La vía más efectiva parece avivar contradicciones entres esos socios. No es casual que el portavoz popular, Miguel Tellado, se embarrara hace pocos días en un rifirrafe con el PNV sobre si el Gobierno debía comparecer en el Congreso para explicar su posición sobre Venezuela. A los peneuvistas les duele que les metan en el saco de Podemos o que se dude de su compromiso con la democracia en Latinoamérica. Más suerte podría tener el PP con Junts. Pese al show de Carles Puigdemont, el vicesecretario popular Esteban González Pons insistió en que ellos pueden hablar con todos los partidos, sin plantar a Junts por esa finta a los Mossos. Ideológicamente, tampoco dejan de acercarse: Puigdemont se presentó a las elecciones catalanas con un programa de bajadas de impuestos, parecidas a las de los barones populares.

El PP quiere incidir en los posibles agravios que puede suponer para Junts y el PNV apoyar a Sánchez. No es que hasta la fecha no haya notorias contradicciones: ERC y Bildu siempre han estado más cerca del bloque progresista que sus competidores, pero para Junts y el PNV apoyar a este Gobierno tenía una utilidad: de un lado, la amnistía; del otro, revalidar el poder en Euskadi. Ahora bien, nada es inamovible, y si Feijóo no puede tumbar al PSOE, pese a ganarle las elecciones, es lógico que intente fragmentar la mayoría que le apoya.

De momento, el PP tiene más donde rascar en el caso de Junts. Por ejemplo, la batalla de Puigdemont contra el Tribunal Supremo por la amnistía es solo la punta del iceberg. Menos de un centenar de las 486 personas que, según los datos de la Fiscalía, pueden ser beneficiarias de la norma, han sido amnistiadas, entre ellas unos 40 activistas por la independencia y 50 policías, según los cálculos de este diario. Incluso, hay otros fiascos: Junts tampoco ha logrado la oficialidad del catalán en la Unión Europea, pese a los intentos de Exteriores. Con todo, sería raro ver a Puigdemont reconociendo sus carencias en público porque la política actual va de relatos, y un Gobierno del PSOE todavía le renta mientras se pueda seguir tramitando la amnistía en los tribunales.

Sin embargo, existe un elemento que puede acercar decisivamente a Junts y al PP a largo plazo: el debate sobre la nueva financiación para Cataluña. ERC necesitaba un argumento para vender a sus bases que apoyaran la investidura de Salvador Illa, y el Gobierno ya ha rebajado los anhelos de los republicanos dejando claro que lo pactado no supondrá ningún concierto económico. Ahora bien, las expectativas son tan altas que si la “nueva financiación” acaba decepcionando, la pasarela estará puesta para que el Junts resultante de la amnistía venda a los suyos que de este PSOE no se puede esperar demasiado, de manera que los populares sean vistos como un mal menor.

Hay un segundo factor que aproxima a Junts al PP: algunas políticas promovidas por el PSOE y Sumar son percibidas como invasivas del autogobierno de las comunidades autónomas. Por ejemplo, se ha reducido a “racismo” que populares y Junts tumbaran, junto a Vox, la reforma de la ley de extranjería. Ahora bien, existe otra lectura: la reforma daba más competencias al Gobierno para obligar a las comunidades a aceptar menores migrantes, sin tener aquellas la financiación suficiente asegurada. Y no sería la primera vez que este Ejecutivo abre debates centralistas sobre la reducción de competencias autonómicas frente al Estado. Por ejemplo, una armonización de impuestos entre autonomías serviría a ese mismo propósito, algo que ERC ha saludado en el pasado, y no así el PP regionalista de Feijóo, a sabiendas de que su mayor fortaleza son sus barones territoriales.

Si el PSOE cree que los socios están atados por la existencia de Vox, las correlaciones políticas pueden cambiar para la siguiente legislatura. Precisamente, lo que más le preocupa tanto a Junts como al PNV no es tanto el color del Ejecutivo de turno, como aumentar su autogobierno. Ya lo dijo el entonces líder peneuvista, Xabier Arzalluz, en 1996: “He conseguido en 14 días más con Aznar, que en 13 años con Felipe González”. Sánchez debería tomar nota de que la mayoría que le apoya no es un todo, sino una suma interesada de las partes.

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Es el lamento, desde hace tiempo, de muchos ciudadanos afines a la ruptura: la pérdida de pilares como el modelo de inmersión lingüística, que ya no funciona como antaño porque los jóvenes hablan menos y peor catalán que hace una década. Según la Enquesta a la Joventut de Catalunya, el uso de la lengua ha caído 18 puntos en la población de entre 15 a 34 años. El catalán ha pasado desde 2007 de ser la lengua principal de un 43% de los jóvenes, a solo un 25% en 2022. El castellano ha crecido del 39,4% al 44,5% en ese mismo período. Asimismo, la competencia de catalán en Secundaria fue la peor de los últimos 11 años. Ahora bien, en esa etapa no gobernaba el PSC, sino curiosamente, Artur Mas (CiU), Carles Puigdemont (Junts pel Sí), Quim Torra (Junts pel Sí), o Pere Aragonès (ERC).

Resulta hipócrita afirmar que Illa es el “españolista” que habría venido a reventar los pilares del nacionalismo catalán, solo porque fuera visible la bandera española en su última reunión con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Es tan surrealista como creer que el PSC ha comprado la “agenda independentista”, según dice la derecha, porque Illa hablara de la “nación catalana” en su discurso de investidura. La realidad en Cataluña es hoy mucho más compleja que en los tiempos del último tripartito. Que se haya terminado el procés no quiere decir que sus consecuencias no pervivan. Y parece que el nuevo president solo intenta mantener los equilibrios sobre la población a la que se dirige.

De un lado, porque la polarización ha crecido. Los independentistas viven con un sentimiento de derrota la pérdida del Govern y el fracaso de 2017. Por tanto, se aferran al deseo de recuperar un sentimiento de orgullo nacional que sienten pisoteado, aunque el propio movimiento lo borró en su idea de crear un Estado propio. Se extendió la idea de que no hacía falta un componente “étnico” para apoyar la independencia, vendiéndolo como un proyecto instrumental basado en los “beneficios” económicos y sociales de desgajarse de España. Por tanto, fueron los partidos, más en concreto ERC, quienes dejaron atrás los postulados esencialistas de los que ahora se lamentan sus votantes. Por otro lado, han surgido fuerzas como Vox, mientras que este PSC ha absorbido buena parte de los apoyos del Ciudadanos de Inés Arrimadas. Es decir, no es el PSC “catalanista” de Maragall y Montilla: Illa acudió a la manifestación del 8 de octubre de 2017 en Barcelona, y apoyó aplicar el 155.

La verdad es que la pérdida del catalán ni siquiera es únicamente una cuestión de voluntad política. Muchos jóvenes consumen streaming en castellano. El modelo de TV3 en los años noventa —con una nutrida parrilla de dibujos en catalán que vio una generación entera— se ha ido depauperando, y los flujos migratorios también hacen más complicada la homogeneización de los usos lingüísticos de ciudadanos venidos de otras partes del mundo.

La pregunta es qué políticas adoptará Illa en relación con la escuela catalana. Muchos independentistas han estallado porque la nueva consellera de Educación, Esther Niubó, dijera en el pasado que la escuela no estaba para “preservar” el catalán, sino que estaba para “aprender”. Sin embargo, para esta Diada del 11 de septiembre, el Govern del PSC ha lanzado una campaña donde afirma que la catalanidad es transversal: tal vez el nuevo Govern haya concluido que solo ese nervio puede unir hoy a buena parte de la sociedad, como en tiempos de Pujol, pese al cambio sociológico.

A la postre, sectores de ERC creen que al PSC le convendrá cumplir sus acuerdos tanto en lengua como en financiación para recuperar ese “catalanismo”. Ahora bien, los propios republicanos han cavado la tumba de una frustración asegurada, al inflar las expectativas del acuerdo de investidura con el PSC. Vendieron a sus bases que ello permitiría la “soberanía fiscal” de Cataluña, solo para poder tener una coartada con que investir a Illa, pese a que el Gobierno ha rebajado ya las previsiones en ese sentido. Anteriormente, los republicanos también dijeron que el catalán estaba blindado en la última ley educativa que pactaron con el PSOE y los tribunales se han posicionado a favor de mantener el 25% de castellano en la escuela.

Ya se sabe: de sus profecías autocumplidas vive también el independentismo. Ahora toca decir que Illa es un “españolista” para sacudir a los partidos del procés de cualquier responsabilidad nacional o lingüística. El problema es que eso de ir creando agravios irresolubles se le da mejor a Junts que a ERC, y los de Carles Puigdemont ya están afilando los cuchillos para esta nueva legislatura.

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En esa senda de la reformulación estaba el propio Puigdemont antes de su reaparición en Barcelona el pasado 8 de agosto. El líder de Junts había basado la campaña electoral del 12 de mayo en recuperar varias consignas de la vieja Convergencia. Habló de impuestos, de cultura del esfuerzo, e incluso, fichó a perfiles como la empresaria Anna Navarro para apuntalar el giro business friendly, poniendo la mirada en la Cataluña del futuro, la digitalización y la tecnología. Es más, Puigdemont dejó caer en varios mítines el mal estado de ciertas infraestructuras catalanas o la baja ejecución de las inversiones, casi insinuando que por ahí podía quizás Junts pactar los presupuestos con Pedro Sánchez. Pero todo ello pareció esfumarse cuando montó su performance veraniega. El mantra de un “president legítim” abandonado por la traidora ERC volvió a abrirse paso haciendo saltar las alarmas sobre el problemático papel de Junts en la gobernabilidad de Sánchez.

Junts tiene hoy dos almas: legitimismo frente a pragmatismo. Basta observar que el personalismo máximo de su líder es el emblema del partido, pero este está formado de una potente base de alcaldes, quienes permitieron salvar los muebles en las municipales del 28 de mayo de 2023. Esos cuadros están preocupados por gestionar y son referentes en sus respectivos feudos, aunque no sean tan mediáticos. Ahora bien, es raro encontrar hoy en día un núcleo crítico fuerte contra Puigdemont, asumido que el PDeCAT —lo más parecido al alma “sensata” que surgió del espacio post-Convergente— se extinguió electoralmente y muchos se pasaron a Junts sin problemas porque les daba mayor rédito

Las dos almas no son en absoluto incompatibles entre ellas, ni estancas, sino complementarias. Si no fuera por el misticismo que aún rodea a Puigdemont, poco diferenciaría hoy a Junts de ERC. Ambos han pactado sus salvaciones judiciales con el PSOE, vía indultos y amnistía; ambos han participado de la gobernabilidad enterrando el referéndum. La diferencia clave es que Puigdemont todavía sigue dando a los suyos giros de consumo interno, una especie de halo romántico que algunos creen ver en el “vacile” o la “resistencia” contra España: hoy poner contra las cuerdas al Gobierno, mañana, a las fuerzas del Estado. Y esa pulsión antisistema, más moral que de facto, es compatible con el hecho de que muchos independentistas sepan también que, tras las acrobacias, hoy el movimiento sigue sin tener un proyecto realizable, asumido el fracaso de 2017.

En consecuencia, raramente Puigdemont será defenestrado por los suyos porque aporta relato. Es decir, un imaginario colectivo para mantener viva la llama de la ilusión por el Estado propio. Hay que entender que Cataluña no puede volver a la normalidad plena de 2009 porque diez años de procés no pasan en vano. Por tanto, el nuevo tablero catalán será lo más parecido a los años 90, con el regreso del Tripartit encubierto de Salvador Illa, y con un Junts que aspire a recuperar la hegemonía de Convergència. Ahora bien, habrá un matiz de conceptos o significantes. Lo que su momento fue entendido como nacionalismo hoy pasa a llamarse independentismo: exigen cuestiones relativas a la lengua, o al autogobierno, como el nacionalismo noventero, pero se dicen a sí mismos independentistas, porque hay un 2017 en el pasado reciente. Es decir, que será un independentismo folclórico, con sus mitos —el 1 de octubre, el 8 de agosto— aunque de ejecución autonomista, como es evidente en el caso de ERC.

Por eso, a Junts le toca valorar en su congreso de otoño qué hacer ante la etapa del Govern de Salvador Illa. Debe elegir si volverse irrelevante mediante una oposición descarnada en el Parlament y en el Congreso; o bien, si centrarse en subir cada apuesta que haga ERC en sus negociaciones con el PSOE (como la financiación) para desgastarles; o tal vez, centrarse en cesiones para sus alcaldes. Pero un giro sí ha empezado a dar Junts en sus avisos a Sánchez: mientras la amnistía no le sea aplicada a su líder, más difícil será dar una gobernabilidad sólida a España.

Con todo, el desenlace se podría ir acercando. La medida de gracia puede llegar a ser efectiva tal vez en menos de un año si Puigdemont solicitara amparo al Tribunal Constitucional y este enmendara la plana al Tribunal Supremo. Y ahí se verá si el líder de Junts sigue al frente de la formación o se vuelve una especie de guía espiritual o coach de su espacio. Es la paradoja del futuro: suele parecerse demasiado al pasado; rima, pero tampoco puede repetirse del mismo modo porque aunque las personas se resistan, las circunstancias cambian.

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La primera pata de esa “nueva normalidad” es la composición del Govern Illa. Se acusa al PSC de “derechización” porque haya perfiles como el conseller Ramon Espadaler, de la conservadora Unió, y nadie de los Comunes. De un lado, esto tiene que ver con las servidumbres electorales: es previsible que los Comunes no vayan a ponerle trabas significativas al PSC en esta legislatura, mientras que Unió era parte de la coalición socialista en los comicios, y por tanto le correspondía algún puesto. Del otro, cualquier combate ideológico desde la izquierda queda rebajado por la necesidad de integrar al nacionalismo moderado en el Ejecutivo —para favorecer los acuerdos en el Parlament—. Ni el PSC ni ERC son una suerte de Podemos catalán, sino al contrario: aspiran a un cierto pragmatismo, lejos de histrionismos. En definitiva, Illa ha querido que este nuevo tripartito por la puerta de atrás no sea percibido como una afrenta contra la mitad de Cataluña —la de los valores morales del PP y de Vox— o contra la del independentismo —incluyendo incluso a algún rebotado de Junts en sus filas—.

Así que la Cataluña de tothom de Illa es un producto de su contexto: el afán de pacificar los ánimos, y de inaugurar un período de redención colectiva. La batalla hoy está en convencer a la ciudadanía de 2024 de que la Cataluña previa a 2009 era mejor que la década de pulsiones de ruptura. La nueva era estará forjando imaginario frente a los que, como Puigdemont, quieren mantener viva la idea del legitimismo. Por tanto, el éxito del nuevo orden es la única forma de lograr que el fin del procés se relacione con la idea de bonanza y sosiego para las generaciones que suben, mientras que los 10 años precedentes sean leídos como una época convulsa e involucionista.

En ese sentido, existe un elemento capaz de reventar la nostalgia independentista: el sentimiento catalanista. Muchos afines a la ruptura añoran la Cataluña en que funcionaba bien el modelo de inmersión lingüística, donde había cierto apego nacional, y las instituciones no estaban en tela de juicio. Por eso, resulta llamativo que Illa haya reivindicado en sus últimos discursos la “nación catalana”, pese a que en la campaña electoral lanzó cantidad de guiños al votante de Ciudadanos usando topónimos como Bajo Llobregat, que raramente se dicen en castellano. Pareciera como si el nuevo president hubiera llegado a la conclusión de que el catalanismo de los años noventa es el único consenso que puede unir a una mayoría de ciudadanos, incluso aquellos que votan opciones de ruptura. Precisamente, muchos de estos últimos sienten nostalgia del proyecto de país, de la “construcción nacional” de Jordi Pujol, y lamentan que el procés lo haya enterrado.

Por eso, Junts insiste en que este Govern del PSC es “españolista” para seguir manteniendo viva la idea de agravio. Illa apoyó la aplicación del 155, o se manifestó el 8 de octubre de 2017, símbolo de que los socialistas catalanes de hoy no son iguales a los tiempos de Pascual Maragall o José Montilla. Ahora bien, sus alianzas con ERC le han puesto en bandeja reconciliarse con ese pasado: si Illa logra revitalizar el uso del catalán, y algún acuerdo con el Gobierno para ampliar competencias o la financiación, sepultará esa impresión —que tienen la mayoría de independentistas— de que este PSC es lo más parecido a Ciutadans. Aunque está por ver si el giro catalanista se vuelve realidad, tanto en materia educativa como de autogobierno.

La derecha necesita vender que Illa es un “rupturista” más. Cómo se habrá degradado el debate público para creer que una figura como el conseller de Exteriores y europeísta convencido, Jaume Duch, se prestaría a eso. Y si la derecha cree que la nueva era en Cataluña va de izquierdas o de derechas, de unionismo o de independentismo, se equivoca. El nuevo tiempo va de caos frente a estabilidad, de orden frente a lío, de gestión frente a sectarismo. Si la convivencia triunfa, y la normalidad se impone en instituciones como los Mossos d’Esquadra, garantizando la sensación de seguridad en las calles de Cataluña, ni los votantes del PP y Vox tendrán demasiado de lo que quejarse en adelante.

Es lo que tiene el orden: no a todos emociona, no a todos seduce, pero pacifica. Hay veces en que la normalidad se acaba volviendo lo más revolucionario, casi un acto de radicalidad política.

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Basta palpar el caldo de cultivo en el seno del movimiento. Muchos afines a la ruptura llevaban días molestos porque los republicanos apoyen a un Govern del PSC. Ahora bien, ello no quita que esos mismos votantes crean que Puigdemont les dejó tirados al no lograr el Estado propio. Es la principal diferencia del sentir del independentismo entre el 1 de octubre de 2017 y el 8 de agosto de 2024: la pugna ya no solo bascula entre ERC y Junts, sino que existe otra vía, la de la frustración, donde muchos ya no están dispuestos a reírle las gracias a un “president legítim” del que saben que ha enterrado el procés, como ERC, y se agarra a sus últimas bazas. Por eso, la “conmoción nacional” que algunos auguraban en Cataluña, si era detenido, en ningún caso habría sido de tanta envergadura como el 1-O. Desde hace tiempo, se nota una desconexión emocional de muchos ciudadanos hacia la causa, aunque consideren injustos los procesos penales acontecidos.

Así que Puigdemont tiró de ilusionismo para salvar a Junts en esta nueva etapa. Quiso mostrar que esta vez sí cumplía con su palabra de volver, a diferencia de otras veces. Le urgía reivindicarse como la llama que mantendrá vivo el sueño de independencia, en oposición al tripartit encubierto que puede nacer en Cataluña. Y probablemente, haya una parte de gente que conecte con el misterio de su finta, o el intento de burla: el nihilismo encuentra cierto alivio en el golpe de efecto, y él sigue siendo el líder indiscutible de ese espacio. Pero más allá de las bengalas, la realidad es que Puigdemont sigue atado a la aplicación de la Ley de Amnistía que pactó con Pedro Sánchez.

Por eso, todo apuntaba a que la estrategia del líder de Junts pasaba por entregarse. Desde que perdió el aforamiento, al dejar de ser eurodiputado, se arriesgaba a ser devuelto a España por la malversación, una vez el juez Pablo Llarena emitiera una nueva euroorden. De hecho, su detención servía para acelerar la aplicación de la medida de gracia: en caso de ir a prisión, podía pedir el amparo al Tribunal Constitucional, tal que este se pronunciara en contra de la posición del Tribunal Supremo, y le dejara libre. Todo dependería de cuánto tardara el TC en resolver su situación, si semanas o meses.

La eventual detención de Puigdemont reventaría la legislatura de Sánchez: si el líder de Junts acaba en la cárcel, este Gobierno no tendrá nuevos presupuestos, solo los prorrogados, ni nuevas leyes que aprobar, hasta que no saliera de ella. En La Moncloa pueden respirar aliviados de que la situación no se haya zanjado por ahora con ese escenario. Pero en Interior deben rendir cuentas por otro asunto también peliagudo: ¿Cómo logró el expresident cruzar la frontera y esfumarse después entre la muchedumbre?

Aunque, claro está, Puigdemont eligió con precisión la investidura de Salvador Illa para ajustar cuentas con ERC. Su aparición quería ser presentada como un “hito heroico”, movilizando a un país entero en su búsqueda. Pero de fondo, su show es el síntoma de un fracaso. Tanto tiempo negociando una amnistía para que no le estuviera siendo aplicada. Y si uno atendía a la composición del Arc de Triomf en Barcelona este jueves, allí básicamente había ciudadanos de una media de 50 años. Los indultos y la amnistía impedirán que otra generación de jóvenes se socialice en la idea del martirologio independentista, porque aquellos chavales que en 2012 tenían veinte años, hoy tienen más de treinta y están frustrados. La soledad de sus líderes también se hizo notar antes con la vuelta de Marta Rovira.

Y es que ambos partidos se han dedicado a apuñalarse durante diez años, en un juego de suma-cero del que ahora se benefician otros. La soberanista y xenófoba Aliança Catalana ha empezado a pescar en ese mar revuelto con discurso que va más allá del tema migratorio. Pide paso, bajo la idea de que tanto Junts como ERC se han rendido ante el Estado. Por su parte, Illa es el síntoma, no la causa, de que el independentismo pierda el Govern: el ciudadano prounidad de España está más desacomplejado que nunca, y los afines a la ruptura, en cambio, desmovilizados e incapaces de crear nuevos adeptos.

Sin embargo, Puigdemont cerró el procés con un juego de ilusionismo que se puede disipar con el paso de los días. La prueba es que Salvador Illa es president, aunque la incompetencia de ERC al frente de Interior, y todavía el limbo de la Ley de Amnistía tapen su protagonismo. Pero la normalidad política que traerá el PSC es el mayor hito del cambio de ciclo: que no sea ruidoso no quiere decir que no exista, sino al contrario, es su irrefutable síntoma.

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Basta sondear algunos de los militantes republicanos para observar las distintas líneas de pensamiento: están los que quieren evitar elecciones a toda costa, lo que no quieren ni ver al PSC, y los que se cuestionan si la “soberanía fiscal” es realizable o una utopía. Y es que el acuerdo entre socialistas y republicanos exigiría una reforma de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), si la cesión fuera más allá de la mera recaudación de impuestos y se adentrara en modificar el sistema de reparto entre autonomías. Es decir, que el PSOE no tendría asegurados los apoyos porque debería ser aprobada por una mayoría en el Congreso. Junts ya ha puesto el grito en el cielo para boicotear la consulta republicana. Los partidos del espectro de Sumar, como la Chunta Aragonesista o Compromís, reclaman también lo suyo, bajo amenaza de reventar el acuerdo para Cataluña.

Así que la militancia de ERC se arroja a un acto de fe, o a la posibilidad de ser pesoizados si se incumple el acuerdo. A fin de cuentas, el chascarrillo You have been Psoed parte de la sensación de que negociar con Sánchez es siempre muy complicado, o que tras lo acordado, suelen venir los recortes. Por ejemplo, a ERC le ha costado hasta tres rondas de negociación que el presidente haga efectiva la cesión del Ingreso Mínimo Vital, medida que se aprobó en 2020. Ese sentimiento también es compartido por Junts, Bildu o incluso el propio PNV, quien llegó a quejarse de que La Moncloa les trataba como a un kleenex.

Sin embargo, los republicanos no deben ser vistos como víctimas: la dirigencia del partido es la primera interesada en investir a Illa, por miedo a hundirse en las urnas. La pregunta enrevesada a la militancia sirve al propósito de que se apoye el acuerdo. Asimismo, el estigma de que el PSOE incumple sus pactos supone una construcción interesada. Es ERC quien tardó cuatro años en reconocer que habían pactado los indultos para salvarse de sus penas de prisión, pese a ser obvio que los socialistas no iban a aceptarles un referéndum en la mesa de diálogo. Es Oriol Junqueras quien se marchó hace unas semanas, aspirando a volver una vez todo haya pasado, lavándose así las manos del resultado de lo que se negocie.

Los militantes más optimistas de ERC defienden que el PSC tendrá esta vez interés en plantarse ante el PSOE: creen que a los socialistas catalanes les conviene volver a la senda del catalanismo cumpliendo lo negociado sobre lengua y financiación. La formación de Salvador Illa ha ido abandonando su vertiente más catalanista, alejándose de aquel PSC de Pasqual Maragall. Por ejemplo, buscando captar el voto de Ciutadans, Illa aludió en la campaña electoral a “el Bajo Llobregat” —denominación que raramente se dice en castellano— sumado a un distanciamiento del PSC del modelo de inmersión lingüística en los últimos tiempos. Es decir, que en ERC algunos piensan que al PSOE de Sánchez le interesa mantener su poderío en Cataluña, porque resistió en el Gobierno tras el 23-J gracias a su filial catalana. Y sostienen que esa fuerza solo seguirá creciendo a futuro volviendo a ser el partido de los noventa, haciéndole una opa al votante posibilista del independentismo.

No es casual que Junts insista en que Illa es el representante del “españolismo”, para boicotear la tesis posibilista de ERC. Le siguen llamando el “candidato del 155″ y no le perdonan que acudiera a las manifestaciones del 3 de octubre en Cataluña. Carles Puigdemont se arriesga a la irrelevancia si no se abre a ningún acuerdo ni con el Illa president, ni con el Sánchez presidente. Y tal como está planteado el pacto con ERC, da la impresión de que los socialistas esperan de ellos un apoyo estable a lo largo de legislatura, que se iría renovando por parte de los republicanos a medida que se vayan cumpliendo los puntos fijados.

A la sazón, existe todavía un argumento más potente para valorar si el PSOE se esforzará en cumplir lo negociado: Sánchez podría perder el poder en otra eventual legislatura, si ello llega a buen puerto. En esencia, porque la amnistía se aplicará a Puigdemont, tarde o temprano, y entonces Junts siempre podrá decir a los suyos que ahora toca pactar con el Partido Popular, “visto está, que el PSOE no cumple con sus acuerdos”. Este es el mayor riesgo para la izquierda.

En resumen, si ERC es pesoizada es porque al partido le conviene, pero Sánchez también se juega que Junts y los populares sigan acercándose, como llevan semanas haciendo en el Congreso: migración, economía… o en cualquier eventual investidura, si Vox dejara de ser alguna vez parte de esa fórmula política.

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Hete ahí la paradoja: la “Cataluña españolista” es una realidad, pero la Moncloa solo podrá lucirla si hay una Generalitat socialista. Es más, solo evitando una repetición electoral —con un gobierno de Illa antes de agosto— podrán descubrirse cuanto antes las cartas negociadoras de Carles Puigdemont en el Congreso. Es decir, si el PSOE podrá tener gobernabilidad o presupuestos. Y es que haber tumbado el objetivo de déficit del Ejecutivo esta semana no implica ningún posicionamiento firme de Junts a futuro: antes rechazó hasta el proyecto inicial de la Ley de Amnistía, dándole apoyo al mes siguiente. El problema es que los de Puigdemont necesitan mantener las distancias con la Moncloa de momento, por si toca regresar a las urnas.

