socialdemocracia, liberales y verdes. Macron es ya un pato cojo, pero Scholz cojea también: su liderazgo es muy discutido y el centroderecha amaga ya con una cuestión de confianza. La CDU domina en el Oeste, y la extrema derecha en el Este; los partidos que apoyan a Putin rondan el 25% de los sufragios.

En medio de continuas trifulcas por la política económica, por la fiscal y por prácticamente cualquier asunto que se pone encima de la mesa, el resultado de las europeas parece un clavo más en el ataúd de Scholz y su coalición. Malas noticias para Von der Leyen: una regla no escrita en Bruselas dice que cuando un país está en crisis, los candidatos de ese país tienen más dificultades, aunque quizá con los alemanes esa regla sea menos firme. Los grandes puestos de la UE se decidirán el 27 de junio: más malas noticias para Von der Leyen, porque con las legislativas francesas en su primera vuelta prácticamente ningún partido centrista francés puede tener incentivos para apoyarla. Eso la echaría en brazos de Meloni: el terremoto, en ese caso, está asegurado.

Meloni, la gran deseada

Meloni es la ultraderecha presentable en Europa, a juzgar por los guiños de Von der Leyen en la campaña, y eso a pesar de las políticas que ha aplicado en casa, desde la migratoria a las de género y familia. No sale mal parada de su primer examen, aunque los resultados italianos son extremadamente borrosos. Meloni y sus Hermanos de Italia se afianzan con casi un 30% de los votos, pero la derechización de sus socios de la Liga no ha salido bien: Salvini está en una posición muy delicada. Para el Gobierno italiano, además, lo difícil empieza ahora. Tiene que lidiar con un déficit público muy abultado y eso le obligará a aprobar recortes si no quiere que Bruselas se ponga un punto nervioso y el mercado levante las orejas con la tristemente famosa prima de riesgo.

Hay una extrema derecha que se siente a gusto con la motosierra de los ajustes draconianos. Meloni no es ese tipo de ultraderecha. Una cosa es segura: gana peso en Bruselas. Puede decantar la balanza a favor de Von der Leyen, y puede acabar optando por capitanear un solo grupo de ultras poderoso y peligroso a partes iguales. Tiene buenas cartas en la mano, y ha demostrado que sabe jugarlas. De momento; en política siempre es de momento.

España y las contradicciones

Los resultados de las europeas están preñados de contradicciones; suelen decir que las contradicciones son interesantes, pero a lo mejor en exceso pueden acabar siendo estomagantes. En un contexto de ruido y de barro, y tratando de generar un estado de excepcionalidad permanente, el PP gana las elecciones con cuatro puntos y 700.000 votos de ventaja sobre el PSOE, pero eso se traduce en solo dos diputados más que los socialistas. Dos escaños: es la segunda victoria amarga de Feijóo después de la del 23J; esta puede que incluso un poco más amarga, a pesar del discurso triunfalista del domingo.

La retórica de la excepcionalidad y de la urgencia de Feijóo no termina de funcionar. Sánchez sale con bastantes plumas del superciclo electoral de los últimos tiempos —y muy reforzado en Cataluña—, y las apuestas por una legislatura larga suben. Feijóo va aguantar, pero el PP no ha barrido, ni mucho menos, a un PSOE que se agarra al 30% del voto después de cinco tortuosos años en el poder (y media docena de elecciones en unos meses). La ultraderecha sube también —y el fenómeno Alvise irrumpe con fuerza— pero se queda por debajo del 15% de los votos, muy por debajo de la media europea.

La única verdadera novedad del superciclo electoral que acaba de quedar atrás es el pinchazo del independentismo en Cataluña: buenas noticias para Sánchez. La otra conclusión es que para el PP ha habido mucho más ruido que nueces. Y, aun así, el presidente del Gobierno no las tiene todas consigo. El giro a la derecha se evidencia en estas elecciones. Salvo por Cataluña y algún enclave más, el mapa azulea clarísimamente. El PSOE tiene dificultades en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Andalucía: en tres de los cuatro grandes graneros de votos de ese perro verde que es España. Sánchez sigue ahí a pesar de las continuas maniobras de desestabilización, pero su situación es precaria: un equilibrio inestable. A esto se añaden las dificultades que atraviesa el espacio a la izquierda del PSOE, evidenciadas este lunes con la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora de Sumar. El enfrentamiento a cara de perro de este partido con sus antiguos compañeros de Podemos augura un periodo de inestabilidad en el flanco izquierdo de la política española.

Y una paradoja más para terminar: a pesar de la inestabilidad, el desplome de los socialdemócratas alemanes deja como el líder indiscutible del centroizquierda europeo a un presidente del Gobierno que ha demostrado una querencia natural por la política internacional en general y la europea en particular. Después de su fracaso en las elecciones de mayo, después de la erosión que ha provocado la amnistía entre sus propias huestes, después de su controvertida posición sobre Israel, después de sus polémicas con Milei, y sobre todo después de la desestabilización de la vida institucional de los últimos tiempos, con un ruido insoportable que va de la policía al poder judicial y viceversa, no parece poco bagaje para alargar la legislatura más de lo que se las prometían algunos.

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La marea ultra va a subir, eso es seguro. En torno al 20% de los europeos vota a partidos nacionalpopulistas, de extrema derecha o como quiera llamarse a ese estremecimiento sombrío que va extendiéndose por Occidente; desde la noche de este domingo serán un 25% si aciertan los sondeos. Al principio fueron una anécdota, después adquirieron carta de naturaleza en las urnas y ahora amenazan con asentarse en el poder. Ya están en ocho gobiernos. El 9-J mide la altura de esa ola, que ha metido la política global en una catarata sentimental al son de los Trump, Milei, Modi, Orbán y tantos otros.

El Partido Popular Europeo (PPE), capitaneado por la alemana Ursula von der Leyen, ha lanzado guiños indisimulados a Meloni, exadmiradora de Mussolini, con esa lengua infestada de clichés tan propia de los ultras en política interior (migración, cristiandad, familia, falta de pluralidad informativa, esas cosas), pero con una hoja de servicios intachable en Bruselas: apoya a Ucrania, y para el PPE con eso prácticamente basta. Von der Leyen ha protagonizado una legislatura razonablemente buena. Gestionó bien la pandemia, aprobó los fondos Next Generation y ha conseguido mantener la unidad con Ucrania, pero en su debe figuran sus titubeos con el pacto verde y, sobre todo, una posición germano-alemana con Israel. Pero eso es el pasado: la jefa de la Comisión se enfrenta a partir de esta noche a una decisión hamletiana, un ser o no ser que consiste en dejarse seducir por el canto de las sirenas ultras o atarse al mástil de la gran coalición.

Las fuentes consultadas aseguran que ese flirteo con Meloni se ha enfriado. “Vamos a ver una derecha caleidoscópica, una derecha líquida, y Von der Leyen va a esquivar con todas sus fuerzas las etiquetas tóxicas. Buscará votos donde los necesite para retener el poder. Puede optar por seguir con la gran coalición e incorporar a los verdes, y acudir a los ultras de forma puntual”, asegura un alto cargo de su equipo. Esa receta se parece a la del dry martini —agitado, no mezclado—, aunque los ingredientes del cóctel dependerán de la aritmética parlamentaria. “Puede que haya voto oculto para los ultras”, vaticina la misma fuente, que espera réplicas de inestabilidad política en varios países, entre ellos la Francia de Emmanuel Macron y la Alemania de Olaf Scholz.

Derecha líquida: Zygmunt Bauman acabó con todo lo que era sólido, y además dejó una definición espléndida de la UE, “un lugar de aventura”, un nido de aspirantes involuntarios a Ícaro. Pese a esas definiciones correosas de la burbuja bruselense, la pregunta sigue siendo si la aventura incluye a los extremistas: eso sería como presenciar en directo una sacudida en un club que se ideó para dejar fuera de juego a la ultraderecha. “Las democracias se meten en líos cuando los partidos convencionales toleran a los extremos”, resume un eurofuncionario. “La UE se juega su credibilidad: si después de tanto hablar de valores los ultras dinamitan las principales agendas, mal vamos”, añade. En ese escenario, Von der Leyen retrasaría la agenda climática (atrás queda aquella frase redonda, “voy a hacer de la agenda verde la estrategia de crecimiento de Europa”), endurecería la política migratoria y daría una vuelta de tuerca a la política económica, sin llegar al sindiós de la austeridad de 2010.

La economía tiene su capítulo en esta historia. Todas las grandes crisis económicas —y ha habido dos crisis mayores en 15 años, lo nunca visto— acaban dejando cicatrices políticas. Tras la Gran Depresión, el miedo de las clases medias a empobrecerse las echó en manos del fascismo. Tras el 11-S y Lehman asomaron los populismos. El recuerdo del horror colocaba siempre cordones sanitarios sobre el populismo: allá por 1989, un joven Jörg Haider pisaba fuerte en Austria con mensajes neonazis (“el Tercer Reich llevó a cabo una eficaz política de empleo que Viena es incapaz de aplicar”), pero la reacción en Bruselas fue tan furibunda que acabó destruyendo el huevo de la serpiente. Las cosas han cambiado: casi nadie protestó cuando Alberto Núñez Feijóo pactó con Vox en media docena de autonomías. Ese es el modelo por el que suspira una parte del PPE. Y que aplican ya no pocos países.

El coqueteo de la derecha con los ultras asomó precisamente por el flanco económico. La contrarrevolución neoconservadora de Ronald Reagan y Margaret Thatcher derivó en años de desregulación y todo tipo de excesos; eso propició una propensión a las burbujas que explotó con la Gran Recesión y su correlato europeo, la crisis del euro. La Gran Crisis puede leerse como un fracaso monumental de esas ideas. Y aun así, tras una primera respuesta keynesiana, Europa aplicó recetas neocon para arreglarlo: las políticas de austeridad, que ahora ensaya Javier Milei, fueron un fiasco colosal. Ese empacho de recortes ha sido juzgado como “uno de los mayores errores de política económica de todos los tiempos” por el economista Jean Pisani-Ferry, exasesor de Macron. Ese fue el despertar de los demonios: la internacional ultra vio que difícilmente podría imponer sus ideas económicas, pero empezó a percutir con fuerza en el resto de la agenda. En migración, en cambio climático, en políticas de género. Dio todas las batallas culturales contra lo woke. Armó ruido. Supo abrirse hueco: Europa es el continente de la Ilustración, pero también del Romanticismo y sus apestosas nostalgias; es el lugar donde el jardín de Goethe colinda con el campo de concentración de Buchenwald. “La unidad y la diversidad son el yin y el yang de la UE, su tesis y antítesis en busca de una síntesis esquiva”, afirma el historiador Timothy Garton Ash para explicar esa paradoja. Entre un 10% y un 30% de los europeos se sienten apelados por los mensajes xenófobos y el oleaje moral del discurso ultra: odios étnicos, regreso al Estado-nación y un credo que se resume, con ligeras variaciones, en el “trabajo, familia y patria” de Pétain.

“El peligro es el repliegue del proyecto europeo”, resume el economista Charles Wyplosz. La UE parece una fortaleza bajo asedio, no ha sido eficaz con su Estado del bienestar ni funciona con la ecuación seguridad-defensa en un mundo marcado por una coyuntura geoestratégica inflamable: dos guerras, la amenaza de Donald Trump y la lucha entre EE UU y China. Los ultras van al alza en parte por razones socioeconómicas. Y en parte porque la narrativa de los partidos centrales carece de épica, palidece ante el relato poderoso del populismo, que sabe envasar miedo, incertidumbre y desconfianza en mensajes rotundos, simples, cascabeleros. Y tramposos, falaces, arteros. “Más muros y menos moros”, dice uno de sus lemas, aunque Meloni, con toda su mano dura, ha sido incapaz de rebajar las cifras de entrada de migrantes.

Ese debate sobre las derechas soterra otros asuntos esenciales para el futuro del continente. La velocidad con la que encaramos los riesgos climáticos. El estancamiento secular, con una eurozona de nuevo anémica. La pérdida de población, que convive con unas políticas de migración que no terminan de rimar con los valores europeos. La revolución tecnológica. El papel de Europa en esa pugna EE UU-China. La ampliación de la UE. La política de defensa, llamada a ser el próximo salto cuántico del europeísmo en un continente que, bajo el influjo de Alemania, subcontrató su defensa a EE UU, su energía a Rusia y su política comercial a la relación con China. Anne Applebaum, una de las analistas más sagaces sobre el populismo, es crítica con esa obsesión, que nubla la mirada europea: “Europa encara varias crisis existenciales ―cambio climático, migración, guerra— y pierde peso con China y EE UU. No es el momento para desperdiciar votos en protestas frívolas o en partidos que no tienen soluciones para esos problemas”, subraya. Cas Mudde, politólogo neerlandés, augura la subida de la extrema derecha, pero a la vez señala una tendencia que puede difuminar ese espacio: “Espero una ultraderecha dividida. No es probable que se fusione en un solo grupo, al menos este año. Tal vez más adelante, cuando Meloni crea que eso le da más poder que acercarse al PPE”.

Además, “Macron, Scholz y Sánchez no van a apoyar nada que esté pactado con Meloni”, vaticina Luuk Van Middelaar. Gran conocedor de la UE, Van Middelaar dice que el relato que aflora en estas elecciones es fruto de una avería óptica estrepitosa. La crisis financiera desató el temor a que los hijos de esta generación vivan peor que sus padres. La crisis de refugiados desencadenó el miedo a los migrantes, las teorías conspiranoides como el Gran Reemplazo, la ansiedad por la pérdida de las identidades nacionales. La crisis medioambiental ha expuesto el lado oscuro de la globalización, con países que compiten sin cumplir las reglas. La revolución tecnológica constata que Europa no está a la altura: la inversión digital y las patentes en alta tecnología están lejos de las cifras norteamericanas y chinas. El Brexit demuestra que el camino hacia la integración es reversible. La pandemia nos hizo mirar a los países autoritarios, que parecían estar gestionándola mejor, algo que no era cierto. Ucrania acabó con el ensalmo de que no puede haber guerras en suelo europeo. Y la invasión de Gaza dejó claro que la UE pinta poco en la escena internacional, y que los tabúes alemanes siguen atenazando a Europa.

La ciudadanía penaliza la falta de eficacia de la Unión y premia la retórica hostil de la ultraderecha, que conecta con el monumental cabreo de los europeos ante esa retahíla de crisis. Al cabo, “ninguna de esas crisis se ha resuelto completamente”, según el pensador Ivan Krastev.

La historia es la suma de todo lo que pudo evitarse, y tampoco los historiadores son benévolos con el relato dominante. “El foco obsesivo y corto de miras en los ultras revela la timidez provinciana y la falta de imaginación de la cultura política europea, además del fracaso de la UE para salir con todas las plumas de dos guerras probablemente irresolubles, un cambio climático potencialmente catastrófico, la presión migratoria y el posible final de la OTAN dependiendo de Trump”, explica el historiador Harold James. Charles Kupchan, exasesor de Barack Obama, remacha ese mismo clavo: “Las mayores amenazas para Occidente proceden del iliberalismo, la polarización, la erosión democrática. Las democracias a ambos lados del Atlántico están enfermas, aunque en Washington los extremismos han llegado más lejos. Los partidos de centro están desdibujados: lo más urgente es reparar esas vías de agua en casa ante los desafíos externos”.

Las consecuencias del 9-J irán hoy más allá de Europa. Siempre es así: mirando hacia atrás, puede que los comicios en la India, con un revés para el populista Narendra Modi, sean un punto de inflexión en la historia política reciente (zeitenwende, los alemanes siempre tienen a mano una palabra impronunciable y sintética), y mirando hacia delante las elecciones norteamericanas serán un parteaguas. La interpretación del resultado electoral suele hacerse bajo dos signos encontrados, el del pesimismo y el del optimismo. Cuesta encontrar voces optimistas con Europa: el fatalismo se extiende y no faltan quienes ven en las fisuras del orden liberal similitudes con las de hace un siglo. El politólogo conservador Robert Kagan escribe en su último libro que el desempeño de las derechas occidentales recuerda al de los años treinta; no dejamos de hablar de nacionalpopulismo, y ese vocabulario es una máquina del tiempo. Con todo, frente a un Apocalipsis que casi siempre defrauda a sus profetas, la Unión ha demostrado una resiliencia sorprendente. Parte de lo que significa ser europeo consiste en sentirse permanentemente defraudado con Europa: se puede pensar que esta es la peor de las Europas posibles, a excepción de todas las demás que se han ensayado. Y la caída empezó en un lugar alto: los logros europeos de posguerra siguen ahí.

Ir, ver y contar: en el barrio europeo de Bruselas, “esa fortaleza lúgubre rodeada de tugurios” que describió Michel Houellebecq, se nota cierta tensión. Alguna fuente cita a Orwell (“el nuevo fascismo vendrá camuflado en la bandera de la libertad”), y alguna otra se refugia en el cine: en Lawrence de Arabia, los protagonistas cruzan el desierto bajo un sol abrasador y capeando tormentas de arena; completamente exhausto, uno de los soldados árabes cae de su camello. “Le ha llegado su hora, está escrito”, dice el caudillo de ese grupo. “Nada está escrito”, responde Lawrence de Arabia. Nada está escrito: menos aún cuando se dispone a votar un continente con 450 millones de ciudadanos, en 27 países, con una renta per cápita de 30.000 euros y con uno de los mejores niveles de vida del mundo. A pesar de los pesares.

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Pero el problema va mucho más allá de Eslovaquia y del este europeo. La lista de sucesos extraordinarios que se han producido en la última década es asombrosa: hay varios partidos de ultraderecha mandando en la UE, el Reino Unido está fuera del club, Hungría protagoniza una involución autoritaria y en la mayor parte de los países se mezcla una fuerte polarización política y una alta volatilidad electoral. A ese cóctel solo le faltaban unas gotas de angostura: la violencia ha irrumpido en la política continental, y eso hace que vaya a ser aún más difícil hablar de los grandes retos a medio y largo plazo. Al eurodiputado socialdemócrata alemán Matthias Ecke le partieron literalmente la cara cuando pegaba carteles electorales en su ciudad, Dresde. No es un caso aislado, venía precedido de la agresión a un diputado ecologista también alemán, Kai Gehring, del atentado que sufrió el ultra español Alejo Vidal-Quadras, de un sinfín de noticias preocupantes aquí y allá, desde actos violentos de la extrema derecha en Estocolmo a la quema de carteles electorales en la casa de un concejal socialista belga. Ese crescendo sigue imparable: el ataque al ultra eslovaco Robert Fico —por parte de un escritor de 71 años— eleva el listón casi a las nubes. Fico es uno de los primeros ministros de la UE que ha protagonizado más de seis décadas de paz y que ahora tiene una guerra en el vecindario (Ucrania), otra muy cerca (Gaza) y el huevo de la serpiente, de la violencia, incubándose en su interior. Lo de menos en este caso es que Fico sea, junto al húngaro Viktor Orbán, uno de los líderes más incómodos de Europa porque rompe el consenso del apoyo a Ucrania. Con Ucrania, de pronto volvió la guerra. Ahora, de pronto vuelve la violencia.

Esta es la peor UE posible, a excepción de todas las otras Europas que se han ensayado: todas ellas eran muy, muy violentas. La UE se juega en junio su competitividad, su capacidad para competir con Estados Unidos y China, la posibilidad de volver a ser un actor en política exterior a la altura de su leyenda. Y, desde ahora, la tranquilidad de los últimos 60 años. Stefan Zweig escribe en su autobiografía, El mundo de ayer: “Europa era mi patria propiamente dicha, la que había elegido mi corazón”, justo antes de meterse en una guerra mundial. Zweig propuso un subtítulo chocante para ese libro monumental: “Los años irrecuperables”. Y fue la violencia lo que los hizo irrecuperables. El historiador Timothy Garton Ash suele decir que lo que menos necesita esta Europa en estado de transición permanente, vacilante y lastrada por el descontento, es “la resignación zweigiana”. Pero lo que seguro que no necesita es la semilla de la violencia; menos aún en política, que solía ser la forma en que una sociedad se ocupa de la incertidumbre. Una incertidumbre que hasta ahora era pacífica: ojo con eso, porque la esencia de la infelicidad es desear lo que ya tenemos y aún no hemos perdido.

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Pensaba en esa historia tras la pájara de Pedro Sánchez, esos cinco días de ejercicios espirituales rematados en un vaporoso discurso en el que apenas dijo que no dimitía y aludió a la “regeneración”, concepto de tintes noventayochistas. El presidente ha hecho del vértigo una forma de vida, pero aquí le fallan las formas. Yerra en el estilo, con un hiperliderazgo que apela a la ciudadanía sin la intermediación de las instituciones. Deja la sensación de estar en completa soledad. No hay ritmo, no hay tono: se le ha visto desgastado. No hay vértigo: no sale de este capítulo con todas las plumas, ni internamente ni en su imagen internacional.

Y aun así, Sánchez aborda un debate fundamental, sobre la calidad de la democracia. Eisenhower advertía de los riesgos del complejo militar-industrial para la democracia; el equivalente actual es ese complejo político-mediático que nos deja un rumbo de horizontes enfermos, con los grandes partidos contaminados por el discurso ultra y ese enjambre de pseudomedios que recuerda a las comadres que hacían calceta viendo caer cabezas en la guillotina. Sánchez acierta en el diagnóstico. Pero eso no basta: la política está para resolver, y ni siquiera hemos visto un esbozo de sus planes para rebajar la toxicidad.

En el otro gran discurso de la semana vimos la enésima moralina de Feijóo, metido en una espiral hiperbólica en la que España es una república bolivariana, Sánchez un autócrata y vamos de cabeza a la catástrofe. Si ese apocalipsis fuera cierto no haría falta la virulencia contra Sánchez. No hay ritmo ni tono ni vértigo: solo veneno. No hay otro partido de oposición en Europa que pisotee como el PP los intereses nacionales en Bruselas, o que bloquee una institución fundamental como el Poder Judicial. Feijóo tuvo la oportunidad de ser un líder sensato y ha traspasado todas las líneas, incumpliendo la Constitución y sumiendo a la justicia en el desprestigio. Algo de culpa tiene también el PSOE. Pero el nudo del CGPJ es responsabilidad, sobre todo, del PP.

Contra la tentación de escribir a gritos cabe mirar a Europa. Bruselas ve con sorpresa cómo han aparecido dos Españas. Por un lado, una economía pujante que bate las expectativas, que mejora su frágil posición fiscal, que crece más que la media. Por otro, una política en combustión que ha entrado en un escenario de hostilidad gloriosamente turulato. En lugar de explorar ese relato económico luminoso y de buscar consensos, PSOE y PP se empeñan en inventar cantares de gesta: la pregunta es cuánto tiempo puede aguantar una economía sin una visión política de largo plazo. Pero siempre nos quedará Paul Auster: “Parecía que el mundo estaba a punto de acabarse, pero no se acabó”.

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Pregunta. ¿Ha hablado con el presidente del Gobierno?

Respuesta. Desde el miércoles por la mañana, no.

P. ¿Sánchez va a seguir? ¿Debe seguir?

R. Creo que sí. Está abatido: estos años han sido muy duros. Él es fuerte, pero cualquiera puede acabar quebrándose. Sobre todo cuando los ataques afectan a la familia, a su mujer, a su hermano.

P. ¿Eran conscientes de cómo le estaban afectando los ataques a su mujer?

R. Cuando cada uno de nosotros se ha encontrado a lo largo de estos años con alguna situación desagradable para nuestros familiares, parejas, hijos o padres, Sánchez siempre ha sido extraordinariamente cariñoso y comprensivo. En su círculo más íntimo, aunque siempre ha sido muy contenido, a veces sí se ha visto cómo le afectaban los ataques directos a su hermano, a su mujer.

P. ¿Puede Sánchez seguir sin dar más explicaciones? La salida parece difícil.

R. Él es el presidente legítimo: esa legitimidad se ha pretendido cuestionar con una campaña de acoso que lleva ya mucho tiempo. Ha pedido tiempo para reflexionar y nos ha pedido que leamos una carta donde explica ese sentimiento de abatimiento por las últimas embestidas, que afectan a su entorno más íntimo. Hay un mensaje potente para él: queda mucho por hacer; Sánchez debe levantarse y seguir adelante. Obviamente, a él le corresponderá valorar qué es lo que hace y cómo lo explica, pero estoy convencida de que la fuerza de esa legitimidad que le cuestionan y la fuerza de sentirse respaldado, animado y apoyado por todo el mundo es crucial.

P. ¿Debe abrir un presidente del Gobierno un periodo de reflexión en el que el final del camino sea su dimisión?

R. Tiene que seguir.

P. ¿Y si no sigue? Se está señalando a María Jesús Montero como posible sucesora.

R. Especular no tiene sentido. No tiene ni pies ni cabeza plantearse hipótesis que todavía no están ni en el radar. En cada momento tendremos que ir tomando las decisiones. Si sigue se acabó el ruido; no hay cuestión. Y si no sigue, el partido tiene que reflexionar sobre cómo resuelve esta situación. Con la Constitución en la mano.

P. ¿Está en shock el PSOE?

R. Tanto Sánchez como el partido están tremendamente abatidos. Hemos tenido en la puerta de las sedes manifestaciones desagradables, expresiones violentas de cuestionamiento del Gobierno. Y ahora el presidente lo está pasando mal, después de haber asumido con gran responsabilidad decisiones complejas. Hay abatimiento en las filas socialistas, pero el partido también se siente fuerte: la rabia también es un elemento de fortaleza.

P. El clima político está muy encanallado. ¿El PSOE tiene alguna responsabilidad en ese ambiente tan tóxico?

R. Es injusta esa equidistancia entre acosador y acosado. Y hay veces en las que el acosado se defiende e intenta explicar —por cierto, sin insultos y sin violencia— que lo que le están diciendo es falso y es intolerable. Creo que el PSOE ha puesto pie en pared. Esto no es discrepancia política: esto es un proceso de acoso permanente con Pedro Sánchez en la diana.

P. ¿Cómo es su relación con el presidente?

R. Buena, cordial, de confianza.

P. ¿Y en algún momento vio usted venir esta situación?

R. Todos sabíamos que este asunto, el del ámbito personal, le afectaba en mayor medida. Pero a la vez es una persona con una extraordinaria capacidad de aguante.

P. Por eso sorprende más.

R. Así es.

P. ¿Pero no es extraña esa salida con una denuncia que no se sostiene contra su mujer?

R. La denuncia es la gota que colma el vaso. No creo que esto mismo hubiera generado la misma reacción hace dos años. El miércoles por la mañana estaba muy afectado, pero creo que ha sido un proceso de acumulación. Hubo otro momento duro para él, cuando fue objeto de brutales ataques personales y tuvimos unos resultados electorales que castigaron a alcaldes, alcaldesas y presidentes autonómicos que habían aportado mucho. Eso fue muy relevante. También ahí tuvo un momento en el que se concentró en reflexionar, del que salió con la convocatoria electoral.

P. Ahí había parte de intuición política y parte de táctica. ¿Contempla usted que esta vez también haya cierto tacticismo?

R. Es miserable esa reacción que hemos visto, no solamente en medios de comunicación, sino también en el PP, intentando cuestionar la honestidad de esa misiva, de su reacción. En ese proceso acumulado de ataques tan prolongado en el tiempo se ha dado a menudo una imagen deshumanizada del presidente, caracterizado como un personaje frío, imperturbable, a quien nada le afecta, a quien solo le interesa aferrarse al poder. Ahora, de nuevo, salen con esa monserga los barones del PP y sus portavoces.

P. ¿No es lícito pensar que puede haber cierta intuición política tras esa decisión?

R. El presidente se ha aislado: no he tenido la ocasión de hablar con él al respecto. Pero mi convicción, y la de las personas que estamos más cerca de él, es que eso no tiene nada que ver. De hecho, desde el punto de vista de la intuición política, hacerlo a las puertas de las elecciones catalanas y de las europeas…

P. Ese es uno de los riesgos: que esas elecciones se conviertan en una especie de plebiscito sobre Sánchez. ¿Cómo afecta eso a su campaña? La pasada legislatura en la UE fue claramente la de la agenda verde, pero es posible que en la que viene el énfasis en la defensa opaque todo lo demás.

R. Es evidente que la defensa y la seguridad van a ser cruciales: nos jugamos nuestros valores, nuestro sistema democrático, nuestras libertades, y hay dos focos de atención muy potentes en Oriente Medio y Ucrania. Pero en Ucrania hemos visto también cómo Putin ha usado los combustibles y hasta los alimentos como arma de guerra. Ese conflicto pone de relieve que buena parte de la seguridad de Europa está vinculada a una transformación de su sistema energético. La seguridad no es algo solamente vinculado a los ejércitos; es también garantizar las fortalezas propias.

P. ¿El gran enemigo para la transición ecológica para Europa puede ser interno? Por ejemplo, con los movimientos desde la derecha —y vinculados al campo— contra la agenda verde.

R. Dice Todd Stern [histórico negociador climático de EE UU] que el gran enemigo de la acción climática son los combustibles fósiles y el petróleo, del que todavía somos adictos. Pero el segundo gran enemigo es una combinación de negacionismo expreso con indolencia, retardismo y excusas para no actuar. Los datos de incremento de temperatura, en el agua y en la superficie terrestre, son terribles. Los primeros grandes afectados son quienes más dependen del clima y de las condiciones del suelo: los agricultores. Hay que tener una combinación adecuada entre agenda verde y agenda social y no se puede trasladar a los grupos más vulnerables la responsabilidad de un cambio que tiene que llegar con el acompañamiento de las instituciones. Una de las compañías vitivinícolas más importantes de España, uno de los grandes productores de cava, va a tener que suspender los contratos laborales de casi el 80% de su plantilla por la sequía. Esa es la gran amenaza del campo español. No la acción climática, sino la falta de acción.

P. ¿Teme un cambio de alianzas de Ursula von der Leyen hacia la extrema derecha, como quiere una facción del Partido Popular Europeo?

R. Esa pregunta demuestra lo cruciales que son las elecciones de junio. No quiero una Europa en la que se impongan los brazos en alto como vimos en Roma hace unas semanas.

P. ¿Cree que hay ultras presuntamente presentables, como Giorgia Meloni, que pueden formar parte del PPE?

R. La extrema derecha no quiere más integración, sino menos. No quiere más Europa, sino menos. No quiere políticas para luchar contra el cambio climático. Europa es frágil, tiene una guerra en el vecindario y otra muy cerca, presenta problemas de competitividad. Pero nada de eso va a mejorar con un cambio de alianzas que dé entrada a una parte de los ultras en los consensos europeos.

P. ¿Su salida puede descapitalizar el Gobierno, más aún tras la reciente marcha de Calviño? En su departamento ha acumulado competencias relacionadas con el medio ambiente, la energía y la gestión del agua. ¿Hay riesgo de que se dispersen en varios ministerios con su salida?

R. Se queda en Madrid un equipo extraordinario, con el que hemos conseguido grandes logros. Ese es un asunto que le toca resolver al presidente. Pero él fue quien quiso concentrar todas esas competencias. Creo que la legislatura pasada ha servido para marcar las grandes líneas estratégicas. Sin eso es imposible entender esos 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, esa capacidad de absorción de inversiones, esa capacidad de movilización de la economía. Me parecería un error acabar con eso. No lo concibo.

P. ¿Sería un error volver a separar, por ejemplo, medio ambiente de energía o de las políticas de agua?

R. Sin duda.

P. Quizá su gran éxito fue la excepción ibérica, tras un tira y afloja en Bruselas. ¿Qué se ha dejado en el tintero en estos cinco años?

R. Quedan muchas cosas por completar: una transformación del sistema energético, con más electrificación, con más recuperación de una agenda urbana que nos permita consolidar espacios habitables y saludables para las personas. Hay que seguir impulsando el eje de la biodiversidad y de las infraestructuras verdes, y completar la conservación de espacios marinos. Y seguir consolidando la reducción de desigualdades y generando oportunidades en el mundo rural.

P. Con el apoyo de los socialistas europeos, Bruselas aprobó una etiqueta verde para las nucleares. ¿Fue un error?

R. Sí. Una cosa es que no emitan y otra cosa que sean verdes.

P. Se va en medio de una bronca con Repsol.

R. No tengo particular bronca con ninguna empresa. Repsol necesita diversificar para asegurarse un futuro. Está en ese proceso. A veces a algunos de sus directivos les cuesta entender que es un camino que hay que recorrer sí o sí. Y que además hay que hacerlo con honestidad.

P. ¿Está haciendo Repsol greenwashing, ecopostureo?

R. Creo que no se puede llamar verde a cualquier cosa. Ni la nuclear es verde, ni el petróleo es verde, ni los combustibles sintéticos nos pueden sacar del apuro al conjunto de la humanidad.

P. ¿El Estado tiene que entrar en empresas como en Naturgy? ¿Ha habido contacto directo entre el Gobierno español y el emiratí?

R. Sí, ha habido contactos. Y sí, el Estado tiene que vigilar el buen funcionamiento del mercado y los sectores estratégicos, y eso se hace a través de distintas vías.

P. ¿Pero debe entrar en el capital?

R. Depende. No tiene sentido entrar en todas las operaciones. En cada caso hay que ver cuál es la mejor manera de proteger nuestros intereses, en especial en sectores estratégicos. El sector energético tiene un grado de regulación importante por razones de seguridad energética y de aprovisionamiento, pero evidentemente hay que evaluar operaciones que puedan suponer un riesgo.

P. ¿Tras las elecciones, se ve más en el Parlamento europeo o en la Comisión?

R. Más en la Comisión.

P. ¿En qué área?

R. Energía, clima, medio ambiente, la transformación de la industria en Europa son carteras importantes.

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EH Bildu lleva tiempo en un proceso de transición, aún no culminado como se vio con el rechazo de su líder, Pello Otxandiano, a reconocer a ETA como grupo terrorista. A Otxandiano, probablemente, le falta cuajo. Es eso o que la dirección de Bildu sigue mirando de reojo a su militancia y teme que decir las verdades del barquero sobre ETA tenga consecuencias negativas sobre la estabilidad de esa coalición de partidos. Pero la primera lección de las elecciones vascas es un aviso a navegantes para Cataluña: la sanidad, la educación y la gestión pesan más en Euskadi que el debate soberanista. Nadie ha pronunciado en campaña las palabras “referéndum de autodeterminación”; ni siquiera la reforma del Estatuto parece una prioridad. Tras una década de procés y con Salvador Illa al frente de las encuestas, todavía hay que ver si de Cataluña puede decirse lo mismo. Aunque casi todo es más borroso hacia el Mediterráneo: Cataluña y el País Vasco son dos relojes que no dan la misma hora. “Acaso en Cataluña tendría alguien que preocuparse de rellenar el tiempo con una tarea que tal vez no sea del todo superflua: la de gobernar, la de administrar, la de hacer por el pueblo algo más que ofrecerle ocasión y pretexto para estos deslumbrantes espectáculos”, escribió Chaves Nogales hace casi un siglo. (Unos párrafos antes parecía Nostradamus hablando de Puigdemont y Junqueras: “Cataluña tiene una virtud imponderable, la de convertir a sus revolucionarios en puros símbolos, ya que no puede hacer de ellos perfectos estadistas”).

La segunda lección procede de las lecturas nacionales del 21-A. Los socialistas suben y son imprescindibles para formar Gobierno; los populares mejoran también los pésimos resultados de 2020 pero siguen condenados a la irrelevancia y son incapaces de barrer a Vox, que mantiene su escaño en Álava (qué baratos son algunos escaños: menos de 6.000 votos en este caso). Pedro Sánchez, en fin, se rehace tras el varapalo en Galicia, encara las catalanas y europeas con otro aire y, sobre todo, de alguna manera apuntala su precaria mayoría parlamentaria: difícilmente el PNV va a oír los cantos de sirena del PP mientas necesite imperiosamente los votos del PSE en casa. Menos aún con Feijóo atado al mástil de Abascal en varios Gobiernos regionales. Eso sí: el bálsamo para Sánchez durará poco. El horizonte catalán es más brumoso, las consecuencias para la gobernabilidad de España se harán más evidentes. No está tan claro que Junts no vaya a tener incentivos para hacer un acercamiento al PP después de las europeas, en función de qué viento sople en ese momento. Puigdemont ya ha sacado a pasear esa opción alguna vez: esa es un arma de negociación. Y todas las armas contienen un presagio.

La última lección es para la izquierda a la izquierda del PSOE. El desastre en Galicia se consuma en el País Vasco. Sumar consigue un escaño pero pierde nada menos que cinco, y Podemos desaparece: ese espacio se deteriora como una muela picada de caries, y las próximas citas electorales tampoco tienen buena pinta. En España las derechas están cambiando: de defensoras del orden y la estabilidad han pasado a abrazar ideas libertarias y casi populistas, en una americanización galopante. En cambio, las izquierdas son terriblemente fieles a sí mismas, con esa querencia por disgregarse y despedazarse y, en medio de esa zozobra, por seguir dando muestras de superioridad moral, como en aquel verso de Auden que habla de dar clases de navegación mientras el barco se hunde.

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El Brexit fue una pérdida enorme para la UE: con el referéndum que se sacó de la manga un irresponsable llamado David Cameron —sorpresas te da la vida: ahora es imprescindible para el pacto en Gibraltar, como responsable de Exteriores británico— se iban casi 70 millones de personas, una potencia militar, una de las democracias más antiguas del planeta y, en fin, una forma de mirar el mundo. Las negociaciones para la salida fueron un quebradero de cabeza. Y dejaron dos regalos envenenados: Irlanda del Norte, un auténtico jaleo, y Gibraltar. El contencioso irlandés entró en vías de resolución, pero sigue sin estar del todo resuelto. Gibraltar tampoco. Porque cuando las cuestiones relativas a las fronteras y las políticas de identidad se mezclan el lío está asegurado: el Ejecutivo de la muy olvidable Theresa May no dudó en activar en 2021 una guerra retórica y nostálgica en la que los conservadores británicos llegaron a comparar a Gibraltar con las Malvinas. “35 años después de las Falkland [denominación inglesa del archipiélago], vamos a defender la libertad de un pequeño grupo de británicos contra otro país de habla hispana”, dijo entonces el líder conservador Michael Howard, con ese tonillo de plaga de úlceras típico de los nacionalismos.

Y, aun así, casi tres años de negociación están tocando a su fin, si logran salvarse los obstáculos de la gestión del aeropuerto, la movilidad de personas asociada a la zona Schengen y el embrollo del acuerdo aduanero, en un enclave que ha hecho fortuna con el contrabando de tabaco, el tráfico de drogas y todo tipo de trapicheos financieros y fiscales. Hacienda desconfía, con razón. Exteriores también en los asuntos medulares; de ahí que se haya convocado esa reunión al máximo nivel para darle un impulso político a la última milla de la negociación. Hay demasiado capital político sobre la mesa como para pensar que esas conversaciones no vayan a llegar a buen puerto. Pero España —o Bruselas— debería fijar una fecha límite, porque de lo contrario el agujero gibraltareño del mercado único europeo y la zona Schengen tenderá a eternizarse.

Tras consumarse el Brexit, la marejada fue de aúpa. La herida no se ha cerrado aún, aunque las relaciones entre Londres y Bruselas han mejorado a ojos vista. Esa mejoría puede beneficiar a la negociación de Gibraltar, que en los últimos tiempos ha sido una cuesta arriba extenuante: habrá que ver si británicos y españoles logran ponerle el cascabel al gato “en las próximas semanas”, como aventura España. Los gibraltareños vendían anoche que el acuerdo está “a la distancia de un beso”. Pero habría que recordar que los labios que hay que besar son los de Cameron, protagonista de uno de los mayores esperpentos políticos de los últimos tiempos, y mira que es difícil. Cameron convocó el referéndum de la salida de la UE para afianzarse al frente de su partido. Lo perdió miserablemente. Se vio abocado a dejar el cargo. Y ese día, tras anunciar su dimisión ante una nube de periodistas, se volvió silbando hacia el 10 de Downing Street: busquen esas imágenes porque son la viva imagen de un irresponsable. Si de veras el acuerdo está a la distancia de un beso, habrá que estar atentos para que nadie se largue silbando. El agujero correría el riesgo de seguir ahí sine die.

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El PP europeo hamletea con esa posibilidad desde hace tiempo. Hay una facción que antes capitaneaba Angela Merkel y ahora está en manos de Ursula von der Leyen que dice detestar esa opción. Y hay otro PP que flirtea con la posibilidad de blanquear a los ultras supuestamente presentables: “Sería bueno para la UE que Meloni acabara en el PPE”, decía Feijóo en julio del año pasado, poco antes de perder ganando las elecciones del 23-J. La decisión final dependerá de los números, pero también de las grandes figuras de la derecha europea. Tusk es una de ellas.

Y Tusk parece apuntarse al hamleteo del PPE. Cuando el PP pactó con Vox en Castilla y León, en la primera de sus alianzas, el primer ministro polaco habló de “capitulación”. “Espero que sea un accidente y no una tendencia en la política española”, dijo. No era un accidente: el PP de Feijóo repitió esos pactos con el diablo en varias autonomías. ¿Qué dice Tusk ahora? “El papel positivo de Meloni en Bruselas es ampliamente apreciado. Me impresionó oírla hablar públicamente en apoyo de Ucrania. A nivel internacional, solo oigo sus declaraciones proeuropeas”.

Tusk tiene una personalidad política de primer orden. Salió tarifando de Polonia, que durante años ha sido una isla iliberal –junto con Hungría— en la UE, y se convirtió en el primer mandatario del Este en presidir el Consejo Europeo antes de volver a su país para derrotar a los ultras.

Combina un europeísmo sólido con posiciones duras en algunos asuntos: “Palabras como seguridad, protección y orgullo deben volver a nuestro diccionario político; los extremistas y los populistas no deberían monopolizar esos términos”, dijo en un discurso en 2017; puede que los socialdemócratas no hayan entendido aún ese axioma, pero el centroderecha europeo lo tiene cada vez más claro. Frente al discurso más matizado de Pedro Sánchez en relación con Rusia, asegura que Europa está en una situación “de preguerra”; al cabo, tiene cientos de kilómetros de frontera con Ucrania.

En La Moncloa lo veían no hace mucho como un potencial aliado para dejar fuera a los ultras de los puestos de mando en Bruselas. En los aledaños de unas elecciones es habitual que los discursos se endurezcan, a pesar de que el PPE ya dio cobijo en su día a personajes como Berlusconi y Orbán. Pero ante lo que los alemanes llaman Zeitenwende, un punto de inflexión histórico, uno de esos momentos en los que la historia bascula y se define, hay que recordarle a Tusk aquella “capitulación” castellanoleonesa.

España y Polonia, ambas potencias imperiales en los siglos XVI y XVII, ambas con un orgulloso patrimonio artístico, ambas marcadas profundamente por la Iglesia católica, comparten una relación compleja con Europa; algo así explica el historiador Timothy Garton Ash en Europa, una historia personal. Quizá el centroderecha polaco y el español compartan algo más. La unidad y la diversidad son el ying y el yan de Europa, su tesis y su antítesis, siempre en busca de una síntesis esquiva. El orden fluye hacia el caos y el calor fluye hacia el frío, según la segunda ley de la termodinámica. Pero la física no dice nada de que la derecha tenga que aliarse con la ultraderecha para dejar atrás seis décadas luminosas, a pesar de sus sombras. La síntesis no era eso, señor Tusk.

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Los apocalípticos siguen con el raca-raca del “se rompe España” y ven en el relato del candidato Puigdemont la confirmación de que nunca se debió negociar la amnistía con ese Moriarty de andar por casa. Las trompetas de Jericó no han dejado de sonar, y ahora lo hacen incluso con más fuerza. Pero la generosidad es gratuita y sus efectos solo se ven en el largo plazo: las consecuencias de la amnistía tardarán mucho en ser claramente visibles, y el acelerón político en el que estamos metidos exige resultados a corto plazo. El regreso de Puigdemont al rupturismo unilateral y su tono de plaga de úlceras no ayuda, pero forma parte de su leyenda, de su sobredosis de relato: es la mayor de sus muchas verdades de milonga.

Hace casi 100 años, un joven licenciado de la prestigiosa École Normale Supérieure de París, Paul Nizan, se despidió de los estudios filosóficos con un iracundo ensayo titulado Los perros guardianes. En él reprochaba a los filósofos de su tiempo que se extraviaran en una multitud de pensamientos evanescentes y se olvidaran de las verdaderas preguntas; la guerra estaba cerca. Un siglo después, las verdaderas preguntas siguen siendo como la liebre mecánica del canódromo: habría que preguntarse sobre el papel de España en Ucrania y en Gaza, sobre el paro, sobre las revoluciones verde y tecnológica. Y sobre Cataluña, sobre la reconciliación y Cataluña: esa es una de las verdaderas preguntas en todo este lío. Ni las preguntas ni las respuestas, si las hay, logran sobresalir entre el ruido atronador de la bronca pública. Pero los catalanes deciden el 12-M entre dejar un poco más atrás el procés o seguir varados en ese ensueño mientras el mundo sigue girando. La amnistía empieza a examinarse antes incluso de nacer. La cuestión es saber si de veras contribuye a coser heridas y a reconciliar o seguimos en esa dialéctica en la que a los que más se escucha es a quienes ladran desde las esquinas: a los perros guardianes de las esencias de uno y otro lado. Tarde o temprano, llegarán otras elecciones generales y si ha pasado un tiempo razonable quizá podremos preguntarnos por la reconciliación asociada a la amnistía; para entonces aventuro que seguirán ladrando los perros guardianes con la habitual seriedad esdrújula, sus nubes de apocalipsis, sus hongos nucleares y ese tonillo inconfundible de Antiguo Testamento.

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Gentiloni deja claro en esta entrevista que Bruselas tiene cierta fatiga del apocalipsis. Aplaude el robusto crecimiento español, sobre todo por el agustiniano “según con quién lo compares”. No cree que ni la sucesión de elecciones que vienen ni la falta de Presupuestos ni el equilibrio inestable en el que se asienta la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez vayan a tener efectos. Reivindica unas reglas inteligentes, que miren hacia el largo plazo y sean capaces de hacer un traje para cada país. Pide —con la boca pequeña— al BCE que actúe ya. Deja algún buen recado para una Alemania en horas bajas. Y pide más: gasto en defensa, inversiones para las transiciones verde y digital y una capacidad fiscal europea contra las crisis que es una especie de quiero y no puedo. Todo el mundo sabe que Europa la necesita imperiosamente. Y nadie sabe cómo demonios convencer al norte de que sin eso no hay unión digna de ese nombre.

Pregunta. La zona euro encara un periodo de estancamiento. Y los manuales de política económica dicen que en esa situación se necesitan estímulos. Esta Unión Europea es diferente a la de hace 15 años, pero la Comisión Europea está abogando por presupuestos contractivos. ¿Cree que, a otro nivel, pueden repetirse los errores de la Gran Recesión?

Respuesta. No. En 2020 sufrimos una crisis profunda, y luego un rebote fuerte, incluso más rápido que el de China. Esa fue la tendencia hasta otoño de 2022, cuando la economía se ralentizó por la guerra de Rusia y la crisis energética e inflacionista. El crecimiento fue débil en 2023, con 11 países en negativo, y ahora estamos en un entorno de crecimiento débil. Pero no soy pesimista: hace dos años hablábamos de apagones y de recesión ante una guerra que tiene un impacto global. Fuimos capaces de desacoplarnos del gas ruso en cuestión de meses y esperamos que la actividad económica se acelere este año, un 0,8%. Hemos pasado lo más duro, no vamos hacia la recesión, y la inflación estará por debajo del 2% en 2026, según la estimación del BCE. Los mercados esperan bajadas de tipos, que junto al fuerte mercado laboral justifican el optimismo del que le hablaba: la economía se acelerará en la segunda mitad del año y a partir de entonces, tendremos un crecimiento decente, del 1,6%.

P. ¿Y un apretón fiscal no puede ser contraproducente?

R. Entre marzo de 2020 y finales de 2023 no hubo disciplina fiscal: suspendimos el Pacto de Estabilidad. Y las nuevas reglas fiscales son menos exigentes en términos de la senda de ajuste, con planes para los próximos años en términos de consolidación fiscal, inversión y reformas. El estímulo está ahí: la Comisión ha tomado prestados en los mercados entre 100.000 y 120.000 millones al año. Ese dinero expira en 2026, así que cabe preguntar: ¿y luego qué? Después de la crisis financiera tuvimos una bajada de la inversión pública durante muchos años; ahora hay un leve incremento, pero falta inversión privada para las transiciones climática y digital. Pero vuelvo al principio: necesitamos reglas fiscales para nuestra unión. Si alguien cree que podemos tener una unión sin reglas fiscales, está equivocado. Eso sí: necesitamos que sean realistas, diferenciadas por países y orientadas a medio plazo. Creo que eso se ha conseguido con una muy buena contribución de la presidencia española de la UE.

P. Ha hablado de las expectativas de los mercados sobre el BCE. ¿Están los tipos demasiado altos? Fráncfort ha sido muy contundente sobre su política fiscal: ¿qué le pide Bruselas al BCE?

R. Vimos una historia de amor entre las políticas fiscal y monetaria durante la pandemia: el programa de compra de deuda del BCE coincidió con la suspensión de las reglas fiscales y las de ayudas de Estado. Después de la invasión de Ucrania entramos en una fase distinta. Soy consciente de que ahora hay un debate sobre la velocidad de los recortes de tipos. La inflación se ha moderado y tendremos unas condiciones monetarias menos estrictas para la segunda parte del año; la economía se acelerará. Ahora bien, los fondos Next Generation EU y la guerra de Ucrania han cambiado el mapa del crecimiento en Europa: los países en dificultades son ahora los nórdicos, bálticos y centroeuropeos, es decir, Alemania y Austria. Los países con una expansión más fuerte son parte de los del este y el sur, especialmente España, Portugal, y Grecia, con Italia y Francia resistiendo bien. Ese no es el mapa tradicional de crecimiento.

P. En la anterior crisis, hace 15 años, Alemania daba frecuentes consejos de política económica a otros países. Ahora el modelo alemán está en crisis: delegar la defensa en EE UU, la energía en Rusia y la pujanza exportadora en el mercado chino quizá no era tan buen idea. ¿Algún consejo para Alemania?

R. Es obvio que algunos pilares del éxito alemán han sido cuestionados, como el gas barato o un explosivo comercio con Asia. Y también es cierto que el refuerzo de la defensa europea es independiente de los resultados de las elecciones americanas, pero si acaba ganando Donald Trump, ese mensaje será aún más urgente. Pero incluso en ese contexto hay cosas positivas. Primero, la globalización no ha muerto: países exportadores como Alemania o Italia no están condenados. Y segundo, cuando hay que cambiar el mix energético se pasa por dificultades, pero a medio plazo hay la oportunidad de tener unas renovables más fuertes. Dicho esto, es evidente que Alemania necesita más inversión. Y aquí entra en juego la contradicción entre esa necesidad y las reglas alemanas. Está bien construir colchones fiscales para tiempos difíciles, pero cuando tienes esos colchones y pasas por dificultades e invertir resulta ser demasiado difícil, tenemos un problema serio.

P. Las reglas escritas en bronce no suelen ser buena idea. Con las reglas en la mano, la Comisión le pide a España un plan de consolidación fiscal creíble a medio plazo, pero el Gobierno acaba de renunciar a presentar unos Presupuestos. ¿Le preocupa que España pueda incumplir sus compromisos?

R. No. Tomamos nota de la decisión sobre el proyecto presupuestario. Pero las dificultades para tener unos Presupuestos son frecuentes y no suponen un impedimento grave. Para España va a ser un desafío armar un plan de medio plazo sobre consolidación fiscal, inversión y reformas, que incorpore los fondos Next Generation a la planificación fiscal.

P. ¿La inestabilidad política puede afectar al crecimiento económico?

R. No lo creo. Desde que soy comisario, pese a la debilidad de las mayorías o los procesos electorales, el rumbo de su país ha sido efectivo. España está en mejor forma que el resto de la UE. La estabilidad es una característica fundamental de un país. Pero mire, yo procedo de un país que cambia con frecuencia de Gobierno, y siempre ha sido considerado estable. Al final, las alianzas internacionales, la orientación proeuropea y la gestión de la economía tienen tanto que ver con la estabilidad como una mayoría más o menos amplia en el Parlamento. Mire a los Países Bajos, Francia o Alemania. Las elecciones europeas serán una prueba de estrés, porque en algunos países podrían subir fuerzas antieuropeas que sí son un riesgo real de inestabilidad en ese sentido que apunto. Pero en los últimos años, España ha demostrado que puede hacer un muy buen trabajo con una aritmética parlamentaria complicada.

P. El Gobierno tiene dificultades para aprobar la reforma del subsidio de paro, esencial para los planes pactados con la UE. España hasta ahora había liderado la ejecución del plan. ¿Ve una ralentización que se puede traducir en un castigo, en menos fondos?

R. Espero que España siga siendo un líder este proceso. En general, el año pasado vimos cierta desaceleración porque varios países tuvieron que revisar sus planes. De los 225.000 millones de euros desembolsados hasta ahora en el marco de Next Generation EU, España ha recibido 38.000 millones. Así que el país está en el buen camino. Ahora estamos examinando su cuarta petición de pago. Las Cortes no aprobaron la reforma de los subsidios, pero puede haber medidas alternativas.

P. Habla del plan de recuperación como un factor del cambio que han experimentado la UE y economías como la española. ¿Es consecuencia de las inversiones, del dinero fresco, o de la transformación que ha provocado vía reformas?

R. Es una mezcla. Primero, es el resultado del impacto de los fondos en los mercados financieros. Esos recursos han estabilizado los mercados, a la vez que han evitado una contracción prolongada de las inversiones públicas. En algunos países como España, el impacto procede de la inversión, pero también de reformas importantes. Por ejemplo, la del mercado laboral, que, según nuestras estimaciones, tiene buenos resultados después de dos años. En otros países todavía es demasiado pronto evaluar más allá de las inversiones.

P. Sin unos Presupuestos, ¿ve dificultades para absorber los fondos en España?

R. Los próximos dos años van a ser exigentes en la absorción de todos esos recursos. España, tras pedir los préstamos, recibirá 163.000 millones, el equivalente al 12% del PIB. No veo problemas por los Presupuestos, pero sí es un desafío absorberlos. Hasta ahora han llegado muy buenas noticias de España. Y la ejecutoria de España e Italia será crucial para el futuro del método.

P. Una prórroga de esos fondos es complicada.

R. Es legalmente imposible.

P. También lo eran los rescates, y los hubo.

R. Para poder seguir pidiendo prestado en los mercados para financiar este programa más allá de 2026, se necesitaría una decisión unánime de los 27 líderes y la aprobación de la casi totalidad de los Parlamentos nacionales. Francamente, lo veo imposible.

P. ¿Pero ve espacio para un debate sobre una capacidad fiscal común?

R. Veo la necesidad. Sé que no es el momento, pero la Comisión ha lanzado mensajes sobre un fondo soberano europeo o un instrumento para defensa. El BCE, el FMI y la OCDE insisten en que a Europa le falta una capacidad fiscal central. Políticamente es difícil, pero uno de los objetivos principales de la próxima Comisión debe ser qué pasa después de 2026.

P. Tal vez en la próxima crisis. Aquella maldición: “Europa se forjará en las crisis”.

R. Bueno, hasta 2026 tenemos una gran cantidad de fondos. Luego habrá que plantear cuál es el próximo paso. Pero la presión está ahí, con el gasto en defensa y las transiciones verde y digital.

P. ¿Cuáles son sus planes?

R. Volver a Italia. No dejaré la política, pero no soy candidato al Parlamento Europeo.

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“Es un miedo difuso. Un horizonte de desconfianza que todo lo empapa, un sentimiento impreciso de temor. Con una guerra aquí al lado y otra muy cerca. Con sacudidas en África y la sospecha de que pueden llegar migrantes de forma descontrolada. Con una defensa que subcontratábamos a EE UU, un paraguas militar que a lo mejor cierra Trump, con la energía barata que ya no va a venir de Rusia, con la certeza de que estamos perdiendo mercados en Asia”.

“Somos un continente que envejece en un mundo joven, de ahí esa mezcla de miedo e incertidumbre. Contra eso, siempre hay quien ofrece una respuesta clara, simple y falsa: los ultras, esos liderazgos hipermusculados que nos dicen ‘somos fuertes, se van a enterar”, subraya; “las elecciones europeas serán fundamentales”.

Esos comicios llegarán en junio. Pero antes vendrán la primavera y el deshielo: los informes de inteligencia dicen que Rusia se ha preparado bien y que Ucrania pierde posiciones. Cada tragedia tiene su profecía, pero las víctimas solo escuchan cuando ya nada tiene remedio. ¿Quién va ganando? “Hace dos años, Putin empezó un conflicto que tenía que durar una semana. Y Ucrania resiste. Rusia llegó a ocho kilómetros del Parlamento de Kiev, pero fue rechazada. Yo he visto allí las hileras calcinadas de sus tanques: no ha ganado la guerra, pero todavía no la ha perdido”.

La guerra ha provocado un despertar geopolítico en la UE. Y, aun así, late la sensación de que los europeos han hecho demasiado poco. Europa ha demorado decisiones en su apoyo militar, con los líderes arrastrando los pies porque tampoco las opiniones públicas quieren más. “La ayuda civil y militar, económica y humanitaria de la UE supera la de EE UU”, replica. “Y hemos dado un salto cualitativo: al principio prometimos cascos; ahora enviamos F-16″. “Si queremos que Ucrania resista, tenemos que darle más ayuda y más deprisa”.

“Europa se ha dado cuenta de que vive en un mundo peligroso, en sus fronteras tiene a un Estado agresivo. Debe preguntarse si quiere un títere de Moscú en Kiev, con las tropas rusas en la frontera polaca y con el riesgo de otra invasión”. “Rusia es un régimen no democrático capaz de acabar con opositores como Navalni, o de eliminar en suelo europeo a sus desertores. ¿Queremos que llegue a las puertas de Europa y controle el 36% del mercado mundial de cereales? Los rusos han demostrado capacidad de resistencia: están acostumbrados a pasar penurias y no les preguntan si preferirían otra cosa que una economía de guerra. Tenemos que cuestionarnos qué podemos a hacer nosotros”.

¿Las divisiones europeas son un obstáculo? “Solo Hungría, que está llegando a acuerdos de seguridad con China, se ha desmarcado. Y, aun así, paga su parte de la ayuda militar a Ucrania y no veta la ayuda civil. Hemos demostrado una unidad remarcable. Pero es lógico que entre 27 países surjan vacilaciones: si las hubiésemos superado con rapidez, con una ayuda masiva e inmediata, a Ucrania le hubiera ido mejor. Y a nosotros también”. ¿Cómo se gana una guerra contra una potencia nuclear que destina un 30% de su presupuesto a defensa? “Rusia está en guerra con todas sus consecuencias. Europa no está en guerra, pero tampoco acaba de entender lo que esta guerra significa para ella”. “Putin ha movilizado todos sus recursos, cuenta con apoyo militar de Irán y Corea del Norte, con el apoyo económico de China. De ahí mi llamamiento a los Estados miembros para que su apoyo sea consecuente con la clase de guerra a la que nos enfrentamos, mezcla de las del siglo pasado y de las más modernas tecnologías. Tenemos que hacer más, y rápido: en los próximos meses se puede decidir la guerra. Resistir es vencer”.

Al otro lado del Atlántico, Trump rompe el esquema tradicional de la disuasión de la OTAN. “Es una barbaridad que invite a Rusia a atacar a aquellos países que no cumplen sus condiciones. Y es una barbaridad que haya republicanos que comparan la guerra ucrania con la presión migratoria de México. Tenemos que asumir responsabilidades, aumentar capacidades en defensa y estar preparados para cualquier eventualidad. Trump no ha ganado aún, como Putin no ha ganado aún, pero Europa tiene que despertar”.

La sucesión de guerras y sacudidas convierte la historia de la tercera década del siglo XXI en un trágico Bolero de Ravel: Gaza es el otro foco de atención, con 1,7 millones de palestinos aplastados contra un muro. ¿Qué hará Europa en caso de catástrofe? “Ya estamos en plena catástrofe. Naciones Unidas ha tenido que suspender la ayuda humanitaria: Israel está usando el hambre como arma de guerra y eso es contrario al derecho internacional. Lo dijimos en Ucrania y eso vale también ahora. Gaza ha sido arrasada: el uso de la fuerza ha sido desproporcionado”.

España e Irlanda han reclamado que se suspendan los acuerdos de asociación con Israel si se demuestra que se violan derechos: “Es un paso al frente extraordinario y pone el dedo en la llaga”. Pero Europa es incapaz de arrastrar a EE UU en su reclamación de alto el fuego, quizá porque tampoco en la UE hay una posición común: “En Naciones Unidas votamos divididos, 18 a favor frente a nueve abstenciones”.

El peso de la historia explica la posición de Alemania, incluso de los alemanes, al frente de las instituciones: la presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, hizo una visita a Tel Aviv en la que defendió el derecho a defenderse de Israel sin ponerle ningún límite. “La catástrofe en Gaza no es el resultado de un terremoto o una inundación: es consecuencia de una acción militar devastadora. Hamás es una idea, y una idea solo se combate con otra idea: los planes de [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu para Gaza son inaceptables. Se están sembrando las semillas del odio para varias generaciones. Es un secreto a voces que los israelíes financiaron a Hamás y jugaron a dividir a los palestinos. O que la posición de EE UU le pasa factura a [el presidente, Joe] Biden entre el electorado demócrata joven. Y que ese viaje de Von der Leyen, con una posición tan absolutamente proisraelí, sin representar a nadie más que a ella misma en una cuestión de política internacional, ha tenido un alto coste geopolítico para Europa”.

Borrell deja un par de recados más a Von der Leyen. Uno: “Anuncia que habrá un comisario de Defensa, pero la Comisión no tiene competencias en materia de defensa, solo en la industria de defensa. Me gustaría saber qué base jurídica tiene su propuesta”. Y dos: “Es lícito que quiera un segundo mandato, pero no que pretenda atribuirse personalmente todos los éxitos: hay un colegio de comisarios de distintos colores políticos que ha tomado decisiones, debería cuidar más la neutralidad cuando es a la vez presidenta y candidata. Debería centrarse en que su formación, el PP Europeo, no caiga en la tentación de aliarse con los ultras, abandonando así sus tradicionales alianzas”.

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Estrés a la derecha. El PP es prácticamente un régimen en Galicia, más aún con su quinta mayoría absoluta consecutiva tras 36 de los 42 últimos años en el poder. Gana con altas y bajas participaciones. Gana sea cual sea el candidato, con un abrumador control de los medios de comunicación. Es capaz de enviar un SMS a los trabajadores del sector sanitario unas horas antes de las elecciones para anunciarles una subida de sueldo y los electores no mueven una sola ceja. Cuando pareció que podía haber partido, Feijóo mandó sacar del cajón una brújula que nunca decepciona: el miedo. En este caso, el miedo al nacionalismo. La jugada le salió bien. Queda por ver si los errores no forzados lo llevan a modificar su estrategia en adelante. Y cómo digiere la derecha esa comida en Sarria en la que un alto dirigente de su partido admitió que estudió la amnistía y que daría indultos condicionados si pudiera. Paradójicamente, ese sincericidio me parece lo mejor de su campaña: en la intimidad, también Feijóo cree que hay que desinflamar Cataluña. Otros piensan exactamente lo contrario: “Este PP no tiene ni media bofetada”, escribió el pasado jueves José Antonio Zarzalejos. Media semana después, Feijóo parece capaz de aguantar la bofetada entera sin inmutarse.

Magulladuras a la izquierda. El PSOE tiene graves problemas de implantación territorial desde que Sánchez está en La Moncloa (nada comparable a Sumar y sobre todo Podemos, pero esa es otra historia). El fracaso de los socialistas gallegos es sideral: solo un 14% del voto, mínimo histórico. Todo va a seguir igual en Madrid: si los socialistas sacan adelante la amnistía y los Presupuestos, la legislatura será larga. Pero la izquierda sale muy dañada de las últimas citas electorales en las autonomías, y Galicia no hace sino acentuar esa tendencia. Las paradojas suelen ser interesantes: Sánchez ha sabido leer el cambio de paradigma de la política nacional, pero eso le lastra en la política territorial; al PP le ocurre lo contrario. En España, el centroderecha saca, grosso modo, nueve millones de votos en las generales; el centroizquierda otros nueve millones. Hay nueve millones adicionales diversos, divididos, contradictorios, que van de Bildu hasta Vox y que están ahí para quedarse. El PP ha cometido el que quizá sea el mayor error desde la Guerra de Irak aliándose con Vox: al contrario que Sánchez, se niega a las alianzas con los nacionalistas periféricos. Por eso Sánchez sigue en La Moncloa, porque ha sabido oler que los grandes partidos van a tener que sacrificar buena parte de sus programas si quieren gobernar, según la tesis del politólogo Juan Rodríguez Teruel. Pero nada es gratis: el coste de esas cesiones está siendo el poder territorial. Parte de los votos de Galicia volverán al PSOE y a Sumar en unas elecciones generales, como sucedió con Andalucía, pero ojo, porque esa pérdida de poder territorial es más grave de lo que parece. ¿Ha renunciado el PSOE a ser el partido articulador de España? ¿Ha renunciado a hacer pedagogía federal, a hablar de solidaridad interterritorial, a articular un auténtico modelo de la España de las autonomías? Si ha renunciado a cambio del poder nacional, el vaciamiento del discurso del PSOE respecto al federalismo será directamente proporcional a su irrelevancia en los territorios. Aunque los condicionales, como el de esta última frase, suelen ser maniobras de distracción. Y así no hay quien dé con el dichoso gato de Schrödinger.

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Si hubieran caído los tres decretos las consecuencias económicas habrían sido terribles: adiós a un buen puñado de medidas sociales con un fuerte impacto sobre la desigualdad y la inflación, y adiós a un buen mordisco de fondos europeos. El resultado final es menos dañino, pero su impacto no está nada mal. Parte de los 10.000 millones que tenían que llegar en fondos europeos corre peligro. Y hasta 730.000 personas seguirán cobrando un subsidio de 480 euros, y no de 570 euros: tres cuartos de millón de españoles pierden casi 100 euros al mes por la negativa de Podemos a aprobar ese decreto con malas excusas, un supuesto recorte en las cotizaciones más que discutible.

Y, sin embargo, ese no es el quid de la cuestión. Las lecciones del superpleno son mucho más políticas que económicas. Aquí van tres a vuelapluma:

Una: el pacto con los independentistas catalanes era una especie de “vamos a aprobar la amnistía y luego ya se verá”. Esos meses que podía tardar la tramitación como proyecto de ley, más la previsible catarata de recursos, daban en teoría tiempo suficiente como para que cada una de las partes empezara a fiarse de la otra: Junts ha iniciado un giro pragmático —como hizo ERC con los indultos— y el PSOE sigue adelante con las políticas para pacificar Cataluña después de unos años de padre y muy señor mío. Las hostilidades estaban reservadas para después de la aplicación de la amnistía. El mensaje de Junts, que finalmente amagó más que golpeó con esa abstención creativa, es que no comparte el programa de gobierno de la coalición: su lógica, más allá de la amnistía, se basa en centrarse en la competición con ERC de cara a las próximas elecciones catalanas, no en la gobernabilidad de España. Se suponía que eso no se vería con claridad hasta después de aprobar la amnistía. Junts no es, en fin, un socio fiable. Ese rey, como se vio ayer, está desnudo.

Dos: la misma desnudez vale para la izquierda a la izquierda del PSOE. Podemos rompió la coalición de partidos que quería ser Sumar y es una suerte de zombi a la espera de sobrevivir a las próximas elecciones europeas. Hasta entonces se suponía que iba a garantizar una cierta estabilidad al Gobierno de coalición, fustigando cuando pudiera a Yolanda Díaz. Pero tampoco es un socio fiable, ni siquiera cuando se trata de convalidar decretos cuya melodía suena bien entre sus votantes. El lío ha empezado antes de lo previsto y mucho peor de lo previsto: Podemos se pasó un lustro vendiendo las bondades del escudo social y a las primeras de cambio ha votado en contra de él. Su negativa al subsidio solo puede leerse como un golpe brutal contra Díaz. Y es a la vez un mensaje al PSOE: Podemos no negociará con Sumar sino con los socialistas, sus apoyos no están garantizados, y si es necesario seguirán en ese “cuanto peor, mejor” de los últimos tiempos. Más de 700.000 de sus potenciales votantes se quedan sin una subida del subsidio de casi 100 euros. Si para ello hay que retorcer las leyes de la gravedad económica y vender como excusa un recorte de las cotizaciones (más que discutible, porque la subida del salario mínimo interprofesional explicaba esa medida) no hay ningún problema. Podemos abandonó hace tiempo el pragmatismo y está subido a una ola emocional, que pasa por castigar a Yolanda Díaz, tratar de sobrevivir en una esquina del tablero político y hacerse notar incluso en medidas que van claramente en contra de su ideario.

Y tres: es de suponer que todas las alarmas acaban de sonar en el PSOE. Las primeras votaciones apuntan a una legislatura agónica e incierta en la que sus apoyos son poco sólidos. El eje izquierda-derecha está ahí desde la Revolución francesa; en España la particularidad es que la izquierda se ha hecho con el Gobierno, pero no con una mayoría impepinable en el Congreso. Hay un segundo eje divisivo: partidarios de la amnistía contra detractores. Un tercero: Podemos-Sumar. Un cuarto: Junts-Esquerra. Y hasta un quinto: PNV-Bildu. Parece claro que en función de la votación, y habrá votaciones mucho más peliagudas que la de este miércoles, las fisuras aparecerán en unos ejes u otros. El jaleo está tan asegurado que incluso es probable que el PSOE se acerque en determinados momentos al PP —lo ha intentado en esta votación— a pesar de los sintagmas “derogar el sanchismo” y “que te vote Txapote”.

La investidura parecía un enigma irresoluble, pero los auténticos problemas aparecen cuando llegamos a la tierra firme prometida: la legislatura. La primera frase de esta especie de novela que es la legislatura que acaba de arrancar es un trasunto de Tolstói: todas las mayorías parlamentarias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera.

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Durante la crisis del euro volvieron a sonar las trompetas de Jericó: “El apocalipsis llegará muy pronto”, avisó Paul Krugman, pesimista jefe contra la Unión Económica y Monetaria. Pero ahí sigue el euro, desafiando las leyes de la gravedad. Porque tiene serios defectos de fábrica: una unión monetaria sin unión fiscal ni bancaria, por no hablar de unión política, es algo inherentemente frágil.

El euro tiene fallos difícilmente subsanables de incompatibilidad entre culturas políticas, económicas e industriales de los distintos países. Ha protagonizado una guerra de baja intensidad entre acreedores y deudores; siempre ha sido un amaño entre las reglas alemanas y la discrecionalidad francesa. Pero domina el arte de ir tirando.

Tras dos guerras calientes y una fría, el euro acabó siendo la respuesta más radical del europeísmo. “Europa comenzó como un proyecto elitista que creía que solo era preciso convencer a los que tomaban decisiones; esa fase de despotismo benigno se acabó”, dijo entonces el recientemente fallecido Jacques Delors. El euro fue el precio que los franceses pidieron por la unidad alemana; a cambio, Berlín exigió que la moneda se construyera a imagen y semejanza del marco, y acabó imponiendo su ley: Alemania era y es el gran beneficiario de la eurozona (pese a que está sumida en una grave crisis de modelo).

Delors erró el tiro: el despotismo benigno sigue ahí. La primera década de la moneda fue una marcha triunfal. Jean-Claude Trichet, jefe del BCE, lo calificó 10 años después de nacer de “éxito notable”; Joaquín Almunia, entonces en la Comisión, dijo que era “un foco de estabilidad”. Los dioses castigan con saña el pecado de hybris: se suponía que el euro iba a poder reciclar los excedentes del Norte en el Sur, pero justo cuando Trichet y Almunia se daban ese baño de complacencia todo ese dinero fácil estaba hinchando burbujas colosales y acabó provocando problemas en toda la periferia. La gestión de la crisis fue insoportablemente mediocre: una crisis financiera de libro se gestionó como una crisis fiscal, en uno de los mayores gatos por liebre de la historia. Berlín, Bruselas y Fráncfort impusieron ajustes draconianos y la eurozona estuvo a un paso de romperse; la magia de Draghi la mantuvo a salvo.

El euro, en fin, es duro de pelar. Pero el cisne esconde bajo las aguas unas patas de monstruo: quienes pensaron que la integración económica traería unión política estaban equivocados; quienes pensaban que bastaba con un puñado de reglas escritas en bronce estaban equivocados; quienes pensaban que el euro sería una máquina de fabricar convergencia estaban equivocados. Y sin embargo, a pesar de los pesares, el abejorro sigue volando.

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Pregunta. Bruselas, el FMI, el BCE: todos los organismos internacionales reclaman disciplina fiscal. Con un acuerdo de coalición que incluye numerosos compromisos de gasto y una mayoría parlamentaria que va a requerir contentar a varios socios, ¿qué Presupuestos veremos en 2024?

Respuesta. Europa reconoce los esfuerzos que ha hecho España. Bruselas acaba de avalar el plan presupuestario español, y a la vez ha rechazado el de Alemania y ve problemas en Holanda, países habitualmente ortodoxos. Las nuevas reglas fiscales deberían incentivar fiscalmente inversiones tecnológicas o verdes para apuntalar la autonomía estratégica de la UE. Con esos mimbres, estamos en condiciones de formular un Presupuesto que nos permita seguir avanzando en las políticas de progreso. Es verdad que el margen fiscal es bastante menor de lo que veníamos teniendo en condiciones extraordinarias, por la pandemia o la guerra en Ucrania, pero podemos cumplir con el listón del déficit del 3%, bajando desde el 3,9% del PIB: hemos hecho mayores esfuerzos en años anteriores.

P. Sí: con un crecimiento robusto de los ingresos y de la economía. Pero ahora se avecina una desaceleración. España presenta buenos datos de crecimiento, pero está peor equipada desde el punto de vista fiscal. Y viene un arreón fiscal.

R. Es verdad que la economía va a ir frenando progresivamente, pero el Presupuesto puede compatibilizar el esfuerzo de saneamiento de las cuentas públicas con los planes del Ejecutivo.

P. ¿Cuál va a ser la orientación de la política fiscal en la próxima legislatura?

R. Si queremos Estados del bienestar que protejan y que las democracias proporcionen seguridad, debemos tener capacidad para impulsar políticas públicas a través de la inversión. Hay margen fiscal para ello. En Europa y en España: la evolución del mercado de trabajo español es un indicio de estabilidad en los ingresos para activar esas políticas.

P. ¿Eso se traducirá en un Presupuesto moderadamente expansivo o el viraje de Bruselas y el BCE impiden esa política económica?

R. Todavía tenemos cierto margen de actuación. El Presupuesto tiene vocación de mantener el volumen de ingresos, aunque hay que absorber parte de las reducciones fiscales que nos vimos obligados a introducir ante las circunstancias extraordinarias de la pandemia y la guerra en Ucrania. Es urgente evaluar el impacto político, social y económico de las medidas que aprobamos en su día. Y elaborar las cuentas desde una perspectiva plurianual, especialmente en el capítulo inversor, para dar garantías de estabilidad a empresas y trabajadores.

P. Pero el viento ha cambiado en Bruselas: la Comisión va a ser menos laxa con la política fiscal. Los analistas apuntan a ajustes de al menos unos 10.000 millones en 2024.

R. Nuestro objetivo declarado es llevar el déficit al 3% del PIB para el año que viene. Hay que cumplir con ese compromiso y eso exige ajustes en el Estado y en las comunidades autónomas. Pero seguimos creciendo, el nivel de ingresos ha mejorado y también disponemos del Plan de Recuperación europeo. Puede que no tengamos el margen de años anteriores para ser más expansivos, pero seguimos teniendo cierta capacidad para impulsar el crecimiento y a la vez acometer la consolidación fiscal.

P. ¿Van a eliminar las ayudas a final de año? Teniendo en cuenta las facilidades a las empresas en toda Europa, ¿un Gobierno progresista no está obligado a hacer un esfuerzo por ese flanco?

R. Dependerá de cómo se comporte la inflación en el primer semestre de 2024. Lo que ha trasladado Bruselas es que hay que ir desactivando las medidas extraordinarias que se pusieron en marcha por la guerra de Ucrania. Hay un compromiso para mantener el transporte público gratuito, que al final contribuye a conseguir los objetivos climáticos. Y estamos evaluando otras medidas, tanto las relacionadas con el transporte por ferrocarril como las rebajas fiscales. Se prorroga el IVA de los alimentos hasta junio. Y me temo que el resto dependerá de factores como qué sucede con la excepción ibérica o cómo se van a comportar los precios de la energía. Si se mantienen medidas, eso iría en detrimento de otras partidas de gasto.

P. Las noticias económicas van a ser más negativas desde ahora. Los tipos de interés empiezan a hacer daño. ¿Cómo se gestiona ese escenario nuboso con un equipo económico con una estabilidad precaria y pendiente de la salida de Calviño?

R. Con el liderazgo de Calviño, venimos de cinco años de gran cohesión en el área económica. La presidencia del Banco Europeo de Inversiones sería una excelente noticia; nos jugamos 20.000 millones en fondos europeos a través del BEI. Si al final Calviño se va, el presidente Sánchez tendrá que cubrir un hueco muy importante.

P. ¿Aspira usted a sustituir a Calviño?

R. Mi aportación ha venido por el lado de Hacienda: Nadia Calviño tiene otras características. Creo que habría que incorporar a alguien al equipo.

P. ¿El próximo ministro de Economía debe ser vicepresidente? ¿Qué perfil debe tener?

R. Creo que lo relevante es encontrar un perfil que tenga credenciales e interlocución con Bruselas, con garantías para sustituir a Nadia Calviño sin que se resienta nuestra credibilidad en las instituciones.

P. Da la impresión de que usted va a ser la vicepresidenta del área y Escrivá va a tener la interlocución con Bruselas.

R. Esa es su impresión. Escrivá ha sido un ministro estupendo. Ha hecho un trabajo enorme en Seguridad Social. Ha sacado adelante una reforma de pensiones complicadísima. Combina un profundo conocimiento de Europa con el de la Administración pública española. Creo que aporta muchísimo al equipo económico, también ahora desde Transformación Digital: es un peso pesado del equipo económico. Ya se verá.

P. La incertidumbre respecto al equipo económico convive con otras incógnitas relacionadas con el nuevo Gobierno y la legislatura que se avecina. En particular con los efectos de la amnistía: si realmente esa medida va a pacificar definitivamente Cataluña o si puede inflamar otros espacios. ¿No ve un claro déficit de explicación por parte del Gobierno?

R. A veces los tiempos de la comunicación política no se compadecen con los de la negociación política. Mucho más en un asunto como este, donde algunos grupos políticos tenían que virar su posición previa 180 grados, algo que obliga a una formidable digestión interna antes de ponerse a comunicar. Hemos llegado a un acuerdo con Junts, que en la legislatura pasada no apoyó, creo recordar, ni una sola ley. Y ahora tiene que transitar por el camino que antes recorrió Esquerra: el de la negociación política, el del diálogo, el de la gestión, y además el de un reencuentro, una reconciliación para que la ruptura sea agua pasada. Ese es un movimiento difícil y complejo. Que requiere tiempo, que requiere de una cierta contención.

P. Y que en un momento dado requiere también una cierta explicación que no ha llegado, o solo parcialmente. Además de vicepresidenta y ministra de Hacienda usted es un alto cargo socialista. ¿Detecta malestar en una parte del PSOE por la amnistía?

R. Yo creo que hay una gran confianza en que el presidente sabe cómo se tiene que conducir. El resultado de la consulta del PSOE pone de manifiesto hasta qué punto la militancia socialista es capaz de superar ese debate.

P. ¿No pide la militancia más explicación?

R. Sin duda. Durante la negociación era imprescindible cierta discreción. Ahora llega el turno de explicar, de contar. Consideramos que la amnistía es un instrumento para reconstruir los puentes que se derribaron en la legislatura de Rajoy. Los indultos fueron un intento de restablecer esos puentes. La amnistía va en esa dirección. Es una oportunidad: nadie puede asegurar que vaya a ser un éxito definitivo, eso ya se verá, pero es un intento de restañar heridas, de cerrar cicatrices. Entendemos que haya gente que no la vea. Entendemos que haya gente a la que le parezca que quienes hicieron un quebranto tan importante del orden constitucional no deben beneficiarse de la amnistía. ¿Pero cuál es entonces la alternativa?

P. ¿Cuál es?

R. Se produjo una fractura que ojalá que nunca se hubiera producido. Que fue gravísima por la inacción de unos y por la acción de otros. En ese momento el PSOE estuvo del lado del Gobierno para activar el artículo 155 de la Constitución por primera vez en la historia de España, para restablecer el orden constitucional. Podemos quedarnos ahí, en una situación de polarización extrema, con el centroderecha pactando en algunos territorios con la ultraderecha. O podemos concluir que el 23-J España votó otra cosa y optar la convivencia y el diálogo.

P. ¿Sugiere que la amnistía es en definitiva lo que ha permitido que los ultras no alcancen el Gobierno, como está sucediendo en otros países?

R. Indirectamente, sí. El desapego hacia las instituciones es un caldo de cultivo espléndido para los autoritarismos. Estamos preocupados con lo que está ocurriendo a nivel internacional, con lo que acaba de ocurrir en Argentina, en los Países Bajos. La ultraderecha está llegando a países que no podíamos ni imaginar. Y estamos preocupados porque el Partido Popular, no la ultraderecha de Abascal sino el centroderecha de Feijóo, alimenta un monstruo que luego va a ser muy difícil de controlar: llevamos tres semanas de asedio a la sede del PSOE; es normal que el presidente Sánchez subraye en sus discursos el contraste entre las visiones liberales y reaccionarias.

P. ¿No cree que deberían haber llevado la amnistía en el programa electoral? Les cuestionan porque dicen que es un simple intercambio de votos para lograr la investidura. Y hay críticas que subrayan que para pacificar Cataluña están soliviantando a otras partes de España.

R. No llevábamos la ley de amnistía en el programa electoral, igual que la legislatura pasada no llevábamos los indultos y también los aprobamos, y aun así ahora podemos gobernar. La política consiste en leer en cada momento el país, el estado de ánimo de los ciudadanos. Y el 23-J deja dos mensajes. Uno: que los ciudadanos, a pesar de lo que decían las encuestas, no querían un Gobierno de derechas. Eso nos lleva a articular un Gobierno que deje fuera de las instituciones a la derecha y la ultraderecha. Y dos: si los ciudadanos hubieran querido que el Partido Socialista gobernara en solitario nos habrían dado más apoyo. No fue así. Las urnas nos dejan una España diversa, plural, que nos obliga a tener una visión del Estado de las autonomías como obliga a los nacionalistas a tener una idea de España si queremos entendernos. Y eso es lo que estamos haciendo. No veo cómo puede llamarse a esto fraude electoral.

P. La amnistía dejó los votos necesarios para la investidura. ¿Qué legislatura espera? ¿Qué va a hacer con la amnistía el Gobierno?

R. Es radicalmente falso que la amnistía se hiciera para posibilitar la investidura. Va mucho más allá que una investidura. Vamos a una legislatura difícil, compleja: en lo relativo a la convivencia democrática, en los asuntos económicos, en muchos otros aspectos. Creo que la amnistía puede tener consecuencias positivas en el terreno del entendimiento y la convivencia, pero también en términos de crecimiento económico, con un mejor encaje de Cataluña en la economía española, con efectos sobre el clima inversor, sobre la estabilidad. La amnistía nos va a permitir tener unos Presupuestos, mejorar el escudo social con leyes progresistas. Acometer las grandes transformaciones a través del Plan de Recuperación. Y permitir que Cataluña vuelva a ser un pulmón para la economía española, un polo de tecnología e inversión. No comparto la idea de algunos de mis compañeros de que eso se hace a costa del crédito del Partido Socialista.

P. ¿Se refiere usted a García-Page, por ejemplo?

R. Estoy hablando de aprovechar las oportunidades para que a la economía española le vaya bien.

P. Más allá de la explicación de la amnistía, hay un eje con Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana gobernado por el PP y con una holgada mayoría en términos de votos ¿Cómo plantean afrontarlo?

R. Tiempo al tiempo. Para nosotros el 28 de mayo supuso una pérdida real de capacidad de gobierno. La lectura que hizo el presidente Sánchez de someter también al Gobierno de España al criterio de los electores se valorará con el tiempo: la osadía, la valentía y la inteligencia política detrás de esa decisión. Aún no tenemos distancia para calibrarlo. Esa es la política con mayúsculas. La que uno ante una situación adversa, pone las fichas en movimiento para convertirla en una oportunidad. Fue una decisión magistral.

P. Usted sabía que iba a tomar esa decisión de adelantar elecciones.

R. No, no. Pero después de esa situación, yo creo que los resultados del 23-J logran reconfortar al partido.

P. Serán los libros de historia los que valorarán en función de cómo el país digiera la amnistía.

R. Seguro. Pero por lo pronto lo que lo posibilitó fue un escenario de entendimiento que no pasara por meter a la ultraderecha dentro de las instituciones. Para los demócratas, para las personas que somos progresistas, que no esté la ultraderecha en las instituciones es clave.

P. Hace exactamente cuatro meses que se celebraron las elecciones del 23-J. Y ya miramos al futuro. ¿Serán las elecciones europeas, las del País Vasco, y las gallegas un plebiscito sobre la amnistía y un examen para el Gobierno?

R. Creo que no. Aunque el PP pretenderá no hablar de los problemas de los ciudadanos en los territorios. Van a hurtar a los ciudadanos que se pueda hablar de algo tan fundamental como que te atiendan cuando tienes un problema de salud, de la escuela pública de la dependencia o la vivienda. Ahora el PP no quiere hablar de la gestión y prefiere que se hable de amenazas, de que se rompe España, de que Pedro Sánchez es malísimo, de que el Partido Socialista no es demócrata, de que no somos constitucionalistas. A quién van a convencer con unos argumentos que venimos escuchando desde hace más de 40 años. Y no solamente España no se rompe, España ha estado más unida y fuerte cuando ha gobernado el Partido Socialista.

P. Firmaron un acuerdo con el PNV sobre el traspaso de competencias de la Seguridad Social. Usted dijo que eso ya se verá. ¿Puede ser que el PSOE esté firmando cosas que difícilmente puede cumplir?

R. Hemos firmado lo mismo que han firmado partidos anteriores con el PNV.

P. Pero nunca se ha cumplido.

R. ¿Cómo va a decir un Gobierno que no va a cumplir con el Estatuto de Gernika? En el acuerdo no se menciona a la Seguridad Social, aunque está ahí dentro de ese paquete.

P. Sin embargo se incumple.

R. Es difícil y complejo arbitrar un traspaso que respete los principios que el propio Estatuto traslada de unidad y solidaridad de la caja única de la Seguridad Social. Todavía no ha habido ninguna propuesta encima de la mesa que permita formular la cesión sin que lo otro se vea afectado.

P. Eso suena a que habría menos solidaridad con el cupo vasco.

R. Es que tiene que respetarse el principio de solidaridad. Lo dice el propio Estatuto de Gernika. Y cualquier sistema tiene que ser redistributivo, como el sistema de pensiones. Es un asunto difícil. Los diferentes gobiernos han hecho aproximaciones, pero aún no hemos dado con la tecla. Ojalá demos con ella, pero es difícil hacer algo en esta materia sin que rompa los principios que el propio Estatuto establece como intocable.

P. ¿Se garantiza entonces el principio de caja única de la Seguridad Social? En ese artículo del Estatuto de Gernika se regula la cesión de la gestión meramente económica, que es la ventanilla, pero también tiene parte de gestión normativa. ¿Eso es lo queda fuera?

R. Exacto. Yo diría que es difícil y tiene que ser operativo poner en marcha un mecanismo que permita mantener las dos cuestiones. Hay una voluntad por parte del Gobierno de España y del País Vasco de profundizar en esa competencia.

P. ¿Hasta dónde va a llegar el traspaso de competencias? Me refiero a que la Declaración de Granada sigue vigente ahí.

R. La Declaración de Granada sigue plenamente vigente. Nosotros tuvimos la capacidad de articular un proyecto político cuasi federal, que tiene los elementos nucleares de los derechos de los de los ciudadanos como la igualdad. Los países están compuestos por personas, no por una suma de fronteras. Son personas con nombres y apellidos y que en algunas partes del territorio tienen singularidades, sentimientos, historia que tiene que ser compatible con su idea de España. España será más fuerte si somos capaces de compatibilizar una España diversa y plural. No una España uniforme, una grande, única y libre como como vemos ahora en las proclamas de las protestas en la sede de Ferraz. En nuestra España tiene que caber todo el mundo respetando el orden constitucional.

P. Por qué no se puede permitir este país un acuerdo entre los dos grandes partidos, por ejemplo, en financiación autonómica. ¿Se puede permitir este país que los dos grandes partidos vayan permanentemente al choque?

R. No, no. Se lo digo claramente. Y la reforma de la financiación autonómica o está pactada entre los dos grandes partidos o no será. Pero es que el PP aquí no tiene una propuesta.

P. Pero la propuesta debería de salir del Gobierno.

R. Nosotros hemos puesto una propuesta encima de la mesa.

P. Pero incluso comunidades gobernadas por el PSOE tampoco la querían.

R. El debate de la financiación autonómica se sitúa en un marco en el que cada uno tiene que defender su posición de máximos. Y así no avanza. Lo digo con independencia de quien esté en la oposición de cada territorio y quien esté en el Gobierno, pero tenemos que trascender. La financiación autonómica no la votan los territorios, la votan los partidos en el Congreso. Los dos partidos políticos se tienen que sentar a hablar sin miedo.

P. Pero no parece realista hablar de un acuerdo entre los dos grandes partidos cuando ni siquiera logran pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

R. Me parece complejo, pero hay que intentarlo.

P. ¿Por qué en Europa es perfectamente posible un acuerdo entre la familia socialdemócrata y los populares y en España es imposible acordar incluso las grandes reformas por consenso? Van a poder aprobar según qué cosas por mayoría, pero parece muy difícil de conseguir. ¿No cree que hay que tender la mano al PP para algunas cuestiones? ¿Por qué el presidente en el discurso de investidura no tiende la mano al PP?

R. Es curioso lo que se produce en España. Cuando el Partido Socialista está en la oposición, llegamos a acuerdos con el Partido Popular en materia de lucha contra el terrorismo, apoyamos la aplicación del artículo 155 de la Constitución, acordamos algunas leyes. El Partido Socialista sabe que su oposición tiene que ser constructiva, aún no compartiendo muchas de las cuestiones. Tengo un claro convencimiento después de toda mi experiencia política, de que el PP, cuando gobierna el PSOE, piensa que eso es un fracaso, un fraude electoral, que es ilegítimo. Son las lecturas que ha hecho el PP. Cuando Felipe González, Zapatero o Sánchez llegan al poder dicen que es por fraude, por ilegitimidad o por engaño a los ciudadanos. Esto no ha ocurrido nunca en una oposición de parte del Partido Socialista. Cabría preguntarse si es que tenemos una derecha en este país que todavía no ha asumido que el poder no le pertenece, probablemente porque es heredera de una dictadura. Todo se pone en cuestión para que no gobierne el PSOE. Ese es el problema. Hasta que el PP no asuma que esto es una democracia y que los ciudadanos deciden libremente, no va a haber posibilidades de tener grandes acuerdos que son muy importantes para este país. Tengo esperanza, nunca la pierdo.

P. La condonación de la deuda autonómica es un asunto que lleva sobre la mesa cinco o seis años. El exministro Montoro ya lo exploró, ustedes también a principio de la legislatura pasada. No cree que es clave delimitar qué es lo condonable: ha habido comunidades más rigurosas presupuestariamente que otras.

R. La asunción de la deuda por parte del Estado no puede de ninguna manera privilegiar a las que tuvieron mayor endeudamiento. Ese es un efecto perverso. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Durante una etapa el modelo se enfrentó a una situación económica que produjo una disminución de ingresos, que obligó a que las comunidades recurrieran al endeudamiento. Y eso es lo que vamos a atajar. Ver en ese periodo de crisis económica, en el que todas se vieron obligadas a acudir al endeudamiento para poder mantener los servicios públicos, qué parte nosotros podemos asumir. Con un objetivo que es muy importante, que es que salgan a los mercados. Es muy importante que las comunidades autónomas sean mayores de edad en los mercados, porque eso les va a permitir enfrentar la disciplina fiscal. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) era un elemento de emergencia. De lo que se trata es de que salgan a los mercados y por tanto tengan autonomía.

P. Y recuperen la disciplina fiscal.

R. Y disciplina, sí. Si papá Estado te financia a través del FLA tu exceso de déficit es muy difícil que las comunidades autónomas vuelvan a las reglas fiscales.

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En general abundan perfiles más políticos, más fuertes, más duros entre los socialistas, conscientes de que se avecinan años en los que harán falta fajadores y pegadores. Y esta vez no hay voces que vayan a provocar la cacofonía en la que cayó a menudo el Consejo de Ministros anterior. Sigue Yolanda Díaz, que arriesga dejando fuera a Podemos y tendrá que cerrar definitivamente la crisis de nunca acabar con el partido morado. Sigue Teresa Ribera, uno de los valores en alza por sus acuerdos con Bruselas. Y siguen los ministros de las carteras ‘de Estado’: Albares en Exteriores, Robles en Defensa, Marlaska en Interior, todos ellos con la piel curtida tras unos años de aúpa. Política Territorial, por cierto, no va a parar a un ministro catalán: esa decisión de Sánchez es en sí mismo un mensaje, un aviso a navegantes.

España esquivó una bala el 23-J, la misma que acaba de encajar Argentina; vemos balas así en Italia, en República Checa, en Hungría, quién sabe si las veremos de nuevo en Estados Unidos, y hay unas elecciones europeas cerca ―en junio de 2024— que medirán la fuerza de la marea ultra. De momento, en el exterior se adivinan olas temibles: antiliberalismo a menudo con tintes autoritarios en muchas partes a la vez. Y en el interior poco más o menos lo mismo: se avecina una legislatura caliente, que se estrena con protestas en la calle y entre el poder judicial.

Este parece un Gobierno diseñado para gestionar esa acometida, a modo del manual de resistencia de Sánchez. Circulan dos versiones de la intervención de este lunes del presidente en televisión: el Sánchez otra vez ganador contra pronóstico, con la disciplina de victoria de uno de esos jugadores de tenis de fondo de pista; y la cara de agotamiento del presidente en la comparecencia en la que se lee una victoria pírrica y un Gobierno sin capacidad para renovarse, para inspirar, para motivar, para inaugurar una nueva etapa. Elijan ustedes.

Lo más importante que nos pasa en la vida es siempre lo que no teníamos previsto: el diseño del gabinete se hace siempre pensando en la crisis que ya pasó, pero la política española es una implacable máquina de novelar. Vendrán más años malos, y según la profecía de Ferlosio nos harán más ciegos. Aunque va a ser difícil: estos días se habla con una facilidad pasmosa de “golpe de Estado”, de “dictadura por la puerta de atrás”. Chantaje, humillación, indignidad, rendición, sometimiento, ilegitimidad, felonía: esa es la nomenclatura de la sobredosis de moral que nos afecta. Se echa de menos un lenguaje más político, menos basado en esa brújula que nunca decepciona: el miedo. Más Ilustración y menos Romanticismo.

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Pero hay un par de cosas más enjundiosas relacionadas con la amnistía. Una de ellas es su constitucionalidad, que una miríada de opinadores ha descartado de plano antes de conocer el texto en un ejercicio impactante de censura previa. La constitucionalidad es un prerrequisito ineludible de toda ley, más aún de una medida de gracia tan ambiciosa, tan impactante, que va a dejar tanta huella. Ya antes de aparecer, para los apocalípticos de sofá aquello no era una amnistía: era el cadáver del Estado humillado y de la Justicia sometida pasados por el hacha de Jack el Destripador. Y no. El texto parece bien armado, pero bien o mal armado da lo mismo: la constitucionalidad o no de la medida de gracia la examinará el máximo intérprete de la Carta Magna, también llamado Tribunal Constitucional. No hay más preguntas, señorías.

Así que su encaje parlamentario está claro: la amnistía era una pieza basal de la investidura, y, que yo sepa, desde Maquiavelo los líderes políticos quieren el poder, más allá de las moralinas tan en boga últimamente. Y su encaje constitucional también está claro: será lo que diga el órgano de garantías si nos creemos de veras lo de respetar el Estado de derecho. Queda lo más espinoso, o puede que lo más fascinante: su encaje político. Algo nada fácil en un país cuya política es una olla a presión y con exceso de razonamientos gastrointestinales.

La aspiración de la amnistía —la famosa “convivencia democrática” que aparece una y otra vez en la ley como un soniquete que cascabelea por todo el texto— difícilmente cristalizará a corto plazo. Por el contrario, sus costes sí se verán inmediatamente; al menos por dos flancos:

Uno: el riesgo de que la judicialización del procés siga vigente y los jueces decidan dar la espalda al poder legislativo, aunque ese peligro está relativamente conjurado por los cambios recientes en el Constitucional y por el propio texto, mejor armado que otras leyes anteriores.

Dos: el peligro de que para tratar de apagar definitivamente el fuego en Cataluña se incendie el resto de España. No faltan pirómanos: “Que todo el mundo haga todo lo que pueda hacer”, vino a pedir el expresidente Aznar hace unos días con la mejor de sus sonrisas, un bidón de gasolina en una mano y un mechero prendido en la otra. Paradójicamente, la querencia por la hipérbole de las derechas juega claramente en su contra. Mucha gente ha salido a protestar a la calle, esa fuerza es innegable, pero muchísima más gente desconfía del tono furibundo del PP y Vox, y sospecha que las protestas son una versión por entregas y en pequeñas dosis —a veces tragicómicas, a menudo esperpénticas— del asalto al Capitolio de los republicanos en EE UU. La derecha se vio en el poder hace tres meses. Casi estaba repartiéndose cargos y dineros. Y no termina de aceptar el resultado del 23-J: esa es la verdadera historia de buena parte del cabreo hispano-español.

Más allá del PP, ese encaje político es de lo más complicado, en parte por la guerra de guerrillas entre ERC y Junts, que anticipa una legislatura desapacible. Por separado, esos dos partidos están en pleno realineamiento. Esquerra dio un giro la pasada legislatura: con los indultos dejó atrás unilateralidades y otros ensueños y decidió sentarse a la mesa de los mayores a negociar. Y La Moncloa defiende que el acuerdo político con Junts, un desastre de documento que compra buena parte de la narrativa de los independentistas, era la antesala del preámbulo de la ley de amnistía: el PSOE hizo numerosas cesiones en ese pacto —aunque ya veremos qué o cómo se materializa después de las negociaciones—, pero los socialistas se sienten más cómodos con el relato que aparece en la exposición de motivos de la ley de amnistía. Y piensan que Junts sigue la pista de ERC en dirección al pragmatismo, al marco legal y constitucional vigente: “Todos los caminos deben transitar por el ordenamiento jurídico nacional e internacional”, según la ley.

El ruido en los próximos días está asegurado y puede que dure al menos hasta las elecciones europeas. Pero el ruido suele estar sometido a la ley de rendimientos decrecientes. La conversación política irá girando hacia la nueva coalición, hacia su agenda política, hacia sus nuevos ministros, hacia las dos guerras que tenemos en el vecindario, con la geopolítica global en plena sacudida. El juego del poder empezó a decantarse la noche del 23-J y está a punto de cerrarse: a Feijóo le espera una temporada en la oposición, aunque tratará de forzar la repetición electoral hasta el último minuto con jugadas de dudosa lealtad institucional como reunir a la prensa extranjera para comparar España con Hungría. ¿España es “una dictadura” con un Gobierno cogido con pinzas y un PP que controla el Senado, el poder territorial, el poder judicial y buena parte de los medios de comunicación? Pues no, no lo parece. ¿España se rompe? No, tampoco esta vez parece que España se vaya a romper. Aunque a la amnistía le queda un tortuoso camino por delante: saldrá bien si consigue ser el disolvente definitivo del procés, y si logra mantener embridado el ultranacionalismo español. Si esos dos condicionales se resuelven a su favor, Sánchez habrá sido audaz. De lo contrario, la historia lo juzgará peor, como un temerario. A pesar de la profusión de opiniones rotundas débilmente argumentadas que se desparraman por doquier, hay que esperar: es pronto para decir si le encaja mejor el traje de audaz o el de temerario.

El próximo momento culmen es el discurso del candidato socialista en la investidura. Sánchez está obligado a persuadir, a convencer, a tejer un relato sobre la necesidad de la amnistía más allá de un puñado de votos. Nunca ha sido un orador brillante, a lo que hay que sumar el tradicional problema de las izquierdas para contar, para formular ideas de forma aerodinámica. Votar es contar una historia: los resultados del 23-J obligan a los partidos nacionalistas a demostrar que pueden tener una idea de Estado —de España, deberían atreverse a decirlo así—, pero también obliga a los partidos constitucionalistas a demostrar que también tienen una idea del Estado de las autonomías capaz de lidiar con ese problema que emerge a cada tanto y es capaz de ponerlo todo patas arriba. Sánchez ha demostrado que tiene talento para mirar de frente al poder y salir con casi todas las plumas de laberintos intrincados. Ahora tiene que contárselo a la gente en un discurso de investidura fundamental para que sepamos de una vez qué demonios quiere hacer con todo ese poder. Y ese es otro talento: una nación es una narración.

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A pesar de los pesares, el escenario más previsible sigue siendo el acuerdo. Todos los negociadores tienen incentivos para cerrarlo. El de Sánchez son los siete diputados que le faltan. El de Junts, el regreso al escenario tras años de irrelevancia. El del resto de los socios para la investidura (PNV, ERC, BNG, Bildu) pasa por un acuerdo político con concesiones por varios flancos. A todo eso hay que sumarle esa palabra que empieza por A.

Tras el crash de Lehman Brothers, la Casa Blanca rehuía esa palabra que empieza por D: la depresión. En España, Zapatero estuvo meses resistiéndose a pronunciar esa palabra que empieza por R, la recesión, hasta que la realidad nos atropelló. Toda la negociación gravita ahora alrededor de esa palabra que empieza por A, la amnistía, que Sánchez solo se ha atrevido a usar cuando el pacto está muy maduro. La amnistía no es cualquier cosa: exige un texto legal impecable y una narrativa convincente, un conjuro que permita creer a la sociedad que se hace en aras de un pacto por la convivencia en el que participan quienes la rompieron, vulnerando la legalidad; no es solo un arreglo a cambio de un puñado de votos. De ahí que su preámbulo tenga que ser una reafirmación del marco legal y constitucional, una especie de arreglo de la ley a la ley: quienes la vulneraron y fueron condenados pueden beneficiarse ahora del Estado de derecho para rebajar la tensión.

Norman Mailer hizo un seguimiento de la convención demócrata de la que salió investido un tal John F. Kennedy allá por 1960. Las primeras palabras de su crónica son inolvidables: “La convención empezó con un misterio y acabó con un misterio”. A la investidura de Sánchez le sucede lo mismo: ese misterio con el que empezó y parece a punto de acabar es la amnistía. Hay un misterio constitucional —La Moncloa debería asegurarse de que esta vez no haya chapuzas— y hay un misterio político, el esencial, que se resolverá más adelante. Habrá que ver cómo la digiere el PSOE. Cómo encaja Cataluña ese entierro del procés. Y cómo se ajustan las derechas, que veían ganadísimas las elecciones. Suponiendo que la última curva esté bien peraltada y que se termine abrochando el pacto con el punto de épica de las grandes ocasiones, España está a punto de escribir una página política relevante. Apuesto a que la marmita borboteante mediática de Madrid, con sus Norman Mailer de pacotilla, seguirá exactamente en el mismo sitio.

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A falta de un talón de Aquiles, la economía española tiene varios, aunque destacan dos: una tasa de paro que a pesar de la mejoría sigue siendo socialmente insoportable, y una situación fiscal delicada, con un sistema tributario que a pesar de los lugares comunes recauda menos de lo que debería (la presión fiscal española es inferior a la media europea) y redistribuye mucho menos de lo necesario. De hecho, es de los peores de la UE en ese aspecto; por eso los niveles de desigualdad y pobreza son lacerantes. PSOE y Podemos encararon las disfunciones del mercado de trabajo la pasada legislatura con una reforma laboral que no ha tenido los efectos catastróficos que predecían los agoreros de turno. Y agregaron a esa reforma la que tal vez sea la mayor innovación en política económica desde los Pactos de la Moncloa: unos ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) que introducen flexibilidad en el mercado laboral. El pacto de coalición deja claro que no habrá grandes revoluciones en ese asunto, pero tampoco involuciones. PSOE y Sumar abren el melón de la reducción de la jornada laboral después de 40 años ―y ahí hay pros y contras, como ya han subrayado empresarios y sindicatos―, y siguen en la senda de aumentar el salario mínimo interprofesional. Pero reducir la jornada es muy significativo: como en el caso del SMI se presiona a la negociación colectiva, porque la normativa será un suelo del que no se puede bajar.

En la parte laboral, en fin, el acuerdo tiene un punto de ambición; la parte fiscal es mucho más difusa. Por el lado de impuestos, la coalición hizo poco o muy poco la pasada legislatura, y el acuerdo contiene solamente parches. No hay “un gran acuerdo fiscal”, a pesar de las palabras de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Se retocará el impuesto de sociedades, que es una especie de queso suizo con enormes agujeros; y se prolonga el impuesto a la banca y las energéticas porque al cabo seguimos en una situación excepcional. Pero no hay nada en ese pacto parecido a la reforma fiscal integral que necesita la economía española. Ni se anticipan los ajustes a los que van a obligar la posición fiscal (un déficit estructural del 4% del PIB y una deuda pública del 110%), las reglas de Bruselas y la subida de tipos en Fráncfort. Eso queda, se supone, para los presupuestos. Mucha suerte ―y una pizca de talento― a quienes les toque negociarlos.

El guion de la legislatura está esbozado. Con los dos centenares largos de medidas incluidas, los socios principales de la futura coalición rompen un silencio inquietante que duraba casi un mes, desde que el Rey propuso a Sánchez para la investidura. Esa discreción es comprensible a la vista de la negociación tan espinosa que queda por delante, singularmente con los partidos independentistas. Desde hoy, el elefante en la habitación es la amnistía, de la que Sánchez y Díaz apenas hablan: una ley de amnistía puede ser constitucional, como ha dejado claro Tomás de la Quadra en este periódico, pero no cualquier ley de amnistía; al futuro Gobierno le queda por delante un ejercicio de pedagogía formidable, que Sánchez no acometió en el pasado con los indultos y las reformas de la sedición y la malversación, aunque salieran relativamente bien. La amnistía es otra cosa; otro nivel. Exige un relato nada fácil de armar: esa es la tarea de los próximos días, y ese debate está llamado a marcar la política española de los próximos tiempos. Mucha suerte, y muchísimo talento, a quienes les toque negociar también ahí, y explicarlo posteriormente. Forjar ese relato puede permitir rebajar definitivamente el suflé del independentismo. O puede abrasar a quienes lo intenten. La política tiene algo de alquimia: hay que encontrar una sintaxis y un relato en los que la mayoría se reconozcan. Si eso no ocurre, si esa música no suena, mala cosa.

Coda: los desacuerdos son siempre más conservadores que los acuerdos. En el origen de las parálisis políticas hay siempre una serie de prácticas que dificultan las transacciones: plantear exigencias de negociación inasumibles, o preferir “el prestigio intacto del insobornable negociador a la lógica sin épica de las cesiones mutuas”, en palabras del filósofo Daniel Innerarity. El poder es casi siempre algo parcial, exige compromisos y renuncias. Hoy en el Reina Sofía se han visto las primeras renuncias, los primeros compromisos. Pero en ese acuerdo, esencial para la investidura, hay un formidable punto ciego: la amnistía.

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El jefe de la diplomacia europea sigue siendo combativo, articulado, lenguaraz: “Putin sacrifica a su pueblo y a su ejército para su supervivencia personal y política”; “Rusia ha fracasado en su invasión de Ucrania, pero va camino de la destrucción sistemática de ese país”; “Mariupol equivale a varios Gernika”. Y vuelve una y otra vez a Europa, esa idea en busca de una realidad, la vieja Europa con su máxima diversidad en el mínimo espacio, que decía Milan Kundera.

Pregunta. Un año y medio después del inicio de la guerra, la contraofensiva ucrania no parece estar teniendo éxito. ¿Vamos camino de la cronificación del conflicto?

Respuesta. La contraofensiva no ha roto el frente como el pasado otoño. Rusia ha construido unas defensas formidables, en algunos puntos de 30 kilómetros. Ucrania es ahora el país más minado del mundo, con cinco minas por metro cuadrado en el frente. En estas condiciones, la guerra es de tanteo y desgaste. Un ataque frontal sería suicida, más aún sin apoyo aéreo. Pero desde el punto de vista militar, Rusia ha fracasado. Putin quería una guerra relámpago, pero han pasado 18 meses y está a la defensiva. Su proyecto de conquista rápida ha sido un completo fiasco. Rusia ha pagado ya un precio enorme en términos materiales y humanos: ha perdido 2.000 tanques, más que los de todos los ejércitos de Europa juntos. Aunque eso no quiere decir que haya agotado sus capacidades, ahora Putin está sacrificando su ejército y su pueblo para su supervivencia personal.

P. Por el otro flanco, el objetivo estratégico de Ucrania es aislar Crimea. Pero sin aviones es imposible.

R. Varios países ya han acordado enviar aviones de combate. Pero hay que pilotarlos. Hace falta formar pilotos y eso tardará.

P. ¿Ha hecho lo suficiente Europa?

R. Hemos hecho lo que había que hacer, ayudar a Ucrania a defenderse sin ampliar el conflicto. Pero también creo que nuestra ayuda ha sido demasiado gradual. En varios casos, los tanques, los misiles Patriot, los aviones, hemos empezado diciendo “esto no, esto no lo haremos”, para acabar haciéndolo.

P. EE UU buscaba esa estrategia gradual para evitar un choque total con Rusia. A veces parece que Europa siga demasiado sus pasos.

Solo Mariupol es varias veces Gernika. Estamos ante unos crímenes de guerra de proporciones históricas comparables solo con los de la II Guerra Mundial”

R. Hemos de entender que esta es una guerra convencional de alta intensidad que mezcla las técnicas más modernas (sistemas electrónicos de reconocimiento, de comunicación, drones) con las escenas más clásicas de la guerra de trincheras. Vemos la I Guerra Mundial, la II y la guerra del futuro a la vez. Y con sistemáticos y terribles ataques contra la población civil. Hay que recordarlo a quienes dicen que esto es una pelea entre Rusia y la OTAN. Si es así, ¿a qué vienen estos bombardeos contra la población civil? Solo Mariupol es varias veces Gernika. Se han deportado miles de civiles ucranios, entre ellos niños. Estamos ante unos crímenes de guerra de proporciones históricas, que solo tienen parangón con los de la II Guerra Mundial.

P. ¿Qué papel juega el presidente ruso?

R. Putin se ha equivocado en casi todo. Creyó que la enorme dependencia europea —sobre todo alemana— de sus hidrocarburos nos iba a impedir plantarle cara. Y en un año y medio el consumo de gas ruso, con la excepción de Hungría, se ha reducido prácticamente a cero. Creyó que tenía todo bajo control y, de repente, una parte de su ejército o al menos una parte de sus tropas se levantan en armas contra sus propios compañeros y avanzan 400 kilómetros hacia Moscú. Eso pone de manifiesto las grietas del sistema político ruso. Putin ha demostrado no tener el monopolio del uso de la fuerza, que es lo que caracteriza a los regímenes fuertes. Un día dice que Prigozhin [el jefe de la compañía de mercenarios Wagner] es un traidor y al día siguiente lo recibe en San Petersburgo, porque necesita a Wagner para sus aventuras africanas. Me repito: Putin va a sacrificar a su pueblo y a su ejército para su supervivencia personal y política, y por eso es tan difícil negociar la paz. Y lo que hay que negociar es un nuevo sistema de seguridad colectiva que esta guerra ha hecho saltar en añicos.

P. Wagner es uno de los elementos más perturbadores de la guerra: los vecinos de Bielorrusia temen el desplazamiento de los mercenarios de Wagner a ese país. ¿Qué puede hacer Bruselas?

R. Poca cosa. Pero es un temor justificado. Su presencia puede generar un segundo frente por el norte, desde Bielorrusia. No creo que esté en sus planes atacar a un país de la OTAN, pero los últimos proyectiles que bombardearon los puertos de los que se exporta grano cayeron a varios metros de la frontera rumana.

Putin se ha equivocado en casi todo. ¿Se imaginaba cuando lanzó la guerra que no podría salir de su país porque lo pueden detener?”

P. ¿Qué efectos tiene el bloqueo del acuerdo del grano?

R. En los primeros momentos de la guerra, Putin tuvo cierto éxito al aglutinar al llamado sur global contra el “Occidente agresor”, pero ha ido perdiendo esa ventaja, en particular por su bloqueo de los alimentos que exportaba Ucrania. La reciente cumbre entre Rusia y la Unión Africana ha sido un gran fracaso diplomático. Cuando Putin anunció la donación de trigo, el presidente de Sudáfrica le dijo que no quería limosnas, sino que Rusia no dificulte el tráfico normal que permita a su gente comprar para comer. Putin no puede ir a Sudáfrica porque si va lo pueden detener: ¿Se imaginaba cuando lanzó la guerra que no podría salir de su país porque lo pueden detener por orden del Tribunal Penal Internacional?

P. ¿Hay una oportunidad para una salida negociada? Ucrania vio como un éxito la participación de China en las recientes negociaciones de paz de Arabia Saudí.

R. Y lo fue. Aunque China nunca explicitará que atenúa su apoyo a Rusia ni facilitará su clara derrota. Pekín no está nada cómoda con la situación actual. Y menos con las referencias al arma nuclear. China une su voz a los que quieren acabar la guerra, pero el problema no es solo cuándo acaba, sino cómo acaba.

P. Se acerca otro invierno con encarecimiento de los hidrocarburos, problemas con los cereales, el riesgo de otra oleada migratoria y la campaña electoral estadounidense: los nervios empiezan a aflorar. Cuando llegue el momento de negociar, ¿la UE y EE UU van a obligar a Ucrania a rebajar sus objetivos, como ha sugerido un alto cargo de la OTAN, que más tarde tuvo que rectificar?

R. Me temo que no somos quién para dictarles a los ucranios sus condiciones de su paz. Y no creo que dejar de ayudar a Ucrania militarmente condujera a una paz que no fuera la paz del vencido. Hacemos lo que podemos para impulsar negociaciones de paz, pero de una paz que reconozca que hay un agresor y un agredido, y que el agredido tiene que recuperar su integridad territorial y que el agresor tiene que pagar las consecuencias de su agresión. Europa pensaba que la guerra había desaparecido de su horizonte, que era algo que ocurría lejos y que hacían otros. Pero ahora una guerra está en nuestras fronteras y nos afecta: la Rusia de Putin es una amenaza a nuestra seguridad.

P. Algunas voces dicen que la UE ha quedado absorbida por la OTAN.

R. La UE no es una alianza militar. Y la OTAN aparece como el mejor seguro posible: lo demuestran Suecia y Finlandia, tradicionalmente neutrales, pidiendo la entrada. La UE ha estado unida; lo importante será mantener esa unidad después de la guerra.

P. ¿Es factible la entrada de Ucrania en la UE?

R. Sin la guerra, su candidatura habría tardado años. Incorporar a la UE a un país de la dimensión y de las condiciones socioeconómicas de Ucrania es un reto mayúsculo: si entrara mañana, sería el único país receptor neto de fondos. Todos los demás se convertirían en aportadores netos. Pero las guerras aceleran la historia. Y una consecuencia de este acelerón es que Ucrania de repente es candidata y esa candidatura va en serio. Se hará todo lo aprisa que se pueda. La guerra ha empujado a Ucrania definitivamente del lado del que Putin no quería que estuviera.

P. Ahora vemos cómo el enfrentamiento con Rusia se traslada a otro escenario. ¿Es el Sahel un nuevo frente de la misma guerra?

R. No creo que lo que ocurre estos días en Níger sea el resultado de una conspiración rusa. No vamos a echarles la culpa de todo a los rusos, aunque es evidente que se aprovechan de la situación. Lo de Níger es una asonada militar autóctona. Es una lástima: Níger era de los pocos ejemplos de transiciones democráticas en la región.

P. El sentimiento antifrancés y antioccidental crece en la región. ¿Debe Europa hacer autocrítica?

R. Siempre hay que hacer autocrítica. Hay una guerra de propaganda muy potente. ¿De dónde salen de repente tantas banderas rusas en las calles del Sahel? A la vez, los europeos debemos hacer una revisión a fondo de nuestra política africana y comprometernos más con su desarrollo. En el Sahel no se ganarán guerras asimétricas e irregulares si no se gana la batalla del desarrollo. Esos países no han generado una dinámica de crecimiento que mejore las condiciones de vida. Nadie vio venir lo de Níger. Hay que hacer partenariados de igual a igual.

P. ¿Ve riesgo de crisis migratoria?

R. El Sahel es el punto de origen y tránsito de buena parte de la migración irregular. Es un riesgo claro. También lo son la amenaza yihadista y la potencial desestabilización para los países vecinos. Y el aumento de la influencia rusa, porque los mercenarios de Wagner son la guardia pretoriana de los dictadores militares africanos.

En Níger, hacen falta soluciones africanas a problemas africanos. Un conflicto entre Estados tendría consecuencias graves”

P. Está ganando enteros la opción de una intervención militar.

R. Es la hora de la verdad para África: soluciones africanas a problemas africanos. Los países vecinos de África occidental quieren seguir dando una oportunidad a las negociaciones diplomáticas. Ojalá tengan éxito. Un conflicto entre Estados tendría graves consecuencias.

P. Si llegara ese momento, ¿cuál sería la respuesta europea?

R. Depende. Esa decisión les corresponde a los Estados miembros. Y me temo que esta vez será difícil la unanimidad.

China no es Rusia. China es un verdadero actor geopolítico, mientras que Rusia es como una gasolinera cuyo propietario tiene una bomba atómica”

P. China tiene una enorme presencia en África y en Latinoamérica. Es un actor importante en la guerra de Ucrania. Y está redefiniendo su relación con Europa. ¿Qué relación debe tener la UE con China?

R. Antes que nada, China no es Rusia. China es un verdadero actor geopolítico, mientras que Rusia es un enano económico, es como una gasolinera cuyo propietario tiene una bomba atómica. China es demasiado importante para ignorarla, pero también para intentar aislarla. Tenemos divergencias importantes, pero no es un desafío para nuestra seguridad como Rusia. Debemos encontrar las formas de un diálogo exigente, que nos permita cooperar en la resolución de los problemas comunes, como el cambio climático o el endeudamiento de los países pobres. No tenemos ningún interés en contribuir a una polarización del sistema internacional que derive en un mundo bipolar y provoque la emergencia de dos sistemas tecnológicos competitivos que obliguen a todo el mundo a escoger entre uno u otro. Es evidente que estamos más cerca de EE UU, pero esto no quiere decir que no tengamos nuestros propios intereses. Europa tiene que evitar las dependencias excesivas: de los hidrocarburos rusos, de la seguridad de EE UU, de la demanda de un gran mercado y de los minerales y tecnologías críticos para la transformación digital. Aprendamos la lección y evitemos dependencias que suponen serios riesgos.

P. Milei triunfa en Argentina. Trump es el mejor situado en la carrera republicana para la Casa Blanca en 2024. La ola populista no termina de ceder.

R. Las opiniones públicas perciben que las democracias basadas en la competición multipartidista no siempre aportan soluciones reales a las condiciones materiales de vida. Y los populistas ofrecen soluciones falsas, milagrosas, a problemas verdaderos. Ese es el reto de la democracia en todo el mundo: que la competición entre partidos, que es la esencia de la democracia, no debilite la capacidad de ofrecer soluciones.

Hasta ahora, Europa tenía un cordón sanitario con la extrema derecha. Pero ese cordón empieza a flaquear. Lo vemos en Finlandia y Suecia”

P. En Europa, el centroderecha está intentando deglutir a la derecha extrema. Lo hemos visto con Manfred Weber en el Parlamento Europeo, acercándose a Giorgia Meloni y a otros ultras. O en España, con el PP pactando con Vox. ¿Es un riesgo esa normalización de la ultraderecha?

R. Hasta ahora, en Europa teníamos cordones sanitarios: en Francia, en Alemania, no se pacta con la extrema derecha. Ese cordón sanitario empieza a flaquear, como hemos visto en Finlandia y Suecia. El PPE está buscando su espacio político, su narrativa electoral. Todo el mundo está preparando las próximas elecciones europeas y vislumbrando qué clase de mayoría se va a configurar. Creo que Europa debe seguir confiando en sus valores y tiene que continuar integrándose. Me preocupan las tendencias disgregadoras, el reflujo nacionalista que está surgiendo. Ha habido una cierta banalización de las posiciones de la derecha. Nos hemos olvidado de que Meloni vino a España a hacer una enérgica campaña a favor de Vox.

Es paradójico que la formación de Gobierno dependa de quien dice que la gobernabilidad de España le importa un carajo”

P. ¿Cómo se lee el 23-J español en Bruselas en términos de ese vínculo derecha-extrema derecha?

R. Estas elecciones han sido un parteaguas en el ascenso aparentemente imparable de la derecha extrema y la tendencia a que las derechas clásicas y las derechas extremas gobiernen en coalición. España es un contraejemplo de las dinámicas de otros lugares. Como comisario europeo no participo en el debate político nacional, pero no soy insensible a la paradoja de que la formación del Gobierno de España dependa de alguien que dice y repite que la gobernabilidad de España le importa un carajo. Y que solo le importa la solución —a su manera, claro— del conflicto entre España y Cataluña, cuando en mi opinión existe un conflicto entre catalanes, porque Cataluña no es monolítica. Los resultados electorales lo han demostrado.

P. El bloque de derechas no suma. Pero trata de imponer un marco de chantajes, de cesiones inadmisibles, de máxima tensión, de ruido, de estado de excepción permanente.

R. Desde hace 20 años, desde que el PSOE perdió la mayoría absoluta en 1993, los gobiernos que lo han necesitado han tenido que ser investidos gracias a los partidos nacionalistas periféricos. El PP criticó la cesión del 15% del IRPF y a la siguiente legislatura tuvo que ceder el 30%. Una democracia parlamentaria exige pactos y los pactos requieren cesiones y compromisos. Pero el problema es ir creando estructuras a golpe de coyunturas. Y hemos ido creando estructuras de Estado para resolver coyunturas parlamentarias. Deberíamos concebir el Estado que queremos y cómo deben funcionar las instituciones antes de tener que ceder a la presión del momento. Y a veces haciendo de la necesidad virtud.

P. ¿Le ha faltado pedagogía al Gobierno de Pedro Sánchez, explicar esas cesiones y ponerlas en el contexto del modelo de Estado que quiere?

R. Sánchez ha tenido que hacer frente a situaciones muy difíciles. Y ha tenido resultados muy positivos, por ejemplo, en la desinflamación del conflicto en Cataluña. Recordemos que en 2017 hubo riesgos reales de fragmentación del Estado. Y comparémoslo con la situación actual, con el PSC ayer proscrito y hoy superando en votos a los tres partidos independentistas juntos. Bueno, le han quitado mi nombre a una calle de mi pueblo [risas], pero si eso fuera todo…

P. ¿No faltó entonces pedagogía a la coalición con la secuencia indultos-sedición-malversación? ¿No sería conveniente explicar bien los pactos de investidura cuando lleguen, si llegan?

R. El propio presidente del Gobierno se dio cuenta de que era necesario explicarse más y mejor: la política tiene una innegable dimensión pedagógica. Y eso fue lo que hizo inmediatamente después de convocar a elecciones. Sus explicaciones deben de haber surtido efecto, porque las encuestas eran mucho más negativas que los resultados electorales. España, como Europa, es plural y diversa, pero para mí existen como entidades políticas. Otros, en nombre de esa diversidad, niegan su existencia. Creo que España y Europa se enfrentan al mismo reto.

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Usó el lenguaje hiperbólico habitual, cargado de moralinas y más preocupado por la dignidad, los principios y las esdrújulas finiseculares que por desplegar el lenguaje político que cabe esperar desde la tribuna del Congreso. Feijóo repitió una y otra vez la falacia parlamentaria de la lista más votada y el yo-sería-presidente-si-quisiera, a sabiendas de que en el camino hacia La Moncloa es imprescindible armar una coalición con 176 escaños que se ha cegado él mismo con el pacto con Vox, tal vez el mayor error del PP desde la guerra de Irak de 2003 y la explicación aznarista tras los atentados del 11-M, el año siguiente. Pero hay una tercera pata de ese discurso menos analizada, porque él mismo ha dado más importancia a sus invectivas contra Sánchez y la futura amnistía, con la que trazó las líneas maestras de su programa de Gobierno: la política económica, la política social y el encaje territorial. Aquí van algunos apuntes a vuelapluma sobre lo que debió ser el meollo de su discurso de investidura si de veras hubiera sido un discurso de investidura, y no una moción de censura camuflada.

Derogar el sanchismo… salvo algunas cosas. Feijóo vaticinaba hace poco más de un año una crisis económica apocalíptica. Pero los datos son tozudos: España ha capeado relativamente bien el shock de la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania, aunque arrastra problemas fiscales y sigue teniendo el desempleo más elevado del Atlántico Norte. Pero ha sobrevivido a ese anunciado fin del mundo con los ERTE, quizá la mayor innovación de política económica en décadas, con la reforma laboral y el resto de las reformas y, cómo no, con el maná de los fondos europeos, sobre los que Feijóo volvió a sembrar dudas sin ninguna prueba, tal y como ha hecho el PP en Bruselas en una forma de oposición que no se da en ningún otro país europeo. El candidato del PP había prometido derogar el sanchismo, pero, a juzgar por su intervención, eso no pasa por la política económica y social. El PP dejaría intacto el impuesto a la banca, que criticó en su día. Ampliaría incluso el denominado escudo social, con un gasto adicional de unos 6.000 millones para las familias más vulnerables, por ejemplo, y con un sorprendente incremento del salario mínimo interprofesional, algo que sus terminales criticaron con suma dureza en su día y que, desde luego, nunca hizo el PP en el Gobierno. No hizo ni una sola referencia a las pensiones que pudiera hacer saltar las alarmas, por cierto. Y sí hubo un llamamiento a la mejora de la cobertura del ingreso mínimo vital y a mantener las ayudas actuales para hacer frente a la inflación, que el Gobierno en funciones tiene previsto retirar antes de fin de año. En el capítulo de gasto, en fin, su propuesta es un mantel de Flandes recién planchado con varios guiños abiertamente socialdemócratas. ¿Cómo se financia eso? Pasen y vean.

Oda a Laffer. En la parte de los impuestos, los populares vuelven a sus particulares tablas de la ley. El PP prometió rebajas de impuestos en la campaña de 2011, con la economía en caída libre; en la campaña de 2015, pese a que Rajoy tuvo que ponerle por carta lo contrario a la Comisión Europea; en 2019, con la economía creciendo al 3%, y lo sigue proponiendo ahora, pese a que el propio Feijóo advirtió que la vuelta de las reglas fiscales europeas hace imposibles las alegrías por ese flanco. Y aun así se apuntó al ejercicio de soplar y sorber a la vez. Prometió rebajas de las cotizaciones sociales. Anunció impuestos cero en la España rural. Y una rebaja del IRPF para las rentas de menos de 40.000 euros, y una rebaja del IVA para los alimentos, y una retahíla de desgravaciones fiscales, además de la consabida reducción del Impuesto de Patrimonio, mascarón de proa del conservadurismo fiscal a pesar de los discursos sobre la igualdad en otros ámbitos. España tiene una presión fiscal inferior a la media europea. Un déficit estructural del 4% del PIB, y una deuda del 110% del PIB que aconsejan prudencia. Y un claro llamamiento de Bruselas y todos los organismos internacionales a evitar las rebajas impositivas en el contexto actual: hay que ahorrar. Salvo que uno crea que bajando los impuestos aumenta la recaudación, España no puede permitirse esas medidas. Uno de los gurús de Aznar, Arthur Laffer, demostró que eso es posible en una servilleta de cóctel. Aznar puso en práctica esa idea, pero a lomos de una burbuja inmobiliaria salvaje, que acabó explotándonos en las narices y provocando el rescate europeo. Una miríada de estudios académicos —encabezados por un FMI que no es precisamente marxista leninista— demuestran que eso es un disparate, pero el PP sigue esbozando ese planteamiento en todos sus programas electorales. (Cuando gobierna es otra cosa: Rajoy aprobó en 2011 la mayor subida de impuestos de la democracia, pero esa es otra historia.)

Guiños a Vox y encaje territorial. En ese discurso económico hubo varios guiños a Vox, al igual que en las políticas de género y en las referencias ambiguas ―la ambigüedad es una de las señas de identidad de todo ese discurso— a las políticas medioambientales. Feijóo ha naturalizado en sus recientes discursos los continuos agradecimientos a la ultraderecha de Vox, y cuidó mucho su puesta en escena como jefe de un bloque reconocible por toda la derecha: aspira a acabar deglutiendo al partido de Santiago Abascal, algo parecido a lo que intenta hacer el Partido Popular Europeo de Manfred Weber con ultras como Giorgia Meloni. En cuanto al encaje territorial, seguimos sin oír las propuestas de Feijóo sobre lo que acontece en Cataluña, pese a que en una entrevista con este diario explicó que ese ha sido uno de los agujeros de su partido. En su discurso de investidura se limitó a medidas de carácter punitivo: una reforma del Código Penal para tipificar como delito la “deslealtad constitucional”, sin concretar mucho más, y mayores penas por malversación (ni una palabra, por cierto, sobre recuperar la sedición). Tampoco aludió a la posibilidad de revertir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso; eso ha venido para quedarse. “En Cataluña hemos tenido unos muy malos resultados. Es muy difícil gobernar España si el PP no sube en Cataluña”, dijo Feijóo hace algo más de un año en la citada entrevista. Para eso puede que haga falta algo más que esa aproximación punitivista.

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En Europa hay una razón adicional, las maniobras de un Banco Central Europeo (BCE) desnortado desde la marcha de Mario Draghi. Su sustituta, Christine Lagarde, acumula una larga lista de patinazos, incluso de comunicación, que según sus defensores era su principal activo cuando llegó a ese cargo sin ninguna experiencia en las procelosas aguas de la política monetaria. No es la única. Su número dos, Luis de Guindos, pasó directamente del Ministerio de Economía del Gobierno de Rajoy a ese cruce entre el Hogwarts de Harry Potter, la Estrella de la muerte y el despacho de Scrooge del Cuento de Navidad de Dickens que es la sede del BCE en Fráncfort. Lagarde ha vuelto a subir los tipos de interés cuando no era necesario: sus propias previsiones anticipan una caída de la inflación en el tramo final de 2023 y el próximo año. Su mandato, ese célebre objetivo de inflación “por debajo, pero cerca del 2%” solo puede alcanzarse con rigor, nos dicen los halcones que ahora mismo dominan el BCE.