Así que investir a Illa es una pieza esencial para Pedro Sánchez, por lo simbólico, y porque despejaría los mimbres de la legislatura, sin tener que esperar a finales de año. A fin de cuentas, Puigdemont sigue sin ser un candidato realista, y la cosa ya solo va del PSC o elecciones. El Tribunal Constitucional no permite investiduras a distancia, y no es creíble un regreso del líder de Junts a riesgo de ser detenido. La pregunta clave es qué podría esperar el Gobierno de Puigdemont, mientras los altavoces de la derecha dan por hecho de que se vengará, si no logra ser investido.

Y en esencia, el bloqueo por parte de Junts no parece una opción realista. Cerrándose a cualquier acuerdo con el Ejecutivo se arriesgarían a caer en la irrelevancia en Cataluña y en Madrid. La base social del independentismo no es hoy como en 2017, sino que exige hitos de gestión como más recursos económicos o autogobierno. Pese a ello, Junts no lo va a poner fácil. Necesita llevar al presidente al límite cada semana, para seguirse vendiendo como la fuerza independentista que “se hace respetar, a diferencia de ERC”. Que los republicanos apoyaran un tripartit por activa o por pasiva les daría margen de maniobra, tras desmarcarse de la “sumisa Esquerra”. Es más, si la Moncloa quiere sacar sus cuentas, tiene la respuesta en los plenos del Congreso. Míriam Nogueras lleva meses insinuando que algunas de las condiciones son la ejecución plena de las inversiones en Cataluña, financiación, competencias… Ahora bien, Junts podría no ver incentivos en pactar cesiones para una Generalitat que gobierne Illa, centrándose tal vez solo en partidas para su base de alcaldes, o en temas en los que compite con Aliança Catalana, como la migración.

Con todo, la clave de bóveda sigue siendo qué harán los republicanos ante la investidura catalana. El regreso de Marta Rovira constata la pérdida de autoridad de los líderes del procés: esta ha pasado sin pena ni gloria —lejos de aquellas grandes manifestaciones independentistas— dando lugar a burlas por parte de muchos jóvenes afines a la ruptura, algo impensable en 2018. Pese a ello, parece obvio que la dirigencia de ERC está por apoyar a Illa: en pocos días se ha concretado la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital y se ha acordado la compensación por el servicio de Cercanías desde 2009. El PSOE no va a aceptar nada que vaya más allá de un consorcio tributario, pero está por definir cuál sería el modelo de una eventual reforma de la financiación. El problema sigue siendo que ERC está hecho un polvorín. El goteo de escándalos internos —ataques de falsa bandera, como carteles o muñecos— solo denota un ajuste de cuentas entre facciones que hace aún más incierta el resultado en la votación entre la militancia.

Aunque los árboles no deben ocultar el bosque en Cataluña: los partidos del establishment independentista ya solo están a la greña por financiación, cesiones o competencias, lejos de los debates sobre la autodeterminación. Eso parecía algo impensable tras las elecciones del 23 de julio de 2023, cuando hasta aparcar el referéndum se antojaba una utopía. Pero un año después, casi ningún independentista está ya dispuesto a salir a la calle para reivindicar el 1 de octubre, cada vez más jóvenes se están socializando bajo la ida de una España amable sin lazos amarillos, y los votantes constitucionalistas están más movilizados que nunca en las urnas.

En consecuencia, la penitencia para Sánchez sería no poder lucir a gala su “Cataluña españolista”. Es decir, viéndose Illa abocado a una repetición electoral, o teniéndose que prorrogar los presupuestos generales mientras la pelea electoral entre ERC y Junts se dilata aún más en el tiempo, sin poder aprobar otras leyes. La distancia entre gobernar con gloria, o sin ella, despejando al fin la legislatura, parece que está ahora a unos pocos votos de la militancia de Esquerra.

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Basta observar los intríngulis que se cuecen en la Eurocámara, que arrancaba su nueva legislatura esta semana. La sensación que se respiraba en los mentideros de Estrasburgo —a donde fue invitada una servidora— es que Vox tendrá mínima influencia en adelante en las instituciones comunitarias, tras abandonar el grupo del ECR (Conservadores y Reformistas), para integrarse en el de Marine Le Pen y Orbán (Patriotas). Y ello es así porque las ultraderechas empiezan a dividirse en dos corrientes en Europa: las que buscan encontrar salida a sus intereses desde dentro de la UE —como en el caso de Georgia Meloni— y las que quieren dinamitar muchos consensos del proyecto comunitario —como en el caso de Orbán—. Por ejemplo, Hermanos de Italia logró una vicepresidencia en la mesa del Parlamento Europeo, prueba de su creciente integración. En cambio, el Partido Popular Europeo (PPE) aspira a hacerle el cordón sanitario tanto al grupo de los Patriotas, como al de los soberanistas donde está AfD, la ultraderecha alemana, para que no toquen poder en la gestión de la Cámara, o el menor posible.

Así que Vox ha decidido volver a sus orígenes cuando era una fuerza de choque en España y Europa. Y a ello podría estar influyendo la competición con Alvise Pérez. No es raro que, cuando una ultraderecha se integra en el “sistema”, le acaban saliendo rivales: le pasó al Frente Nacional de Le Pen en Francia, con la aparición de la candidatura de Éric Zemmour. En España, Vox se dejó 600.000 votos en las elecciones generales del 23-J, tal que había espacio para una nueva formación parecida. Los gobiernos autonómicos junto al PP cada vez generaban menos ruido, y los de Abascal estaban perdiendo foco.

El caso es que la cuestión migratoria se antoja clave para el giro político de Vox. A fin de cuentas, la Italia de Meloni está encontrando encaje en la UE: Ursula von der Leyen se abrió a estudiar “estrategias innovadoras” para tramitar solicitudes de asilo fuera de la Unión, justo después de que el Gobierno italiano decidiera hacer algo parecido con los migrantes, mandándolos a centros en Albania. Vox, en cambio, quiere romper con la idea de que se han vuelto establishment, utilizando ahora un tema tan sensible para su electorado, pese a que el eurodiputado Jorge Buxadé coordinó uno de los apartados del pacto migratorio y de asilo europeo.

Ahora bien, estar junto a Orbán garantiza ser mal visto en la Europa actual. Hay un runrún en el Parlamento Europeo sobre que, en verdad, el perfil de agitación —más político que técnico— es el que persiguen los partidos del grupo que lidera el húngaro. E incluso, que quieren una UE fragmentada, que ellos llaman “de Estados soberanos”. De hecho, Vox defiende su incorporación a Patriotas, entre otras cosas, ante la posibilidad de que la UE asuma más competencias como las políticas sociales de vivienda. Nuevamente, existe una ultraderecha que quiere acordar con el PPE —llevándoselo a su terreno—, y existe una ultraderecha de bloqueo.

Precisamente, Alvise Pérez se centra en muy pocos ejes, pero uno es la competición en lo que la extrema derecha tilda de “globalismo”. Es llamativo que tenga un discurso desacomplejadamente más parecido al de Podemos —o al de ciertas afinidades de izquierda populista o ultraizquierda europea— que al de Vox, en la cuestión de Ucrania. El líder de Se Acabó la Fiesta habla del “gobierno corrupto” de Volodímir Zelenski, o afirma que no mandaría soldados a una guerra donde la OTAN podría tener intereses. Los de Abascal, en cambio, se defienden con que no van a retirar el apoyo que en el pasado afirman haber dado al país invadido.

Con todo, Vox tendrá igualmente difícil desmarcarse del aire prorruso que destila su incorporación al conglomerado de Orbán y Le Pen. El presidente húngaro levantó malestar con su viaje a Rusia para reunirse con Putin —viaje que la ultraderecha española no ha condenado en la Eurocámara—, mientras que Le Pen era la candidata por la que algunos portavoces del Kremlin mostraron su simpatía para las elecciones francesas.

El tiempo dirá si a Vox le sale bien su estrategia antisistema, apareciendo marginado con la alianza pro Putin, mientras que Meloni es cada vez más influyente, en su aire proatlantista y proucrania. Aunque claro está, no se puede permitir lo mismo ser la líder de un país fundador y clave de la UE, como Italia, que Hungría o partidos que no gobiernan Estados. Sea como fuere, Von der Leyen logra así ampliar su red de apoyos, arrinconando a quienes intenten desestabilizan a la Unión durante este, su segundo mandato.

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Valga una anécdota para ilustrar la situación: cuando la Roja pasó a la final de la Eurocopa varios independentistas confesaron en redes sociales, con pesar, que sus hijos celebraban los goles de España. Y podría tratarse de un destello de fervor colectivo sin más, pero había un clima de opinión entre muchos afines a la ruptura, desde hacía ya tiempo, relativo a la pérdida del arraigo nacional entre las nuevas generaciones. Por ejemplo, el uso del catalán ha caído tanto entre la juventud actual, hasta llegar a tocar suelo en su aprendizaje en la ESO, que ERC y Junts venían siendo acusados por los suyos de “abandonar” la promoción de la lengua. Se han abierto debates sobre si TV3 debiera reforzar sus contenidos para niños, asumiendo que los jóvenes básicamente consumen streamers en castellano. En definitiva, aquellos símbolos que en los años 90 buscaron articular transversalmente Cataluña, y fueron músculo visible del nacionalismo de Pujol, se han empezado a debilitar.

Así que existe un deseo latente entre el independentismo civil de “reconstrucción nacional”. No es de extrañar que haya aflorado una vez ha fracasado el procés. En aras de ensanchar su base social, el movimiento vendió la idea de que no hacía falta sentirse catalán para apoyar el Estado propio, fichando hasta perfiles castellanohablantes como Gabriel Rufián para huir del estigma étnico. Se centraron tanto en los “beneficios instrumentales” —económicos, sociales…— de desgajarse de España, negando además las diferencias identitarias bajo el lema “un sol poble”, que el proyecto acabó vaciándose de aquel “hacer país” que CiU apuntaló.

De hecho, el germen de la nostalgia nacional se nota aún más, en oposición al desacomplejamiento creciente del nacionalismo español. El problema para ERC y Junts es que no pueden contrarrestarlo por ahora. Ambos ya solo compiten por quién es más independentista o por lograr mayor financiación y competencias, aunque en realidad, tras asistir a la quiebra de la ilusión por un Estado propio, muchos de sus votantes añorarían recuperar un objetivo común más emocional. Si bien Carles Puigdemont no ha logrado la oficialidad del catalán en la Unión Europea, ERC tampoco ha blindado la inmersión lingüística en sus pactos con el PSOE, como los tribunales demuestran.

En cambio, la xenófoba AC no ha llegado al Govern, y puede prometer esencialismo. La pregunta, pues, es hasta qué punto la formación de Silvia Orriols tiene margen para crecer. En el corto plazo o de repetición electoral, podría seguir rascando algún escaño como refugio del votante independentista, si ERC facilitase el Govern del PSC, o Puigdemont siguiera atado a Sánchez por la aplicación de la amnistía. Y con el debate sobre la inmigración abierto en canal, Orriols es el original y Junts, la fotocopia que intenta sacar pecho ahora con los menores migrantes.

En el largo plazo, es poco probable que AC se convierta en partido mayoritario. De un lado, es cierto que su estrategia es más parecida a la de la extrema derecha de Marine Le Pen, que a la de Vox: busca blanquear su rechazo a la inmigración bajo el relato de que “pone en riesgo” los valores de la sociedad catalana. La muestra es que la alcaldía de Ripoll exhibió una bandera LGTBI, apelando así a un voto más transversal que no puramente conservador. Sin embargo, el principal freno para la pujanza de Orriols es que las experiencias outsiders no suelen calar demasiado en el independentismo, que su formación destila hasta la fecha xenofobia, populismo, y pocas ideas más, junto a altas dosis de excentricidad. Y en verdad, es fácil llegar a la conclusión de que la mengua en la construcción nacional no es por culpa del recién llegado —que es usado como chivo expiatorio—, sino de un cambio generacional en la propia Cataluña. Tal vez, sea difícil de recuperar hoy aquella evocación del nacionalismo catalán de los 90: este ha dejado de ser transversal en el mismo Parlament, tal que el propio PSC es hoy un partido menos catalanista que hace años.

Con todo, es paradójico que ERC y Junts hayan pasado diez años sacrificando la idea de nación por el sueño de independencia, y no hayan logrado ninguno de los dos objetivos. Pero si Junts ha sido capaz de resucitar a Convergència, pactando con la Moncloa cambio de más autogobierno, nada le impide recuperar el “hacer país” del pujolismo, tras haber fracasado el “hacer república” de ERC. El germen de la nostalgia independentista seguirá ahí, en busca de alguien que lo pueda apadrinar, ya sea para llegar a un nicho de adeptos, o para ser una pulsión capaz de aglutinar el movimiento otra vez bajo la ilusión de la reconstrucción nacional.

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Un ejemplo flagrante es la responsabilidad de Partido Popular y el PSOE en convertir las altas instancias del Estado en su campo de batalla en los últimos tiempos. Es decir, órganos que deberían dar apariencia de neutralidad. El PP se ha negado durante cinco años a facilitar la renovación del CGPJ. Ahora bien, los socialistas se han tomado la revancha, colocando a exministros del Gobierno en puestos como la Fiscalía general o el Tribunal Constitucional. El combate real hace tiempo que había dejado de ser en el Congreso, trasladándose a la arquitectura estatal, a los cimientos de nuestra democracia. De hecho, ha sido ponerse de acuerdo PP y PSOE, e ipso facto se ha notado una rebaja de la crispación ambiental, aunque haya durado poco tiempo. Se demuestra que, si se quiere, el muro se hace pequeño hasta desvanecerse, y eso nada tiene que ver con Santiago Abascal, con Carles Puigdemont y con Ione Belarra.

El bipartidismo es el último guardián de que los cimientos de nuestro sistema no revienten, y ello se ha vuelto una peculiaridad del caso español. La V República francesa hace aguas porque el centroderecha y el centroizquierda han perdido ese poder y están siendo remplazados por sus extremos. En Italia, la descomposición constante del tablero ha hundido a formaciones enteras, llevando a la ultraderecha de Giorgia Meloni en volandas al Gobierno. En España, en cambio, populares y socialistas han sobrevivido al envite de los nuevos. E incluso, las salidas de tono significativas solo se dan cuando el bipartidismo hace dejadez de funciones, o las tolera a sus socios: Podemos, Vox y los independentistas solo actúan de subalternos, no como ejes. No tocan poder del Estado profundo, por mucho que crispen a veces.

Y ese papel estabilizante del bipartidismo es clave ante el cambio generacional que se hizo notar en España desde 2014. Hay indicios para creer que el legado de la Transición se sustentó, sin cuestionamiento y durante tantos años, en parte por el miedo a la involución. Es decir, que las generaciones que se socializaron durante el período constituyente tenían miedo a la subversión de la democracia, entre otras cosas, porque no nacieron en ella o padecieron el golpe de Estado del 23-F. Las nuevas, en cambio, no tenían ese mismo temor y se lanzaron a votar a nuevos partidos —Ciudadanos y Podemos, primero, luego, Vox, o Alvise—. Por ello, la mayor virtud del bipartidismo ha sido amortiguar el ansia de sorpasso de esos competidores, así como las formas y costumbres que trajeron al juego político —en muchos casos, preocupantes—, hasta tratar de domesticarlos, o reducirlos a comparsa de sus gobiernos. Ello explica por qué se han ido hundiendo los nuevos: no venían a ofrecer una alternativa real, sino a suplir las fallas de lo existente. E incluso, no sirven ya ni para fiscalizar a un bipartidismo, que los lleva por donde quiere, en esta lógica bibloquista y polarizante en la que estamos inmersos. De ahí, que a menudo esos socios necesiten hacer tantos aspavientos más estéticos que de calado.

En consecuencia, el bipartidismo no supone un “candado” para que nada cambie, como solía decir Podemos en 2014, o como intenta vender Vox ahora. Al contario, PP y PSOE han sobrevivido a sus competidores porque han sido capaces de desplazarse en estos años para absorber sus demandas. Las críticas a un PSOE podemizado o amigo del independentismo o a un PP voxizado son la constatación de que los principales partidos se han visto obligados a moverse para achicar esos espacios y que los debates volvieran a su esfera de dominio. No siempre ha sido satisfactorio, tal que muchos de sus detractores o afines protestan. Aunque quizás, el clima de confrontación entre PP y PSOE ha sido un mal necesario para cargarse a sus extremos y recentrar el sistema en torno a la pugna entre los dos grandes.

Con todo, el acercamiento entre populares y socialistas para la renovación del CGPJ devuelve España a aquellos tiempos en que el bipartidismo se peleaba ante las cámaras, pero pactaba cuando tocaba en los despachos. Esa era la mayor crítica que el 15-M dejó y que ha hecho imposible acercarse por miedo al señalamiento. Pero es probable que el cerrojo del bipartidismo haya culminado su tarea. Si hoy es posible volver a entenderse para lo básico de la configuración del Estado es, también, porque Vox, Podemos o el independentismo han dejado de ser una amenaza realista. El bipartidismo ha mutado en 10 años, pero el sistema se mantiene en su sitio, inmutable, a diferencia de muchos países del entorno. Hete ahí nuestra rareza.

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Basta observar la evolución de los llamados “enemigos de España”, independentistas y Podemos, para ver que no suponen ya ninguna amenaza al orden constitucional. Los primeros, que venían de montar un referéndum ilegal, hacen hoy llamamientos a que la Justicia española les aplique la amnistía. Los segundos, que impugnaban la Transición, se volvieron establishment con su entrada al Gobierno. En definitiva, hasta los socios de Pedro Sánchez más combativos con el statu quo se han ido dando cuenta de que, frente al auge de las pulsiones reaccionarias, mantener lo que hay supone en estos momentos la mayor salvaguarda de nuestros derechos y libertades. Lo asumió Pablo Iglesias, en relación con la Constitución en 2019. “Con todos sus defectos y con todos sus límites, contiene una serie de artículos que son la mejor vacuna y el mejor cinturón de seguridad para proteger a las mayorías sociales del auge de la extrema derecha”, afirmó; eran los tiempos en que incluso recitaba el texto constitucional.

La Constitución de 1978 se está resignificando, aunque sea por vía pragmática, entre sus hasta ahora detractores dentro del bloque de izquierdas y plurinacional. Y con ella, curiosamente, también lo hace la Corona. En esta turbulenta y presente España de tentaciones reaccionarias entre algunos, el mero hecho de que el monarca cumpla con la neutralidad y el papel que le otorga la Constitución da sentido a la existencia de dicha institución en democracia. Lo contrario, habría incurrido en una acción de parte: oponerse a las decisiones de los poderes emanados del Parlamento y del Ejecutivo de Sánchez.

Sin embargo, que alguien considere —desde las filas de la derecha— que el monarca debía hacer algo para impedir la ley de amnistía es la derivada última de un clima inducido de gravedad y deslegitimación institucional. Alberto Núñez Feijóo lo ha podido notar esta semana: la ultraderecha seguirá viendo como una derrota la renovación del Poder Judicial porque ninguna institución del Estado les acabará pareciendo suficiente si no sirve de moneda de cambio para pagar sus fobias contra la izquierda o la política territorial de Sánchez.

Aunque los climas de opinión en la propia ultraderecha no son todos iguales. De un lado, se aprecian las facciones más antisistema, que esperaban un “gesto” del monarca y se han dedicado a descalificarlo, por ejemplo, en manifestaciones como la de Ferraz. Del otro, están los que saben que el problema no es el Rey, porque este no decide qué firmar: culpan de forma realista al PP y Vox, que no sumaron suficiente en las urnas como para haber impedido una mayoría de la izquierda y sus socios.

A la postre, la derecha republicana es hoy más peligrosa para la permanencia de la monarquía que partidos independentistas como ERC, Junts, Bildu o el tándem Sumar-Podemos. Primero, porque de estos ya se espera que sean antimonárquicos, a diferencia de la derecha patriotera. Segundo, porque las afrentas del independentismo van de capa caída: cuando el Rey visita Barcelona ya no se encuentra la misma afluencia de afines a la ruptura increpándole que en 2017. Por su parte, la “república plurinacional” de Podemos se ha vuelto un constructo populista, folclórico, vendiendo a los ciudadanos que con otra jefatura de Estado se solucionarán sus problemas sociales y económicos, cuando nada tiene que ver lo uno con lo otro. El mismo PSOE se mantiene como pilar de la institución frente a sus socios plurinacionales, tanto en la oposición como en el Gobierno. Alfredo Pérez Rubalcaba contribuyó a que el Grupo Socialista apoyara la transición monárquica entre el rey Juan Carlos I y Felipe VI. Es Sánchez quien estaba en La Moncloa cuando el monarca emérito se marchó de España, pero el presidente nada notificó a Unidas Podemos, en un gesto de discreción institucional. En cambio, la ultraderecha ha podido asistir a la normalización de exabruptos emitidos desde el centroderecha sobre la función de la Corona: Isabel Díaz Ayuso fue la primera en sugerir eso de que cómo iban a involucrar al Rey en la firma de los indultos, usando su amplio altavoz.

Con todo, la izquierda a la izquierda del PSOE acusa el coste electoral de su entrada de lleno al sistema, al no ser una fuerza realista de choque como en 2015. La ultraderecha ha conseguido así parte de su objetivo sistémico último: que el statu quo sea percibido como el mejor escenario por parte de las fuerzas de progreso, tal que conservar se vuelva lo más revolucionario en la actualidad. Aunque de tanto discurso reaccionario, algunos han acabado por romper la baraja, poniendo en jaque hasta la figura misma del monarca Felipe VI. Menuda paradoja: la derecha republicana y antisistema es casi el único cuestionamiento verdadero que recibe la Corona en España hoy. Por pocos que sumen, ya es alarmante que provengan de ese espacio.

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El camino no es fácil: republicanos y socialistas no parten del mismo punto. Los primeros aspiran a un concierto económico como el vasco. Esto es, autonomía para recaudar impuestos y gastarlos, pactando con el Estado cuánto devolverle por los servicios prestados. El PSC, en cambio, hace meses defendía la idea del consorcio tributario, una previsión del propio Estatut —y que debería haberse desarrollado hace 18 años— según la cual la Generalitat y el Estado pueden crear un organismo para que el Govern recaude impuestos, pero sin que ello implique un cambio en el reparto de los ingresos. Para negociar ese nuevo reparto, en cambio, haría falta la aprobación de una nueva ley que supondría un largo trámite, ya que debería pasar por el Congreso y contar con el apoyo de otros partidos. En resumen, ERC se las prometía felices, pero la realidad parece más cruda.

Así que la investidura de Illa pende ahora de la buena voluntad de entendimiento entre las partes o de otras cesiones por concretar. Y la realidad es que el partido está hecho un polvorín. Aún no se ha podido ratificar el acuerdo entre ERC y el PSC para la alcaldía de Barcelona: los militantes desbordaron las capacidades de la votación, y se sospecha que se movilizó una mayoría indignada por el pacto. En definitiva, ERC se abre a negociar, pero no tiene el control del resultado. Oriol Junqueras se fue lavándose las manos de la decisión final, amagando con regresar en otoño sin responsabilidad sobre lo que se acuerde, y Marta Rovira pilota una formación donde los cuadros y la militancia están divididos entre apoyar al PSC o ir a elecciones.

El caso es que algunas voces de Junts llevan días insinuando la posibilidad de reeditar la coalición Junts pel Sí. Con ello, ERC mitigaría su miedo a hundirse aún más en una repetición electoral —como ya prevén los sondeos—. Ahora bien, esa vía tiene las patas cortas. No es de esperar que el independentismo oficial pueda lograr una mayoría como en 2017 o 2021: los comicios europeos volvieron a demostrar que su votante está frustrado. Es más, la soberanista y xenófoba Aliança Catalana crece en las encuestas, probablemente gracias a ciudadanos que no necesariamente comparten solo los postulados contra la inmigración, sino que protestan por cómo los líderes independentistas se han “vendido” al Estado. El problema de esa vía es que a ERC le incomodaría recibir los votos de Aliança para gobernar dado el caso.

Aunque ERC tampoco se cierra a negociar con Junts. Necesita una coartada para eventualmente explicar que si no sale investido Carles Puigdemont es porque no tenía suficientes votos o porque era mejor evitar in extremis unas elecciones. Pese a ello, Puigdemont no parece un candidato realista: la amnistía raramente será efectiva antes de agosto. El embrollo sobre si el delito de malversación está incluido en la medida de gracia irá para largo, aunque la Fiscalía apoye su aplicación en este caso. De nada sirve que un miembro de Junts presida el Parlament —Josep Rull— si su candidato no cuenta con los apoyos precisos ni tampoco puede ser investido a distancia.

Se ha instalado en Madrid la idea de que Sánchez no puede ser presidente a la vez que Illa porque, en ese caso, Puigdemont dejará de apoyarle en el Congreso. Hay motivos para pensar que no es cierto. Tanto ERC como Junts saben que su votante ansía hoy algo más que promesas sobre independencia: está interesado en propuestas de gestión, cesiones competenciales o más financiación por parte del Estado. Por ello, si Junts se queda fuera del Govern de la Generalitat, probablemente se dispararán sus incentivos para no ser una fuerza residual en Madrid, pactando otras partidas presupuestarias con La Moncloa. El propio Puigdemont habló en campaña de inversiones, con su giro a lo Convergencia.

Pero más allá de la investidura catalana, se demuestra que España tampoco está preparada para recoger a una Cataluña posprocés. Desde el Partido Popular hasta barones regionales del propio PSOE, pasando por Chunta Aragonesista o Compromís, la idea de una financiación singular para los catalanes pone los pelos de punta en muchos lugares. Y es que a menudo nos preguntamos si los partidos independentistas están preparados para regresar a la gobernabilidad, pero raramente si la política española ha entendido algo de por qué estalló el procés hace 10 años. Sánchez y ERC resucitan las viejas polémicas del Estatut con su voluntad de diálogo: no convencen en el resto de España, aunque la pregunta es si convencerán con ello a las bases republicanas.

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Basta observar que el desdén de ciertos altavoces de la derecha hacia Alvise no solo es fruto de que vuelva a dividir su espacio en tres partidos. La crítica, en esencia, viene de sus casos judiciales, de que el discurso de SALF se alimente de desinformación o de sus choques con ciertos políticos y periodistas. Es decir, le rechazan por una suerte de componente moral sobre los límites de la política. Por eso, es relevante que se hayan escandalizado hasta algunos altavoces que vienen blanqueando la coletilla del “Gobierno ilegítimo” o el todo vale para crispar en el debate público. Quizás exista una diferencia aún más sustancial en la derecha sobre su consideración de Alvise: realmente están alarmados, le ven como un outsider o antisistema. El discurso de Vox, en cambio, les fue útil para ir contra la izquierda y el independentismo o retener poder pactando con ellos. Santiago Abascal, “Santi”, pese a todo, salía de las filas de los populares, era uno de los suyos.

Alvise ha llegado en muy mal momento para un PP que creía haber domesticado a sus competidores. De un lado, porque las alianzas municipales y autonómicas con la ultraderecha estaban bien engrasadas y se había logrado frenar el auge de Vox. Del otro, porque en esta legislatura la derecha oficial estaba dispuesta a cerrar filas en pleno con Feijóo, para que siguiera aglutinando voto de cara a unas generales, tras absorber a Ciudadanos. Y es que hace tiempo algunos se dieron cuenta del lastre que Vox suponía para que el PP pudiera regresar a La Moncloa, pese a haberles servido para gobernar en los territorios.