El riesgo es que tanto rigor acabe convertido en rigor mortis. No hay muchas formas de atajar la inflación por parte de un banco central más allá de subir los tipos y sentarse a ver cómo los agentes económicos se ven obligados a bajar los sueldos y moderar los precios porque la economía se enfría hasta la tiritona. Eso puede provocar una desaceleración. Y en el peor de los casos una recesión. Vamos en esa dirección, generar un poco de dolor económico para embridar las fuerzas del mercado en forma de precios y salarios.

El BCE olvida algunas cosas con esa querencia por el dolor: que la eurozona acumula dos crisis mayores en los últimos 15 años, y que la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias está sacando del armario algunos demonios del pasado; el malestar está ahí, y va dando sustos a cada tanto. Olvida también que además de la política monetaria hay otro tipo de políticas para luchar contra la inflación, como demuestra, por cierto, el caso español. Y que la diferencia entre una buena política y una política mediocre depende de la credibilidad de las instituciones, no de seguir al pie de la letra un puñado de reglas escritas en bronce hace unas cuantas décadas para un mundo que ya no existe. La sacrosanta regla de mantener el objetivo de precios en el 2% es más que discutible, las mejores cabezas de la economía hace años que apuntan hacia el 3%, incluso hacia el 4% para ensanchar el margen de actuación de los propios bancos centrales. Y aplicar a rajatabla el librillo antiinflacionista es igualmente absurdo: tanto que en el propio mandato del BCE queda claro que el Eurobanco tiene que lidiar también con la estabilidad financiera, y de forma más difusa con el paro y la situación económica.

El BCE se diseñó a imagen y semejanza del Bundesbank, y en la mentalidad económica alemana la inflación es el peor de los diablos, de la misma manera que la peor pesadilla de EE UU es la depresión. Lagarde ha sacado el martillo y ve clavos por todos lados, pero lo que tiene delante de sus narices es una estanflación —estancamiento con inflación— y eso no se arregla subiendo tipos como si no hubiera un mañana. La economía es una caja de herramientas con diversas opciones. Esta vez bastaba con mantener los tipos en una meseta durante un tiempo, pero el BCE ha optado por subir listón del dolor en aras de la supuesta ortodoxia. Manca finezza; en los puestos de mando del banco central hay más expolíticos preocupados por su reputación que banqueros centrales con el visor en la estabilidad de la eurozona. Van 10 subidas desde mediados de 2022; la última, innecesaria y más que discutible. No hemos visto aún todos los efectos de esa escalada. Esas cosas llevan su tiempo. Pero el dolor está asegurado, vamos de cabeza hacia las rocas de la recesión. Felicidades a los premiados.

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A 48 horas de la formación de la Mesa del Congreso, la política española se encuentra en algún lugar entre ese primer y el segundo acto. Queda el crescendo final: para llegar al pacto hay que dominar la lógica sin épica de las cesiones mutuas, y saber que los desacuerdos son más conservadores que los acuerdos, porque, si esa negociación es trascendental, obligará a esfumarse certidumbres y a violar tabúes, a cruzar líneas rojas y a reescribir las reglas. Junts garantiza el suspense hasta el jueves. Pero en la escena final que se avecina queda lo más complicado: hay que conjugar el talento para negociar cesiones sin traspasar ciertos límites, y el arte para enmarcarlas en un relato sólido y convincente.

El 23-J dejó una investidura endiabladamente compleja, preñada de paradojas. Porque el bipartidismo ha vuelto, pero nunca como hoy los partidos minoritarios han sido más imprescindibles. Porque el nacionalismo cae, pero los nacionalistas vascos y catalanes son claves. Porque Feijóo ganó las elecciones, pero su campaña y sus pactos con Vox son quizá el mayor error del PP desde la guerra de Irak y el 11-M: le cierran la puerta a una mayoría. Y porque Sánchez quedó por detrás del PP, pero tiene una baza por jugar: la coalición con Sumar, con apoyos externos, es la única opción para evitar elecciones.

Dice Kissinger, uno de los más controvertidos estrategas del siglo XX, que un gran liderazgo es el resultado de la colisión entre lo intangible y lo maleable; de lo que viene dado y de lo que se ejerce. En las próximas horas —y más allá de la Mesa: en los próximos meses, cuando llegue la investidura— se verá si en España hay liderazgo o si estamos tratando de escalar grandes paredes políticas en chanclas. Porque la aritmética electoral es endiablada, pero deja una oportunidad: es posible que la negociación termine mal y haya que repetir elecciones, pero también es probable que se alcance un acuerdo y la legislatura sea corta, ruidosa e inestable. Hay aún una tercera opción, y es que la combinación de cesiones —sistema de financiación, estatutos vasco y catalán y el nudo gordiano de esta negociación: un enjuague jurídico y lingüístico que no puede llamarse amnistía aunque se le parezca y que es la clave de bóveda de este acuerdo— abra una vía política para redefinir el Estado de las autonomías, ese constructo capaz de alumbrar un lío morrocotudo cada 10 años. La legislatura más difícil podría darle una patada adelante a ese problema para una generación si el nacionalismo es capaz de tener una visión de Estado (es lo que piden a voces los números del 23-J en Cataluña y Euskadi), y si el bipartidismo es capaz de encajar en el edificio político los puntos de vista nacionalistas (tal como, de nuevo, se deduce de la melodía de los resultados electorales).

Frente a la miríada de apocalípticos de sofá y de apóstoles del sentimiento trágico de la vida como idea de España, quizá sea el momento de pensar de otra manera, de tener audacia para tratar de deshacer nudos gordianos: de ponerse a pensar cómo puede ser factible dentro del marco constitucional ese alivio jurídico. Es eso o estancarse en el estado de excepción permanente de esta política en la que el volumen está demasiado alto. España está a punto de entrar en una nueva etapa. Queda lo más interesante: la última milla de la negociación para encontrar una melodía compartida —sin ella cada cual va a lo suyo, la orquesta es mera cacofonía— y dejar atrás esa querencia de la política de no jugar para ganar, sino para minimizar pérdidas.

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El nacionalismo deja claro que quiere una oferta inicial de Sánchez para arrancar la negociación. Y solo entonces contraofertará y se verá cuán alto es el precio de su apoyo: si ese precio es el referéndum, apaga y vámonos; el escenario más probable en ese caso es la repetición de elecciones, con la cocina de la política de nuevo despidiendo un calor insoportable. Pero si el nacionalismo está pensando en un cambio en el modelo territorial, probablemente a través de reformas estatutarias, hay partido. Por el camino puede haber algún traspaso de competencias adicional y, esto es seguro, una reforma del sistema de financiación, caducado desde 2014 y una de las promesas incumplidas del Gobierno de coalición. Y probablemente tenga que haber algo más audaz para satisfacer a Puigdemont y Aragonès: algún tipo de elemento que rebaje la tensión en el lado judicial, y que no puede ser una amnistía. Estamos en los escarceos iniciales; solo después de la oferta de Sánchez, que pretende que Feijóo se cueza primero en su propio jugo, se verá si sobre la mesa de negociación hay talento suficiente como para encontrar un encaje dentro del marco del Estado de derecho a los asuntos más peliagudos. Y un relato que lo sostenga: el Gobierno de coalición falló por ahí en sus pactos de investidura de la legislatura pasada, y debería corregir el tiro porque los efectos de ese error han sido venenosos. No se transforma un país sin ser capaz de contar una historia. Después de añadir varios capítulos a su manual de resistencia, esa es la tarea fundamental del famoso sanchismo en estos momentos.

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Pregunta. El PP sale del 23-J con 136 diputados, ahora 137, y el PNV recibe una llamada de Feijóo. ¿Por qué la negativa del PNV fue tan rápida y tajante, por qué sonó como un portazo?

Respuesta. Para no engordar falsas expectativas. No queremos tener nada que ver con Vox, y Feijóo necesita a la ultraderecha salvo en el caso improbable de que el PSOE le dé una salida. La campaña del PP, dirigida a comerle espacio a Vox, pone en peligro avances que no queremos arriesgar. Feijóo representa un regreso al PP de Aznar, de hace 20 años.

P. El PNV pactó con Aznar.

R. Y salimos trasquilados. Aznar consiguió después una mayoría absoluta e hizo del antinacionalismo un eje de su política. Con Rajoy la relación fue intensa, pero puntual: Presupuestos y alguna ley. Ahora haría falta algo más, tendríamos que estar votando a bloque con PP y Vox todos los miércoles. Con Vox es imposible. Los acuerdos del PP con Vox son un error grave. Eso y el viaje al pasado de su campaña hacen imposible un acuerdo PP-PNV.

P. ¿No pudo influir en su negativa el apoyo de Bildu a Sánchez?

R. No. Sí tuvo influencia el resultado del 23-J en el País Vasco: el voto útil fue a los socialistas, para frenar a Vox y al PP. La sociedad vasca no hubiera entendido que el PNV tonteara con el PP.

P. ¿Cuál es el precio del apoyo del PNV a Sánchez?

R. Es Sánchez quien tiene que decirnos para qué nos quiere. Fuimos el primer partido que le apoyó hace cuatro años, con un acuerdo bien armado y con más sombras que luces en su cumplimiento. Que nos diga qué quiere hacer. Que hable claro. Necesita a los nacionalistas: eso exige un acuerdo sobre el modelo territorial. No digo que acepte el 100% de nuestras peticiones, pero tiene que abrir ese melón. Preferimos transparencia desde el inicio a un viacrucis continuo, porque habrá choques. Por eso debe pactar el marco con el nacionalismo catalán, PNV, Bildu, Coalición Canaria y Sumar. La legislatura pasada desdibujó todos los contornos a su antojo, usó todas las técnicas legislativas a su favor: eso no puede volver a suceder.

Sánchez necesita a los nacionalistas: eso exige un acuerdo sobre el modelo territorial.

P. El PNV también fue a la suya. No aprobó la reforma laboral, que ha funcionado. Ni la ley de vivienda. Se abstuvo en el gravamen a banca y energía.

R. Nuestro acuerdo decía que antes de someter a votación en el Congreso cualquier norma que afectara al autogobierno vasco tenía que hablar con nosotros. Nunca lo hizo. En la reforma laboral, solo le pedimos la prelación de los convenios vascos sobre los estatales. Sánchez eligió a la CEOE.

P. ¿Se arrepiente de ese voto?

R. No.

P. ¿Y ahora no ve riesgo en pedir demasiado? ¿Descarta la gran coalición o nuevas elecciones?

R. La gran coalición no se va a producir. Tendrían que desaparecer los dos protagonistas del actual duelo al sol. La España de hoy no está preparada para eso.

P. ¿Y repetición electoral?

R. Sánchez juega con ella: los más afectados serían los partidos periféricos. Pero ojo, a ver si es Feijóo quien se sale de la tabla.

P. ¿Traería eso más tensión a Cataluña y Euskadi, como predijo en su día Santiago Abascal?

R. Uno de los ejes de la campaña del PP, con un Feijóo que viene de una comunidad histórica y bilingüe, es ese ir contra lo vasco y lo catalán como imán de votos. Pero incluso en un momento de gran polarización como el 23-J los únicos que sobrevivimos somos los nacionalismos.

P. El nacionalismo catalán cede 700.000 votos; el PNV, 110.000.

R. Pero somos claves. De Feijóo esperamos poco, usó al nacionalismo con malas artes. Pero esperamos una propuesta del PSOE sobre el modelo de Estado. Si esta división entre dos bloques viene para quedarse, vamos a buscar una cláusula de comodidad.

P. ¿Cláusula de comodidad?

R. Si los bloques se mantienen —derecha y ultraderecha por un lado, izquierda y nacionalismos por otro— hay que abrir el modelo territorial. A cambio, el nacionalismo debe corresponsabilizarse. Hablo de un pacto Madrid-periferia para poner en su sitio a Vox; el PP tiene que sacudirse a Vox para volver a tener opciones.

P. ¿Es factible con el nivel actual de polarización?

R. Debería. Harían falta reformas como la del Constitucional, que es un tribunal de parte. No puede ser que saquemos un estatuto, lo negociemos en Madrid y el PP presente un recurso y se lo cargue. Hace falta una mirada de largo plazo: entiendo la dificultad del momento, pero necesitamos ambición para resolver los problemas territoriales en 10, 20 años.

P. ¿Qué PP espera a partir de aquí? ¿Más moderado o radical?

R. Feijóo es víctima de ese concepto inaprensible que es Madrid. Llega a Madrid como virrey de provincias y le hacen saber muy pronto, desde su propio espacio, lo duro que va a ser. Esperaba más de él. Se ha encontrado una política muy envilecida, un acalorado acción-reacción que lo ha deglutido. Dependiendo de la investidura veremos un PP aún más extremista o un partido que se queda donde está ahora, en un lugar que se parece al extremismo.

P. ¿Recibió presión del mundo económico para apoyar a Feijóo?

R. No. Nada de eso. Ninguna.

P. ¿Ve posible que Puigdemont apoye a Sánchez?

R. Haría falta buscar una solución política a su situación. Si es el juez Llarena, no hay solución.

P. ¿Sugiere que la política entre en el plano judicial?

R. No digo que haya que burlar el sistema judicial español: pido que cada uno esté en su sitio. Hay una parte del sistema judicial que juega a aprendiz de brujo político. Si la política no puede entrar en la justicia, la justicia no debería condicionar la política.

Hay una parte del sistema judicial que juega a aprendiz de brujo político. Si la política no puede entrar en la justicia, la justicia no debería condicionar la política.

P. ¿Va a tratar de influir en la negociación con Waterloo?

R. Yo veo a Junts con madurez política suficiente.

P. Lo primero que han pedido es la amnistía y la autodeterminación. ¿Volver a la casilla de salida del procés, con todo lo que ha pasado, es un signo de madurez?

R. Venimos de haber metido en la cárcel o haber obligado a exiliarse a buena parte de la clase política catalana. Sánchez apoyó el 155. Ahora necesita sus votos.

P. Su política también alivió la tensión en Cataluña.

R. Así es. Ahora hay que dejar que Junts haga su camino. El problema es que la derecha mediática va a echar ese fardo encima de Sánchez y eso lo hará difícil. Hay que pedirle a Junts responsabilidad, pero es más difícil con esa lupa encima, puede quemarse.

P. En definitiva, ¿es optimista de cara a la investidura?

R. Soy realista: hay que trabajársela.

P. ¿Ha ganado protagonismo EH Bildu en detrimento del PNV?

R. La querencia de Sánchez por el pacto más barato ha blanqueado a Bildu, le ha permitido aparentar lo que aún no es sin dar los pasos que debe dar. Eso y la torpeza del PP usando a Bildu como ariete le han dado mucho.

P. ¿Le sorprendió ese apoyo gratis a Sánchez?

R. Una parte de su electorado no entenderá ese gratis total. Bildu ha primado el interés por un Gobierno de izquierda, no ha primado la visión vasca de la jugada.

P. ¿La estrategia de Sánchez de esperar y ver es acertada?

R. Sánchez tiende a usar más la táctica que la estrategia, pero hay que reconocer que le suele salir bien. Esta vez debería tener cuidado con llevarnos a ese abismo del “soy yo o el caos: yo o elecciones”. La tierra, para el que se la trabaja, y La Moncloa, también: él está en Lanzarote; yo estoy aquí en Bilbao, trabajando.

P. ¿Qué relación tiene con Sánchez? ¿Por qué parece que hay un poso de desconfianza?

R. En lo personal, buena; en lo político hay cierta decepción.

En lo personal, tengo buena relación con Sánchez; en lo político hay cierta decepción.

P. Les dijo a los empresarios que el Gobierno de coalición ha sido un desastre, que solo lo apoyaba porque la alternativa era peor. Pero gestionó razonablemente bien la pandemia, los fondos europeos. La economía ha aguantado con una situación política asfixiante.

R. Sigo creyendo que ha sido un desastre, y que deberíamos tener reglas de gobernanza claras: los asuntos medulares tienen que llegar más discutidos al Congreso, los socios no pueden llevar posturas antagónicas, como sucedió con el sí es sí. Eso no puede repetirse en el nuevo Gobierno.

P. Da por hecho entonces que habrá Gobierno.

R. Es lo lógico. No me cabe en la cabeza que haya gente apostando a la repetición electoral.

P. No ve opciones para Feijóo.

R. Honestamente, no. De ahí nuestra negativa. Sánchez tiene que trabajarse el acuerdo, pero el PP tiene que entender que Vox le contamina si quiere volver a La Moncloa. Rajoy vio venir ese riesgo: lo que más le preocupaba era Vox. Pero Feijóo pacta con ellos, y eso intoxica a su partido.

P. ¿Cómo llega el PNV a las próximas autonómicas?

R. No voy a poner paños calientes: salimos tocados de este ciclo electoral. Por primera vez nos ha pasado factura la gestión. Euskadi es la autonomía con la mayor renta per cápita, con la tasa de paro más baja y, en cambio, tenemos el 54% de las huelgas.

P. También es una sociedad con un problema demográfico, y un modelo que da síntomas de agotamiento. El nacionalismo ocupa dos tercios del parlamento autonómico pero solo un 13% apoya la independencia.

R. Yo creo que somos más. Pero el debate sobre la independencia no está en primera línea.

P. Después de Ibarretxe y el fin de ETA, es como si los vascos huyeran del aventurerismo que se ha visto en Cataluña.

R. Aquí no circula esa idea del Madrid nos roba y nos oprime. Europa y la globalización nos han mandado mensajes de sobra.

P. ¿Ve un pacto Bildu-PSE que deje fuera de juego al PNV?

R. Bildu es un peligro. Empieza a ser un actor aquí, pero eso también tiene su parte compleja. Ahora hay que gestionar, y en ese camino pueden perder apoyos: pueden ponerse una chaqueta de Armani, pero son el mismo partido marxista-leninista de siempre.

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Ana de la Cueva (Madrid, 55 años) ha sido la encargada de coordinar la política económica entre todos los ministerios y con los interlocutores sociales. Han sido tres años agotadores en los que ha tenido que poner en marcha a toda velocidad numerosos paquetes de medidas económicas para luchar contra la pandemia. También ha sido uno de los principales artífices del extensísimo Plan de Recuperación y Resiliencia, que pone negro sobre blanco todas las reformas e inversiones pactadas con Bruselas a cambio de unos 70.000 millones en ayudas no reembolsables. Y todo ello se ha desarrollado con un socio de Gobierno complicado como Podemos, con el que se han producido numerosos roces y discusiones tanto en esa Comisión Delegada como en los Consejos de Ministros. En numerosas ocasiones, De la Cueva ha ejercido de defensora de unas políticas más ortodoxas frente a las que pretendía implantar, sobre todo, el departamento de Trabajo bajo el mandato de Yolanda Díaz. Además, en fechas recientes se ha visto inmersa en la polémica de las ayudas a la aerolínea Plus Ultra.

Una vez terminado el diseño del Plan de Recuperación, De la Cueva da por cerrado un ciclo y deja el testigo a otra persona para que se dedique de pleno a su implementación. Se pasa de un perfil claramente de gestión, como es el de Ana de la Cueva, que ya llevó las riendas de la Comisión Delegada en el anterior Gobierno socialista de Zapatero, a un perfil más teórico. Gonzalo García Andrés (Madrid, 1973) es técnico comercial economista del Estado y ha desarrollado su carrera profesional en la Administración. Durante 10 años trabajó en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, seis de ellos como subdirector general. Tras el estallido de la crisis financiera, se ocupó de la gestión de la deuda pública. Como director general de Financiación Internacional, fue responsable de las relaciones de España con el Fondo Monetario Internacional y los bancos multilaterales de desarrollo, así como consejero en el Banco Europeo de Inversiones y en la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). Ha sido profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y es autor del libro Por un cambio en la economía (RBA, 2016).

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“El acuerdo es nítido: hay que superar el marco laboral de 2012 para reequilibrar la negociación colectiva, y no caben recortes en pensiones que petrifiquen los desequilibrios que dejó la reforma del PP”, remata sin usar una sola vez la palabra maldita, “derogar”.

Laboral. Socialistas y Podemos han pactado un texto ambiguo en la reforma enviada a Bruselas, una patada hacia delante: ya se verá si prevalecen los convenios de empresa o los sectoriales. “La realidad es tozuda. Patronales y sindicatos han vuelto a incorporar la ultraactividad en parte de los convenios; por algo será. Las pymes, en encuestas laborales, responden que se sienten cómodas con los convenios sectoriales, porque se ahorran lío. La búsqueda de mecanismos de flexibilidad es necesaria, pero no puede ser a costa de la voladura de los mecanismos de negociación”. “Llevamos media docena de reformas con el objetivo declarado de reducir la dualidad, pero las tasas de temporalidad están a niveles de hace 30 años”. “Hay que normalizar la discrepancia dentro del Gobierno, pero no vamos a tolerar que se incumpla el pacto”, insiste.

Pensiones. “Ni en el acuerdo de coalición ni en el pacto de Toledo figura la posibilidad de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, que en la práctica es un recorte. Podemos no va a dar sus 35 votos en el Parlamento al servicio de una medida que se quiso introducir por la puerta de atrás. Difícilmente eso va a salir adelante en el diálogo social; ya no digamos en el Congreso”. Álvarez percute en una idea fuerza: “Bajar pensiones sería no haber aprendido las lecciones de hace 10 años. En un contexto de crisis, apostar por políticas de devaluación de rentas es un error. No solo reduce el nivel de equidad de la política que tiene mayor potencial redistributivo, que son las pensiones, sino que los recortes restarían eficacia a la futura recuperación”.

Vienen curvas. ”El horizonte inmediato es de incertidumbre radical. Hay dos luces al final del túnel, la vacunación y los fondos europeos, pero este será un año de rebote limitado: 2022 será mejor si conseguimos activar un estímulo fiscal de un tamaño y a una velocidad adecuados”. La ortodoxia, dice, ha cambiado: “Bruselas se ha salvado a sí misma, sacó lecciones del estrepitoso fracaso que supuso la austeridad, y ha tomado un cambio de rumbo que aun no sabemos si es definitivo: no tiene mucho sentido volver a entrar en esa jaula. Los organismos internacionales y los mejores economistas del mundo abogan por flexibilizar el carácter tan dogmático del Pacto de Estabilidad: ese es el camino. Y con las reformas convendría acordarse de la crisis pasada: la vía de la erosión en los derechos laborales y sociales no funciona. Hay que reconstruir el contrato social que voló por los aires en la última década: reformas que vayan en la dirección de volver a socavarlo están destinadas al fracaso económico pero también social y político”.

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Pregunta. Está empezando el otoño y no se conoce ni una cifra del Presupuesto. ¿Es normal?

Respuesta. Tendremos el dato del techo de gasto en los próximos días. Estamos en plena negociación para pactar un proyecto de un Presupuesto con dos grandes objetivos: reconstruir nuestra economía y transformar a medio plazo el modelo productivo.

P. Pero todo indica que 2021 arrancará con los Presupuestos del PP prorrogados. ¿Les ha pillado el toro?

R. Soy optimista: quiero pensar que vamos a tener Presupuestos pronto.

P. ¿Hay consenso entre Podemos y el PSOE?

R. En los próximos diez meses vamos a tomar decisiones que pueden cambiar nuestro país durante los próximos diez años. Y ya hay un primer acuerdo importante en cuanto a que los Presupuestos, por la posibilidad de incorporar fondos europeos, sean ambiciosos y fuertemente expansivos.

P. Pablo Iglesias ponía el acento en las subidas fiscales hace unos días. ¿No es un error subir impuestos ahora?

R. España necesita una reforma tributaria para mejorar la eficiencia de la recaudación y la progresividad. Este es el compromiso del Gobierno. En este momento lo relevante es que los Presupuestos sean nítidamente expansivos.

P. ¿Serán expansivos más en gasto que en ingresos?

R. Evidentemente, el acento tiene que estar en las inversiones. Estamos trabajando para acometer grandes inversiones en energías renovables, transición ecológica, en un sistema de cuidados que mejore la conciliación, en digitalización. Hay ya un primer núcleo de acuerdo muy fuerte.

P. ¿Por qué no es el momento de tocar impuestos?

R. No he dicho que no lo sea. Es el momento de avanzar hacia un reparto más justo de la carga fiscal, y creo que lo vamos a ver en los próximos Presupuestos.

P. ¿Esto incluirá tocar el último tramo del IRPF?

R. Incluirá mejorar la progresividad y pedirle a quienes más tienen que contribuyan más.

P. ¿Y Sociedades?

R. Seguramente haya grandes grupos empresariales que puedan contribuir algo más a financiar las políticas públicas.

P. El déficit se va a ir al 15% y el año que viene al en torno del 10%. ¿Hay margen para que las cuentas sean fuertemente expansivas?

R. En una situación de profunda crisis económica es necesario que el Estado lidere la recuperación. A pesar del déficit. Las emisiones de deuda de todos los países europeos están respaldadas por la compra de deuda del BCE y los fondos europeos van a facilitar este impulso.

P. ¿Dónde se va a reconocer el votante de Podemos en estas cuentas?

R. Se va a reconocer plenamente, por el acento en la transición ecológica y de desarrollo de un sistema de cuidados para garantizar la conciliación.

P. Si eso es así, ¿por qué les incomoda tanto un apoyo de Cs?

R. Cs persigue dos objetivos que son difícilmente compatibles: dicen querer negociar con este Gobierno pero a la vez manifiestan que su objetivo es romper la coalición. Es clave aprobarlos con quienes garantizaron los apoyos para alumbrar este Gobierno.

P. Pero la mayoría que permitió la investidura ha fallado repetidamente, en el estado de alarma y en la financiación municipal. ¿Se fía de ERC, que ya dejó caer al PSOE por otros Presupuestos?

R. Estamos inmersos en esa negociación. Creo que hay que darles tiempo.

P. Ciudadanos ha aparcado las rebajas fiscales, igual que usted habló de aparcar las subidas de impuestos por la crisis.

R. Aparcar no es la palabra: hay que acelerar algunas cuestiones y modular otras. Creemos que ahora mismo sí es posible acelerar una cierta reforma respecto de la carga fiscal.

P. ¿Qué significa eso?

R. Creo que los grandes patrimonios deben colaborar más. Pero no puedo dar más detalles en este momento.

P. ¿Y puede haber congelación salarial a los funcionarios?

R. Está descartada.

P. La evolución de la pandemia y de la economía son preocupantes. Y las encuestas recogen un castigo a la clase política.

R. En la política española deberíamos ser capaces de normalizar el debate, de colaborar. En este Gobierno hay dos fuerzas que hasta cierto punto han sido capaces de normalizar el debate y tomar decisiones conjuntas. ¿Por qué esto no es posible con la oposición?

P. El Gobierno actúa de forma conjunta, pero sus vicepresidentes se reúnen con las fuerzas políticas por separado.

R. Lo importante es que después se actúe conjuntamente.

P. ¿No aportaría también normalidad que el vicepresidente Iglesias se reuniera con Cs?

R. Quienes estamos negociando los Presupuestos, la ministra María Jesús Montero y yo, nos vamos a reunir con todas las fuerzas políticas.

P. ¿Podemos tiene la sensación de que el PSOE está en una operación de salvamento de Cs?

R. El objetivo declarado por Inés Arrimadas es romper la coalición que articula el Gobierno. El PSOE tiene que elegir. Nuestro objetivo es claro: unos Presupuestos expansivos y ambiciosos, anticrisis. Cs insiste en unos Presupuestos moderados, y no pensamos que sea el momento de unos presupuestos moderados.

P. ¿Dónde ve las diferencias más importantes con el PSOE?

R. Prefiero hablar de acuerdos: un 80% de la tarea está muy avanzada: grandes proyectos de inversión y una cierta reordenación de la carga fiscal. Queda ese 20% por cerrar.

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Pero vayamos a los matices. La figura de Alberto Núñez Feijóo sale reforzada: el PP retiene su fuerza en Andalucía y Madrid y le suma una marea creciente en la Comunidad Valenciana y Baleares. Ese triángulo de las Bermudas de la corrupción (Madrid-Valencia-Palma) explica la pérdida del poder del PP la década pasada, pero si dicen que la memoria económica dura 10 años, está claro que la memoria de la corrupción es aún más breve. El PP, en fin, crece en número de votos en las municipales, deglute prácticamente por entero el cadáver aún caliente de Ciudadanos y cuenta con un aliado a su derecha que sale fortalecido, Vox. Había tres partidos en ese espacio; ahora solo hay dos, con lo importante que es ese dato en el sistema electoral español. Y en 2019 había 8 millones de votos entre PP, Vox y CS: ahora hay 8,8 millones. No llega a ser una ola imponente, pero si se le suma el poderío regional y autonómico se ve claramente que esa marea sube.

Al otro lado, el PSOE resiste ese golpe muy a duras penas, pero cae en número de votos, y además con unos aliados en declive y claramente fragmentados. Pedro Sánchez quiso nacionalizar la campaña y poner en valor su gestión; de lo que se habló fue de las listas de Bildu, con ese crescendo trumpista final de los pucherazos, y poco más. “Todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un puñetazo en la boca”. Esta vez la frase no es de un personaje de Alicia, sino del tremendo boxeador Mike Tyson.

Si el sanchismo era el objetivo de la campaña en las derechas, está claro que el sanchismo no sale de esta con todas las plumas. Aunque sus socios salen peor parados: tanto Esquerra Republicana como, sobre todo, el espacio que queda a la izquierda del PSOE, que a partir de aquí tiene claros incentivos para aglutinarse y dejar de ser un guirigay; siempre los tuvo, pero ahora es evidente.

A las izquierdas, después del 28-M, les queda agarrarse a un par de clavos ardiendo. Uno de ellos es agrupar a todo el espacio a la izquierda de los socialistas en una sola voz: le toca a Yolanda Díaz demostrar que tiene talento político donde tantos fracasaron estrepitosamente en el pasado. El segundo clavo es la famosa desmovilización. Paradójicamente, el resultado de estas elecciones puede arrojar un buen número de gobiernos regionales y locales en manos de ese matrimonio entre el PP y la ultraderecha. No parece haber mejor catalizador: ahí el examen va a ser para un tal Pedro Sánchez, al que hoy le toca aplaudir los triunfos de Erdogan y Díaz Ayuso, y quizá acordarse de 2007, cuando el PP ganó las municipales, pero no logró imponerse en las generales. “El más fuerte es el que está solo”: esa es de Ibsen. Pero que vaya con cuidado el presidente del Gobierno, porque me temo que esa frase del genio noruego no vale a la hora de contar votos.

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Eso fue hace ya 15 años. Durante el último lustro, en cambio, ha parecido que los europeos, y los alemanes en particular, habían aprendido la lección.

Pero la historia se repite: la primera vez como tragedia, la segunda como farsa. Acaba de aparecer otro Moriarty de andar por casa, el liberal Chirstian Lindner, ministro de Economía del Gobierno de coalición del canciller Olaf Scholz, para protagonizar esa farsa. Lindner trata de dinamitar el esfuerzo de Bruselas por conseguir que las reglas fiscales sean un poco menos idiotas. La Comisión Europea quiere reglas más flexibles, pactadas con los Gobiernos para todo el ciclo electoral, con margen para poder invertir en energías verdes y transición digital, y sobre todo quiere evitar que nunca jamás se repita esa charada de la austeridad expansiva. Lindner firma un documento que persigue cercenar casi todos los elementos de flexibilidad de la propuesta europea: quiere “restringir el margen de maniobra discrecional”, “limitar las excepciones”, “mantener los procedimientos de déficit excesivos”. Traducción bíblica: planea seguir manejando la tijera a su antojo. Y la guinda: asegurarse de que los socios del euro más endeudados reduzcan la deuda pública al menos un 1% del PIB al año. Llueva o haga sol: en fases expansivas y en recesión, el objetivo es siempre recortar. ¿Por qué un 1%? Nadie lo sabe. Hace una década se decía que cualquier país que rebasara el umbral de endeudamiento del 90% del PIB estaba condenado; el trabajo académico en el que se basaba esa cifra mágica era una hoja de Excel plagada de errores. Lindner ni siquiera dispone de esa hoja de Excel: el argumentario es un puro empacho ideológico, del mal llamado ordoliberalismo, una suerte de neoliberalismo basado en reglas-corsé que, curiosamente, siempre acaban beneficiando a Alemania. En lugar de reglas flexibles y adaptadas a cada país, Berlín diseña una vez más una camisa de fuerza de talla única. El pensamiento económico alemán recuerda al rasgo característico que se atribuye a los Borbones, ni aprender ni olvidar. Pero más al Sur es difícil no acordarse de aquel gato por liebre de 2008: miles de personas sufrieron sin motivo por las recetas equivocadas.

Los halcones vuelven a volar en círculos sobre la eurozona. Veremos quién gana esta vez, porque el triunfo de las ideas alemanas sería catastrófico. La jerga económica tiene una palabra que define ese tipo de ideas: con ellas volveríamos a tener políticas económicas “procíclicas”. Procícilicas es una manera fina de decir estúpidas.

Coda final: las palabras nunca son inocentes. Los alemanes utilizan la misma raíz léxica, schuld, para la deuda y para la culpa. Pero en italiano, en español y hasta en inglés, crédito viene de la raíz latina de creencia, credere. En ese cruce de etimologías están las dos concepciones de la UE: las dos almas de Europa.

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Los datos cuentan historias: ese inesperado 3% llega el día en que el déficit público se reduce también por debajo del 5% del PIB, con un mercado de trabajo que sobrepasa los 20 millones de ocupados y un presidente Sánchez que el viernes verá al líder de la potencia emergente, China, para hablarle de apertura económica y de su papel de posible mediador en la guerra. La hoja de servicios del Ejecutivo ha ayudado a embridar los precios, con un paquete de medidas excesivamente tímido pero en la buena dirección y, sobre todo, con la excepción ibérica pactada con Bruselas. Y aun así sería un error garrafal para este Gobierno lanzar las campanas al vuelo, como fue un error garrafal para la derecha española predecir una y otra vez un apocalipsis que no termina de llegar. Porque el cisne de la inflación en el 3% esconde bajo las aguas unas patas de monstruo: el frenazo se debe básicamente a un efecto estadístico. Es una especie de espejismo. La guerra estalló hace justo un año, los precios se dispararon, y eso hace que la comparación salga ahora mismo más favorable. Pero las presiones inflacionistas siguen ahí. Es muy probable que los precios vuelvan a subir a cotas preocupantes en la segunda mitad del año, aunque la bola de cristal de este supuesto analista está empañada por una densa capa de niebla en forma de incertidumbre.

La economía va camino de convertir la incertidumbre en un estilo. Y por eso conviene una cierta mesura a la hora de sacar conclusiones: es muy posible que la inflación vuelva a irse hacia arriba, y es más que probable que incluso en este 3% actual la mayor parte de los españoles apenas noten el frenazo de los precios. Porque los alimentos siguen desbocados. Y porque las crisis dan grandes lecciones de economía, y en esta crisis estamos descubriendo que no es la espiral precios-salarios lo que debía preocuparnos, sino la espiral precios-beneficios. Las empresas españolas están prácticamente duplicando sus resultados: han sabido incorporar automáticamente a sus márgenes cualquier subida de precios, algo que no estaba en las cartas. En los últimos 20 años nadie se atrevía a hacer eso. Ahora hay una excusa de índole casi moral para trasladar la inflación a la cuenta de resultados: es culpa de Putin y de la covid. La obligación de las autoridades europeas es encapsular esas subidas de márgenes para volver a meter el genio de la inflación dentro de la lámpara.

Ese es, básicamente, el trabajo del BCE, aunque también de los gobiernos nacionales. “Ha habido tres grandes invenciones desde el principio de los tiempos: el juego, la rueda y los bancos centrales”, decía Will Rogers hace justo un siglo. Los banqueros centrales son como los personajes de John Le Carré, trabajando en las sombras y habitando un mundo de dobles sentidos, lenguaje en código y vocabulario abstruso. Pero tras años tirando del carro, ahora mismo parecen un puñado de ciclistas agotados. Yo no me dejaría engañar por las palabras de charol de quienes celebran por todo lo alto el dato de hoy. Ni por el aire de plaga de úlceras de quienes predicen a cada tanto el fin de los tiempos. Sí me fijaría en la próxima rueda de prensa del Banco Central Europeo para saber qué se puede esperar después del dato de marzo en España. La respuesta es no mucho: los tipos de interés van a subir aún un poco más, y puede haber algún episodio extra de inestabilidad financiera como el que hemos visto de Silicon Valley y en Suiza. Pero a la vez la economía está fuerte, y las tasas de paro en todo Occidente están en mínimos. Dudas, en fin: muchas dudas. “La duda no es una condición agradable, pero la certeza es una condición absurda”. Voltaire está de moda.

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¿Por qué? Porque no se trata solo del Silicon Valley Bank: se trata del ecosistema de venture capital (financiación para empresas con alto potencial) y start-ups estadounidenses, de la banca mediana y de un último revés a la burbuja de las criptomonedas. Bancos como el de Silicon Valley se beneficiaron durante años de unos niveles de regulación relativamente laxos: no eran demasiado grandes y, por lo tanto, estaban menos exigidos; tenían unos requisitos de liquidez inferiores, al igual que los bancos regionales. Todos ellos gastaron millones en cabildear para que nadie les metiera mano. Y con los tipos de interés al 0% hacían dinero fácil: se financiaban gratis para dar créditos a las empresas tecnológicas, con una mano, y con la otra invertían sumas ingentes en bonos del Tesoro. Un negocio redondo que en la jerga financiera se denomina carry trade: cojo el dinero en una ventanilla al 0%, lo coloco en bonos al 2%, me embolso la diferencia y santas pascuas. Hasta que los tipos empezaron a repuntar: el banco de Silicon Valley ha sido la gacela más débil, pero los depredadores ya han puesto a otras entidades en el punto de mira. Para que no cunda el pánico, las autoridades han hecho dos cosas. Una: garantizar todos los ahorros a todo el mundo. Y dos: abrir esa nueva ventanilla con montones de dinero fresco a cambio de que los bancos dejen como garantía los bonos que guardan sus balances, y no al precio de mercado, sino al valor nominal. Traducción bíblica: se trata de una recapitalización bancaria por la puerta de atrás.

Una consecuencia indirecta de todo ese lío nos puede venir bien: la Fed tendrá que pensarse mucho el próximo movimiento en ese camino hacia el endurecimiento de la política monetaria (traducción bastarda: subidas de tipos de interés). Pero aun así mucho ojo, porque las crisis las carga el diablo: Europa ha salido ipso facto a decir que este es un problema norteamericano, que la banca europea está mejor regulada, que eso no puede pasar aquí. En 2008 sucedió lo mismo: “No es nuestro problema”, dijo el ministro alemán de turno. Los dioses castigan con dureza el pecado de hybris: Europa no debería levantar demasiado la voz, a la luz de las castañas que hemos visto en Bolsa. Es imposible saber ahora mismo el tamaño del agujero. Es inevitable acordarse de 2008. Y si hay rescates serán dolorosos: parte de lo que pasó hace 15 años explica los populismos de nuevo cuño. Entonces no había inflación; con el poder adquisitivo de las clases medias sufriendo, el peligro potencial en términos sociopolíticos es preocupante.

Es poco probable una crisis como la de tres lustros atrás, pero conviene acordarse de Terminator: “Espera lo mejor, prepárate para lo peor”. Estas quiebras obedecen a las formidables subidas de tipos en EE UU, y si el BCE sube el precio del dinero al 4% también habrá líos aquí. Washington ha reaccionado con el habitual pragmatismo; Europa está peor equipada: a pesar de la crisis pasada, la supervisión es muy fuerte para los gigantes del sector, pero no tanto para la banca mediana continental. La unión bancaria cojea. No hay seguro de garantía de depósitos común. Y ya no hay colas, pero los contagios financieros modernos se transmiten por otras vías.

Los mercados están dominados por “un estruendo de voces de cultos jóvenes blancos dedicados a comprar y vender a ladridos en el mercado” (Tom Wolfe). De vez en cuando hay jaleo y algunos de los actores de ese circo empiezan a caer como moscas, pero atención: “No somos dinosaurios, somos más listos y más despiadados que ellos y vamos a sobrevivir”, según el correo de un financiero que circuló como la pólvora por Wall Street durante la pasada crisis y publicó el Financial Times. El analista de cabecera de ese diario, Martin Wolf, entonó un inusual mea culpa hace 15 años: por más privados que sean los bancos, cuando llega una crisis es el contribuyente quien acaba salvando al sistema, y por eso mismo hay que regularlo hasta las trancas; de lo contrario, la banca es “una permanente invitación a la crisis” (The Shifts and the Shocks). Hasta que eso de la regulación hasta las trancas no ocurra, y para ello el sector financiero gasta insultantes cantidades de dinero, seguirá valiendo una vieja anécdota de Wall Street que funciona como una especie de fábula: un grupo de clientes de un gran banco visita el distrito financiero de Nueva York y acaba llegando hasta Battery Park, donde un guía les muestra unos hermosos yates anclados en el puerto. “Miren, esos son los yates de los banqueros”. Uno de los miembros de la comitiva tiene una salida genial: “Muy bien, y dígame: ¿Dónde están los yates de los clientes?”.

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Aún hay una extensa literatura de dudoso rigor científico que nos atemoriza con toda clase de desgracias, aunque también es cierto que el otro flanco comete el pecado de hybris, la arrogancia o desmesura que lleva a dibujar un horizonte de radiantes colores. La realidad es más prosaica y parece estar más cerca del vaso medio lleno: España asimiló mejor de lo esperado los shocks que se sucedían (en especial el energético) y el mercado de trabajo ha funcionado como una suerte de estabilizador automático. La segunda mitad del año flojea, eso es impepinable, pero se ha evitado la recesión en medio de toda la niebla que dejaban el final de la onda expansiva de la covid, la subida de tipos, los problemas de cuellos de botella y el encarecimiento de las materias primas. Con un PIB, además, mal medido: es más que probable que el INE corrija la serie y coloque la economía varios cuerpos por encima del nivel actual.

¿Qué nos espera en adelante, en año electoral para más inri? De la espesa niebla va sacando la cabeza un año normalito tirando a bueno en el que España crecerá en torno a su potencial, entre el 1% y el 2% si nada se tuerce (los condicionales son una maniobra de distracción, pero al chamarilerismo de las previsiones le sientan estupendamente). La inflación irá hacia abajo pero puede volver a repuntar a mitad de año. Los tipos de interés subirán algo más; no mucho. Emerge un patrón dual: familias con renta disponible cada vez más ajustada y empresas sólidas con buenos márgenes y que ya se benefician de los fondos europeos. El empleo es hoy el mejor indicador, y apunta a mediopensionista: a situar a la economía en esa llanura mesetaria del crecimiento potencial del 1% o el 2%. Los fondos europeos serán un chute de adrenalina si los gastamos bien, pero quizá lo esencial sea ponerle bridas a esa mezcla de miedo —lógica con tres grandes crisis a las espaldas— y sesgos —también explicables por el ciclo electoral— que nubla el horizonte. Toca confiar en que a Putin —y al BCE de Lagarde— no se les vaya la mano. Y en el plano doméstico toca dejar de lado el filibusterismo con los datos: esa querencia por poner en duda las estadísticas que les ha entrado a los analistas más patrióticos cuando las cifras han desmentido el apocalipsis. Pensar es cambiar: más nos vale cambiar eso, y pronto.

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La economía resiste. El PIB español cerró 2022 con un crecimiento por encima del 5% del PIB. Y seguirá en terreno positivo en 2023. La mala noticia es que el nivel de PIB precrisis sigue lejos: no se alcanzará hasta 2024 (el de empleo ya se ha superado con creces, lo que hace dudar del dato de PIB, pero esa es otra historia). La buena noticia es que a pesar de la guerra, de la inflación, del endurecimiento de las condiciones financieras y de toda la caterva de agoreros la economía española es más resiliente que hace 10 años. Durante la Gran Recesión España sufrió por su déficit exterior: ahora tiene superávit. Pagó el empacho inmobiliario de la banca, que ahora está razonablemente mejor. Y dobló la rodilla por un rapidísimo deterioro de las finanzas públicas: ahí España sigue sin hacer del todo los deberes. El FMI pide un ajuste moderado ya este 2023, año electoral: eso no va a ocurrir. Y un plan de ajuste plurianual para más adelante: el Banco de España pide exactamente lo mismo desde hace varios trimestres, pero ese plan no termina de llegar. ¿Lo echaremos de menos cuando baje la marea y se vea quién estaba nadando en cueros? Sí. Pero España no está en quiebra, a pesar de los comentaristas de la derecha: la prima de riesgo sigue bajo control.

“Riesgos a la baja”. Ese es el sintagma eufemístico preferido por las organizaciones internacionales para decir que vienen curvas. Y casi siempre vienen; más aún con una guerra en el vecindario. El FMI cita las subidas de tipos de interés, el pinchazo de la demanda global, la guerra y el encarecimiento de los precios de la energía y, en el sentido contrario, de las sorpresas positivas, la “aceleración” en los fondos europeos, de nuevo a pesar de los malos augurios interesados. De todos los diablos cojuelos de ese párrafo, el que tiene los cuernos más retorcidos es la inflación, que está provocando una pérdida de poder adquisitivo “especialmente en los hogares más pobres”, dice el Fondo. Los libros de historia económica dicen que a los periodos de alta inflación con pérdida de poder adquisitivo les siguen líos morrocotudos. Estados Unidos, Brasil, Italia: hay decenas de ejemplos en ese rizo de polarización nacionalpopulista que se deriva de la fatiga de las democracias occidentales y de las tres grandes crisis que se acumulan en apenas 15 años, lo nunca visto en los citados libros de historia económica.

Mercado laboral y pensiones. Las fantasmagorías de la opinión publicada entre la derecha económica venían a decir que la subida del salario mínimo iba a destruir miles de empleos. Ahora, según esas mismas voces, las estadísticas de empleo son falsas. El análisis del FMI destruye de plano esa narrativa: el mercado de trabajo español ha funcionado “excepcionalmente bien” en 2022. Los primeros efectos de la reforma laboral son claramente “positivos”, con la tasa de paro más baja desde 2008, más de 20 millones de empleados y una conversión de contratos temporales en fijos (el gran talón de Aquiles de España) que ha funcionado a toda velocidad a pesar de los pesares. Queda mucho camino por recorrer: aunque la tasa de desempleo haya bajado sigue siendo la más elevada del Atlántico Norte. Es difícil salir a presumir por ahí con esos números. Pero la tendencia es positiva: eso es impepinable.

Coda final: por dónde pueden venir los líos. Los clásicos suelen llamar a la economía “la ciencia funesta”, en parte porque los economistas siempre están pensando cuándo se va a materializar la crisis. Casi nadie acierta, pero una cosa es segura: habrá una nueva crisis. Cuando llegue, España tiene media docena de fortalezas para encararla, y media docena de debilidades para sufrir. Entre todas las fortalezas destaca una: Europa. Los fondos Next Generation son el principal motor de crecimiento de los próximos tiempos. La inflación es ahora mismo la más baja de Europa. Los salarios están contenidos. España sigue teniendo superávit comercial, algo de lo que carecía cuando estalló Lehman Brothers. La economía, en fin, se ha quitado grasa. Y ahora las malas noticias: la posición fiscal acabará pasando factura, con un déficit estructural (sin tener en cuenta el ciclo económico) elevadísimo y una deuda en el entorno del 115% del PIB, y con los tipos de interés subiendo. Tal vez lo más preocupante del informe del FMI es el cambio de narrativa en materia fiscal: vuelven a pedir ajustes, por ahora con la boca pequeña, porque el nerviosismo va volviendo gradualmente al mercado (algo que por el momento solo ha notado Italia). Junto con el empacho de deuda, el otro flanco vulnerable es el sector financiero. La banca ha hecho un esfuerzo por poner sus cuentas en orden, pero persisten lo que el FMI llama en tono guasón “bolsillos de vulnerabilidad”: esos bolsillos nos obligaron a pedir un rescate hace 10 años. La capitalización de los bancos españoles está por debajo que la de sus pares; los ratios de endeudamiento están por encima. Con un porcentaje de hipotecas variables que sigue siendo muy superior a la media occidental, y con los tipos de interés claramente al alza, vienen curvas por ahí. Y la economía española suele derrapar por ese lado. No se ve por ningún lado, en fin, el apocalipsis que casi deseaban algunos en año electoral. Pero convendría tener las orejas tiesas por si empiezan a sonar las trompetas de Jericó.

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Dio igual. Berlín y la entonces todopoderosa Angela Merkel —cuyas hagiografías pasaron por alto la dependencia alemana de la energía barata rusa y los lazos comerciales con China— transformaron aquello en una guerra cultural, también conocida como crisis del euro. Alemania impuso sus reglas: ordoliberalismo para toda la eurozona, con una sobredosis de normas absurdas, austeridad supuestamente expansiva y reformas, en un remedo político económico del “quien bien te quiere te hará llorar”. Aquello acabó con media docena de rescates asociados a durísimas condiciones. Y en una doble recesión autoinfligida por los recortes, en lo que los historiadores consideran ya uno de los grandes errores de política económica de la historia: “Fue el mayor gato por liebre de la historia”, resume uno de los mejores, Adam Tooze, en el insuperable Crash.

Todo lo que ocurrió en Europa fue extraordinario: una depresión inédita desde los años treinta en el sur, primeros ministros destituidos por Bruselas, Fráncfort y Berlín, auge de los nacionalismos, destrucción de varios partidos, y la UE obligada a pedir ayuda al FMI ante la falta de una respuesta solidaria. Sería injusto achacar todo eso a la Alemania de Merkel; pero no lo es atribuirle buena parte del daño. “Alemania fomentó deliberadamente la incertidumbre en los mercados para someter al resto de la eurozona a sus doctrinas”: de nuevo Adam Tooze.

Todo eso se sabía. Lo que no se sabía es que aquel empacho de ideología (“austeridad expansiva”, tendría uno que reírse si eso no hubiera condenado a millones de personas a sufrir sin motivo) iba acompañado con los tejemanejes del Deutsche Bank, el mayor banco alemán, que manipuló los mercados de deuda durante todos aquellos años en su propio beneficio. En abril de 2008, Merkel le organizó al presidente del Deutsche Bank una sofisticada cena (pagada con dinero de los contribuyentes) en la cancillería como fiesta de cumpleaños. Por aquel entonces, el banco ya “falseaba la competencia en la negociación de valores denominados en euro”, según desveló este martes Bruselas.

Lo siguió haciendo años después, cuando Merkel forzó a Rajoy a pedir el rescate y sus condiciones draconianas asociadas. Deutsche ha pagado en las dos últimas décadas miles de millones de euros en multas por conductas ilegales (e inmorales) en EE UU, en Reino Unido, en Bruselas, hasta en Rusia. Trapicheó con las cuentas falsas de Enron y Worldcom. Maquilló sus cuentas con las subprime estadounidenses. Trampeó con los tipos de interés en la City de Londres. Su copresidente Fitschen fue procesado por blanqueo y evasión fiscal al eludir el IVA en los certificados de emisiones de dióxido de carbono. Apostó a la baja y al descubierto (desafiando a su Gobierno) contra empresas españolas. Espió a periodistas y directivos, según las crónicas de por aquel entonces.

Y ahora, la guinda: “Infringió las normas”, según el relato de la Comisión Europea, para especular con bonos mientras media docena de Estados soberanos se veían abocados a duros rescates. Muchos de los pasamontañas del arranque de esta columna, en fin, eran alemanes: habría que rescatar las moralinas de Berlín de todos aquellos años. “Riesgo moral”, clamaban Merkel y compañía sin caer en la cuenta de la basura que tenían en su propio patio trasero.

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Para desgarrar el velo de las apariencias hace falta, a veces, muy poca cosa. Reino Unido es una de las economías más potentes del mundo; un antiguo imperio; tiene uno de los bancos centrales, la Vieja Dama, con mayor credibilidad, y uno de los sistemas financieros más salvajes y portentosos del universo conocido; posee un cuerpo diplomático envidiable; es una potencia nuclear, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, aliado de EE UU y una de las democracias más antiguas del mundo. Pero la nostalgia se está llevando por delante a ese país admirable. La nostalgia y la ambición disparatada de algunos politicastros: un tal David Cameron decidió acabar con cualquier atisbo de oposición a su liderazgo en el Partido Conservador y para ello armó un referéndum sobre la pertenencia a la UE. ¿Qué podía salir mal en un país en el que los grandes partidos llevaban cuatro décadas echando pestes sobre Europa? Los británicos se agarraron a la nostalgia del imperio para “volver a hacerse con el control” de su propio destino, según el eslogan espectral de aquellos días. Y claro, salió todo mal: ganó el Brexit y resultó que todo aquello era un cascarón vacío.

La nueva era que se pintaba con radiantes colores derivó en la vieja desventura: desde entonces los tories han perdido el norte y el país, poco más o menos, también; Antonio Muñoz Molina debería ponerse a escribir un Todo lo que era sólido en la campiña inglesa. Desde aquel verano del Brexit, el PIB británico ha caído más de un 5%; la inversión, casi un 15%. Al muy olvidable Cameron, que se marchó silbando de Downing Street, le sucedió Theresa May: un perfecto desastre. A May, Boris Johnson: un bufón. A Johnson, Liz Truss: una aprendiz de Thatcher torpe e incompetente. El citado eslogan del Brexit, “recuperar el control”, instaba a los británicos a sacudirse las limitaciones de Bruselas y volver a convertirse en una nación orgullosa y soberana; una nación que, por sí sola, decidiría su propio destino; cómo recuerda eso, por cierto, a otros referéndums organizados más o menos en las mismas fechas por estos lares. Ese evocativo y altisonante relato de una isla excepcional que creó un imperio e iba a volver a ser grande sin Europa ha saltado por los aires. Los referéndums son, en fin, hojas de parra: el Reino Unido va camino de mostrar todas sus vergüenzas y casi todo el crescendo del último mes y medio sale de esa idea insensata del Brexit.

2. El sintagma “bajada generalizada de impuestos”

Truss se presentó en sociedad con un ataque de nostalgia: quería ser la nueva Thatcher y para ello presentó un programa multimillonario de rebajas de impuestos combinado con un plan de estímulos no menos multimillonario (además de un férreo control de la inmigración del que se ha hablado menos, pero esa es otra historia). Sin acompañar esos menores impuestos y esos estímulos de un solo recorte de los servicios públicos: el pensamiento mágico neocon asegura que ese círculo cuadra a la perfección. A pesar de la servilleta de Laffer, el agujero jupiterino que ese plan dejaba en las cuentas públicas era de tal calibre que los mercados sacaron las pistolas y han acabado ametrallando a Truss. El giro neothatcherista ha acabado en apenas mes y medio. Curioso: en España ese giro tenía un solo defensor, Isabel Díaz Ayuso, que reivindicó desde el primer día esas políticas. O dos: Aznar dijo hace poco que “se pueden bajar impuestos y aumentar la recaudación porque si hay crecimiento económico y generación de empleo, se pagan los impuestos y desaparece una parte importante de la economía sumergida, la actividad económica crece”. O incluso tres: sin llegar tan lejos como Truss, Ayuso y Aznar, Alberto Núñez Feijóo ha defendido una y otra vez la vigencia del sintagma “bajadas generalizadas de impuestos”. El último programa electoral del PP, del que hasta la fecha Feijóo no ha renegado, dice así: “Aprobaremos una rebaja fiscal del IRPF que afectará todos los contribuyentes. El tipo máximo se situará por debajo del 40%”. Bingo: esa era exactamente la rebaja de Truss. “Impulsaremos una rebaja del Impuesto de Sociedades, situando el tipo máximo por debajo del 20%”, decía el programa popular. Rebingo: de nuevo eso coincide a la perfección con la propuesta inicial de Truss. Esas son las dos grandes medidas que se la han llevado por delante. Ni rastro, de momento, de examen de conciencia en el PP.

3. El desmoronamiento

Truss y su Reino Unido son solo la punta del iceberg de un fenómeno preocupante: la erosión gradual de las normas democráticas lleva a colapsos democráticos, fruto de un malestar creciente. La ira procede de un sistema político que predica la igualdad y un sistema económico que genera desigualdad desde hace décadas. Con varios capítulos descollantes en los últimos tiempos. Uno: en Francia, Macron va a tener que aprobar por decreto sus presupuestos. Dos: en Alemania, Scholz acaba de aprobar una moratoria de apenas unos meses para sus centrales nucleares para la que se ha visto obligado a tirar de una prerrogativa constitucional que le habilita a hacerlo, pese a las dudas o al rechazo de sus socios de coalición. Tres: la tecnocracia se hizo con el poder en Italia y la respuesta de los italianos ha sido una mezcla de posfascismo y neofascismo, con ese trío de mariachis que encabeza Meloni y secundan Berlusconi y Salvini. La palma, con todo, se la lleva Liz Truss. “Dios separó al Reino Unido de Europa, y fue por alguna razón”, dijo una vez Margaret Thatcher. Con discípulas como Truss, alabado sea el Señor.

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Ligera expansión. Las cuentas públicas de 2023 son ligeramente expansivas, con algunas partidas cascabeleras —y de alto voltaje político— claramente expansivas. En plata: algunos capítulos se explican por el hecho de que quedan apenas meses para las elecciones; otros podían haber ido más allá (“menos de cinco contradicciones es dogmatismo”, dice el poeta). Ligera expansión, en suma: lo contrario sería un dislate político, por la cercanía de las próximas autonómicas, municipales y generales, y probablemente una mala decisión económica; España no ha recuperado el nivel de PIB precrisis, tiene un buen montón de fondos europeos para gastar y en estos momentos las reglas fiscales están suspendidas. Las grandes cifras (crecimiento, paro, recaudación) pueden parecer un punto optimistas, pero entran dentro de lo asumible. Sánchez podía haber sido más audaz y presentar unas cuentas con más componente anticíclico, pero al cabo nadie sabe cómo va a ser el invierno (habría que preguntarle a Putin), y puede que sea necesario un paquete de estímulo adicional. El Ejecutivo se deja algo de margen por si las moscas. Los más agoreros le pedían que fuera más austero, rebajara más déficit y deuda, no subiera las pensiones con la inflación. Palabras de charol: todo el mundo sabe perfectamente qué hay que hacer, pero lo difícil es ganar después las elecciones. Y los Presupuestos tienen las urnas grabadas a fuego. Como es lógico. Desde el récord de inversión hasta el reparto por comunidades, casi todo obedece a esa lógica. Más aún cuando llueve de lo lindo ahí fuera, con Alemania camino de la recesión.

Hacer la esfinge. Primera regla de la política moderna: lo importante es ganar las elecciones. Segunda regla: ponlos tristes para después ponerlos contentos; nunca digas que sí a la primera, o crea un problema que puedas solucionar. El gran problema de este Gobierno y de la mayoría de los ejecutivos europeos es la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y bajas por la inflación galopante. Para combatir eso, Sánchez ha ido poniendo parches a lo largo de estos meses. El Gobierno fortifica ahora esos parches con un refuerzo formidable del escudo social: gratuidad del transporte, más prestaciones por desempleo, ayudas por hijo y extensión de las ayudas para abaratar la factura energética. El Ejecutivo había ido aprobando medidas a las que quizá les faltaba finezza, pero que había que poner en marcha por las consecuencias devastadoras de la guerra. Y no viene mal un poco de literatura comparada: el resto de Europa ha hecho más o menos lo mismo. Para quienes se quejan de la subida de pensiones (8,5%) hay que ver lo que ha hecho el FMI: subirlas un 9% a sus jubilados. Para quienes se quejan del aumento de sueldos de los funcionarios (3,5%) se puede volver a mirar al FMI: aumento del 3% a su personal. ¿Hubiera sido preferible no subir las pensiones máximas, por ejemplo? Es muy posible, pero entonces hay que volver a acordarse de la primera regla: hay que ganar las elecciones. Con la reciente sacudida en el Reino Unido y con el miedo en el cuerpo que ha dejado la victoria del posfascismo en Italia, la jugada consistía en moverse lo justo como para no salir en la foto: el déficit español se reduce, la deuda cae y no hay cifras que chirríen salvo quizá las pensiones. Había margen para hacer más, pero España conoce bien las consecuencias de salir mal en la foto. Que se las pregunten a Zapatero. O al Rajoy recién llegado de 2012. El gran truco de los italianos es que siempre hay alguien que sale peor que ellos: esta vez España evita ese escenario.

Los agoreros. La ministra de Hacienda hizo este jueves una referencia en su presentación a “los agoreros” que ven nubarrones en el horizonte. Pero ojo, la opción de que a España le vaya mal está ahí: el mercado de trabajo ha funcionado mejor que en crisis anteriores, hay fondos europeos para gastar y la dependencia energética es menor que en otros países, pero la situación fiscal de España es delicada. Cuando baje la marea, el déficit estructural será del 4% del PIB, y la deuda pública muy superior al 100% del PIB. Los pesimistas hubieran preferido medidas más selectivas: hay que redistribuir y hay que señalizar incentivos para reducir el consumo de energía, y no está claro que los paquetes aprobados por el Gobierno tengan la finezza suficiente. Manca finezza, nos dicen una y otra vez con ese tonillo de plaga de úlceras.

Decía Felipe González que vamos hacia un Parlamento italiano “pero sin italianos que lo gestionen”. Los mismos italianos que han votado a una posfascista, o neofascista, o lo que quiera que sea Giorgia Meloni. Igual es mejor un presupuesto esfinge, o mediopensionista, o solo ligeramente expansivo, pero que por una vez no saca a España del todo mal en la foto. Con finezza o sin ella.

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Hace unos días, el supuestamente moderado Juan Manuel Moreno Bonilla dio el pistoletazo de salida de la penúltima carrera fiscal a la baja en las comunidades autónomas. Los barones socialistas no tardaron en entrar al trapo, dinamitando así el relato del Gobierno, que lleva meses tras una reforma fiscal en la que nadie había sido capaz de ponerle el cascabel al gato. Tras el acuerdo con Unidas Podemos, la ministra María Jesús Montero ha intentado este jueves recuperar la iniciativa y rearmar la narrativa del Ejecutivo, muy maltratada tras los anuncios en las autonomías, incluidas las socialistas, de rebajas fiscales.

El Gobierno intenta cuadrar el círculo y aplica bajadas selectivas a las rentas medias y bajas (básicamente en el IRPF) y a las pequeñas empresas y los autónomos; pero el paquete en su conjunto supone una subida de impuestos de algo más de 3.000 millones. ¿A quién? A los grandes patrimonios de más de tres millones de euros, con una tasa temporal de solidaridad; y a las grandes empresas, eliminando la mitad de los agujeros de ese queso gruyère que es la tributación de Sociedades. Junto con las nuevas figuras impositivas a la banca y las eléctricas, Montero, en fin, trata de recuperar la iniciativa y de acabar con el guirigay que han provocado las bajadas fiscales en cascada anunciadas por las comunidades que, alehop, no suponen en ningún caso menos servicios públicos.

Montero —flanqueada por Nacho Álvarez, de Unidas Podemos, una de las mejores cabezas económicas del Ejecutivo— ha dejado un rejón final en su intervención para los “chamanes fiscales”, que siguen sacando a pasear la servilleta de Laffer para tratar de hacer creer a los despistados que bajar los impuestos provoca un incremento de recaudación y, por tanto, no hay que recortar ningún servicio público. No hay comidas gratis, dice un viejo adagio de los economistas, pero eso no cuenta en un debate tan empachado de ideología como este. “Se puede bajar impuestos y aumentar la recaudación porque si hay crecimiento económico y generación de empleo, se pagan los impuestos y desaparece una parte importante de la economía sumergida; la actividad económica crece”, dijo José María Aznar, chamán de todos los chamanes citados por Montero, hace solo una semana en FAES. El FMI, la OCDE, las instituciones económicas internacionales y la profesión económica en su conjunto han desacreditado con una miríada de trabajos académicos esa aproximación aznarista, que aun así aparece una y otra vez en el ideario económico —y en los programas electorales— del Partido Popular. Más curioso es que encuentre cabida también en algún que otro barón socialista. A unos meses del inicio del ciclo electoral, más que una curiosidad, esa postura parece por lo menos sospechosa.

Frente a los vendedores de ungüentos de serpiente y de crecepelo del Lejano Oeste impositivo, tres datos. Uno: la deuda pública española está en torno al 120% del PIB. Dos: el déficit estructural (el agujero fiscal que se produce año tras año independientemente de que la economía crezca o se contraiga) se sitúa en el 4% del PIB. Y tres: España no es un infierno fiscal; está muy por debajo de la media europea en presión fiscal. Con esos números, más propios de un país del Este recién incorporado a la UE que de la cuarta economía del euro, España no puede permitirse bajar impuestos, y tampoco puede permitirse aspirar a un nivel de servicios públicos como el de los países del Norte. En algún momento los partidos centrales del arco político, incluido el principal partido de la oposición, e incluidos los barones del principal partido en el Gobierno, deberían admitir que el emperador está desnudo; por alguna razón ese momento aún no ha llegado. En política, los resultados de cualquier debate dependen de cómo se discute. Y en cuestión de impuestos, y de aquello del precio de la civilización, los españoles discutimos mal. Pero que muy mal.

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Pregunta. Hace 15 años, Aznar le decía a Rajoy que el poder no se hereda, que hay que conquistarlo con un proyecto político. A veces da la impresión de que juega usted a no definirse, en línea con Rajoy. ¿Cómo define su proyecto más allá de hacer oposición dura?