Cabe remontarse al 23-J para entender la caída en desgracia de Vox. Pedro Sánchez continua en La Moncloa porque la ultraderecha movilizó el voto a la contra en Cataluña y Euskadi a favor del PSOE, le impidió a Feijóo pactos con el PNV para la investidura, e incluso —y más importante— el partido de Abascal perdió 600.000 votos. Y tal vez ello explique por qué muchos otrora partidarios de Vox han zanjado su luna de miel con ese partido recientemente. No es que de pronto les disguste su discurso negacionista de la violencia de género, o la ausencia de Macarena Olona e Iván Espinosa de los Monteros. Se trata de una cuestión de poder, o de que ya no son tan útiles.

El pinchazo de Vox en las generales auguraba la posibilidad que otra formación más dura u oportunista surgiera tarde o temprano. Ha ocurrido antes en otros países que, una vez la ultraderecha se institucionaliza y sus postulados se demuestran irrealizables, surgen nuevas marcas para capitalizar el malestar con la política. Por eso, no es casual que Alvise se proclame como “antimonárquico”. La derecha se ha encargado de presentar que la situación política es de tal gravedad en España que algunos ciudadanos van diciendo por las redes sociales que el Rey “debería hacer algo” para impedir la ley de amnistía. Es decir, obviando que no es decisión del monarca sancionar o no las leyes que se aprueban en el Congreso. En definitiva, la ultraderecha sistémica —Vox— a muchos les ha empezado a parecer hasta cobarde o blandita.

El propio PP ha mirado para otro lado ante parte del caldo de cultivo social del que puede beber SALF. En Génova arrastraron los pies para lamentar las primeras protestas a las puertas de la sede de Ferraz, asumiendo que era un votante cabreado o de ultraderecha que no les convenía desdeñar. Esas concentraciones, en cambio, fueron simbólicas porque se dinamizaron desde las redes sociales a muchos jóvenes que aún las recuerdan. En ellas, además, se corearon lemas contra el rey Felipe VI. Y por mucho que el PP se indigne, la primera en sugerir eso de que cómo iban a involucrar al Rey en la firma de los indultos fue Isabel Díaz Ayuso. El bumerán antisistema regresa si se alimenta o no se para a tiempo.

La pregunta es qué ocurrirá con SALF en adelante. Vox ya les ha tendido la mano, consciente que es una vía por donde se pierde votos, mientras que es de esperar que el PP se muestre escandalizado. A fin de cuentas, es difícil que la base social de la derecha pueda compartir sus postulados o que Feijóo pueda blanquearlos por el riesgo que suponen para nuestro sistema político. Aunque quizás al líder de los populares se le ha abierto otra ventana de oportunidad para legitimar la vía regionalista a futuro. Es decir, que ante la tesitura de elegir socios de investidura, el Junts saliente de la amnistía acabe pareciendo un partido más vendible eventualmente a los suyos que la vía de las dos ultraderechas transmutada en Vox y Alvise. Los caminos de la derecha siempre son inescrutables.

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Basta observar la campaña para las elecciones vascas y catalanas para entender cómo el PP viene macerando esa vía. Ni los populares se atrevieron a soltar eso de “que te vote Txapote” en Euskadi, ni tampoco dieron la batalla contra la amnistía en los comicios en Cataluña. Es decir, que otra derecha es posible, una que no se dedique a incendiar en los territorios. De un lado, porque sabe que le quitaría votos: la sociedad vasca no responde a las mismas coletillas que el PP jalea en el resto de España, mientras que el constitucionalismo catalán respira aliviado con la desinflamación del procés. De otro, tal vez los populares no quieren levantar demasiadas ampollas entre los que podrían ser sus socios potenciales para recuperar el poder a medio plazo. Es decir, el PNV y Junts.

Así que Feijóo lleva tiempo construyendo una nueva legitimidad: esa que podría pasar por el nacionalismo vasco y el independentismo catalán. Y en verdad, es demasiada casualidad que los “patinazos” del líder del PP aparezcan siempre a las puertas de unos comicios: antes ocurrió en Galicia, con la idea del indulto condicionado a Puigdemont, y ahora a las puertas de las europeas con la moción de censura. Sea un desliz, o no, el resultado acaba siendo el mismo: Feijóo puede acabar metabolizando ante las urnas, ante su electorado, la idea de que alguna vez podría pactar con Junts.

En consecuencia, nadie dirá que no estaba avisado del eventual pacto, si llega a ocurrir. El mayor temor que podría tener el PP a largo plazo es el castigo electoral por acercarse alguno de los partidos del referéndum del 1 de octubre. A fin de cuentas, sacar provecho de la amnistía —pactando con Junts— sería ir en contra de su base social, a la que han movilizado en contra de la medida de gracia desde hace meses, llenando las plazas y las calles. Sin embargo, el poder es pragmático: nada impediría ese acercamiento, si dan los números, una vez los líderes del procés hayan sido amnistiados y Vox sea menos necesario para la gobernabilidad del PP. Que estas perlas hayan caído en campaña provocaría un efecto de normalización o blanqueamiento ante sus votantes. Feijóo siempre podrá alegar que su base social lo ha ido asimilando: el PP no se hundió en las elecciones gallegas y es de esperar que no le ocurra en las europeas, tampoco, pese a sus deslices. Hete ahí la coartada. Claro está, ambos comicios eran zona de poco riesgo: los primeros, porque los populares siempre han sacado buenos resultados, los segundos, por la menor implicación ciudadana.

El hecho es que a Feijóo le viene muy bien legitimar la vía regionalista ante la derecha dura, sea descuido o no. Su posición es distinta a la del PP de Madrid, que considera que con Junts no se pude ir ni “a la vuelta de la esquina”, en palabras de Isabel Díaz Ayuso. Sus medios afines creen que el nacionalismo ya demostró el 1-O que era irreconducible para la gobernabilidad de España. En cambio, el líder gallego considera que la única línea roja es Bildu, como dejó claro en su investidura fallida. Precisamente, puesto que Junts ha dado un giro a lo Convergència, virando a un discurso económico más a la derecha, la distancia se estrecha con el propio PP, e incluso, también con Vox. Ya solo les separa la cuestión nacional, ahora que Junts se ha sumado al carro de las políticas sobre migración.

Con todo, a Feijóo se le abre una ventana de oportunidad para legitimar su vía regionalista frente a la vía de la ultraderecha. Las elecciones europeas de este domingo pueden arrojar un escenario novedoso en España: que a Vox le salgan nuevos competidores, otros partidos ultras, que fragmenten aún más ese espacio. Así pues, frente a una ultraderecha en descomposición, no sería tan extraño que el independentismo saliente de la amnistía —ya metabolizado por la derecha— fuera más vendible. Es más: si Puigdemont deja la política al no lograr la presidencia de la Generalitat, como prometió, el Junts resultante ya no tendría el membrete de ser el partido del 1 de octubre.

Aunque quien más está disfrutando con que PSOE y PP se lo rifen es Junts. Al independentismo no le conviene hacer caer a Sánchez mientras se aplica la amnistía en los tribunales, dado que ley que seguirá todavía un camino judicial tortuoso. Si bien, el juego a dos bandas le sirve a Junts para subir su precio negociador frente al Gobierno, so pena de “irse” con la derecha. El desliz del líder popular, en definitiva, no acaba resultando inconveniente, ni para Puigdemont ni para Feijóo, haya sido descuido, estrategia electoral o un lapsus visionario de la vía regional.

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Bastan los datos del 12-M para entender que la crisis de los partidos independentistas no equivale a que a 2024 se haya disuelto de golpe su base social. Respecto a 2021, cuando aún conservaban la mayoría en el Parlament, el movimiento sólo habría perdido unos 96.000 votos, 70.000 de los cuales se fueron a la abstención, según el Diari ARA. Peor fue el descalabro de 600.000 votos en 2021, cuando pese a ello, mantuvieron la mayoría en la cámara catalana. Si bien el apoyo a la independencia no se destruye del todo, sino que se transforma. Carles Puigdemont supo venderse mejor que ERC, mientras que la amateur Aliança Catalana fue la formación de ese espacio que más votantes sacó de la abstención. En definitiva, ante la incapacidad de enfrentarse al Estado, y viendo que sus líderes han enterrado el procés a cambio de amnistías e indultos, muchos independentistas hicieron voto útil en el estilo combativo de Junts, otros no fueron a votar, y otros, canalizaron su malestar mediante el chivo expiatorio de la inmigración —al margen de aquellos pragmáticos que recalaron en el PSC proviniendo de ERC, hundido hoy electoralmente.

Así que Salvador Illa podría gobernar la Generalitat, pero ello no implica el fin del todavía deseo de muchos catalanes de separarse de España. Según datos del CEO, el apoyo social a la secesión va en descenso, pero todavía sigue alrededor de un 42%. La democracia española no debería conformarse con que el constitucionalismo gane por movilizaciones sobrevenidas como este 2024, o por la crisis del procés. Existen factores para impedir que haya más catalanes a futuro socializándose en la idea de la independencia.

Primero, la demografía rema en esa línea. Según datos del CEO de 2023, la generación Z y los millenials son quienes menos abogan hoy por el Estado propio, mientras que un estudio de la asociación Òmnium Cultural cifra en un 31% el deseo de secesión entre la juventud actual. Cuanto al uso del idioma, el catalán ha pasado de ser la lengua que en 2007 hablaba un 43% de jóvenes para desplomarse hasta un 25%, frente al crecimiento del uso del castellano en un 44′5% en esa misma franja de edad. En resumen, el procés también se seca por la incapacidad de socializar a más jóvenes en pilares como la lengua o el deseo de ruptura.

Precisamente, fue una generación muy concreta —que hoy tendrá alrededor de 30 años— la que vivió el 9-N de 2014, acudió asiduamente a las demostraciones de la Diada, participó del referéndum ilegal del 1 de octubre o compró los relatos sobre la “represión”. En cambio, los jóvenes que suben hoy ya no tendrán esos mismos imaginarios. Los símbolos que cronificaban el agravio han desaparecido, como los lazos amarillos, la victimización por las penas de prisión o el presunto exilio, y todo ello, gracias a las medidas de gracia de Pedro Sánchez.

Si bien, los partidos del establishment independentista son los más interesados en que su votante se centre también en otros temas. Como ya se dijo aquí, ERC y Junts seguirán abanderando en adelante una suerte de independentismo folclórico: dirán que lo volverán a hacer, que quieren el referéndum o el Estado propio, pero de facto, su miedo a la cárcel les disuadirá de nuevas afrentas contra el Estado. El propio Junts empezó a mutar en campaña hacia el discurso económico de Convergència, siguiendo los pasos de la posibilista ERC.

Tercero, el contexto actual dista del período 2012-2017. El apaciguamiento de Sánchez, sumado a la estabilidad económica, nada tiene hoy que ver con la mecha que prendió el procés con la crisis de austeridad y la puerta cerrada al diálogo de Mariano Rajoy. El propio PP de Alberto Núñez Feijóo muestra ya una línea menos combativa en Cataluña y Euskadi: ello permitiría albergar la esperanza de una derecha que deje de fabricar contrarios a España, si Vox no fuera necesario.

En consecuencia, la resurrección del procés parece hoy improbable. Ahora bien, si el independentismo se transforma, también puede hacerlo su modus operandi. Aliança Catalana es en parte un síntoma de ciertos climas de opinión o debates que se llevaban tiempo cociéndose en el seno del movimiento: muchos afines a la ruptura —de todas las ideologías, incluso sin tener tintes xenófobos— creen que los retos del independentismo pasan en adelante por reconstruir una cierta conciencia nacional o identitaria, basada en la recuperación de la lengua, la integración de la inmigración, con tal de mantener vivo el deseo de independencia o fomentarlo entre las generaciones que suben y los ciudadanos que llegan. Es decir, que si el procés resucitase a medio plazo no sería para volver a las andadas de 2017, sino para ver al establishment de ERC y Junts abrazando un discurso autonomista de construcción nacional. España fue avisada el 12 de mayo, si la euforia no ciega los datos.

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Basta observar cómo Sánchez ha acentuado su personalismo para entender el objetivo. Tanto en los cinco días de reflexión, como en la retirada de la embajadora española en Buenos Aires, subyace un denominador común: los agravios contra su esposa, Begoña Gómez. El presidente ha hecho de su familia una cuestión de Estado, técnica para generar empatía. Los temas elegidos tampoco parecen casuales: desinformación, lawfare, ultraderecha… Y es que Sánchez se dispone a noquear a Sumar para los comicios europeos, movilizando el espacio de la izquierda alrededor de su propia figura, como ya hizo en las elecciones del 23 de julio. La estrategia está surtiendo efecto. Yolanda Díaz ya sobreactúa para encontrar su hueco: ahora tumbar una ley, luego prometer nuevas ayudas sociales.

Así que el presidente se está empleando en salvar al PSOE, ante la dificultad de gobernar. El reconocimiento del Estado Palestino es solo el hito que culmina definitivamente ese viaje en el que Sánchez se ha vuelto el líder moral, indiscutible, de toda la izquierda. Frente a una Díaz errática, que no manda sobre Sumar porque el partido no existe, y tras la marcha de Pablo Iglesias y con Podemos en grupo Mixto, ese espacio acusa hoy la ausencia de referentes. Parte del legado de Sánchez será haber liquidado la izquierda a la izquierda del PSOE y el proceso independentista. Cabe preguntarse si alguna vez se lo reconocerán sus mayores críticos, como Alfonso Guerra o Felipe González.

Sin embargo, el giro populista de Sánchez también habla de algunos males de nuestra democracia. Ir a las elecciones hablando de que la economía está remontando o que nuestro país hasta es invitado al G-7 seguramente no generaría la misma adhesión que el enfrentamiento con Milei o contra los bulos. El factor económico quita votos cuando un país se hunde, no se ganan los mismos adeptos cuando mejora. Esta democracia mediática se nutre de hitos, sobresaltos o relatos, pese a que en la anterior legislatura ya se hicieron demasiadas leyes, y era de esperar que esta fuera de consolidar lo logrado.

La pregunta es qué pasará cuando pasen las elecciones europeas. Acostumbrado Sánchez a que los socios se plegaran —abusando a menudo de la figura del decreto ley—, esta semana el presidente evitó someter a votación en el Congreso el proyecto de Ley del Suelo por miedo a sufrir una derrota. Toca ejercitar el músculo negociador, aunque era de esperar que Sumar pudiera apearse, en su intento desesperado de hacerse visible, pese a ser una iniciativa del propio Gobierno que se había validado en Consejo de Ministros.

En consecuencia, el único éxito legislativo hasta la fecha es el que no se ha culminado: la ley de amnistía. Asistimos a una legislatura de una sola ley de calado en casi 300 días, pero sus efectos ya son notables: Salvador Illa está hoy en disposición de gobernar en Cataluña. Es normal que Sánchez no quiera sacrificarle por Carles Puigdemont. Primero, porque este no es un candidato realista: es poco probable que la amnistía esté en vigor y haya sido aplicada por los tribunales para cuando sea el pleno de investidura, si los jueces presentan cuestiones prejudiciales al TJUE que dilaten los plazos. Segundo, porque ante las críticas de la derecha en los foros internacionales, los recursos a los tribunales, o las manifestaciones en España, hoy el PSOE puede demostrar que el fin justificó los medios.

Aunque pasado el ciclo electoral, España puede ser gobernable. La pregunta no es si habrá presupuestos, sino cuándo. Se ha instalado en Madrid el mantra de que un Illa president es incompatible con la gobernabilidad de Sánchez. Pero ello no tiene por qué ser cierto: Junts no puede permitirse ser irrelevante en Cataluña y serlo en el Congreso, ahora que el procés ha sido liquidado. El votante independentista sigue existiendo, y precisamente, sus nuevas prioridades son la gestión: de ahí, el giro a lo Convèrgencia de Puigdemont en la campaña electoral. El frente vasco no supone problema: el PNV está amarrado, y Bildu no piensa revolverse.

La única incógnita es qué hará ERC, paradójicamente. Oriol Junqueras se va unos meses, hasta el congreso del partido, dejando a los republicanos la responsabilidad de decidir si hacen president a Illa. Quizás espera volver más tarde laureado sin asumir culpa alguna por lo que el partido decida. Una repetición electoral en Cataluña o un giro de Junqueras —limitando su entreguismo al PSOE— es lo que peor le vendría a la gobernabilidad de España. Y es que ERC también aparece como izquierda a la que ha noqueado Sánchez, junto a Sumar y Podemos, pero en su caso, sin giros populistas, solo con la amnistía, el ibuprofeno y los indultos.

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Ocurrió en Vitoria. Pasé por delante de un gaztetxe, un centro social ocupado, y me fijé en los chavales que había dentro. Me pregunté qué conciencia tenían las nuevas generaciones en Euskadi sobre la lacra del terrorismo.

Así que sondeé a varios amigos vascos, de diversa ideología, sobre qué impresión tienen de sus amigos que apoyan a Bildu; no militantes, sino votantes. Su conclusión es que para muchos jóvenes supone hoy la forma de canalizar sus aspiraciones de justicia social en un partido netamente vasco. No necesariamente ignoran el pasado, sino que quizás aparece como algo alejado; y en otros casos, la lectura no es tan incisiva o de tantas implicaciones como la que se da en el debate nacional.

Y tal vez ello nos señala ya una brecha generacional latente sobre la idea de Bildu en Euskadi. De un lado, estarían las bases más adultas que aún se identifican con temas como el acercamiento de los presos, por citar un caso. Del otro, habría muchos jóvenes actuales, o futuros, que solo ven una izquierda alternativa o soberanista. Máxime desde que los resultados de Podemos empezaron a caer en la autonomía, y un joven de 18 años de izquierdas se ve eligiendo entre Bildu o el PSE, que gobierna con el PNV, que igual les suena también a más de lo mismo.

Pese a ello, las mentalidades siempre son más complejas, por lo que sería arriesgado creer que la única división sea generacional y no hay factor de comprensión histórica. En 2018, solo un 54% de los votantes de EH Bildu, de todas las edades, creía que ETA “debe reconocer el error de su historia de violencia y arrepentirse de su pasado”, según el Euskobarómetro. Un 62% rechaza que ETA fuera “el principal responsable de la violencia que se vivió en el País Vasco”.

Sin embargo, la hipótesis generacional puede explicar por qué Bildu tiene tanto interés en institucionalizarse mediante una agenda social en el Congreso. Pactar sobre pensiones o alquileres sirve para apelar a facciones juveniles más cercanas a las tesis de la izquierda comunista, y que no entran en el debate nacional, en su paradigma de lucha de clases. Poner en primera plana a figuras que condenaron la violencia, o se desmarcan, ayuda a ensanchar la base.

Del otro lado, la brecha generacional explicaría por qué Arnaldo Otegi sigue ocupando un lugar tan preeminente en el partido, pese al recelo que genera entre muchos ciudadanos españoles o para la imagen de la formación. Un temor en la izquierda abertzale es que nazca alguna vez una escisión alternativa. La presencia de su coordinador general como símbolo del pasado serviría para apretar filas o retener votos en capas más adultas, ante decisiones impopulares para sus adeptos como abrirse a pactos en el Estado.

Con todo, la normalización de facto que ha traído Sánchez en esta legislatura seguirá inquietando, y prueba de ello es todavía la incomodidad de ciertas personalidades socialistas. Por eso, quizás la democracia española se enfrente a largo plazo a un nuevo proceso de reflexión, como en el pasado, cuando se exigió a la izquierda abertzale que cesara la violencia y abrazara la vía política. Cuáles son las condiciones que se piden hoy a Bildu, asumido que es ya la segunda fuerza en el Parlamento vasco, el síntoma de un cambio sociológico y generacional en Euskadi, que igual algún día llega a la Lehendakaritza.

Aunque en el corto plazo Sánchez ha obviado la reflexión, tal vez creyendo que sus acuerdos no le pasarán factura, sino que aumentan su poder en La Moncloa. Pero en política nada es gratis, aun cuando el entendimiento regular entre el PSE o Bildu suena todavía a palabras mayores. Desde que el PNV ve tambalearse su monopolio de pactos en Madrid, quién sabe si alguna vez verán más conveniencia en apoyar al PP, en caso de no estar Vox mediante. A veces, en política, las consecuencias no son electorales, ni generacionales, sino que vienen de los socios potenciales.

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Basta observar cómo Oriol Junqueras se ha valido del favor de la opinión pública española para limpiar su imagen. Desde las tribunas de Madrid pronto se le encumbró a la categoría de “líder moral” del independentismo, alegando su “coherencia” por haber ido a la cárcel. Pero ese nunca fue el pensamiento único en el seno del movimiento: muchos afines a la ruptura han tendido a ver con mayor regocijo la huida de Carles Puigdemont que el martirologio de Junqueras. Incluso se filtró que Esquerra fue algo oportunista en 2017, al esperar que Puigdemont cargase con la responsabilidad de convocar elecciones y no hacer la declaración unilateral de independencia. En definitiva, si tan a disgusto han ido vendiendo los republicanos que estaban con Junts, es normal que muchos se pregunten ahora por qué no permiten a los socialistas catalanes gobernar la Generalitat.

Así que Junqueras siempre fue un enigma, al tiempo que ERC está partida en dos. De un lado, se encuentran los que no tendrían problema en dejar que Salvador Illa superara la investidura y luego hacer oposición. Del otro lado, están los que prefieren elecciones por temor a desmarcarse de Puigdemont. El tripartito parece hoy la opción menos probable por lo lesivo que se cree que resultaría para los republicanos, pero todos los caminos conducen a una misma conclusión: la necesidad de tiempo para decidir qué quieren ser en un futuro y recomponerse orgánicamente —en el partido y en el grupo parlamentario— una vez abierta la era del posprocés.

Algunas voces reman ya por dejar que Illa sea president. Joan Tardà, exdiputado en el Congreso, habla de hacer una oposición constructiva y no bloquear un govern del PSC. Ahora bien, el alma de ERC en Madrid siempre ha sido más de izquierdas que independentista. El propio Tardà salió a gritos de “viva la Tercera República española” de un acto en 2017. Gabriel Rufián ha recogido ese testigo: parece haberse entendido mejor con Podemos y Bildu que con Junts.

Sin embargo, otras voces temen que el regreso de Junqueras pueda tener como objetivo forzar una repetición electoral. La carta que envió esta semana parecía endosarle al dimitido Pere Aragonès el desastre de haber dejado el partido en 20 escaños (13 menos que en 2021). Pero no sería cierto: ni los indultos ni la senda pactista frente al PSOE parecen estrategia del expresident, que solo es culpable de la pésima gestión al frente de la Generalitat. Quizás el líder de Esquerra esté buscando no responsabilizarse por los sucesivos hundimientos del partido —28 de mayo y 23 de julio de 2023, o este 12 de mayo— con tal presentarse como una especie de “salvador” cuando pueda ser amnistiado.

Aunque sería un error que Junqueras crea que el hundimiento de ERC va de caras y que él lo puede remontar: la crisis que atraviesan los partidos del procés es estructural. Una buena parte de los votantes independentistas se marchó a la abstención, en medio de una enorme frustración por ver cómo sus líderes ya solo se dedican a mercadear con indultos y amnistías en Madrid, metiendo el referéndum en una mesa de diálogo porque les estorbaba para salvarse judicialmente ellos. Es decir, que el sentimiento de traición entre las bases del independentismo es lo que las ha llevado a abandonar a sus partidos. El procés ha muerto, pero sus votantes siguen ahí latentes, huérfanos de representación. Y en ese contexto, repetir elecciones probablemente polarizaría más los votos entre PSC y Junts, desplomando aún más a ERC.

Precisamente, la estrategia de los republicanos es el principal motivo de su caída. Si hoy Puigdemont adelanta a ERC se debe en parte a que —metidos ya de lleno en la pantalla del autonomismo— quizás la base social del independentismo aún prefiera un Junts capaz de plantarse ante el PSOE para negociar. “Catalunya necesita ser respetada” rezaba en alguno de los carteles electorales del expresident. Ello no implica que ERC vaya de ahora en adelante a dar un bandazo en el Congreso, mostrándose sistemáticamente a la contra del PSOE. Tal vez module su entreguismo a Sánchez, pero el presidente no tiene mucho que temer: Esquerra no parece insatisfecha con haber trabajado por ser un socio fiable para lograr acuerdos. El problema es que Puigdemont ha sabido venderse mejor en su premeditada estrategia de llevar a Sánchez al límite en cada votación.

La opinión pública en el independentismo rara vez funciona con las lógicas de Madrid. Los republicanos han jugado estos años a nadar y guardar la ropa hasta que las urnas les han puesto ante el espejo de sus contradicciones. Qué hacer en adelante, con el partido abierto en canal, es el enigma a resolver por Junqueras y ERC.

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El PSC fue hábil leyendo las coordenadas de estos comicios: “pasar página” tras diez años de gobiernos favorables a la secesión, una década perdida, a la vista de los malos resultados del informe PISA o la sequía. Y ello no solo amagaba con seducir al votante constitucionalista. Desde hace tiempo, se había instalado un clima de opinión en el propio independentismo sobre que sus líderes no habían servido ni para lograr el Estado propio, ni para gestionar. Ello explica por qué ERC y Junts regresaron a la gobernabilidad de Pedro Sánchez para negociar competencias y financiación. O incluso, por qué el president Pere Aragonès ha potenciado su perfil técnico este 12-M, mientras que Junts ha empapelado media Comunidad autónoma con lemas como “el bon Govern”, apartando de escena al sector más identitario de la formación.

Así que Cataluña se adentra ya en una nueva pantalla. Ello es fruto del miedo de los dirigentes independentistas a volver a la cárcel, pero también, de que los indultos o la amnistía sirvan para borrar el victimismo que impedía a la sociedad catalana avanzar tras el fin del procés tal como se entendió entre 2012 y 2017. No es de extrañar que la campaña se haya polarizado entre PSC y Junts: Cataluña se divide hoy entre el hastío de muchos ciudadanos constitucionalistas, frente a la frustración de los afines a la ruptura por el fracaso del 1-O.

Lo llamativo es que socialistas y puigdemontistas hayan encontrado la salida evocando el pasado convergent: la propuesta de Illa pasa por devolver la Generalitat a la senda del catalanismo constitucional —apareció paseando con Miquel Roca i Junyent— mientras Puigdemont promete ahora un futuro económico que supere al de Madrid, y posó con Jordi Pujol. Quizás por ello, el líder de Junts esté siendo capaz de ilusionar más a sus bases que Pere Aragonès. La Cataluña del posprocés no irá de saberse mejor que nadie el último dato del CatSalud o de vivienda social: el reto para los líderes del movimiento es remontar el orgullo de un independentismo que se sintió pisoteado tras el 1-O.

Puigdemont ya ha empezado a transitar esa senda. Su probable regreso a España le ha obligado a relanzar su partido, definiendo a Junts en el eje izquierda-derecha, con tal de sobrevivir a la nueva pantalla donde ya no habrá “agravios” penales por la cuestión nacional. De aquella formación transversal, populista y personalista que solo giraba alrededor del referéndum ilegal, hoy existe un Junts que habla de “mérito” o “cultura del esfuerzo” mientras llena su programa con propuestas de bajadas de impuestos. Si el plan es convertirse en una especie de Ayuso catalana, el tiempo lo dirá.

Sin embargo, es probable que ERC acabe teniendo la llave de la gobernabilidad. La coartada perfecta para que Aragonès apoyara un tripartit entre PSC, ERC y Comuns sería que Aliança Catalana —partido soberanista y xenófobo— fuera necesaria para reeditar la mayoría independentista de ERC, Junts y CUP. Ello le permitiría acercarse al PSC con menos costes que hace cinco años, tras haber firmado un manifiesto sobre no pactar con AC. De romper con la política de bloques también irá el posprocés.

La prueba del algodón del cambio de etapa está en la derecha. El Partido Popular y Vox han acabado pugnando por cuestiones como la inmigración porque el procés ha dejado de ser un problema. Lejos de las grandes manifestaciones en Madrid contra la amnistía, sus quejas han aparecido muy diluidas en los debates electorales en Cataluña. Lo mismo ocurrió en Euskadi: el mantra “que te vote Txapote” servirá para rascar votos en el resto de España, pero ni Isabel Díaz Ayuso se atrevió a pronunciarlo allí con la misma vehemencia. Alguien se habrá dado cuenta en el PP de Alberto Núñez Feijóo que ambas comunidades no son como las cuentan en la Madridesfera.

Sin embargo, el pasado no puede volver a Cataluña de la misma forma como se fue: más diez años no pasan en vano. De un lado, el deseo de tener un Estado propio seguirá siendo el nervio que atraviesa a esa parte de la sociedad catalana, pero pervivirá como una especie de independentismo folclórico: una utopía en el horizonte por la que dirán seguir trabajando. Del otro, la base social del constitucionalismo también ha cambiado. El PSC dista hoy de ser aquel partido catalanista que una vez encarnó, al beber ahora de la huella que ha dejado Ciutadans. No es casual que Illa utilice en sus mítines topónimos en español como “Lérida” o “Bajo Llobregat”.

Este 12-M Cataluña se adentra a la fase del posprocés: si se lo huele hasta la derecha, lo puede saber ya hasta Puigdemont.

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Sánchez durará hasta las elecciones catalanas

Ignacio Peyró

Los futuros de Pedro Sánchez han sido un mercado de tanto riesgo que quienes compraran sus acciones en 2014 o 2016 bien han podido llevarse por su apuesta un ministerio. Ha pasado una década desde entonces y todavía estamos esperando el volatín del que Sánchez no caiga de pie. Parecía que las elecciones del 23-J iban a marcar su derrumbe, pero el sanchismo “ay, siguió muriendo”, como diría Vallejo, antes de volverse a levantar. Desde entonces, la política española se recrea en un momento decimonónico cuya inteligibilidad pondrá a prueba a los historiadores del futuro. Después de las artes combinatorias empleadas para desatascar el Gobierno, tal vez era matemática pura que cada sesión parlamentaria tuviera sus dificultades: se nos están sirviendo, sin embargo, con un dramatismo que no por acostumbrado en nuestra vida pública deja de sobrecoger. Lo gritarán las piedras: ¿hasta cuándo puede durar así este Gobierno?

Como siempre, es difícil distinguir entre nosotros dónde empieza lo real y dónde el trampantojo. La legislatura, al final, depende del presidente del Gobierno, quien, por otra parte, no teme ninguna moción de censura. El trance de los decretos ómnibus fue agónico, pero pasó. Y lo que haya de ocurrir con la amnistía está por escribirse. Es posible incluso que amorticemos la repetición continua de la tribulación: Sánchez, al fin y al cabo, siempre ha dominado la escena a través del shock.

El Gobierno seguramente haya aprendido a ser más cauto con el uso del decreto ley, pero sin duda también verán las virtudes de un parón legislativo: con los apoyos que necesita el Gobierno, cualquier medida iba a tener que hornearse al gusto de Junts y el nacionalismo vasco. Si la propia amnistía no saliera adelante, podemos ya intuir cuál será el argumentario del partido socialista: “Hemos mostrado generosidad, nos hemos sacrificado, pero nadie dirá que no tenemos líneas rojas”. Un argumentario ventajista, aunque muy del gusto de los suyos. Y que, con la mirada puesta en Cataluña, cuelga las culpas al núcleo más milenarista de Junts y sitúa al Gobierno en una burbuja equidistante entre separatismo y fachosfera.

Respecto de los Presupuestos, no estará de más recordar que incluso Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez-Almeida han gobernado Madrid con cuentas prorrogadas, como Sánchez ya vivió con las de Cristóbal Montoro. Dicho de otro modo: si el Gobierno logra aprobarlos, puntos para la épica sanchista. Y si no los saca adelante, hay otro camino para seguir sacando oro: con un Parlamento colgado, a buen seguro habrá directivas europeas, por ejemplo, que no puedan aprobarse, o fondos que no llegarán. He ahí un escenario pintiparado para el clásico de la casa: la redirección a la fachosfera, es decir, acusar al PP de no arrimar el hombro. Fuera de la política de los políticos, sin embargo, hay que preguntarse si podemos aguantar sin medidas y sin fondos y con un Gobierno maniatado para gobernar.

No quedan pocas convulsiones. En el día a día, el despiece caníbal de Sumar y Podemos añadirá tensión y desgaste. En las gallegas, el PSOE solo recibirá como buena noticia lo que no sea una catástrofe. En las europeas, sin embargo, el voto de descrédito puede tener una repercusión internacional más allá de la erosión interna. Todo se podrá asumir, porque la legislatura tiene ya su término: haya o no amnistía, gobierne o no gobierne el PSC en Cataluña, las elecciones catalanas implican la ruptura con alguno de los socios independentistas del Ejecutivo y obligarán a barajar de nuevo.

Cualquier otro Gobierno lo hubiera dejado antes de adentrarse en este maelstrom de entropía. La resiliencia de Sánchez empieza a ser menos visible que sus magulladuras, y menos característica que la adaptabilidad de sus principios al principio del poder. Véase que nadie se planteó algunas medidas ­—de los pactos con Bildu a la amnistía— antes de que un criterio de estricta supervivencia las pasara de implanteables a necesarias. Pero los tiempos se agotan, los espacios se achican y uno solo puede pensar en aquel caballero del Orlando que, en el calor de la batalla, “andava combattendo ed era morto”, daba mandobles sin saber que había caído.

Aunque no haya amnistía, habrá Gobierno

Estefanía Molina

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe seguir adelante con la legislatura porque prometió a la izquierda que la proposición de ley de amnistía para los implicados en el procés independentista catalán era sólo el precio a pagar para hacer políticas progresistas. Sería un fracaso enviarlo todo al traste por los vetos de Carles Puigdemont. Y, en verdad, es falso que los socios del Gobierno (ERC, Bildu, PNV, e incluso Junts) sólo estén interesados en la cuestión territorial. Para los nacionalistas e independentistas, la gestión autonómica y las demandas sociales serán también importantes en sus respectivas batallas por las elecciones en Galicia, Euskadi o Cataluña.

La política es ideología, pero también contexto. No es casual que ERC y Junts lleven tiempo pidiendo también cuestiones ajenas al procés a cambio de sus votos. En 10 años nunca fue tan notoria la crítica desde el independentismo civil hacia sus propias formaciones, exigiendo soluciones ante los malos resultados educativos del informe PISA o la actual sequía en Cataluña. Ese clima de opinión pondría muy difícil a los partidos independentistas el no apoyar acuerdos para lograr mejor financiación o competencias, aunque la amnistía no saliera adelante. La prueba está en la pujanza del partido socialista en Cataluña, en que ERC ha movido su discurso hacia la idea de gobernar en el “mientras tanto” si no llega la independencia, o que Junts pida gestionar la inmigración para que Aliança Catalana, una formación soberanista y xenófoba, no le quite votos por esa vía.

Así que la legislatura aún puede continuar si el Gobierno pone el foco en los temas socioeconómicos que le permiten superar el choque con el soberanismo vasco o catalán. No deben confundirse los medios con los fines. Hay una mayoría de prioridades para el PSOE o Sumar que sus socios apoyarían, aunque solo sea por el coste que les generaría no hacerlo: bajos salarios, cambio climático, problemas del campo, economía... La Moncloa debe tomarse al pie de la letra eso de que la cuestión territorial no era un objetivo en sí mismo para la izquierda, sino el mecanismo para alcanzar acuerdos.

Primero, porque el propio PNV parecía hasta ahora dispuesto a asumir políticas progresistas a cambio de más autogobierno. Por ejemplo, los nacionalistas vascos aceptaron el impuesto especial a la banca y las energéticas, o el ingreso mínimo vital a cambio de poderlo gestionar desde Euskadi. El partido del expresident Puigdemont también lleva su programa plagado de cesiones competenciales. Sin embargo, la derecha ha sido hábil instaurando la demonización de la fragmentación política, vendiendo esos trueques como una humillación o un demérito, simplemente, para tapar su incapacidad de lograr socios parlamentarios.

Segundo, la territorialidad es amplia, y también puede servir para agrietar el bloque de la derecha. Por ejemplo, la Conferencia de Presidentes autonómicos podría buscar pactos de Estado sobre educación, sanidad o vivienda, competencias que las comunidades del Partido Popular también gestionan. El caso es que el Gobierno tiene que abandonar esa noción mayoritaria de la democracia de la que a veces peca. Si quiere convencer, necesita la confianza de sus socios. Ahorrarse la figura del decreto ley permitirá más flexibilidad para incluir demandas de estos, acabando con esa imagen de un Ejecutivo agónico o de mayoría pírrica, que todo lo saca in extremis y a cambio de cesiones que nada tienen que ver con lo que se aprueba pero que distorsionan su agenda.

A la postre, España es una isla donde, pese a haber una mayoría de derechas en el Congreso, el Ejecutivo es de izquierdas. Y esa es la única vía para resistir ante la ventisca de ultraderecha que acecha de cara a las próximas elecciones europeas de junio. Que Bildu, ERC o Podemos sean progresistas, por mucho que unos lo pongan difícil u otros sean independentistas, es un apoyo para que PSOE y Sumar den prioridad a su programa en los Presupuestos. Es hora de la agenda social, si no queda otra, o los caminos se estrechan.

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Basta ver sus mítines: el líder independentista se ha vuelto un gurú de la autoayuda. Lejos del tono intimidatorio contra el Estado español, Puigdemont reviste ahora de aires motivacionales sus discursos. Desde hablar sobre “subir la autoestima” del independentismo o de “dejar el lamento”, el político catalán se presenta ya como una especie de coach, un líder espiritual para los suyos. Y es que estas elecciones van de la pésima gestión durante los años del procès, pero también, de avivar la esperanza entre el independentismo de creer que nada está perdido, en medio de la frustración aún latente por el 1 de octubre. Que Puigdemont hable de no caer en el derrotismo es el mayor síntoma de esa derrota. Y ello obliga a reformular la estrategia hacia el pragmatismo, a medida que el sueño de Estado propio se diluye en el horizonte, a diferencia de los ánimos en 2017.

Así que resulta poco probable creer que Junts vaya a apostar por convertirse en un partido residual en el Congreso —es decir, bloqueando cualquier acuerdo con Sánchez— si encima no lograra gobernar la Generalitat tras el 12 de mayo. El contexto ha cambiado en Cataluña. Lo que el Junts del post-procès necesita es desarrollar un programa sólido, una política que no solo pivote sobre el golpe de efecto del último minuto para consolidarse en los años que vienen. Su mayor urgencia es volverse un partido útil, algo que también pasa por lo que puedan obtener del Gobierno vía presupuestos o demás pactos.

Primero, porque Puigdemont ya ha metabolizado los costes de volver a la gobernabilidad y echarse para atrás sería ahora lo más difícil. La estrategia de llevar al PSOE al límite en cada votación parlamentaria sólo ha servido al propósito de presentarse como el “verdadero independentismo” frente a ERC, pese a haber hecho ambos lo mismo: meter el referéndum en una mesa de diálogo, que les estorbaba para obtener la salvación judicial vía amnistía. Y no parece que le esté saliendo mal la jugada: la mayoría de las encuestas sitúan a Junts por encima de los republicanos.

Segundo, el exlíder de Waterloo ha empezado a definirse ideológicamente, algo clave para dejar de ser un movimiento personalista y etéreo. En su programa lleva bajadas de impuestos, y en sus mítines, Puigdemont habla de conceptos nada arbitrarios como la “cultura del esfuerzo” o el “mérito”. Tampoco es casual el fichaje de la ejecutiva empresarial, Anna Navarro, para apuntalar ese giro business friendly o aspiracional de la Cataluña del futuro. Sin embargo, Navarro le está saliendo un poco rana: sus escenas más sonadas van desde un vídeo donde la asistenta que trabaja en su casa le trae el desayuno, hasta otro diciendo que muchos directivos amigos suyos se compran pisos en Barcelona porque es un lugar fantástico para vivir o para jubilarse. Pese a su brillante currículum, ciertos sectores del independentismo la acusan de alejamiento de los problemas del día a día.

Así que el elemento disruptivo es de qué modo influirá el “punto y aparte” de Sánchez en las elecciones catalanas. No sería descabellado pensar que se repita cierto efecto parecido al del 23 de julio de 2023, cuando algunos independentistas pragmáticos se movilizaron entonces en favor del PSC, ante el miedo a que gobernara la ultraderecha e incendiara Cataluña. El vaivén del presidente podría potenciar ahora el auge de Salvador Illa, dando un nuevo giro a la campaña. Si el primer eje de los socialistas pivotaba sobre la idea de “dejar atrás el procès” —para atraer voto de Ciutadans—, ahora se le suma el relato de “defender la democracia” frente a la ultraderecha o los bulos —una opa al votante de los Comunes-Sumar.

Aunque Puigdemont no tiene prisa. Estará atado al Gobierno hasta que la amnistía se apruebe en las Cortes y se aplique en los tribunales, por mucho que quiera desmarcarse del “entreguismo” de ERC. Es más, para la estrategia a largo plazo de Junts es prioritario derrotar a Pere Aragonès, antes que gobernar y quemarse a cuatro años vista, sin nada que ofrecer a sus bases relativo a la independencia. Un tripartit 2.0 le vendría de perlas.

En consecuencia, el aviso de Sánchez no es tanto sobre la gobernabilidad, asumido que Junts ha ido dejando miguitas sobre la importancia que para ellos tiene la financiación o las inversiones en Cataluña –partidas que podrían negociarse con el PSOE en unos presupuestos. El aviso responde a algo más simbólico: no es el líder independentista el único que capaz de convertir estas elecciones en un plebiscito sobre su persona. De amenazar con marcharse, para acabar generando mayor adhesión a su causa, saben tanto Puigdemont como Sánchez. Los dejes mesiánicos no entienden de ideologías.

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Sánchez reventó una regla no escrita, que desde 2015 se extendió desde la vieja guardia del PSOE hasta la derecha, de que no se puede pactar con los llamados “enemigos de España”. No casualmente, dimitió como secretario general y Mariano Rajoy acabó gobernando porque España no estaba preparada, tras la implosión del bipartidismo, para algo que no pasase por algún entendimiento entre el Partido Popular y el PSOE. En definitiva, toda la animadversión que ha recaído sobre el presidente deriva de que se atrevió a configurar mayorías alternativas, con Pablo Iglesias, ERC, Carles Puigdemont o Bildu.

Sin embargo, que el proyecto haya sido tan propio o genuino, pivotando sobre la voluntad de un Sánchez a contracorriente todo el tiempo, ha supuesto a la vez la virtud y el talón de Aquiles para intentar destruirlo. Sus adversarios se dieron cuenta de que, si esto iba de una persona, era posible hacer caer la obra entera mediante la deshumanización y el todo vale contra él o su familia. Si el presidente se hubiera marchado este lunes, el resultado hubiese sido una izquierda a la deriva, un partido sin recambio y la dificultad de encontrar otra una figura que aunara desde el independentismo catalán y el vasco hasta la izquierda alternativa para culminar la amnistía o las políticas progresistas. Es decir, lo que sus adversarios más desearían.

El episodio de la reflexión lanza un aviso sobre la necesidad de los contrapesos en la política: un partido y un Gobierno menos presidencialistas. Algunos han criticado que Sánchez se haya tomado cinco días para aclararse y no van desencaminados: poner a la persona emocionalmente en jaque ha dejado a un país entero en suspense por el agujero que hubiese causado su renuncia. De un lado, por lo mucho que temían ERC o Carles Puigdemont quedarse sin amnistía, o Sumar y Podemos que les llevase a elecciones —quizás el toque ayude a una gobernabilidad más fluida—. Del otro, porque si Sánchez hubiese decidido emprender cualquier reforma o presentar una cuestión de confianza, sus ministros —que nada sabían— tendrían que haber salido a defenderla aun sin haber sido partícipes de la decisión.

Por ello, el caso invita a reflexionar sobre el impacto de ciertas prácticas mediáticas o judiciales en democracia, y a solidarizarse, aunque ello tampoco lleve a creer que nadie es intocable. Existe una vía intermedia entre hablar de “golpismo” o secundar acríticamente a cualquier líder. Pero la única forma de mitigar que Sánchez siga siendo el blanco para destrozar su proyecto político, el verdadero objetivo, pasa también porque ello no pivote únicamente sobre una sola persona, en el PSOE y en el Ejecutivo.

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Y es que Feijóo parece en examen constante desde que no logró ser presidente el pasado 23-J. La última prueba fueron las elecciones en Galicia, donde una eventual pérdida de la mayoría absoluta habría cuestionado su liderazgo. Pero le salió bien la jugada: el líder popular se impuso gracias a la línea galleguista o ruralista del PP regional, y pese a la irrupción —casualmente— de la polémica por el indulto condicionado a Carles Puigdemont. Feijóo ya habrá asumido que si quiere gobernar España no debe levantar ampollas en los territorios con reivindicaciones nacionales, o entre los partidos que allí gobiernan. Quizás por eso repitió la estrategia pragmática en Euskadi para acercarse a los peneuvistas, si daban los números, o para beber de su electorado.

Así que el candidato del PP vasco, Javier de Andrés, hizo lo que el resto de partidos: pasar de puntillas por la cuestión de ETA, y centrarse en la economía o los servicios sociales. En verdad, hasta que Pello Otxandiano no mostró su incapacidad de condenar a la banda terrorista, el tema no había irrumpido de lleno en campaña. He ahí la doble moral de un PP que ha hecho del “que te vote Txapote” su bandera en Madrid, o de quienes han ganado votos indirectamente con ese mantra. La decisión del PP de Feijóo de no hablar del terrorismo olía a calculada.

Precisamente, los altavoces de la derecha madrileña dieron cuartelillo al discurso blando en los días previos, aún a sabiendas. La propia Ayuso había desfilado por Euskadi sin levantar la habitual polvareda. Pero una vez acabada la votación, varios medios de comunicación ardieron de enfado, y ETA volvió a ser otro ariete de los populares contra el Gobierno. Aunque también hizo lo propio la izquierda: tras las duras críticas del PSOE a Otxandiano, Bildu fue devuelto ayer al bloque progresista de la mano de Pedro Sánchez.

En consecuencia, las elecciones vascas arrojan una hipótesis de fondo: si sus partidos, mayoritariamente, creyeron que el campo de debate político debía ser la gestión económica —y no tanto la pugna identitaria o el terrorismo— quizás sea porque la sociedad vasca manifiesta una voluntad firme de mirar al futuro o de intentar sobreponerse del pasado. Tanto es así, que la polémica de Otxandiano resonó más fuerte en los medios nacionales que en los vascos, pasando fugazmente por sus debates del tramo final de la campaña. Fueron sintomáticas hasta ciertas críticas a Vox desde la derecha madrileña por haberse centrado más en la inmigración que en ETA. En definitiva, el auge de Bildu no es el único síntoma de cambio generacional en Euskadi.

Ello conduce a una reflexión dentro del PP vasco: qué línea seguir a futuro. Ya en 2019, cuando Alfonso Alonso sonaba como posible candidato, sugirió la idea de adoptar un discurso “foral” como el de estas semanas para robar votos al PNV. En cambio, Pablo Casado era más cercano a los postulados de aquel PP de María San Gil o de Jaime Mayor Oreja, y apostó por Carlos Iturgaiz para recuperar las esencias más combativas de la formación frente al nacionalismo o el pasado etarra. Ya entonces, la idea de un PP “regional” en Euskadi chirriaba demasiado.

Con todo, la polémica sobre si mencionar a ETA ilustra la dificultad del PP de tener un proyecto coherente en los territorios con reivindicaciones nacionalistas. La prueba está en que el candidato popular en Cataluña, Alejandro Fernández, buscará confrontar con el independentismo, más todavía después de las críticas a la campaña vasca. Ahora bien, la permanencia de Fernández al frente de la lista ha sido más por necesidad que por convicción de Génova 13. Basta ver el perfil bajo de Feijóo en la fiesta de Sant Jordi: preguntado sobre si quería que Puigdemont fuera a la cárcel respondió que su única pretensión es que no hubiera una casta de políticos con privilegios legales.

No es fácil acertar para la derecha en Cataluña o Euskadi. Algunos analistas de Euskal Telebista afirmaron a la mañana siguiente de los comicios que el “error”, en verdad, había sido llevar a Feijóo o Ayuso a hacer de teloneros del candidato de los populares. “Hasta entonces, el PP seguía un discurso coherente, presentándose como la única alternativa que no formaba parte del bloque de poder de La Moncloa”, aseguraban. Qué distinto se entiende todo en la España de fuera de la M-30. Y solo el tiempo dirá si el discurso del PP de Feijóo no fue tanto un giro pasajero como una forma consciente de intentar mirar al futuro: la prueba de que incluso en la derecha algo puede estar cambiando.

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Y es que el vídeo ha desatado la indignación en redes. Dos votantes peneuvistas están en un bar, mientras en el televisor aparecen los candidatos de Bildu o el PSE afirmando que pactarán con el PNV. Los camareros concluyen que la única opción para echar a los peneuvistas es Podemos. Damas y caballeros: llegó la izquierda española, paternalista, a salvar al votante vasco de sí mismo. De un lado, porque es raro pensar que el único defensor de la clase obrera sea un partido que en 2020 logró 6 escaños de 75. Del otro, porque la crítica al PNV es percibida como algo más que una enmienda a la derecha autonómica. En los comentarios hay hasta protestas de ciudadanos catalanes y gallegos que se sienten insultados por la parodia que ven en Podemos del nacionalismo vasco.

Así que Podemos enseña la patita, pero no es nuevo. Se creían adalides de la plurinacionalidad en 2015 por avergonzarse de la bandera española en los mítines, o por hablar del “derecho a decidir”. Sin embargo, hay indicios hoy para pensar que aquello fue un disfraz, una pose. No casualmente, el Sumar de Yolanda Díaz está formado por varias izquierdas federalistas que, poco a poco, fueron rompiendo con Iglesias. Podemos pronto se destapó como una Izquierda Unida 2.0 —lo sugirió el mismo Íñigo Errejón en 2020— es decir, una izquierda que priorizará siempre el conflicto de clase al territorial.

Primero, porque los datos no mienten. Podemos fue visto desde sus inicios como una izquierda de cosmovisión madrileña por buena parte de sus votantes, paradójicamente. En el CIS de junio de 2016 la mitad de los electores de Podemos —sin confluencias— (56,3%) aglutinaba a quienes defenderían el Estado autonómico actual y quienes apostarían por un Estado más centralista, y todo ello, en el momento álgido del concepto “plurinacionalidad”. La diferencia era abismal comparándolo con el votante de En Comú Podem: sólo un 15′9% se incluía en las categorías de statu quo y regresión territorial. Es decir, que en Podemos sólo era plurinacional la confluencia catalana, y otra prueba de ello es que los primeros nunca tuvieron barones propios de facto. El votante de IU (65′8%), la izquierda con aversión nacionalista, pensaba casi lo mismo sobre el modelo territorial que la presunta izquierda plurinacional salida del 15M.

Segundo, los hechos hablan por sí mismos. El referéndum nunca fue una condición para que Podemos entrara en el Gobierno: la mesa de diálogo fue una cesión de Pedro Sánchez para lograr los votos de ERC. El partido tampoco ha trabajado en estos años para que las instituciones del Estado sean más plurinacionales: Ya en 2016 En Comú renunció a pedir el grupo propio en el Congreso, como prometieron, sospechando que no lo lograrían. En definitiva, la plurinacionalidad que Podemos defiende sólo consiste en tópicos y algún deje folclórico, o en decir cuatro frases en catalán, euskera o gallego en los mítines. Es decir, una visión más estética que efectiva, ya sea por las limitaciones institucionales o por oportunismo. Es una plurinacionalidad que solo parece existir si ellos le conceden su beneplácito desde una sede de dentro de la M-30.

Tercero, Podemos bendice el nacionalismo periférico siempre que sirva a sus propios fines. El PDeCAT, el PNV o Junts son formaciones que han tolerado en Madrid porque bien apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy o permiten a la izquierda gobernar ahora. En cambio, esos mismos partidos son devueltos a la categoría de “derechas” en Cataluña o Euskadi, endosándoles estereotipos variopintos –como en el vídeo de marras. Si realmente creyeran en la plurinacionalidad ampararían a las opciones nacionalistas que no son de izquierdas, porque lo contrario es paternalismo. Por ejemplo, el PP o el PSOE han contribuido a desarrollar el Estado autonómico, pactando con PNV o CiU, indistintamente, con independencia de si ambos eran de centroderecha o mediopensionistas porque entendían que era la opción legitimada por sus ciudadanos.

En consecuencia, la única plurinacionalidad que interesa a Podemos es la de las izquierdas independentistas porque les permite reafirmarse en la cuestión social y servir al imaginario de la “República plurinacional” que propugnan. E incluso, hasta antes de ayer les ayudaba a ganar votos en territorios como Galicia o Euskadi. Pero las caretas se han ido cayendo. Es por eso que la gente joven prefiere votar a sus izquierdas de proximidad, como ocurrió con el BNG en 2020 o 2024, en vez de a izquierdas paternalistas y centralistas —algo que también castigó a Sumar el pasado 18 de febrero. Hay muchos números de que lo que ocurra este domingo en el País Vasco acabe reafirmando la tesis de este artículo.

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Basta su historial como barón regional para ver que algo chirría. Desde aquel Feijóo “moderado”, colaborador con el Ejecutivo en la pandemia de la covid, o desde aquel PP que tendía la mano al PSOE en temas de Estado y que jamás habría dejado el CGPJ sin renovar, mucho ha cambiado para llegar a la voladura de puentes presente. De un lado, está la gran dependencia que el PP tuvo de Vox tras el 28-M para ganar poder autonómico y municipal. Del otro, la necesidad de Feijóo de contar con apoyos mediáticos en Madrid tras su fracaso en la investidura, para lo que adoptó el discurso que muchos querían escuchar: duro contra la amnistía, indulgente con la ultraderecha, y acrítico frente a la baronesa de Madrid. Feijóo pudo ser otro con aliados distintos, pero uno es también lo que decide escoger y, en este caso, apostó por la salvación como líder nacional.

Así que el presidente del PP conjuga las dos almas en pugna de la derecha española en la actualidad. A un lado, está el tándem del ayusismo y el aznarismo, entendido como corriente cuasidoctrinal y propia del histriónico Madrid capitalino, basada en la premisa de que “a la izquierda y a los independentistas, ni agua”. Del otro, están los nostálgicos del bipartidismo, más cercanos a Mariano Rajoy, o al Feijóo de Galicia, cuando no había problema en pactar con el PSOE o con los nacionalistas. La duda es si Feijóo podría emanciparse alguna vez del predicamento del ayusismo y el aznarismo, que abrazó tras el 23-J.