Respuesta. Es difícil ocultar la trazabilidad de un político que lleva 30 años en la cosa pública. Soy un convencido constitucionalista, un autonomista y un reformista.

P. En su día mostró disposición a reformar el Poder Judicial. El PP llegó a un acuerdo para modificar la ley. ¿Qué le impide cumplir ahí la Constitución?

R. Si usted tiene ese texto se lo agradeceré. Yo no lo tengo.

P. ¿Llegó a firmarlo el PP?

R. Nosotros no lo tenemos. Creo que se pactó una lista, eso es lo que me han dicho, nada más.

P. El hecho es que la renovación del Poder Judicial se ha bloqueado dos veces: en ambas, con el PP en la oposición. ¿No ve un patrón ahí?

R. El PP tenía un compromiso: no renovar el Constitucional sin reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para darles a los jueces la posibilidad de elegir a los jueces y a las Cortes la capacidad de elegir a juristas de prestigio. Acepté no condicionar la reforma a una nueva ley. Planteamos por escrito unos requisitos. Y cuando estábamos negociando, el Gobierno modificó unilateralmente la ley; ha intervenido en las competencias del CGPJ. Hay cosas que no son normales: convertir a una ministra de Justicia en fiscal general de un día para otro; cesar a la directora del CNI a petición de los independentistas, al director del INE porque no gustan sus datos, nombrar a un director del CIS que pertenecía a la ejecutiva del PSOE. El desprestigio de las instituciones no había ocurrido antes; Sánchez las ocupa con un desparpajo difícil de superar.

P. Su partido ha llegado a poner en duda la legitimidad del Gobierno. Usted prometió huir de las hipérboles.

R. Me parece infantil que Sánchez haya dado instrucciones de insultarnos a portavoces y ministros porque las encuestas y hasta el CIS digan que en este momento ganaríamos las elecciones.

P. Sus diputados tampoco se quedan cortos: acusan al Gobierno de complicidad con ETA.

R. Lo que ha hecho el Gobierno con Bildu no había pasado en 44 años de democracia. Que el Gobierno tenga como aliado a Bildu, que esté en la comisión de secretos oficiales y sea coautor de la ley de memoria es algo de lo que el PSOE se arrepentirá. Un partido que no ha pedido perdón por los casi 900 asesinatos y 10.000 heridos de ETA no puede formar parte del bloque de gobernabilidad.

P. ¿Se puede ejercer la crítica legítima sin llegar a decir que el Gobierno colabora con una banda terrorista que no existe?

R. ETA no existe; sus consecuencias sí.

P. Hace 11 años que no mata.

R. Todavía se hacen fiestas por las excarcelaciones de los etarras. ¿Esto puede ser normal?

P. ¿No está a favor de acercar a los presos de ETA?

R. Hay elementos objetivos que pueden desaconsejar el acercamiento. Y eso no puede ser moneda de cambio para sacar leyes.

P. La normativa que permite los acercamientos es clara. ¿Insinúa que el Gobierno la incumple?

R. Los fiscales están recurriendo algunos acercamientos.

P. Hablaba de autonomismo. ¿Cómo va a conciliarlo con los pactos con Vox y con dirigentes que hablan de recentralización?

R. Autonomismo es respetar los Estatutos; es respetar las competencias de las comunidades, y que las comunidades respeten las del Estado. Es proteger las lenguas cooficiales. En España hay nacionalidades, pero no un Estado plurinacional. Y la Constitución permite que haya partidos independentistas; otra cosa es que el Gobierno le otorgue a Bildu y a ERC un trato vip y le dé a Podemos la política económica. Han pasado de moda los extremismos en política y vuelve la centralidad, que es donde está mi proyecto.

P. En Europa el centroderecha apoyó los estados de alarma; el PP votó en contra dos veces. Se oponen a medidas de ahorro energético que usted mismo planteó, algo que no hacen Le Pen o Salvini. Draghi y la derecha británica han aprobado impuestos energéticos. El PP parece siempre a la contra, lejos de esa centralidad.

R. No hagamos demagogia.

P. Son hechos: el PP se ha opuesto incluso a medidas para rebajar el precio del carburante.

R. Sánchez prefiere pactar con ERC y Bildu y responde a cada mano tendida con un guantazo. No ha negociado con las autonomías. Y en cuanto al impuesto, nuestra línea roja es que no se pueda repercutir a los consumidores. Planteamos la bajada del IVA del gas y prefirieron la excepción ibérica, que supone que hayamos subvencionado a Francia con 230 millones.

P. ¿Está contra ese pacto en Bruselas?

R. Con esa medida estamos subvencionando a Francia. ¿El decreto de escaparates ahorra 230 millones?

P. ¿No está a favor de la medida de los escaparates?

R. Tres semanas antes de su aprobación hablé de un plan de ahorro para evitar restricciones.

P. Y ahora el PP lo quiere llevar al Constitucional.

R. Fui el primero en plantear medidas obligatorias para la Administración y voluntarias para los ciudadanos. No hubo respuesta. Después, el Gobierno dijo en Bruselas que no estaba dispuesto a hacer ningún tipo de ahorro porque no se le había consultado.

P. Había varios países contra el plan de Bruselas de una rebaja del 15%. España negoció, obtuvo el 7% y presentó medidas que coinciden en parte con las suyas.

R. Se publica ese decreto sin hablar con nadie. Se convoca a las autonomías cuando ya está en vigor, y no se acepta ninguna alegación. Todas las autonomías se han quejado de las medidas: cuando las critica el PNV no pasa nada, pero cuando lo hace el PP es deslealtad. ¿Por qué no puede un comerciante mantener el escaparate encendido al menos hasta la una de la madrugada? La política energética de Sánchez está basada en la ideología, no en la tecnología. Ni siquiera hemos discutido sobre la energía nuclear.

P. La moratoria nuclear no arregla el problema a corto plazo.

R. Yo escucharía a los expertos y pondría los intereses generales por encima de los ideológicos: la UE ha dicho que la nuclear es una energía verde.

P. ¿Y quién pagaría eso?

R. Las empresas.

P. ¿Ha hablado con ellas?

R. No saben si comprar combustible porque, en principio, desmantelarán las centrales en 2027. Y no hay política energética más allá de montar follones con nuestro proveedor de gas, Argelia, en el peor momento. El decreto es mitad improvisación y mitad trágala, un acto de autoritarismo impropio de un Estado autonómico.

P. Esa acusación de autoritarismo parece una de esas hipérboles que usted quería desterrar de la política.

R. No. Este decreto es un acto de autoritarismo: no se negoció con quienes lo tienen que aplicar.

P. ¿Y decir que se va a desobedecer no es como mínimo una irresponsabilidad política?

R. El PP no va a desobedecer.

P. Eso dijo Isabel Díaz Ayuso.

R. Y su consejero dijo que cumplirá. Quienes incumplen leyes son los socios del Gobierno: incumplen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y pactan ese incumplimiento con Sánchez.

P. ¿Si gobierna obligaría a dar el 25% de clases en castellano?

R. El Gobierno y los partidos han pactado no recurrir esa ley al Constitucional; eso es grave. Pero volvamos al decreto: el PP cumplirá. Aunque sea un decreto improvisado, inútil, sin negociar con nadie. Y que ha dejado lo importante fuera: qué hacemos con la cerámica del Mediterráneo y con la industria electrointensiva.

P. ¿Le molesta que Díaz Ayuso inicie esas polémicas por su cuenta, que parecen arrastrarlo?

R. No siempre estamos de acuerdo en todo. Pero a quien más le molesta Isabel Díaz Ayuso es al Gobierno. Para el PP es un activo político en Madrid.

P. La economía va a ser clave en las elecciones. ¿Qué escenario ve?

R. Este ha sido el Gobierno que ha dispuesto de más dinero en democracia, con más fondos europeos. Y lleva 24 subidas de impuestos y un aumento de deuda de 20 puntos de PIB. La renta per capita ha crecido menos que en Europa. Es verdad que ha habido una pandemia y desde febrero hay un conflicto a las puertas de Europa, pero ningún Gobierno ha tenido tantos recursos. La política económica es un fracaso. Hasta los socialistas alemanes han actualizado la tarifa del IRPF con la inflación.

P. Usted critica el aumento de deuda, y a la vez pide rebajas de impuestos. ¿Cómo se hace eso? En 2011, Rajoy se presentó con una promesa de rebaja generalizada de impuestos e hizo la mayor subida de la historia. Hace cuatro años, con la economía creciendo, el PP volvió a prometer rebajas fiscales. ¿Vale esa receta para todo, en todo momento?

R. Lo que hizo Rajoy fue reconocer deudas a proveedores de miles de millones, sacarlas de los cajones y pagarlas. Recibimos un déficit de más del 10% del PIB.

P. Y después con Rajoy la deuda pasó del 70% al 100% del PIB, cuando no iban a meter ni un euro en la banca. Se escapa usted: ¿cómo se financian los servicios públicos con esas rebajas fiscales?

R. Nosotros hemos mantenido siempre los servicios públicos. Son sagrados. Yo propongo una bajada del IVA de la electricidad que el Gobierno ha copiado. Una bajada del IVA del gas que el Gobierno ha preferido pasar por alto a cambio de la excepción ibérica, que subvenciona a Francia. Y una bajada temporal del IRPF a las rentas de hasta 40.000 euros.

P. Si bajan los impuestos baja la recaudación, y usted mismo alerta del déficit y la deuda. ¿Cómo cuadra ese círculo?

R. La recaudación está muy por encima de lo previsto. Las rentas bajas están pagando la inflación, ¿por qué no devolver a las familias lo que pagaron de más? Alemania lo ha hecho, los socialistas lo aprobaron en Euskadi y Navarra, y el PP allá donde gobierna.

P. Más allá de lo fiscal, ¿ve entonces una crisis acercándose?

R. Me interesa más lo que dicen al respecto el Banco de España, Bruselas o el FMI que lo que dice el Gobierno.

P. El FMI ve crecimientos del 2% en 2023. Está lejos de ser la crisis brutal que el PP auguraba.

R. Sánchez vaticina el 2,7% y cada previsión va a peor. Este Gobierno no está hecho para gestionar una crisis, sino para sustentar a Sánchez en el poder. No tiene una política económica europea, sino la que dicta Podemos.

P. ¿La vicepresidenta Nadia Calviño no es suficientemente europea?

R. Muchas políticas económicas no han pasado por Calviño; como otras medidas, parecen una huida hacia adelante. Y le recuerdo que los socialistas dejaron en 2011 a España con las cajas quebradas y al borde del rescate.

En muchas cuestiones es más fácil hablar con el PNV e Iñigo Urkullu que con Vox

Alberto Nuñez Feijóo

P. ¿La situación le parece igual que la de 2011? Ese paralelismo recuerda a aquel “que caiga España, que nosotros ya la levantaremos”. ¿Ese catastrofismo supone alimentar una especie de profecía autocumplida?

R. No digo nada que no digan las instituciones multilaterales. Vamos a lo importante: íbamos a crecer un 7% y vamos a ver si llegamos al 4% en 2022. La inflación iba a ser del 1,7% este año, y estamos en el 10,8%. Este Gobierno recorta el poder adquisitivo un 10,8%, lo nunca visto.

P. La inflación es general: es global. ¿Usted subiría las pensiones con la inflación?

R. Mi objetivo es bajar la inflación.

P. ¿Pero subiría las pensiones con el IPC?

R. Las políticas de este Gobierno generan inflación; bajando la inflación todo se puede hacer. El PP ha subido las pensiones siempre. El PSOE, no. Y con el voto del actual presidente del Gobierno, entonces diputado.

P. Ha tenido muy buena relación con el lehendakari, Iñigo Urkullu. Si llega a La Moncloa y necesita completar la mayoría, ¿le gustaría contar con el PNV?

R. Tengo buena relación con la mayoría de los presidentes autonómicos socialistas, que a mi juicio tienen más talla política que Sánchez. Y tengo una relación muy cordial con Urkullu. Coincidimos en políticas industriales, fiscales, energéticas; discrepamos en la visión del Estado. Pero mi objetivo era y es conseguir una mayoría suficiente para gobernar. Es lo que he hecho siempre. Y en las últimas andaluzas lo logramos. Hablar con el PNV es mucho más fácil que hablar con el PSOE.

P. ¿Y es más fácil que hablar con Vox?

R. En muchas cosas sí, es más fácil. Porque el PNV cree en las autonomías y nosotros también. Yo respeto a los votantes de Vox y a sus dirigentes: no va a encontrar aquí descalificaciones contra Vox; lo que va a encontrar es un llamamiento a la concentración del centroderecha reformista en España. El mejor aliado electoral del PSOE es la existencia de Vox. Vox se presenta a las elecciones y tiene votos: no compartimos ni su visión de Europa, ni su visión de las autonomías, ni su visión de la Constitución, ni otras cuestiones.

P. Pero pactan con ellos.

R. Hemos pactado en Castilla y León. Antes intentamos pactar con el PSOE: la respuesta fue “vayan ustedes a nuevas elecciones”. ¿Esa era la solución?

P. ¿Podrían repetir entonces el pacto con Vox en las generales si hubiera riesgo de repetición electoral? ¿En qué condiciones?

R. Ya he explicado mi proyecto político, que se basa en tener una mayoría suficiente para gobernar. No voy a renunciar a mi propia biografía política. Que se nos pregunte continuamente si el PP estaría dispuesto a pactar con Vox cuando el PSOE gobierna con Bildu me parece un mal chiste.

P. En Cataluña y Euskadi el PP presenta resultados muy pobres. ¿Se puede gobernar España sin tener una presencia potente en esas dos comunidades, que en los últimos tiempos han provocado desequilibrios en la política española pero otras veces tienden a estabilizarla?

R. Hay cuatro grandes motores electorales: Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia. De esos cuatro motores, tres están funcionando bien. En Cataluña hemos tenido unos muy malos resultados. Es muy difícil gobernar España si el PP no sube en Cataluña. Cataluña ha tenido en los últimos años una generación de malos políticos, que han dividido la sociedad, que no cumplen las leyes, que le exigen al Gobierno central modificaciones del Código Penal, que no se recurran leyes que se aprueban en el Parlament e incluso que no se cumplan las sentencias del Supremo. Vamos a decirles a los catalanes que respetaremos los resultados de las elecciones: siempre lo haremos. Seguro que hemos cometido fallos y no hemos tenido un mínimo de empatía para hacer ver nuestros planteamientos en Cataluña. Pero nuestro objetivo es representar el espacio constitucionalista catalán: todos aquellos que se sienten catalanes sin que eso dificulte el sentirse españoles están invitados.

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Borrell ataca una docena de costillas con excelente apetito, pero cuando se enciende la grabadora se olvida de la mitad del plato. Para lidiar con esos tres focos de conflicto, y también para la política española, tiene un consejo que es en realidad una frase de Terminator: “Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor”.

Pregunta. La vuelta del verano va a ser delicada, con una inflación del 10% y una enorme incertidumbre. Si Rusia cierra la llave del gas, ¿resistirá la unidad europea?

Respuesta. Nadie sabe qué va a hacer [Vladímir] Putin, pero lo racional es prepararse para lo peor. Si quiere usar la energía como arma, no esperará a que rellenemos nuestros stocks en invierno.

P. ¿Le preocupa lo que pueda ocurrir en septiembre en las elecciones italianas, además de la posición de Hungría?

R. Putin piensa que las democracias son sistemas vulnerables porque tienen opiniones públicas que pueden expresarse. Eso no ocurre en Rusia. Si, además, hay cambios políticos en algún país que inclinen de su lado a futuros gobiernos, mejor para él. Hay que explicar a nuestros ciudadanos que la de Ucrania no es una guerra de los demás. Nos va mucho en ello: la ciudadanía tiene que estar dispuesta a pagar un precio para mantener el apoyo a Ucrania y la unidad de la UE. Estamos en guerra: esas cosas no son gratis, aunque sí hay que tratar de repartir los esfuerzos de forma equitativa. Pero repito: esta guerra nos afecta directamente, aunque nuestros soldados no mueran allí.

P. ¿Cuál es el riesgo de la crisis política en Italia, azuzada por el malestar económico?

R. Las elecciones de septiembre en Italia pueden cambiar un Gobierno liderado por alguien de sobradas credenciales europeístas y muy comprometido con la defensa de Ucrania por dirigentes que no están necesariamente en esta misma posición. Pero de momento la unidad está ahí. Nunca he visto a la UE tan unida. Sí, con puntos débiles, pero poco significativos: Hungría quedó fuera del pacto para recortar las compras de energía, pero supone solo un 6% de las importaciones europeas.

“Europa debe prepararse para un conflicto de larga duración en Ucrania”

P. ¿Qué efecto tendría en Europa una recesión en Alemania?

R. Nuestras economías están muy interrelacionadas. Si le va mal a Alemania, habrá problemas para todos.

P. Todo esto dispara el riesgo de fractura.

R. Más que en los riesgos hay que centrarse en las soluciones y seguir haciendo más deprisa lo que estamos haciendo. España, por ejemplo, ha presentado su plan de ahorro energético, como deben hacer todos los gobiernos. Sería bueno que eso no fuera el escenario de una lucha hispano-española y que todo el mundo contribuyera al ahorro energético.

P. ¿A qué atribuye la guerra de guerrillas de la política española?

R. Quizá en España no tenemos tanta conciencia de lo que esa guerra representa como los países que la viven más cerca. Diez millones de ucranios han cruzado la frontera y han solicitado asilo en Europa. ¿Cuántos de ellos lo han hecho en Polonia y cuántos en España? Los problemas se ven con puntos de vista distintos en función de la geografía y la historia.

P. ¿Se ha alineado en esta guerra la UE demasiado con Estados Unidos?

R. Entre la UE y Estados Unidos ha habido desde el estallido de la guerra una absoluta cooperación. Occidente tiene un imperativo moral con Ucrania. ¿Estados Unidos se habría comprometido tanto si hubiera tenido un presidente como [Donald] Trump?

P. Ucrania dice que la única solución es una derrota absoluta de Rusia y una vuelta a las fronteras anteriores a 2014. ¿Comparte este diagnóstico?

R. Ucrania está sufriendo una invasión, está siendo destruida sistemáticamente por los bombardeos rusos. Se está defendiendo de la agresión. No voy a entrar en qué consiste la victoria y la derrota: solo sé que tenemos que ayudar. Si Rusia gana esta guerra y ocupa parte del territorio ucranio, entonces los europeos sí que habremos perdido y nos enfrentaremos a una amenaza mucho mayor.

P. Da la impresión de que, hasta hace poco, Estados Unidos y Europa armaban a Ucrania para combatir con Rusia en pie de igualdad, pero que ahora la están armando para negociar.

“Todas las guerras se acaban con una negociación. Cuanto antes llegue, mucho mejor”

R. Todas las guerras se acaban con una negociación. Cuanto antes llegue, mucho mejor. Que ayudemos militarmente a Ucrania no quiere decir que no hagamos lo que podamos para negociar. Pero por desgracia podemos poco: Putin no quiere parar. Nuestro objetivo es que cuando llegue la hora de negociar, Ucrania llegue en las mejores condiciones. Y eso pasa por la defensa de su territorio.

P. Ninguno de los bandos parece tener la capacidad de imponerse. ¿Estamos condenados a un conflicto cronificado?

R. Ese conflicto está llamado a durar. Rusia quería una guerra relámpago, ocupar Kiev en una semana y tener una Bielorrusia bis. Eso no le ha salido bien. Y ahora se enfrenta a dos cosas que no esperaba: la feroz resistencia ucrania y la desacostumbrada unidad del mundo occidental. Esos son los dos grandes errores de Putin. Los europeos tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos a un conflicto de larga duración, buscando soluciones políticas. Cuando alguien me dice que dejemos de ayudar a Ucrania porque así duraría menos la guerra, mi pregunta inmediata es si nos da igual cómo acabe esa guerra.

P. Ahora se abre un nuevo frente con China, tras una visita a Taiwán de Nancy Pelosi que incluso en Estados Unidos se ha juzgado como inconveniente. ¿Cómo ha vivido Europa ese despertar de China?

La reacción de Pekín a la visita de Pelosi a Taiwán ha sido desproporcionada. El mundo necesita que EE UU y China cooperen

R. He oído a portavoces muy autorizados de la Administración de [Joe] Biden decir que la visita era una iniciativa individual de un cargo político que no representa al Ejecutivo. La reacción de China ha sido desproporcionada, con una formidable movilización de medios militares.

P. ¿Ha sido este viaje un error no forzado que da argumentos a China para impulsar su agenda de reunificación con Taiwán?

R. No hay nada nuevo en esta actitud china de querer la reunificación con Taiwán. Lo importante es que esta voluntad se produzca de manera pacífica, que estos momentos de tensión no produzcan un incidente no deseado que desencadene un conflicto mayor.

P. Pero sí hay consecuencias económicas. También para Europa: la industria alemana va a sufrir.

R. El mundo necesita que EE UU y China cooperen. Los problemas globales no se pueden resolver sin la cooperación de las dos grandes potencias. Porque, sin ellas, problemas como el cambio climático no tienen solución. Y por eso es muy mala noticia que China ya se haya retirado de la mesa de negociación climática. Pero la interrelación tan estrecha entre las economías de ambos países hace que ninguno de los dos desee la derrota absoluta del otro.

P. En respuesta a los planes de ahorro energético europeos, la vicepresidenta Teresa Ribera dijo que, a diferencia de otros países, España no ha vivido por encima de sus posibilidades. ¿Cómo ha sentado en Bruselas esa frase con ecos de la crisis del euro?

R. Los países del sur no podemos ahora aparecer como los frugales de la energía. No podemos mostrar una falta de solidaridad argumentando que el norte podía haber pensado antes que Putin no era un suministrador de energía fiable. Es el momento de mostrar solidaridad con los países que se van a ver más directamente afectados por el corte del gas. Hay que arrimar el hombro, mostrar solidaridad. España puede hacer mucho, porque tiene un tercio de toda la capacidad europea para licuar gas natural. Podemos ser la puerta de entrada en Europa del gas alternativo al ruso. Ahí tenemos un papel que jugar. Y estoy convencido de que lo haremos.

P. ¿Qué grado de crisis económica espera para el otoño? El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habla de un escenario catastrófico, mientras que el presidente, Pedro Sánchez, le ha quitado hierro al asunto.

R. España tiene ventajas: no somos tan dependientes del gas ruso. El mercado laboral está funcionando. Y tenemos el colchón amortiguador de 70.000 millones de fondos europeos. Estas ventajas hacen que este no sea el momento de poner peros: no podíamos pedir la solidaridad europea hace meses, cuando estábamos más afectados por el virus, y ahora ponernos de perfil cuando otros se ven más afectados por la dependencia del gas. Y no lo estamos haciendo. Estamos siendo solidarios de la forma más eficiente posible.

P. ¿No comparte entonces el diagnóstico apocalíptico?

R. No tengo dotes de adivino. No sé lo que va a pasar. Pero tengo una fórmula: espera lo mejor y prepárate para lo peor.

P. Al empezar la guerra usted anticipó el despertar de la Europa geopolítica. Con la perspectiva de casi seis meses de guerra, ¿qué cambios ve ya Europa?

R. Estoy muy satisfecho. En pocos días pasamos de decir que no se pueden usar los fondos comunitarios para gasto militar a poner sobre la mesa 2.500 millones. Esa ayuda militar ha sido muy importante: sin ella Ucrania no habría podido rechazar a las tropas rusas que estaban a las puertas de Kiev. He visto las columnas de tanques rusos reventados en las calles de Kiev. Eso no se hace con tirachinas.

P. A diferencia de Ucrania, la UE ha sido mucho menos asertiva con el conflicto en Gaza.

R. Resolver la situación de la gente atrapada en esa cárcel al aire libre que es Gaza no está en manos de la UE. Es una situación escandalosa, una vergüenza, pero no está en nuestras manos resolverla. La comunidad internacional debería buscar una solución para la gente hacinada, sin electricidad, casi sin agua potable. Se nos critica con mucha frecuencia por tener un doble rasero. Pero la política internacional es en buena medida la administración de los dobles estándares. No nos enfrentamos con los mismos criterios a todos los problemas. El conflicto de Oriente Próximo no tiene solución sin un compromiso muy fuerte por parte de Estados Unidos Y, tras intentarlo sin éxito tantas veces en el pasado, ahora mismo no lo hay. Aunque nada de esto sirve de consuelo a la gente que vive allí.

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Pregunta. “A diferencia de otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, dijo usted en plena negociación para reducir el consumo de gas. ¿A qué se debe esa dureza?

Respuesta. A que creo que era importante destacar que toda nuestra voluntad de ayudar requiere cierto respeto previo. España ha hecho un gran esfuerzo en materia energética no siempre acompañado en Europa, como con las interconexiones. Cuando alguien necesita ayuda, debe pedirla; no imponerla. Nosotros, cuando la hemos necesitado, la hemos pedido y la hemos agradecido enormemente. Y en la situación actual, absolutamente endiablada, nadie nos preguntó cuál era la mejor manera de ayudar. La Comisión no tenía un ejercicio fácil por delante, pero optó por poner encima de la mesa la propuesta sin debate previo.

P. ¿No pueden ser contraproducentes esas palabras si España acaba necesitando ayuda, por el lado fiscal o incluso el de energía?

R. ¿Por qué? Hemos hecho una declaración explícita, y reiterada, sobre nuestra voluntad de ayudar.

P. Porque esa retórica recuerda a la crisis del euro. ¿A quién se dirigía con esas palabras?

R. Que cada cual lo interprete como quiera: yo me dirigía a los españoles. Es importante que sepan que lo que estamos haciendo no es porque nos tengamos que ajustar el cinturón por un comportamiento irresponsable o frívolo. Hemos invertido mucho más para asegurar nuestro suministro que otros Estados miembros. Creo que es un mensaje importante: no hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades.

P. Pues parecía un mensaje al Norte. ¿Se expresaría hoy, de nuevo, en esos mismos términos?

R. Creo que eran palabras para aquel momento y que sirvieron para hacer ver que nosotros estábamos dispuestos a ayudar, pero que era importante encontrar la solución adecuada. La solidaridad puede expresarse de maneras muy diferentes, y lo que proponía la Comisión no era lo más efectivo ni lo más justo. No se trata de imponer castigos a la población, sino de hacer llegar energía a quien lo necesita. Es verdad que en la medida en que uno consume menos puede aportar a terceros, pero no tiene sentido imponer reducciones por encima de lo que se puede hacer llegar a esos terceros países.

P. ¿Se invierten los papeles en esta tesitura respecto a la crisis del euro?

R. Muchos de nuestros socios afrontan una situación muy complicada: aquí estamos hablando de esforzarnos, pero allí están hablando de racionamiento, que es algo que en Europa Occidental no hemos vivido desde el final de la II Guerra Mundial. Es un shock emocional para la población y hay que acompañar lo máximo que se pueda para que no se llegue a dar esa situación. Después de las consecuencias tan terribles que generó la respuesta a la crisis del euro se ha entendido que no se puede apelar al riesgo moral para dejar descolgada a una parte de la sociedad europea.

P. Ha dicho que la Comisión no informó a los gobiernos. Bruselas dice lo contrario.

R. No he dicho que no informara: digo que no escuchó. Y al final la situación se ha resuelto bien, hubo una reacción rápida. Todos entendimos la importancia de la unidad y de la solidaridad y hemos conseguido una propuesta que abre la puerta a reforzar la política energética europea de cara a consolidar una capacidad de respuesta rápida, usar las infraestructuras en común y acometer compras comunes de energía.

P. Algunos países se saltaron a la torera todo eso al principio.

R. Efectivamente.

P. ¿Quiénes?

R. No voy a quiénes, pero es cierto que algunos socios han buscado alternativas por su cuenta

P. ¿Esos rifirrafes pueden volver si la situación empeora? ¿El recorte del 15% hubiera supuesto un parón industrial en España?

R. Sí, suponían un parón porque el planteamiento de la Comisión era priorizar sectores industriales en función de lo que considera más estratégico para el conjunto de la economía europea. Y hay sectores que Bruselas no considera estratégicos para el conjunto de la UE y que, sin embargo, sí lo son desde nuestro punto de vista. Eso hubiera generado resultados injustos que, además, no hubiesen beneficiado a nadie.

P. La última vez que Rusia cortó el gas antes de la guerra, la entonces canciller alemana, Angela Merkel, se fue a Minsk y pactó con Vladímir Putin el gasoducto Nord Stream 1. Luego, en los primeros estadios de la invasión rusa en Ucrania, Alemania se fue a buscar gas a todas partes pagando precios muy altos. ¿Cómo juzga la política alemana en los últimos años?

R. Siempre es más fácil hacer un análisis a toro pasado, pero sea cual sea la historia que venga de atrás, es capital salir a respaldar a Alemania en este momento. A nadie le va bien que a Alemania le vaya mal, del mismo modo que, como nos enseñó la anterior crisis, a Europa no le vino bien que a Grecia le fuera mal. Sí es cierto que ha habido señales recientes que ponían de manifiesto la conveniencia de diversificar proveedores y que, a pesar de ello, se aprobó la construcción de un segundo gran gasoducto [el Nord Stream 2]. Durante muchos años eso le ha reportado a la industria alemana gas a precios baratos. Eso explica parte de las diferencias de competitividad y parte del sobrecoste que han estado pagando los consumidores españoles por toda esa infraestructura necesaria para albergar las plantas de regasificación. La situación hoy ha cambiado; se han alterado las dinámicas tradicionales.

P. El escenario central ahora mismo es un cierre de fronteras por parte de Putin.

R. Sí.

P. ¿Eso implica recesión en Alemania?

R. Pero lo que buscamos es evitar a toda costa ese escenario. Y no importa solo lo macroeconómico: si se produce una gran división nos encontraríamos con escenarios políticos muy complicados, con desconfianza en las instituciones y entre países... Eso hay que cuidarlo al máximo si no queremos ver deterioros sociales y democráticos a gran velocidad.

P. Históricamente, la inflación ha sido capaz de tumbar gobiernos, y la subida de los precios energéticos es uno de los factores que explica que los precios suban más en España que la media europea. ¿Explicaría eso en parte la dureza del Gobierno español en esa negociación?

R. Llevábamos meses pidiendo que Europa se tomara en serio la situación y mitigara al máximo el impacto de los precios del gas en el conjunto del sistema energético. La primera respuesta que recibimos fue “ya pasará”; resulta que no solo no ha pasado, sino que se ha complicado cada vez más. Hoy, afortunadamente, contamos con la protección del mecanismo ibérico. Pero necesitamos una respuesta europea a la crisis.

P. ¿Teme el Gobierno que, si no se doblega la inflación, podamos ir hacia un invierno caliente?

R. Obviamente el impacto de la inflación está detrás de la preocupación que mostramos por la evolución de la energía.

P. ¿Y en ese contexto está satisfecho el Gobierno con la respuesta que han dado las energéticas?

R. Es difícil explicar un incremento tan importante de los beneficios en un momento tan delicado para el conjunto de la población. Las primeras propuestas de minoración de los beneficios extraordinarios asociados al alza del precio del gas fueron muy contestadas, con una campaña en contra en Europa y más allá de Europa. El resultado fue que la Agencia Internacional de la Energía y la Comisión Europea recogieron nuestra propuesta como una recomendación de mejores prácticas. Es decir: acabaron encontrándose con que aquello que les parecía de un intervencionismo terrorífico acabó siendo una de las recomendaciones básicas que hacían las principales autoridades económicas y energéticas. Más que poner el grito en el cielo, de lo que se trata es de buscar soluciones para proteger a sus clientes.

P. ¿No genera problemas que el presidente cite ad hominem a [Ignacio] Sánchez Galán o [Ana] Botín?

R. El presidente Sánchez mide muy bien lo que dice.

P. ¿Qué le parece esta respuesta tan monolítica en el sector energético contra el impuesto y el resto de medidas?

R. Creo que sería deseable encontrarnos con propuestas y no con un no a todo.

P. ¿Le preocupan las reacciones negativas a la anécdota de la corbata?

R. Los mayores entienden la diferencia entre consumir y desperdiciar energía, y tienen un recuerdo de cuando la energía era mucho más cara —en términos relativos— que hoy. Desde el punto de vista del coste, un grado en el termostato de nuestros hogares puede representar hasta un 7% de nuestra factura. Hace falta un esfuerzo especial en un momento extraordinario. El mundo está patas arriba, tenemos una guerra en Europa y para muchos conciudadanos europeos esto resulta un debate frívolo: están buscando sacos de dormir para evitar morirse de frío en invierno sin calefacción. La diferencia es tan grande que creo que esas reacciones negativas están fuera de lugar.

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Las malas noticias son que Rusia ya ha demostrado sobradamente que puede cerrar el grifo: acumula grandes superávits corrientes por la subida de precios de la energía y ha reducido el 40% de sus envíos de gas a Europa. Las buenas noticias siempre parecen palidecer. Pero también existen: el rápido ritmo de almacenamiento de gas ha sorprendido a los analistas, aunque es muy posible que a pesar de todo haya racionamientos y cierre de fábricas, en función de la crudeza del próximo invierno. Las sacudidas de los mercados en los últimos días juegan con esa situación de gran inestabilidad, con caídas en las Bolsas y agitación en los mercados de deuda centradas en los sospechosos habituales: Italia, España, Portugal y compañía, todo el frente Sur. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, ha demostrado esta semana que no aprendió demasiado de la crisis del euro al afirmar que no debería haber motivos de pánico por las primas de riesgo. Afortunadamente, el BCE tiene otra opinión. Aunque no llega con los deberes hechos ni tiene a Draghi en el puente de mando, sino en el camarote de los países problemáticos.

“Hay que detener la guerra para parar la inflación”, dicen ya con toda claridad las fuentes financieras consultadas. Hay muchas voces en Europa y empieza a haberlas también en Estados Unidos, aferrándose a ese discurso. No está tan claro que la alta política europea esté tan convencida. La visita a Kiev del canciller Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y el italiano Mario Draghi es, en apariencia, una muestra más de apoyo militar a Ucrania y la constatación de que Berlín y París apuntan a una entrada rápida del país en la UE, aunque nada de eso va a ser fácil en Bruselas. ¿Hay algo más? Think tanks como Eurointelligence especulan con que en esa visita puede haberse puesto sobre la mesa un oscuro quid pro quo: la promesa de una adhesión acelerada a la Unión solo llegará a cambio de un acuerdo con Rusia antes del invierno. Traducción bíblica: Europa empieza a verle las orejas al lobo; Alemania tiembla ante la posibilidad de que sus fábricas tengan que bajar la persiana. Ojo con eso.

España llega, como viene siendo habitual, relativamente mal equipada a esa encrucijada. Con una deuda pública muy elevada (que roza el 120% del PIB) que la convierte en diana ante una eventual crisis en los mercados si el BCE no se pone las pilas. Con un crecimiento todavía fuerte pero declinante, que aún no ha sido capaz de volver al nivel precrisis. Aunque también con un par de ases en la manga. Uno: el fuerte dinamismo del mercado laboral, que crece muy por encima de la economía y que, combinada con los fondos europeos, es una refrescante novedad cuando las nubes empiezan a asomar por el horizonte. Y dos: la baja dependencia de la energía rusa, aunque el reciente episodio con Argelia ensombrece esa ventaja. Las expectativas económicas, en fin, están de capa caída: no aquí, en casi todo el mundo. Y las expectativas acaban moldeando la realidad. Casi todo lo que ocurra en adelante, eso sí, depende de la guerra y del poco predecible Vladímir Putin. Los apocalípticos no han tardado en sacar a relucir sus trompetas, aunque por estos lares a alguno se le ve el plumero político: hay una legión de economistas que llevan meses hablando de una España en quiebra, que con una mano reclaman bajar los impuestos y con la otra avisan de la crisis de deuda. Soplar y sorber a la vez: todas las contradicciones son interesantes, pero esa es una contradicción interesada. Esos mismos economistas, además, reclaman condicionalidad en todo lo que haga el BCE para que someta a la economía española a una buena cura de adelgazamiento vía ajustes y reformas. El apocalipsis, en fin, casi siempre defrauda a sus profetas: “Parecía que el mundo estaba a punto de acabarse, pero no se acabó”, escribe Paul Auster en su última novela, a pesar de quienes parecen querer que se hunda España, a pesar del hielo y el fuego de Robert Frost y de todo ese iceberg de incertidumbre en busca de Titanic.

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Hace 10 años, el thriller existencial de Lehman Brothers se tradujo en Europa en una crisis oceánica que arrasó Grecia, Irlanda y Portugal hasta llegar a España. Zapatero negó esa crisis hasta que le explotó la mayor burbuja del Atlántico Norte. Con los mercados al acecho, aquello estuvo a punto de llevarse por delante a todo el sector financiero español (y al PSOE, tras aquel “me cueste lo que me cueste” de ZP, pero esa es otra historia). Rajoy ganó las elecciones en 2011 con la promesa de la mayor rebaja de impuestos jamás contada, pero aprobó la mayor subida fiscal de la historia (sus sucesores vienen prometiendo lo mismo aunque todo el mundo sabe que eso no va a ocurrir, pero me temo que también esa es otra historia). “No gastaremos ni un euro en los bancos”, decían entonces Rajoy y Guindos: la verdad —esa bestia escurridiza e inasible, más aún 10 años después— es que España ha gastado ya 73.000 millones en su sector financiero.

En esas llegó el 9 de junio de 2012. Y Rajoy, que había jurado y perjurado que nunca pediría un rescate porque estaba convencido de que con él los mercados recuperarían la confianza por arte de birlibirloque, se vio obligado a solicitar hasta 100.000 millones. “Rescate a España”, tituló El PAÍS, a pesar de que Guindos profundizó en la querencia por las milongas de aquel Ejecutivo y, frente a la suciedad de los hechos, lo denominó “crédito en condiciones ventajosas”. “No es un rescate, es apoyo financiero”, llegó a afirmar con la prima de riesgo en llamas.

Eran días de gran ajetreo en Bruselas. La capital europea es una especie de circo de tres pistas en el que si uno se descuida se pierde los leones, los payasos y la trapecista jugándose el pescuezo. España era los tres números en uno. Y el rescate llegó con cicuta: dureza para la banca, y unas condiciones macroeconómicas que eran como un dolor de muelas.

Las dos hojas de la tijera alemana, ajustes y reformas, fueron algo más suaves que en Grecia, Irlanda y Portugal, porque España era demasiado grande para un rescate completo y porque los tecnócratas veían ya que la austeridad supuestamente expansiva, un error de política económica patrocinado por Berlín que se estudiará en los libros de historia, no acababa de funcionar. Pero Merkel tenía sus propios planes. “Aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, continuos casos de corrupción: ¿qué han hecho ustedes con el dinero europeo?”, se preguntaba furibunda aquellos días ante un grupo de corresponsales estupefactos. El Gobierno de Zapatero, el Banco de España y después Guindos habían metido la pata con medidas profilácticas para las cajas, y las necesidades de financiación, con los mercados cerrados a cal y canto, acabaron abocando a Rajoy a doblar la rodilla, con Bruselas y Fráncfort jugando a subir el fuego de la prima de riesgo para forzar esa decisión.

Una vez solicitado el dinero, España fue una especie de conejillo de indias. Se obligó a pasar por caja por primera vez a los tenedores de deuda de mala calidad: los preferentistas pagaron parte del pato, en un primer ensayo de lo que después ha sido el modelo europeo de resolución bancaria. Alemania y sus intereses, cómo no, estaban tras esa novedad: “Finlandia, Austria y Holanda presionaron, pero fue Alemania quien impuso las condiciones porque quería proteger a sus grandes bancos, que venían del roto que les dejaron las hipotecas basura de EE UU”, según el economista Carlos Martínez Mongay.

La moralina con Grecia había sido brutal: los despilfarradores tenían que purgar sus pecados, y ahí Berlín se cobró su libra de carne. Después, el cuento moral dio paso al interés propio. Los alemanes llevaban años reciclando sus enormes superávits comerciales en las finanzas irlandesas, en las subprime estadounidenses, en las cédulas hipotecarias españolas, en casi cualquier mercado burbujeante. En EE UU tuvieron que rascarse el bolsillo: Washington manda más que Berlín. Pero en Irlanda y España, Alemania impuso su ley: el rescate puso a salvo la formidable exposición de sus bancos al ladrillo español. “El euro es una competición económica de la que Alemania ha salido vencedora”, zanjó Jean Pisani-Ferry en El despertar de los demonios.

El muy olvidable José Manuel Barroso, el ultraortodoxo Olli Rehn (reciclado ahora en banquero central paloma, sorpresas te da la vida), Jean-Claude Juncker y más tarde el supuesto socialdemócrata Jeroen Dijsselbloem, al frente de las instituciones encargadas de tutelar aquel rescate, siguieron a pies juntillas el diktat de Merkel y su poderoso ministro Wolfgang Schäuble, una especie de Moriarty de andar por casa. Schäuble era quizás el más duro en público, ayudado en la sala de máquinas por tecnócratas como el austriaco Thomas Wieser, con el cuchillo entre los dientes en el Euroworking Group (una célula de trabajo aún más oscura que el Eurogrupo), y el enviado del FMI, Paul Thomsen, un danés de lengua afiladísima, el más negro de los hombres de negro. Servaas Deroose, con experiencia en la purga de Grecia, fue el elegido por la Comisión Europea. Ese tipo de halcones proliferaba por aquel entonces: Declan Costello era el jefe del rescate griego y protagonizó varios episodios tremendos; hoy, ojo, se ocupa de España con los fondos del Next Generation.

Pero los Wieser, Thomsen, Deroose y compañía seguían instrucciones: nada de lo que ocurrió hubiese sido igual sin un ministro de Hacienda alemán que en realidad era un abogado ordoliberal (Schäuble), sin un débil y asustadizo presidente de la Comisión (Barroso), sin un BCE que durante la era Trichet fue un completo desastre y sin un Eurogrupo en el que cada uno miraba por lo suyo.

Nada de lo que presumir

El resultado final está plagado de claroscuros. España acabó arreglando sus bancos, pero ni Bruselas ni el FMI ni el Gobierno de entonces tienen mucho de qué presumir. La economía acumulaba dos décadas de fuertes desequilibrios a pesar del “España va bien” de Aznar y del negacionismo de ZP, y tardó años en salir del agujero, con una devaluación interna que dejó sacudidas políticas y sociales. “Buena parte de mi tarea consistió en explicar de la que nos habíamos librado”, escribió Guindos en España amenazada. España, es cierto, se libró del rescate completo, pero en realidad tuvo que acometer una reforma bancaria, un ajuste de pensiones y una durísima reforma laboral, además de un fuerte recorte del déficit y una rebaja de salarios: el equivalente al dichoso rescate completo sin el dinero del rescate completo. Incluso con la ayuda concedida, solo aquel whatever it takes de Draghi evitó males mayores. El historiador Adam Tooze deja algún que otro dardo sobre la gestión española en su imponente Crash: “Rajoy no era precisamente un visionario”, y “Schäuble fue reticente a apoyar a Guindos” a pesar de una visita a la desesperada del ministro a Berlín. Guindos reescribió esa historia a su manera antes de ir al BCE: “Schäuble es admirable en lo personal y ha sido un apoyo de España en los momentos difíciles”.

Diez años después, en fin, puede que la memoria falle, pero las cicatrices —y las libretas de notas de este excorresponsal— siguen ahí. Y hay tres lecciones que no conviene olvidar. Una: que los empachos de deuda originados por superburbujas de crédito suelen acabar mal. Dos: que se puede subyugar a un país de dos maneras, con la espada y con la deuda, pero pese a todas las reglas escritas en bronce siempre es posible encontrar una salida si hay voluntad política. Y tres: que desde un punto de vista abstracto siempre se puede atender una deuda, pero hay un umbral de dolor político, moral, social incluso, más allá del cual esa opción se hace inaceptable. Algún ministro alemán debería llevar tatuada esa frase. Quienes patentaron aquella milonga del “crédito en condiciones ventajosas”, también. La frase es de Jack Boorman: uno de los líderes intelectuales del diseño de los paquetes de rescate del FMI.

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En el resto de asuntos candentes de la agenda política tampoco parece que el volumen vaya a suavizarse, a pesar de las palabras del presidente. Sánchez acudirá el lunes a una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: “Voy a ir a ayudar, no a tutelar. Espero que las medidas que ha puesto en marcha Madrid sean suficientes. Pero hay que aparcar la lucha partidista”, algo poco probable a la vista de los continuos ataques de Díaz Ayuso y el PP. “No contemplo un nuevo confinamiento”, ha subrayado.

A la crisis de Madrid se suma la imputación de Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior con Mariano Rajoy, por el turbio asunto del espionaje policial para tapar la corrupción en el PP. Esa imputación “es una mala noticia” porque pone de manifiesto “hechos extraordinariamente graves”. En ese clima parece poco probable que el PP se avenga a desbloquear el Poder Judicial. Y ahí Sánchez ha sido especialmente duro: “No puede ser que Casado se esté dando golpes en el pecho con la Constitución y luego tengamos el CGPJ en funciones dos años, el Defensor del Pueblo desde junio de 2017 o el Constitucional desde hace un año”. “A lo mejor [Casado] no quiere renovar el Poder Judicial porque la actual composición le beneficia en los casos de corrupción que tiene que afrontar en los juzgados”.

Tampoco en Cataluña se reduce el ruido. Sánchez ha acusado al president Quim Torra “de empeñarse en judicializar el conflicto al no respetar la legalidad”. Torra está pendiente de la decisión del Supremo sobre su inhabilitación (por colocar una pancarta a favor de los políticos presos en el Palau de la Generalitat) y ha asegurado que no piensa convocar elecciones. “El bloqueo político no parece la mejor situación para gestionar la pandemia; Cataluña se merece pasar página y superar la crisis política y de convivencia de los últimos tiempos”.

Decibelios, en fin, en la negociación presupuestaria, con las cifras de contagios de nuevo por las nubes y un alud de datos económicos negativos. Decibelios entre los dos partidos del Ejecutivo, con recetas económicas distintas para esos presupuestos. Decibelios entre el PSOE y el PP por Madrid, por el caso Kitchen, por el bloqueo del Poder Judicial y por casi todo. Y decibelios en Cataluña, que abrió hace tres años una crisis constitucional que dista mucho de haberse cerrado y se ve abocada a medio año de interinidad. Sánchez ha aparecido de lo más relajado ante las cámaras, con un discurso muy medido y da la sensación de que si saca adelante los Presupuestos la legislatura se aclarará. Pero en el arranque del curso, el altísimo volumen está asegurado.

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Desde ese planeta, Putin ha demostrado un gran talento para poner de manifiesto las contradicciones de Europa, que son poco más o menos las contradicciones de Alemania: Berlín lleva semanas anunciando que enviará armamento hacia Ucrania, pero el canciller Olaf Scholz se las ha arreglado para demorar esas entregas una y otra vez —aunque el aviso del martes desde la base de Ramstein de que mandará 50 carros de combate Gepard se parece mucho a un giro de 180 grados—; Alemania lleva meses prometiendo que se desenganchará de la energía rusa, pero hay que acordarse de que la última crisis del gas acabó con un viaje de Merkel hacia el Este en el que pactó con Putin, a espaldas de los socios europeos, la construcción del gasoducto Nord Stream.

Esas contradicciones vienen de lejos, pero se acentúan con la guerra. Y no son solo alemanas. Europa sabe que hay que aplicar sanciones durísimas tras el ataque del Kremlin a Ucrania, pero a su vez es muy dependiente del gas y el petróleo rusos: corre el riesgo de un efecto bumerán poderosísimo. La industria alemana lleva tiempo anunciando el apocalipsis si eso se produce, a pesar de que los think-tanks germanos y el propio Bundesbank limitan la recesión alemana asociada a esa medida a una pérdida del 2% del PIB; las recetas alemanas recortaron un 25% la economía griega hace 15 años, si se me permite un punto de demagogia.

Los cortes de suministro son palabras mayores para los ciudadanos europeos, pero esconden varias batallas interesantes. Una de ellas es fundamental: tanto Europa como EE UU han mirado hacia otro lado hasta hoy con respecto a los pagos en rublos de la energía rusa. En teoría, eso viola las sanciones que los propios aliados han impuesto; en la práctica, ni Washington ni Bruselas han dicho esta boca es mía.

La negativa de Polonia y Bulgaria a pagar el gas ruso en rublos —y el consiguiente castigo del Kremlin de parar el suministro— supondrá, por un lado, un litigio con Moscú. Pero, por otro lado, Varsovia está poniendo al resto de Europa ante el espejo: Alemania y compañía incumplen las sanciones a sabiendas, y están financiando la guerra de Putin con una mano mientras con la otra le dan armas a Zelenski para luchar contra Rusia. Polonia tiene grandes reservas de gas y puede permitirse ese órdago: para otros países eso supondría un invierno muy, muy frío. Un embargo total al gas y al petróleo rusos sería el botón nuclear de Europa para la economía rusa, pero los dirigentes europeos temen una recesión que provoque un invierno del descontento en un continente muy castigado por tres crisis mayores en 20 años: Gran Recesión, Gran Confinamiento y una guerra en el vecindario.

La estrategia de Putin ha sido siempre la misma: sus armas son el obstruccionismo, la imprevisibilidad y la capacidad para mostrar al mundo que la cacareada unidad europea es a menudo una fachada Potemkin como las que le ponían a Catalina de Rusia —precisamente en Crimea— a finales de siglo XVIII para que creyera que el imperio no se desmoronaba. El peligro de este último movimiento es una escalada en las sanciones por las dos partes. Pero el mayor riesgo es que a las tradicionales divisiones de Europa (Norte-Sur, grandes-pequeños, acreedores-deudores y demás cortesías de la crisis pasada) se sume ahora una fractura entre los países que cumplen las sanciones y los incumplidores. Los anglosajones tienen una palabra formidable para estos últimos: free riders. En román paladino, gorrones. Putin acaba de poner el huevo de la serpiente en la unidad europea, la mejor baza de la UE. Berlín tiene ahora la palabra. Esperemos que Scholz no salga por la tangente merkeliana con la excusa de que Putin vive “en otro planeta”.

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El Pacto de Estabilidad se creó a principios de los años noventa del siglo pasado, en un entorno económico que ha desaparecido. Funcionó bien unos años, pero la crisis del euro puso de manifiesto su marcado carácter procíclico, que es la manera fina de decir idiota: inducía a los Gobiernos a gastar en tiempos de bonanza y a recortar con las crisis, lo contrario de lo que conviene. La estupidez fue de tal calibre que la crisis del euro se prolongó durante años y dejó varias economías seriamente averiadas. Algo aprendimos: Bruselas suspendió las reglas con la covid, y decidió seguir suspendiéndolas cuando los tanques de Putin asomaron en Ucrania y se enquistaron inflaciones y riesgos de estancamiento que empiezan a recordar a los años setenta.

Ya nadie discute que esas reglas se van a reformar: la gran virtud del documento que firman España y los Países Bajos —sureños y norteños al alimón, izquierdas y liberales juntos contra los dogmas de fe— es que solo queda por saber el cuándo y, sobre todo, el grado de ambición de esa reforma.

El documento que publica este lunes este diario contiene un grado de ambición notable: el Eurogrupo está obligado a recoger el guante, Francia está por la labor y Alemania ya no puede mirar hacia otro lado. Madrid pretende acabar con el objetivo de deuda del 60% del PIB, algo que no aparece explícitamente en el papel, pero sí implícitamente, con “planes fiscales específicos para cada país” que permitan compaginar estrategias de consolidación fiscal a medio plazo con el crecimiento y la creación de empleo en las economías más endeudadas. Hay además una idea revolucionaria: cambiar el Pacto de Estabilidad por una regla de gasto sencilla para acabar con la tontería de las políticas fiscales procíclicas. España y Países Bajos introducen para ello una apostilla fundamental: “Cláusulas de escape bien definidas para acontecimientos extraordinarios”. Traducción bastarda: basta de reglas alemanas escritas en bronce que han cristalizado en una eurozona asimétrica en la que las economías divergen y se aplican políticas fiscales torpes por un empacho de ideología.

Va tomando forma una regla de oro implícita para poder gastar en la transición verde y digital, si es posible con eurobonos y haciendo permanentes los fondos Next Generation, que se convertirían en una capacidad fiscal central y acercarían al euro a la ansiada unión fiscal. El Sur se compromete a introducir disciplina vía revisiones obligatorias del gasto, y el Ejecutivo español y el holandés envuelven todo eso en el manto de la unión bancaria y de capitales para tratar de que también el sector privado participe. El euro sigue teniendo defectos de fábrica. El mantra era hasta hoy que las incompatibilidades entre culturas de política económica del Norte y el Sur hacían que esos fallos fueran difícilmente subsanables. España y Países Bajos demuestran que no es así: la Alemania de Olaf Scholz debería tomar buena nota. A ser posible, pronto.

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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lleva semanas empeñada en hacer una valoración triunfalista de la nueva reforma, y sobre todo en reeditar la mayoría de investidura en un pésimo cálculo político. Ese pésimo cálculo explica su primer patinazo: el PNV y ERC ya no están por la labor, por puro y simple electoralismo (otra manera de decir miopía), de apoyar al Ejecutivo. Y el PSOE hizo la guerra por su cuenta y negoció una mayoría alternativa que le ha salido rana: UPN es aún menos de fiar que Esquerra Republicana. El PP, el principal partido de la oposición, presumía de que esa reforma deja intacta su normativa de 2012, pero votó en contra para desgastar al Gobierno sin caer en la cuenta de que España se juega aquí su prestigio internacional y unas buenas decenas de miles de millones de euros, esenciales para salir de una crisis oceánica. Los populares parecen dispuestos a hacer casi cualquier cosa para tumbar al Gobierno. La carcajada rabelesiana de la que va camino la política española se resume en 30 segundos de vértigo en los que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, hace mal las cuentas y el PP jalea el supuesto no a la reforma laboral, a pesar de sus gravísimas consecuencias para España; medio minuto después, Batet se corrige: la votación ha salido adelante por un error en el voto de un diputado del PP. Un disparate; una concatenación de disparates. El PSOE y Podemos celebran entonces un supuesto triunfo que les permite respirar en medio de un caos apenas disimulado.

La política debe responder a un compromiso: no regirse por el espectáculo, ofreciendo carnaza a los peores instintos; los ilustres diputados del Congreso hicieron el jueves todo lo contrario. La hipótesis de una mayoría alternativa —transversal— para la segunda parte de la legislatura hace agua; lo único que hay en la carrera de San Jerónimo es un redoble de tambores, un nivel de ocurrencias y decibelios de lo más singular, un cascarón vacío. No hay mayoría alternativa. No hay transversalidad. No hay giro al centro de cara al final de la legislatura. Lo único que hay es un sudor frío recorriendo el espinazo del presidente Sánchez y sus vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz en una tarde de perros en el Congreso. “Todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un puñetazo en la boca”, decía el gran Mike Tyson: para los españoles, el puñetazo en la boca es esa querencia de sus señorías por encaminarse a toda velocidad hacia la antipolítica. “La política”, decía un expresidente de la Comisión Europea, “es la forma que tenemos de organizar la incertidumbre”. En España, la incertidumbre es la forma que tenemos de organizar la política, convertida en una cuesta arriba extenuante de diputados fogosos en un crescendo demagógico. Así nos luce el pelo.

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A estas alturas ya todo el mundo admite que las reglas fiscales europeas son estúpidas. Prácticamente todos los gobiernos del club están de acuerdo en reformarlas de inmediato. Esa, junto con la respuesta del BCE a las presiones inflacionarias, es la clave de la política económica de los próximos tiempos. Y ojo a las alianzas que vienen por ese flanco: España se arrimará a Alemania en esa reforma del Pacto de Estabilidad, según las fuentes consultadas en el Gobierno, y evitará así el eje francoitaliano que han forjado Emmanuel Macron y Mario Draghi. El vector socialdemócrata y la sintonía entre Olaf Scholz y Pedro Sánchez pesan más que el magisterio de un tecnócrata italiano (Draghi) y los arrebatos de un socioliberal francés (Macron). Esa sintonía cotiza por encima del hecho de que al cabo Francia e Italia comparten problemas económicos con España: cortesías de la crisis.

El argumentario del Gobierno se resume en tres principios fundamentales. Uno: velocidad. “España quiere que la reforma llegue cuanto antes: no tiene sentido aplicar unas reglas que han quedado obsoletas cuando muchos países tienen deudas públicas por encima del 100% del PIB y nunca las van a cumplir. Es imprescindible reformar ya el Pacto o al menos lograr una transición ordenada aplicando cláusulas de máxima flexibilidad. Hay que evitar la repetición de errores del pasado”, cuenta una alta fuente gubernamental. Dos: consenso. España evitará unirse al eje francoitaliano —con un documento confirmado por Draghi y Macron que se hará público justo después de la inminente visita de Scholz a Roma— con el objetivo declarado de evitar los frentes. “Con la Gran Recesión estalló una guerra de baja intensidad Norte-Sur, y si queremos que esto funcione hay que evitar un grado de división tan llamativo”, según las mismas fuentes. De ahí el intento de sumar a Holanda para incorporar a alguno de los mal llamados frugales —los partidarios de la ortodoxia fiscal— al bloque de países que capitaneará esa reforma.

El tercer y último principio es la verdadera novedad de la estrategia española. “La ambición de la reforma depende de Alemania, de que el nuevo tripartito concrete su visión europea”, añaden las fuentes consultadas, “y, por lo tanto, lo lógico es esperar a Berlín”. Eso supone sortear esta vez la alianza natural de España, la de Francia e Italia. Pero tiene sus riesgos. La Alemania de Merkel protagonizó un liderazgo cicatero y casi indeseado —remisa a jugar el papel hegemónico—, con una visión moralista que a la postre obedecía a sus dos grandes obsesiones: cuadrar las cuentas y aumentar el superávit comercial. Eso cristalizó en meros apaños para ir tirando. Mariano Rajoy se pegó a la canciller Merkel con resultados muy discutibles. Pero Madrid sostiene que Berlín ha cambiado con los 750.000 millones del Next Generation, que incluyen una mutualización de deuda que Merkel había rechazado de plano: “No habrá mutualización mientras yo viva”, dijo una vez. “España debería tener claro que el papel de Alemania puede cambiar en función de sus intereses, y más aún con el potencial riesgo del giro a la derecha de la CDU, que puede complicar los equilibrios de Scholz con verdes y liberales”, aluden fuentes financieras.

Los sherpas de Sánchez y Scholz se han reunido ya para fraguar las líneas maestras de esa nueva relación. La vicepresidenta Nadia Calviño y el liberal Christian Lindner también se han visto las caras. La Moncloa prepara una cita bilateral al más alto nivel que no tardará. Madrid y Berlín, eso sí, tendrán que conjugar su visión con la de París y Roma. Y con la Comisión Europea: en Bruselas la nueva constitución fiscal empieza a tomar forma. Habrá objetivos de deuda por países, una especie de traje a medida para evitar que el listón de endeudamiento del 60% se convierta en una camisa de fuerza. Se retorcerán los tratados para que no sea necesario un cambio legal. Y el nuevo pacto permitirá a Europa acometer la doble transición (medioambiental y tecnológica) con niveles de inversión ambiciosos, afirman fuentes europeas, a través de reglas de oro que eviten que computen en el déficit, una idea que data de los tiempos de Jacques Delors, nada menos.

Hace ya unas décadas que las grandes amenazas de Occidente no están asociadas a las guerras, sino más bien a la economía, con la triple amenaza de la devastación ambiental, el paro y las pandemias. Las reglas fiscales no son una especie de navaja suiza capaz de solucionar todos los males, pero el objetivo es que, al menos, no provoquen cuchilladas económicas autoinfligidas en forma de recesión. Europa tiene ante sí al menos tres hamlets, tres dilemas revirados: en política fiscal (acelerar la consolidación fiscal o seguir proporcionando muletas al crecimiento), en política monetaria (posible retirada de estímulos por el repunte inflacionario) y en la regulación financiera (para obligar a un cierto desendeudamiento que dé solidez al sistema en un momento en el que hace falta crédito e inversión). La ortodoxia lleva cuatro décadas ganando de calle en ese ser o no ser, pero las grandes crisis tienen capacidad para romper consensos amplios de forma abrupta. Queda mucha pandemia: más le vale a la UE refinar sus reglas para dejar de dar la impresión de estar comiéndose el foie gras de la política económica directamente de la lata.

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La canciller saliente, Angela Merkel, ha hecho grandes cosas que pueden ustedes leer en el centenar largo de hagiografías publicadas en los últimos meses, pero en sus tres lustros de mandato no hizo en su país una sola de las reformas estructurales que tantas veces exigió a los socios del euro, especialmente a los del Sur. Ni una: las últimas reformas alemanas las hizo el muy olvidable socialdemócrata Gerhard Schröder, hoy fiel aliado de los petrorrublos de Vladímir Putin. La política exterior alemana ha sido puro mercantilismo: lo que sea para proteger el abultado superávit comercial, que es, por cierto, una de las mayores causas de desequilibrio para el conjunto de la economía europea. El jaleo en los mercados energéticos de los últimos meses obedece en parte a esa obsesión germana por un músculo exportador que supera al de Francia, España e Italia juntas y que no se habría logrado sin un tipo de cambio del euro muy a su favor. Y, finalmente, la obsesión económica alemana por acabar con los déficits públicos está detrás de la austeridad expansiva que decretó Berlín para toda Europa hace 10 años, un error que se estudiará en los libros de historia económica. Merkel, en fin, se va. Llega Olaf Scholz: cuidadosamente cauteloso, estudiadamente centrista, convenientemente soporífero, con ese aire de serenidad que va con el cargo, con esa facilidad para las ruedas de prensa mortíferamente aburridas. El negativo —socialdemócrata— de Merkel.

Alemania se la juega con Scholz. Y Europa se la juega con Scholz. El nuevo canciller debería activar la agenda de reformas que ha estado parada durante una generación, incluida la doble transformación, verde y digital: aspira a modernizar Alemania, aunque para ello debería invertir, un verbo que Merkel ha usado poco y mal en 15 años. Debería aspirar asimismo a modernizar Europa, y para ello Berlín no puede seguir bloqueando la unión bancaria ni insistiendo en unas reglas fiscales que están diseñadas para un mundo que ha desaparecido.

Scholz, además, inaugura una nueva forma de gobernar, un experimento inédito con los verdes y los liberales que está llamado a marcar el paso de una socialdemocracia europea que sale de un inmenso letargo. Y es, con Emmanuel Macron —que se la juega también en apenas unos meses— uno de los artífices del Next Generation, el programa de 750.000 millones de euros que está destinado a revitalizar la economía europea y con el que la UE ha logrado no repetir los errores de la Gran Recesión durante la pandemia, pero no puede quedarse ahí: Europa necesita imperiosamente una sacudida si no quiere quedarse definitivamente orillada en la lucha por la hegemonía global entre EE UU y China.

Scholz, en fin, despierta grandes expectativas en el centroizquierda continental. Y supone un cambio de ciclo formidable en Alemania. Pero ojo: el riesgo es aquello que todavía no conocemos lo suficiente. Lo poco que sabemos de Scholz es que en Hamburgo estuvo involucrado en la gestión de un sensacional escándalo con el Warburg Bank, una entidad financiera. Que en la misma ciudad aplicó mano dura en los disturbios de la cumbre del G20 en 2017. Que al llegar a Bruselas se reunió con un pequeño grupo de periodistas y les dijo que había que aplicar las reglas fiscales a rajatabla, y que era un error reformarlas, aunque ahora abra la puerta tímidamente a esa posibilidad. Cuando ganó las elecciones prácticamente lo primero que hizo fue dar una entrevista al sensacionalista Bild. Scholz, en definitiva, es una enorme oportunidad, pero también un riesgo porque aún no lo conocemos lo suficiente. La etimología de riesgo deriva del árabe risq (“riqueza” o “buena suerte”) o del latín resegare (“cortar de un tajo”); su origen ―apunta Manuel Arias Maldonado en Desde las ruinas del futuro― podría encontrarse en el vocabulario marítimo clásico, como un término que invoca los peligros de navegar demasiado cerca de las rocas. La evolución del catastrófico recorrido de nuestro joven siglo depende, en parte, de que este tipo sea capaz de acercarse a las rocas sin que nos dejemos los dientes en esa travesía. Ojalá acierte. Y pronto.

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Los especialistas que tratan de describir este grupo advierten de que no todos los datos son negativos: los jóvenes gastan menos y gastan mejor; dudan más, se informan más que antes; aleccionados por la Gran Recesión y justo después del Gran Confinamiento, las encuestas demuestran que se han convertido en consumidores y votantes más exigentes. Además, son más solidarios: la ola de penuria vacía los bolsillos pero alimenta la conciencia. La realidad de los hechos es más prosaica: los jóvenes vivirán peor que sus padres (ellos lo tienen asumido: los protagonistas de este reportaje lo reconocen) y el ascensor social se ha frenado, incluso puede haberse detenido. El economista Santos Ruesga sostiene que la anomalía española “no es el paro juvenil, sino el paro del conjunto de la población”. Aun así, las cifras son lacerantes: 4 de cada 10 jóvenes están desempleados en España, según los datos de Eurostat (frente al 16% europeo); buena parte de esos trabajos son, además, subempleos, trabajos a tiempo parcial. Los sueldos han bajado más entre los más jóvenes en la última década. El porcentaje de jóvenes de 20 a 29 años que vive con sus padres (y no pueden, en fin, emanciparse) no ha dejado de crecer desde 2010 y supera el 77%: solo los croatas, italianos, eslovacos y griegos están peor en toda la UE, según Eurostat.

Las estadísticas son espejismos organizados. Pero detrás de estos datos están casos como el del sevillano Juanan quien, ya antes del derrumbe, cuando aún conservaba sus dos trabajos, no solía hacer muchos planes de futuro. Se acostumbró a improvisar como forma de vida. Hijo de un agricultor y de una profesora de costura, desde que acabó el bachillerato trabajó en varias cosas, le despidieron, montó su propia empresa, fracasó, se matriculó en Filosofía, buscó nuevos trabajos, así hasta que encontró un puesto como encargado de la entrega y recogida de audífonos turísticos para visitar la Catedral de Sevilla y el Alcázar, a lo que se sumaba un empleo ocasional como DJ en fiestas los fines de semana. En la primera ocupación tenía un contrato desde hacía dos años por 950 euros al mes; con la segunda se sacaba un sobresueldo a razón de 50 euros la hora. Él y su novia —cuidadora de niños— pensaron en enero dejar la casita de 35 metros cuadrados construida en el pueblo de Olivares con sus propias manos en un solar propiedad de su padre, y alquilar un piso en Sevilla. Pero, desconfiados por naturaleza de las trampas del futuro, decidieron esperar. Ahora lo agradecen, porque donde están no pagan un solo euro y en las condiciones actuales no sabrían de dónde sacar para un alquiler. Juanan ha aprovechado para adelantar en la carrera. Está a punto de terminarla. Si lo logra tal vez haga oposiciones. Tal vez no: dependerá de si le sale algún trabajo compatible. En ese caso abandonaría la idea de ser profesor o la dejaría para más adelante. Quién sabe. En los 10 años que lleva peleándose en un mundo laboral tambaleante e inseguro, dice haber aprendido dos cosas: “Voy a tener que adaptarme a las circunstancias hasta que me muera, y voy a vivir peor que mis padres”.

La travesía del desierto empieza a hacer mella en el estado anímico de toda la sociedad, y en especial en algunos jóvenes: la socióloga Belén Barreiro ha bautizado como “perdedores y temerosos” a un subgrupo del 20%, en el que hay básicamente “mujeres y parados, en economía de guerra, obsesionados con seguir la información sobre la pandemia, muy pesimistas y con crecientes problemas de ansiedad”. Además, los niveles de insatisfacción con la democracia son abrumadores. Los jóvenes españoles elevaron su interés por la política desde la pasada crisis; “a raíz del 15-M, del fin del bipartidismo y encaramada al movimiento feminista, la juventud se ha acercado a la política”, destaca Gema García-Albacete, de la Universidad Carlos III. Pero el descontento con los políticos es formidable: se eleva hasta el 87,5% de quienes tienen entre 25 y 34 años, muy por encima de la media, según los datos del Centre d’Estudis d’Opinió, el CIS catalán. Hay que hacerles preguntas a los datos, y las respuestas tienen un tono azuloscurocasinegro: con las bolsas de precariado que traen el elevado paro juvenil y niveles de desigualdad y exclusión social rampantes, los expertos vaticinan que habrá una permanente bolsa de votantes que actuará como caldo de cultivo de las fuerzas antisistema. “La política se hará más impredecible y volátil. Las desigualdades económicas engendran desigualdades políticas: el precariado económico acaba convirtiéndose en precariado político y esa tendencia tiene a cronificarse”, afirma el politólogo José Fernández-Albertos en Antisistema (Catarata).

Lucía Mossberg, por edad, 35 años, encarna a su pesar a esta generación forzada a crecer y madurar a caballo entre dos crisis. Lucía acabó la carrera en 2010, en plena implosión de una burbuja inmobiliaria, y comenzó a buscar trabajo en pleno invierno del descontento: esa coincidencia ha marcado todo lo que vendría después. Empezó empalmando contratos de becaria. Lo veía aceptable: “Ni tan mal”, pensaba entonces, con un sueldo de 900 euros al mes. Cuando esa beca terminó, un centro de psicología infantil la contrató en negro para trabajar por la promesa de un ascenso y el ridículo sueldo de 26 euros al mes. Cada final de mes entraba al despacho del contable y firmaba un pagaré por la suma de lo que contenía el sobre del sueldo: un billete de 20, otro de cinco y una moneda de un euro. Aguantó seis meses, el tiempo que tardó en darse cuenta de que nunca iba a llegar el prometido ascenso. De ahí saltó a más contratos de becaria, por los mismos 900 euros que se habían convertido en su techo salarial. Ya no era “ni tan mal”. A los 28, la edad que tiene ahora Juanan, le ofrecieron otra beca, esta vez en Múnich. Lo vivió como una aventura; como un paso adelante. Se quedó cuatro años. Hasta que en 2019 ella y su novio, al que conoció allí, se arriesgaron a volver, pensando que la mala suerte se había acabado. Él siguió en la empresa familiar en la que ya trabajaba desde Múnich; ella consiguió otro trabajo temporal, pero con visos de convertirse en fijo a la vista de que a otros compañeros algo más veteranos que ella lo iban logrando. Alquilaron un piso por 1.000 euros. Lo decoraron con estilo. Y justo en ese momento el coronavirus se lo llevó todo por delante: salió el presidente Pedro Sánchez por televisión anunciando la hecatombe y Lucía sintió que la maldición aún continuaba ahí. “Me fui al paro. Al principio me lo tomé con calma, pero cada vez es más agobiante: en enero se acaba la prestación. No hay ofertas, porque no hay anuncios, porque apenas se mueve nada. No hay dónde elegir. A veces pienso que me tendré que ir al extranjero otra vez, pero me da pereza, porque ya no es ir a la aventura, ya es otra cosa, algo que conozco, y no sé si habrá billete de vuelta. El otro día vi en las noticias que la economía no se recuperará hasta 2023. ¿Y qué hago yo hasta entonces?”.

La clase media era una aspiración factible para las generaciones nacidas en los sesenta y los setenta, e incluso casi los ochenta. Tanto Juanan como Lucía y el resto de entrevistados tratan de agarrarse a esa idea de la clase media como sea, de no caer pendiente abajo, de aguantar donde les colocaron sus padres en la rampa de salida. Con los datos en la mano, va a ser difícil. El clasemedianismo, según el sociólogo César Rendueles (Contra la igualdad de oportunidades, Seix Barral) es otra especie de espejismo: la mediana de ingresos en España, según el INE, son unos 15.000 euros anuales, pero las encuestas ubican ese umbral —la clase media— un 30% por encima de esa cifra. Si el listón son 15.000 euros, muchos lo lograrán. Pero si esa misma clase media está ese 30% más arriba y supone acercarse a los que están en el tercio superior de la distribución de ingresos, no va a ser tan sencillo.

“La secuencia estudiar-trabajar-casarse-poseer una vivienda-tener hijos-jubilarse se ha roto en mil pedazos; ese encadenamiento valía para las generaciones de mayo del 68 y la siguiente, pero ahora se ha resquebrajado”, resume Olga Cantó, de la Universidad de Alcalá. Las dos grandes crisis que se han sucedido en apenas 10 años han truncado de forma imprevista numerosas trayectorias vitales. Su efecto en una etapa tan crucial provoca estragos: dificultad de prever las expectativas de futuro, incertidumbre, inflación de títulos universitarios y sobrecualificación, imposibilidad de fijar metas vitales y un largo etcétera. También la quiebra de un país, con cada vez más desigualdad, más gente muy arriba y más gente muy abajo: España está a la cabeza en las estadísticas de desigualdad y riesgo de pobreza en Europa, según la agencia estadística Europea, prácticamente al nivel de los países bálticos y de los del Este menos desarrollados. “En el coma inducido en el que se ha metido la economía, esos niveles van todavía a peor, y entre los jóvenes el riesgo de pobreza es elevadísimo: el Estado es capaz de redistribuir muy poco en el caso de los jóvenes; y, por desgracia, hay mucha pobreza heredada”, cierra Cantó.

“La secuencia estudiar-trabajar-casarse-poseer una vivienda-tener hijos-jubilarse se ha roto en mil pedazos”

Olga Cantó, profesora de la Universidad de Alcalá

No todo es tan oscuro. O no es tan oscuro para todos: hay quien ha encontrado una forma de salir. O de tratar de salir. Helena Agustí, de 26 años, dueña de un optimismo contagioso, especialista en marketing, se dio de alta como autónoma en septiembre de 2019. Su negocio consistía en asesorar a empresas especializadas en interiorismo. Le fue bien. En octubre contrató a una empleada y a una becaria. En marzo pareció que todo se desplomaba. Despidió a la empleada (“lo entendió, en cuanto pueda la contrato de nuevo”), aguantó con la becaria, la despidió luego, perdió clientes, renegoció el alquiler de su pequeña oficina y, sorprendentemente, siguió a flote. Y hace solo unos meses decidió jugársela y apostar: rescindió el alquiler de su piso compartido y el de su oficina y alquiló una oficina-casa más grande, en pleno Passeig de Gràcia de Barcelona, aprovechando que los alquileres han bajado. “Me aconsejaron que no lo hiciera, me llamaron loca, pero yo me decía a mí misma que lo mejor era pensar mientras avanzaba, que no podía pararme, que había que ir hacia adelante. Eso sí: nunca me habría imaginado que los negocios son así”. Helena entra dentro del subgrupo de jóvenes a los que la socióloga Belén Barreiro ha llamado “supervivientes-resilientes”: les va bien, no tienen miedo, no han caído en el desánimo, no son los más preocupados por contagiarse el virus. Y sí, a ella le sigue yendo bien, pero confiesa que trabaja demasiado: “A veces me pongo a las nueve de la mañana a trabajar y termino a las nueve de la noche. Así son muchos días. Hay tardes en que yo sola, en la casa, para aliviar la tensión, me pongo los cascos y me pongo a bailar yendo de una habitación a otra”.

Barreiro describe también otra categoría de jóvenes, los “perdedores-resilientes”. Ahí entra Carlos Bellini, argentino, que vio el 13 de marzo esfumarse el trabajo de su vida después de declararse el estado de alarma. Vino en 2018 a estudiar un máster con su esposa, que también se quedó sin trabajo en marzo. Están comiéndose los ahorros, sacando algún trabajillo aquí y allá. Pero se han liado la manta a la cabeza y van a tener pronto su primer hijo. “¿Optimistas? No nos queda otra. Lo que ustedes llaman crisis para un argentino es el día a día”.

Y mientras Helena amplía su negocio y Bellini amplía su familia, María José Pérez, de 29 años, ve cómo su vida se encoge. Nacida en un pequeño pueblo de Zamora, Almaraz de Duero, convertida —junto a su hermana— en la primera de su familia en ir a la universidad, terminó la carrera de Historia del Arte en Salamanca en 2013 y al salir a la calle se dio cuenta de que no iba a ser fácil: “Me pasó lo que a todos, vi un desierto de precariedad que aún perdura”. Durante siete años de travesía, como Lucía, la psicóloga madrileña, encadenó prácticas no remuneradas, empleos mal pagados o temporales, trabajos como falsa autónoma, estudios superiores en gestión museística, trabajos como guía a cinco o seis euros la hora. Hasta emigró a Madrid infructuosamente. Ahí la encontró la pandemia, lanzándola al paro. Volvió a Zamora. Junto a su hermana, reformarán la vieja casa del pueblo para encerrarse a preparar oposiciones. Asegura que no le gusta que eso se convierta en la opción preferente, en la única salida al laberinto. Pero no encuentra otra. A la pinza de su generación en crisis permanente se le une la procedencia de una región maltratada, la de la España vacía, despoblada de gente, de empleos y de oportunidades. Participa en un colectivo que reivindica salidas para los jóvenes de Castilla y León. Procede de una familia agricultora y ganadera humilde, y hace 20 o 30 años sus estudios y su determinación le habrían bastado para escalar un piso social. Pero el ascensor renquea; ella es la prueba. La OCDE —el club de los países ricos— calcula que en España se necesitan varias décadas para pasar de la clase baja a la media, que ya no basta con una generación, como en los años ochenta. Lo peor es que ese tiempo en subir de clase va al alza en España. “Tengo amigas en Londres, Nantes o China que trabajan como profesoras de español. Todo el mundo se ha ido. Yo también me fui un tiempo, a Francia, pero la precariedad nos acompañó allá donde fuimos. Lo único bueno es que esto no es nada nuevo. Siempre hemos vivido en crisis. Ahora sólo es más fuerte”. Y añade: “Lo que pasa es que no sabemos dónde está nuestro futuro. Pero somos una generación madura y luchadora. Saldremos adelante”.

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El relato de la nostalgia por el final del Merkelato ha tapado lo fundamental: si consolida su ventaja y Olaf Scholz domina el difícil arte de forjar coaliciones, Alemania y Europa están ante un punto de inflexión político. Si el centroderecha pierde Berlín, no gobernará en ninguno de los cuatro grandes países de la Unión. Eso son palabras mayores para la política económica europea, para la política migratoria, para la política energética (ojo al invierno que viene: la energía tiene potencial disruptivo para ser la nueva covid, dicen los apocalípticos) y, en fin, para casi todo.

Dos puntos y una suma. Hay dos datos esenciales: los analistas consideran que si el SPD consigue dejar atrás a la CDU por un amplio margen, el canciller será con toda probabilidad el socialdemócrata (veremos si en unos años hay que escribir supuesto socialdemócrata) Scholz. En Alemania es una ley no escrita que el partido con más diputados de la coalición nomina al canciller. Pero ojo, porque el partido más votado puede acabar en la oposición: en 1969, 1976 y 1980 ganaron los democristianos, pero los socialdemócratas se aliaron con los liberales y ocuparon la cancillería. Scholz tiene muchas papeletas para salir vencedor, y eso son palabras mayores: la CDU-CSU posee una maquinaria electoral implacable y ha gobernado 50 de los últimos 70 años. Armin Laschet ha hecho una campaña pobre y ha llevado a su partido al peor resultado de su historia. Y aun así es un negociador contrastado. Hay partido.

Posibilidades. La opción semáforo (el rojo del SPD, el amarillo de los liberales y Verdes) es la más factible, aunque la posibilidad de una coalición jamaicana (CDU-CSU, Verdes y liberales, cuyos colores coinciden con los de la bandera de la isla caribeña) sigue sobre la mesa. En ambos casos, si los liberales se quedan con la cartera de Finanzas las noticias para el Sur serían menos favorables. A partir de ahí todo se vuelve difuso. Scholz y Verdes prefieren el semáforo, pero podrían acabar aliados con Die Linke: el giro a la izquierda, en ese caso, sería muy pronunciado, pero esa combinación está descartada después del batacazo del partido izquierdista. Una gran coalición con los tres grandes partidos (SPD, CDU y Verdes) es extremadamente difícil; un Gobierno en minoría SPD-Verdes sería muy inestable para los estándares alemanes. Esa batalla acaba de empezar.

Efecto Scholz. Si Scholz se convierte en el sucesor de Merkel, las implicaciones son sobresalientes para todo el continente. Los conservadores están sobrerrepresentados en las instituciones europeas: sin Alemania, no gobernarían en ninguno de los grandes países (Austria y Polonia serían sus dos Ejecutivos más poderosos), y Scholz podría capitanear un viraje más allá de la política económica. Los socialdemócratas alemanes encajan en la nueva ortodoxia que protagonizan Joe Biden en EE UU e instituciones como el FMI: con el SPD al frente sería más improbable retirar estímulos antes de tiempo en Europa. En términos geopolíticos nada va a ser fácil: Biden mira hacia el Pacífico y la UE debería tomarse en serio las voces de alerta que reclaman una mayor autonomía estratégica europea.

Momento Europa. Los próximos meses son cruciales para la UE. El BCE debe redefinir su estrategia: eso será clave para España. Hay que cambiar las reglas fiscales: eso también será clave para España. Y habría que evitar los errores del pasado y avanzar por el camino que abrió el coronavirus, con más integración económica: bingo, una vez más eso es clave para España. Los más optimistas dicen que con Scholz todo eso es más fácil, aunque el líder del SPD se ha mostrado reacio a cambiar el Pacto de Estabilidad. La realidad, además, siempre es un poco más esquiva que los marcos teóricos: el último canciller socialdemócrata trabajaba para Rusia (“Vladímir Putin es un demócrata impecable”, maravillosa frase de Gerhard Schröder), y en los últimos 20 años la política exterior alemana se ha basado casi exclusivamente en mimar el gigantesco superávit comercial, exportar el corsé del ordoliberalismo en asuntos fiscales y obsesionarse con la deuda cuando el mundo se metía en el mar de los Sargazos del estancamiento secular. “Los alemanes son un pueblo confuso que confunde a los demás”, escribió Thomas Mann. Esperemos que en Berlín haya llegado la hora de la claridad: más nos vale que el horizonte se despeje en la cima de esa montaña mágica.

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El debate es endiabladamente complejo, pero en la futura propuesta española ganan cuerpo cuatro ideas fuerza, según las fuentes consultadas en Bruselas y Madrid. Una: una regla de gasto, con un objetivo de deuda a medio plazo que sirva como ancla para la política fiscal de los Gobiernos, y con una cláusula de escape para situaciones excepcionales como la pandemia. El objetivo sería recuperar márgenes para la política fiscal, que tanto ahora como en la Gran Recesión ha sido mucho más cautelosa que en EE UU. Dos: una regla de oro para dejar fuera del cómputo del déficit las inversiones verdes y de digitalización, en la línea de los dos objetivos del Fondo Europeo de Recuperación. Italia viene pidiendo algo similar desde hace años, ante la constatación de que cuando vienen curvas lo primero que se hace es recortar las inversiones; fuentes de Economía confían en que el vector verde “rompa completamente la dinámica Norte-Sur”. Tres: dar continuidad a todos los instrumentos temporales creados en los últimos tiempos para compartir riesgos (como el SURE, préstamos a tipos ventajosos para pagar las prestaciones por desempleo, y sobre todo el Fondo de Recuperación, financiado con deuda común). Y cuatro: lo que los anglosajones llaman ownership, evitar la desconexión entre quienes fijan los objetivos, la Comisión y el Consejo Europeo, y quienes asumen los costes políticos, los Gobiernos nacionales que tienen que imponer medidas en función de los criterios numéricos que salen de Bruselas. España pretende que los objetivos de déficit y deuda no sean cifras impuestas por Bruselas aplicando metodologías abstrusas basadas en criterios poco objetivos, como el crecimiento potencial. La idea es que cada Gobierno presente un plan a medio plazo al principio de la legislatura, con el visto bueno de Bruselas y de las autoridades fiscales independientes nacionales.

El problema de ese cuarto punto —y de los tres anteriores—, es lo que el Banco de España llama en un documento reciente al respecto su “factibilidad política”, con el Norte muy receloso en un debate que se ha convertido en una enorme piel de plátano política. Bruselas pretende dejar pasar las elecciones alemanas y llegar a la presidencia francesa de la UE antes de identificar un límite aceptable común. Pero las líneas rojas del Norte ya están claras: los halcones quieren simplificar las normas y dotarlas de más transparencia, pero poco más. El fiel de la balanza, Alemania, está atado de pies y manos por la cercanía de los comicios. Pero esa posición de los ortodoxos se topa con la ambición del Sur: el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, aseguraba el viernes que las nuevas reglas deben llevar a unas finanzas públicas “sólidas”, pero “sin matar el crecimiento”, como sucedió en la crisis del euro. Si el Pacto de Estabilidad se reactivara hoy los socios del euro deberían mantener un superávit fiscal del 1,1% del PIB (12.000 millones anuales en el caso español) durante 20 años para llegar al listón de deuda del 60% en las condiciones actuales, según el Banco de España: no hay una sola experiencia histórica de ese tenor.

La recuperación europea está en marcha. A pesar de la enorme incertidumbre, Europa reaccionó esta vez de forma muy distinta a la de 2010, con el bazuca del BCE, la suspensión de las reglas fiscales hasta 2023 y los casi 700.000 millones del Fondo. Y aun así acechan las rimas de la historia: “El gran riesgo es una retirada de estímulos prematura por un miedo a los problemas de sostenibilidad de la deuda. Ese pánico es excesivo: los tipos de interés están en mínimos, el crecimiento es bastante fuerte, va a haber inflación y eso diluye las deudas. No deberíamos persistir en el error”, apunta Paul de Grauwe, de la London School. De Grauwe cree que Europa no debe precipitarse en la activación de las reglas fiscales: en Bruselas se da por hecho que eso se hará en 2023, a pesar de que para entonces en algunos países las heridas de la crisis serán aún muy visibles. “No se pueden reactivar las reglas tal cual están porque se estaría condenando a los países a contraproducentes políticas de austeridad durante muchos años para llegar al mágico número del 60% de deuda sobre PIB”, afirma Federico Steinberg, del Real Instituto Elcano.

España e Italia apuntaron en una reunión reciente en Bruselas que la reforma de las reglas fiscales debería llegar antes de la desactivación de la cláusula de escape. El ala dura de la UE ya ha pronunciado el habitual nein al respecto: “La desactivación de la cláusula de escape y la reforma del Pacto de Estabilidad no deberían estar vinculadas. La calidad es más importante que la velocidad”, dice un texto impulsado por Austria y Holanda, los más halcones entre los halcones. “Llevamos cinco años con este debate: ese mensaje es desalentador”, según fuentes de Economía. “La Comisión debería presentar una propuesta ambiciosa, pero existe el riesgo de que alcanzar un acuerdo sea tan complicado que se termine con una reforma menor o incluso con el mantenimiento de las reglas actuales, aunque el brazo ejecutivo de la UE sea más flexible”, explica el economista Carlos Martínez Mongay. “Para que llegue una reforma ambiciosa es imprescindible que el Sur haga a la perfección sus deberes con el Fondo de Recuperación, gastando bien y haciendo las reformas en tiempo y forma”, advierten fuentes europeas, que hace unos meses pidieron a España que retrase su propuesta hasta al menos este otoño. Gastar bien y hacer reformas: ese aviso a navegantes tiene dos destinatarios. Uno de ellos es la Italia de Mario Draghi. El otro, la España de Pedro Sánchez.

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Sin embargo, he aquí las líneas rojas, solo están dispuestos a adentrarse en esta negociación si “las nuevas propuestas no ponen en peligro la sostenibilidad fiscal de los Estados miembros, la zona euro o la Unión en su conjunto”. Y siempre y cuando se desvinculen los dos grandes asuntos económicos que los Veintisiete tienen ahora mismo sobre la mesa: la desactivación de la Cláusula General de Escape (a la que se recurrió con el primer zarpazo de la pandemia para aliviar las economías y ha sido prorrogada hasta finales de 2022) y esa posible reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, una idea que nació antes del coronavirus, se quedó en suspenso durante año y medio, y ha resucitado con más fuerza que nunca ahora que la UE abandona la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Las cicatrices, sin embargo, siguen ahí: la deuda pública está en máximos, ha pasado del 79% en 2019 al 94% en 2021. El umbral del 90% es anatema para los halcones, los países más ortodoxos en el debate fiscal.

La cita en Brdo (Eslovenia) supondrá una primera toma de contacto entre las capitales. Pero el Norte golpea primero: esa misiva la suscriben, además de Austria y Holanda, los nórdicos (Suecia, Dinamarca y Finlandia), además de varios socios del Este (Letonia, Eslovaquia y la República Checa). La flor y nata de los halcones.

El Sur está en otra longitud de onda. Algunos países, como Francia y España, aspiran a que las discusiones sobre las nuevas reglas fiscales vayan deprisa para que cuando toque desenchufar la máquina de la cláusula de escape —en 2023, según las fuentes consultadas en Bruselas—, no sea necesario volver al statu quo de austeridad, sino a un nuevo régimen que esperan más flexible. El papel del Norte enfría, de momento, estas aspiraciones: “La calidad es más importante que la rapidez”, apuntan los ocho países, que anticipan así un duro debate. El texto añade varias frases del manual de cabecera de los austeros: “La reducción de los ratios de deuda excesivos debe seguir siendo un objetivo común [...] La sostenibilidad fiscal combinada con reformas que apoyen el crecimiento económico debe seguir siendo la base”.

Las reglas fiscales datan de los años noventa: se diseñaron para un mundo que ha desaparecido y en Bruselas hay un amplio consenso para reformularlas. Pasar de las musas al teatro va a ser un dolor de muelas. La UE ha intentado retrasar ese debate hasta que haya elecciones en Alemania, en algo más de dos semanas: no es lo mismo un Gobierno conservador en Berlín que una coalición en la que manden los socialdemócratas o tengan poder (o incluso un ministro de finanzas) los verdes.

La Comisión, además, prefiere esperar a Francia: la presidencia francesa de la UE arrancará en 2022, y París (junto a Roma y Madrid) es muy favorable a una reforma de las reglas que proporcione más margen de maniobra. De entrada, los halcones tratan de imponer sus límites: “Las medidas fiscales sin precedentes para combatir los efectos negativos de la crisis han afectado la sostenibilidad de las finanzas públicas en muchos países, en especial en socios donde las medidas han aumentado permanentemente el presupuesto y donde los niveles de deuda pública están en máximos”, dice el texto. Ese párrafo parece directamente destinado a países como España: la deuda pública está en torno al 125% del PIB, en niveles máximos, por las medidas anticrisis —como los ERTE o las líneas de liquidez, que han funcionado bien—, pero también por medidas más discutibles como la subida de las pensiones y de los sueldos del sector público.

El contraataque del Sur puede tardar unos meses en llegar: la Comisión Europea considera que ese debate es aún “prematuro”. Pero el primer golpe ya está ahí, a la espera de la reunión de ministros en Eslovaquia. El ala dura venía avisando: ya en junio el ministro austriaco de finanzas envió una carta a sus homólogos de la zona euro en la que alertaba del fuerte incremento de la deuda pública y de los problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas. En primavera, Berlín reclamó en la OCDE recortes fiscales a España “más pronto que tarde”.

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Fuentes socialdemócratas ven con escepticismo la candidatura de González Pons y no descartan que sea Sassoli quien siga en el cargo: “El pacto con los tres grandes partidos está ahí, pero las circunstancias han cambiado”, por la pérdida de peso de los socialistas en las instituciones con la pérdida de la jefatura del Eurogrupo. Fuentes del PPE, sin embargo, apuntan que esa candidatura tiene posibilidades, en función de los intereses del PP español: Pablo Casado, de visita hoy y mañana en Berlín, puede optar por proponer a Antonio López-Istúriz como líder del PPE —en dura competencia con Weber—, o por González Pons al frente de la Eurocámara. El PP es el segundo grupo nacional con más eurodiputados en el PPE, tras la coalición alemana CDU-CSU. Casado participará en la capital alemana en un panel sobre el futuro de la democracia cristiana, y mañana por la tarde se reunirá con el candidato conservador alemán Armin Laschet. Tanto Manfred Weber como González Pons tienen previsto acudir hoy a Berlín.

Pero esa lucha por la jefatura del Parlamento Europeo va más allá del Partido Popular Europeo. Weber ha explicado esta mañana que el acuerdo alcanzado en 2019 para repartir las presidencias de las instituciones europeas entre populares, socialistas y liberales sigue en pie “y no está condicionado a ningún candidato o circunstancia específica”. Los socialistas europeos, liderados por la española Iratxe García, lo ven de manera muy distinta y pretenden jugar la carta de Sassoli. Fuentes de la Eurocámara apuntan que el PPE lleva semanas proclamando que el acuerdo sigue vigente, pero la clave es ahora ver si los socialdemócratas deciden respetar el pacto o no: “Los socialistas afirman que el acuerdo tácito incluía a Weber. Aseguran que las condiciones han variado desde 2019 con la pérdida de la presidencia del Eurogrupo. Y apuntan que se quedan solo con Josep Borrell como jefe de la diplomacia europea cuando su peso fue mayor en las últimas elecciones europeas y los conservadores no gobiernan en Francia, Italia y España y pueden perder Alemania”.

La holandesa De Lange es eurodiputada desde 2008 y vicepresidenta del PPE. La maltesa Metsola es una de las vicepresidentas de la Eurocámara: ninguna de esas dos candidatas tiene un peso político notable, pero pueden jugar la baza de la desigualdad de género en los altos cargos de la UE.

González Pons es en estos momentos uno de los hombres fuertes del PP en la Eurocámara. Senador por Valencia durante una década (1993-2003), llegó a ejercer como portavoz de los populares en la Cámara de representación territorial. Después lo fichó Francisco Camps para el Gobierno valenciano, donde estuvo al frente de varias consejerías. En 2008 sale elegido como diputado nacional e ingresa en la ejecutiva de Mariano Rajoy. Es nombrado vicesecretario general de Comunicación del PP y llega a estar al frente de la vicesecretaría general de Estudios y Programas, hasta que en 2014 da el salto a Bruselas. En Europa, ejerce como vicepresidente del grupo popular europeo en la Eurocámara. En 2020, publicó la novela Ellas (Espasa).

Hasta la fecha, otros tres españoles han ejercido el cargo: el socialista Enrique Barón (1989-1992), el popular José María Gil Robles (1997-1999) y el socialista Josep Borrell (2004-2007).

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El viento favorable de la recuperación sopló en las velas de todas las economías de la Unión, con las únicas excepciones de Malta y Croacia. Y aun así hay que poner las cosas en perspectiva: el PIB europeo está un 2,5% por debajo de los niveles prepandemia, mientras que Estados Unidos, con una combinación de políticas fiscales y monetarias mucho más expansiva de la mano de Joe Biden y de su banco central, está ya claramente por encima de los niveles precrisis.

La primavera europea fue muy favorable. El PIB creció el 2,2% en la zona euro —frente a la anterior estimación, que dejaba esa cifra en el 2%— y un 2,1% en toda la Unión. Irlanda y Portugal lideraron la recuperación, con España también claramente por encima de la media y un avance próximo al 3%. Europa está pendiente de la decisión de Bruselas sobre la suspensión de las reglas fiscales (que podría terminar en 2023) y de la nueva estrategia del Banco Central Europeo, que se conocerá en apenas unos días.

Para esas dos decisiones, cruciales para la política económica del euro —más aún para los países más endeudados, como Italia y España— es esencial seguir de cerca las curvas con los niveles de PIB. Y el socavón provocado por el coronavirus está lejos de haber cicatrizado: la economía estadounidense está casi un 1% por encima de los niveles precrisis y aun así la expansión fiscal sigue en marcha, mientras que la zona euro está un 2,5% por debajo.

De acuerdo con la Comisión Europea, la decisión de volver a aplicar las reglas fiscales debería adoptarse basándose en una evaluación global de la situación de la economía según criterios cuantitativos, siendo el criterio clave el nivel de actividad económica en la UE comparado con los niveles anteriores a la crisis. Con esas cifras en la mano puede ser prematuro volver a la normalidad en 2023. Pero ese parece ahora mismo el escenario más probable.

Más allá del PIB, también el empleo proporcionó buenas noticias en el segundo trimestre: la eurozona creó algo más de un millón de empleos en primavera, siempre según Eurostat, pero España quedó fuera de esa bonanza, con las peores cifras de la Unión: una caída de casi el 1% de los ratios de empleo. La tasa de paro está en el 15,3%, según la Encuesta de Población Activa. España cerró el segundo trimestre con 19,5 millones de ocupados, 181.000 menos que en el trimestre anterior, aunque la economía española ha recuperado ya un millón de empleos desde el peor momento de la crisis. Las cicatrices de la pandemia, en fin, aún son muy visibles.

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Lo extraño es que, en efecto, no parece que la crisis migratoria —que era y vuelve a ser en realidad una crisis de refugiados— vaya a repetirse esta vez, y que aun así la tensión sea tan alta. Bruselas estima que unos 17.000 afganos han salido del país en los vuelos organizados por los Gobiernos europeos; la ONU calcula que medio millón de personas pueden intentar huir. Pero las fuentes consultadas apuntan que esta vez la previsión es que lleguen a Europa muchos menos afganos que los sirios de 2015. Afganistán, al cabo, está a 5.000 kilómetros de Europa. Tres cuartas partes del presupuesto del país dependen de la ayuda internacional y, ante la extrema debilidad económica del nuevo Gobierno, Bruselas confía en que no se repitan los desmanes del pasado y la situación se estabilice. Además, el vecindario ha empezado a blindar sus fronteras, y la UE ha anunciado inversiones millonarias para ayudar a taponar todas las salidas.

Aun así, “ola de refugiados” e “inmigración masiva” son dos sintagmas que para algunos partidos (y para la mayoría de los Gobiernos del Este, e incluso alguno del Oeste, en especial el austriaco) son más atractivos que los debates sobre la política fiscal, la gestión de las vacunas o el cambio climático. A pesar de los datos, en fin, el fantasma está saliendo del armario: Afganistán ha reabierto todas las cicatrices, todas las heridas mal curadas, todas las líneas de falla de una UE que sigue siendo una idea en busca de la realidad. “La presión política ha vuelto. Las condiciones son distintas de las de Siria, y el sistema es más resistente, pero en Alemania y sobre todo en Francia ese debate va a ser durísimo por la cercanía electoral. Europa lleva danzando con sucesivas crisis desde Lehman Brothers, y la migratoria muestra su cara más fea: es un desafío para el modelo social, político y económico, y confronta a un proyecto liberal como el europeo y a una sociedad abierta como la de la UE con una contradicción central en su filosofía, es una crisis de identidad para los famosos valores europeos”, apunta Iván Krastev, uno de los pensadores europeos más influyentes. El historiador holandés Luuk Van Middelaar es moderadamente optimista: “El Este es ahora también lugar de llegada como hemos visto en Lituania y Polonia por el juego sucio de Bielorrusia. El acuerdo con Turquía es una guía. Y en el Oeste ya nadie habla de cuotas obligatorias de acogida: Europa aprendió de los errores de 2015, y la gestión de la pandemia proporciona al proyecto una renovada visión geopolítica. Puede que las líneas de falla sean las mismas que hace seis años, pero el edificio está más preparado para aguantar una sacudida”.

Dificultad para el consenso

La última reunión de los ministros del Interior dejó claro qué quiere Europa: encapsular el problema en el vecindario de Afganistán y evitar todo lo que se parezca al efecto llamada que en 2015 se activó con unas declaraciones de la canciller Angela Merkel, que después dio un giro de 180 grados y patrocinó el citado acuerdo con Turquía para mantener alejados a los sirios. Ese es el plan: los halcones ganan, de momento, la partida. “El lenguaje utilizado dice muchísimo: Emmanuel Macron habla de “flujos de inmigrantes no regulados”, cuando se trata de personas con derecho al asilo que huyen de un régimen sanguinario. Hay mucha hipocresía en Europa. No son solo los socios del Este con declaraciones populistas: es una cicatriz más profunda, que afecta a los socialdemócratas daneses o al Gobierno conservador de Austria, con los verdes en coalición”, reflexiona Camino Mortera, del laboratorio de ideas Centre for European Reform.

El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, reclama una fuerza de acción rápida, con 5.000 soldados para asegurar la autonomía estratégica de Europa en casos como el afgano, pero la Comisión es consciente de que eso no va a ser fácil políticamente. El vicepresidente Margaritis Schinas presiona a las capitales para acordar la política migratoria común, pero a renglón seguido admite que hay tres bloques —el Este, el Sur y los países a los que quieren ir los migrantes (Alemania, Francia, los nórdicos, Holanda, Austria)— a los que es complicado poner de acuerdo. “Hay que romper esa nuez”, asegura en un despacho acristalado del Berlaymont, la sede de la Comisión. Al fondo, en una plaza, un puñado de afganos agitan coloridas banderas. Uno de ellos carga contra media docena de Gobiernos (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Austria, Holanda y Grecia: de todas las latitudes y de todas las ideologías) que firmaron en agosto una carta reclamando que no se suspendieran los vuelos de repatriación de afganos desde Europa argumentando que Afganistán seguía siendo un destino seguro; dos semanas más tarde, los talibanes tomaban Kabul. “Nada ha cambiado demasiado desde 2015: estamos como estábamos”, se lamenta Marta Foresti, del centro de pensamiento ODI.

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Bruselas alerta de los riesgos para el peso geopolítico de Europa de no estar presente en las negociaciones que se avecinan: “La presencia diplomática en Kabul por parte de la UE y de sus Estados miembros será muy limitada o inexistente, al menos a corto plazo”, admite con preocupación un documento interno del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el brazo diplomático de la Unión, al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Esto supone un reto importante en lo que respecta a la recopilación de información y a nuestra capacidad de influir en los acontecimientos sobre el terreno, dejando el campo libre a China, Irán, Pakistán, Qatar y Rusia, que mantendrán su presencia en Kabul”.

El texto, un total de siete páginas, reconoce que la toma del poder de los talibanes tendrá un “profundo impacto en intereses estratégicos clave de la UE”, con potencial para poner en jaque la estabilidad regional y ramificaciones de todo tipo, que van del terrorismo al tráfico de drogas. Y plantea un abanico de opciones frente a los “muy mediáticos” talibanes, que “se han esforzado por presentarse como una organización que ha cambiado, en su búsqueda de reconocimiento internacional”. Los informes con los que cuenta la UE, sin embargo, atestiguan “ejecuciones, latigazos públicos, restricciones a las mujeres y el secuestro de chicas jóvenes para casarse a la fuerza”, advierte con prudencia el documento elaborado por el servicio europeo que encabeza Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores.

El informe toca todas las teclas: de la migración a las sanciones de la ONU, pasando por la economía. Incluso deja para el arrastre (sin mencionarlo) el vago acuerdo de mínimos sobre los refugiados esbozado este martes por los ministros de Interior de la UE, en el que las capitales se han dejado llevar por los cantos de sirena de la fortaleza Europa. La diplomacia europea reclama en cambio “poner en marcha o aumentar las cuotas de reasentamiento de los Estados miembros” con “compromisos” concretos, algo que de momento solo parece haber esbozado la canciller alemana, Angela Merkel, al asegurar hasta 40.000 afganos podrían tener derecho a ser evacuados rumbo a Berlín.

La parte central del documento se centra en cómo ha de relacionarse la UE con los talibanes. A falta de una “presencia diplomática plena”, propone considerar “modelos innovadores” que garanticen la representación local de la UE en Kabul. “Por ejemplo, una oficina humanitaria, o una oficina de representación europea”, plantea uno de los párrafos. “Esto permitiría un mejor análisis de la situación sobre el terreno y proporcionar la base para mantener canales de comunicación con quienes ostentan el poder” mientras el bloque comunitario sopesa “el futuro compromiso diplomático, o no, con los talibanes”.

En estos momentos, la delegación de la UE en Afganistán, evacuada vía Madrid, se encuentra en Bruselas. La diplomacia europea pide trasladar su presencia a los países vecinos y a los del Golfo. Y evitar soluciones drásticas, como el cierre definitivo de las embajadas de Kabul: “Hasta que no se tome una decisión definitiva de cortar las relaciones diplomáticas, podría considerarse la posibilidad de suspender las actividades en lugar de cerrar formalmente la Delegación de la UE y las misiones diplomáticas de los Estados miembros”, señala.

Sin reconocer, de momento

Bruselas no quiere reconocer de momento al régimen talibán, pero estima que su relación con “el poder de facto que controla el país tendrá que intensificarse a nivel práctico en el corto plazo”, probablemente desde los países del entorno, como Pakistán, Irán y Qatar. Este contacto, añade, “debería hacer hincapié en las cuestiones humanitarias” y centrarse en presionar para que el nuevo régimen forme un Gobierno inclusivo y que preserve los intereses de la UE en materia de seguridad. El análisis del servicio diplomático europeo es consciente del potencial inflamable y teme que estas conversaciones se malinterpreten como que Bruselas se ha sentado a fumar la pipa de la paz con los barbudos: “Debe hacerse de una manera que evite crear la percepción de que el diálogo constituye un reconocimiento del régimen talibán”, alerta.

“Nos guste o no, [los talibanes] ya no son un grupo rebelde sino el Gobierno (de facto) de Afganistán”, dice un experto en resolución de conflictos y crisis humanitarias con experiencia en el territorio afgano. En su opinión, es esencial mantener la presencia de ECHO (la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria) y cree que “una oficina de enlace o algo similar podría ser otra opción para permitir a la UE mantener cierto grado de diálogo político con el nuevo régimen”.

El documento plantea cinco condiciones de cara a un futuro reconocimiento del régimen talibán: que permita abandonar el país en libertad a quien lo desee y no tome represalias contra personas vinculadas a potencias extranjeras o del régimen anterior; que evite convertirse “en un refugio para el terrorismo”; un “acceso sin restricciones” de la ayuda humanitaria; el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente de las mujeres y las niñas, y de las minorías”, y el “establecimiento de un Gobierno de transición inclusivo y representativo mediante negociaciones”.

Sanciones de la ONU

También reconoce que los talibanes buscarán ganar legitimidad exigiendo ser retirados de las listas de sanciones de la ONU, pero pide mantenerlas “como parte de una estrategia más amplia para influir en su comportamiento”, y marcando una línea frente a China y Rusia, países poco proclives a apoyar nuevas sanciones. Además, es consciente de que tiene un buen arma de negociación: la economía.

Hasta la fecha, tres cuartas partes del presupuesto de un país diezmado por décadas de guerra, el zarpazo de la covid y una severa sequía —y con los activos del banco central congelados— provienen de la ayuda extranjera. “Queda claro que los talibanes quieren mantener a los actores humanitarios y la ayuda humanitaria en el país”. Por lo que podrá presionar para que esta se mantenga exigiendo el respeto al derecho internacional.

Bruselas tantea así sus opciones en relación con el avispero de Afganistán. Y sigue elaborando una especie de “brújula estratégica”, con el objetivo declarado de aumentar su autonomía frente a Estados Unidos. “Europa debe poder hacer más cosas que enviar aviones para repatriar a sus diplomáticos”, explica una alta fuente comunitaria. “Para ello hay que activar de una vez una fuerza de acción rápida para la que bastaría con 5.000 efectivos, y que está sobre la mesa desde hace más de una década. El problema es que no hay tracción política para eso, como no la hay para encarar con garantías la potencial crisis de refugiados, como han dejado claro los ministros del Interior esta semana. La UE tiene que lanzar mensajes alto y claro si quiere tener una voz audible. Y rápido”, concluye.

El documento circula en un momento extremadamente sensible en Europa, con los ministros de Defensa de la UE reunidos este miércoles en un Consejo informal en Eslovenia. La caída de Afganistán figura en la agenda, igual que el eterno debate sobre la independencia estratégica de la UE. Pero esta vez con varios mandatarios europeos preguntándose si los intereses de Bruselas y los de la OTAN se encuentran siempre alineados.

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Varias capitales europeas llevan días subrayando que la UE debe evitar a toda costa una crisis parecida a la de 2015, tras el estallido de la guerra en Siria, a la vista de los centenares de miles de desplazados procedentes de Afganistán que pueden acabar llegando hasta las fronteras de la Unión. Bruselas baraja una lista de en torno a una veintena de países a los que pueden llegar tanto los afganos que salen huyendo como los refugiados de otros países. Esa lista incluye Pakistán, Uzbekistán, Tajikistán e Irán, además de Turquía, junto a los países de África del Norte, Líbano o Jordania, por ejemplo. En 2015, Bruselas llegó a un acuerdo multimillonario con Turquía: 6.000 millones para atender a los cuatro millones de refugiados alojados en suelo turco. Pese a los tira y afloja Bruselas-Ankara y a las dudas legales al respecto, ese parece también el ejemplo a seguir esta vez.

A diferencia de lo ocurrido en 2015 con Siria, Europa no quiere andar ese camino en solitario: pretende ir de la mano de Naciones Unidas, y además poner sobre la mesa ese asunto en el próximo G7 de ministros del Interior, y en el G20 que convocará próximamente el primer ministro italiano Mario Draghi, en un tour de force diplomático que pretende involucrar a toda la comunidad internacional. Eso de puertas afuera. Porque de puertas adentro las instituciones europeas se agarran al adagio de Rahm Emmanuel, aquel jefe de Gabinete de Barack Obama: no hay que desaprovechar una buena crisis. “Afganistán es un recordatorio brutal para que Europa ponga en marcha definitivamente un pacto migratorio de gran alcance. Evros, Ceuta y Bielorrusia fueron llamadas de atención, pero con los miles de afganos desplazados el momento político de ese pacto es ahora, y cuanto antes mejor”, asegura el vicepresidente comunitario Margaritis Schinas —responsable de asuntos migratorios— en un encuentro con EL PAÍS, Le Monde y Financial Times.

Durante los últimos tiempos, los Veintisiete han dado respuestas muy dispares a las solicitudes de asilo de Afganistán: la horquilla va del 22% al 93% de solicitudes aceptadas, según fuentes comunitarias. “Hay que armonizar las reglas para evitar esa disparidad”, apunta Schinas, que en el último año se ha topado con la negativa en redondo de los países del Este a cualquier tipo de solidaridad con medidas obligatorias, y con la negativa en redondo de los países del Sur mientras no haya pruebas tangibles de que la factura de la migración se va a repartir equitativamente entre todo el club. Entre uno y otro bloque están los llamados países receptores, a los que quieren ir mayoritariamente los migrantes que atraviesan las fronteras de la UE: Alemania, Francia, Holanda, Suecia y Austria.

“No hay una manera sencilla de llegar a acuerdos, pero la presidencia francesa [a partir de enero de 2022] puede encontrar caminos intermedios entre esos tres bloques. Es el momento de decir basta. No podemos seguir así. Necesitamos un acuerdo a largo plazo que fije las reglas con claridad”, explica Schinas, consciente que el calendario electoral alemán condiciona esa jugada. “En Alemania la migración no ha sido un asunto central de la campaña: los alemanes están viendo cuál es el líder más parecido a Angela Merkel, pero la crisis afgana ha acabado entrando en el debate. Francia está próxima a la visión de Bruselas. Hay que convencer a Draghi, a Pedro Sánchez y a Kyriakos Mitsotakis, y hay que atraer a Visegrado [Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia]”, añade. El otro elefante en la habitación es Turquía, que puede querer más fondos para lidiar con la situación. Y en menor medida Marruecos, con Rabat tratando de que la Unión no mire solo en Turquía.

El plan que quiere activar Bruselas incluye un férreo control de fronteras con 10.000 agentes de Frontex, acuerdos diplomáticos con los vecinos del Norte de África y un mecanismo de solidaridad que para el Sur es insuficiente y para el Este —y para algunos socios centroeuropeos— es excesivo. Y cobra actualidad con la crisis afgana, hasta el punto de que las cifras de la solidaridad europea ya están más o menos claras, con esos poco más de mil millones. Pero ese ansiado pacto migratorio sigue en el aire a la vista de la reunión de este martes de los ministros del Interior, que en su comunicado no hacen una sola referencia explícita al plan de Bruselas. El tono de la declaración tras esa reunión, un acuerdo de mínimos en el que de momento prevalece el punto de vista del ala dura en materia migratoria, refleja las enormes dificultades para debatir sobre ese asunto. La histeria de 2015 queda lejos. Pero quizá no tanto: un puñado de partidos archiconservadores ha levantado con claridad la voz contra la llegada de refugiados afganos, y algún que otro Gobierno —con Polonia y Austria a la cabeza, pero también con voces inesperadamente duras como la del Gobierno socialdemócrata danés— está en esa misma línea, que conduce a la primacía de la denominada Fortaleza Europa sobre los tradicionales valores europeos.

“A todo el mundo le gustaría evitar una situación comparable a la de 2015 y podemos evitarla: estamos mucho mejor preparados”, ha asegurado la comisaria sueca Ylva Johansson a su llegada a la cumbre de ministros del Interior. Países tan dispares como Austria (con un Gobierno de coalición entre conservadores y verdes), Dinamarca (socialdemócrata) y la República Checa del populista Andrej Babis defendían hoy que la UE no puede lanzar el “falso mensaje” de que los afganos pueden emprender viaje hacia Europa.

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El texto no contiene propuestas concretas para acoger personas que lo necesiten, ni establece cifras de reasentamiento para dar cobijo a las decenas de miles de refugiados que se prevén en el corto plazo. Ese debate podría aparecer en una reunión posterior, a finales de esta semana, de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión. En sus escuetos nueve párrafos, la declaración pactada este lunes –tras varias horas de reunión– menciona hasta siete veces la palabra “seguridad”, habla de la determinación europea para “proteger eficazmente las fronteras exteriores de la UE e impedir las entradas no autorizadas”, propone que sean los países vecinos de Afganistán quienes lleven el peso de la acogida humanitaria y recuerda, aunque sin mencionarla, la crisis de refugiados de 2015, que sobrevuela como una negra sombra todo el borrador, aunque sin ser mencionada de forma explícita. Ese trauma, que dejó al descubierto algunas de las peores versiones de la UE cuando Siria era asolada por las bombas y más de un millón de personas atravesaron las fronteras de camino a Europa, bloquea cualquier avance en Bruselas.

Después de una primera reacción marcada por la solidaridad y las buenas palabras, llega la hora de la política. Y en la capital europea el tono es por el momento de notable dureza. “Basándose en las lecciones aprendidas, la UE y sus Estados miembros están decididos a actuar conjuntamente para evitar que se repitan los movimientos migratorios ilegales incontrolados a gran escala a los que se enfrentaron en el pasado”, dice la última versión del texto, que aún deberá recibir el visto bueno de los ministros. Europa, en fin, no quiere ver ni en pintura una nueva crisis de refugiados con las elecciones alemanas y francesas a la vuelta de la esquina y el bloque del Este enseñando las garras. “Deben evitarse los incentivos a la migración ilegal”, prosigue la declaración, que a continuación propone reforzar el apoyo a los “países vecinos de Afganistán para garantizar que quienes lo necesiten reciban una protección adecuada principalmente en la región”. Es decir, que no lleguen a Europa.

Hace ahora justo seis años, en agosto de 2015, la canciller alemana saliente, Angela Merkel, abrió las puertas de Alemania y de la Unión a los refugiados sirios y desató una especie de pánico demográfico en Centroeuropa: el húngaro Viktor Orbán llegó a hablar de “invasión” y el grupo de Visegrado (República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia) bloqueó cualquier tipo de acuerdo en Bruselas. La UE capeó el temporal con un polémico acuerdo con Turquía –patrocinado por Berlín– y la crisis de refugiados se fue apaciguando, pero nunca se cerró del todo y ha dejado feas heridas entre los Veintisiete.

Con esos mimbres, el Ejecutivo comunitario de Ursula Von der Leyen ha sido incapaz de consensuar un pacto migratorio que conjugue la visión de los halcones (básicamente los países del Este, a los que se han unido los bálticos y puntualmente otros socios, como los socialdemócratas daneses) con la de los países de la frontera sur. Y los últimos acontecimientos no facilitan precisamente ese acuerdo. Los problemas con Bielorrusia presionan desde hace semanas a los bálticos y Polonia. España ha mantenido también un enfrentamiento con Marruecos, ahora solucionado, que en su día supuso un fuerte aumento de las llegadas de migrantes a Canarias y sobre todo el incidente que acabó con la entrada a nado de unos 8.000 migrantes en Ceuta. Pero la crisis de Afganistán eleva notablemente la tensión en el bloque, con la posibilidad de que cientos de miles de refugiados se desplacen hacia Europa y una retórica cada vez más encendida entre los grupos de extrema derecha, de la que participan incluso algunos Gobiernos de la Unión.

En esta ocasión, varias fuentes consultadas apuntan que Alemania mantiene un discreto perfil bajo, sumándose a un bloque que trata de articular una declaración que contente a los Veintisiete a costa de más ambición. “El borrador que tenemos ahora es muy general, con principios e ideas genéricos, poco concreto”, dice un diplomático de la UE al tanto de las negociaciones. “Es más bien un texto que busca un compromiso entre los dos extremos”. Casi todo, en fin, está a expensas del calendario electoral alemán, con Berlín completamente reacia a cualquier medida que suponga algo parecido al efecto llamada que varios Gobiernos europeos atribuyen a las declaraciones de Merkel en 2015.

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El Gobierno envió hacia Emiratos Árabes Unidos la primera aeronave desde Zaragoza el lunes por la noche, y la segunda, el martes por la mañana. Uno de los dos aviones ha completado ya su primera incursión en la capital afgana y el segundo aguarda la autorización para poder despegar hacia allí y recoger a un nuevo grupo. Los planes iniciales del Ejecutivo pasaban por trasladar a lo largo del día un contingente de entre 100 y 200 personas a Dubái, para hacer escala, y llevarlo a España. La cifra de 200 se alcanzaría en el mejor de los casos: si el primer vuelo cubría todas las plazas —no lo ha hecho— y si Kabul autorizaba la salida del segundo, que también debería ir completo. Los aviones realizarán media docena de vuelos hacia Afganistán, según las mismas fuentes, para repatriar a entre 500 y 600 españoles y afganos que figuran en la lista elaborada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares. Después del traslado de los primeros evacuados a España en avión militar, el resto de repatriados podrían llegar en un vuelo comercial desde Dubái.

El rápido avance de la ofensiva talibán sobre Kabul obligó el domingo a acelerar los planes del Gobierno, que esa misma noche anunció el envío a Emiratos Árabes Unidos de dos aviones A400M de las Fuerzas Armadas para iniciar la primera fase de repatriación. La tripulación de estas aeronaves está compuesta, entre otros, por pilotos del Ala 31 de Zaragoza, personal del Batallón Cooperación Cívico Militar del Ejército de Tierra y del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire. “Con este dispositivo se pretende dar respuesta a las difíciles condiciones de la evacuación”, según un comunicado conjunto de Exteriores y Defensa emitido el martes. Un tercer avión A400M medicalizado de las Fuerzas Armadas salió en la mañana de este miércoles desde Torrejón hacia Dubái para colaborar en las labores de evacuación.

Exteriores destaca que la capacidad del aeródromo afgano es limitada, de ahí que la mayoría de países europeos haya organizado el operativo con escala en un país de Oriente Medio. Los aviones tan solo disponen de dos horas para completar la operación, lo que dificulta los trámites del control de seguridad y el embarque.

En este primer avión no viaja ningún miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están colaborando en el operativo. En las proximidades del aeródromo se encontraba desde el domingo por la tarde personal de la Embajada, que fue trasladado “de urgencia” en helicópteros. En la lista de personas incluidas en el plan de repatriación se encuentran los seis residentes españoles que quedaban en el país, el personal de la legación española, entre los que hay miembros del cuerpo diplomático y también empleados del Ministerio del Interior —agentes de las unidades de intervención policial (UIP) y del Grupo de Operaciones Especiales (GEO)— y los traductores afganos —y sus familiares— que durante años han colaborado con España. Podrán viajar en este último grupo cónyuges de los trabajadores, hijos, ascendientes en situación de dependencia y hermanas solteras. Entre los evacuados habrá también algún activista afgano.

Amal (nombre figurado por motivos de seguridad), intérprete que colaboró con las Fuerzas Armadas españolas entre 2007 y 2013, relata que este miércoles el aeropuerto de Kabul continúa sumido en el caos. Los talibanes aún cercan la zona mientras los ciudadanos tratan de aproximarse para pedir ser evacuados. “Así no podemos ir. Si nos llaman y nos piden que vayamos al aeropuerto, con esta situación, es imposible. No podemos poner la vida de nuestras familias en riesgo”, cuenta en una nota de voz. El traductor, que se encuentra escondido a medio kilómetro del aeródromo, explica que aún no ha recibido instrucciones precisas por parte de las autoridades españolas. También señala que los talibanes no les permiten acceder al aeropuerto de Kabul a él y a otros cinco compañeros y que, por tanto, no pueden ser evacuados.

Acogida en España

El Ministerio de Inclusión ha desplegado en las instalaciones militares de Torrejón un dispositivo que prevé que los recién llegados completen una serie de protocolos nada más bajar del avión, como la realización de pruebas covid. El departamento de José Luis Escrivá ha habilitado un espacio para la expedición del documento que acredita la manifestación de voluntad de solicitar asilo. La base contará con recursos para el alojamiento provisional de los afganos antes de que se les derive a otra plaza de acogida estable. La capacidad de las llamadas “instalaciones provisionales de tránsito” es de hasta 800 personas, con distribución diferenciada para las mujeres y sus hijos, y para los hombres, informa Inclusión. Hay aproximadamente 500 plazas habilitadas en el primer caso, mientras que los hombres se distribuirán en dos habitaciones con espacio para 200 personas en literas. Contará además con un comedor para 200 personas, zona de aseos, duchas y un área de recreo para menores y otro espacio de esparcimiento para adultos.

La Secretaría de Estado de Migraciones llevará a cabo el procedimiento para la asignación de plazas de acogida, “en función de la composición de las unidades familiares, vulnerabilidades y necesidades especiales tras las entrevistas personalizadas con las familias”. Las personas solicitantes de protección internacional serán trasladas a plazas de acogida del sistema estatal y gestionadas por entidades con las que el ministerio trabaja en coordinación. El operativo se ha montado en un “tiempo récord” en las instalaciones cedidas por Defensa, coordinado por Inclusión con el despliegue de LA UME y de Cruz Roja, señalan fuentes del ministerio. Interior, Sanidad y Exteriores también participan en el dispositivo.

Con información de Patricia Ortega Dolz y Diego Estebanez.

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El caos en el aeropuerto de Kabul dificulta el operativo de repatriación de las más de 500 personas que están en el listado de Exteriores, a los que podrían unirse activistas y personal de la UE. España ha enviado rumbo a Dubái dos aviones A400M para repatriar a la delegación española y a los afganos que han trabajado con los diplomáticos y defensa. Uno de los dos aviones ha vuelto ya de Kabul a Dubái con 53 personas a bordo, y está previsto que ese contingente aterrice mañana jueves en la base de Torrejón (Madrid) a las cuatro de la madrugada. Un tercer avión A400M medicalizado de las Fuerzas Armadas también ha partido hacia Dubái para colaborar en las labores de repatriación, y el Gobierno ha puesto en marcha un dispositivo en Torrejón para completar la primera fase de la repatriación del personal español y colaboradores afganos. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones apuntan que el sistema estatal de acogida bastaría para dar cabida a los refugiados procedentes de Kabul, pero tanto Gobiernos autónomos como varios ayuntamientos han ofrecido también plazas de acogida de los refugiados.

La política exterior se cuela en la agenda política nacional, en medio de las críticas de la oposición por el hecho de que Sánchez no haya comparecido aún públicamente para hablar de la situación en Afganistán, algo que sí han hecho otros mandatarios europeos. El presidente tiene previsto viajar la semana próxima a Egipto y Kenia. Y no puede permitirse ruido adicional en relación con el dispositivo de repatriaciones desde Afganistán, después de la polvareda provocada por la devolución de menores a Marruecos desde Ceuta, que ha generado graves reproches por parte de la fiscalía y el Defensor del Pueblo por las serias dudas legales que entraña esa operación.

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El presidente Pedro Sánchez ya anunció en octubre la cifra de 800.000 empleos creados en tres años gracias a los fondos de la UE. Ahora el Ejecutivo tiene sobre la mesa las proyecciones sobre cuánto se creará por sectores solo en 2021. Queda una primera mitad del año en la que todavía las empresas tendrán dificultades y para las que el Ministerio de Economía prepara medidas de alivio que atajen el sobreendeudamiento. Sin embargo, el Gobierno prevé que durante la segunda mitad del año fluyan ya los fondos incluso si estos no han llegado todavía de Europa, debido a que el dinero está adelantado en los Presupuestos del Estado y, por tanto, se podrán poner en marcha los proyectos de todas formas. Y eso, según espera el Ejecutivo, se traducirá en un fuerte crecimiento del empleo, sobre todo en las ramas de comercio, actividades profesionales, industria, construcción y transporte.

Según se recoge en el documento de Economía, el maná europeo permitirá crear un total de 200.000 puestos de trabajo directos en 2021. Estas cifras son todavía preliminares y no contemplan los efectos indirectos que tendrán sobre el consumo y la actividad. Por sectores, 55.130 empleos se corresponden con el comercio, que en principio se beneficiará del impulso a la digitalización. Este sector está muy conectado con los otros y proporcionalmente tiene un mayor tamaño. En consecuencia, generará más empleo. Es decir, aunque parezcan muchos, en realidad no son tantos con relación al tamaño del sector. Aun así, pese al golpe que ha supuesto la pandemia, este año recobrará la actividad que tenía antes de la covid-19, en parte porque se anticipa un robusto rebote del consumo conforme se avance en la vacunación y se tire del elevado ahorro acumulado durante el último año.

Las actividades profesionales son una rama más pequeña pero que recibirá un gran estímulo: se crearán 41.995 trabajos, fundamentalmente de ingenieros, arquitectos y consultores que diseñarán los proyectos.

Y en la industria se contratarán otras 39.346 personas. El Gobierno invertirá en reforzar capacidades industriales unos 2.000 millones ampliables, que además se apalancarán con el sector privado, en especial en áreas clave como la fabricación de chips o el coche eléctrico. Hay unos 30.000 millones en proyectos presentados a través de una manifestación de interés que publicó Industria. El equipo de Reyes Maroto está inmerso en la selección y una parte se quedará fuera.

En definitiva, el informe señala que estos tres sectores presentan “una elevada capacidad para absorber los fondos dedicados a la digitalización y a la sostenibilidad”. El comercio, la industria y las actividades profesionales podrían conseguir normalizar su actividad gracias al plan de recuperación, destaca.

En menor medida se beneficiará la construcción, con 17.842 nuevos ocupados y donde se pretende promocionar la renovación verde de edificios y algunas infraestructuras clave, como el corredor mediterráneo y Cercanías. Y en el transporte se sumarán 17.595 trabajos, por su carácter horizontal y las inversiones del Ministerio de Transporte. Estas dos ramas tendrán todavía en 2021 un 10% menos de negocio que en 2019.

Una recuperación desigual

Sin embargo, la recuperación será muy desigual. Los sectores más afectados continuarán lejos de sus cotas de actividad prepandemia. La hostelería apenas aprovechará los fondos de la UE: tan solo mejorará en unos 1.000 empleos y estará en 2021 un 25% por debajo de su nivel precovid. Y las actividades recreativas elevarán su ocupación en 4.725 personas fruto de la ayuda europea. Pero se encontrará todavía un 28% por debajo de 2019. Se trata de algunos de los sectores más dañados y que se quedan fuera del plan de recuperación. No obstante, fuentes de Economía argumentan que estas ramas son las que más reciben de los ERTE o los créditos ICO. Y que podrían estar entre los que más se beneficien del nuevo plan de choque que ultima Economía para reforzar la solvencia. Aunque también señalan a las comunidades como las que deberían articular más ayudas directas para estos sectores, ya que son las que determinan qué localidades o barrios tienen limitadas las aperturas.

Eso sí, aunque no lo dice el documento, estas cifras solo podrán hacerse realidad siempre que los recursos europeos se consigan gastar a tiempo. El Gobierno tiene 27.000 millones consignados en los Presupuestos. Y hay otros 8.000 del fondo React EU, que se canalizarán a través las autonomías. Del total de 34.600 millones que el Gobierno espera gastar este año, un 54% lo ejecutarán las comunidades, un hecho que preocupa al Ejecutivo. Hasta el punto de que ha sugerido a los Gobiernos regionales que podría llegar a cancelar entregas a aquellos que se retrasen demasiado para redirigirlos a otras autonomías que sí cumplan. El decreto de modernización de las Administraciones y los Presupuestos establece fórmulas rápidas para reasignar fondos, apuntan fuentes de la Administración.

Por otra parte, los números están calculados con la previsión de crecimiento que se hizo en los Presupuestos, del 7,2% para este año (un 9,8% sumando los fondos europeos), un pronóstico que bien podría reformularse más adelante a la baja tras comprobar los efectos que tendrá la tercera ola en el primer tramo del año.

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Ese es, grosso modo, el escenario económico al que se enfrenta el Gobierno recién remodelado por Pedro Sánchez, con Nadia Calviño reforzada como vicepresidenta primera con un triple objetivo: tratar de sacar partido político de la mejoría económica en esta segunda mitad de la legislatura, cuidar la relación con Bruselas sobre los multimillonarios fondos europeos y las difíciles reformas asociadas, y preparar la presidencia española de la UE, prevista para 2023 —año presuntamente electoral— y negociaciones cruciales para España como la relativa a la reforma de la política fiscal del euro. Goldman Sachs apunta en un análisis reciente que las cosas pintan bien, pero añade que el principal riesgo es la “inestabilidad política”, ese estado de crispación permanente que se asocia a la política española en los últimos tiempos. Las incertidumbres coronavíricas también siguen ahí, de cara a un verano fundamental para reforzar el perfil ascendente del PIB. Si nada se tuerce, la economía va camino de alcanzar una velocidad de crucero notable: crecerá por encima del citado 6% este año, aunque la recuperación sea aún asimétrica e incompleta, como en todas partes; y, de la mano de la vacunación, se asentará definitivamente en 2022, con pronósticos que rondan también el 6%, según los números del Gobierno, la Comisión Europea, el FMI y el Banco de España.

“El crecimiento económico estabiliza las democracias” y diluye riesgos de todo tipo, según el último ensayo del politólogo José María Maravall. Las estadísticas son espejismos organizados, pero aun así hay que hacerles preguntas a los datos. Y las respuestas, hoy por hoy, son decididamente optimistas —a pesar de los riesgos―. En el país con las tasas de paro más altas del Atlántico norte la variable clave es el empleo, y el empleo aceleró en mayo, junio y sobre todo en julio, con las mejores tasas de reducción del paro en 25 años. El mercado de trabajo español es la gran anomalía de la crisis: esta vez el desempleo no se ha ido al 25%, como suele ser habitual en las grandes perturbaciones. Y aun así hay un millón de empleos menos que antes de la pandemia: esa, junto con el alza de la desigualdad y la pobreza, es por ahora la cicatriz económica más profunda que deja el coronavirus.