Algunas voces han querido ver esa voluntad de distanciamiento. Por ejemplo, cuando Feijóo admitió que el Gobierno de José María Aznar no gestionó “bien” el atentado del 11-M, entrevista que quedó sepultada por el comunicado de FAES asegurando que jamás llegó “ningún documento oficial que descartase definitivamente la autoría etarra”. Da igual la línea que tome el actual PP; el aznarismo tiene la última palabra, como también tiene Ayuso el lema para cada manifestación.

Sin embargo, Feijóo ha lanzado algunos órdagos en este tiempo. Nunca se supo si la filtración del indulto condicionado a Puigdemont, en mitad de los comicios gallegos del 18-F, fue un error o algo premeditado. Ahora bien, si el PP no hubiese revalidado la mayoría absoluta, el ruido de sables se habría hecho notar. No ocurrió. Por eso, la victoria de un PP ruralista y galleguista debe entenderse ya como un triunfo de la línea regionalista de Feijóo: otra derecha es posible, esa capaz de conjugar otros sentires bajo de la categoría de español, a diferencia del giro tan intransigente que enarbolaron el partido centralista Ciudadanos y el nacionalista Vox.

La prueba de que Feijóo buscaba otro PP es que está alejándose del debate sobre la amnistía. Habló en 2022 de relanzar en Cataluña un partido que apelara al “catalanismo constitucionalista”, es decir, una línea más integradora, mientras se podía leer entre líneas cierta nostalgia de los tiempos del Pacto del Majestic. Convocadas las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, en cambio, eligió a Alejandro Fernández, un candidato muy crítico con los acercamientos a Junts, que en verdad Feijóo ha mantenido más por urgencia que por convicción. En cambio, la situación actual en Euskadi, donde la pugna no pivota ya tanto sobre el conflicto nacional, permite recuperar una suerte de PP regionalista o moderado y centrarse en propuestas económicas y de gestión, en competición con el PNV.

A la facción de poder madrileña le pone los pelos de punta pensar en un acercamiento a Junts: dicen que eso sería “ir en contra de la base social del PP”. La derecha está ahí también partida en dos: la corriente ayusista piensa que el partido de Puigdemont es equiparable a Bildu —”con ellos, ni a la vuelta de la esquina”— y considera que en el referéndum del 1-O de 2017 quedó constatada la imposibilidad de integrar jamás al nacionalismo.

En consecuencia, muchos se preguntan cuándo podría llegar la ruptura de Feijóo con el tándem del ayusismo y el aznarismo. En esencia, cuando Vox no sea tan necesario para gobernar. Otras voces, incluso, aluden a que el episodio de la pareja de Ayuso podría mermar las posibilidades de esta de optar por La Moncloa alguna vez, aunque la memoria del votante es más bien cortoplacista. No es baladí tampoco el contrapeso que supone Juan Manuel Moreno Bonilla para que el PP periférico atenúe la fuerza del PP de Madrid. Pero no es la derecha quien más debe temer a una independencia del dirigente gallego, sino la izquierda que se beneficia del veto de Junts al PP —algo que la amnistía ha empezado a atenuar en los discursos de Puigdemont—. Es Pedro Sánchez, y no Ayuso o Aznar, quien más tiene que perder si alguna vez llega a producirse la emancipación de Feijóo.

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Primero, porque Sumar va camino de ser una plataforma de mirada demasiado centralista. A fin de cuentas, el partido de Díaz no existe más allá de la tracción motora de las confluencias que lo integran desde la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, o en algunas zonas de Andalucía. Por eso, es paradójico que sus líderes más visibles pivoten sobre la facción madrileña, como en el caso de la ministra Mónica García o el portavoz Íñigo Errejón, ahora que Ada Colau ha perdido su poder en la alcaldía de Barcelona. Díaz tampoco tiene arraigo por sí misma en otras comunidades periféricas: su implicación en las elecciones gallegas no sirvió para frenar la debacle de ese espacio ni en 2020 ni en 2024. En cambio, Oltra puede aportar cierto equilibrio territorial en debates como la financiación autonómica, las infraestructuras, o demás lógicas regionalistas, mediante una mirada alejada de la capital de España. E incluso, actuar como un revulsivo para un Compromís que sigue todavía huérfano de liderazgo, tras su salida de la política en 2022.

Segundo, Oltra puede ser una vía de diálogo con Podemos. A la vista está el apoyo que le han brindado las exministras Ione Belarra, Irene Montero o Pablo Iglesias ante su proceso judicial. En cambio, la relación entre Díaz y Podemos no pasa por el mejor momento: la vicepresidenta quedó desautorizada con la marcha de los segundos al Grupo Mixto. No son pocas las voces que creen que si Oltra hubiese estado en activo, la crisis entre Sumar y Podemos habría encontrado un cauce menos exabrupto.

Tercero, la líder valencianista se ha convertido en un símbolo. Tuvo que dimitir por su imputación en una causa donde la asociación Gobierna-te y Vox ejercieron de acusación popular. Que esta haya sido archivada conecta con la pulsión más combativa del espacio a la izquierda del PSOE, visto el uso que varios altavoces de la derecha le han dado políticamente al tema, en estos años. Ello contrasta con la figura de Díaz, quien ha dado a veces la impresión de ponerse de perfil ante casos de judicialización relativos a la política, frente a un Podemos que siempre defendió esa bandera con uñas y dientes.

A la postre, decidir sobre si Oltra juega un papel a escala nacional también corresponde a Yolanda Díaz. La líder de Sumar estuvo este viernes en Valencia y no se pronunció sobre la idea del exalcalde Joan Ribó de colocar a la exvicepresidenta valenciana en la lista para las elecciones europeas. Quizás la imputación de Oltra las haya distanciado: esta confesó en Salvados haber recibido un apoyo más efusivo por parte de Mónica García durante su investigación judicial. Los caminos de Oltra siguen abiertos, pero su potencial regulador para el espacio a la izquierda del PSOE parece indiscutible.

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Y la realidad es cruda. Los discursos de ERC y Junts no denotan ya insurrección a las puertas de los comicios del 12 de mayo, sino todo lo contrario: el agotamiento del procés y el hastío de su base social. El president Pere Aragonès pretende engatusar a sus votantes mediante la propuesta de referéndum pactado con el Estado. Es decir, una idea superada en los tiempos de Artur Mas, que no ha prosperado en los años de mesa de diálogo con Pedro Sánchez, y que el PSOE negó por activa ayer. A su vez, Puigdemont apeló desde Elna a no caer en el derrotismo, a sabiendas de que es el estado de ánimo entre su electorado abstencionista, aludiendo a la ilusión de un futuro que el pasado reciente ya reventó.

Así que los partidos independentistas se preparan ya para la folclorización del procés. Es decir, mucho simbolismo, sacar ideas de la chistera o del cajón, pero de fondo, la independencia quedará como una utopía en el horizonte ante la incapacidad de avanzar. Casi les haría un favor que Salvador Illa les arrebatara la Generalitat, porque de lo contrario su ausencia de hoja de ruta sería más evidente gobernando cuatro años más. Aunque enfrentarse a la Cataluña actual es ahora un plato más amargo para la ilusionista Junts que para la posibilista ERC.

En esencia, porque el discurso del partido de Puigdemont solo pivota hasta la fecha sobre el 1 de octubre de 2017, sus agravios y su evocación. Ello les había servido para eludir los problemas de gestión, sobre todo tras su salida del Govern en 2022. Bastaba con señalar los errores de Aragonès o llevar al Gobierno de Sánchez al límite en cada negociación para ganar notoriedad. Sin embargo, al regreso de Puigdemont tocará reformular la estrategia en Cataluña. La mística de un eurodiputado en Waterloo decaerá, el imaginario de que “algo se cuece por ahí” se desvanecerá, y regresará la mecánica autonómica de un partido orgánico, y de un líder terrenal.

El principal vacío de Junts es de definición ideológica, paradójicamente. Puigdemont aludió a la sequía, a la educación, a la vivienda, o a la burocracia en su discurso desde Elna, sin desarrollar mucho más. Por eso, hay quien se pregunta si Junts es de izquierdas o de derechas. No está claro. En comparación con la vieja Convergencia —considerada de centroderecha— Junts tiene un electorado más transversal, incluyendo incluso tics de izquierdas en su programa como la idea de un salario mínimo catalán. La prueba es que Junts votó en el Parlament en 2020 a favor de limitar los alquileres, mientras que el PDeCAT —facción soberanista, hoy hundida electoralmente, pero considerada más cercana a la derecha— lo rechazó.

La explicación del cambio ideológico de CiU a Junts está en el propio procés: muchos jóvenes independentistas empezaron a identificar la secesión con la idea de la “justicia social”. Es decir, que el Estado propio era para hacer políticas antidesahucios, o invertir en más Estado del bienestar. Esa influencia bebe del discurso de la CUP y de ERC, pero también responde al contexto de crisis de 2010, cuando detonó la exigencia del llamado “derecho a decidir”.

Sin embargo, Puigdemont ha empezado a dejar algunas miguitas en el camino sobre el posible futuro del partido. El fichaje de Anna Navarro como número dos de su lista, reconocida por su proyección empresarial a nivel internacional, o antes el de Jaume Giró, no parece una casualidad. Hay indicios para creer que Junts quiere echar raíces en torno al mundo de la gran empresa, cooptando el imaginario del crecimiento económico, las inversiones en Cataluña o la expansión tecnológica y digital. Tanto es así, que si Sánchez quiere sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado después de las elecciones catalanas debe recuperar el discurso de Puigdemont del 21 de marzo, donde habla del “agravio” económico de Cataluña frente a Madrid, o las intervenciones de Míriam Nogueras sobre porcentaje de ejecución de las inversiones en la Comunidad. La clave está ahí.

Aunque la definición ideológica aún tardará, porque Junts sigue hoy demasiado preso de la evocación del Estado propio. Hasta entonces, la idea del “president legítim”, depuesto por el “malvado Estado español”, es la mayor baza de Puigdemont para las elecciones del 12-M, en su afán de dejar en la lona a los republicanos. Junts sabe que su líder gusta transversalmente a todas las facciones del independentismo, y es más, la animadversión atávica que provoca en la derecha —y en otros tantos votantes de izquierda— conecta con lo poco de antisistema que le queda al votante del procés. Quizás por eso no hace falta ni siquiera que haya vuelto Puigdemont a España para notar ya el pánico de ERC.

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El mayor ejemplo está en Euskadi. Según el barómetro de 40dB. sobre las elecciones del 21 de abril, solo un 13% de encuestados demandarían hoy la independencia, pese al llamativo 70% de apoyos que sumarían entre Bildu y el PNV como fuerzas mayoritarias. Es más, el último Sociómetro del Gobierno vasco, difundido ayer, ilustra que solo un 18% de votantes del PNV apoya ahora la independencia, frente al 47% que registró el mismo barómetro en diciembre de 2014, y en el caso de Bildu, la caída iría del 86% al 57% en esos mismos 10 años. Como ya he comentado, en la actualidad el motor de crecimiento principal de la coalición abertzale no es tanto la cuestión nacional como las generaciones jóvenes que ven en Bildu una especie de “izquierda de proximidad”. Es decir, preocupada por los alquileres, el cambio climático o la ultraderecha. Hete ahí la paradoja: no es necesario tener pulsiones de ruptura para decantarse por ciertas opciones identitarias.

Así que existen partidos independentistas que se proclaman como tales y venden su idea de nación a los ciudadanos, pero cuyos fines están muy lejos de ser posibles por falta de incentivos o de apoyos entre sus votantes. De ahí lo de folclóricos. El caso vasco resulta nítido: no todos sus votantes compran el pack ideológico completo, y los motivos para la ruptura son además escasos, dado que el Concierto Económico neutraliza las ansias de secesión. La pregunta es si el independentismo folclórico podría extrapolarse a la Cataluña del posprocés en adelante.

De un lado, no parece plausible desde la perspectiva del votante. El barómetro de opinión política del CEO —el CIS catalán— de este primer trimestre de 2024 cifra en un 89% el apoyo a la ruptura entre quienes apoyan a la CUP, otro 89% entre quienes votan a Junts y un 83% en el caso de ERC. Es decir, que la base social de esas formaciones es eminentemente independentista, a diferencia de los datos en Euskadi.

Sin embargo, a la vía folclórica se llega en Cataluña por los incentivos políticos. Es evidente que los líderes del procés tienen ya pánico a volver a la cárcel: han pedido los indultos o la amnistía porque no quieren ser mártires, y ese temor neutraliza la posibilidad de otro choque real como el de 2017. Sus votantes saben, además, del pánico de sus dirigentes, y por eso pagaron parte de esa frustración con abstención —como en los comicios del 28-M y del 23-J de 2023—.

En consecuencia, el independentismo catalán amaga con hacer del Estado propio una especie de utopía en el horizonte: los partidos ya solo podrán vender la pantalla de un “mientras tanto” no alcanzan sus objetivos, pero sin ningún afán real de poner los medios para lograrlo. Afirmarán que están trabajando por la causa, o mantendrán la tensión discursiva frente a España, abogarán por cuestiones lingüísticas… pero en la práctica, su gestión del día a día tal vez no diste mucho de la que llevaba a cabo la vieja Convergència hasta 2010 mediante su autonomismo catalanista.

El caso es que el independentismo folclórico no quiere decir que esté desactivado, porque puede reavivarse por razones sociales o instrumentales. Como analiza el periodista Mikel Segovia, los apoyos entre las bases de Bildu y PNV a un Estado propio no se han mantenido estáticos en el tiempo, sino que han registrado repuntes y caídas. E incluso el descenso del apoyo a la independencia ha ido acompañado del crecimiento del respaldo a una independencia “según las circunstancias” —no a cualquier coste, con condiciones o en función del contexto—.

El panorama en Cataluña juega en contra de un auge del secesionismo a medio plazo. Demográficamente, las nuevas generaciones de catalanes —los mileniales y la generación Z— muestran menos interés en la ruptura que los baby boomers. A fin de cuentas, el procés tuvo su pico socializador en un votante que hoy tendrá alrededor de 30 años: ese que no conoció la Cataluña de Jordi Pujol, pero que creció yendo a las manifestaciones por el “derecho a decidir”, o se implicó en el 1 de octubre con la idea del “malvado Estado español” como telón de fondo. Socialmente, incluso, los factores coyunturales que catapultaron el procés en 2012 han ido quedando atrás —como la crisis económica, el recorte del Estatut, o la mala relación con el Gobierno de turno, de Mariano Rajoy—.

Es el mayor aprendizaje que saca España tras 10 años de proceso independentista en Cataluña: que se quede en folclórico o permanezca controlado, ya solo depende de la gestión del Estado en adelante, conocidos los motivos que lo catapultaron.

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Así que la obra tiene enjundia filosófica, eso sí, adaptada a un lector medio. Se agradece un ejercicio de abstracción que huya del debate politiquero, asumiendo que la cosa pública aún se nutre de ideales, y no solo de zascas y polémicas. Es lo que los autores llaman “ficciones resolutivas”: el modelo ideológico hegemónico a cada momento no solo sirve para canalizar problemas concretos, sino que se legitima implícitamente, al ordenar la existencia del ciudadano y proyectar su esperanza hacia un horizonte apetecible. Aunque los autores llegan a una conclusión descorazonadora: la mayoría de las ideologías que existen desde el surgimiento del Estado moderno tenían algo de escapismo. Perdieron adeptos cuando se demostró que, pese a servir para soportar las contradicciones o penurias del presente, la arcadia del futuro prometido nunca llegaba. Por ejemplo, el liberalismo obligaba a aceptar un estado de naturaleza hostil, las desigualdades, o las injusticias, bajo la fe ciega en que el mercado las resolvería. La socialdemocracia convivía con más desigualdades que no solo la económica, como el género, condición sexual o raza. El comunismo vivía en la tensión entre la forja de identidad de clase, y el deseo de transformación, sin alcanzar la emancipación plena. El neoliberalismo, en su fase obscena, ni siquiera necesitaba legitimarse y vació de sentido las conciencias humanas.

El populismo llegó por descarte, ante la sensación de que el futuro ya no servía para postergar el conflicto político

En consecuencia, el momento populista llegó, por descarte, ante la sensación de que el futuro ya no servía para postergar el conflicto político. De ahí bebe la ultraderecha, de la nostalgia que se refugia en las identidades de un pasado idealizado. Y de ese contexto nace también el populismo de izquierdas. Frente a las decepciones anteriores, su receta fue una suerte de presentismo: la reelaboración de la identidad colectiva, de un “nosotros” —el pueblo— que se sentía desencantado y expulsado de la política elitista —la casta—. El caso es que el propio populismo se acabó sumiendo en el descrédito por problemas muy parecidos de los que adolece Podemos: bien, las expectativas incumplidas acaban provocando una gran frustración, ante la incapacidad de esos movimientos de adaptarse a los códigos de la institucionalización; o bien, se termina renunciando a resolver el conflicto social y sólo se aspira a hegemonizarlo, a través de ir ganando pequeñas batallas discursivas. Si uno lee entre líneas, verá reflejadas las dos fases del partido morado: la de tener ministros en el Gobierno hasta 2023, y la del grupo bunkerizado en el Congreso, la presente. En consecuencia, los autores invitan a buscar nuevos imaginarios para un nuevo contrato social colectivo. Entre ellas, la lucha antirracista —el Black Lives Matter—, la revolución feminista o las movilizaciones por el clima son los vectores del nuevo tiempo. He ahí la paradoja y la moraleja: la sensación de que no hay futuro se resuelve mediante formas de proyectarse hacia este. No solo de pan vive el hombre: también necesita darle sentido a su incierta existencia.

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Aunque no todo es culpa suya. La principal tarea de Díaz era recomponer un espacio ya muy debilitado, pese a que los fans de Pablo Iglesias insistan en que venía a “enterrar” el 15-M. Es falso: el surgimiento de Podemos en 2014 respondió a una crisis económica y de sistema, cuya esencia se ha ido diluyendo de forma natural en estos años de cambio político. Por ejemplo, el debate sobre monarquía o república no está hoy en la agenda como entonces; el conflicto territorial en Cataluña se busca saldar con una amnistía al procés; la economía ha remontado, pese a la inflación, con medidas sociales distintas a la austeridad de 2010. En definitiva: la izquierda alternativa ha sufrido la pérdida de sus banderas antisistema, algo acentuado con su paso por el Gobierno.

Por ello, el espacio a la izquierda del PSOE atraviesa una crisis velada que tapó la creación de Sumar y ahora se le ven las costuras. Quitando a formaciones como Más Madrid, Compromís o En Comú Podem, o la zona de Andalucía, el erial es notorio a escala nacional. A las marcas citadas les funciona presentarse en Cataluña, la Comunidad Valenciana o Madrid como izquierdas federalistas centradas en la gestión. En cambio, a nivel estatal Díaz no encuentra un papel muy diferenciado en el tablero político.

El motivo es que ni Sumar ni Podemos son ya una fuerza de choque. Ninguno serviría hoy de contrapeso frente al PSOE: no dejarían caer a este Ejecutivo si el caso Koldo se agravase, por mucho que Ione Belarra lleve al Gobierno al límite en algunas votaciones o Díaz afee la situación en público. Ambos han tragado, además, con carros y carretas en banderas importantes para la izquierda, como que el ministro Marlaska siga en el puesto pese a las devoluciones en caliente. A la postre, las estrategias de Díaz o Belarra serán distintas, pero ninguna aborda los problemas estructurales de la economía. Podemos critica a los dueños de supermercados o de empresas textiles enarbolando una suerte de populismo que canaliza el malestar, pero no transforma el sistema. El pragmatismo de Sumar pivota sobre el salario mínimo para los más vulnerables, gravar las fortunas de los ricos e, incluso, limitarse a garantizar más tiempo libre a los trabajadores, sin ambición por resolver el problema de fondo, que es el hundimiento de la clase media

La izquierda a la izquierda del PSOE también ha perdido su componente disruptivo en lo relativo a su impugnación frente a ciertos poderes. Curiosamente, Pedro Sánchez y los independentistas capitalizan hoy mejor la refriega judicial a cuenta de la ley de amnistía que el propio Podemos, que hizo de las llamadas “cloacas del Estado” su bandera política.

En consecuencia, es esperable que la derrota de Sumar y Podemos se repita en Euskadi, como ya ocurrió en Galicia. Los partidos emergentes en esos territorios son Bildu y el BNG, no casualmente. A menudo se ha tendido a creer que Podemos les dio alas con su discurso plurinacional en 2015, pero no es cierto. Al contrario: el partido de Iglesias sirvió de parapeto para su crecimiento, como vía posibilista, pero tras su caída, el trasvase no tiene freno. El BNG se volvió el voto útil de la izquierda el pasado 18-F sin aludir a los problemas identitarios. En Euskadi, las nuevas generaciones de jóvenes no vivieron el terrorismo, y muchos votantes de la izquierda abertzale son más socialistas que nacionalistas. Ambos casos deben ser entendidos como “izquierdas de proximidad”, combativas o alternativas, del nuevo tiempo.

Con todo, sería óptimo que ni En Comú Podem, ni Compromís, Más Madrid o IU quisieran fundirse bajo Sumar, sino mantener su autonomía. Son la locomotora de la plataforma, frente a un espacio político residual en la España interior o rural. Díaz cometería un error al imponer el mismo centralismo organizativo de Iglesias.

Así que quizás el papel de la vicepresidenta en adelante no sea fundar una marca nueva, ni aspirar a que Sumar sea un partido más al uso, sino quizás apostar por crear un tinglado político utilitarista. Es decir, entender a qué elecciones debería presentarse, y a cuáles no, o cómo hacerlo para que el PSOE y sus socios maximicen sus votos. En algunas zonas serán más fuertes las marcas plurinacionales (ERC, Bildu, BNG…) que su plataforma. Y podría incluso ser una opción coaligarse con el PSOE allí donde realmente no existe espacio para que ambos compitan. A fin de cuentas, si el partido de Yolanda Díaz no existe, es momento de que evolucione hacia otros fines. De ese debate podría ir también, este sábado, su cónclave político.

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El calendario iguala ahora a Puigdemont y ERC en su relación con el Ejecutivo. Es una casualidad que la ley salga previsiblemente del Congreso este jueves y vaya a pasar 60 días en el Senado por la decisión del Partido Popular de dilatar los plazos —casi el mismo tiempo que falta hasta las elecciones del 12 de mayo—. Es decir, que Sánchez y sus socios volverán a verse las caras en el Congreso muy pronto, y ninguno puede tensar demasiado la cuerda en estos dos meses que faltan porque el apoyo del PSOE y Sumar será necesario para rubricar definitivamente la medida de gracia.

Así que Pere Aragonès ha neutralizado la campaña de Puigdemont en parte. Llevar al PSOE al límite es lo que había permitido a Junts no desplomarse en las encuestas, como le ocurrió a los republicanos en el ciclo de 2023, tras regresar al ruedo pactista. En cambio, Junts estará mucho más relajado para acordar unos Presupuestos tras los comicios porque no tendrá miedo a las fugas de voto. Las siguientes elecciones quedarán entonces muy lejos, y una vez se asume el riesgo de volver a la gobernabilidad el coste de echarse para atrás es más elevado.

El problema lo tendrán ahora Puigdemont y ERC ante el llamado cuarto espacio. Existen una serie de formaciones —la ANC, la exconsejera Clara Ponsatí, Aliança Catalana…— que amagan con presentarse al Parlament con el discurso de que los partidos del procés han enterrado la independencia a cambio de pactar su salvación judicial vía indultos o amnistía. Para paliarlo, Junts sigue teniendo un as en la manga: el intento de presentar a Puigdemont como candidato —algo que aterra a los republicanos—.

Con todo, el frente menos preocupante para el Gobierno sigue siendo el de las elecciones en Euskadi del 21 de abril. Sánchez tomó hace meses una decisión salomónica para contentar a sus socios vascos. El PNV seguirá mandando en el País Vasco con el apoyo del PSE si dan los números, asumido que ya gobiernan en las tres capitales y las diputaciones forales. Bildu llegó a la alcaldía de Pamplona con el respaldo socialista, y la izquierda abertzale está más preocupada aún por institucionalizarse y normalizar su relación con el PSOE que en aterrizar mañana mismo en Ajuria Enea.

Por tanto, el horizonte catalán es más inestable. Pero aunque el próximo president fuese Salvador Illa, ERC seguirá apoyando al PSOE en Madrid más allá del 12 de mayo. Y para amarrar a Puigdemont, los tiempos judiciales de la amnistía seguirán siendo el talismán de Sánchez: Junts estará atado hasta la publicación de la ley en el BOE, y también hasta que la apliquen los tribunales.

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Hete ahí la principal diferencia respecto a hace seis meses: muchos de los miedos de Junts sobre volver a la gobernabilidad se han ido disipando. De aquellos recelos a ser engañados por el PSOE, de aquella desconfianza en verano, Puigdemont ha encontrado lo que necesitaba: colgarse la medalla de haber llevado el pulso hasta el final por una amnistía “que no deje fuera a nadie”. Es decir, intentando diferenciarse de los republicanos —a sabiendas de que los indultos fueron entendidos como beneficios para la casta entre ciertos sectores del independentismo— cuando, en verdad, la ley ha tenido que perfeccionarse para no excluir, esencialmente, al líder de Waterloo y sus adláteres.

Así que Sánchez ha empezado a apuntalar la legislatura: a Puigdemont le conviene que el PSOE siga en el poder, al menos, hasta que la medida de gracia sea del todo efectiva en los tribunales. Y ello dependerá de los tiempos de la justicia, de si los jueces presentan cuestiones prejudiciales al tiempo que mantienen las órdenes de detención —no sólo de que el expresident quiera volver en verano—. Claro está: para el presidente del Gobierno sería más beneficioso que la ley se dilatase porque garantiza que el amarre de Junts, frente a la gobernabilidad, sea más estable.

Sin embargo, Puigdemont ha encontrado una forma de metabolizar los pactos con el PSOE. El único objetivo detrás de llevar al Ejecutivo hasta el límite en cada votación en el Congreso ha sido vender a la base social del independentismo que todavía seguían en la subversión, que son más duros negociando que los de Oriol Junqueras. Podría estarles funcionando: Junts sigue todavía por debajo de ERC en intención de voto para los comicios del Parlament en muchos sondeos, pero algunos estudios apuntan a que están sabiendo rentabilizar mejor su protagonismo actual en la política española. Ello implica que, mientras puedan seguir salvando los muebles, no crecerá su miedo a seguir pactando con Sánchez.

En consecuencia, es probable que se repita la sobreactuación de Junts para los Presupuestos, pero que estos salgan adelante. La opinión pública se ha ido moviendo en Cataluña, quejándose de problemas graves, como la sequía o los malos resultados del informe PISA. El independentismo civil tiene ahora nuevas prioridades. Ese giro pragmático de Junts se ha hecho notar ya con la exigencia más autogobierno en materia de inmigración, o incluso, cuando ERC propuso negociar la financiación autonómica, y ahora, ante el auge de un PSC centrado en gestionar Cataluña.