El estado de ánimo de la economía es expansivo. Y, paradójicamente, también asustadizo: la inseguridad, la incertidumbre, la vulnerabilidad y la inquietud siguen ahí, son las mordeduras propias de esta época miedosa. Pero los datos cuentan historias, y a pesar de sus limitaciones expresivas las estadísticas evidencian la creciente altura del rebote. Los índices de sentimiento económico, empresarial y del consumidor están en máximos. Las exportaciones, el empleo, la creación de empresas, la producción industrial, la actividad del sector servicios, la movilidad, la construcción, las compras con tarjeta van al alza: hasta una docena de indicadores, incluso los relacionados con el turismo, señalan claramente hacia arriba. Tras una recaída en el primer trimestre por la enésima ola covid y los estragos de Filomena, la reactivación del PIB se rearmó entre abril y junio, con tasas que pueden llegar a rozar el 3%, y lo normal es que la economía coja mucha más velocidad a lo largo del verano para llegar a crecer ese 6% anual. “Pero estos tiempos son cualquier cosa menos normales”, advierte la economista Alicia García Herrero, de Natixis, con la variante delta en mente.

“Toda predicción se sostiene secretamente en el deseo”, dice el politólogo Manuel Arias. Y los pronósticos económicos no son una excepción: dependen de la virulencia de las mutaciones de la covid-19, y en particular de la citada variante delta, que empieza a provocar quebraderos de cabeza en toda Europa. “El principal riesgo era y es que las mutaciones obliguen a volver a ciertas medidas restrictivas”, apunta Carlos Martínez Mongay, ex director general adjunto de la Comisión Europea. Y tanto los casos positivos como las restricciones van al alza en toda la UE —pésimas noticias para el turismo—, aunque la mortalidad en el Reino Unido (que lleva varias semanas de adelanto en el impacto de esa variante delta) se limita al 0,1%, similar a la de una gripe estacional. La recuperación parece imparable porque a pesar de ese repunte hay un estado mental de confianza: los animal spirits son un punto más risueños. Y aun así la media docena de expertos consultados pone una nota de contención ante el largo adiós de la covid. “Es probable que la economía tenga que adaptarse a operar con restricciones durante mucho tiempo, y eso no favorece precisamente a España. El verano sigue siendo clave. El turismo pesa el 12% en el PIB. Pero España cayó más por el peso de los servicios y el comercio de proximidad, y por la misma razón va a crecer mucho más si las cosas no se ponen feas”, explica Ángel Talavera, de Oxford Economics.

Para que el rebote termine de asentarse hay que poner la lupa en cinco factores, según fuentes del Banco de España. Uno: la efectividad de las vacunas frente a nuevas variantes. Dos: las implicaciones de la situación sanitaria para el turismo (el banco central pronostica que el gasto turístico alcanzará este año el 50% del nivel precrisis, el 80% en 2022 y el 100% en 2023). Tres: la evolución del consumo, con la posibilidad de que el rebote se vaya aún más arriba si el ahorro embalsado (en torno al 15% de la renta disponible, una cifra estratosférica) se filtra a la economía, algo que ya empieza a suceder. Cuatro: la llegada de los 140.000 millones de fondos europeos, que pueden aportar casi dos puntos de PIB al año hasta 2023. Y cinco: habrá que ver cuál es el deterioro del tejido productivo cuando el Estado retire las ayudas y se vea quién estaba nadando desnudo. “Es muy fácil: no hay que retirar las muletas bajo ningún concepto hasta que la economía pueda correr sin ellas. Los ERTE son la mejor noticia de esta crisis: junto con las líneas de liquidez han permitido suavizar el impacto. Pero las ayudas directas a empresas no han llegado aún y otras medidas se han aplicado tarde y mal. El Ministerio de Economía ha sido excesivamente timorato”, critica Juan Moscoso, de Deusto. “Uno de los Gobiernos más a la izquierda de Europa ha aplicado la que quizá sea una de las políticas económicas más ortodoxas”, reprocha.

“En todas partes se producían cambios y la gente comprendía que estaban llegando tiempos difíciles como un frente lluvioso”, escribía John Lanchester en Capital, una de las novelas que mejor contaron la Gran Recesión. Aquella crisis dejó en España profundas heridas, y una reconversión industrial en la construcción. “El Gran Confinamiento traerá transformaciones más profundas en muchos sectores, y probablemente una reconversión de primer orden en el turismo”, vaticina Raymond Torres, de Funcas. Se avecinan dos años relativamente apacibles si el virus no depara sorpresas adicionales. Las curvas volverán a partir de 2022: “Entonces veremos si hemos hecho las reformas como es debido, y cómo hemos gastado los fondos europeos. Y se abrirán dos debates clave para España, sobre la retirada de estímulos del BCE y sobre la reforma de las reglas fiscales europeas”, cierra Torres. Una de las peores noticias que deja la covid es una deuda pública en torno al 125% del PIB. Bruselas y Fráncfort han actuado esta vez de manera muy distinta a la cura de austeridad de hace 10 años, pero el regreso de los halcones (las visiones más ortodoxas en política fiscal y monetaria) es una de las incógnitas: la salud económica de la Italia de Mario Draghi y la España de Pedro Sánchez, con ese Gobierno remozado para la segunda parte de la legislatura, depende de cómo se gestione ese “frente lluvioso” del que habla Lanchester para no acabar, de nuevo, como un cuadro de El Bosco.

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Las discusiones sobre política monetaria suelen sonar a teología con un ligero toque cómico. Pero hay que prestar gran atención a esos druidas modernos que son los banqueros centrales: el aura pseudorreligiosa que poseen brota de su capacidad para hacer dinero de la nada, y sin ellos la Gran Recesión habría sido todavía más dura, y el Gran Confinamiento aún más oscuro. El BCE aprobó este jueves un cambio constitucional: se acabó el mandato actual, por el que la inflación debe ser “inferior pero cercana al 2%”, y ahora el Eurobanco se da, por fin, un mandato simétrico. Traducción bíblica: el objetivo es el 2% y hay que actuar tanto cuando los índices de precios están más arriba como cuando están por debajo de ese listón. Los miedos alemanes a la inflación explican el claro sesgo de Fráncfort durante años, mucho más preocupado si el IPC crecía más de la cuenta. Eso, en teoría, se acabó.

Christine Lagarde dijo un par de cosas fundamentales tras la reunión del consejo de gobierno. Uno: cuando los tipos de interés están en la zona del 0% y la inflación es persistentemente baja (algo que ocurre en Europa desde hace más de 10 años) no hay que precipitarse y hacer políticas restrictivas ipso facto si la inflación rebasa el sacrosanto 2%. Y dos: en caso de duda, el consejo del BCE se autoconcede margen para hacer lo que buenamente quiera, con lo que sigue adentrándose en territorio político; ojo con eso. En definitiva, el BCE no va tan lejos como la Reserva Federal de EE UU: los norteamericanos, más pragmáticos, están buscando activamente un periodo de recalentamiento inflacionario después de años de congelación del nivel de precios, y el BCE apunta con timidez que apenas tolerará esa mayor inflación si llega. Los halcones impiden ir más lejos.

¿Qué diantres significa todo eso para España? Mucho. Se avecina un periodo de inflación alta, en parte por la subida de los precios de la energía, y en parte por un posible recalentamiento de la economía, más aún tras años de políticas monetarias ultraexpansivas. Si el BCE se guiara por los miedos alemanes ya estaría retirando las políticas de compras de activos y subiendo los tipos de interés: eso sería letal para una economía como la española, sobreendeudada hasta las cejas, y en general para la eurozona. Viene más inflación, sí, pero los bancos centrales han demostrado durante 25 años que saben controlar ese monstruo, y un poco de inflación (unos años, digamos, al 3%) permitiría diluir las ratios de endeudamiento. Pero la guerra no está ganada. En unos meses, a lo largo del primer semestre de 2022, vendrá uno de esos momentos verdaderamente delicados en los que la historia bascula y deja algún cadáver sobre el escenario: el BCE tiene que redefinir su política de adquisición de activos y tipos de interés, y Bruselas debatirá si hay que cambiar o no las reglas fiscales, que como todo el mundo sabe son procíclicas, una palabra fina para no decir idiotas. Los halcones, que este jueves cedieron una derrota por la mínima, llevan tiempo afilando sus garras en la oscuridad ante la trascendencia de esas dos decisiones. Y esa será la auténtica batalla: en Fráncfort, Lagarde ha sabido convertir por ahora a su consejo de gobierno en el doctor Jekyll, en el Morata goleador de la segunda parte. Pero míster Hyde sigue al acecho: habría que evitar dejarle tirar el penalti.

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De nuevo el ya tradicional pulso entre el ala socioliberal y el flanco más izquierdista del Gobierno. “La decisión no está tomada y corresponde al presidente Pedro Sánchez”, explican fuentes gubernamentales. Sánchez, en una entrevista el jueves con La Sexta, echó balones fuera. “Vamos a ver cómo se comporta el empleo en los próximos meses”, dijo. Un día más tarde se publicó el muy positivo dato de junio: caída récord del paro de 167.000 personas y creación de 233.000 empleos. Estos buenos datos entreabren así la puerta a una subida este año, aunque sea muy moderada, casi simbólica.

A renglón seguido, el presidente apuntó que el Ejecutivo “debe poner todo el foco en la recuperación”, y añadió que la economía española se enfrenta a “altas cotas de incertidumbre”, lo que aumentaría las probabilidades de una congelación hasta que el rebote se asiente.

Esas son, grosso modo, las dos escuelas de pensamiento que conviven dentro del Gobierno, con la facción más política de La Moncloa y una parte del PSOE empujando a favor de una subida. Sánchez se mostraba hasta hace poco muy cauto, y en cambio en los últimos días tanto él como su gabinete han dado muestras de que podría haber un incremento muy moderado, que se decidirá a lo largo de julio.

El Banco de España irrumpió hace unas semanas en ese debate con un informe que se leyó con cierto sesgo: la fuerte subida de 2019, decía el estudio, restó al menos 100.000 empleos, especialmente entre los jóvenes y los grupos de mayor edad, pero el banco central no escondía que la literatura académica y los consejos de los organismos internacionales han ido variando: “El efecto sobre el empleo tiende a ser mixto”, dice ese texto.

El Gobierno, en fin, no renuncia a seguir elevando —hasta el 60% del salario medio— el SMI a lo largo de la legislatura, y hace unos días una comisión de expertos convocada por Trabajo dictaminó una horquilla de aumentos: la recomendación fue elevar entre 12 y 24 euros el salario mínimo este año; entre 24 y 40 euros en 2022 y, finalmente entre 25 y 40 euros en 2023.

Los ERTE, las ayudas directas a empresas, el ingreso mínimo vital, las reformas más importantes vinculadas a los fondos europeos y ahora el SMI se han convertido en banderas para las dos versiones de la política económica que conviven en el Gobierno.

“El compromiso es alcanzar ese 60% del salario medio a lo largo de la legislatura, pero de ninguna manera se puede poner en riesgo la creación de empleo y la recuperación económica”, explican a este diario fuentes del Ministerio de Economía. Otro de los ministros económicos apunta que no es “prudente” acometer ahora una nueva subida, y que sería preferible un aumento mayor, de una tacada, para 2022, cuando los riesgos y la incertidumbre se hayan disipado definitivamente.

La vicepresidenta Díaz, en cambio, ha dado claras muestras de apostar por una subida inmediata, tanto por el mensaje político de salida de la crisis como por el fuerte rebote que se avecina y la necesidad de evitar una recuperación desigual.

La titular de Trabajo expuso sus argumentos en una reunión con Sánchez el pasado lunes: a finales del año pasado subieron las pensiones y los sueldos de los funcionarios, la inflación está por encima del 2,5% y seguir congelando el SMI supondría una recuperación coja, con los niveles de desigualdad y pobreza en la franja alta de la eurozona y esa herida empeorando con la pandemia: los trabajadores pobres han aumentado un 16% en España durante la covid, según datos de la Confederación Europea de Sindicatos.

La posición de Díaz es compartida por algunos de los asesores del presidente en La Moncloa, por la necesidad de apuntalar la imagen del Gobierno en las encuestas, e incluso en el PSOE. “Sería un grave error político y económico congelar el SMI tras una crisis como la que se ha vivido y con el IPC en niveles superiores al 2,5%”, sostenía un artículo publicado el pasado miércoles por Toni Ferrer, secretario de Empleo de los socialistas, que cree que el SMI debe ser “una palanca hacia una recuperación justa”.

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La reforma laboral se ha convertido en una suerte de fetiche en las procelosas aguas de la política económica española. Unidas Podemos quiere derogarla a toda costa. El acuerdo de coalición entre el PSOE y Podemos habla a las claras de derogación, al menos de los aspectos más lesivos. Ese asunto suscitó un fenomenal patinazo durante la Gran Reclusión, tras un efímero pacto entre el PSOE, Podemos y EH Bildu en el que se hablaba de derogación completa. Ha provocado desencuentros entre el flanco más ortodoxo del Gobierno, liderado por la vicepresidenta Nadia Calviño, y el ala más izquierdista, que capitanea la también vicepresidenta Yolanda Díaz. Tiene al PP radicalmente en contra, a Bruselas al acecho y a los agentes sociales en guardia.

Y hay apenas medio año para atarlo: España se ha comprometido con Bruselas a pactar la reforma laboral a lo largo de 2021. El Gobierno puso sobre la mesa sus ideas la primera semana de junio. Pero esta vez la CEOE, que en los últimos tiempos ha alcanzado un buen puñado de acuerdos con el Ejecutivo, encara esa negociación de uñas: la propuesta inicial de Trabajo, concluye la patronal, es “inasumible”, en especial en lo relativo a la limitación de los contratos temporales, y puede provocar “una destrucción de empleo inesperada en un contexto de gran incertidumbre”, siempre según el texto de la contrapropuesta de la patronal. Fuentes de la negociación apuntan que la CEOE adopta esta vez su perfil más duro después del fuerte debate interno que provocó la posición de su líder, Antonio Garamendi, a favor de los indultos a los presos por el desafío independentista.

Garamendi afirmó ayer miércoles que la patronal se sentará en la mesa de negociación, pero avanzó que el acuerdo está lejos. “El diálogo social es así. Nos sentaremos en la mesa y diremos lo que opinamos, pero la verdad es que las posiciones están en las antípodas”, añadió. El texto que llevó la CEOE a la mesa de diálogo, sin embargo, va mucho más lejos que el tono de esas declaraciones y anticipa un debate áspero, duro, desapacible. “Las reformas propuestas por el Gobierno introducen rigidez en nuestro mercado de trabajo” e ignoran “las recomendaciones de la Unión Europea, de los organismos internacionales y las necesidades de la economía española”, arranca ese informe.

La CEOE admite que la temporalidad, que ronda el 25%, supera con creces la media europea (14%), pero atribuye las cifras españolas al abuso de contratos temporales en el sector público, que superan el 30% y que el Ejecutivo se ha comprometido a reducir drásticamente con Bruselas. Sin esa abultada tasa en la Administración, aduce la patronal, los números del sector privado “responden a las características” de la economía española, muy dependiente de actividades estacionales o con un alto componente cíclico, con un peso de sectores como el comercio, la hostelería o la agricultura superior al de los socios del euro. El Gobierno, sostiene la CEOE, pretende la práctica eliminación de la contratación temporal “o su uso con carácter residual”. Y califica las medidas propuestas por Trabajo de “radicales y contraproducentes”, con esa alusión al marxismo que alude a la filiación comunista de la vicepresidenta Díaz. “La propuesta legitima el uso abusivo de la contratación temporal por razones organizativas en el sector público para la cobertura de vacantes, y la excluye para el sector privado”, se queja la patronal.

La idea de Trabajo es potenciar el contrato indefinido sobre el temporal. Para ello establece que solo se pueda firmar un contrato temporal por razones de carácter productivo y organizativo: cuando se produzca un incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda atenderse con la propia plantilla. Los trabajadores de actividades estacionales, imprescindibles para el comercio en la campaña de Navidad o para las actividades turísticas en verano, pasarán de tener un contrato temporal a uno fijo-discontinuo, un subtipo del indefinido que se caracteriza por su intermitencia. “Establece una nueva indemnización del todo punto injustificada y ajena a nuestro marco de relaciones laborales”, según la CEOE. En la práctica, el empleado prestará sus servicios durante el mismo periodo que lo hacía antes. Durante el resto del año la prestación quedará suspendida, y se reactivará al siguiente cuando vuelva a ser necesario. Además, la duración se limitará a seis meses (o hasta un año cuando se establezca en el convenio del sector). La CEOE subraya que en los países europeos ese mínimo es de unos 18 meses. “Temporalidad y precariedad no son fenómenos equiparables: todos los países del mundo y de la UE poseen márgenes de temporalidad imprescindibles”, critica el documento.

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El Sáhara requiere la mediación de la ONU y la solución puede tardar, a la espera de que se rebaje varios peldaños la tensión. Pero el Gobierno, según un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS, acelera un plan estratégico para combatir la “asfixia económica” de las dos ciudades autónomas por parte de Marruecos.

Y va más allá: por primera vez alerta a las claras del rápido deterioro de la situación social en las dos ciudades. Junto con la “desconexión económica” con la zona limítrofe marroquí, que España atribuye a “un objetivo nacional constante e irrenunciable” por parte de Rabat para anexionarse Ceuta y Melilla, el Ejecutivo advierte del “vuelco demográfico” por los flujos migratorios y la creciente población de origen marroquí que reside en ambas ciudades de forma irregular.

El documento subraya el “reto sociodemográfico” en Ceuta y Melilla, que se traduce en una “creciente polarización” y en una preocupante “brecha social”. Alerta de incipientes “sentimientos xenófobos”. E incluso de cierto “desapego hacia el Estado” con servicios públicos de menor calidad, lo que muchos ceutíes y melillenses atribuyen a que la sanidad, la educación y los servicios sociales están “a disposición de los extranjeros”.

Ese polvorín está ahí desde hace tiempo, pero hasta ahora España prefería mirar hacia otro lado en aras de mantener buenas relaciones con Marruecos, un país capital para los intereses españoles. Eso se acabó. Esa dinámica saltó por los aires en primavera: España accedió a acoger al líder del Polisario, Brahim Gali, y como respuesta Rabat permitió el acceso de miles de personas, muchas de ellas menores de edad, a Ceuta en menos de 72 horas.

Exteriores apunta que esa crisis obliga a España y a Marruecos a hablar con mucha más claridad sobre el Sáhara, una prioridad nacional para Rabat, pero también sobre Ceuta y Melilla, que han pasado a ser una prioridad española, con un plan estratégico que estará listo “antes del verano”, según fuentes gubernamentales.

A la espera de ese plan, el informe ofrece ya una hoja de ruta de las intenciones de España, con una batería de propuestas para el corto y medio plazo. Los datos socioeconómicos de las dos ciudades autónomas están entre los peores de España, con un desempleo que ronda el 30% en Ceuta y el 20% en Melilla. Y aun así la renta por habitante de las dos ciudades españolas multiplica por seis la de las áreas marroquíes más cercanas, una de las claves que explican la presión migratoria. Los servicios públicos están al límite, admite ese estudio. Ceuta, además, tras las entradas masivas de hace más de un mes, aún intenta volver a la normalidad mientras busca qué hacer con 800 menores acogidos en centros improvisados y unos 2.000 adultos que malviven en sus calles. Tampoco hay señales de que Rabat vaya a renunciar a su estrategia de “presión económica” que “asfixia” a las dos ciudades autónomas, advierte el análisis del Gobierno.

Por encargo de La Moncloa ya está en marcha un plan de rescate socioeconómico, con al menos media docena de medidas. España estudia incluir a Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera, y reformar el régimen económico y social de ambas ciudades autónomas.

El documento apunta a la maximización de los beneficios fiscales “para impulsar nuevos sectores de actividad”, en particular el turismo (con los cruceros como objetivo) y el juego en línea. También pretende mejorar las conexiones con la Península y generar un área de “prosperidad compartida”, una expresión que el Ejecutivo también usa en las relaciones con Gibraltar. Además, aboga por dar un impulso de la actividad portuaria, que se ha resentido en el caso de Melilla por la competencia del vecino puerto de Nador.

Servicios “insuficientes”

El diseño de la nueva estrategia para Ceuta y Melilla está en manos del Ministerio de Política Territorial, que ha nombrado a una alta funcionaria para que se dedique en exclusiva a coordinar las acciones de los diferentes departamentos en las dos ciudades, e incluye una mayor presencia de ministros y secretarios de Estado, junto con medidas de presión europeas: España ha advertido de que estudia incluir a ambas ciudades en el espacio europeo sin fronteras o tratado de Schengen, lo que supondría pedir visado a todos los marroquíes que viven en las provincias limítrofes para entrar en Ceuta y Melilla. Y también baraja dar entrada a guardias de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) en las dos ciudades para dar visibilidad a que sus límites se corresponden con la frontera sur de la Unión Europea.

Pero el paquete económico, Schengen y Frontex son solo una parte de esa estrategia. España pretende también pararle los pies a Marruecos en otros ámbitos. El informe advierte de que al progresivo vuelco demográfico, con un fuerte incremento de la población de origen marroquí, se une un incremento “de la influencia política y religiosa” del país vecino.

“La evolución demográfica de las últimas décadas, con un peso creciente de la población de origen marroquí, ha resultado en una creciente polarización”, advierte el informe. “La crisis económica, la falta de oportunidades para una población joven, la falta de espacios comunes, está resultando en una creciente brecha social”, abunda el texto, que reconoce que los servicios públicos de las dos ciudades están “infradotados” y son “insuficientes para el volumen de población actual”.

España recela del uso que los residentes en las provincias de Nador y Tetuán hacen de los servicios básicos de la ciudad, especialmente Sanidad y Educación. Las autoridades locales y nacionales consideran que la presión migratoria resulta en “una saturación” de los servicios públicos.

“Numerosos fraudes relacionados con la residencia efectiva y los derechos son uno de los elementos que alimentan susceptibilidades entre comunidades y contribuyen a la polarización y a dificultades de convivencia”, recoge el análisis del Gobierno. El Ejecutivo está dispuesto a reforzar sus servicios, pero advierte: “Los casos de fraude y abuso y la tensión que generan en los servicios públicos despiertan sentimientos xenófobos y desapego hacia el Estado entre la población [local], que siente que los servicios públicos son de menor calidad que la media nacional y se ponen a disposición de extranjeros”.

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PREGUNTA. Hace 10 años decía que vivíamos “en una época de oscuridad, siniestra”. Ahora define la situación actual como “el momento de las grandes crispaciones”.

RESPUESTA. La política se ha convertido en una cocina que despide un calor insoportable. En parte por el auge de los populismos. Y en parte porque aquella frase de la Alicia de Lewis Carroll, “lo importante es saber quién manda”, es cada día más difícil de aclarar. Las democracias dependen en buena medida de la UE, en especial las políticas económicas: la política fiscal, de Bruselas; la política monetaria, de Fráncfort. Y aun así los ciudadanos siguen creyendo que son los políticos nacionales los causantes de lo que les pasa. “No podemos elegir”, dijo Rajoy. ¿Y entonces por qué le eligieron a él? En una democracia representativa los candidatos compiten ofreciendo promesas y los votantes los reeligen o los reemplazan. Ahora se hace realmente difícil asignar responsabilidades. Como consecuencia, no sabemos quién demonios hace nada: no sabemos quién manda. ¿A quién responsabilizamos de la falta de competitividad de nuestra economía? La desigualdad en España está un 17% por encima de la media de la UE. ¿A quién cabe exigir cuentas?

P. Vivimos en una era de incertidumbre radical. Hay una maraña de riesgos. ¿Cuál le preocupa más a la corta?

R. Hemos tenido a un populista, Donald Trump, en EE UU, un caso extraordinario de ataque al sistema, de políticas basadas en la xenofobia, el racismo y el proteccionismo. Y a un payaso, Boris Johnson, en el Reino Unido. Los populismos de derechas se han multiplicado: han tocado poder en Italia, en Finlandia, ya no digamos en Hungría y en Polonia. Pero al final los contrapesos, mal que bien, están funcionando. El populismo es difícilmente compatible con la democracia representativa. Digamos que las democracias sufren altibajos. Y que quizá lo más preocupante, un momento realmente bajo, sería que Emmanuel Macron cediera el Elíseo a Marine Le Pen.

P. ¿Y España? “En España, la estrategia de la crispación termina cuando el PP gobierna”, escribe.

R. Hay varios ejemplos de esa estrategia de la crispación. Álvarez-Cascos, ex secretario general del PP, llegó a declarar que era una “anormalidad democrática” que en España pudiese gobernar el PSOE. Hay múltiples ejemplos: el “váyase, señor González” de José María Aznar, Irak, el 11-M. Rajoy tildó de “perfecto imbécil” y “bobo solemne” a Zapatero. Esa ha sido una estrategia perfectamente calculada.

P. Aquel “que caiga España que nosotros ya la levantaremos” del ministro Cristóbal Montoro.

R. Se trata de llevar al extremo la polarización o el partidismo. De usar lo que haga falta, del nacionalismo al terrorismo, de decir en Bruselas que el Estado de derecho está fallando en España, o de poner palos en las ruedas a los fondos de recuperación: una forma de hacer oposición que en otro país sería inimaginable. Pero el PP está en terreno muy delicado. O gana las próximas elecciones o puede verse en una situación catastrófica, con un líder, Pablo Casado, acosado por Vox y por Isabel Díaz Ayuso.

P. ¿Los indultos pueden llevar a otro pico de polarización?

R. Estoy a favor de los indultos. No veo otra salida, volver a la gestión de Rajoy del procés sería una catástrofe, hay que tratar de llegar a un punto de encuentro con los nacionalistas. Pueden suponer el punto de arranque de un diálogo que quizá no lleve a ninguna parte, pero que hay que entablar porque lo contrario sería irresponsable. Porque están en la Constitución. Y porque los independentistas no son ciegos y saben que si vuelven a incurrir en los mismos delitos los jueces los volverán a meter en la cárcel.

P. ¿Le sobra táctica y le falta estrategia al PSOE de Sánchez? ¿Le faltan luces largas?

R. En su día no acababa de gustarme. Incluso firmé un manifiesto que no le apoyaba como candidato. Pero después saca a Franco del Valle de los Caídos. Saca a la familia Franco del pazo de Meirás. Aprueba la ley Celaá, que es un gran acierto. El ingreso mínimo vital. La ley de eutanasia. Y consigue 140.000 millones de fondos europeos. En poco más de un año. Los indultos son la prueba de que no le faltan luces largas: es una medida valiente de quien es capaz de correr riesgos calculados. Con una mayoría precaria.

P. Y con un socio, Podemos, que el mismo Sánchez decía que no le iba a dejar dormir por las noches. En su libro cita a varios populistas de izquierdas: Corbyn, Tsipras, Mélenchon. Cierta derecha no le va a perdonar que no meta ahí a Iglesias.

R. Iglesias, Errejón y Bescansa son alumnos míos. Supieron bajar al suelo después de prometer aquel asalto a los cielos: han empujado a favor de políticas socialdemócratas en el Gobierno.

P. La convivencia en el seno de la coalición no ha sido fácil.

R. Rara vez lo es.

P. En la parte económica el Gobierno tiene dos almas. Hay un ala más ortodoxa, que representa Nadia Calviño, y otra más izquierdista, que lidera Yolanda Díaz. Se ha visto con claridad en el último año de pandemia. Y es posible que vuelva a verse con las reformas pendientes.

R. Yo tengo debilidad por Yolanda Díaz. Aunque creo que ese pulso por las reformas probablemente lo ganará Calviño, tengo debilidad por Díaz.

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Las grandes crisis son como aquello de Hamlet: “Cuando llegan las penas, nunca vienen como un solitario explorador: vienen en batallones”. La covid ha provocado la recesión más aguda desde las guerras mundiales. Ha dejado heridas económicas profundas, ha exacerbado las desigualdades, tiene a los populismos al acecho. En Bruselas, todo eso se traduce en una batalla de ideas sobre las reglas fiscales y, de momento, son los halcones —se llama así a los que mantienen las posiciones más duras, más ortodoxas— quienes enseñan las garras. La ofensiva austriaca está sobre la mesa. Los conservadores alemanes han deslizado mensajes similares: el exministro Wolfgang Schäuble sentenciaba hace unos días: “La paz social en Europa requiere una vuelta a la disciplina fiscal”. Berlín presionaba en marzo a España en la OCDE para que el ajuste empiece más pronto que tarde. Los más halcones, en fin, empiezan a volar en círculos. Pero fuentes diplomáticas explican que el resto de los mal llamados frugales —los partidarios de un gasto público bajo: Países Bajos, Alemania o Finlandia, reforzados a menudo con los bálticos y algún socio del Este— no están por la labor. Ese grupo de países comparte el objetivo de poner el foco en la reducción de la deuda. Pero como la santidad y San Agustín: todavía no. Austria, según las fuentes consultadas, yerra con el tempo: no era el momento de presentar esa propuesta, cuando la Comisión ni siquiera ha hecho pública la suya. El vicepresidente comunitario Valdis Dombrovskis afirmó el viernes tras el Ecofin, la reunión de ministros de Finanzas de la UE, que Bruselas buscará el consenso para ejecutar una revisión de las reglas que concilie el crecimiento con la sostenibilidad fiscal y financiera. Pero casi todo en la UE está paralizado, a la espera de las elecciones alemanas de septiembre. Los Verdes van en cabeza, aunque la alianza CDU-CSU (derecha) y liberales (FDP) apunta a un 40% de los votos, con los Verdes y los socialdemócratas un par de puntos por detrás.

Fuentes diplomáticas apuntan a EL PAÍS, para explicar el fiasco de la propuesta de Viena, que “Alemania ha de ser prudente por las elecciones de septiembre, y Mark Rutte está mirando a su izquierda para poder formar coalición en Holanda”. Todas las opciones están abiertas: los ortodoxos abogan por volver cuanto antes a las reglas precovid, pero hay quien quiere mantenerlas suspendidas sine die y quien aboga por una reforma de los listones del 3% de déficit y del 60% de deuda sobre PIB, para suavizar esa especie de camisa de fuerza que muchas veces ha sacrificado el crecimiento en el altar de la supuesta credibilidad. París, Roma y Madrid se decantan por esa última opción, con perfil bajo. Y también la Comisión Europea opta por la prudencia. Bruselas es consciente de que los Veintisiete solo coinciden en una cosa: “A nadie le gustan las normas actuales”, dicen fuentes comunitarias. Pero por distintos motivos: los halcones quieren menor flexibilidad, y el Sur desea romper el corsé de los umbrales de deuda y déficit, que obligarían a volver a las recetas de austeridad tan criticadas hace 10 años.

El rifirrafe político está servido. En la academia hay más consenso y se acumulan varias propuestas basadas en limar el sesgo proausteridad de la eurozona. Los expertos creen que el límite del 60% de deuda sobre PIB es una quimera con las cifras actuales de endeudamiento. Y que cuando el BCE normalice su política monetaria habrá que poner en marcha una estrategia de reducción gradual de la deuda, con objetivos diferentes para cada país, y aplicar una regla de gasto (una limitación del aumento del gasto público teniendo en cuenta la trayectoria del crecimiento).

“El riesgo es que algunos países quieran volver a la austeridad demasiado pronto”, resume por teléfono Olivier Blanchard, execonomista jefe del FMI. André Sapir, de Bruegel, aventura “una postura fuerte de los frugales en los próximos meses, a los que puede sumarse Alemania en función de los resultados electorales, pero también una fuerte presión por el lado de Francia, que asume la presidencia de la UE el año próximo, con el apoyo de la Italia de Draghi y la España de Pedro Sánchez”. “Lo más probable es seguir con las reglas fiscales suspendidas o con una discrecionalidad tan grande que será como si estuvieran suspendidas, o una reforma no demasiado radical, cuya ambición dependerá de Alemania”, añade. Daniel Gros, del CEPS, vaticina que “nada va a cambiar” porque ni el Norte ni el Sur pueden armar mayorías suficientes. Y Wolfgang Münchau, de Eurointelligence, insiste en que “el punto de vista de los académicos será, como siempre, olímpicamente ignorado. Habrá una mejora en el tratamiento fiscal de la inversión, y poco más”.

Berlín tiene la palabra. “No habrá cambios sustanciales hasta que Alemania esté preparada para aguar su freno de deuda constitucional”, avisa el exministro griego Yanis Varoufakis por correo electrónico. La CDU ha subrayado que no va a permitir nada parecido; los liberales (FDP), tampoco. El ministro de Hacienda y candidato del SPD, Olaf Scholz, se presenta como un par de manos seguras al volante con un ligero tinte socialdemócrata, pero trata de eludir el debate del freno de deuda, que en la práctica es un formidable artefacto de austeridad. Los Verdes son otra cosa: en su programa figura una reforma del freno de la deuda y de las reglas europeas. Marcel Fratzscher, del think tank (centro de estudios) berlinés DIW, cierra: “Los conservadores van por delante. Pero creo que sería de lo más preocupante que Berlín se niegue a emprender la reforma de las reglas fiscales y eso dañe las posibilidades de la UE de competir contra EE UU y China”.

La gestión de la crisis del euro y la fase posterior fue una guerra de baja intensidad Norte-Sur, acreedores-deudores; el magistral farol de Draghi y su whatever it takes permitió postergar ese conflicto. Pero el debate sobre las reglas, espoleado por la rápida recuperación económica, volverá a sacar todo ese lío a flote. Y pronto.

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España ha sido históricamente reticente a la presencia de Frontex en sus fronteras y, especialmente, en sus ciudades autónomas. Las posibles ventajas nunca superaron a los inconvenientes y podía además incomodar a Marruecos. El expresidente Mariano Rajoy rechazó de plano esa posibilidad en 2014 cuando afrontaba una fuerte presión migratoria en las vallas, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declinó en plena crisis la posibilidad de que los guardias de Frontex reforzaran el perímetro de Ceuta y Melilla. “No creo necesario, en el estado actual de cosas, reforzar nuestros dispositivos en la ciudad autónoma”, respondió Grande-Marlaska a la oferta del director de la agencia, Fabrice Leggeri. La agencia sí tiene presencia en el Mediterráneo y unas decenas de efectivos en Canarias, pero, a diferencia de lo que ocurre en Grecia, su acción en territorio español es bastante limitada.

La crisis de Ceuta, sin embargo, puede convertir a Frontex en una nueva pieza del tablero. “Entre los mandos policiales incomoda esa opción, pero cuanto más arriba se sube en el escalafón político, las opiniones son más favorables porque la presencia de Frontex deja claro a Marruecos que las dos ciudades son la frontera sur de la UE”, explica a este diario una alta fuente de la Comisión Europea. Berlín y París también son favorables, siempre que España esté de acuerdo.

La entrada de operativos de Frontex a Ceuta y Melilla se estudia al más alto nivel. La Moncloa y Exteriores son partidarios de esa posibilidad; Interior preferiría no abrir esa puerta. Las fuerzas de seguridad españolas siempre han rechazado que agentes extranjeros ganen espacio y controlen sus acciones en frontera. “Tiene poco valor añadido que ofrecer”, “quien quiere que entre Frontex es porque no conoce a Frontex” o “se ha creado un monstruo difícil de controlar”, son solo algunas de las críticas que le dedican a la agencia fuentes de seguridad. Las tensiones entre Frontex y mandos españoles son palpables y a principios de este año escalaron hasta el punto de que la agencia amenazó con retirarse de España, cuando se negociaba la renovación de sus operaciones conjuntas. Frontex, en plena expansión, quiere más presencia de sus guardias y más acceso a la información, mientras que los agentes españoles, especialmente de la Guardia Civil, quieren más medios, pero menos control. Prefieren tener a Frontex actuando en los países de origen, como Senegal, y, a ser posible, bajo su mando.

Políticamente, sin embargo, se trata de un mensaje fuerte para reforzar la europeidad de esos dos enclaves en medio del pulso con Marruecos. El presidente del PP, Pablo Casado, en su visita a Ceuta el pasado día 3, ya se mostró partidario de esta fórmula y pidió a Pedro Sánchez que trate la inmigración en Ceuta “como un problema europeo, con colaboración de Frontex”, a pesar de la citada negativa de Rajoy en el pasado: también entre los populares hay viraje sobre la agencia europea de fronteras, que está llamada a tener un papel más destacado en la política migratoria europea de los próximos tiempos. A pesar de su creciente protagonismo, Frontex atraviesa la peor crisis reputacional de su historia tras desvelarse su supuesta complicidad en devoluciones ilegales de migrantes en el mar Egeo. Además, el Tribunal de Cuentas Europeo acaba de describir a la institución como “no suficientemente eficaz”.

Una vez que las autoridades involucradas consensúen la entrada de Frontex, las condiciones en las que la agencia actuaría en Ceuta y Melilla aún tienen que definirse. La operación se inicia a propuesta de cualquiera de las dos partes, pero siempre con el consentimiento formal del Estado anfitrión, requisito indispensable para cualquier despliegue. A partir de ahí, se negocian los detalles de la operación, los medios y la labor de los agentes. En Gibraltar, por ejemplo, tras el acuerdo de inclusión del Peñón en el espacio europeo de libre circulación de personas, las competencias de Frontex se limitan a las relacionadas con los controles Schengen y la protección de las fronteras exteriores. El apoyo, en el caso de las ciudades autónomas, también puede incluir medios técnicos además de los humanos. “Ahora Frontex dispone de más servicios que hace unos años”, explica una fuente conocedora del funcionamiento de la agencia. “Entre otras cosas, cuenta con imágenes por satélite, cámaras de visión nocturna, vehículos equipados para vigilancia y puede ayudar con sus equipos en la identificación de personas y en el escaneo de huellas”.

Ese movimiento, junto con la posibilidad de pedir visado a todos los marroquíes para entrar en Ceuta y Melilla, supone un cambio de política sin precedentes en los últimos tiempos. España considera que Marruecos apretó el botón nuclear a medidos de mayo, cuando casi 10.000 personas —entre ellas unos 2.000 menores— cruzaron a suelo español ante la indiferencia de los guardias de frontera del reino alauí. Y considera que Rabat ha ido demasiado lejos, tanto en Ceuta como en el contencioso reciente con Alemania, con Rabat envalentonado desde que Donald Trump reconociese la soberanía marroquí sobre el Sáhara. “Es el momento de sentar nuevas bases para lograr una relación más estable, pero sobre otros parámetros: Ceuta y Melilla son frontera exterior de la UE y España”, según fuentes gubernamentales, que destacan el amago de giro en Estados Unidos: el portavoz del secretario de Estado de Estados Unidos, Ned Price, ha reconocido esta semana que existen “diferencias muy profundas” con la era Trump sobre la región del Magreb y el Sáhara. Los equilibrios España-Marruecos previos a la crisis de Ceuta han saltado por los aires, y La Moncloa quiere rebajar la presión con Rabat, pero a la vez lanza mensajes meridianamente claros en relación con sus ciudades autónomas, que Marruecos considera “enclaves ocupados”.

La estrategia relativa a Ceuta y Melilla tiene una pata de seguridad y control de fronteras: la posibilidad de reconsiderar la inclusión de las dos ciudades autónomas en el espacio Schengen y de reforzar el perímetro con Frontex. Una segunda pata política, con una mayor presencia de miembros del Gobierno en las dos ciudades. Y una tercera, puramente económica: las fuentes consultadas consideran que frente a la estrategia de asfixia que aplica Marruecos desde hace tiempo, el objetivo de España “sigue siendo crear un área de prosperidad compartida”, que englobe toda el área del Estrecho, incluido Gibraltar. España podría pedir la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera de la UE. Y estudia revisar el régimen económico y fiscal especial de los dos enclaves, con la ayuda de los 140.000 millones de euros en fondos europeos, en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, según las fuentes consultadas.

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España tiene muchos trabajadores con estudios universitarios, a menudo sobrecualificados, y muchos empleos de baja cualificación, pero flojea en perfiles con cualificaciones intermedias: las empresas tienen dificultades para cubrir uno de cada dos puestos de esas características, algo paradójico en un mercado laboral que duplica la media de paro europea. Para tratar de resolver ese cuello de botella y potenciar la relación entre el mercado de trabajo y la empresa se potencia el sistema de Formación Profesional Dual —una vieja demanda de la patronal— en el que la parte formativa que los alumnos recibirán desde la empresa crece sustancialmente con respecto a los baremos actuales. Podrá llegar hasta el 50%, y siempre con un contrato de trabajo de por medio.

Con este nuevo sistema se busca satisfacer la carencia de perfiles técnicos que vienen demandando las empresas, y ofrecer una nueva dimensión a la FP con la que combatir la alta tasa de paro juvenil. El desempleo entre los menores de 25 años asciende al 37,7%, más del doble que la media de la eurozona y una cifra sin comparación en el mundo desarrollado. La nueva ley, además, prevé incorporar “a los interlocutores sociales a la gobernanza del sistema”, según el anteproyecto, con la creación del Consejo general de la Formación Profesional.

“La formación no puede ser profesional si no está vinculada al mundo de la empresa”, asegura Juan Carlos Tejeda, director del departamento de Educación y Formación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Aunque no será hasta el miércoles cuando la patronal de los empresarios conozca de manos del Ministerio de Educación las líneas maestras del anteproyecto de ley, desde CEOE aseguran que lo que se les ha transmitido hasta el momento satisface esa demanda de una mayor vehiculación entre los centros formativos y las empresas.

Dos figuras serán claves en la supervisión del desarrollo de los alumnos: el tutor del centro y el tutor de la empresa. “Para que la empresa tenga un carácter marcadamente formador creemos que esta figura es muy necesaria”, indica Guillem Salvans, Project Manager de la Fundación Bertelsmann y responsable de la Alianza para la FP Dual. “Este tutor de empresa debería estar formado y acreditado, como sucede en otros países como Alemania”, añade Salvans. De hecho, para que estas figuras también mantengan una vinculación entre ellas se establecerá un mecanismo de integración de los profesores de los centros dentro de las empresas que permita una actualización de los conocimientos y una mayor percepción de la realidad empresarial. El órgano encargado de la supervisión de toda esta estructura será el Consejo General de Formación Profesional, aunque según trasladan desde Educación, “la ley apunta hacia cómo ajustarlo para mejorar su participación en el diseño del sistema”.

Corresponsabilidad

“Los agentes sociales fuera de España, como pueden ser las Cámaras de Comercio, sindicatos y asociaciones empresariales, tienen roles operativos dentro de la FP Dual, no está solo en la gobernanza. En Dinamarca, por ejemplo, se acreditan las empresas que pueden formar. En Alemania, es la Cámara de Comercio la gestora del programa, y quien controla y organiza el examen final. Tienen un rol muy práctico”, explican desde Educación.

El término que emplean desde el departamento que dirige la ministra Celaá para dar más protagonismo a la empresa es el de “corresponsabilidad”. Diseminando en funciones su significado, tiene que ver con la integración de los interlocutores sociales tanto en la gobernanza del sistema, como en el diseño de las necesidades estratégicas que han de cumplir los cursos.

Pero hay más. España presenta un alto número de trabajadores —más de 11 millones según estimaciones empresariales— sin ningún título que acredite sus competencias, y con un alto grado de experiencia desarrollando funciones concretas. Es aquí donde la nueva ley de FP introduce un nuevo factor: el reconocimiento. Un “proceso de acreditación de competencias” en el que también intervendrán las empresas y con el que se permitirá recualificar a los trabajadores incrementando el capital humano.

Según un estudio de Adecco, ocho de cada diez directores de recursos humanos reconoce tener problemas a la hora de reclutar talento para su compañía. Un porcentaje que se ha disparado 30 puntos en los últimos cinco años, según la compañía. Además, los puestos más demandados (y al mismo tiempo más difíciles de cubrir) siguen siendo los perfiles técnicos y/o con titulación de FP asociados al desarrollo de la industria.

La elevada cualificación de muchos trabajadores y la imposibilidad de absorción del mercado de trabajo —castigado por dos crisis en apenas dos décadas— ha sido otro de los condicionantes para que la bolsa de empleo española tenga forma de reloj de arena (entendiendo el punto más estrecho como la parte correspondiente a la formación media), y no de barril (más achatada por la zona de los perfiles más elevados y más bajos), como sucede en otros países del entorno.

Para explicar el desarrollo del proceso formativo desde el Gobierno emplean otra metáfora: la de la muñeca rusa. Consiste en trocear el proceso de formación y que cada trabajador entre en el momento formativo necesario.

Incentivos indirectos para fomentar la participación

Dado el crecimiento en la presencia de las empresas en el desarrollo formador de los alumnos de la FP que pretende implementar el Gobierno, algunas voces apuntan hacia una estimulación adicional para que la mayor parte de ellas, especialmente las pymes —que son las que conforman fundamentalmente el tejido productivo— se apunten a este proceso. “Nosotros somos partidarios de que se les reporten unos incentivos indirectos”, señala Guillem Salvans, de la Fundación Bertelsmann. “No apostamos por subvencionar el coste salarial de los chicos, sino que lo hacemos en favor de ayudar a estas empresas para que den un salto de calidad”, indica. Para ello, han propuesto la implementación de nuevas figuras que las orienten y guíen durante todo el proceso formador. “En el caso de las micropymes —aquellas que cuentan con una plantilla inferior a 10 trabajadores y cuyo volumen de negocio y balance no llega a los dos millones de euros— hemos propuesto la creación de la figura del tutor externo de micropymes. Se encargaría de gestionar la relación con el centro formativo, dar de alta al estudiante en la Seguridad Social, rellenar los partes de desempeño del aprendiz en la empresa... En resumen, liberarlo de todas estas tareas y dejar a la micropyme con la única función de formar”, amplía Salvans.

Desde el gabinete de la ministra de Educación, Isabel Celaá, valoran fórmulas que permitan a las pequeñas y medianas empresas recurrir a estos alumnos también a la hora de dar un salto en innovación en sus procesos productivos. Que gracias al diseño actualizado de los cursos puedan encontrar en ellos una vía para modernizarse y adaptarse a las necesidades del mercado.

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Corto y claro: vuelven los impuestos, como suele suceder después de las grandes sacudidas, y van dos en apenas una década. Tras la Gran Recesión hubo promesas de refundación del capitalismo, uno de los grandes gatos por liebre de la historia; de la crisis asociada al coronavirus apenas comenzamos a salir, pero las políticas de estímulo se han generalizado ante el temor a que el malestar acabe sacando viejos demonios del armario. La ortodoxia ha saltado por los aires. El mayor temor de las organizaciones multilaterales hoy es que los estímulos se retiren antes de tiempo. Ante la sucesión de crisis, con la incertidumbre radical propia de estos tiempos y con niveles de desigualdad corrosivos, el péndulo gira de menos a más Estado, de menos a más redes públicas de seguridad, de menos a más impuestos. Porque todo eso hay que pagarlo: la crisis del euro y la covid dificultan —por un tiempo— la vía de los ajustes de gasto, y ante el elevado endeudamiento se abren paso las subidas fiscales, por pura necesidad y porque el ethos está cambiando.

El arreón fiscal está liderado por Biden, y ha calado en las Organizaciones Internacionales, del FMI a la OCDE, poco sospechosas de socialcomunistas. El G-7 acaba de pactar un tipo mínimo global de Sociedades. La UE aprieta los dientes en fiscalidad medioambiental. Una victoria de los Verdes en Berlín podría cambiar muchas cosas. A algunos no les va a quedar más remedio: España está abocada a subir impuestos.

Las democracias liberales son intrínsecamente asépticas, salvo en contados asuntos. Uno de ellos son los impuestos: “Un robo diario”, los definía Reagan, que los odiaba con el hígado. “Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada”, decía un juez del Supremo en EE UU; “y sin embargo, demasiada gente quiere una civilización con descuento”, bramaba Franklin Roosevelt en plena Gran Depresión, antes de fijar gravámenes del 90% para los ricos. Esas cifras —que, lejos de lastrar la economía, coinciden con tres décadas de gran crecimiento bien repartido— no van a volver. Pero la carrera a la baja de los últimos 40 años (en 2018 los 400 estadounidenses más ricos pagaron tipos más bajos que la clase trabajadora) empieza a darse la vuelta. El apoyo popular a favor de un incremento del gasto financiado por impuestos va al alza, según las encuestas que cita el FMI: sube hasta 15 puntos si el encuestado tiene un familiar enfermo o en paro.

La audacia del Tío Sam. EE UU ha anunciado un paquete billionario de estímulos para apuntalar las infraestructuras y las maltrechas políticas sociales asociado, por primera vez en mucho tiempo, a alzas fiscales en Sociedades y sobre quienes ingresan más de 400.000 dólares anuales. Biden, además, presiona para globalizar ese arreón fiscal. El G-7 ha alcanzado un pacto que los optimistas califican de histórico: un tipo mínimo global de Sociedades del 15%, y la obligación de que las multinacionales paguen una parte de los impuestos donde operan. EE UU es el principal beneficiario, pero otras grandes economías, España entre ellas, también salen ganando: ese impuesto defensivo hará aflorar hasta 80.000 millones anuales; la OCDE estima que la elusión fiscal hace desaparecer unos 240.000 millones al año. El G-20 debería refrendar el pacto en unas semanas; la OCDE tendrá lista una propuesta para 139 países en verano, y la UE tiene otras medidas en marcha.

Un tipo mínimo del 15% no significa que todos los países tengan que fijar ese listón. Si una empresa española paga en Irlanda un 5%, Hacienda le reclamará el 10% restante; si cotiza al estupendo 0% en Bermudas, España la gravará al 15%. De ahí el adjetivo histórico: por primera vez se desincentivan los paraísos fiscales. Además, Reino Unido (con numerosos paraísos fiscales bajo su bandera), EE UU (que alberga varias jurisdicciones no cooperativas) y la UE (con cinco piratas en el euro: Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Chipre y Malta) están a favor.

Ojo: la historia reciente está plagada de nuevos amaneceres fiscales abortados por la miríada de asesores fiscales que trabajan para las multinacionales. “Pese a las limitaciones, es un paso importante”, destaca Daron Acemoglu, del MIT; “si hay cooperación, las Haciendas podrán elevar sus ingresos sin castigar a las empresas normales, estrechando el agujero que generan Luxemburgo, Irlanda o las islas del Canal”. “Pero sin exagerar: si seguimos como hasta ahora, el malestar seguirá al alza; pero si gravamos demasiado, la inversión y el crecimiento se resentirán”, matiza. “Es un poco pronto para hablar de revolución fiscal”, avisa Alan Auerbach, de Berkeley; “pero en EE UU sí hay un cambio de guardia: los demócratas se han ido hacia la izquierda respecto a Obama y a Clinton”. Ese debate viene cargado de metralla. John Cochrane, de Chicago, pone el dedo en una de las llagas: “Cuando los estadounidenses se den cuenta de que para financiar un Estado del bienestar como el europeo hacen falta impuestos europeos y aceptar el crecimiento esclerótico de Europa, quizá se lo vuelvan a pensar”. Desmond Lachman, del neoliberal American Entreprise Institute, predice “un regreso a la enfermedad de los setenta, la inflación”.

Europa, menos agresiva. Puede que el arreón fiscal europeo sea menos agresivo; al cabo, el Estado del bienestar es más potente que el de EE UU. Pero la pandemia ha dejado temblando las arcas públicas, y un nutrido grupo de países han aprobado ya alzas fiscales o estudian hacerlo, según la OCDE. Hasta la Italia de Draghi planea una reforma fiscal con más progresividad pero con un efecto global neutro. Los Verdes, que lideran las encuestas en Alemania, anuncian “subidas sustanciales”. Europa, en fin, será menos audaz que EE UU, pero también se adentra en una nueva era fiscal: Bruselas espera realizar este mes la primera emisión de deuda conjunta para financiar el fondo de recuperación, un paso que marca un antes y un después en el diseño y ejecución del presupuesto común. La UE ha puesto en marcha este mes la primera fiscalía europea, encargada de perseguir los delitos contra los intereses financieros del club. Y el Parlamento Europeo ultima la aprobación de una directiva que obligará a las grandes empresas a detallar su factura fiscal país por país. “En Europa la presión fiscal ya es elevada: el objetivo no es una subida fiscal general, sino focalizarse sobre quienes pagan menos de lo que deberían: multinacionales que usan paraísos fiscales y ricos que evitan pagar el impuesto sobre la renta”, explica Gabriel Zucman, de Berkeley. Mark Blyth, de Brown, apunta que junto al debate impositivo es fundamental reformar las reglas fiscales europeas: “La UE es consciente de que la austeridad fue un desastre; si vuelve a hacer lo mismo, es probable que el euro salte por los aires”.

Está por ver, en definitiva, la fuerza del empujón fiscal en la UE. “Pero es cierto que los políticos han dejado de lado viejos dogmas espoleados por la necesidad”, dice Paul de Grauwe, de la London School. Los halcones volverán: no tardarán en vociferar quienes prefieren ajustes de gasto a subidas de impuestos. “Pero la covid cambia las cosas, es difícil que los votantes aprueben recortes en sanidad después de lo que ha pasado. Y creo que hay algo nuevo flotando en el aire: se pueden ganar elecciones diciendo que hay que gravar más a los ultrarricos”, remacha De Grauwe.

¿Y España? La economía española tiene un tremendo agujero en sus cuentas. El gasto en 2019, último año prepandemia, estaba en el 42% del PIB, cinco puntos por debajo de la eurozona: el sector público, a pesar de los mantras, no es demasiado grande. Y los tipos están en la media, pero la recaudación no: los ingresos están en torno al 39% del PIB, siete puntos por debajo de la presión fiscal del euro. Con la covid, el déficit se ha ido a las nubes, y la deuda alcanza el 125% del PIB. Estos números hacen más que probable, según media docena de expertos, que haya que tocar al alza varias figuras tributarias, como ya ha señalado Hacienda. Además, la redistribución deja mucho que desear: “Los más pobres pagan más impuestos en términos relativos que la clase media, y las transferencias sociales están menos focalizadas en los colectivos vulnerables que en países de nuestro entorno”, según el informe oficial España 2050.

Aun así, toda la derecha apuesta por rebajas fiscales: Pablo Casado, del PP, anuncia que bajará todos los impuestos cuando llegue al Gobierno, pese a que la última promesa de un calibre similar, la de Mariano Rajoy en 2011, terminó con la mayor subida de impuestos de la democracia. No hay margen. “Lo primero que hay que hacer es fijar el nivel de servicios públicos que queremos tener como país: esa es una elección política. Con el nivel actual, hay algo de margen de mejora de la eficiencia del gasto público y de lucha contra el fraude fiscal; pero salvo que haya una reducción drástica de prestaciones públicas, no parece posible bajar todos los impuestos”, concluye Óscar Arce, economista jefe del Banco de España.

“Como sugieren los datos, España no se mueve precisamente en el lado decreciente de la curva de Laffer”, subraya David López Rodríguez, uno de los expertos que ha reclutado Hacienda para esbozar la reforma fiscal. Traducción bíblica: a pesar de las promesas de algunos partidos, rebajar los tipos no elevará la recaudación, salvo que se vuelva a hinchar una burbuja. Los tiros van por otro lado. “En Impuesto de Sociedades, EE UU ya ha marcado la pauta. Y en España hay que tocar los impuestos que más recaudan. Hay que repensar los tipos reducidos del IVA, por ejemplo del turismo, pero cuando pase la crisis. En el IRPF veremos tipos más altos para los ricos, al menos de forma transitoria. Los impuestos verdes ya están ahí. Y habrá una armonización de Sucesiones para evitar la competencia fiscal”, resume Miguel Almunia, de Cunef. “El PSOE pone el énfasis en las políticas sociales y el PP en los ajustes, pero ambos partidos coinciden en el lado fiscal por hacer políticas procíclicas: ajustan cuando no deben, en plena recesión, y bajan impuestos cuando no deben, en plena recuperación”, critica.

Hay tal consenso entre los expertos, que sorprende un debate político tan extravagante. “A España le faltan cinco puntos de PIB, más de 50.000 millones, para cuadrar las cuentas. Eso no lo quiere ver Casado y tampoco este Gobierno, que lo deja para 2023, en vísperas de elecciones”, explica el economista Carlos Martínez Mongay. “El agujero solamente se corrige con una decisión política: peores servicios públicos o más impuestos. No hay más opciones, no salen los números”, abunda Santiago Lago, otro de los expertos de la comisión de Hacienda. Jesús Rodríguez, de Fundación Alternativas, apunta que el cambio de ciclo fiscal “va a ser más profundo en EE UU que en Europa, y más impactante en España que en otros países: necesitamos una reforma fiscal desde que explotó la burbuja, hace 15 años, y el sector público vio resquebrajarse los ingresos bajo sus pies”. Jorge Onrubia, de Fedea, critica “la obsesión de la derecha con Laffer, cuando la realidad ha enterrado esa teoría”, y vaticina que si el PP gobierna “no tendrá más remedio que subir impuestos y empezar a buscar excusas, como con Rajoy”.

Laffer, siempre Laffer. La famosa servilleta de cóctel, expuesta en el Museo Nacional de Historia de EE UU, en Washington, esconde una historia adicional: los dos asesores del Partido Republicano que se reunieron con Laffer en el restaurante Two Continents eran Donald Rumsfeld y Dick Cheney. Los dos individuos que tramaron la guerra de Irak son, en fin, los mismos tipos que urdieron las rebajas de impuestos a los ricos. “Las consecuencias son obvias”, se lee en la propia servilleta.

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Casado promete hoy en el Financial Times “aprobar todas las reformas en tres meses”, incluyendo una rebaja del IRPF, de Sociedades, la supresión del Impuesto de Sucesiones y la enésima reforma laboral. No parece haber sorpresa por parte del muy liberal diario británico, aunque en sus editoriales recientes el FT hace un llamamiento a “invertir la política dominante de las últimas cuatro décadas”. Casado pretende volver a Thatcher, pero hasta los más liberales quieren salir de ahí: “Los gobiernos tendrán que asumir un papel más activo en la economía. La redistribución vuelve a estar en la agenda. Las políticas consideradas excéntricas hasta ahora, como la renta básica o los impuestos a las rentas altas, tendrán que formar parte de las propuestas”, dicen los editoriales del FT.

El PP no opta por esa vía. El anterior equipo económico, con Daniel Lacalle al frente, proponía “la mayor rebaja de impuestos de la historia” unos meses antes de que la covid-19 hiciera estragos y enseñara las costuras de la sanidad pública. El asesor económico de Casado José María Rotellar advierte hoy mismo en Libertad Digital que una subida de impuestos como la que planea Pedro Sánchez “solo conseguirá estrangular más al conjunto de los españoles”.

Laffer redivivo: subir impuestos es anatema, y bajarlos es para el PP de Casado una especie de navaja suiza capaz de solucionar toda clase de males. Las propuestas económicas de Casado siguen ancladas en el ala dura de FAES, con conexiones con el Instituto Cato y el American Entreprise Institute, dos think tanks neoconservadores estadounidenses. Curioso cuando en el G-7 y en el G-20 se abre paso una subida global del Impuesto de Sociedades. Paradójico cuando para el FMI y las instituciones europeas el mayor riesgo es ahora mismo retirar prematuramente las ayudas. “Las voces de la austeridad siempre están ahí. Lo que hay que hacer siempre es escuchar respetuosamente y decidir sobre el timing: la economía aún necesita de los estímulos”, dice hoy en este diario Ángel Gurría, el jefe de la OCDE.

Si de veras viene un rebote económico potente, lo contraindicado sería una rebaja de impuestos procíclica, a destiempo, como la última que aprobó Rajoy cuando la economía no la necesitaba para crecer y lo imprescindible era rehacer los colchones fiscales para la próxima crisis. Con el déficit por encima del 10% del PIB y la deuda por encima del 120% del PIB, y con la economía creciendo en torno al 6% este año y el próximo, las rebajas fiscales que promete Casado chirrían incluso en las páginas salmón de esa biblia liberal que es el Financial Times.

En 2011, Rajoy prometió que el 20-N, el día de las elecciones, sería “el primer día del fin de la crisis”; quedaba casi un lustro de sangre, sudor y lágrimas. Diez años después, Casado propone ahora “un Gobierno de salvación nacional”, como el de Mario Draghi en Italia, “con conservadores, liberales, cristianodemócratas y antiguos socialdemócratas”. En Génova no se ve nada parecido a Draghi, que por otra parte de momento no ha bajado un solo impuesto. Spain is different: sobre todo por el flanco fiscal.

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Dice Robert Skidelski, el biógrafo de uno de los grandes economistas del último siglo, John M. Keynes, que la pérdida de la capacidad redistributiva del Estado del bienestar “está asesinando el capitalismo y la democracia”. España ha pactado con Bruselas un paquete de reformas a cambio de 140.000 millones de euros para tratar de revertir esa tendencia, después de que la Gran Recesión y el rescate bancario español obligaran a hacer un conjunto de reformas que eran más bien un conjunto de recortes hace ahora 10 años. Se supone que esta vez es diferente: sobre el papel, reforma ya no es sinónimo de tijeretazo. Pero eso se va a poder empezar a comprobar pronto: el Gobierno ha alcanzado un acuerdo político con los sindicatos y las patronales para el primer tramo de la reforma de las pensiones, según fuentes de CC OO, de UGT, de la patronal CEOE y del ministerio. Quedan los flecos finales y la redacción definitiva, con sus endiablados detalles técnicos. A la espera de la laboral, el Ejecutivo saca así adelante su primera gran reforma al hilo del Plan de Recuperación. Pero los asuntos más delicados sobre pensiones se dejan para más adelante: no se aprobarán hasta 2022.

El ministro José Luis Escrivá tenía prisa por alcanzar un acuerdo en una reforma que le dio enormes quebraderos de cabeza hace unos meses por la propuesta, finalmente no presentada, de aumentar el periodo de cómputo (hasta 35 años cotizados) en el cálculo de las pensiones. Con la reforma laboral en plena negociación, Escrivá se anota así la primera reforma de gran calado, aunque con ese truco de dejar para el año próximo lo más peliagudo. “Las grandes cuestiones están totalmente acordadas; quedan algunos flecos y estamos muy encima del texto definitivo, que estará listo en unos días, puede que la semana próxima”, según explican fuentes de CC OO, que pretenden incluir una referencia explícita a las pensiones mínimas y no contributivas. UGT da el acuerdo por “cerrado”, siempre a falta del texto final, más complicado que en otros asuntos por la trascendencia de los detalles en un asunto de enorme complejidad.

La CEOE ve el vaso medio vacío. Aunque admite que ya hay consenso sobre las líneas generales, recuerda que queda todavía trabajar todo el texto normativo y que cualquier leve alteración del redactado puede generar problemas, más aún si se tiene en cuenta que la comisión de diálogo social de la CEOE cuenta con 280 miembros pendientes de ese acuerdo. Fuentes de Seguridad Social apuntan que el pacto se cerró primero con UGT, al cabo de unos días con Comisiones y finalmente con la CEOE, a falta de los citados detalles y después de pactar la extensión de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), uno de los mecanismos que han permitido que la crisis asociada a la pandemia haya impactado menos en el mercado laboral que en anteriores recesiones.

En España hay actualmente 3,4 personas en edad de trabajar por cada mayor de 64 años. El gasto en pensiones contributivas roza el 11% del PIB, pero las previsiones demográficas y económicas sitúan esa cifra por encima del 15% en 2050, según los datos del informe España 2050. El Ministerio de Seguridad Social maneja escenarios más optimistas. Y confía en que el meollo de la reforma consiga rebajar esos datos para garantizar la sostenibilidad del sistema. Lo que sigue es un resumen de los cuatro grandes ejes ya pactados: derogación de parte de la reforma de 2013, revalorización de las prestaciones con el IPC, refuerzo de la estructura de ingresos del sistema, e incentivos para frenar las jubilaciones anticipadas y favorecer la jubilación demorada.

Revalorización. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones se garantiza con la revalorización con el IPC —la inflación— del año anterior. En caso de inflación negativa las pensiones quedarán inalteradas. Se deroga así la reforma del PP de 2013, que obligaba a revalorizar las pensiones el 0,25% si las cuentas no estaban equilibradas.

Alinear edad ordinaria y edad efectiva de jubilación. Escrivá ha pactado con los agentes sociales la modificación de los coeficientes de la jubilación anticipada, los nuevos incentivos a la jubilación demorada, la modificación de la jubilación parcial y la reforma de las cláusulas de jubilación forzosa. Con ello quiere aumentar la participación de los mayores en el mercado laboral, con tasas de actividad de las más bajas de la OCDE. Eso, según la literatura académica que suele citar la Seguridad Social, no perjudica a los jóvenes. En el caso de la jubilación anticipada voluntaria se aplicarán coeficientes reductores de la pensión para desincentivarla; en el caso de la jubilación moderada, el ministerio plantea un pago único de hasta 11.000 euros por año o un 4% adicional en la pensión por cada año de demora.

Autónomos. Escrivá quería un sistema de tramos para garantizar que los autónomos coticen por sus ingresos reales, entre 90 y 1.220 euros al mes en función de los ingresos. Finalmente, la propuesta de tabla inicial se ha retirado, pero el compromiso entra ahora y en principio se definirán los tramos en el texto normativo: la idea es ponerla en marcha en 2022 con efectos económicos en 2023 —y un periodo transitorio de nueve años—, pero Seguridad Social evita especificar las cuantías.

Ingresos. Se garantizan las inyecciones del Presupuesto al sistema para rebajar el déficit. Estas incluyen gastos impropios que soporta la Seguridad Social y otros 10.000 millones de cotizaciones que pasarán a financiar pensiones y que antes financiaban políticas de empleo que se sufragarán con el Presupuesto. Este año se van a inyectar unos 14.000 millones, y podrían añadirse otros 8.500 millones. Es decir, habrá que obtener recursos de los impuestos.