Aunque Puigdemont tampoco puede zafarse aún de otros desafíos de corte independentista como la irrupción del llamado “cuarto espacio”; son esas fuerzas políticas que amagan con reventar el monopolio de los partidos oficiales del procés, al denunciar la renuncia tácita a la unilateralidad por parte de ERC y Junts, a cambio de su salvación judicial. Usando el chivo expiatorio de la inmigración en el caso de Aliança Catalana, o de la traición al movimiento —en el caso de la ANC o la exconsejera Clara Ponsatí— sus discursos influyen, podrían cosechar algunos diputados o desmovilizar a muchos votantes, ante la frustración que el fracaso del 1-O les dejó.

Por ello, Junts mantendrá la estrategia de llevar al límite al Gobierno de cara a la galería para minimizar cualquier pérdida de apoyos. Seguirán las declaraciones sobre enfrentarse al Estado, se dirá que ahora es tiempo de autodeterminación, habrá algún exabrupto a las puertas de las elecciones catalanas, quejándose por no haber obtenido el referéndum —algo que ya saben—. Pero la Cataluña de 2017 octubre nada tienen que ver con la actual. Sólo un 5% de catalanes cree hoy que la independencia será posible, mientras las nuevas generaciones cada vez están menos socializadas en la idea de la ruptura, a diferencia de los jóvenes que vivieron el 9-N de 2014. Puigdemont ha decidido adentrarse en esta nueva pantalla sin causas judiciales, pero su electorado ya no es el mismo que antaño: ni anhela tanto el Estado propio, que cae en apoyos, ni está tan movilizado porque tiene claro que sus líderes tienen pánico a ir a la cárcel.

Con todo, Junts se ha encontrado con un guiño inesperado en el PP nacional: cada vez parece menos casual esa filtración del “indulto condicionado”, mientras Alberto Núñez Feijóo destila nostalgia por aquellos tiempos del Pacto del Majestic. Decía Puigdemont que la “lucha antirrepresiva” dejará de ser ahora una prioridad: quizás no hablaba sólo por el esfuerzo de apaciguamiento desde el PSOE. Aunque de momento, Junts ha echado el amarre en Pedro Sánchez, y con ello, el presidente puede izar ya velas para intentar gobernar España.

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Basta ver el vocabulario: “Este es el caso Sánchez” repiten algunos altavoces de la derecha, en su afán de involucrar al presidente, sin pruebas. El propio Feijóo tiene los resortes para revestir ese relato: desde las preguntas incriminatorias en el Congreso, hasta la comisión de investigación en el Senado, donde el PP tiene mayoría. No es que fiscalizar, obviamente, sea ilegítimo en un tema de tanta relevancia pública. Es que las comisiones de investigación se han vuelto una vía para ajustar cuentas e imponer sospechas, aunque eso no sea solo culpa de la derecha. Es ya costumbre que los diputados allí congregados se limiten a aportar retales de periódicos —por incapacidad de recursos—, a traer a comparecientes que pueden abstenerse de declarar si están siendo investigados —por amparo legal—, o a hostigar a personas inocentes —por ensañamiento político—. Las conclusiones, aun incompletas, acaban siendo impuestas por el voto de la mayoría. Luego salen a los medios a decir “que han hallado la verdad política”, es decir, su relato del caso de turno.

Así que esta legislatura empieza a coger tintes de la anterior, cuando Sánchez se dio cuenta de que la economía funcionaba, pero que el ruido interno —antes provocado por Podemos, y alimentado por la reacción de la ultraderecha— lo sepultaba. Tardó demasiado en asumirlo, no fue hasta las elecciones del 28-M. La situación es ahora parecida: el presidente se enfrenta ya a más a problemas de imagen que aritméticos. Sus votantes tal vez se pregunten dónde está el programa de la izquierda, ante el poderío del PP y Vox en las manifestaciones callejeras o el Parlamento.

El caso es que el problema con los socios se ha ido mitigando, curiosamente. Sánchez ha amarrado a ERC con el apoyo del PSC para los presupuestos catalanes. Ha tomado la decisión salomónica de mantener a Bildu en Pamplona, mientras reserva Euskadi para el PNV, si salen los números tras el 21 de abril. Sólo falta atar a Carles Puigdemont con la amnistía para que apoye los presupuestos generales.

Sin embargo, el caso Koldo amaga ya con ser una gota malaya mediática peor que la amnistía. Esta sería aparatosa, pero quizás no era tan lesiva como se dice: Sánchez sumó un millón de apoyos el pasado 23-J cuando sus pactos Frankenstein, como los indultos, eran conocidos. Una parte de la izquierda había comprado que ese era el mal menor, frente a la idea de Vox en un Gobierno. Su eventual validez legal en el TJUE o el TC habría acallado muchas bocas. Ahora bien, la investigación en curso es material sensible para un progresismo que se valía de la lucha contra la corrupción como rasgo distintivo frente a la derecha —decidida a vengarse por la moción de censura de la trama Gürtel de 2018—.

Aunque el PSOE ha sacado un as para defenderse: otra comisión en el Congreso que fiscalice los contratos en pandemia, llegando quizás hasta las comunidades. En realidad, ello no compete al Parlamento de la nación —para algo existen los parlamentos autonómicos—. Es más: la equiparación con el hermano de Isabel Díaz Ayuso tampoco es precisa. Aquellas comisiones en plena pandemia serán reprobables moralmente, pero hasta la fecha no han tenido reproche penal, sumado a que el hermano no era un cargo público. Distinto sería que se llegara a probar un presunto enriquecimiento ilícito en la figura de Koldo García, como exmiembro del ministerio.

Sin embargo, la búsqueda de la verdad se ha vuelto irrelevante en el juego político. Ábalos acierta en algo: la ofensiva de la derecha no se detiene en su figura, sino que el objetivo de la derecha es Sánchez, exclusivamente.

Y en verdad, el presidente ha perdido de momento el pulso contra el exministro, al no lograr La Moncloa que asuma alguna responsabilidad política. Pero a ninguno de los dos les conviene continuar la pugna. Dicen las malas lenguas que Ábalos quiere el escaño para conservar el aforamiento, no solo su honorabilidad, así que es el más interesado en una legislatura larga, mientras el Gobierno necesita de su voto para aprobar leyes. Otros creen que quizás el exministro está subiendo su precio para obtener otra salida que no pase por un simple ultimátum. Sea como fuere, la irrelevancia de Ábalos es lo único que está ahora en la mano de Sánchez. Su ausencia de protagonismo sería el mayor respiro para al Gobierno, ante la revancha la derecha. Para todo lo demás, la palidez e inacción de la izquierda no parece sólo culpa de eso que el presidente llama fachosfera.

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De un lado, porque es cierto que Sánchez ha edificado un partido presidencialista. Al ganar las primarias en 2017, laminó el contrapeso interno que suponía el Comité Federal. Eran los tiempos en que se decía que era “más democrático” que la militancia eligiera al secretario general y avalara sus decisiones. Si bien Sánchez logró con ello otro objetivo encubierto: engrilletar a sus dirigentes territoriales para que no pudieran impugnar nunca más sus pactos con los independentistas y Podemos —algo que ocurrió en 2015— o, incluso, que lo llegaran a echar otra vez —como en 2016—.

Así que Sánchez encontró en la debilidad orgánica de sus barones una forma de mantener al PSOE en el poder: hoy puede recibir el apoyo de ERC, Bildu, el BNG, el PNV o Junts sin que Emiliano García-Page se lo impida o Susana Díaz lo destrone. Y, siendo realistas, es el precio a pagar porque la izquierda siga gobernando España. Si Feijóo no está hoy en La Moncloa —pese a haber una mayoría de derechas en el Congreso—, es porque Vox le impide cualquiera de esos socios. Claro está, el giro plurinacional condiciona la cosmovisión de este PSOE. A diferencia de Felipe González, el eje de poder ya no pivota sobre el clan andaluz o una España más rural, sino sobre los socios que lo sustentan desde Cataluña y Euskadi.

Y los más perjudicados de ese giro están en la España interior. Se salva García-Page, que mantiene su mayoría absoluta adoptando un discurso antinacionalista para su base social más conservadora. Aunque en otros casos, como en la Comunidad Valenciana, fue el desplome de los socios del PSOE, como Compromís o Podemos, lo que arrebató a Ximo Puig la presidencia, pese a crecer en votos y escaños.

La pregunta es si había alternativa al giro territorial de Sánchez. Dicho de otro modo, ¿qué habría sido del PSOE si hubiese abrazado la gran coalición permanente con la derecha? Hoy parecen lejos aquellos tiempos de un Pablo Iglesias disparado, del miedo a la pasokización que podría haber acabado con el principal partido de la izquierda si este no se hubiese abrazado a Podemos —y las tesis de la nueva izquierda sensible con la plurinacionalidad— para recuperar esos votantes que se fugaron en masa al partido de Iglesias. Es más, a menudo incluso se obvia que antes del retroceso electoral del PSOE el 28-M, muchos barones recuperaron poder territorial en los comicios de 2019 gracias a la visibilidad que les ofrecía La Moncloa. Entonces nadie puso el grito en el cielo, pese a que ERC o el PDeCAT apoyaran la moción de censura en 2018.

Asimismo, Galicia revela otro problema de fondo para la izquierda: el factor generacional. Tras la pujanza de ERC, de Bildu o del propio BNG, hay muchos jóvenes votantes que antes recalaron en las confluencias de Podemos y, tras el hundimiento de esos partidos, anidaron en sus izquierdas de proximidad. Por ejemplo, Ana Pontón habló más de políticas sociales que identitarias en su campaña. Ciertas escisiones jóvenes de la izquierda abertzale son hoy más socialistas que independentistas, en parte, porque sus votantes no vivieron el pasado de ETA. Por el contrario, en Cataluña se ha abierto paso un nuevo voto dual. Muchos independentistas apostaron por el PSC el pasado 23-J para impedir que la ultraderecha gobernara.

Aunque ello tampoco disculpa el presidencialismo de Sánchez. En comunidades como Madrid o Andalucía, este se limitó a imponer los eslóganes que interesaban a La Moncloa, por ejemplo, para alimentar su pulso con Isabel Díaz Ayuso. Los candidatos eran además poco conocidos, o paracaidistas, algo que el secretario general tampoco se molestó en corregir.

En consecuencia, el PSOE federal de los años ochenta vive hoy en el Partido Popular de Feijóo. El actual PP es un reino de taifas que se ha especializado en tener un discurso distinto en cada territorio: en los mítines de Moreno Bonilla ondean banderas andaluzas; en Galicia, el PP es una suerte de Partido Nacionalista Gallego; Ayuso enarbola su madrileñismo particular. El propio Feijóo fomenta que sus barones sean más fuertes que la dirección nacional, como activo para llegar al poder. Los populares serán residuales en Cataluña o Euskadi y no podrán pactar con el PNV o Junts, pero dominan el Senado como otra expresión de su arraigo territorial. Sánchez se cargó en 2017 al PSOE federal, sí, pero quizás ese darwinismo haya sido la única forma de que el primer partido de la izquierda pueda sobrevivir ante la nueva realidad. Es decir, maximizando la ventaja de pactar con los socios plurinacionales, algo que la derecha no puede hacer. Aunque, paradójicamente, hoy la izquierda sea percibida como más centralista —con el principal centro de mando en La Moncloa— que el PP regionalista de Feijóo.

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Basta una anécdota para ilustrar la ruptura entre el PP y CiU. Corría 2016; un miembro del antiguo Govern de Mas acudió a una comida con periodistas en Madrid. De pronto, el comensal lamentó la dejadez de Mariano Rajoy a la hora de echarle un capote a la Generalitat durante los años de crisis económica. “Había meses en que no sabíamos cómo pagar a los funcionarios”, deslizó. Mas era un alumno aventajado de Jordi Pujol, de esa Convergència que actuaba de dique de contención frente al soberanismo, algo que durante años le garantizó el favor de Madrid. Pero en esa ocasión, Mas solo encontró un no al pacto fiscal, pese a buscar que Rajoy le salvara del malestar social en Cataluña. Si el Govern se sintió abandonado por el PP, desde el Gobierno se aludió en 2017 a la idea de la “deslealtad” de CiU, al abrir la veda del llamado “derecho a decidir”.

Así que el procés tuvo muchas lecturas, entre ellas una ruptura entre quienes cortaban hasta la fecha el bacalao del poder. Por eso, no tendría por qué ser casual, o un mero desliz, que alguien hubiera llegado a la conclusión en el PP de que solo el cierre del 1-O puede devolverles a La Moncloa. Precisamente, el auge de Vox, que le deja sin socios como el PNV, también bebió del revisionismo que los populares sufrieron desde entonces. Es decir, ante su incapacidad de frenar el 9-N de 2014 o los hechos de 2017 mediante mayor contundencia política, pese a considerarse los “máximos garantes de la unidad de España”.

El problema es que la derecha nunca ha querido reconocer sus errores en Cataluña, a diferencia de sus votantes. No casualmente, Ciudadanos y la ultraderecha crecieron entre 2016 y 2018 a lomos de los fracasos del PP. Sin embargo, los altavoces afines a Feijóo no quieren oír ni hablar de que se hiciera algo mal, de forma que deban perdonar a Puigdemont —de ahí que pongan el grito en el cielo ante el supuesto del indulto condicionado—. No hace mucho, incluso alegaban que el recorte del Estatut no debió de ser “para tanto” porque tras la sentencia, los convergentes aún se apoyaron en el PP para gobernar. Efectivamente: en todo sistema político, las élites tienen capacidad para taponar movimientos de base. Pero el independentismo civil tomó vida propia después ante esa misma ausencia de respuesta política.

El caso es que dos sucesos clave ilustran hasta qué punto la herida abierta del procés expulsa a la derecha del poder. De un lado, Feijóo pagó el pato en su investidura fallida, pese a haber hoy una mayoría de derechas en el Congreso. Anteriormente, la antigua Convergència se había vengado en 2018 del propio Rajoy por el 1-O con la moción de censura: sin sus votos, no habría sido posible aupar a Pedro Sánchez al Gobierno.

En consecuencia, la amnistía también beneficiará a Génova 13. Solo cuando el referéndum ilegal, el recuerdo de las cargas policiales durante aquella jornada o las causas judiciales queden lejos, Junts se verá obligado a reformularse políticamente.

Aunque no cabe esperar que la relación con el partido de Puigdemont se cosa de un día para otro: no solo existe todavía Vox, sino que hay dos tesis contrapuestas en la derecha. Una es la de Feijóo: en su investidura fallida lanzó varios guiños a Junts, e incluso, afirmó que Bildu no es equiparable a ellos. No es de extrañar que, siendo un barón regionalista, destile añoranza de un Pacto del Majestic 2.0. La otra tesis es la de Isabel Díaz Ayuso, hegemónica entre sus adeptos: el 1-O supuso un punto de inflexión que demostró la imposibilidad de integrar al nacionalismo en la gobernabilidad. Es decir, que Puigdemont es lo mismo que Bildu y, por tanto, con ellos nada hay que hacer. “Con Junts, ni a la vuelta de la esquina”, sentenció la presidenta madrileña.

Y la realidad es que el liderazgo de Feijóo está cautivo de la corriente ayusista-aznarista hasta la fecha. Creen las malas lenguas que se ha echado en brazos de ese tándem, que le pone el cartel en las manifestaciones contra la amnistía, para garantizarse la paz en el partido, es decir, para que no le hagan como a Pablo Casado. Quién sabe si los contactos con Junts no son también una estrategia defensiva por parte de Feijóo. Es decir, la forma de ir tejiendo un perfil propio, de irse ganando al independentismo muy a largo plazo, frente al mando de la derecha dura.

Será ciencia ficción, pero si Feijóo indultara a Puigdemont sería lo más parecido a un reseteo de la España que se congeló el 1 de octubre de 2017, aquella que durante tantos años vertebraron ambas élites. Por suerte para el PP, no tendrán que mancharse el traje: parte del trabajo se lo está haciendo ya el presidente Sánchez.

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Basta observar cómo partidarios del líder de Waterloo hablan de “pinza” entre el PSOE y ERC en contra de Puigdemont. Pero incluso esas teorías de la conspiración asumen que el expresident es el mayor escollo por que se niegan al actual texto. Si bien, el objetivo de Junts era vender un relato antiélites con la medida de gracia. Decían que sería “integral”, no como los indultos, a sabiendas de que hundieron a ERC en las urnas por la imagen de beneficios para la casta que generaron entre el independentismo. Aunque las caretas cayeron en la votación en el Congreso. Unos pocos nombres hacen trastabillar la negociación, y si no se llega a un acuerdo, muchos ciudadanos anónimos se quedarán fuera de la amnistía, por más que Junts presente a ERC como “la casta” y se vendan a ellos mismos como “la gente”.

Así que Sánchez tiene un mes para buscar una salida. ¿Puede el PSOE dar mayores garantías jurídicas a Puigdemont? El Gobierno se enfrenta al elefante en la habitación: resetear el procés también pasaba por cerrar la casa de Waterloo, que se acabe el relato del “exilio” o la “represión”, de un líder vagando por instancias europeas poniendo a escurrir a España. Por ello, la situación tampoco es buena noticia para nuestra democracia. Puigdemont sigue siendo un símbolo que alimenta la fantasía de quienes le consideran el “president legítim”, y su permanencia en Bélgica, un cabo suelto que se utilizará para bloquear toda normalización política.

Y es que nada se ve igual en la Cataluña díscola en que en el Madrid político. Lo que parece indecente a ojos del sentido común, que Puigdemont niegue el perdón procesal a cientos de ciudadanos, quizás no lo sea a ojos de muchos independentistas. No hay que olvidar que Junts se presentó al 23-J negando su participación en la gobernabilidad de España, que ciertos votantes querían que bloqueara la investidura, a otros la amnistía les queda lejos, o un último grupo no acepta haber congelado el referéndum a cambio de las medidas de gracia. Pese a ello, quién sabe si el egoísmo de su élite no será pronto distorsionado mediante más victimismo y la invención de nuevos agravios: Junts podría volverse el partido de los indignados por la amnistía, de los que “no se dejaron engañar”. En el otro extremo, el del realismo, está la presión que ejerza su base de alcaldes implicada en el 1-O. E incluso, la esperanza de que siempre será mejor agarrarse a una posibilidad judicial, por complicado que sea el camino, que a ninguna.

La duda es si ERC puede contrarrestar la eventual insolidaridad de sus adversarios. La huida de su diputado en el Parlament Ruben Wagensberg a Suiza, implicado por el Tsunami Democràtic, se ha convertido en dinamita para cuestionar esa afirmación de los republicanos sobre que la ley de gracia era “robusta”. Qué duda cabe de que Junts utilizará ese ejemplo para afirmar que en verdad, la ley no aportaba las garantías, o que a Junqueras ya le convenía que Puigdemont no volviera.

Aunque los socialistas también tienen su propio dilema. Sánchez ha dado el puñetazo en la mesa a las puertas de las elecciones gallegas, bajo la idea de que peor sería para los soberanistas que gobierne la derecha. Voces de izquierdas aplauden que, al fin, haya remilgos frente al independentismo. Pero el PSOE también tiene un problema de relato. ¿Cómo iba a explicar ahora que todo el terrorismo es amnistiable? Cabe pensar que en La Moncloa no solo temen un varapalo ante el Tribunal Constitucional, sino ante el TJUE. No es lo mismo que a uno le llame la derecha “dictador” por leyes que ratifican los tribunales internacionales, que por leyes que no aceptan los estándares europeos.

Sin embargo, todavía existe una salida salomónica posible: chutar la pelota hacia delante. Jaume Asens proponía que Junts acepte la ley en los términos actuales, y que el PSOE se comprometa a introducir reformas, a futuro —se entiende, según avancen de las causas judiciales. Ello haría ganar tiempo a ambas partes, sin que todo salte por los aires, sin que nadie asuma por ahora renuncias sustanciales.

En consecuencia, Sánchez ha descubierto que subirse al barco del independentismo no es un paseo amable, sino una travesía llena de temporales. Dicen algunos afines a Junts que la “ofensiva del Estado” ya no es contra ellos, sino contra el propio líder del PSOE. Suena a argumentario para convencer al presidente. Pero está claro que la amnistía puede marcar un punto de inflexión, una ruptura entre Puigdemont y Sánchez que no augura cuatro años de Gobierno. El callejón es ahora de doble sentido; veremos si, también, la salida.

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Y no se alarmen: no se volverá una práctica masiva, porque con sueldos de miseria ahorrar es casi imposible. Incluso existe todavía gente con principios: mi antiguo casero alquilaba pisos muy por debajo de los precios del mercado. Sí, muchos ciudadanos sólo tienen una propiedad arrendada, sin mayor afán que completar su salario o pensión cuando la vejez se acerque. Pero, obviando casos particulares y siendo honestos, los alquileres desbocados rozan la categoría de negocio obsceno. Una amiga le pidió a su arrendadora —que tiene al menos 12 propiedades alquiladas, me dice— que le bajara 50 euros de la renta, y le dijo que nanay, que imposible.

Así que vivir de rentas se ha vuelto otro anhelo escapista en los tiempos que corren. Algunos youtubers buscan fórmulas para marcharse a Andorra, y no pagar impuestos; hay ricos construyendo su cohete —dice Yolanda Díaz— para dejarnos tirados cuando llegue un cataclismo. Tonto el último: si no puedes revertir el sistema, huye de este. Los amigos de mi colega eran de izquierdas, paradójicamente. Donde las injusticias se perpetúan, cuando la indignación no encuentra salida ni en la protesta, la única forma de resistencia es el cinismo.

El caso es que semejante sueño no parece tan descabellado, aparentemente. Ni siquiera hace falta tener una gran propiedad para empezar a vivir de rentas. Me comentó una agente del sector en una ocasión: “Incluso esos pisos sin ventana y en sótanos que ves en la página web, se van a ir alquilando. En setiembre no me quedará ni uno”. Me quedé muda, pero de qué extrañarse: acababa de mostrarme un piso de 40 metros en Madrid por más de 1.000 euros. La escasez de pisos de calidad y buen precio crea monstruos que la necesidad alimenta. Los cuchitriles vuelan en los portales de ventas inmobiliarias, algo que permite malpensar sobre si la intención última es acabar alquilando esos zulos a terceros.

Sin embargo, ser rentista no solía ser una utopía escapista para la clase media española. La generación boomer fue una generación de propietarios bajo aquella idea de tener casa en propiedad, promocionada por los distintos gobiernos. El objetivo de una segunda residencia no era tanto alquilarla, como pasar las vacaciones. Aún hoy pesa demasiado la coletilla de “ay, si te destrozan la vivienda o te la okupan”, como factor que disuade para poner la vivienda a disposición de otros. En definitiva, hasta la generación de nuestros padres, uno podía rechazar atajos variopintos para acumular riqueza porque entonces sus salarios sí permitían una vida digna. Hete ahí la diferencia con el anhelo escapista de esos dos amigos. No son jetas, solo el producto del ventajismo de cada momento, como aquellos que dejaron sus estudios cuando el boom inmobiliario para poner tochos porque permitía alcanzar buenos sueldos.

Con todo, el rentismo no está al alcance de cualquiera. Como toda ilusión capitalista, algunos fantasearán, y unos pocos alcanzarán el sueño. Hay estudios que afirman que la abultada mayoría de caseros sólo posee una vivienda, o que sólo hay entre un 3% y un 9% de arrendadores en España. Pese a ello, se empieza a apreciar la concentración de la riqueza en unas pocas manos. Un artículo de Cinco Días alertaba en 2021 del crecimiento de los multipropietarios: “El grupo de hogares que más creció entre 2002 y 2017 fue el de los que poseían tres o más propiedades, pasando del 9% al casi 20%”. En esa misma línea, El Confidencial resaltaba: “En 2002, el porcentaje de hogares con dos o más propiedades era de un 29%. En 2017, la cifra había aumentado hasta el 42%. Es más, el porcentaje de hogares con cuatro propiedades o más en alquiler creció desde el 5 al 11%. Más del doble”, afirmaba el artículo. Dinero llama a dinero. Multiplicar el patrimonio, cuando ya se tiene, siempre es más fácil que empezar de cero, sobre todo, ahora que la familia o la herencia se han vuelto de las pocas formas de tener una vida digna.

En consecuencia, es poco probable que los chavales precarios de hoy realicen el sueño rentista. Me dice una amiga que “solucionarlo es ya imparable”, al ver tantas quejas de gente joven en redes sobre los alquileres. Me entran ganas de contestarle que no sea ingenua: no es país para jóvenes —la edad media de los arrendadores es de 54 años, según Fotocasa. Pero hay algo peor todavía: la perpetuación de las desigualdades, algo que ya está pasando. Será aún peor en una o dos generaciones, mientras crece la juventud que no puede comprarse ni una primera vivienda, o emanciparse, si tienen que destinar la mayor parte de su salario a la espiral de los alquileres, y las medidas políticas siguen siendo poco efectivas o estéticas, sin resultados notables.

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Como dice el profesor José Luis Álvarez en su libro Los presidentes españoles, no es lo mismo un ciclo de poder en el Gobierno que un ciclo dominante social y políticamente. Pedro Sánchez afirmó la noche electoral que la izquierda y los nacionalistas “eran más” porque sumaban más escaños. Pero ese relato obvia otra cara de la realidad. El Partido Popular y Vox seguramente gobernarían con mayoría absoluta si se hubiesen presentado juntos el 23-J. España se fue tiñendo tras el procés de pulsiones recentralizadoras que anidan incluso en muchos votantes de izquierdas que consideran una “vergüenza” las cesiones que el Gobierno negocia con sus socios. Da igual que ERC o Puigdemont estén exigiendo actualmente muchos favores parecidos a los del PNV. La España a la que asoman pone ahora el grito en el cielo cada vez que Sánchez roza algo parecido al Pacto del Majestic de José María Aznar en 1996.

Así pues, ¿puede volver Convergència? Y la pregunta no habría que hacérsela solo a los independentistas. Pese a sus arrogantes discursos contra España, Junts está hoy dentro del autonomismo: ha aparcado el referéndum por una mesa de diálogo para salvarse de sus causas judiciales. Los partidos del procés saben además que el sueño de independencia no resulta tan creíble ya como en 2017: solo un 5% de catalanes creen que será una realidad, y por eso ERC y Puigdemont han empezado a orientar su discurso hacia cuestiones más pragmáticas, como la financiación o el autogobierno. Junts morirá de facto, y deberá reformularse, cuando se haya aplicado del todo la amnistía para regresar a una pantalla previa a 2012. En consecuencia, ¿qué escenario se presentará una vez se haya borrado de iure la afrenta del 1 de octubre?

A la derecha no le interesa alumbrar posibles, sino distorsionar lo que ya ocurre en su beneficio. Sus altavoces afirman estos días que “cómo va a estar Junts en el carril de la gobernabilidad, si amenaza al Gobierno con tumbarlo”. Que se sepa, amagar con dejar de apoyar a Sánchez no es un delito, ni el retorno al unilateralismo.

El caso es que las corrientes del ayusismo y el aznarismo son un potente escollo para un regreso al Majestic. La tesis de la derecha madrileña y de Vox es que el 1-O marcó un punto de inflexión, que constató cómo de iluso —e imposible— es “integrar” al nacionalismo a través del Estado autonómico. Ahora bien, la política también se basa en una correlación de fuerzas. Aznar pasó de “hablar en catalán en la intimidad” entre 1996 y 2000 a las tensiones centralizadoras entre 2000 y 2004, solo porque en el primer caso necesitaba los votos de CiU. Qué duda cabe: los portavoces de Alberto Núñez Feijóo habrían aplaudido un entendimiento con el PNV si ello le hubiera permitido ocupar hoy La Moncloa.