Lo más duro, en 2022. Escrivá abordará con los sindicatos y la patronal la derogación del factor de sostenibilidad (un mecanismo establecido en 2011 para ajustar la pensión según la esperanza de vida), que se sustituirá por un mecanismo que garantice la equidad entre generaciones, aún por definir. Entre los asuntos que quedan pendientes figuran la polémica adaptación del periodo de cómputo a las nuevas realidades del mercado laboral; garantizar el acceso de las parejas de hecho a la pensión de viudedad; reformar las pensiones máximas (el tope máximo de cotización desaparecerá), y la puesta en marcha de sistemas de previsión social complementarios a las pensiones públicas.

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Una llamada de teléfono a primera hora de la tarde sirvió para que tanto Escrivá como Garamendi, que habían protagonizado un duro cruce de declaraciones en diversas entrevistas durante toda la jornada —el líder de los empresarios llegó a acusar al ministro de “falta de sensibilidad”—, rebajasen la intensidad de sus diferencias y llegaran a un entendimiento. Tanto fuentes del Gobierno como de los empresarios apuntan que ambas partes se mostraron dispuestas a ceder en algunas de sus pretensiones, en vista de la inminente caducidad, el 31 de mayo, del marco vigente para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), en los que ahora se encuentran amparados 600.000 trabajadores.

A pesar de que el pacto final no significa que ni Gobierno ni empresarios —acompañados por los sindicatos e incluso por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz— hayan renunciado del todo a su posición inicial, sí que se han rebajado las pretensiones para hallar un punto de encuentro. Siguen ahí el pretendido incentivo para la recuperación de trabajadores que defendía Escrivá y el esquema de protección para quienes sigan en ERTE.

Fuentes de Seguridad Social aseguran que el ministro ha hecho “un gran esfuerzo para llegar a un acuerdo”. “Nuestra idea de incentivar la activación parece que ha sido finalmente comprendida”, celebran. Fuentes de la CEOE señalan que su comité ejecutivo “ha dado el visto bueno por unanimidad a la última propuesta, al entender que se adecua a las necesidades de las empresas, especialmente para aquellas que peor situación y perspectivas para los próximos meses tienen”. Al mismo tiempo, aseguran que este acuerdo hasta el 30 de septiembre “requerirá pulsar hasta entonces la evolución de la pandemia y de la crisis económica para prolongar o adoptar en su caso nuevas medidas de apoyo”.

La última oferta lanzada por Escrivá mantiene las exoneraciones vigentes para los meses de junio, julio y agosto (85% y 75% en función del tamaño de la empresa) para aquellos trabajadores que se encuentran acogidos a un ERTE, y las rebaja en septiembre (70% y 65%). Pero también eleva las de quienes salen de él para regresar a su puesto de trabajo (95% y 75%, respectivamente).

Este plan de estímulo —similar al que se empleó a comienzos del verano pasado—, se desplegará finalmente durante todo el periodo que comprende la prórroga. “Vamos hacia una normalización total en otoño”, señaló al respecto Escrivá en Onda Cero, “y por ello tenemos que incentivar a las empresas a que recuperen al mayor número de trabajadores posible para alcanzar cifras prepandémicas”.

Contactos intensos

La continuidad de esta herramienta imprescindible para evitar el desgarro del mercado laboral en el último año —y que durante la época más dura de la pandemia llegó a proteger a más de tres millones y medio de trabajadores— nunca ha estado en juego, según han señalado permanentemente las tres partes implicadas en su desarrollo. Sin embargo, el enroque de los dos frentes ha resultado más tedioso de deshacer que lo previsto desde un inicio. De ahí que los contactos se hayan intensificado en los últimos días en vista de cómo el anuncio de la que será la quinta prórroga de los ERTE desde la irrupción del coronavirus se ajustaba cada vez más a la fecha de finalización de la anterior.

“Creo que es una gran noticia para centenares de miles de trabajadores y de empresas, y que debe de dar paso a una recuperación económica que tiene que ir de la mano con la vacunación”, apuntó, tras cerrarse el pacto, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “Ha sido un acuerdo difícil que se hubiera podido alcanzar sin tanta dedicación de recursos públicos, pero es una magnífica noticia”, se sumó Unai Sordo, secretario general de CC OO.

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En Ceuta se juega con varias barajas. Hay una crisis diplomática entre Marruecos y España que se desencadenó tras la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, pero que viene de más atrás, con una pérdida progresiva de complicidades. Hay algo parecido a una crisis migratoria tras la reacción de Rabat, que no hizo nada para impedir la entrada en suelo español de unos 9.000 inmigrantes en apenas unas horas. Hay una potencial crisis social relacionada con las expulsiones exprés, las redadas para cazar migrantes y la situación de centenares de niños que han entrado en un extraño limbo jurídico. Y hay una dimensión política europea de primera magnitud: Bruselas ha cerrado filas con España, ha advertido a Rabat sobre las ayudas relacionadas con la migración si se repiten este tipo de episodios, pero las instituciones europeas quieren aprovechar ese episodio para volver a poner sobre la mesa el pacto migratorio, que le da a Frontex un papel fundamental en el blindaje de las fronteras europeas.

Bruselas ya presionó tras la crisis migratoria en Canarias, hace unos meses, para que España se apoyara en los agentes de Frontex en el control de las aguas de esa zona. España se negó. Esa tensión viene de lejos y es fiel reflejo de la disputa entre los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales y una agencia europea cada vez más potente, pero que al menos los grandes países no quieren ver ni en pintura. Tampoco esta vez Frontex ha desaprovechado la ocasión: el director ejecutivo de la agencia, el francés Fabrice Leggeri, envió el pasado jueves, en plena crisis ceutí, una misiva al ministro del Interior español para ofrecer ayuda. “Frontex ha seguido de cerca y ha analizado los acontecimientos en Ceuta”, escribe Leggeri, que inmediatamente después ofrece a los guardacostas europeos, “considerando el incremento de la presión migratoria sobre España”, “en esta desafiante situación”.

En el lenguaje de madera de la diplomacia europea, ese tipo de ofrecimientos se hacen cuando Bruselas considera que la situación es preocupante. Las instituciones europeas —y las principales cancillerías de Europa— han aplaudido la fulminante reacción española tras la entrada de miles de migrantes en Ceuta. Han lanzado una y otra vez mensajes de presión hacia Rabat. Pero tampoco parecen querer dejar pasar la ocasión de subrayar la importancia de renovar el pacto migratorio —varado a la espera de las elecciones alemanas, con la negativa del Este a asumir ningún tipo de solidaridad y las críticas del Sur, que cree que la solidaridad es insuficiente—, y de paso para poner en valor la fuerte inversión que Europa ha activado para reforzar Frontex.

La agencia —con sede en Varsovia— se declara en la carta “lista para abrir un debate con las autoridades nacionales, para identificar las necesidades operativas y la posibilidad de apoyo adicional”, siempre según esa misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. España se niega de plano a abrir ese melón. “Frontex apenas estuvo en Canarias y no está en Ceuta, pero sí está masivamente en el Egeo, con cientos de agentes”, señalan fuentes europeas. Fuentes diplomáticas de uno de los grandes países europeos, sin embargo, apuntan que España “ha demostrado que sabe actuar con rapidez y firmeza” y prefiere “resolver ese asunto de forma bilateral, por sus propios medios, con una respuesta pragmática que quizá con Frontex puede ser algo más difícil”.

La presión migratoria va al alza en el Mediterráneo occidental, pero está muy, muy lejos de los guarismos de hace un lustro, con la crisis de los refugiados procedentes de Siria. En lo que va de año las entradas estaban por debajo de 10.000 a mediados de mayo, un 42% por encima del mismo periodo del año pasado, aunque el episodio ceutí disparará los números con toda seguridad. Canarias era hasta ahora el principal agujero de las costas españolas, precisamente porque el control de Marruecos en esas aguas es inferior al ejercido en el Estrecho y en Ceuta y Melilla. Europa ha ido danzando con sucesivas crisis desde el crash de Lehman Brothers, pero la migratoria dejó huella en el viejo continente, con varios partidos con altos niveles de testosterona populista que no han dudado en hablar de una “avalancha migratoria” que no se refleja en las estadísticas. Mucho menos aún en las costas españolas: ni siquiera después de Ceuta las entradas se acercan a las del Mediterráneo central o los Balcanes, y están en línea con los números del Egeo, en el Mediterráneo oriental.

Negativa española

Las relaciones entre Frontex y España siempre han sido tensas. A principios de año, la agencia europea amagó con suspender su actividad en el Estrecho y Canarias. Para 2021, Frontex reclamaba a España mayor control sobre la inteligencia y el acceso a los datos de carácter personal en las fronteras españolas, competencias en materia de investigaciones transfronterizas (como las mafias de narcotráfico internacional) o el despliegue sobre el terreno del nuevo cuerpo de agentes europeos, un personal armado de cuya profesionalidad recelan las policías españolas. Esa propuesta no gustaba en Madrid, que se resiste a entregar soberanía. El conflicto Frontex-España “estallará cuando haya una desgracia”, decía en febrero un mando de las fuerzas de seguridad española.

Puede que ese momento haya llegado o esté a punto de llegar. España sigue sin ver la necesidad de incorporar a efectivos de Frontex en los operativos que luchan contra las mafias de tráfico de personas, según las fuentes consultadas. Interior tenía previsto contestar a finales de la tarde de este viernes. Y considera que el marco legislativo impide a la agencia “desplegarse en suelo de terceros países para ejercer labores preventivas”, que es lo que España necesita. Además, el ministerio que dirige Grande-Marlaska añade que el despliegue de los agentes de Frontex en Ceuta “hubiera llegado cuando la situación está en vías de solución”, según las mismas fuentes.

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La Comisión recuerda que el país africano se ha convertido en los últimos años en un socio privilegiado de la UE, con una asistencia financiera por diferentes vías que supera los 13.000 millones de euros desde 2007. Rabat, además, aspira a un incremento de ese flujo financiero aprovechando que en los nuevos presupuestos de la UE para 2021-2027 se ha incluido un instrumento de apoyo dotado con 79.500 millones de euros, del que casi una cuarta parte será para los países vecinos de la UE, más un colchón de 9.500 millones para intervenciones de emergencia.

Fuentes de la Comisión Europea indican que ya se ha advertido a Rabat de que la repetición de episodios como los de esta semana en la frontera con Ceuta no sería un buen negocio para Marruecos. La dura reacción europea obedece a la nueva estrategia comunitaria para la gestión de los flujos migratorios, que pretende ligar la cooperación con terceros países a compromisos en el control de fronteras. El desafío marroquí ha coincidido con ese endurecimiento y ha provocado una reacción europea que probablemente Rabat no había calculado de manera precisa.

“Los países terceros, de origen y de tránsito [de la migración], tienen que entender que para nosotros la migración será central en nuestras relaciones de partenariado en los años que viene”, recalcó el miércoles el vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas, en referencia a la crisis entre España y Marruecos, durante una intervención en el Parlamento Europeo.

La advertencia de Schinas remata el aluvión de pronunciamientos de las autoridades comunitarias en apoyo de España ante la crisis migratoria ceutí. “Las fronteras españolas son fronteras europeas”, han repetido el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, o la presidenta de la Comisión, la alemana Ursula Von der Leyen. Y varios comisarios europeos han hablado ya con las autoridades marroquíes para encauzar la crisis.

Compromiso reciente

Rabat se comprometió hace dos semanas, en una conferencia organizada por Portugal, a colaborar con las autoridades europeas para evitar que los flujos migratorios aumenten cuando la pandemia empiece a mejorar. Hace un mes hubo un segundo contacto bilateral entre Bruselas y el país africano en el que las autoridades marroquíes lanzaron el mismo mensaje de tranquilidad. Pero la crisis en Ceuta ha encendido todas las alarmas. Las fuentes consultadas en las instituciones temen las consecuencias de la acogida de Gali por parte de España, así como el recorrido judicial de las causas abiertas contra el líder del Polisario en la Audiencia Nacional.

Por ese lado se impone un silencio hermético, pese a que España confía en que Alemania se alinee claramente a su favor. Por el lado migratorio, en cambio, Bruselas ha sido meridianamente clara: “Europa no aceptará chantajes”, ha avisado el vicepresidente Schinas en las últimas horas. Y la Comisión lanza ahora esa advertencia respecto a los futuros paquetes de ayudas europeos si se reproducen ese tipo de episodios.

“La instrumentalización de los refugiados para obtener concesiones no es nueva, pero abre un escenario preocupante, en pleno debate sobre el sistema de asilo y con el pacto con Turquía a punto de renovarse. El sistema diseñado por la UE, que se basa en externalizar en parte las fronteras en países como Marruecos y Turquía, es propenso al chantaje”, según el análisis del think tank Eurointelligence. “Las tensiones entre Marruecos y España difícilmente terminarán provocando una crisis”, añade Ahmed Morsi, analista de Eurasia Group, “pero a medio plazo pueden resurgir las tensiones, después de que Rabat se haya envalentonado tras el reconocimiento de Trump de su control sobre el Sáhara”.

El precedente de Turquía

Marruecos parece intentar repetir la jugada de Turquía. Hace ya un lustro, unos cinco millones de sirios cruzaron tierras turcas camino de Europa, huyendo de la guerra. Ante la dimensión de la crisis de refugiados, la UE llegó a un polémico acuerdo con Recen Tayyip Erdogan que redujo la presión sobre las fronteras europeas a cambio de 3.000 millones de euros en ayudas para el mantenimiento de los refugiados en suelo turco. Al igual que en su día Muammar Gaddafi, Erdogan ha amenazado en diversas ocasiones con abrir las puertas a los refugiados para que sigan camino hacia Europa, con el objetivo de aumentar la factura de la UE.

Rabat ha expresado su malestar por el hecho de que España acogiera al líder del Frente Polisario Brahim Gali, pero de paso está presionando para sacar adelante un acuerdo similar al de Turquía, sostienen las fuentes consultadas. En los grandes países europeos, sin embargo, no hay ningún tipo de apetito por abrir ese melón. “No hay consenso político para un acuerdo Turquía 2. Los gobiernos europeos no tienen ahora mismo la fuerza suficiente: el de Turquía es un pacto que ha funcionado relativamente bien, pero fue y es un acuerdo muy controvertido”, explica una fuente diplomática. “Marruecos tendrá que pensar si le conviene repetir ese episodio tras la efectiva reacción española y el inequívoco apoyo europeo hacia España, pero no se puede descartar un nuevo episodio antes del verano”, según las mismas fuentes.

Bruselas ha ofrecido todo tipo de ayuda a España e incluso propone una visita de Margaritis Schinas a Ceuta. Pero por ahora La Moncloa prefiere gestionar la crisis en solitario, con las declaraciones de apoyo europeas que se han repetido estos días. Como en el caso de Canarias, España no quiere de momento a agentes de Frontex en sus aguas.

La Comisión, además, cree que el episodio de Ceuta, como los anteriores en las islas españolas, en aguas griegas y en Lampedusa, dejan clara la necesidad de renovar el pacto migratorio de la UE, empantanado por las divergencias entre el Sur, el Norte y el Este de Europa. La propuesta de Bruselas no gusta a los socios del Este porque exige demasiada solidaridad, ni a los países del Mediterráneo, que estiman que la solidaridad se queda muy corta. “Ese acuerdo migratorio va a ser tan difícil como lo fue introducir la moneda única”, indican fuentes de una de las grandes cancillerías europeas.

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”A largo plazo, todos muertos”, decía hace un siglo el economista John M. Keynes, que sin embargo nunca dejó de preguntarse por Las posibilidades económicas de nuestros nietos, título de un ensayo con plena vigencia en medio de la hipercrisis actual. Conmocionado por la aplastante victoria del PP en Madrid y mil y una veces acusado de cortoplacismo, el Ejecutivo de Sánchez presenta esta semana una especie de expedición al horizonte, el informe España 2050, para el que ha contado con 103 expertos de todas las disciplinas durante más de un año con la intención de tratar de pensar en el vaporoso largo plazo. No es verdad que el mundo y España vayan irremediablemente a peor, viene a decir el informe, y no tienen por qué ser inmutables esos aires noventayochistas sobre la imposibilidad de llegar a consensos en asuntos clave. La parte más económica del estudio, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, deja una conclusión adicional: pese a la sucesión de crisis recientes, España está en condiciones de volver a acercarse en renta per cápita a los países más avanzados si hace los deberes y logra salir del círculo vicioso que dejan la pandemia y los desafíos más acuciantes.

La economía española despegó hace 30 años a partir de los Pactos de La Moncloa: la renta por habitante era de apenas 16.000 euros en 1980 y se ha duplicado hasta los 30.700 euros de hoy. Pero la Gran Recesión y el Gran Confinamiento dejan feas cicatrices. España “no ha conseguido reducir sustancialmente la brecha de renta que mantiene con las economías más avanzadas de la UE” en los últimos tiempos, según el informe. Las crisis dejan más huella en España que en otras economías: la principal causa es “la baja productividad”, un secreto a voces que queda retratado en ese trabajo. Esa inmensa laguna guarda relación “con los bajos salarios, las largas jornadas laborales o la falta de competitividad de muchas empresas”. El envejecimiento de la población viene a agravar la situación: el informe estima que, sin cambios de calado, el PIB español podría crecer entre el 0,3% y el 1,1% anual entre 2023 y 2050. Eso alejaría a la economía española de las más avanzadas y agravaría problemas “como el paro o la desigualdad”, pese a que España figura ya en el furgón de cola en esos indicadores.

Para evitar ese escenario, el informe aboga por una apuesta decidida por la productividad: educación, I+D, digitalización, transición ecológica, aumento del tamaño de las empresas, lucha contra la economía sumergida (que se estima en el 17%) y demás sospechosos habituales son las medidas más necesarias. Los expertos reclaman también elevar la tasa de empleo (número de ocupados respecto a las personas que quieren trabajar) desde el actual 62% hasta el 80% en 2050, con incentivos para retrasar la edad de jubilación y con la vista puesta en colectivos como jóvenes, mujeres e inmigrantes. En las tres últimas décadas, Alemania y los escandinavos han conseguido elevar su productividad un 50% sin comprometer su nivel de empleo. Si España logra algo parecido, la velocidad de crucero del PIB se irá a crecimientos anuales del 1,5% y permitiría la ansiada convergencia.

Escenario posterior a 2023

El informe cifra la brecha en renta per cápita entre España y las ocho economías europeas más avanzadas en el 21%: los poco más de 30.000 euros de PIB per cápita españoles palidecen ante los 39.000 de esos ocho países. Sin reformas de calado, esa brecha se iría al 27% en 2050; con ellas quedaría reducida a un 10%.

Pero antes de llegar al medio y largo plazo hay que lidiar con el correoso corto plazo. España ha sufrido más que otros países con la covid por el elevado peso de los sectores más vulnerables a la pandemia. Y el Ejecutivo no prevé recuperar hasta 2023 los niveles precrisis, si bien los fondos europeos podrían acelerar la recuperación. Más allá de ese año, los expertos reclaman “consensos” para ejecutar con éxito “cambios de calado que corrijan las carencias estructurales” de la economía. En otras palabras: reformas pactadas, algo nada fácil con los niveles actuales de testosterona política.

A la corta, los planes de La Moncloa tras el fiasco de Madrid pasan por recuperar iniciativa de la mano de las vacunas y la incipiente recuperación. A medio plazo, la llegada de los 140.000 millones europeos exigirá las primeras reformas: las más importantes son la laboral, la de pensiones y la fiscal, que se aprobarán a caballo entre 2021 y 2022. España 2050 se centra en los escenarios posteriores a 2023. Y está dividido en 10 trabajos: el primero es el citado Ser más productivos para crecer mejor, que prevé crecimientos del 1,5% anuales si España consigue elevar la productividad. Hay también capítulos sobre el mercado laboral (relacionado con los riesgos y oportunidades de la revolución tecnológica); el modelo territorial, con propuestas sobre la distribución de la población y la actividad económica; el cambio climático; los retos asociados a la longevidad en salud, pensiones y mercado laboral; dos capítulos sobre el capital humano; un análisis de la pobreza y la desigualdad, y un último trabajo sobre el bienestar.

Las conclusiones finales se han ido retrasando por el intenso debate entre los socios de Gobierno en los asuntos más polémicos, pero las fuentes consultadas apuntan que los 103 expertos reclutados por la Oficina de Prospectiva de La Moncloa avalan el resultado final con ese lejano horizonte a 30 años.

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Las grandes pandemias dejan un escenario de pesadilla, pero la historia sugiere que inmediatamente después suelen llegar tiempos interesantes. Rebotes económicos vertiginosos cuando las incertidumbres se desvanecen y la gente empieza a gastar. Destrucción creativa: empresas y sectores capaces de identificar nuevas oportunidades. Y riesgos políticos: a la gripe española le sucedieron los felices años veinte, pero después la llegada al poder de fascismos, comunismos y el resto de demonios del siglo XX. Las economías occidentales acaban de entrar en la primera fase, la del rebote tras el drama que dejaron la covid y el Gran Confinamiento. España llega un poco más tarde a esa ola, pero finalmente el rebote ya ha empezado, a juzgar por un buen puñado de indicadores que reflejan un cambio en el estado de ánimo de los agentes económicos.

Hay que hacerles preguntas a los datos. Y el carisma frío de las estadísticas demuestra que el rebote está ahí, en al menos media docena de cifras. Una: el empleo efectivo —la afiliación total a la Seguridad Social menos los ERTE y los autónomos con prestación— caía hasta febrero, pero empezó a recuperarse en marzo y creció con fuerza en abril, en casi 70.000 personas; el mercado de trabajo ha mostrado mucha más resistencia que en crisis anteriores. Dos: los indicadores de confianza mejoran tanto en el sector industrial como —lo más importante— en los servicios, con los denominados PMI en máximos de los dos últimos años. Tres: el consumo empieza a mejorar, por ejemplo en los datos de pagos con tarjeta. Cuatro: la industria ha despegado, como muestran los índices de producción industrial, el consumo energético o el consumo de cemento. Cinco: incluso los servicios empiezan a recuperar las constantes vitales, según las primeras estimaciones de reservas hoteleras. Y seis: casi todos esos números se resumen en uno solo, la aceleración de las cifras de vacunación y su correlato en forma de menos contagios, fallecidos y ocupación de camas hospitalarias por covid.

”La recuperación” de la economía española “va a comenzar en la segunda mitad del año”, indicó este lunes en A Coruña la vicepresidenta Nadia Calviño. Economía acaba de rebajar la previsión de crecimiento para el conjunto del año, a la vista de un primer trimestre en negativo, con una caída del PIB del 0,5% por la tercera ola y las medidas restrictivas para frenar los contagios. El fuerte ritmo de vacunación ha cambiado esa pauta. El segundo trimestre puede terminar ya en positivo, y la remontada puede haber empezado ya a juzgar por una serie de datos que monitorizan tanto el Ministerio de Economía como el Banco de España: los primeros signos se dejaron ver en marzo y se han consolidado y extendido en abril. “Las cosas van a mejor y lo normal es que el crecimiento se acelere paulatinamente a medida que avance el año, siempre en función de las vacunas y de que el virus no dé nuevos disgustos”, afirma Óscar Arce, economista jefe del Banco de España. “El riesgo a la corta era el ritmo de vacunación; de cara al verano la clave es salvar la temporada turística, y para final de año será importante la ejecución de los fondos europeos. Las principales incertidumbres a finales del año pasado en el ámbito internacional se están despejando en el sentido positivo, lo cual también beneficia a la economía española. Pero me temo que bajar la guardia sería un error”, añade Arce.

Las previsiones son espejismos organizados y con la sacudida que ha provocado la pandemia hacer pronósticos se convierte en una especie de precaria expedición al horizonte. Pero los economistas españoles miran hacia países que van más avanzados en la vacunación —Israel, Reino Unido, EE UU— para vislumbrar qué puede suceder. Lo normal, cuando se reduzca la incertidumbre, es que todo el ahorro embalsado —tres puntos de PIB en el caso de las familias, y miles de millones de euros adicionales en las empresas— acabe impulsando paulatinamente el consumo privado y la inversión, en función de ese animal económico tan escurridizo que son las expectativas. “Los indicadores adelantados ofrecen las primeras buenas noticias por el lado del consumo, y lo normal sería que el PIB fuera ganando velocidad para terminar el año alrededor del 6%. Da la sensación de que hemos dejado atrás lo peor. Pero aún hay mucha incertidumbre, en especial con la temporada turística y mercados como el británico. Si eso se despeja podemos ver un chute de expectativas muy positivo, pero para ello lo fundamental son las vacunas y los contagios”, asegura Ángel Talavera, de Oxford Economics.

Las decisiones en los principales mercados emisores para viajar este verano se van a tomar en las próximas semanas: España haría bien en mantener las cosas bajo control porque la temporada de verano es capital para una economía que concentra el 12% del PIB en ese sector. “El rebote ya está ahí, pero la recuperación aún hay que trabajársela, y el verano turístico va a ser fundamental”, concluye Carlos Martínez Mongay, ex director general adjunto de la Comisión Europea.

Bruselas y Fráncfort

Hay dos grandes diferencias entre el Gran Confinamiento y la Gran Recesión u otras crisis del pasado. Por un lado, el mercado laboral ha aguantado mucho mejor esta vez, por la introducción de elementos de flexibilidad como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Por otro, hace 10 años, la austeridad patrocinada por Berlín y Bruselas hizo mucho daño a economías como la española, y el BCE no estuvo a la altura hasta bien entrada la crisis del euro; en esta ocasión Europa no ha cometido errores de trazo grueso. Sin embargo, y aun con el rebote ya en marcha, el camino por delante es el equivalente a las etapas alpinas en el Tour: ”Bruselas tiene que tomar decisiones sobre las reglas fiscales, y el BCE debe aclarar qué va a hacer a partir de primavera. Pero España debe minimizar además los riesgos políticos para dar las señales adecuadas a los agentes económicos. Hace falta consenso para las reformas. Y hay que aclarar los apoyos del Gobierno para ejecutar el plan de recuperación con garantías”, añade Mongay.

El Gobierno logró aprobar los Presupuestos hace unos meses y con ello La Moncloa auguraba una legislatura larga y relativamente apacible. Las sucesivas olas de contagio y el enorme ruido político desmintieron pronto esa posibilidad. La moción de censura en Murcia y el dominó político que ha terminado con la mayoría aplastante de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid han generado cierto nerviosismo en las filas de la coalición de Gobierno. El presidente Pedro Sánchez confía en los dos próximos años de fuerte recuperación para recuperar la iniciativa, pero los analistas no las tienen todas consigo. “El rebote ya ha empezado, y eso puede generar confianza. Pero la pasividad del Gobierno en relación con el turismo y con las ayudas a las empresas, en un escenario en el que decenas de miles de empresarios pueden verse obligados a cerrar la persiana, ha retrasado la recuperación. Y los niveles de PIB precrisis no van a recuperarse hasta finales de 2022 o 2023. Veo muchas, muchas dudas en el Ejecutivo”, critica Juan Ignacio Crespo.

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El Plan de Estabilización que sacó a España del siglo XIX en 1959 tenía tres estupendas páginas; en plena dictadura, los españoles abrazaron ese escueto proyecto, destinado a sacar al país de la autarquía. La entrada en la UE, a mediados de los ochenta, se resolvió con 685 folios de BOE que trasponían de un plumazo toda la legislación comunitaria: la ciudadanía respondió al consenso político general y años después hizo suyo algo tan retorcido como el concepto de “convergencia nominal”; los españoles asumieron que demasiada inflación y demasiado déficit les podían dejar fuera de Europa, la última utopía factible.

El nuevo plan de recuperación, llamado a protagonizar la tercera gran etapa de modernización en 60 años, tiene la friolera de 2.000 páginas: el mundo de hoy es más complejo que el de 1986 y el de 1959. Ese esquema, según el análisis compartido por los expertos de Calviño, permite responder al tremendo impacto de la pandemia y pone las luces largas en un país que suele pecar de cortoplacismo. Pero queda lo más delicado: los expertos exigen a Gobierno y oposición que la política no sea un freno para desarrollar el potencial de ese ambicioso plan. Y subrayan que solo funcionará si el país lo hace suyo de arriba abajo: de las empresas a los sindicatos, del establishment a las familias. “La política española lleva demasiado tiempo causando más problemas de los que debería: sería una decepción que en este ahora o nunca la política volviera a ser un lastre”, resume la socióloga Belén Barreiro.

Lo bueno

El plan presenta dos centenares de proyectos y reformas para gastar 140.000 millones. “Es un resumen de lo que ha parido la academia en los últimos 15 años y maneja el arte de lo políticamente posible”, apunta el economista Ángel Ubide como panorámica general. “Esta es una crisis con muy mala pinta y el plan es una especie de despertador, un revulsivo para hacer las reformas que necesitamos, por primera vez con dinero para compensar a los perdedores de esas reformas”, afirma Emilio Ontiveros, de la consultora AFI.

Hace 10 años, Europa exigía recortes; ahora el objetivo es cambiar el perfil de la economía española. José Juan Ruiz, del Real Instituto Elcano, lo define como “un trabajo técnico, diplomático y político de gran nivel en el que está lo que tenía que estar, y en el que puede que lo mejor es lo que se ha evitado que esté”. “Por primera vez en mucho tiempo hay una guía, una visión de hacia dónde queremos avanzar, un buen análisis de lo que nos pasa y de lo que necesitamos”, dice el consultor José Moisés Martín Carretero. También por primera vez “tenemos la oportunidad de pensar, con la intención de resolver, los grandes problemas de la economía española”, afirma Matilde Mas, del IVIE. “Es una apuesta por un proyecto de país”, añade Natalia Fabra, de la Carlos III.

Las dudas

Los expertos piden un pacto de Estado para ejecutarlo a la máxima velocidad y sin sobresaltos. Pero las 15 fuentes consultadas sospechan que la política española no está para esos trotes. “A España le falta optimismo y relato, y eso lo hace todo más difícil”, opina Ruiz.

“Nos jugamos transformar la economía o quedarnos como estábamos: cualquier partido que aspire a gobernar debería estar empujando”, critica Fabra. Alicia García Herrero, de Natixis, pide explícitamente “un pacto de Estado”, y Raymond Torres, de Funcas, reclama al Ejecutivo “que se abra a negociar” y al PP, “que no se instale en una negativa recalcitrante”. Para Ignacio Conde-Ruiz, de la Complutense, “deberíamos ponernos de acuerdo en cuatro cosas imprescindibles, y todas están en el plan. Fallar ahora es perder un tren que no volverá a pasar. La política debería restar incertidumbre, no añadir problemas a la lasaña de complejidades que debemos afrontar”.

Lo malo

La ejecución es lo que más dudas genera: “¿Está la Administración preparada para gestionar en tiempo y forma ese volumen de fondos?”, se pregunta Sara de la Rica, de Iseak. El economista Federico Steinberg apunta también que el plan “es un examen definitivo a la capacidad de la Administración”. A Diego Puga le preocupa que la necesidad de forjar consensos diluya “la ambición reformista, en especial para corregir las desigualdades intergeneracionales”. Martín Carretero critica que el Ejecutivo no haya incorporado más a las autonomías: “Falta diálogo con las comunidades, con los partidos, con la sociedad civil… Y ahí ha sobrado tacticismo y cortoplacismo en La Moncloa”. Sin embargo, Isabel Álvarez todavía ve margen para la participación desde abajo a través de consultas públicas: “Un buen número de propuestas están muy desarrolladas, pero alguna no lo está tanto”.

Coda: timing, transparencia y Sánchez Albornoz

La política económica española no es solo ese plan: tiene dos palancas adicionales, los Presupuestos y los fondos estructurales, para subsanar los problemas que vayan apareciendo. Pero algunos expertos se lamentan de los posibles problemas de calendario. Raymond Torres lanza un dardo cargado de veneno: “El timing del plan no es el mejor”. “Los fondos debían haberse adelantado a un primer trimestre malo, pero van a llegar cuando la economía ya esté rebotando: mal hecho. Y las reformas más difíciles habrá que cerrarlas cuando la legislatura esté expirando. Buena parte de ese calendario minado es culpa de Bruselas, pero da que pensar que España encare todas las crisis a contrapié”.

La transparencia tampoco ha sido la mejor virtud de Economía y La Moncloa mientras el plan se fraguaba, pero los asesores externos de Calviño aplauden el resultado final. “Incluso lo que se ha evitado que esté, el detalle sobre las reformas principales —laboral, pensiones y fiscal—, es un acierto porque quedan abiertas al consenso con los agentes sociales y de los pactos en el Parlamento”, desliza Ruiz.

El clima político de los próximos tiempos dependerá de esa negociación: la economía española está sobrediagnosticada y todo el mundo parece saber qué hacer, pero nadie ha conseguido ponerle el cascabel a ese gato. Claudio Sánchez Albornoz decía en 1960 que España era tan dual como un siglo antes: 60 años después, ese talón de Aquiles (con la enorme brecha entre contratos fijos y temporales) sigue ahí. “La calidad de las reformas más polémicas dependerá de nuestro talento político, pero el plan incluye esta vez un equilibrio interesante entre reformas e inversiones, algo que no hemos visto antes. Los técnicos han hecho un trabajo impresionante. Ahora le toca a la política estar a la altura”, concluye Barreiro.

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Las negociaciones con Mercosur se cerraron a mediados de 2019, coronando un proceso que se dilató más de 20 años. Ese pacto, el mayor alcanzado nunca por Europa, daría acceso a un mercado de 265 millones de personas e implicaría la reducción gradual del 90% de las barreras arancelarias en un plazo de 10 años, en una señal política de primera magnitud hacia la región si se suma a la actualización de los acuerdos con México y Chile. Pero ese golpe de mano diplomático, en medio de la tensión entre EE UU y China, no termina de abrocharse: el pacto con Mercosur sigue bloqueado por países como Francia, que disfraza con excusas medioambientales su proteccionismo agrícola, y por las reticencias de un grupo de países entre los que figuran Austria, Países Bajos, Bélgica e Irlanda. Alemania es más favorable, aunque la canciller Angela Merkel deslizó en su día “serias dudas” al respecto por asuntos como la deforestación de la Amazonia. Los acuerdos con México y Chile siguen empantanados por cuestiones técnicas, aunque también hay ciertas reservas políticas en el caso de México.

La pieza de caza mayor es Mercosur, y España pone el acento en ese pacto en la misiva. Los Gobiernos con más sensibilidad verde, como Austria, no ven con buenos ojos el acuerdo, en especial por la falta de sensibilidad medioambiental del Brasil de Jair Bolsonaro. España pretende que la Unión desencalle el acuerdo (con un impacto sobre el PIB de 15.000 millones de euros para 2032) a lo largo de este año, con la presidencia portuguesa de la UE. Para salvar las resistencias, Sánchez pide a Von der Leyen “una propuesta concreta” en el capítulo de desarrollo sostenible, y argumenta la “predisposición” de Mercosur en esa materia. Los vicepresidentes comunitarios Frans Timmermans, por el lado verde, y Valdis Dombrovskis, por el flanco comercial, preparan una propuesta que sea aceptable por los Veintisiete, y que podría incluir una cláusula de suspensión del acuerdo por cuestiones medioambientales. Pero las urgencias de España contrastan con el laconismo de otros países, como Francia, que presionan a Bruselas para que retrase esa propuesta.

Calendario electoral

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, viaja esta semana a Brasil con ese acuerdo entre ceja y ceja. Pero tampoco el calendario electoral (Alemania en septiembre y legislativas en Francia unos meses más adelante) favorecen ese acelerón que pretende la diplomacia española. Sería “un grave error” desaprovechar la presidencia portuguesa, a juicio de España: posteriormente llegan varias presidencias del Este, con otras prioridades, mientras que Lisboa se alinea a la perfección con Madrid en ese asunto.

La propuesta española permitiría desencallar el acuerdo sin necesidad de reabrirlo, según las fuentes consultadas. Pero las dinámicas europeas son endiabladas: la UE llegó al acuerdo político con con Mercosur en junio de 2019, hace ya casi dos años, pero las resistencias de varios países para cerrar ese trato son notables. El texto está en el periodo de revisión jurídica y de traducción a las 24 lenguas de la Unión; después debería ser ratificado por el Parlamento Europeo, y por los parlamentos nacionales de ambos lados del Atlántico. Pero antes hay que vencer las señales negativas que emergen de varias capitales. España, Portugal y los nórdicos son los más favorables, pero el frente formado por Francia, Austria, Países Bajos, Bélgica e Irlanda, junto con una Alemania en vísperas de elecciones —y con los Verdes disparados en las encuestas—, dificultan una actitud más asertiva.

La ofensiva española va más allá de Mercosur, con la vista puesta en estrechar lazos entre Europa y una región muy golpeada por la covid-19 y en plena efervescencia social y política. España pretende acelerar también el acuerdo global de modernización con México, que consta de tres patas: comercial, de inversiones y política. Europa es el tercer socio comercial de México y el segundo inversor exterior. Pero la actualización del acuerdo presenta dificultades: el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no genera en Bruselas los mismos recelos que el de Bolsonaro, pero la involución en sectores como el medio ambiente y las energías verdes también han encendido las alarmas. Europa ha incluido cláusulas relativas a transparencia y corrupción, y quiere vigilar de cerca asuntos como materias primas, energía y desarrollo sostenible.

Sánchez exige a Von der Leyen que el pacto esté listo “en los próximos meses”, pese a las dificultades “técnicas”; las fuentes consultadas en Bruselas incluyen corrientes más de fondo, más políticas. España pretende circunvalar esos problemas ratificando uno a uno los pactos político, comercial y de cooperación, para conseguir de esa manera que la negativa de algún país haga descarrilar el pacto: el comercio es competencia europea y la ratificación del Parlamento Europeo bastaría para activar esa parte, aunque México prefiere una sola ratificación del acuerdo general.

La Comisión Europea se marcó como prioridad finiquitar Mercosur y México este año: en el caso de Chile, la carta de Sánchez no fija plazos y se limita a reclamar que las “dificultades” para activarlo se solucionen “pronto”. Europa no ve en Chile los potenciales problemas que suponen Brasil en el Mercosur y México, pero Bruselas tampoco tiene prisa en este caso a pesar de los llamamientos de Sánchez a meter una marcha más para apuntalar la “autonomía estratégica” europea.

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“Lo más seguro es que quién sabe”, dice un proverbio caribeño, pero una decena de politólogos y sociólogos tratan de responder a esas cuestiones en esta pieza. La respuesta corta es sí: el cordón sanitario es lícito; para gobernar hay que forjar alianzas, y dejar a un partido fuera de las coaliciones no supone traspasar ninguna línea roja. Pero la verdad, si es que existe ese bicho, es que la respuesta larga es más matizada: hay varios casos que atestiguan que esa medida tan radical puede acabar condenando a la irrelevancia a los ultras; pero también hay ejemplos que demuestran que ese invento tan francés del cordon sanitaire puede acabar teniendo efectos nocivos.

El politólogo Cas Mudde ofrece un sí salpicado de peros. “No creo que sea posible aislar completamente a la extrema derecha, porque sus ideas están ya en el corazón de muchas sociedades. Bélgica, Francia y Alemania lo han conseguido en distintas fases, pero no han podido evitar que esas ideas calen hondo. Los partidos mayoritarios deben esforzarse en combatir las propuestas ultras, pero en función del contexto político las alianzas también son posibles”. El PP, dice Mudde, está más cerca de Vox que del PSOE en muchos asuntos; si no hay cordón, Díaz Ayuso “debería establecer límites muy claros en esa coalición”.

Aclarar los límites del PP madrileño no parece tarea fácil. “Pactar con Vox no sería el fin del mundo”, ha repetido Díaz Ayuso durante la campaña. Y puede que el fin del mundo esté lejos, pero la democracia “está en peligro cuando la clase política no aísla a los extremistas”, afirma Camino Mortera, del Centro para la Reforma Europea. “España llegó tarde a la fiesta del populismo, pero parece que nos hemos sacudido de golpe los complejos políticos equivocados”, remacha, para recordar que los cordones sanitarios pueden funcionar, tal vez, “en países menos propensos al drama”. El profesor Ignacio Sánchez-Cuenca es partidario de acordonar a la extrema derecha sin miramientos. “Hay que debatir con ellos, en televisión y en el Parlamento: sería una perversión política hacerles el vacío cuando tienen miles de votos. Pero no hay que permitir que entren en gobiernos y socaven las instituciones”. “En España eso se ve como un tabú democrático, pero con nuestro sistema ser el primer partido no implica gobernar: hay que formar alianzas, y ahí es preferible que no estén los ultras. Si son irrelevantes en la formación de gobierno es más fácil que pierdan pie”. Sánchez-Cuenca cree que eso implica que la izquierda permita gobernar a Ayuso con sus votos. “Pero me temo que el dilema no está en la izquierda, sino en la derecha”, prosigue. “El centroderecha puede hacer como Angela Merkel en Alemania, rechazar a los ultras porque son una bomba nuclear, o como parece tener la tentación de hacer el PP en Madrid, decir que son unos chicos un poco gamberros pero que no es para tanto”, critica.

Steven Levitsky, profesor en Harvard, ironiza: “Si los politólogos tuviéramos una respuesta cristalina a esa pregunta, tendríamos trabajos mucho mejor pagados: me temo que Europa no ha encontrado aún la salida a ese laberinto de cómo aislar a los ultras”. Ken Roberts, profesor de Cornell, ve ventajas en los cordones “sobre todo si se hacen a partidos que no respetan las reglas del juego y pueden acabar destrozando la democracia desde un gobierno”. Pero nada es sencillo en las procelosas aguas de la política. Nicolas Sarkozy rechazaba las coaliciones con esos partidos y descartaba cualquier concesión a sus demandas, pero al mismo tiempo copiaba sus políticas de inmigración y convirtió a su propio partido en un Frente Nacional light. Hay todavía un segundo efecto nocivo: “Al aislarlos se convierten en única alternativa al establishment, se alimenta esa pulsión antisistema que les da tantos votos”, afirma Roberts. El partido abiertamente racista Vlaams Belang, tan hospitalario con el expresident Carles Puigdemont en la Bélgica flamenca, resumía esa cartelización de la política con un lema: “Uno contra todos y todos contra uno”.

¿Y si hubiera soluciones más sutiles pero a la larga mejores? Jean-Yves Camus, investigador de la Fundación Jean Jaurès, apunta que la estrategia más eficaz es doble: “Los conservadores deben abstenerse de usar el lenguaje y las ideas de los ultras, y la izquierda tiene que esforzarse por dar respuestas precisas y argumentadas a los temas que plantean sobre identidad nacional, inmigración, globalización… Esas respuestas de los partidos mayoritarios no pueden ser una copia al carboncillo de las de los populistas”. La cobardía del ejemplo suele ayudar en estos casos: el cartel supuestamente publicitario de Vox (“un mena [menor no acompañado], 4.700 euros al mes; tu abuela, 426 euros”) es absolutamente falso. Pero no basta con demostrarlo con datos: los partidos deberían recordar a los electores que las propuestas de Vox pasan por privatizar el sistema de pensiones. Más allá de las moralinas y de llevarse las manos a la cabeza, casi nadie ha hecho eso en Madrid.

Guillermo Fernández, investigador de la Complutense, lleva años estudiando el caso francés. Y subraya el error que supone atacar a los ultras desde un punto de vista moral: “Los partidos tradicionales responden a las barbaridades que proponen los extremistas desde claves morales. Demonizarlos no ayuda: los populistas le dan la vuelta al argumento y atacan la supuesta superioridad moral de los partidos tradicionales. Lo que hay que hacer es ir a los debates y preguntarles por sus posiciones políticas, por su gestión cuando la ha habido. Cuando eso sucede dejan de parecer iluminados”. Desafortunadamente, Abascal y compañía ponen el capote de la hipérbole y los partidos de izquierda y centroderecha meten la testuz. Fernández sí es partidario del cordón sanitario. “Pero sería más interesante que el PP no comprara ese marco del nacionalismo español, que ha salido del armario como respuesta a los excesos del procés y que acaba blanqueando a Vox”. También Sánchez-Cuenca, autor de un libro al respecto (La confusión nacional), cree que Vox es “básicamente, un partido nacionalista español, neoliberal en lo económico y ultraconservador en lo demás” que surge como reacción a los años duros del desafío independentista. “El PP logró mantener dentro a la extrema derecha durante años. Pero cuando el desafío catalán fue a más, los más radicales explotaron con habilidad —aquello de la derechita cobarde— el enorme cabreo en varias capas del partido con Mariano Rajoy, que a su juicio estaba siendo demasiado blando”, señala.

El 99% de los manuales firmados por politólogos hasta hace un lustro explicaban estupendamente las razones de por qué en España era impensable un partido de ultraderecha. Por el sistema electoral. Por el talento del PP para aglutinar a todas las derechas. Por la falta de espacio: con los ejes derecha-izquierda y centro-periferia no parecía haber sitio para la dicotomía nacionalismo xenófobo-sociedad abierta y multicultural. Todo eso saltó por los aires cuando Vox irrumpió en el Parlamento andaluz. El diplomático José María Ridao va más atrás en el tiempo para dar una explicación a ese fenómeno: “El PSOE gana las elecciones en 1982 con un programa socialdemócrata, y con el capital político de haber sido decisivo en la Transición; el PP ganará en 1996 más por el desgaste del PSOE que por sus aportaciones al orden constitucional. El PSOE había renunciado al marxismo; el PP nunca rompió del todo con el pasado, y jamás ha contribuido a forjar el imaginario constitucional. Mientras está en el poder, le basta con el independentismo y ETA para mantener dentro del partido a las distintas corrientes. Pero cuando pierde el poder el PP termina rompiéndose: de ahí sale Vox, al que le basta con sacar la bandera del nacionalismo español”. Ese origen hace que al PP le sea tremendamente difícil aceptar un cordón sanitario para Vox, concluye Ridao: “El único factor de estabilidad es, una vez más, Europa. Mientras los ultras sigan sin ganar en Alemania y Francia, no hay forma de que esa fórmula prospere: los líderes ultras de Europa del este son muy marginales y la victoria de Joe Biden puede achicar ese espacio”.

¿Trae Biden la posibilidad de un momento pospopulista? “En absoluto”, dispara Alain de Benoist, pope intelectual de la llamada nueva derecha. “Los experimentos populistas terminarán bien o mal, pero no van a desaparecer. La razón es simple: las causas del populismo (descrédito de la clase política, crisis de la democracia liberal, precarización, patologías sociales relacionadas con la inmigración) están hoy más presentes que nunca en la cabeza de los europeos”, subraya. La fotografía actual del populismo de extrema derecha presenta claroscuros: mientras en algunos países va claramente a la baja (AfD en Alemania, Liga en Italia), en otros se mantiene o crece: la covid no ha provocado la sacudida en el tablero que muchos predecían. Madrid es la prueba. Y Europa mirará hacia aquí el próximo martes: “Es curioso, Abascal es aún más radical que Le Pen en lo relativo a valores culturales. Hace unos años partidos como Fuerza Nueva no tenían ninguna oportunidad: Vox demuestra que la extrema derecha puede revivir incluso cuando parece una reliquia de un pasado lejano”, cierra Jean-Yves Camus desde París.

Francia: un éxito que pierde fuelle

El principal instrumento para aislar a la extrema derecha en Francia es el llamado frente republicano: la unión de todos los partidos contra el Reagrupamiento Nacional, el antiguo Frente Nacional, que funciona en parte gracias al sistema electoral francés, mayoritario a dos vueltas. En 2002, Jean-Marie Le Pen se clasificó por primera vez para la segunda vuelta de las presidenciales. El otro clasificado era el entonces presidente, Jacques Chirac, líder de la derecha. El frente republicano se formó entonces, desde la extrema izquierda a la derecha, y Chirac sacó un 80% de votos; Le Pen, un 20%. En 2017, el cordón fue más tibio: Emmanuel Macron sacó el 66% y Marine Le Pen, el 34%. Ese frente se reproduce, con contadas excepciones, en todas las elecciones. Como resultado, Le Pen, pese a cosechar más de 10 millones de votos en las últimas presidenciales y pese a ganar las europeas de 2019, no toca poder en Francia. Apenas gobierna una decena de municipios (de 36.000) y no tiene grupo parlamentario en la Asamblea Nacional. Pero el cordón empieza a sufrir desgaste: en el fondo Le Pen no ha dejado de subir desde que irrumpió en los ochenta. Los sondeos coinciden en que, si Macron y Le Pen se enfrentan en la segunda vuelta de 2022, la distancia se recortará respecto a 2017.

Alemania: el nein de Merkel

Desde que el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) entró en el Parlamento en septiembre de 2017, con el 12,6% de los votos, el resto de formaciones mantienen un cordón sanitario con los ultras. Hasta ahora AfD no ha figurado en ninguna coalición para formar gobierno en un Estado federado; tampoco se han usado sus votos para facilitar uno. La única brecha se produjo el año pasado y causó una formidable tormenta política que acarreó dimisiones. Tras las elecciones en Turingia, el candidato liberal fue elegido con los votos de la CDU, el partido de Angela Merkel, y los de AfD. La canciller rechazó esa posibilidad y el escándalo fue de tal calibre que el acuerdo duró apenas 24 horas.

La fisura del cordón en Bélgica

Bélgica es uno de los socios de la UE con una corriente más longeva y potente de ultraderecha, con un cordón sanitario establecido por el resto de formaciones desde 1991. El éxito de partidos como Vlaams Belang es fruto de la simbiosis entre la xenofobia alimentada por algunos líderes políticos en un país con un 17,5% de población nacida en el extranjero y las aspiraciones independentistas de una parte de los votantes de Flandes, la región más poblada de las tres que componen el Estado belga. El cordón sanitario, defendido sobre todo por la democracia cristiana y los socialdemócratas, se ha resquebrajado en los últimos años tras el éxito de la Nueva Alianza Flamenca (NVA), una formación menos extremista y más pragmática que VB. El hoy presidente del Consejo Europeo, el liberal Charles Michel, rompió el tabú y aceptó en 2014 formar un gobierno de coalición con la hasta entonces proscrita NVA. Michel comprobó después el riesgo de echarse en brazos de los ultras: la NVA dejó caer a su Gobierno cuando sus votantes buscaron posiciones más radicales frente a la inmigración y por la división del país. Desde entonces la fisura del cordón sanitario se ha ampliado y la NVA amaga de manera repetida con apoyarse en VB para gobernar en el ámbito local o regional.

Farage en Bruselas y Johnson en Downing Street

El momento más dulce de la ultraderecha populista del Reino Unido lo vivió con el UKIP de Nigel Farage en 2014, cuando llegó a ser el partido británico más votado en unas elecciones al Parlamento Europeo, con más de 4,3 millones de votos. Un año después, sin embargo, una cifra similar de votos apenas le dio un diputado en la Cámara de los Comunes. El verdadero cordón sanitario impuesto a un partido claramente xenófobo, racista y homófobo es el sistema electoral mayoritario del Reino Unido: el ganador de cada circunscripción se lleva el escaño, y el resto de votos acaban en la basura. Eso, y la usurpación sin complejos del discurso de Farage por parte del Partido Conservador de Boris Johnson, con un rostro más amable y supuestamente más liberal. Johnson sacó al Reino Unido de la UE, ha impuesto un nuevo sistema de inmigración mucho más duro que el anterior, y en el conflicto cultural que enfrenta a izquierdas y derechas, no tiene ningún problema en defender que las estatuas de antiguos esclavistas sigan en pie y niega cualquier tipo de racismo en el país. Existe una ultraderecha nacionalista inglesa que convenientemente agitada puede derivar en tragedia, como ocurrió con el asesinato de la laborista Jo Cox durante el referéndum de 2016, pero el votante harto de la globalización y temeroso de una hipotética invasión de inmigrantes se siente hoy a gusto con Johnson en Downing Street.

Holanda: Wilders, acordonado

El Partido para la Libertad (PVV) del líder holandés de ultraderecha, Geert Wilders, es hoy la tercera fuerza del país: tiene 17 escaños de un Parlamento de 150, y solo le superan los liberales de derecha (VVD) que suman 34 diputados, y los liberales de izquierda (D66) con 24. Pero nadie quiere alianzas con él: lo más cerca que ha estado del poder Wilders fue entre 2010 y 2012, durante el primero de los cuatro mandatos consecutivos de Mark Rutte, liberal conservador y actual primer ministro en funciones. Wilders apoyó desde el Parlamento a un Ejecutivo en minoría, formado por el partido del propio Rutte y la democracia cristiana, y después lo dejó caer porque no estaba de acuerdo con la magnitud del ajuste calculado para afrontar la crisis financiera. De todos modos, algunas de sus propuestas sí han tenido gran eco. La más llamativa es la moción de censura presentada este abril contra Rutte, al que acusó de haber mentido durante las negociaciones para formar una nueva coalición tras las pasadas elecciones del 17 de marzo. En una tensa jornada, Rutte sobrevivió por los pelos. Después de ese día, que podría calificarse de éxito personal del líder de ultraderecha, la situación volvió a la casilla de salida: está fuera del poder y anclado en la oposición. Lo mismo le ocurre a su principal rival en el bando de la ultraderecha, Thierry Baudet, cabeza de lista de Foro para la Democracia (FvD). Tiene ocho escaños, pero nadie se le acerca para gobernar.

Con información de Marc Bassets, Rafa de Miguel, Elena G. Sevillano e Isabel Ferrer.

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Todo el espectro conservador —PP, Vox y Cs— se presentó a las últimas elecciones generales, cuando la economía aún crecía a buen ritmo, prometiendo bajadas fiscales generalizadas. Cuando uno tiene un martillo ve clavos por todas partes: con una caída del PIB del 11% en 2020, las propuestas fiscales de la derecha siguen siendo bajar todos los impuestos. La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, pretende aplicar “la mayor bajada de impuestos de la historia”; Vox y Cs defienden con uñas y dientes la fiscalidad de Madrid. Y hasta el PSOE ha borrado la palabra impuestos de su programa, en la línea que inauguró José Luis Rodríguez Zapatero con aquel “bajar impuestos es de izquierdas”. Solo Podemos y Más Madrid defienden ahora, oh paradoja, la postura del FMI, de la OCDE, del Financial Times y de Biden, ese señor moderado de 78 años que ha puesto patas arriba la política económica desde la Casa Blanca.

Qué dice el manual. Cuando la economía se enfrenta a un shock como la pandemia hay que aprobar estímulos fiscales para proteger rentas y empleos, aunque aumenten el déficit y la deuda pública; la política monetaria tiene que acompañar, e incluso si es posible hay que bajar temporalmente los impuestos. Así ha sido en todo el Atlántico Norte, en mayor o menor medida, durante la fase más aguda de la pandemia. Pero los vientos de la recuperación ya soplan en EE UU, y empiezan a acercarse a Europa. Y la política fiscal ya ha empezado a cambiar, según el último informe de la OCDE para el G-20: muchos países han aplicado subidas de impuestos y anuncian alzas fiscales adicionales para cuando haya una recuperación robusta, frente a la opción preferida por Europa hace 10 años, los ajustes de gasto.

Qué dicen los organismos internacionales. El FMI aboga por “subir impuestos, en especial los más progresivos” para pagar políticas redistributivas en sanidad, educación y pensiones ante una desigualdad que puede llevar a conflictos sociales. La OCDE, el G-20 y el Foro de Davos apuntan a incrementos tributarios en países con presiones fiscales inferiores a la media, como España. Hasta la muy ortodoxa Alemania estudia imponer de nuevo el Impuesto de Patrimonio, y los Verdes anuncian en ese país subidas de los impuestos sobre el capital, las grandes fortunas y las herencias. Biden es quizá el ejemplo más redondo de esos nuevos aires en la política económica, con un apretón fiscal para financiar políticas contra la desigualdad y la pobreza, y para apuntalar el sistema educativo y la sanidad. Entre los grandes países, solo Francia anuncia una rebaja en Sociedades, aunque apoya las ideas de Biden sobre la tributación de las empresas a escala global, y la Italia de Draghi se decanta por no tocar los impuestos, aunque sin hacer bandera de eso a la vista de la abultada deuda pública.

Qué ha hecho el PP madrileño. Madrid tiene la mayor renta per cápita de España, pero los menores ingresos financieros per cápita por las continuas bajadas fiscales de los últimos años, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). La pandemia ha enseñado las costuras de ese modelo: Madrid está a la cola en gasto sanitario sobre PIB y en atención primaria, según las cifras del Ministerio de Sanidad. Es la única comunidad que ha suprimido de facto el impuesto de patrimonio, bonifica el de sucesiones para atraer contribuyentes de otras regiones y tiene el tipo máximo más bajo del IRPF en el tramo autonómico, según denuncia Podemos. Lejos de conformarse con eso, Díaz Ayuso promete una nueva “rebaja histórica” en el IRPF, aunque cabe recordar que Mariano Rajoy se presentó a las elecciones de 2012 con un programa rebajas fiscales, y acabó imponiendo, presionado por la troika, la mayor subida de impuestos de la democracia. Solo Podemos y Más Madrid se han desmarcado de esta tendencia. “La política fiscal de Madrid, a la luz de lo que está pasando en todo el mundo, está quedando en evidencia”, apuntan fuentes de Podemos.

Qué dicen los expertos. El catedrático Ignacio Zubiri sostiene que Europa va a entender mal que España pida fondos europeos para salir de la crisis “y que a la vez la comunidad más rica baje los impuestos”. Y concluye que en Madrid hay “un empacho de ideología que casa mal con la realidad”. Luis del Amo, del Colegio de Economistas, dice que el viraje en el consenso fiscal internacional “no ha llegado aún a España”. “A pesar de Madrid vamos a ver subidas fiscales en muchos países, porque la deuda también ha subido mucho: el PP también prometió bajadas en 2011 y luego tuvo que subir impuestos a lo bestia”. El economista Lorenzo Bernaldo de Quirós lo ve de otra manera, pero la conclusión es parecida: bajar impuestos sin decir qué gastos hay que recortar es algo que se parece mucho al populismo fiscal. “Los grandes países europeos han bajado impuestos desde el arranque de la pandemia. Y una vez se asiente la recuperación vamos a ver estrategias distintas: algunos seguirán a Biden con alzas fiscales, pero otros no: Draghi ha señalizado que no va a subir impuestos. España tiene dos posibilidades, subir impuestos o recortar gastos. Yo soy partidario de la segunda opción, por un Estado más pequeño. Pero lo que es absolutamente irresponsable es prometer rebajas fiscales sin decir qué gastos se van a recortar. Basta ya de sacar a pasear a Laffer: eso es pura demagogia”.

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España recibirá hasta 140.000 millones en seis años para modernizar su economía —algo más de la mitad en transferencias que no hay que devolver— a cambio de reformas. Y aspira a absorber hasta 27.000 millones este mismo año: es el segundo país más beneficiado, tras Italia, en cifras absolutas. El Gobierno ha trabajado intensamente para tenerlo todo atado y bien atado en Bruselas, y pretendía además adelantarse al resto de países y presentar el plan en marzo. La vicepresidenta Nadia Calviño se marcó esa fecha en rojo, pero el Gobierno ha incumplido ese calendario; después fijó el 20 de abril, y aun el 27, pero el plan no está listo todavía. Las fuentes consultadas apuntan que el Ejecutivo sigue trabajando en los centenares de páginas (unas 2.000 en total) de documentación que reclama Bruselas, y subrayan que todo el trabajo estará listo antes de la medianoche del viernes.

Economía y La Moncloa han negociado con las autoridades europeas con absoluta opacidad: no se conoce el plan inicial, enviado en enero, ni las correcciones que pidió Bruselas y se han añadido, ni las peticiones del Ejecutivo comunitario que no han cuajado. Apenas ha habido información para las autonomías; ni siquiera en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos se han abordado muchos de los asuntos relativos al plan. Sindicatos y patronal, que negocian desde hace semanas la reforma laboral y desde hace meses parte de la de pensiones, tampoco han sido informados del contenido. A menos de 72 horas de su presentación, se desconocen incluso los hitos a los que se compromete España para que el dinero vaya llegando.

Las fuentes consultadas, sin embargo, sí apuntan que la reforma laboral estará lista entre el segundo y el tercer trimestre de este año, un plazo que en el propio Ejecutivo se pactó hace poco más de una semana. Inmediatamente después llegará la de las pensiones, aunque su desenlace completo queda para 2022. Esa reforma se hará en dos fases: para este año, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, planea un pacto exprés con los agentes sociales sobre la actualización de las pensiones con el IPC, el pago con impuestos de los gastos impropios de la Seguridad Social y las medidas para retrasar la edad legal de jubilación. Ese acuerdo dará pie a una tramitación parlamentaria que debería estar lista antes de finales de 2021.

Luego llegará lo más espinoso, aunque puede que alguna de las medidas más polémicas se aborde ya en la primera parte: una de ellas podría ser la derogación del factor de sostenibilidad (una forma de ligar las pensiones a la esperanza de vida), algo que Escrivá se resiste a hacer ya sin tener una alternativa. La resolución llegará en las próximas semanas, en la mesa de diálogo social. Queda para después todo lo relacionado con el periodo de cómputo de las pensiones, que levantó una formidable polvareda a finales de 2020 y comienzos de este año entre los propios socios del Ejecutivo. También tardarán la subida de las bases máximas de cotización —un asunto que escuece a la CEOE— y los cambios relativos a las pensiones máximas.

Fiscalidad

La otra reforma de la discordia es la fiscal, que queda también para el año que viene. Hacienda ha ganado tiempo con la puesta en marcha de un comité de expertos que debe emitir un informe en febrero. De momento, las subidas de impuestos son tabú en plena campaña electoral en Madrid, pese a que el Ejecutivo prometía un tipo mínimo del impuesto de sociedades, en línea con lo aprobado por el presidente de EE UU, Joe Biden, y lo que han apoyado estos días tanto Alemania como Francia.

Las reformas más difíciles se posponen, por tanto, como han adelantado últimamente tanto Calviño como Escrivá, con la aquiescencia de la Comisión Europea. La Oficina Económica de La Moncloa y Calviño, Escrivá y las ministras Yolanda Díaz (Trabajo) y María Jesús Montero (Hacienda) han negociado ese calendario en Bruselas aduciendo que hay que consensuar las medidas con los agentes sociales y con el Pacto de Toledo, y, en el caso de los impuestos, dejar trabajar a los expertos. Pero el resultado es que España deja las medidas más polémicas para 2022 -con la excepción ya para este año de la reforma laboral- una vez la recuperación se haya afianzado, con permiso de las vacunas, las mutaciones del virus y otras incertidumbres.

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PREGUNTA. ¿Dónde está el arte en la campaña madrileña?

RESPUESTA. La publicidad y el marketing electoral han sido los lenguajes habituales de la comunicación política. Pero el big data, la inteligencia artificial y la tecnología ofrecen grandes oportunidades: se puede hacer segmentación electoral, elegir qué, cómo y cuándo comunicar con más precisión. Hoy los electores son más refractarios a la invasión de la publicidad y el marketing electoral: hay que persuadirlos, no bombardearlos. Sobre todo después de la crisis de confianza que avanza inexorable desde 2008, y que generó una oleada de protestas de enorme plasticidad como el 15-M, que ejemplifica el caso español.

P. ¿Qué propició el 15-M?

R. Sumó activismo, nuevas capacidades tecnológicas y el uso de lenguajes artísticos que se han colado en la comunicación política, como se ve en todas y cada una de las campañas. Esa es la semilla del artivismo, de la que brotan cinco ejes. Uno: el espacio público como página en blanco, las concentraciones como explosión de creatividad. Dos: el uso mordaz del humor, de la mofa política, a lo Dario Fo. Tres: el elemento coral, con la evolución desde las manifestaciones detrás de una pancarta a la multitud de pancartas. Cuatro: el off/on; protestas que nacen en el móvil y se expresan en la calle para acabar teniendo una larga vida en redes sociales, o viceversa, el activismo que se expresa en la calle y que se viraliza cuando pasa a las pantallas. Y cinco: el toque festivo, participativo a pesar de las dificultades, el triunfo de las causas políticas más que de las casas, de las marcas políticas.

P. No se ve mucho ambiente festivo en la campaña.

R. Las campañas ya no dependen de las candidaturas con los mejores y más temidos spin doctors. Sigue siendo importante, pero lo decisivo es generar una dinámica que vaya más allá del candidato y de su partido. En Madrid estamos viendo una campaña con una gran fidelidad a las estrategias electorales: por eso los electores sospechan que el resultado está cantado. Las elecciones están girando alrededor de Díaz Ayuso, que ha sabido componer una campaña audaz, con una idea libertaria que conecta con otros movimientos fuera de España. Las ideas de justicia e igualdad están siendo desplazadas por la de libertad. Eso está calando: cuando los electores tienen la sensación de que la política invade demasiado su vida en forma de regulación, pero también de lucha cultural, las ideas libertarias se abren paso.

P. ¿No hay más táctica que estrategia por la efervescencia de figuras como Redondo o Rodríguez?

R. La política española está adquiriendo un punto demasiado dramático. Se ha puesto en manos de hiperliderazgos. Y los entrenadores de esos hiperlíderes, los spin doctors, han cobrado un protagonismo excesivo. Iván Redondo calcula bien y destaca en el control de los tiempos. Miguel Ángel Rodríguez no se amilana; su arrojo y energía movilizan. Esas virtudes se convierten en defectos si se usan en exceso. Un punto de moderación nos vendría estupendamente.

P. ¿España está más polarizada que otras democracias?

R. La polarización es general. Quizá aquí el peor rasgo es una mala gestión de la diversidad: hay distintas maneras de ser español, y no hemos sido capaces de digerir bien la diversidad. Eso se traduce en la incapacidad de amplias capas de la población para aceptar el hecho nacionalista. España ha respondido a los nacionalismos exacerbados sacando el nacionalismo español. Acción-reacción: ese nacionalismo español estaba ahí y se ha despertado como contrapunto a los excesos de otros nacionalismos. Lo grave es que el nacionalismo suele ser rentable electoralmente, al menos a la corta. En otros países adopta distintas formas relacionadas con dificultades irresueltas.

P. David Runciman escribió Así termina la democracia. Levitsky y Ziblatt han publicado el influyente Cómo mueren las democracias. ¿El tono fúnebre está justificado?

R. Los anglosajones combinan y suman mejor: frente a la política latina, que tiende a querer ganar por KO y genera sociedades crispadas, en EE UU cuando ganan los demócratas fichan a asesores republicanos, y viceversa. Esa tolerancia mutua era muy beneficiosa: la paradoja es que incluso en las democracias anglosajonas eso tiende a la extinción, como demuestran Trump y el Brexit. En América Latina el problema es otro. La pandemia va a desclasar a 100 millones de personas. Vamos hacia sociedades muy fragmentadas y desiguales. Esa inestabilidad es peligrosa y chispeante: desde el punto de vista de la comunicación política, Latinoamérica es un enorme fresco en el que suceden cosas increíbles. Es un drama.

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El artífice de esa convulsión es un señor de casi 80 años que ha puesto el mundo patas arriba contra todo pronóstico. El demócrata estadounidense Joe Biden, nacido políticamente en el paraíso fiscal de Delaware, votó con entusiasmo a favor de las rebajas fiscales de Reagan en los ochenta, y fue vicepresidente con el grandilocuente Barack Obama, que pudo protagonizar un cambio de paradigma hace una década pero se quedó a medias por la férrea oposición republicana y de Wall Street y acabó dejando como legado a Trump. Biden llegó a la Casa Blanca con ese halo de político moderado, casi aburrido, que suele fichar a un alto cargo de Goldman Sachs para abrir boca. “¿Acaso parezco un socialista radical?”, decía mirando a cámara en plena campaña. Y sin embargo no hay altos cargos de Goldman Sachs en su gobierno, y Biden ha sorprendido a su partido, incluida la adormilada ala izquierda, y a todo quisque con unos primeros 100 días tremendos que provocan la tentación de hablar de cambio de paradigma.

Ese cambio de paradigma empezó a fraguarse en 2009, pero se aceleró con la covid. En la fase más aguda de la pandemia, los gobiernos de todo el mundo aprobaron estímulos fiscales y monetarios a una escala que solo se había visto en las guerras mundiales. Biden dobla o triplica esa apuesta: EE UU, además de vacunar a toda velocidad, aprobó un primer paquete de estímulo de casi dos billones de dólares para reforzar el rebote de la economía a corto plazo, que incluía cheques de 1.400 dólares para los estadounidenses, el equivalente a lo que los economistas suelen llamar “lanzar dinero desde el helicóptero”. A renglón seguido anunció un segundo paquete más estructural, con una mirada a largo plazo. Son otros dos billones para los próximos ocho años, con medidas destinadas a arreglar algunos de los problemas que acumula la primera potencia mundial desde hace décadas: desigualdad, pobreza, educación, salud, clima, inversión en infraestructuras, lucha contra los monopolios tecnológicos, una vuelta al multilateralismo y, lo nunca visto en un par de generaciones, una propuesta de subida global del impuesto de sociedades, anatema hasta ayer mismo, además de un guiño al asociacionismo sindical insólito en Norteamérica. Combinado con lo que ya estaba sobre la mesa, se trata de un estímulo del tamaño de uno de esos inmensos portaaviones que surcan el Pacífico Sur: unos cinco billones de dólares, una cuarta parte del PIB de EE UU. “Es una sacudida brutal al sistema que busca provocar efectos inmediatos en la vida de los americanos”, resume el profesor Peter Praet.

Los libros de texto dicen con meridiana claridad que en medio de un shock externo de gran magnitud, como el provocado por la covid, hay que hacer políticas fiscales ultraexpansivas, y políticas monetarias que acompañen los estímulos. Pero nadie —nadie— se había atrevido a tanto.

Economistas y gobernantes de todo pelaje, a derecha e izquierda, han llevado durante años demasiado lejos su adoración (o miedo) por los mercados. Eso sí, cuando descollaba una crisis todo el mundo se sacaba de la chistera un keynesianismo de brocha gorda, de garrafón; pero al escampar se volvía automáticamente al mismo sitio neoclasicón: usar los tipos de interés y la política monetaria para domar los ciclos económicos, tener un ojo siempre en el déficit y confiar en la magia del mercado. Esa magia empezó a hacer aguas con el crash de Lehman Brothers: “Todo el edificio intelectual se ha hundido”, sentenció entonces un cariacontecido Alan Greenspan, sumo sacerdote de esa fe económica, que dijo encontrarse “en un estado de total incredulidad y estupefacción” cuando el castillo de naipes se desmoronó.

Obama no quiso o no pudo dar entonces el golpe de mano que prometía, y las aguas volvieron a su cauce. Pero la semilla estaba plantada, y la combinación de la tierra quemada de los años de Trump y el shock pandémico invitan a cometer ese pecadillo económico que consiste en pensar que esta vez puede ser diferente: “El estímulo de Biden es el despertar de una nueva era”, ha escrito el historiador económico Adam Tooze. “Es la ruptura definitiva con el neoliberalismo”, según el análisis de J. W. Mason, del Roosevelt Institute. “La pandemia es la oportunidad de acometer un cambio que devuelva protagonismo al Estado”, sentencia Mariana Mazzucato, del University College. Hasta FAES, el liberalísimo think tank de José María Aznar, hablaba a las claras esta semana “del canto del cisne de los supply siders [los economistas de la oferta, poco amigos del keynesianismo] que desde la época de Reagan habían dominado el debate”.

Al periodismo le suele sentar estupendamente el adverbio de caución quizás: frente a la inauguración permanente de la historia hay que acordarse siempre de un aforismo de Rafael Sánchez Ferlosio, “la nueva era, la vieja desventura”. Pero la docena y media de economistas consultados sí apuntan hacia algo parecido a un cambio de guardia en la política económica no exento de riesgos.

Los amores y las revoluciones, incluso las económicas, necesitan a la persona idónea, en el lugar idóneo y en el momento idóneo; la vida, sin embargo, casi nunca consigue juntar tanta idoneidad. ¿Lo puede conseguir Biden? “Los viejos que tienen prisa son algo bueno”, cuenta al otro lado del teléfono James Galbraith, economista de la Universidad de Texas y uno de los contados académicos de izquierdas con una voz poderosa y mediática. Biden llega al lugar adecuado, una Casa Blanca sacudida por los histriónicos excesos de Trump, en plena crisis, que como dice la derecha siempre es una oportunidad, “y con los demócratas conscientes de que solo tienen dos años antes del próximo ciclo electoral para cambiar las cosas y evitar el regreso del populismo”, apunta el hijo del mítico John K. Galbraith. “La cuestión es si la academia y la política, en parte como consecuencia del pánico, le dan al pensamiento económico el empujón definitivo para acabar con el neoliberalismo. Pero aún queda mucho partido”, remacha.

Algo se mueve

Ese escepticismo es la norma en una profesión acostumbrada a nuevos amaneceres que no eran más que aldeas Potemkin: palabras de charol y decorados de cartón piedra. Y aun así, es innegable que algo se mueve. El ex economista jefe del FMI Maurice Obstfeld apunta que el Plan Biden “es mucho más ambicioso que las propuestas de Obama”, aunque deja en el aire si supone la prometida nueva era o la ferlosiana vieja desventura. Simon Johnson, que también estuvo en el FMI, califica ese paquete de “brillante esfuerzo por estimular la economía en el corto plazo para acelerar el rebote poscovid”, y a la vez “pensar en la economía americana a largo plazo con medidas audaces y ambiciosas”. “No llamaría a estas políticas de izquierdas o de derechas, ni las calificaría de viejo o nuevo paradigma: simplemente son el camino adecuado para reconstruir la economía donde más han golpeado las dos últimas crisis. Y quizá sirva de inspiración en otros lugares”, añade Johnson.

Esa “inspiración” para “otros lugares” es una forma educada — eufemística— de aludir a Europa, que ha sido mucho menos arrojada que EE UU. Pero esa alusión se intentará despejar unos párrafos más abajo. Porque más allá de la comparación con Europa, el hecho es que la política económica de Biden plantea riesgos, y ni mucho menos se ha adoptado por consenso. Larry Summers, gurú económico de Obama, orácu­lo de Wall Street y prima donna del supuesto progresismo economicista norteamericano, es quien más claro ha subrayado que el nuevo Ejecutivo estadounidense ha ido demasiado lejos, a pesar de que hasta hace dos días abogaba abiertamente por los estímulos para sacar a la economía global de la trampa del estancamiento secular. El prestigioso economista francés Olivier Blanchard le pisa los talones a Summers: “Biden ha ido muy allá; hay riesgos de sobrecalentamiento e inflación”, explica por correo electrónico. “Muchos economistas opinan como Summers y Blanchard: Biden está descartando la ciencia y sustituyéndola por sus objetivos políticos y su popularidad”, remacha Tyler Cowen, autor de El gran estancamiento e influyente profesor de la Universidad George Mason.

Frente a los plomizos teóricos del universo que se apuntan al glamur intelectual del pesimismo, Simon Wren-Lewis destaca desde Oxford que Biden “muestra el camino a seguir”. “El Reino Unido y Europa han sido demasiado tímidos: las preocupaciones por el déficit están fuera de lugar. Pero también los riesgos inflacionarios se pueden doblegar”. No hacer nada, con los viejos diablos al acecho, ya no era una opción: “Esto no es el fin del neoliberalismo, que va más allá de la política económica, pero es de esperar que sea el principio del fin de quienes se preocupan por el déficit —o la inflación— en medio de una depresión, o de una trampa económica de bajo crecimiento y tipos de interés e inflación en la zona cero como en la que hemos encallado”.

A menudo, a los economistas les ocurre algo parecido a lo de Napoleón en Guerra y paz: su capacidad para decidir la trayectoria de la economía es limitada. Armados de fantásticos modelos matemáticos, un grandioso plan de batalla cuyo objetivo es simplificar la realidad y que les promete una victoria casi segura, “la obsesión por teorizar” de los científicos sociales se ha acabado convirtiendo en “un obstáculo para la comprensión”, dejó escrito Albert Hirschman, de cuyo nacimiento acaban de cumplirse 100 años. Dani Rodrik, economista de Harvard, afirma que la profesión ha llevado demasiado lejos “su adoración a los mercados” y “su fe en los modelos”. La economía es espejo y al mismo tiempo expresión de una época: el Estado del bienestar fue la traducción socialdemócrata del guion de la posguerra, y la revolución conservadora la respuesta a la crisis del petróleo, con un estancamiento preocupante y una inflación desbocada. Pero ahora los problemas son otros: el cambio climático, la hiperglobalización, el sobrepeso del sector financiero en las economías avanzadas y el impacto de la revolución tecnológica sobre los trabajadores no terminan de aterrizar debidamente en los modelos. El neoliberalismo ha perdido brillo por los excesos de los últimos tres lustros de monopolios tecnológicos, las locuras de las finanzas —el Pottersville de Qué bello es vivir hecho realidad—, la galopante desigualdad y el reguero de crisis de los últimos tiempos. “A diferencia de los accidentes aéreos, las crisis financieras se han vuelto más frecuentes, no menos: el avión es más peligroso”, resume Mervyn King, exgobernador del Banco de Inglaterra.

¿La respuesta adecuada ante ese panorama es el Plan Biden, este bidenomics? El historiador económico Barry Eichengreen, de Berkeley, no las tiene todas consigo. “EE UU ha respondido con mucha más munición que Europa a los nuevos problemas económicos, asociados a la covid, y a los no tan nuevos que se acumulan en todo Occidente. Pero ahora hay un rico debate sobre si Washington ha hecho demasiado, creando riesgos significativos de inflación”. “El estímulo de Biden es varias veces el tamaño de la brecha de producción [la diferencia entre la velocidad de crucero de la economía y el potencial de crecimiento], y hay aún más estímulos a la vista. Por el lado monetario, la Reserva Federal, el banco central de EE UU, ha dejado claro que no va a cambiar su política ultraexpansiva al menos hasta 2023. ¿Es mejor recuperarse a toda velocidad y arriesgarse a que vuelva la inflación? ¿O es preferible algo más lento para evitar esos riesgos? Biden prefiere la primera opción; Europa, la segunda”, cierra.

Estados Unidos adelantó por la derecha a Europa después de 2008. Cuando las cosas se pusieron feas de verdad, Washington reunió a los mayores bancos del país y les hizo pedir dinero a paladas (que después devolvieron con intereses), e innovó con la política monetaria y la fiscal: Europa se decantó por la austeridad y las cosas estuvieron a punto de acabar como el rosario de la aurora. Ahora Biden adelanta a los europeos por la izquierda: Europa también ha optado por los estímulos esta vez, pero a una escala muy inferior. “La zona euro, a diferencia de EE UU, parece conformarse con una recuperación incompleta”, critica el economista Ángel Ubide. “Joe Biden acaba de retrasar el declive de su país; los líderes europeos parecen dispuestos a acelerar el suyo”, ha escrito el analista Martin Sandbu en el Financial Times. “La comparación es equívoca porque en Europa tenemos estabilizadores automáticos, los héroes anónimos de la política económica moderna”, matiza Benedicta Marzinotto, de la Universidad de Udine. El FMI, sin embargo, considera que el estímulo europeo se queda muy corto: el Fondo cree que Europa tendría que inyectar un 3% del PIB adicional en su economía. Unos 400.000 millones más de una tacada.

Europa frente a EE UU, en definitiva, una vez más. Blanchard tercia en ese debate con finezza: “El plan de Biden es probablemente demasiado grande, y los planes europeos demasiado pequeños, pero quizá no tan pequeños. Eso dependerá de lo que pase con la demanda privada: el optimismo relacionado con las vacunas y los ahorros embalsados en empresas y familias podrían provocar un bum también en Europa”. Otros expertos se quejan de los retrasos acumulados tanto en las vacunas como en el Fondo de Recuperación de 750.000 millones aprobado hace ya un año en Bruselas, pero del que no empezará a brotar dinero fresco hasta finales de 2021.

“La Fed estadounidense ha comprado 2,6 billones en activos desde enero de 2020; el BCE, 320.000 millones de euros (380.000 millones de dólares), siete veces menos. Y la política fiscal cuenta una historia similar: el estímulo europeo es más o menos la mitad del americano. No estamos repitiendo los errores de la pasada crisis, al menos esta vez Europa va en la dirección correcta, pero en volúmenes sí los estamos repitiendo: saldremos más tarde y con más dificultades”, destaca Paul De Grauwe, de la Universidad de Lovaina. “El contraste entre el paradigma neoliberal y lo que ha hecho Biden deja un cambio fundamental: los gobiernos están recuperando un papel central en la lucha contra la crisis”, añade. Charles Wyplosz, del Graduate Institute, secunda ese punto de vista. Y carga contra quienes critican la ambición de Biden por el riesgo inflacionario. “Me parecen reproches asombrosamente fuera de lugar. Durante una década hemos lamentado los efectos perversos de una trampa de bajo crecimiento, tipos de interés negativos y bajísima inflación. Si finalmente la inflación aumenta y obliga a los bancos centrales a actuar, al menos habremos escapado de la maldición de los últimos años”. “Por primera vez en décadas un Gobierno intenta realmente hacer algo por quienes han acabado siendo, por pura desesperación, votantes de opciones populistas. Me río de esas críticas ante un paso de este calibre”, brama Wyplosz. Vítor Constâncio, exvicepresidente del BCE, aplaude también la valentía estadounidense: “Washington está tratando de experimentar con políticas para superar por completo la crisis, mientras Europa languidece bajo el peso de sus fantasmas y temores”, ha escrito recientemente.

Las épocas felices son páginas en blanco en los libros de historia, pero el “que vivas tiempos interesantes” de los chinos es una maldición. Cuando accedió al cargo en 1933, Franklin D. Roosevelt devaluó el dólar, obligó a los estado­unidenses a venderle, a un precio tasado, todo el oro que habían ido adquiriendo desde el comienzo de la crisis y cerró los bancos durante 28 días: EE UU empezó a cimentar con el new deal —y la II Guerra Mundial— una hegemonía que llega hasta hoy. Biden no llega a tanto, pero en menos de 100 días ha anunciado una inyección multibillonaria en la economía, y patrocina incluso una subida de impuestos global a las grandes corporaciones. En el fondo ahí sigue la lucha por la hegemonía global: el presidente de EE UU, en pleno momento Roosevelt, afirma que su plan “nos pone en posición de ganar competitividad con China”. Más allá de esa lucha, Washington le ha visto las orejas al lobo del populismo; el de Biden es un intento casi a la desesperada por evitar la vuelta del trumpismo. Y las prisas tienen también una explicación más prosaica: el Partido Republicano está grogui tras la última derrota, pero Biden tiene solo dos años hasta las elecciones al Senado, que podrían acabar con su exigua mayoría y enfangar el resto de su mandato.

Expectativas

Las crisis no son un suceso, sino un proceso; un proceso que en ciertos lugares, lugares desafortunados, no ha terminado todavía. Los anglosajones necesitarían a otro Dickens para describir las cicatrices en algunas zonas de EE UU y el Reino Unido, pero Victor Hugo también podría reescribir Los miserables en muchas áreas de Europa. Saldremos de esta, porque no hay virus ni crisis que 100 años dure, y saldremos más pronto que tarde. Pero ese será el momento más peligroso: la gente no se rebela cuando las cosas están mal, sino cuando sus expectativas se ven defraudadas. Si Biden ha acertado y Europa está arrastrando los pies, es muy posible que el malestar crezca a esta orilla del Atlántico; si Washington ha ido demasiado lejos, podemos estar ante la enésima fase de la revolución conservadora y el cambio de régimen haya sido un espejismo. Nos enfrentamos a la incertidumbre radical a través de los relatos, construyendo narrativas: Biden está pergeñando la suya, y Europa, de momento, está a verlas venir.

Cavafis lo escribió, como siempre, mejor: la ciudad entera se había reunido a esperar a los bárbaros y reinaba el temor, el temblor, la esperanza de que esa irrupción les cambiara las vidas.

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El pasado lunes 1 de marzo se discutía en la OCDE —la organización que agrupa a las economías más industrializadas del mundo— el próximo informe sobre la economía española, que se presentará en los próximos días. España expuso en un documento el cuadro macroeconómico —pese a que las estimaciones de crecimiento se han rebajado recientemente hasta el 6,5% este año—, las líneas maestras del plan de recuperación y el listado de reformas habituales. Alemania y Grecia fueron los dos evaluadores principales y presentaron visiones alternativas. Berlín presentó un suculento informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que queda clara la posición alemana: la caída de ingresos públicos y los estímulos estabilizarán la deuda pública en el entorno del 120% del PIB en los próximos tiempos; es muy probable que esto deje un espacio fiscal muy reducido en los próximos años y, por tanto, para la próxima crisis, más aún si acaban subiendo los tipos de interés, como el Bundesbank empieza a sugerir en Fráncfort.

En ese contexto, Berlín ve “obvia” la necesidad de un cambio de rumbo en el futuro próximo. Apoya poner en marcha un plan de ajuste plurianual —como el Banco de España, por otro lado—, y considera “secundario” el momento en el que se anuncie el plan. Lo crucial es presentar un compromiso “ambicioso y creíble” de reducción de la deuda pública como señal a los mercados.

Más estímulo

Pero ese cuándo es del todo fundamental. El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que es el momento de aplicar aún más estímulo a las economías. La Comisión Europea ha lanzado reiterados mensajes en esa misma línea, e incluso el BCE reclama un mayor activismo fiscal, más aún mientras duren las vacas flacas: el primer trimestre ha sido muy flojo en Europa, y la recuperación se ha ido retrasando por los problemas con las vacunas, por las sucesivas oleadas del virus y por la dilación en la puesta en marcha del fondo de recuperación. Ajena a ese contexto, Berlín da las primeras señales de lo que se avecina en ese debate fiscal. Y su conclusión es clara: “Dependiendo de la evolución de la pandemia, el proceso de consolidación fiscal debería empezar más pronto que tarde”. Además, la posición alemana alerta sobre el aumento de gasto en pensiones y sus efectos sobre las finanzas públicas.

Más allá de ese documento, la delegación alemana fue muy dura en esa reunión. Y encontró respaldo en la República Checa, según las fuentes consultadas. Pero Bruselas defendió que no es el momento de los ajustes. Y la delegación de Estados Unidos fue aún más allá y apuntó que no tiene “ningún sentido” económico plantear ya la consolidación fiscal, cuando media eurozona va camino o está inmersa en una segunda recesión y la recuperación va a llegar más tarde de lo esperado.

Ese debate recuerda al posterior al crash de Lehman Brothers. En plena Gran Recesión, todo el mundo se apuntó a una especie de keynesianismo de garrafón en 2008. Pero Europa viró en 2010, con las duras posiciones alemanas en el mascarón de proa y la Comisión Europea de José Manuel Durão Barroso a su estela. Berlín, Bruselas y Fráncfort, con un BCE muy activo en favor de la píldora de los ajustes, provocaron una sucesión de rescates, incluido el de la banca española, y dejaron el euro al borde del colapso en varias ocasiones, hasta la llegada de Mario Draghi al Eurobanco. La gestión de la eurozona en aquellos años de sobredosis de austeridad “es, sin duda, uno de los mayores errores de política económica jamás cometidos”, aseguró en su día Jean Pisani-Ferry, exasesor de Emmanuel Macron.

Es pronto para decirlo porque las elecciones alemanas que se avecinan pueden hacer variar la posición de Berlín, pero el debate sobre la austeridad volverá tarde o temprano. Y ni siquiera los economistas alemanes más ortodoxos entienden muy bien la reclamación de ajustar más pronto que tarde en una economía tan golpeada por la covid como España: “Si eso es así supondría un error político y económico de trazo grueso”, asegura Jakob Kirkegaard, del Peterson Institute. “Es absolutamente prematuro por parte de Alemania presionar para hacer ajustes, simplemente no tiene razón de ser en este momento. Sería mucho mejor presionar para que España presente un plan de recuperación con reformas potentes, y que la propia Alemania trate de presentar un buen plan que sirva de ejemplo sobre cómo gastar adecuadamente los fondos europeos”, según Kirkegaard.

Los alemanes ya han dado varias señales de que quieren ver cambios en la política monetaria del BCE. El Tribunal Constitucional alemán paralizó a finales de marzo el plan de recuperación, lo que amenaza con retrasar aún más los desembolsos. Y Berlín empieza a enseñar las garras en el plano fiscal: el ministro de Finanzas, el socialdemócrata Olaf Scholz, es contrario a la reforma del Plan de Estabilidad y Crecimiento, que obliga a recortar en tiempos de crisis y, según los expertos, se ha quedado completamente obsoleto. El Ejecutivo alemán ha demostrado en la OCDE que va a volver a dar la batalla por ese flanco. De momento, sin éxito: el informe final, según las fuentes consultadas, recoge la visión de consenso y en ella la postura de Berlín sale muy, muy aguada. La OCDE, en fin, quiere también planes de consolidación fiscal pensando en el medio plazo. Pero no ahora, sino cuando la recuperación esté sólidamente encauzada.

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Un informe de la OCDE de abril proporcionaba a España recetas para las principales reformas que se avecinan: por el lado fiscal recomendaba no subir impuestos hasta que la recuperación se afiance. Y se mostraba favorable a elevar el IVA, algo que reclama Bruselas y a lo que se niega en redondo el Gobierno. En cuanto a la reforma laboral, se centraba en el refuerzo de las políticas activas de empleo. Pero su próximo informe centrado en España es claro: el grupo de expertos de los países ricos desoye las presiones de Alemania y solo apuesta por un plan de consolidación fiscal a medio plazo, cuando la recuperación ya esté afianzada, en línea con lo que propone el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Ese momento no ha llegado aún: el Gobierno acaba de rebajar la previsión de crecimiento para este año al 6,5%, y admite que la economía va camino de una doble recesión tras griparse en el primer trimestre.

Lejos de pedir ajustes, la postura de la OCDE es la contraria: reclama a España que tenga listo un segundo plan de ayudas a las empresas, tras el aprobado en marzo, ante la posibilidad de que la reactivación se retrase y aumenten las compañías en riesgo de suspensión de pagos, según las fuentes consultadas. El Banco de España alerta desde hace meses del aumento de morosidad si se alarga la situación de pandemia.

España ha aprobado recientemente un plan de 11.000 millones en ayudas a las empresas. Pero apenas una de cada 12 empresas podrá obtener las ayudas directas, según estimaciones de EL PAÍS a partir de datos de Axesor, la Agencia Tributaria y la CEOE. “Entiendo que las empresas y familias que lo pasan mal pidan más ayudas”, admitía la vicepresidenta Nadia Calviño este fin de semana en una entrevista con este diario.

FMI: “No pueden permitirse dejar de gastar”. Los organismos internacionales no han ejercido ninguna presión por regresar a un escenario de ajustes. Y el apetito por la austeridad sigue bajo mínimos. Las conclusiones de la última misión a España del Fondo Monetario Internacional, el llamado Artículo IV, en noviembre, fueron claras: el Fondo subraya “la importancia de continuar con las medidas de apoyo de política económica hasta que la recuperación se encuentre firmemente encauzada”, recomendó la entidad, en línea con la OCDE o el Banco Mundial. El FMI hizo extensivo ese diagnóstico a toda Europa. Alfred Kammer, nuevo jefe del departamento europeo del organismo, aseguró el pasado octubre que los países de la UE “no pueden permitirse dejar de gastar”.

OCDE: Evitar un endurecimiento prematuro. En sus últimas perspectivas, de hace un mes, la OCDE condicionaba la evolución de la política fiscal al estado de la economía y el ritmo de vacunación. Y en su receta global contra la crisis llamaba a poner en marcha medidas rápidas y ambiciosas si fuera necesario, un consejo acompañado de una advertencia: “Debe evitarse un endurecimiento prematuro de la política fiscal”, exactamente lo que patrocinó Alemania en la reunión de marzo.

Bruselas, a favor de la flexibilidad. La Comisión Europea sugiere que continuará aplicando la cláusula general de escape de las reglas fiscales en 2022 y apunta que solo empezará a desactivarla a partir de 2023. Pero incluso entonces, el Ejecutivo comunitario propone seguir dando facilidades a los países que en ese momento no se hayan repuesto por completo (previsiblemente España e Italia), permitiéndoles usar “todas las flexibilidades” previstas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. “En las circunstancias actuales, los riesgos de hacer poco superan los de hacer demasiado”, según el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

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Pregunta. La UE va retrasada con las vacunas. Y a pesar de que la primera reacción fue buena, ¿es posible que se haya quedado corta con los estímulos a la vista de la reacción de EE UU?

Respuesta. Washington ha sido extremadamente agresivo tanto en política fiscal como monetaria. Por el lado fiscal, Biden ha puesto el listón muy alto en dos dimensiones: un fuerte estímulo para rebotar a corto plazo, unido a ambiciosas medidas estructurales. Quiere arreglar problemas que se acumulan desde hace décadas: desigualdad, sanidad, educación, subinversión pública, medio ambiente. E incluso quiere rehacer las reglas internacionales. No es solo un impulso como el de Obama: es mucho más. No es volver a la era pre-Trump: es darle un arreón al multilateralismo, incluso a la fiscalidad internacional. Biden quiere aprovechar el impulso de su victoria y la crisis de la covid, y sabe que tiene poco tiempo.

P. ¿Asoma otro paradigma?

R. Lo de Biden es un whatever it takes [conlleve lo que conlleve] contra el populismo: un chute de expectativas para que la sociedad entienda que hay un cambio de régimen. Es muy distinto de la revolución conservadora de los ochenta, pero a su manera es una sacudida al sistema usando la máxima potencia de fuego. Sabe que podría perder la mayoría en dos años, y por eso quiere resultados rápidos que mejoren la vida del americano medio.

P. Eso entraña riesgos: los cenizos de siempre, y alguno inesperado, hablan de sobrecalentamiento e inflación.

R. Biden está siendo valiente. Usa todo lo que tiene, y tal vez vaya más allá de lo que debería. Pero es un riesgo calculado: tiene dos años para cortarle las alas al populismo. Larry Summers y otros hablan de riesgo de sobrecalentamiento, ese riesgo está ahí. No es pequeño, pero puede ser manejable para el banco central. Quizá el mayor problema sea de ejecución: en qué se gasta, y cómo, ese dinero.

P. Europa tiene problemas parecidos y no es tan radical.

R. Europa suele ser lenta, pero esta vez se ha movido. Lo malo es que cuando desaparece la sensación de urgencia vuelven los retrasos, como hemos visto con las vacunas y el Fondo de Recuperación. El BCE actuó de inmediato y Bruselas suspendió acertadamente el Pacto de Estabilidad y puso en marcha el Fondo; los problemas han venido después. Pero la gente no entenderá que los retrasos se acumulen: eso pasa factura políticamente.

P. El tamaño de los estímulos es muy diferente.

R. EE UU va a alcanzar déficits del 15% del PIB en 2021 y 2022, y una deuda del 130% del PIB. Eso se lo puede permitir el país del dólar; si gasta bien ese dinero, elevará su crecimiento potencial y no tendrá problemas. Biden ha tomado el camino contrario de la austeridad. Opta por asumir riesgos calculados, por invertir, por gastar, por pagar cheques ante el riesgo político del populismo. Europa no ha actuado como en 2010, pero de alguna manera los ministros de Hacienda creen que los riesgos de implementación para gastar bien todo ese dinero son elevados. De ahí la diferencia.

P. ¿Demasiada timidez?

R. El riesgo de hacer poco es superior al de hacer demasiado. Bruselas hizo lo adecuado: a los países les toca ahora aprobar planes más ambiciosos. Si Europa no puede presentar un plan global a la altura del de EE UU, se pierde el impacto de expectativas que ha conseguido Biden. Esa falta de ambición nos lastra. Hay que hacer más. Con las vacunas ya hemos perdido un trimestre. Cuanto más se alargue la crisis, más daños provocará.

P. Según el FMI, en 2022 la economía de EE UU estará un 6% por encima del nivel prepandemia; Europa no habrá crecido nada. ¿Hay que conformarse?

R. Pues no. Podemos poner en pie todas las narrativas que queramos. Podemos decir que Europa ya ha hecho todo lo posible con las vacunas; podemos inventar teorías sobre la reacción de la Fed [Banco Central de EE UU] y los mensajes más ambiguos del BCE. Pero a los votantes eso les va a dar igual: sacarán sus conclusiones. Necesitamos resultados rápidos, que la gente perciba que también en Europa podemos ser audaces y ambiciosos.

P. Desde enero de 2020 la Fed ha comprado 2,6 billones en activos; el BCE, 320.000 millones. ¿Qué le dice eso?

R. Al arrancar la pandemia, el BCE logró controlar el pánico cuando subían las primas de riesgo. Y pudo hacerlo no solo por el tamaño del paquete, sino por sus clarísimos mensajes: aquel “no toleraremos fragmentación”. Además, hubo una señal fuerte por parte de la UE para lidiar con las asimetrías de la crisis con el Fondo de Recuperación. Esa combinación fue exitosa: cuando tienes un compromiso claro no hace falta gastar mucho, como vimos con el whatever it takes de Draghi.

P. Christine Lagarde está recibiendo duras críticas.

R. No hay problema hasta marzo de 2022: ese es el final previsto del programa de compras de la pandemia. Pero la transición al escenario pospandemia no está clara; Lagarde quiere salir con un paquete completo, pero hay aspectos de ese paquete que son más urgentes. El objetivo de inflación y la claridad en las futuras intervenciones en los mercados de deuda son lo fundamental. ¿Estará presente la flexibilidad en las compras de activos que tenemos ahora en ese nuevo marco, al menos hasta que todas las economías estén normalizadas? Eso es clave, en particular para Italia o España. Y va a ser difícil; es políticamente delicado y temo que el BCE esté siendo tímido.

P. Quizá porque los halcones están sobrevolando en círculos.

R. En un impacto como este, la política monetaria por sí sola no es suficiente para conducir la inflación: es esencial la política fiscal. El BCE tiene que ser claro con la comunicación. El mensaje debe ser que la política monetaria va a seguir siendo muy acomodaticia hasta bien entrada la recuperación, ya que es probable que la presión sobre los precios se mantenga moderada. Y hay que dejar claro que en los difíciles años posteriores a la pandemia, en los que vamos a ver recuperaciones a distintas velocidades, el BCE no tolerará la fragmentación en la transmisión de su política. Mensajes simples y contundentes.

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Pero en realidad no sabemos demasiado.

El Gobierno apenas ha dado detalles adicionales del meollo del plan a pesar de toda la fanfarria publicitaria. Y sobre todo no ha informado de dos aspectos clave. No sabemos qué cambios solicitó la Comisión Europea ante el borrador inicial de España (que tampoco conocemos, por cierto). Y sabemos poco acerca de qué demonios ha aceptado España. No hay información adicional sobre los proyectos, y en parte es lógico porque aún es pronto. Pero sobre todo no sabemos el alcance que finalmente tendrán las tres reformas fundamentales: laboral, pensiones y fiscal; y en parte también es lógico porque eso depende de los agentes sociales y de los equilibrios internos en el Ejecutivo. Al final, el resultado del plan dependerá de su ejecución: queda mucho, muchísimo para hacerse una idea fundada al respecto.

El periodismo, dice el ensayista Pau Luque, no es una mera acumulación de hechos, sino una interpretación de los hechos. Bueno, pues ahí va una humilde interpretación que trata de ir más allá de España. Los planes de recuperación van con retraso en Europa: varios países ni siquiera han ratificado lo aprobado en Bruselas hace ya un año, y el Constitucional alemán arroja las habituales incertidumbres cuando se trata de los alemanes y el dinero europeo. Y las vacunas van también con un par de meses de retraso con respecto al Reino Unido y EE UU.

Un señor que está a punto de cumplir 80 años ha puesto el mundo patas arriba: Joe Biden anuncia estímulos por importe de cinco billones de dólares con medidas sobre desigualdad, sanidad, educación, clima, infraestructuras y con subidas, por cierto, del Impuesto de Sociedades. Mientras, en Europa se ha esfumado la sensación de urgencia y la UE arrastra los pies tanto con las vacunas como con los fondos. ¿Y de qué se debate España en este momento crucial? Del Congreso llegaban ayer noticias de la propaganda del Gobierno, de la bronca estomagante de la oposición y de las elecciones en Madrid. Quizá habría que hacer un esfuerzo por romper con esa trama en el mercado de compraventa de ilusiones políticas. Porque esos meses de retraso son cruciales: la economía española se la juega en verano, aunque todo el mundo parezca más preocupado por el resultado de unas elecciones regionales.

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EE UU acaba de poner dos billones de dólares sobre la mesa para reactivar su economía, y promete dos billones adicionales en infraestructuras y medidas de medio plazo. Europa reaccionó bien hace ya casi un año, en la fase más aguda de la pandemia, con una combinación de política monetaria y fiscal muy distinta de la austeridad patrocinada por Alemania en la Gran Recesión.

Pero la UE se ha dormido en los laureles con las vacunas y se ha quedado rezagada en el plano económico: los 750.000 millones del plan europeo pueden quedarse cortos y acumulan retrasos preocupantes. La sensación de urgencia, en fin, se ha esfumado. Así está el partido ante una de las grandes operaciones de la historia económica reciente: a España, uno de los países más golpeados —con una caída del PIB cercana al 11% en 2020— tienen que llegar más de 140.000 millones a cambio de un plan de recuperación del que aún se sabe poco, que se ha negociado entre bambalinas y que va con cierto retraso respecto al calendario anunciado en su día.

70 reuniones con la Comisión

El presidente Pedro Sánchez presentará mañana martes el documento central del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España; el miércoles comparecerá ante el Congreso para dar cuenta de las medidas fundamentales, y ese paquete se aprobará en el Consejo de Ministros de la semana próxima.

El Ejecutivo envió un esbozo a Bruselas entre finales de diciembre y finales de enero, y desde entonces ha mantenido alrededor de 70 reuniones con la Comisión para afinar ese esquema, clave para el esperado rebote del PIB a corto plazo, pero pensado, sobre todo, para el mil y una veces prometido cambio de modelo de la economía española, según media docena de fuentes gubernamentales consultadas.

El Ejecutivo ha aceptado decenas de sugerencias de Bruselas en la gran mayoría de las 30 fichas que recogen los proyectos y las reformas. La Comisión, por ejemplo, presionó para elevar los 5.000 millones previstos por España para planes de rehabilitación de viviendas, y exigió reducir la tasa de temporalidad de la Administración y mejorar los asuntos relativos a evaluación de políticas públicas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aceptó muchas de esas propuestas. Pero a cambio se ha plantado en tres asuntos medulares: la reforma laboral, la de pensiones y la fiscal.

Bruselas pretendía introducir modificaciones también en esas tres reformas. Quería planes detallados de los cambios del sistema impositivo (incluyendo su eterna propuesta de subir el IVA, por ejemplo); sugería introducir la denominada mochila austríaca (un sistema de indemnización del despido con el que las empresas aportan obligatoriamente cada mes una cierta cantidad a cuentas de ahorro individuales de cada trabajador, y que estos pueden rescatar cuando están en paro) en la legislación laboral, y veía poco ambiciosos los planes en pensiones; pretendía que no se elimine el índice de revalorización.

Bruselas acepta el parón negociador

Nada de eso aparecerá en los planes españoles. La Moncloa contraatacó agarrándose a que no puede ir más lejos en esas medidas para dejar margen de negociación a los agentes sociales (en la reforma laboral y de pensiones), al Pacto de Toledo (en pensiones) y a la recientemente creada comisión de expertos para la reforma integral de la fiscalidad, que persigue acercar la presión fiscal a la media europea.

Bruselas acabó transigiendo, consciente de que varios países difícilmente entregarán sus planes antes del 30 de abril y de que las reformas españolas “son más ambiciosas que las de otros socios”, coinciden las fuentes consultadas.

El plan llega muy cocinado con el equipo económico de la Comisión. Con un cepillado notable respecto a las ideas iniciales, que incluye agrupar las 170 reformas previstas inicialmente en una cifra muy inferior. Y con un mes de retraso, el 20 o el 27 de abril, en parte porque España sigue trabajando para cumplir los requisitos de Bruselas, y en parte porque el reloj de la propia Comisión empezará a correr el día que España presente toda la documentación: el examen europeo debe estar listo en un máximo de dos meses.

“Bruselas quiere un paquete equilibrado en todos los ámbitos, y secuenciar las reformas”, apuntan las fuentes consultadas. Una vez reciba luz verde en Bruselas, se fijarán una serie de hitos para que la UE vaya desembolsando los fondos. Y ahí empezará el baile: España deberá apretar el acelerador con las reformas laboral y de pensiones; pasar de las musas al teatro, traducir las promesas sobre el papel en reformas —eufemismo, a menudo, de recortes— para recibir el dinero europeo, indispensable para la recuperación junto con las vacunas.

La negociación con los agentes sociales ya está abierta

El Gobierno ya tiene abiertas las diferentes negociaciones con los agentes sociales que ha esgrimido como argumentos en Bruselas para plantarse en las reformas laborales y de pensiones.

En esta última, las conversaciones se iniciaron hace meses, aunque sin una gran regularidad en los encuentros. El plan de la Seguridad Social es acabar pronto la primera fase de la reforma volviendo a la actualización de las pensiones con el IPC e impulsando el retraso de la edad real de jubilación para acercarla a la edad legal.

El ministro José Luis Escrivá defiende que esta parte está casi lista. Pero los sindicatos no lo ven así. Exigen más ambición en esta fase y quieren que se derogue también el factor de sostenibilidad [que tiene en cuenta también la esperanza de vida en el cálculo de la pensión inicial de un jubilado], algo que el Ejecutivo prefiere dejar para la segunda mitad del año.

En cuanto a la reforma laboral, al menos lo más directamente vinculado a ella, el diálogo con los agentes sociales empezó en marzo. Comenzó por la negociación colectiva y la subcontratación, algo que a Bruselas, a la ministra de Economía, Nadia Calviño, y a la CEOE no les gusta. La Comisión Europea querría que se hablara ya de cómo reducir la temporalidad, pero Trabajo tiene este asunto en su agenda para la siguiente fase. Ampliar ahora el abanico de temas podría retrasar las negociaciones. Además de esto, la ministra Yolanda Díaz también tiene muy avanzada la negociación con agentes sociales y comunidades autónomas en las políticas activas de empleo y lo vinculado a ellas, una vieja demanda de Bruselas.

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Malestar, desencanto, desapego, desafección, polarización, cortoplacismo y crispación son las declinaciones de ese estado de ánimo que deja en las playas de la política un oleaje bravío y multiforme: ese léxico aparece machaconamente en las 15 conversaciones mantenidas para elaborar esta crónica. El historiador José Álvarez Junco habla simple y llanamente de “cabreo”. “Desde hace un tiempo tengo un cabreo tremendo con los políticos de este país. Es lógico, son un subproducto de esta época cabreadísima”, sostiene. Algo así sucede en medio mundo, pero el caso de España es espectacular: desde hace años, políticos y política aparecen regularmente entre los tres primeros problemas percibidos por los españoles, exactamente en el lugar que hace años ocupaban el terrorismo o la droga. Los partidos son, con mucha diferencia, la institución peor valorada. “El despelote político español”, según lo definía el escritor Mario Vargas Llosa en una tribuna reciente, “nos obsequia a diario con mucho ruido y poquísimas nueces”.

La Gran Reclusión ha acrecentado el desánimo que apenas habíamos logrado olvidar de la Gran Recesión. De la indignación de hace un lustro pasamos a la perplejidad: “La relación ciudadanos-políticos se ha convertido en una especie de caja negra de la democracia”, según el filósofo Daniel Innerarity. Lo que sigue, un diagnóstico del problema con un puñado de politólogos, trata de buscar también explicaciones con un grupo de científicos sociales relativamente alejados del mar de los sargazos de la política.

Diagnóstico politológico

“Hay en la política española una tendencia que viene de lejos, una onda larga: una combinación tóxica de corrupción, ineficacia por la dificultad para llegar a acuerdos en asuntos clave y transfuguismo”, analiza el politólogo Ignacio Sánchez-Cuenca. Y hay, opina, una onda corta que viene de la Gran Recesión, del 15-M (del que se van a cumplir 10 años) y de la ruptura del bipartidismo: “la entrada de nuevos partidos ha fragmentado el espectro político, ha agudizado la polarización, aboca a continuos episodios de inestabilidad y está aderezada con una sobredosis de relato, de storytelling [narración de historias] y tacticismo”. Desde 2015, año de la irrupción de Ciudadanos y Podemos, se acumulaban años sin presupuestos, continuas elecciones y dificultades para renovar las instituciones: en parte porque el bloque de la derecha se acercaba a un divorcio con lanzamiento de platos a la cabeza, y en parte porque el de izquierdas no era capaz de aliñar una mayoría alternativa. Hasta la moción de censura de 2018, el PSOE dudaba entre la gran coalición, el sueño húmedo del ala socioliberal, las grandes empresas y alguna institución europea, y una mayoría de izquierdas apoyada por los nacionalistas. “Pedro Sánchez se decantó finalmente por el bloque izquierdas-nacionalistas, a regañadientes por las obvias dificultades que después se han confirmado. Es un equilibrio inestable: hay sacudidas incluso con el Presupuesto aprobado. Cada vez que Sánchez tiene la tentación de arrimarse a Ciudadanos, como hemos visto en Murcia, vuelve el lío en la izquierda, con la abrupta salida de Pablo Iglesias del Consejo de Ministros, y en la derecha, con esa larga lucha por la hegemonía”, añade Sánchez-Cuenca.

El interés por la política se desató a mediados de la pasada década y coincidió con la irrupción de nuevas formaciones. Pero el supuesto espíritu renovador no termina de funcionar: el regeneracionismo de Ciudadanos va camino de desintegrarse y Podemos empieza a asumir que le cuesta ir más allá de su papel como socio minoritario del PSOE. Vox es otro cantar: es capaz de recoger parte del malestar estancado con frases del tipo “los políticos son el problema”. Ese desengaño con la nueva política es otro ingrediente de la desafección, en sí “un síndrome viejísimo”, explica el politólogo Pablo Simón, que se produce cuando hay altos niveles de apoyo a la democracia, un bajo interés por la política y una mala opinión sobre los partidos. España es uno de los países de Europa Occidental con más desconfianza hacia las formaciones políticas, lo que acrecienta la sensación de naufragio: “Nos encontramos con una larguísima pandemia, un prolongado estado de alarma, una crisis económica larvada, una visible fatiga acompañada de lógica frustración… y una clase política que parece vivir de espaldas a esa realidad, ocupada en maniobras para ganar el poder o retenerlo pensando en las siguientes elecciones, la supervivencia de partidos o liderazgos particulares y el control de las narrativas”, enumera el profesor de Políticas Manuel Arias Maldonado. Un banco de ira parece acumularse a la espera de encontrar gestor. ¿Corresponderá esta vez ese papel a la derecha, en particular a la contestataria representada por Vox? ¿Lo asumirá un Podemos que se revuelva contra la socialdemocracia? ¿O la angustia de jóvenes y autónomos dará lugar a una réplica del 15-M? “Es una disyuntiva interesante: esta es una crisis exógena y no endógena, como la de 2008, y puede que el rebote económico diluya el malestar o al menos limite significativamente el número de quienes lo sienten y quieren expresarlo”, apunta Arias Maldonado. Pero el 15-M no puede repetirse, opina, porque ya ha sucedido y fracasado; igual, por cierto, que el procés. Así que no cree que ahora pueda nacer una nueva fe regeneracionista en España. “Quizá esto sea lo peligroso, porque la deriva psicopolítica puede entonces estar marcada por el nihilismo o la agresividad. Ahora bien, me parece más probable que continúe por el camino de una lenta decadencia”, cierra.

Sociología

La política española es un montón de remiendos de varios colores mal cosidos. Últimamente hay aún más remiendos y de más colores: en 2012, Belén Barreiro, expresidenta del CIS, predijo que la fractura derecha-izquierda estaba dando paso a un conflicto político entre ciudadanía y élites; poco después llegó el 15-M y el amanecer de Ciudadanos, Podemos y, en última instancia, de Vox. Barreiro cree que parte del problema es que esos nuevos partidos no han cumplido las expectativas de regeneración. E identifica tres grandes problemas: crispación (en forma de fenomenal bronca política), polarización (con partidos cada vez más alejados: ni siquiera la pandemia consigue mover votos en las encuestas porque los bloques son cada vez más rígidos) y desafección. “Crispación y polarización son responsabilidad directa de los partidos; la desafección es un achaque más complejo, fruto de la sucesión de crisis, la desigualdad, los efectos secundarios de la globalización, el miedo a la robotización. Lo peligroso es que confluyen las tres cosas en un momento de deterioro de las instituciones: la crisis de la Monarquía, el conflicto territorial no resuelto, el camino preocupante que está tomando el debate sobre la libertad de expresión o las dificultades para renovar órganos como el Poder Judicial o el Constitucional. Los estallidos de la ciudadanía son impredecibles, pero las señales de alerta se acumulan”.

Economía

“La política es como la cúpula del panteón romano: de la sociedad sale un malestar difuso, que reverbera en la cúpula política y nos llega amplificado, con un ruido ensordecedor”, comenta Antón Costas, maestro de economistas, divulgador y flamante presidente del Consejo Económico y Social. Ve un enorme cabreo entre los perdedores de estos 10 años de crisis, y malestar entre quienes temen perder estatus porque le ven las orejas al lobo. “De repente se cruza la pandemia y, con decenas de miles de muertos, la política se mete en líos y no deja de escupir bilis. Cuidado con las reverberaciones: los más pobres suelen hacer rebeliones, pero cuando el ruido se instala en las clases medias, el peligro es esa palabra en desuso llamada revolución”, advierte. Su receta es rehacer el contrato social. “Es imprescindible un cambio en la distribución de rentas —llevamos décadas con los beneficios aumentando su parte del pastel en detrimento de los salarios— para evitar sociedades aún más alteradas y políticas aún más ruidosas. Lo estamos viendo en los EE UU de Joe Biden, que va a inyectar casi dos billones de dólares en la economía, va a dar más capacidad de asociación a los trabajadores y promete romper oligopolios tecnológicos. A ver qué es capaz de hacer Europa”. Andreu Mas-Colell, exconsejero de la Generalitat y economista formado en las grandes universidades de EE UU, apunta que la democracia, como el capitalismo, “acumula problemas porque ha cerrado todas sus crisis recientes en falso”. Y no conviene volver a equivocarse, subraya: vienen años difíciles como para jugársela con esta mezcla de ruido, polarización y desencanto.

Filosofía e historia

El filósofo Gregorio Luri arquea metafóricamente una ceja ante la supuesta excepcionalidad española. “La política no es una balsa de aceite, pero tampoco lo es más al norte. Ni siquiera me parece que la situación actual sea peor que la de los últimos 40 años: ese mito del espacio público como lugar de diálogo celestial es un cuento infantil. La política española tiende a vociferar, al regate corto, a la polémica: me temo que la sociedad también”. Pau Luque, ensayista y profesor de Filosofía del Derecho, apunta que venimos de años de gran efervescencia política, pero de desafección con los partidos, que alumbraron formaciones nuevas. “A la vista de que los resultados son grises, el movimiento pendular nos trae desapego con la política y cierta vuelta a los partidos tradicionales”.

Periodismo

¿El tono y el contenido de los debates en el Congreso son peores que los de otras épocas? Lucía Méndez, experimentada corresponsal política de El Mundo, ve “una deriva peligrosa” con una política “dominada por personajes como Iván Redondo, Pablo Iglesias y Miguel Ángel Rodríguez, amantes del efectismo y agarrados al cortoplacismo”, pero también en toda la sociedad. “Hace 10 años los españoles decidieron que lo que veían no les gustaba y en medio de una profunda crisis económica y territorial cambiaron los liderazgos. Esa nueva clase política tampoco ha sabido estar a la altura: los hiperliderazgos no están funcionando, y sus asesores, antes hombres de Estado, ahora son consultores electorales. Falta institucionalidad, estrategias cooperativas en un Estado autonómico al que le estamos viendo las costuras, y sobran follones”. Soledad Gallego-Díaz, exdirectora de El PAÍS, critica que estemos dando paso a una especie de democracia sin política, un contrasentido de primera magnitud: “El debate político ha desaparecido: en el Congreso se parlotea, se insulta y se agrede, pero sobre los grandes asuntos hay un vacío alarmante. La ausencia de política tiene a los ciudadanos desconcertados”. “Las instituciones han aguantado sorprendentemente bien las sucesivas sacudidas. El problema no son las instituciones: es el uso que los políticos hacen de ellas. Y lo que me preocupa es que tanta gente se mantenga al margen de esa deriva: la sociedad civil tiene que obligar a los partidos a acabar con este secuestro del debate público”.

Recetas y literatura comparada

Las democracias son resistentes como juncos: saben ingeniárselas para desafiar la ley de la gravedad cuando hay ventoleras. “Proteger la democracia exige algo más que temor e indignación: hay que empezar a exigir a los partidos respeto por las instituciones, tolerancia con los adversarios y algo parecido a la contención, a la moderación. Y pedirle a la gente que no se desentienda del debate político”, reclama el historiador Álvarez Junco. El economista Antón Costas insiste en su receta de “un renovado contrato social” pospandemia. Y el politólogo Arias Maldonado da cuatro consejos para tratar de salir del laberinto: “Mejorar las oportunidades de los jóvenes; es necesario devolver a España a la senda de la modernización, frenando la deriva peronizante de nuestro sistema político; que los políticos den un giro hacia lo sustantivo y defiendan proyectos en lugar de atacar al contrario; y los medios de comunicación tienen que abandonar el clickbait [golpe de clic] tribal”.

Más allá de las recetas, conviene hacer un poco de literatura comparada para saber si ese bucle melancólico, fatalista y vicioso en el que anda metida la política obedece al socorrido Spain is different. Sergei Guriev, economista de la Facultad de Políticas de París Science Po, recuerda las posibilidades de la ultraderechista Marine Le Pen en las elecciones francesas y afirma que el mal español es un mal muy europeo, “fruto de las cicatrices de la crisis y del ruido que generan las redes sociales, que están transformando la política en spam [correo basura]”. Charles Kupchan, exasesor de Obama, deja un último apunte desde su casa, a menos de 10 kilómetros del Capitolio de Washington, asaltado hace tres meses por partidarios de Trump: “Las incertidumbres económicas asociadas a la globalización y el malestar con la migración han erosionado el centro político en muchas democracias occidentales. Las redes sociales han empeorado las cosas. Agregue a todo eso la pandemia y tenemos algo parecido a uno de esos cócteles tóxicos. Aunque recientemente las cosas han mejorado en EE UU: el péndulo está en el lado oscuro y los Trump de este mundo difícilmente van a desaparecer, pero los péndulos van y vienen”. Hace tiempo que las democracias dan señales de desquiciamiento; y sin embargo siempre nos quedará aquello de Paul Auster en la maravillosa 4 3 2 1: “Parecía que el mundo estaba a punto de acabarse. Pero no se acabó”.

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La tasa de temporalidad del sector privado roza el 25%, pero las Administraciones Públicas abusan aun más de los contratos temporales. Tres de cada 10 funcionarios son interinos, y los dos grandes pilares del Estado del bienestar, la sanidad y la educación, presentan cifras muy altas: tasas de temporalidad del 41,9% y 29,1%, respectivamente, según los datos de la Encuesta de Población Activa. Profesores, médicos y personal sanitario acumulan un contrato tras otro sin que su situación se regularice, en parte porque la Oferta Pública de Empleo sigue siendo el único método para terminar con esa lacra, y continúa sin ofrecer las plazas necesarias para cubrir las vacantes acumuladas en los últimos años. “Esas cifras no son aceptables”, aseguraba hace unas semanas el ministro José Luis Escrivá. Y el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, decía recientemente en una entrevista en este diario que “hay que resolverlo en uno, dos, tres años; no más”.

La Comisión Europea ha sido meridianamente clara en su negociación sobre las reformas asociadas a los fondos europeos. España ya sabe exactamente lo que quiere el Ejecutivo comunitario: “España tiene un porcentaje muy elevado de trabajadores interinos en el sector público. ¿Cómo va a alcanzar el objetivo de reducir ese porcentaje al objetivo del 8%? ¿Tiene pensado incluir la reducción de la alta tasa de contratos temporales en una reforma general de la Administración Pública, incluidas las contrataciones?”, apunta Bruselas en su respuesta al plan español para gastar los fondos europeos, según el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Fuentes del Ejecutivo subrayan que España se ha comprometido ya a reformar el Estatuto Básico del Empleado Público “a corto plazo, en unos seis meses; en todo caso, antes de fin de año”. Las mismas fuentes apuntan que ese no es solo un problema español: la temporalidad del sector pública ronda el 16% en Alemania. España, eso sí, no tiene previsto fijarse plazos para llevar la interinidad al objetivo del 8%: “Hay que hacerlo de forma escalonada”, añaden las fuentes consultadas. Política Territorial abordará esa reforma junto con el Ministerio de Hacienda y de la mano de las comunidades autónomas: la Administración central cumple ya el objetivo fijado en Bruselas del 8% de interinos, pero esa tasa asciende al 37,9% en el caso de las autonomías, con picos estratosféricos. El 56% de los empleados de Sanidad en Canarias son temporales, y más del 45% de los trabajadores del sector educativo en Cantabria son interinos.

Desaparición de las tasas de reposición

En España hay unos cuatro millones de personas con contrato temporal; en las Administraciones Públicas la cifra roza los 600.000, en gran parte como oscura herencia de la Gran Recesión. A partir del rescate a España de 2012 y el duro ajuste posterior —pese a que el entonces ministro Luis de Guindos bautizó el rescate como “un préstamo en condiciones muy ventajosas”— la temporalidad se elevó, con efectos sobre la inestabilidad laboral y la calidad de los servicios públicos, admiten las fuentes consultadas. La pandemia y la congestión del sistema público de salud son solo un recordatorio de ese problema. Entre 2012 y 2015 las tasas de reposición (de los funcionarios jubilados) eran del 0%: “A pesar del mito que contribuyó a difundir el ministro Cristóbal Montoro de que el Gobierno no aumentaba las plantillas en el sector público, lo cierto es que las necesidades se cubrieron con funcionarios interinos. Como consecuencia, el repunte de la tasa de temporalidad se disparó a partir de 2017”, señalan las mismas fuentes.

El Ejecutivo pretende acometer un cambio legislativo para reducir los incentivos perversos de las Administraciones sobre el abuso de la de la interinidad, con un modelo que permita tasas de temporalidad “allí donde las necesidades del servicio las aconsejen”, y que a su vez “convierta en fijos los contratos que son temporales sin justificación”, según las fuentes consultadas. En 2017 y 2018, el Gobierno del PP puso en marcha un plan —que no se ha completado— para reducir hasta 190.000 el número de interinos. Política Territorial y Hacienda buscan acuerdos tanto con los sindicatos como con las autonomías y en el Congreso para modificar el artículo 10 del Estatuto de la Función Pública. “Se trata de una reforma muy limitada que va a afectar a más de medio millón de familias”, apuntan fuentes del Ejecutivo. España ha anunciado esa intención en Bruselas, aunque la respuesta definitiva se enviará por escrito antes de fin de mes, junto con el resto del plan español.

El Gobierno presentó a finales de diciembre ante la Comisión Europea la gran mayoría de los 30 componentes del plan para empezar a gastar cuando antes los 140.000 millones de euros del Next Generation Fund. Y en enero envió los más controvertidos: la reforma laboral y la de pensiones. La acogida en Bruselas ha sido favorable: España está avanzada con respecto al resto de socios, y se ha comprometido a acometer un total de 170 reformas asociadas. Bruselas se quejaba del “flojo” plan italiano, pero eso ha cambiado con la llegada de Mario Draghi. También Francia ha mejorado el suyo, y ha trascendido que países como Alemania apenas incluyen reformas en sus planes y pretenden que el 75% de los fondos recibidos (22.000 millones) se gasten en planes que ya estaban presupuestados antes de que Bruselas alumbrara el Fondo de Recuperación y Resiliencia.

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Entre A Coruña y Ferrol, los lugares de origen de Calviño y Díaz, hay 50 kilómetros de distancia. Entre sus fechas de nacimiento hay apenas tres años. Ambas son abogadas y tienen pedigrí político: Calviño es hija de un alto cargo socialista de la Transición, y Díaz de un dirigente sindical y comunista gallego. Ahí se acaban los paralelismos y empieza el redoble de tambores: Galicia, en este caso, no une. La titular de Economía y la ministra de Trabajo piensan distinto, tienen estilos muy diferentes y, sobre todo, han protagonizado un choque tras otro en todas y cada una de las grandes decisiones de gasto. Si una, Díaz, piensa que hay que subir el salario mínimo, la otra, Calviño, cree que no es el momento. Si la vicepresidenta segunda in pectore piensa que convertir a los repartidores en asalariados a golpe de ley es un problema —a pesar de lo que diga el Tribunal Supremo—, quien será la vicepresidenta tercera no tiene dudas. La responsable de Economía suele mirar más a la CEOE; la de Trabajo, a los sindicatos, casi una tradición con Gobiernos de todos los colores.

Hace unos meses, el acuerdo de presupuestos daba un horizonte de estabilidad al Ejecutivo que hacía pensar en una legislatura larga y relativamente apacible. El crescendo de los últimos 15 días de politiqueo ha barrido esa perspectiva en el plano político; el económico depende en gran medida del centro de gravedad de esa turbulenta relación Calviño-Díaz. “De las decisiones que se tomen en lo que queda de 2021 dependerá lo que suceda con la economía española en el próximo lustro, tal vez en la próxima década”, asegura el economista Raymond Torres, uno de los expertos que asesoran a Nadia Calviño, pero también muy apreciado por Yolanda Díaz. Las fuentes consultadas en Podemos hacen una lectura parecida ante la delicada situación de la economía, gripada en plena tercera ola de la pandemia, a la espera de las vacunas y con un duro castigo a cuestas: a las cicatrices de la Gran Recesión de hace 10 años se suman a las heridas de la Gran Reclusión, con una caída del PIB del 11% en 2020 y un desempleo que va camino del 20%.

Los ‘dietristi’

En Italia los llaman dietristi: son esa clase de tipos que piensan que la verdad siempre está detrás, escondida, y que trafican con enigmas, secretos y teorías de la conspiración. La abrupta salida de Pablo Iglesias del Gobierno era terreno abonado para los dietristi españoles, que son legión. Pero la verdad es más prosaica: Iglesias estaba harto de ser vicepresidente, e intenta salvar a su partido de un buen castañazo en Madrid que hubiera dejado a Podemos extremadamente débil ante unas hipotéticas elecciones generales. Su relevo tampoco esconde ningún enigma: Iglesias llevaba meses proponiéndoselo a la ministra de Trabajo, que cuenta con potencial para arañar votos al PSOE sin perder pegada en la izquierda.

Cuando Sánchez obligó el martes a elegir entre una vicepresidencia segunda de derechos sociales o la tercera con Trabajo, la respuesta de Díaz fue fulminante: “No voy a pelear por esto, me da igual la vicepresidencia segunda que la tercera o la cuarta: lo que me importa es el Ministerio de Trabajo”. Calviño subió así un escalafón sin la pelea de otras veces; “el presidente lo tenía claro”, según fuentes de Economía. Fin de la historia: esa cesión de Díaz acabó esta vez con los dietristi y evita sumar un episodio más al numeroso historial de desencuentros entre ambas ministras. Cuesta encontrar un episodio en el que ambas coincidan: uno de esos extraños momentos —aunque por motivaciones distintas— se produjo cuando el PSOE y Podemos firmaron un pacto con Bildu para salvar un estado de alarma a cambio de la “derogación inmediata y completa” de la reforma laboral, a ninguna le gustó.

Uno de los economistas que trabajó con Pedro Sánchez en la oposición suele contar que el PSOE tiene dos almas económicas. Es firme partidario de los estímulos cuando no está en el poder, pero no termina de creerse esa baza cuando llega a La Moncloa. Ni siquiera esta vez, en la que el consenso internacional ha virado radicalmente: el BCE, el FMI y la Comisión Europea piden activismo a los Gobiernos sin demasiados miramientos fiscales. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha sido más heterodoxo que el Ejecutivo en el último año. Y el nuevo primer ministro italiano, el exbanquero central y ex vicepresidente de Goldman Sachs Mario Draghi, aseguraba este mismo viernes que “no hay que mirar ahora a la deuda pública”.

Ese es el dilema, el nudo gordiano, el quid de la cuestión: creerse de veras que en plena pandemia lo ortodoxo es gastar, o tener un ojo puesto en la deuda a la vista del escaso músculo fiscal de España y de lo mucho que dolieron los ajustes patrocinados por los hombres de negro hace una década. Díaz, con carné del PCE, ha reclamado repetidamente la vía de los estímulos; Calviño representa una visión más ortodoxa, fruto de su larga y exitosa carrera en Bruselas y de su formación como Técnica Comercial y Economista del Estado.

Puede que la narrativa económica internacional esté más próxima a las posiciones de Yolanda Díaz en estos momentos, pero el presidente Sánchez se ha decantado hasta ahora por la visión de Calviño. España ha aplicado, grosso modo, la misma política económica que la gran mayoría de sus socios, pero a menudo arrastrando los pies. Eso ha provocado trifulcas entre Economía y Trabajo. Los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) y las ayudas a empresas son dos de los muchos ejemplos de ese conflicto. El próximo capítulo, del que se ha visto un avance esta semana, es la reforma laboral, la piedra angular sobre la que se han cimentado sus diferencias desde el primer día.

Gestión de 140.000 millones

Los próximos meses prometen emociones fuertes: no hay crisis —ni virus— que 100 años dure, pero la velocidad de la recuperación depende de no errar el tiro. La gestión de los 140.000 millones en fondos europeos es fundamental: un adelanto electoral podría dejar en suspenso parte de ese gasto, imprescindible para que la economía recupere las constantes vitales y dé los primeros pasos hacia el mil veces prometido cambio de modelo. Estrechamente vinculada a los fondos está la agenda de reformas, y ese puede ser el termostato de la turbulenta relación entre vicepresidentas. Hace unos meses, Calviño patrocinó un informe con ideas sobre la reforma laboral contrarias al acuerdo de coalición, y mantuvo un duro enfrentamiento con Díaz que llegó a su punto álgido a finales del año pasado, según las fuentes consultadas, por el grado de ambición de esa reforma. Díaz va a echar el resto en este asunto, según fuentes de Trabajo. Calviño, lo mismo: en una presentación reciente ante el Eurogrupo, tiró de ambigüedad y se limitó a hablar de “modernización” de la negociación colectiva, cuando el acuerdo de Gobierno habla a las claras de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa.

La recuperación está a la vuelta de la esquina, pero depende de un sinnúmero de condicionales. De la efectividad de las vacunas. De cómo se gaste el dinero europeo. De la maltrecha estabilidad política. De las reformas. Si algo de eso se tuerce y España pincha, a partir de 2023 los mercados y los socios europeos podrían castigar los errores cometidos: el equilibrio inestable que logren alcanzar Calviño y Díaz es fundamental para evitar sustos. Pero también para cuestiones de más calado. El Estado del bienestar es la traducción socialdemócrata del guion de posguerra: mercado y democracia representativa, intervención pública para corregir desequilibrios, y elecciones para identificar las demandas que deben satisfacerse. España es uno de los contados países de la OCDE en el que el 20% más rico recibe más prestaciones y transferencias que el 20% más pobre. Ese dato, y la ambición futura de ese Estado del bienestar, también dependen de las decisiones económicas de este 2021 que se adivina fundamental. Y de ese pulso entre vicepresidentas gallegas.

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