Tanto es así, que la preocupación de Junts por la inmigración somete a la derecha a una impostura. No critican a Puigdemont porque una parte de su electorado no comparta esas inquietudes —hete ahí la existencia de Vox—, sino por la expansión del autogobierno. Cuántas cosas más tendrían en común si pudieran llegar a acuerdos tras la amnistía y ante una eventual desaparición de la ultraderecha del tablero político.

Sin embargo, los partidos del procés tampoco tienen claro qué pasará tras la medida de gracia. El plan de Junts es a corto plazo: vivir de llevar a Sánchez al límite para fingirse distinto a ERC hasta que haya elecciones catalanas. El miedo a más penas de cárcel les disuadirá durante años, pero pronto se descubrirá que tampoco van a obtener ningún referéndum. Lo que el independentismo oficial (Junts y ERC) desearía es que su votante compre en adelante una especie de folclorización de la independencia: vender que ellos trabajan por un Estado propio mediante la obtención de competencias autonómicas, cuando en realidad hacen lo mismo que CiU. “Esto no ocurría desde 1997″, reconoció Miriam Nogueras en alusión a la negociación sobre el tema migratorio.

Con todo, Sánchez ha aprendido del ciclo dominante que excede a su Gobierno. Dijo en EL PAÍS que su intención es “legislar con proyectos de ley”, y no será porque le disguste la fórmula del decreto ley: lleva abusando de ella desde que llegó al poder en 2018. Sin embargo, se habrá dado cuenta de que llevar las negociaciones hasta el último minuto alimenta la idea de un independentismo todopoderoso ante el que tiene que ceder al máximo —con la mala prensa que ello tiene ahora—. Y es que en verdad nada se sabe de qué han pactado en materia migratoria o si la negociación empieza en este momento. Aunque si la polémica ya es amplia, cabe preguntarse si España está preparada para la posible vuelta de una nueva Convergència, con el encaje que ello supondría.

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Basta observar el volumen deliberado de críticas en el seno del movimiento hacia sus partidos, algo inaudito desde tiempos de Artur Mas en 2012. Desde los malos resultados del informe PISA hasta la gestión de la sequía, muchos afines a la ruptura están hartos de que sus líderes lleven más de una década evadiendo la asunción de responsabilidades. El clásico mantra de que “todo es culpa de España, y solo se arreglaría con un Estado propio” ha dejado de funcionar para el Govern de Pere Aragonès. La fiscalización de sus gobernantes ha vuelto a la vida pública catalana, lejos de aquel escapismo del procés o de la confianza acrítica que muchos ciudadanos les dieron en 2017 ante su sueño de independencia.

Así que el independentismo se mueve, y la pregunta es si será posible desbancar a ERC del Govern en los próximos comicios o impedir el regreso de Junts. Con la vuelta a la normalidad autonómica y la frustración que dejó el fracaso del 1-O se abre una brecha para que otras formaciones se cuelen. No implica que el independentismo oficial pierda necesariamente el poder, si bien la pujanza de más actores podría distorsionar los discursos u obligar a alianzas distintas, agrietando el bloque de poder de republicanos y Junts.

Primero: el PSC se ha convertido ya en una opción para el independentismo menos duro. En las elecciones del 23-J, algunos afines a la ruptura lo votaron para evitar que gobernara la ultraderecha: estaban descontentos con sus partidos, pero tampoco querían abstenerse. Los socialistas catalanes se han vuelto además un partido central capaz de tamizar las pretensiones rupturistas. Sostienen los Presupuestos autonómicos a ERC, e incluso se apunta a un acercamiento entre Jaume Collboni y Junts para la alcaldía de Barcelona. La idea de un tripartito no es hoy descabellada: resucitó cuando Junts abandonó el Govern en 2022.

Segundo: al independentismo oficial le han salido competidores outsiders. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) amaga con presentar una lista civil que absorba el enfado de las bases por el “entreguismo” de Junts y ERC al Gobierno, es decir, tras enterrar la independencia a cambio de su salvación judicial, vía indultos y amnistía. Pese a ello, los proyectos apartidistas no cuentan con un historial de éxito dentro del movimiento: Primàries Catalunya ya se presentó en 2019 en varios municipios, sin entrar en ninguna plaza clave como Barcelona. Demostró que la institucionalidad sigue pesando demasiado en la psique del votante. El discurso de la ANC, en cambio, servirá para diezmar aún más los ánimos de muchos independentistas, que tal vez acaben absteniéndose como forma de protesta, antes que dejarse engañar por más adanismo.

Tercero: nuevas formaciones han empezado a canalizar la frustración mediante el chivo expiatorio de la inmigración. Aliança Catalana solo cuenta con la alcaldía de Ripoll, así que su sentir está lejos de ser mayoritario. Ahora bien, algunas de sus ideas están impregnando ya a cierto electorado de Junts. Su entrada en el Parlament podría incluso generar contradicciones para el independentismo oficial, dividiendo a quienes estarían dispuestos a aceptar sus votos para gobernar, como ERC, y los que no.

El caso es que los republicanos y Puigdemont han ido virando sus discursos para evitar una sangría de votos hacia esos frentes. No es casual que Oriol Junqueras lleve tiempo priorizando los acuerdos y la gestión al bloqueo, o que Junts exija ahora la cesión de competencias sobre inmigración. Sin embargo, el líder de Waterloo sigue temiendo desplomarse en las urnas, como le pasó a ERC tras volver a la gobernabilidad, pero sin lograr el referéndum. De ahí que su única obsesión sea parecer distinto al traidor Junqueras, llevando el Gobierno al límite con la aprobación de los decretos. Aunque tampoco puede romper la baraja: su futuro está atado al PSOE, al menos hasta que no se apruebe la amnistía y sea efectiva en los tribunales.

Con todo, Puigdemont tiene apoyos en la derecha para seguir fingiendo ante los suyos que no ha enterrado la unilateralidad. Si el Pacto del Majestic parecería hoy casi un delito, es porque hasta las cesiones competenciales son tachadas de escándalo por el PP y Vox. “Mirad cómo se han puesto, que algo gordo habremos logrado” es el mantra de muchos portavoces de Junts en Cataluña. Pero la realidad es otra: han pasado de montar un referéndum ilegal a amenazar con tumbar decretos en el Congreso a cambio de más poder para gestionar su comunidad autónoma. Es decir, al más puro estilo de Convergència. En eso sí que se ha acabado ya el procés como se entendía y han vuelto los viejos tiempos sin esperar a 2025.

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Sin embargo, nos deleitamos con relatos nostálgicos de superación. Muchos han alabado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por su historia familiar: de un abuelo que trabajaba en la mina a todo un doctor en su disciplina, que entró un cuerpo de élite de funcionarios del Estado y cobra un merecido sueldo en la actualidad. Otros han defendido la dignidad de las mujeres que fregaron escaleras porque gracias a ellas sus hijos pudieron ir a la universidad. El drama, lo que nadie señala, es que esos casos de éxito no tienen por qué traducirse hoy en un nivel de vida mejor, debido a los bajos salarios en España y la pérdida de poder adquisitivo en la última década.

Asistimos al deslizamiento a la baja de la clase media en la cara de la juventud actual. Está claro que nunca será lo mismo tener estudios que no tenerlos o dedicarse a unos sectores de más valor añadido que a otros. El salario medio entre 25 y 34 años asciende hoy a 22.206 euros brutos al año, según el INE, lo que en muchos lugares da para emanciparse solo si uno tiene pareja, comparte piso, o recibe ayuda de sus padres, justo en esa edad en la que debería formar familia o emprender un proyecto personal. En conjunto, quienes tienen estudios superiores cobran de media 31.773 euros brutos al año. En definitiva, son sueldos superiores a los de la mayoría de ciudadanos, pero cabe preguntarse si son sueldazos, o incluso si resultan suficientes para la vida actual, pese a haber tenido más oportunidades que sus mayores.

Tanto es así, que hubo un estallido en las redes cuando un dirigente del Partido Popular afirmó que las rentas medias y bajas cobran “entre 30.000 y 60.000 euros al mes”. Muchos usuarios le dieron la razón. Que la mitad de los ciudadanos españoles tuviesen en 2021 una renta de 20.500 euros anuales o que 25.540,8 euros brutos fuera el salario medio en 2022 no quiere decir que formen la clase media. Por clase media uno solía entender la autonomía y la capacidad económica para desarrollar el proyecto personal elegido —en solitario o en familia— y darse algún pequeño capricho, o incluso ahorrar, algo a lo que hoy no puede llegar una mayoría. Que solo un 3% de ciudadanos ingresen en España más de 60.000 euros al año no quiere decir que sean ricos per se. De lo que esas cifras hablan, lamentablemente, es de una mayoría de profesionales que no los cobran, pese a tener brillantes currículos, estudios e idiomas.

Y la foto amaga con ir a peor. En una o dos generaciones, cada vez menos jóvenes disfrutarán de los paliativos del cojín familiar. Si un buen número de jóvenes logran aún atenuar su precariedad es gracias a las pensiones de sus abuelos, o las propiedades y el patrimonio que les legan sus padres. Pero pronto habrá muchos menos mileniales o centeniales propietarios, debido a su incapacidad para ahorrar o ser independientes con su propio sueldo. La vivienda será para los eventuales hijos de esas generaciones un flagrante separador de clase, si no lo es ya, porque muchos ya no tendrán nada a heredar, dependiendo de su renta anual, atrapados en un bucle de pobreza o desigualdad.

El caso es que el progresismo está sensibilizado con la precariedad, pero tampoco ofrece un horizonte mejor a largo plazo. Da la impresión de que se ha asumido la implosión del ascensor social de forma irreversible, conformándose ya solo con que la gente no caiga en la absoluta pobreza. El discurso actual de la izquierda gobernante pivota sobre cuestiones esenciales como el salario mínimo o el apoyo a las clases más vulnerables, pero raramente se habla de cómo recuperar a la clase media. Su visión bebe mucho del determinismo posterior al 15-M, de esa idea de que ya solo queda un Estado asistencial que dé cobijo en las crisis mediante la revalorización de las pensiones o la inyección de ciertas ayudas, tratando de limar la precariedad o la pobreza, sin ofrecer un proyecto ambicioso más allá. Y es que tener un trabajo no resulta hoy garantía de una vida suficiente, por mucho que celebremos los datos de crecimiento del empleo.

Tampoco es que la derecha tenga un programa más esperanzador. Si su buque insignia es Isabel Díaz Ayuso, solo se puede esperar un negacionismo de la pobreza que afirma que hablar de justicia social solo sirve a la confrontación, o bien, comulgar con el fomento de la desigualdad mediante regresivas bajadas de impuestos. Ese mismo PP que ahora alude a las clases medias tampoco impidió su hundimiento durante la crisis de austeridad. Si la alternativa es Vox, su palmarés pasa por llamar cobradores de “paguitas” a los ciudadanos que han caído en la vulnerabilidad o fomentar la desprotección del trabajador. Sin embargo, muchos ciudadanos aún compran la pulsión liberal en Europa porque prefieren entregar su vida a la ilusión de un futuro incierto que asumir la certeza de la precariedad estructural.

Aunque el problema podría ser mucho peor: que más jóvenes decidan emigrar, como está pasando ya. Un informe del BBVA cifra en 154.800 millones de euros el valor del capital humano perdido en España en 2022, debido a la emigración a otros países de personas en edad de trabajar, un 40% más que en 2019, el año anterior a la pandemia. Cada vez que uno de mis amigos me pregunta si vuelven a España desde Copenhague, Londres o Berlín le sugiero que no: cobran mejor allí donde están y concilian más. Aunque el drama siempre puede ser peor: que pese a recibir un sueldo “privilegiado” en España, uno tuviera que sobrevivir o la política no ofreciera alternativas al regreso de la clase media —si es que no está pasando ya—.

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No es casual que el líder del PP quisiera reunirse con Sánchez en el Congreso. Qué mejor forma de rebajar el perfil del presidente del Gobierno, sin llegar a llamarle “presidente ilegítimo” como hace Vox, que no visitarlo en su sede oficial. No es la primera vez que ocurre algo parecido. El Partido Popular también arrastró los pies para condenar los altercados a las puertas de la sede del PSOE en Ferraz, escenario por donde habían pasado varios líderes de Vox como Santiago Abascal o Javier Ortega Smith. El objetivo es el mismo: el PP busca conectar con esa pulsión antisistema de la ultraderecha, mantener una toma a tierra con la crispación o la deslegitimación institucional, sin mancharse el traje en público, manteniendo las apariencias frente al ciudadano medio.

Feijóo aplica la técnica del silbato para perros (dog-whistle politics, en inglés) que consiste en emitir un mensaje que solo es capaz de descifrar cierta audiencia, en este caso la de Vox, para no generar rechazo en el resto de sus electores más moderados. El líder del PP se ha fijado como objetivo atraer al votante de Abascal en esta legislatura. En Génova 13 se dieron cuenta en la misma noche electoral de que la ultraderecha se ha vuelto un problema para llegar a La Moncloa. Les permitió alcanzar el poder en varias comunidades, sí, pero aún moviliza en Cataluña y Euskadi, quita a los populares la ventaja electoral de presentarse solos a las elecciones, e impide a Feijóo contar con socios como el PNV para ser presidente. Por eso, varios altavoces de la derecha llevan tiempo intentando liquidar a Vox, y se ha hecho notar la pérdida de su apoyo a ese partido.

En consecuencia, parece una coartada eso de que el PP, atravesado ya por la pulsión antisistema, quiera tender la mano ahora al PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La derecha tiene un relato bien engrasado desde hace tiempo sobre que ellos son el “baluarte para defender el CGPJ” ante la tentación del Gobierno de “asaltar también” esta institución. Sánchez les ha puesto fácil la excusa con nombramientos como el del presidente de la agencia Efe, o el de la exfiscal general del Estado. Pero los mantras eran previos: una parte del PP, y la totalidad de Vox, vienen deslegitimando desde hace tiempo al Tribunal Constitucional, que deberá controlar la legalidad de la ley de amnistía. Parece que si Feijóo se ha abierto a negociar la renovación del CGPJ, que puede caer en saco roto, es solo para mantener su perfil de hombre de Estado ante el votante de centro.

Feijóo tenía que elegir si quería ser aquel líder moderado de Galicia, o dejarse llevar por los climas de la derecha de Madrid. Lo primero parecería más propio de él: hacerle guiños al PNV, hablar con nostalgia del Pacto del Majestic con CiU —como se pudo leer entre líneas en su investidura fallida—. No hay más que ver la campaña de su sucesor en Galicia, Alfonso Rueda, hablando en gallego, algo que desentona mucho con una parte de ese PP actual que increpa a Borja Sémper por hablar unas palabras en euskera en el Congreso.

Feijóo ha elegido el perfil duro por necesidad. El mismo 24 de julio, al día siguiente de las elecciones, algunas voces pedían que fuera Isabel Díaz Ayuso quien asumiera el trono de Génova 13 para echar a Sánchez alguna vez. La derecha se ha convertido en una máquina de triturar liderazgos, uno tras otro, con tal de intentar sacar al PSOE del poder. Y Feijóo, que dejó su comunidad por lanzarse al proyecto estatal, se ha echado a vivir en brazos del aznarismo-ayusismo, que le pone el cartel de las manifestaciones. Hasta la fecha, parece haber firmado la paz con él.

Muchos se preguntan si el gallego será capaz de aguantar el tiempo que haga falta para llegar al poder, incluso si no son cuatro años. Sus altavoces dicen que sí, pero sus mismas encuestas también fallaron al afirmar que PP sumaría con Vox tras el 23-J. Erraron también los pronósticos de que la agitación en Ferraz impediría un acuerdo de Sánchez con el independentismo. Aunque quizás quien no ha oído el silbato para perros sea el propio PP: antes de Feijóo, líderes como Pablo Casado, Albert Rivera o Santiago Abascal tan solo fueron un fusible instrumental. El objetivo es llegar al poder, y la derecha destronará a quien no pueda garantizárselo, y aupará ya solo a quien lo pueda lograr.

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Basta una foto del dominio peneuvista. Julio de 2020. La Moncloa había organizado la Conferencia de Presidentes autonómicos en San Millán de la Cogolla (La Rioja). La asistencia del lehendakari Íñigo Urkullu no estaba confirmada, pero a las nueve de esa misma mañana saltó la noticia: “El Gobierno llega a un pacto sobre la senda de déficit vasca y la capacidad de endeudamiento”. El PNV había apurado su capacidad de chantaje hasta al final, asumiendo que Ajuria Enea estaba cerca del encuentro y podían llegar a tiempo, si lograban el acuerdo. Los peneuvistas han sido hábiles presionando al PP y el PSOE en Madrid, después de que el independentismo catalán decidiera apearse de la gobernabilidad entre 2015 y 2018, cuando solo fiaban sus votos a un referéndum.

Sin embargo, el PNV no puede ser ya aquel socio tan temible, sino que el contexto empieza a agotar su decisiva capacidad de negociación en Congreso. Con el regreso de Junts y ERC al ruedo pactista, y Bildu en la senda de su normalización política, los peneuvistas se han vuelto un partido más en la cuadratura del Frankenstein. Y esa pérdida lleva incomodando en Sabin Etxea desde hace tiempo: Andoni Ortúzar protestó en mayo afirmando que Sánchez trataba a sus socios como a un “kleenex”, cumpliendo “muy poco” con ellos, pese a que Vox les seguía pesando demasiado para dejar al PSOE tirado por el Partido Popular.

En verdad, no es falaz que Sánchez haya jugado a diezmar a sus socios parlamentarios. En 2020, el líder del PSOE jugó a dos bandas entre Ciudadanos y ERC, provocando que ambos cada vez se vendieran más barato con tal de ser el socio elegido y exhibir logros ante su electorado. Ello demuestra hasta qué punto puede invertirse la capacidad de chantaje de los partidos minoritarios, cuando estos compiten por el favor del gobierno de turno. El propio José María Aznar amplió sus alianzas a Convergencia i Unió, el PNV y Coalición Canaria en 1996, que eran más socios de los que necesitaba, con tal de limitar la capacidad de CiU de obtener cesiones.

Sánchez parece apostar —de momento— por mantener los equilibrios entre los socios vascos, en su conveniencia de sostener la legislatura. No se puede dar nada por sentado, pero todo apunta a que el acercamiento con la izquierda abertzale se reservará a los pactos en Navarra, mientras que para el PNV quedará el monopolio de Euskadi. De dar los números, es probable es que el PSE y los peneuvistas reeditaran su acuerdo para la lehendakaritza, puesto que gobiernan juntos en las diputaciones forales y varios municipios.

El caso es que Alberto Núñez Feijóo ha captado ese malestar de un PNV que se siente destronado. El líder del PP se movió en su investidura fallida bajo la premisa de que los peneuvistas estarían mejor siendo la niña de sus ojos que uno más en la coalición Frankenstein. Aunque el problema de que no hubiera pacto no solo es la evidente concurrencia de Vox en la ecuación: el PNV está atrapado también por la competición identitaria con Bildu, y además, por el hecho de que las heridas del procés aún no se han cerrado. Prueba es que Aitor Esteban hizo malabares en el Congreso, en relación con sus entendimientos con el PP, cuando Rajoy aplicó el artículo 155 en Cataluña en 2017.

Con todo, la pérdida de fuerza del PNV no es inédita en la historia de la democracia española. El período del plan Ibarretxe (2003-2004) tensó los lazos con el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Jugar a repartir etiquetas de nacionalista bueno, frente al nacionalista malo, entre CiU y la derecha nacionalista vasca, también ha sido útil a los gobiernos de turno para restar capacidad a sus socios.

En consecuencia, el PNV no es tanto una víctima de Sánchez como de sí mismo: está pagando ahora las consecuencias tardías de la moción de censura contra Rajoy en 2018. Al tumbar al Gobierno del PP, simplemente a cambio de que se le mantuviera el acuerdo por el cupo vasco, los peneuvistas abrieron la puerta a la relación que luego el PSOE ha desarrollado con otros socios, hasta entonces impensables, como fueron Podemos, ERC, Junts, e incluso Bildu. El bumerán ha regresado a Sabin Extea, esta vez para reventar su hegemonía. La deslealtad raramente sale gratis en política. Y ahí estará Feijóo, esperando, por si los peneuvistas se hartan del Frankenstein, y deciden regresar al redil de la derecha española.

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Es la moraleja que deja la pretensión hasta ahora fallida de reconocer la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Puigdemont apareció en la red social X con un largo escrito que admitía el incumplimiento de La Moncloa respecto al acuerdo, pese los esfuerzos del Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras culpaba al PP por sus intentos de bloqueo en Europa. Algunos independentistas le replicaban exigiendo que dejara de apoyar a Sánchez, como castigo, y se burlaban de ese mantra de Junts sobre que ellos “cobran por adelantado”, expresión que estos utilizaban para humillar la estrategia negociadora de Oriol Junqueras. Sin embargo, el expresident apelaba en sus líneas a no instrumentalizar el hecho, curiosamente. Qué distinto habría sido el alegato de Junts si el protagonista hubiera sido su rival Esquerra. “Os han vuelto a tomar el pelo” sería lo más suave que saldría de los cuarteles de Waterloo.

Así que la amenaza incumplida de Puigdemont deja entrever la propia debilidad de Junts, una vez ha investido a Sánchez: el partido no puede poner en jaque al Ejecutivo hasta que no haya rentabilizado su apoyo en la investidura. De un lado, porque la amnistía justo se acaba tomar en consideración en el Congreso esta semana y quedan aún meses para su aprobación definitiva, debido al filibusterismo que el PP promete desde el Senado. Luego, la ley deberá aplicarse en los tribunales, donde los jueces podrían plantear dudas sobre su constitucionalidad. El calendario sella ahora la relación entre PSOE y Junts de forma decisiva.

La pregunta, pues, es si la amnistía se habrá resuelto antes de las elecciones catalanas de 2025. Es evidente que Junts podría guardar un as en la manga. Los de Puigdemont aceptaron meter el referéndum en una mesa de diálogo para que no estorbara de su pretensión principal, que era lograr la amnistía a cambio de sus votos. De haber puesto la autodeterminación como línea roja, se habría dinamitado cualquier negociación con el PSOE. Si bien, no sería de extrañar que, a media legislatura, Puigdemont se rasgara las vestiduras y decidiera romper con Sánchez alegando incumplimientos como la oficialidad del catalán en la UE, o el no referéndum —esto último, evidente desde el minuto uno—. Junts necesita un relato para ir elecciones, en su obsesión de diferenciarse de ERC. El mayor miedo de Puigdemont sigue siendo que sus electores descubran que ha hecho lo mismo que Junqueras, es decir, renunciar a la unilateralidad a cambio de su salvación judicial —antes fue vía indultos, ahora, vía amnistía—.

Sin embargo, las mesas de diálogo de Ginebra se han vuelto una especie de coartada para el partido de Puigdemont, mientras duren. Ese halo de misterio, de ese secretismo, le sirve a Junts internamente para alimentar la ficción de que algo muy importante se estará allí negociando que nadie puede saberlo. E incluso, el mero hecho de que esos encuentros sean en el extranjero, con la derecha poniendo el grito del cielo por el escenario y el relator que preside la escena, sirve al propósito de venderlo desde Junts como una diferencia sustancial respecto a las mesas de Esquerra, en territorio nacional.

En consecuencia, el independentismo podrá sobreactuar, o el líder de Waterloo decirle a Manfred Weber que, si Sánchez no cumple sus acuerdos, podrían votar junto al PP. La realidad es que nada de ello parece muy creíble, mientras exista Vox y mientras Puigdemont no vea satisfecho el objetivo por el que ha enterrado la independencia, que es lograr la amnistía. Pero quién sabe: aun si la medida de gracia no llegara a aplicarse del todo antes de los comicios catalanes, tampoco sería raro que Junts fingiera igualmente una especie de ruptura momentánea frente a La Moncloa. Es decir, escenificar una ficción de breve duración con el objetivo único, el de siempre, y el mismo que en 2017: derrotar al partido de Junqueras.

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La coalición abertzale vivía hasta la fecha entre dos aguas, fruto de la brecha generacional que atraviesa ese espacio. De un lado, estaban los viejos cuadros como Otegi, que apelaban a asuntos como el acercamiento de los presos de ETA, algo que evocaba los años de plomo. Del otro, está esa Bildu a la que votan las nuevas generaciones vascas: su referente es Oskar Matute hablando de frenar a la ultraderecha o apoyando en el Congreso medidas relativas al salario mínimo o a los alquileres. No es que toda la juventud vasca actual desconozca el horror del terrorismo etarra, sino que, por edad, no pueden darle las mismas implicaciones que sus padres. Para ellos, la izquierda abertzale es su opción nacionalista, con un Podemos hundido y un PSE que actúa como la muleta del PNV, la derecha nacionalista vasca.

Así que Bildu tenía que elegir si futuro u Otegi y ha elegido dar un paso decisivo para llegar alguna vez a ser el partido de gobierno en Euskadi. A la pujanza de la coalición abertzale en las elecciones municipales —superó al PNV en concejales—, se sumaba el haberse quedado el 23-J a 1.100 votos de los peneuvistas en el Congreso. Bildu se ha convertido en una eficaz máquina electoral, capaz de mimetizarse con el cambio sociológico tras el fin de ETA. Cabe preguntarse, pues, cuándo desembarcará en la Lehendakaritza.

A corto plazo, hay teorías sobre que la renuncia de Otegi facilitaría un acuerdo con el PSE si lograran sumar tras los comicios del año que viene. De lo contrario, el riesgo para los socialistas vascos sería el desgaste por sus alianzas con el PNV, dado que hay corrientes jóvenes de Bildu que son en la actualidad incluso más comunistas que nacionalistas en sus postulados. Es decir, remesas de votantes que empujan hacia la izquierda en lo económico, por encima de lo identitario.

Sin embargo, la estrategia de Bildu se perfila de más largo alcance. La coalición es consciente de que el PSE está cautivo del PNV en esta legislatura, debido a sus acuerdos en varios municipios o en las diputaciones forales, lo que hace más probable que acaben reeditando el Gobierno autonómico. Por eso, la estrategia abertzale podría ir más allá, buscando rentabilizar esa decadencia asistida de los peneuvistas. No sería raro ver a Alberto Núñez Feijóo apoyando externamente un acuerdo entre el PSE y el PNV para impedir el ascenso de los abertzales, como ya hizo el PP tras los comicios municipales y forales del 28-M. Frente al triunvirato de peneuvistas, socialistas y populares, partidos bunquerizados en torno al viejo sistema, Bildu podría aparecer a cuatro años vista como opción renovadora, a la contra, que movilizara más activos ante la voluntad de un cambio.

El caso es que Bildu no tiene prisa para alcanzar el poder: su único afán en esta fase es institucionalizarse. Prueba es que aupara a María Chivite como presidenta de Navarra, aun siendo excluida de las negociaciones de gobierno y después de que el PSN hubiera negado semanas antes a los abertzales la alcaldía de Pamplona. Eran los tiempos del “que te vote Txapote”: el PSOE no podía aparecer de la mano de quien venía de incluir a candidatos con delitos de sangre en sus listas, pese a que luego rectificaran ante la indignación desatada.

La figura de Otegi ha cumplido una función en estos años, pese al lastre que supone para Bildu en términos de imagen: cerrar filas en el espacio de la izquierda abertzale ante el miedo a que algunas facciones radicalizadas se escindieran y se presentaran a las elecciones por su cuenta. De ahí los equilibrios de su coordinador general: unos días, atacando al “Estado español”; otros, apoyando al Gobierno en varias votaciones parlamentarias.

Con todo, la jugada de Bildu lanza varios mensajes a la política española. De un lado, su completa normalización seguirá allanando la relación con Pedro Sánchez, pero obligará al PSOE a darle a la izquierda abertzale algo más que reconocimiento a cambio de sus votos, tanto en Navarra como en el Congreso o en Euskadi. No es casual que el grupo vasco apoyara la reciente investidura del líder socialista solo a cambio de una foto con Mertxe Aizpurua, fruto de su todavía necesidad de legitimación política. Del otro lado, una formación que deje atrás a la generación Otegi planteará a la derecha el desafío de dejarle de considerar un partido paria. Aunque el afán de Bildu de mirar hacia las generaciones futuras, asumido que hoy le pesa más mantener en primera fila a sus viejos cuadros que apartarlos, solo puede entenderse ya como otra victoria de la democracia en España.

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Así que Bartomeus ha escrito El peso del tiempo, un libro donde categoriza las distintas generaciones en España —posguerra (1940-1960), baby boom (1961-1975), democracia (1976-2008), crisis (desde 2009)— para dar contexto a los cambios políticos ocurridos en las últimas décadas. Cuenta que el esquema bipartidista saltó por los aires gracias a los votantes que no se habían socializado durante la Transición, y, por tanto, sentían menos apego a la construcción de nuestro sistema. Ello explicaría en un primer momento el auge de los nuevos partidos —Ciudadanos y Podemos, o, luego, Vox— como catalizadores de quien ha nacido en democracia y se muestra mucho más insatisfecho con la política, al ser más exigente.

Los nuevos ciudadanos están dispuestos a arriesgar más en su voto porque saben que podrán cambiarlo a la siguiente convocatoria, incluso, cuando apuestan por el populismo o la ultraderecha

La tesis generacional no resultará nueva a un lector especializado —estuvo antes en obras como La crisis de representación en España, de Ignacio Urquizu, o La perestroika de Felipe VI, de Jaime Miquel—. La aportación de Bartomeus es la explicación social al cambio mediante factores como la relación con la familia, la coyuntura económica o la tecnología. Por ejemplo, el autor aporta un interesante argumento psicosocial, entre otros, sobre la volatilidad del voto actual: En un mundo donde las aplicaciones móviles permiten ir “para atrás” o “borrar”, los nuevos ciudadanos están dispuestos a arriesgar más en su voto porque saben que podrán cambiarlo a la siguiente convocatoria, incluso, cuando apuestan por el populismo o la ultraderecha.

Sin embargo, el razonamiento de Bartomeus admite contestación. Si sólo asumiéramos que hay necesidad de satisfacción inmediata o ganas de probar detrás de ciertas decisiones, obviaríamos que las nuevas generaciones podrían estar atravesadas por una reacción al ideal de progreso —­algo que el autor reconoce cuando dice que la democracia no tiene por qué hacer demócratas—. Lo mismo aplicaría para la generación de la posguerra o de los primeros boomers: Aunque su fidelidad de voto era fruto de un contexto vital donde elegían menos y sentían mayor vinculación con sus partidos, no podemos ignorar la importancia decisiva del miedo. De hecho, la estabilidad de nuestro sistema hasta 2015 —eso que Podemos llamó el “régimen del 78″— se sustentó en parte porque una generación vivió un periodo no democrático y prefería no arriesgarse a experimentos. E incluso, porque ellos todavía tienen algo que conservar, como un Estado de bienestar de gasto decisivo en los mayores.

No hace falta vivir un hito político trascendental para que haya un corte entre generaciones

Como nota, discrepará el lector milenial con eso de que una persona nacida en 1975 y otra llegada al mundo en 2000 sean de la misma generación. Las expectativas de promoción laboral, la capacidad adquisitiva de los salarios o el precio de la vida no son iguales en ambos casos: No hace falta vivir un hito político trascendental para que haya un corte entre generaciones. De hecho, los primeros son consecuencia de los segundos.

En resumen, el libro es estimulante: Permite hacerse preguntas y entender lo que ocurre, así que se vuelve una lectura obligada sobre ciencia política para cualquier estudiante, analista en medios o ciudadano con conciencia crítica. El “peso del tiempo” es el que a menudo no vemos, pero que explica dónde estamos políticamente y dónde estaremos en el futuro. El caso es que a no todas las generaciones les pesa igual su tiempo.

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Lo confirma un informe de la Fundación BBVA recogido por el diario EL PAÍS: “Más de un tercio de los progenitores mayores de 60 años (37%) dice haber ayudado a sus hijos a llegar a fin de mes en el último año, haciéndoles la compra, o pagándoles la luz o el agua”. No es que aporte nada nuevo, pero estremece. Adiós a tener una cierta intimidad sobre cómo gestionar el propio dinero. Hola a una especie de niñez eterna, donde uno terminará hasta justificando con 35 años en qué invierte el sueldo porque tiene la nevera vacía.

Así que el propio sistema ha encontrado una vía de escape: lo que el Estado o la economía no puedan proporcionar a la juventud actual, lo tapará la familia —es decir, las familias que puedan—. Y eso es un drama para cualquier país. Recuerdo a una amiga moldava cuando me contaba que los préstamos en su país antiguamente solían pedirse entre parientes para evitar los altos tipos de interés. Otra amiga sueca dice que allí es raro irse de casa después de los 19 años porque los Estados nórdicos sí pueden fabricar jóvenes independientes. Asusta pensar que, en eso, hoy estemos más cerca de Moldavia que de Suecia.

Y nuestros padres ayudarán de corazón, si pueden. ¿Quién no iba a sostener a sus hijos? Sin embargo, nada podría perpetuar más la desigualdad que el hecho de que la familia siga siendo un peso decisivo para una vida digna. Es la diferencia entre tener parientes que puedan ofrecer la entrada de un piso y los que no puedan; o aquellos que dejen en herencia una casa, y los que no tengan esas propiedades. “Solo el 36% de los menores de 35 años es propietario, frente al 70% de hace 20 años”, dice la Fundación Afi Emilio Ontiveros en un estudio similar. La mayoría de mis amigos con hipoteca la tienen porque sus padres les facilitaron el pago inicial. Con su sueldo jamás podrían haber ahorrado tales cantidades. Lo saben bien quienes se han emancipado solos, ya sea en pisos diminutos, o teniendo que compartir vivienda con desconocidos. Hasta los que tienen un salario bueno saben que hoy vivir solo es un lujo, y que dividir entre dos los gastos sería un gran alivio.

Y ello pasa factura a la dignidad personal. Una de las bases de la autoestima es la autosuficiencia: la capacidad de ser un individuo que no dependa de nadie, sino hacerlo solo de sus posibles. Esa autoestima también ha sido arrebatada a la generación llamada por los políticos “la más preparada de la historia”. Tendrán estudios superiores, pero muchos no pueden poseer ni su techo, qué decir sobre formar de forma temprana una familia, si ese es su anhelo. Del drama de los nini hemos pasado al de los sisi: sí trabajan, sí estudian, pero sus sueldos no son suficientes. A no ser que se vayan a vivir en pareja.

El ambiente está caldeado, no hay más que observar las redes. Titulares como que son “hijofóbicos”, o que ellos son la generación del bono cultural o del Erasmus recogen miles de respuestas por la indignación latente. Como si el ocio o cuatro medidas estéticas pudieran suplir sus precarias estructuras vitales. Aunque sería falso decir que no se está haciendo nada: el salario mínimo ha subido en los últimos años, o la reforma laboral busca revertir los aspectos más lesivos de la temporalidad. El problema vendrá si muchos jóvenes asumen que, pese a las medidas adoptadas, su vida no mejora sustancialmente porque el problema económico en España se ha vuelto endémico. Es el drama de los jóvenes, sí, pero de fondo su drama es el mismo que el de la tan depauperada clase media: los salarios reales están estancados desde hace, como mínimo, dos décadas, por eso crece la desigualdad entre generaciones, porque no crece la riqueza.

Debajo de la noticia sobre los hijos hay otra: el gasto en pensiones sube. “Son solo los tramos de edad superiores a 65 años los que han mejorado con claridad su nivel de riqueza en términos reales a lo largo de estas dos décadas”, cita EL PAÍS sobre el efecto de blindar de las pensiones. En cambio, parece que las promesas del Gobierno sobre vivienda poco han resuelto hasta la fecha.

Con todo, una llega a la conclusión de que el gasto en la revalorización pensiones conforme al IPC no solo es por solidaridad intergeneracional, pues esta se ha invertido ahora entre generaciones. También, porque muchos de esos jubilados no las usarán ni para sí mismos, sino para mantener a sus vástagos o nietos —hete ahí la verdad incómoda—. Pasó lo mismo tras la crisis de austeridad de 2010 y con la inflación, en 2022. Las pensiones amagan con volverse una política silenciosa de transferencia de rentas. Y aún habrá progresistas a quienes eso le parezca un éxito pese a la brecha de clase —además de generacional— evidente.

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Y es que la supervivencia del PSOE ha sido la gran preocupación de sus exdirigentes en estos años: temían que el partido se hundiera por pactar con Podemos o el independentismo vasco y catalán. Como describe el periodista Gregorio Morán, González era un jugador de billar, un político que siempre dejaba la bola preparada para sobrevivir a una siguiente jugada. Los críticos Sánchez harán la fácil comparación: “Alguien que rompe la baraja a cada decisión, sin pensar ni en España, ni en el partido el día después”, suelen decir.

Ahora bien, no es fácil saber cuando se trata del poder qué es dejar la bola preparada para sobrevivir a la siguiente jugada. El PSOE actual no es heredero de las mayorías absolutas en los años 80, sino del fin del terrorismo en Euskadi, del procés en Cataluña, y de cómo la juventud de izquierdas se vio ampliamente seducida por Pablo Iglesias tras el 15-M. Los retos de Ferraz no son los mismos que antaño. Por eso, hay algo de generacional en eso de indignarse por los pactos de Sánchez con Podemos a 2020, con Carles Puigdemont a 2023, o tal vez con la izquierda abertzale en Euskadi alguna vez.

El propio contexto actual explica por qué la amnistía seguramente sea el mal menor para muchos jóvenes de izquierdas: les preocuparía más un Gobierno de gran coalición con el Partido Popular, o que Vox llegara al poder, que entenderse con esos llamados “enemigos de España”. La evidencia es que Sánchez ganó casi un millón de votos el 23-J tras haber forjado a todas luces su amalgama Frankenstein.

A menudo se acusa a la izquierda del auge del independentismo en la última década. Es falaz. Podemos fue clarividente al ondear en 2015 la bandera de la plurinacionalidad, que no casualmente tiñe el Congreso hoy. Hay una relación entre la caída del partido de Iglesias y la pujanza de algunas formaciones como Bildu o el BNG porque, precisamente, Podemos sirvió durante un tiempo de dique de contención del nacionalismo en ciertas comunidades, al ser la primera formación estatal que amparaba la idea del referéndum pactado ante el auge del procés. La nueva izquierda española está atravesada por la cuestión territorial. Por eso, si el presidente no hubiese legitimado los pactos con Podemos o ERC, como le impidió el Comité Federal en 2015, difícilmente habría recuperado muchos votos en Cataluña o Euskadi. El 23-J algunos independentistas apostaron por el PSC como “voto útil” para evitar que la derecha llegara al poder. Dejar la bola preparada para que el PSOE pueda sobrevivir en el futuro también es entender el país de hoy.

En consecuencia, el enfado contra Sánchez no es ni siquiera porque la jugada haya salido mal tras pactar con quienes “quieren romper España”. Al contrario: el independentismo catalán se hundió en las últimas generales y municipales porque cada medida de gracia, véanse los indultos, borra el agravio y deja a sus votantes cada vez más lejos de su sueño de ruptura de 2017. Si el problema con Sánchez fuera de razón de Estado, ese servicio que le vienen reclamando sus mayores estaría satisfecho ya: también ha noqueado a Podemos. Si solo fuera por las dudas legales que ahora plantea la amnistía, no habría recibido la misma crítica constante desde la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Quizás lo que muchos no perdonan al actual líder del PSOE es haber inmolado una especie de sentido común bipartidista, compartido desde el PP hasta la vieja guardia socialista, sobre que ambos deberían apoyarse para salvarse contra la amenaza del independentismo y de los partidos extremos. Es la entente tácita que se mantuvo cuando Rajoy fue investido con la gran coalición por la puerta de atrás de 2016. Pero incluso esa noción del Estado es generacional. Antes del estallido del 15-M muchos jóvenes votantes se quejaban de que el PSOE y los populares parecían lo mismo en su visión territorial.

Ni siquiera es verdad ese relato por el cual el PP y Vox han venido a preservar España tal y como se entendió en la Transición. El giro excluyente y cainita que simbolizan Vox, el madridcentrismo de Isabel Díaz Ayuso o el actual José María Aznar nada tienen que ver con el Aznar del Pacto del Majestic o el espíritu integrador de la Constitución. La intransigencia territorial de la derecha es otra mutación, y por eso Alberto Núñez Feijóo no es hoy presidente gracias a PNV o Junts. La pregunta, pues, no es si al expresidente González le disgusta la amnistía o si Guerra no se reconoce en el partido que levantó. La pregunta es por qué a la derecha se le admite su cambio generacional y, en cambio, a las nuevas remesas de votantes socialistas que también defienden la Constitución, no.

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Así que Sánchez le plantea a la izquierda la tesis del mal menor —“o la ultraderecha o mis pactos con el independentismo”—, pero la realidad es que está sitiado por quienes quieren poner el foco solo en la amnistía, o no solo en la transición ecológica y la jornada de 37,5 horas. Por mucho que Sumar o el PSOE creyeran que la citada ley era el pago para centrarse en las políticas progresistas, esta legislatura está atravesada por su carácter plurinacional. Si quieren los votos del Frankenstein, no se podrán quedar en el plano folclórico de las lenguas cooficiales en el Congreso. Vienen las elecciones vascas y catalanas. El PNV aspira a suculentas cesiones competenciales —infraestructuras, Seguridad Social, etcétera– en virtud del Estatuto de Gernika. Bildu sueña con la construcción de la “república vasca”. ERC fantasea que, tras la salvación judicial o la cesión de Rodalies y la financiación, toque el referéndum pactado.

Y quizás Sánchez juega con la hipótesis de que la amnistía acabará siendo más beneficiosa que perjudicial, como los indultos. Causaron un enorme revuelo, pero fue una decisión en seco, que incluso dejó al poco tiempo la estampa de una Cataluña pacificada. Sin embargo, el calendario ahora no le acompaña. La amnistía se aboca a un largo periplo judicial de goteo de casos y recursos en los tribunales. Es más, Carles Puigdemont podría aterrizar pronto en España. Previo a ello, lucirá con grandilocuencia sus mesas de diálogo en el extranjero —lo único que tiene para diferenciarlas de las de Oriol Junqueras—, haciendo las delicias de la derecha.

Los propios altavoces del PP y Vox trabajan incansables. De los creadores del “Gobierno ilegítimo” o de los “socios ilegítimos”, ni el Congreso parece ya legítimo para un Santiago Abascal que se marchó a saludar a los manifestantes en las calles. Ciertas voces de ultraderecha incluso han decidido que el Tribunal Constitucional tampoco es legítimo. No esperan al veredicto sobre la amnistía y ya están deslegitimando al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para que la ciudadanía dude hasta de lo que se llegue a decidir.

A Sánchez le perseguirá la amnistía, sí, pero no quiere decir que logre derribarle. Todavía el Frankenstein se sustenta sobre el interés mutuo: que no gobiernen el PP y Vox y sacar tajada. Aunque si el 23-J dejó una lección es que las apariencias engañan. Por mucho que unos digan que las cesiones competenciales y los indultos o la amnistía rompen España, el hecho es que el independentismo catalán se hundió el 23-J en un clima de frustración por el fracaso de 2017. Por más agitación social o en las calles que haya, debe recordar la derecha que también creían que arrasaría en los pasados comicios y al final no lo logró.

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Así que Puigdemont podrá darle toda la épica que quiera con la idea del verificador internacional, que hará el seguimiento, o repitiendo la expresión “histórico”. Cuando uno se sienta a negociar está congelando —tácitamente— la posibilidad de montar otro 1 de octubre, o a retomar la declaración unilateral en el Parlament. Y Junts ha acordado sentarse a hablar con el PSOE. El independentismo pedirá el concierto económico y el retorno de las empresas catalanas que se marcharon durante el procés, mientras que los socialistas defenderán la reforma de la financiación para Cataluña. Sánchez dirá que la solución territorial es desarrollar el Estatut, y Junts que se debe convocar un referéndum. Es decir, muy parecido a lo que lleva desde 2020 haciendo ERC en su mesa.

Aunque la renuncia a la unilateralidad es incluso más evidente por un motivo de tempos: la amnistía pactada con el PSOE —que es el verdadero pago de esta investidura— no se va a solucionar de un día para el otro. Puigdemont es consciente del periplo judicial de meses o años al que se abocan los beneficiados por la citada ley. Lo han cuidado con mimo en el acuerdo, incluyendo eso que llaman lawfare —la persecución judicial—. Mientras la amnistía se esté votando en el Congreso o resolviendo en los tribunales, no estarán cometiendo los mismos actos ilegales de los que quieren librarse judicialmente, precisamente.

La pregunta es qué pasará cuando el independentismo se dé cuenta de la renuncia de Junts, también, a lograr nada relativo a la ruptura con sus votos. Esquerra se hundió el 28-M y el 23-J, tras los indultos, en medio de una frustración generalizada porque sus votantes cada vez veían más lejos el sueño del Estado propio o el referéndum. Y la verdad es que el temor a más penas de prisión sigue disuadiendo a sus líderes del unilateralismo: por eso no han vuelto a dar ni un paso hacia la secesión desde 2017.

Aunque parece que el largo plazo no le importa a Puigdemont como el corto. Su única obsesión hoy es ganarle a Oriol Junqueras las elecciones catalanas del año que viene. Por eso, han tenido que demorarse tanto en firmar el acuerdo: necesitaban parecer diferentes a sus rivales, pese a lograr lo mismo. Pero una cosa son los relatos, y otra, los hechos. Puigdemont se ha rendido, y ahora lo fía todo a la posibilidad de que se abra una nueva pantalla en Cataluña, tras dar sepultura a su idea de independencia. Al referéndum ya renunció el 5 de septiembre cuando no fue una línea roja para forjar un acuerdo, y por eso Pedro Sánchez será investido.

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Basta revisar la hemeroteca. Hace casi dos meses Puigdemont hablaba de condiciones previas para empezar a negociar la investidura de Sánchez. Junts se ufanaba con eso de que ellos “cobran por adelantado”, a diferencia de una ERC a quien le atribuían lo de venderse “a cambio de nada”. Si bien, el independentismo ya no es considerado por la Europol como “terrorismo” sino como “extremismo” —aunque es un apelativo con el que no comulgan sus votantes— y el catalán todavía sigue en proceso de reconocimiento en la Unión Europea —pese a los esfuerzos del ministro José Manuel Albares—. En definitiva, la grandilocuente épica procesista ha chocado con el pragmatismo. O el tiempo ha demostrado que esas no eran las “condiciones previas” de la investidura, sino que eran la negociación en sí misma, junto a la amnistía, para tratar de ocultar la renuncia al referéndum.

Así que Puigdemont quería investir a Pedro Sánchez y volver a la gobernabilidad, pero sin que se notara. Dos son los motivos que explican ese giro. En Cataluña, cada vez más votantes afines a la ruptura creían que sus partidos no servían para nada, ni para la independencia, ni tampoco para mejoras tangibles. En cambio, los indultos dejaron a ERC hundida electoralmente, al ser vistos como una medida de gracia para las “élites”. ¿Cómo podía lidiar Puigdemont con dos premisas tan contradictorias: ofrecer pragmatismo, y a la vez, pedigrí independentista? La respuesta: tratar de parecer distinto a Esquerra, mientras se volvía a la senda pactista.

La coreografía de Puigdemont le retrata: ha hecho casi lo mismo que sus rivales, renunciar a la ruptura, pero con esencias distintas. No bastaban unos indultos como los de Junqueras, sino que querían un perdón general a todas las causas. No pedían un “relator” sino un “verificador de los acuerdos”. El propio Junts fue muy crítico con la “mesa de diálogo” de los republicanos, aunque el PSOE ya les dijo que no aceptarían la autodeterminación, y aun así, siguieron negociando.

Y se infiere que Puigdemont quería investir a Sánchez porque ha asumido varias renuncias tácitas. No sólo es que el referéndum como tal no fuera una línea roja en su comparecencia del 5 de septiembre. Ahora da igual que el Consell de la República no esté de acuerdo con apoyar la investidura del líder socialista —el órgano no vincula a Junts, y votaron muy pocos, pero no deja de ser la camarilla de Puigdemont—. Da lo mismo la resolución del Parlament donde se hablaba de “dar pasos” hacia el referéndum, cuando el independentismo ya solo puede aspirar a algún gesto de reconocimiento sobre las esencias nacionalistas. El partido puede driblar, si quiere, la consulta a la militancia sobre el acuerdo final con los socialistas.

El caso es que el PSOE ha tenido que ceder al relato de Junts, a conveniencia propia, como Sánchez reconoció en el comité federal. Ejemplo es que se registre la amnistía antes del pleno de investidura, o incluso, defenderla ante su partido en el marco de los “hechos comprobables” que pedía el líder de Waterloo para ganar confianza con el presidente. La obsesión de Sánchez es lograr un acuerdo de legislatura. No sería de extrañar una negociación de Presupuestos o que el PSC se acercara a Junts en Cataluña.

Aunque la épica de Puigdemont ha calado más de lo que parece. Se dice estos días que debe renunciar a la “unilateralidad” si quiere la amnistía, sin entender que eso sólo implica hacerles el juego. La realidad es que tanto ERC como Puigdemont renunciaron tácitamente desde el mismo año 2017, y la prueba es que esos partidos no han vuelto a cometer ningún hecho parecido. Lo saben sus propios votantes, que en 2018 empezaron a llamar al Govern de Quim Torra el govern de Vichy, el de la “ocupación”, porque fingía algaradas en público —el famoso “apreteu” a los CDR— mientras que la Generalitat no dio ni un paso más hacia la independencia desde la fecha. Exigir la renuncia a la unilateralidad será legítimo, pero desluce que el Estado de Derecho ya ha vencido, y que el temor a más penas de prisión sigue siendo hoy el principal disuasor de más hechos secesionistas.

Así que Junts ya se ha rendido, pero quién sabe si es verdad que ha sabido venderlo mejor que Junqueras. Bajo los tuits de “adelante, president” había usuarios que decían: “No os he votado para que hagáis presidente a Sánchez” o bien “Sois otros vendidos”. Puigdemont ha jugado fuerte asumiendo que el fin del procés como se conocía es inminente, aunque claro está, no vayan a aceptarlo nunca públicamente.

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Lo ilustró uno de los últimos estudios del CEO, el CIS catalán: las generaciones más jóvenes de catalanes muestran menos interés en la ruptura. Los mileniales y la generación Z —que comprenden, respectivamente, entre los 27 y los 42 años, y entre los 16 y los 26— son el grupo que en menor medida apoya la idea del Estado propio. La diferencia es de unos 10 puntos con respecto a la generación más movilizada a favor de la independencia, que son los baby boomers. En definitiva, uno de los movimientos más antimonárquicos de nuestro país en los últimos tiempos, como ha sido el procés en Cataluña, empieza a dejar de fabricar adeptos o entusiastas. Ello no quiere decir que esos mismos ciudadanos sean necesariamente ya favorables a la Monarquía como forma de Estado. Ahora bien, las instituciones no solo se legitiman socialmente o logran amplios consensos a través de sumar defensores acérrimos, sino también cuando aquellas no levantan grandes pulsiones a la contra o de rechazo, sino que se perciben de manera más templada.

Así que la generación Leonor muestra dos sentidos: por un lado, el potencial de la princesa heredera, pero, en paralelo, el nihilismo o el pinchazo independentista en los jóvenes catalanes que le son generacionalmente cercanos. A menudo se olvida que los factores que llevaron el procés a su máximo apogeo en 2017 fueron, en parte, contextuales y generacionales. Los procesos de socialización tienen consecuencias políticas, y en este caso, pueden tenerlas en la relación con nuestra forma de Estado, la monarquía parlamentaria.

Primero, porque el independentismo catalán usó el contexto del rey Felipe VI para movilizar en su contra. El discurso del Monarca del 3 de octubre de 2017 en defensa de la legalidad vigente continúa siendo objeto de crítica desde ERC hasta Junts y Podemos en su impugnación de la Constitución de 1978. Por su parte, la derecha tampoco ha ayudado en estos años, tratando de adueñarse de la imagen simbólica de la institución. Si partidos como el BNG o el PNV no acudirán a la ceremonia de este martes es porque creen que ello apuntala sus luchas identitarias en Galicia o Euskadi.

Sin embargo, la idea de una Leonor que pronuncia largos discursos en un catalán perfecto no es una mera anécdota hoy —más allá de que Felipe VI también lo hable—. Si Junts ha puesto tanto énfasis en el reconocimiento del idioma, es porque sabe que construye identidades. Muchos independentistas se lamentan de que sus jóvenes cada vez lo hablan menos, fruto del auge de las redes sociales o de los streamers en castellano. Una futura reina capaz también de relacionarse con la sociedad civil catalana en algo que tanto aprecian no es una reina que pueda percibirse con hostilidad, cuando menos.

Segundo, Leonor asistirá a un país distinto al que vive su padre. Si la tendencia de distensión se mantiene, las nuevas generaciones de catalanes no tendrán pronto recuerdo ni de la consulta del 9-N de 2014, ni del referéndum ilegal, la aplicación del 155 o la estancia de sus líderes en prisión. Perder su componente a la contra y victimizante respecto a los símbolos del Estado es lo peor que le podría pasar al independentismo a la hora de generar ansiedad contra España. Sus jóvenes están tan frustrados con el fracaso de 2017 que ya se movilizan poco por la Diada y son residuales sus expresiones públicas contra la Monarquía.

A la sazón, es un símbolo que Leonor vaya a jurar en el Congreso más acogedor con la diversidad lingüística de la democracia, siendo ella políglota, a pesar de que haya partidos nacionalistas e independentistas ausentes. Así como Felipe VI ha logrado cosechar una vinculación emocional frente a muchos ciudadanos que le han visto crecer, ahora le toca el turno a la heredera, mujer discreta y aplicada, que jura la Constitución a los 18 años y que tiene el futuro por delante para construir su legado.

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Basta analizar la hemeroteca. Ione Belarra copaba portadas la semana pasada por su choque con la Embajada de Israel en España. El partido volvía a la palestra en una causa tan significativa para la izquierda, noqueando el protagonismo de Sumar. Sin embargo, Díaz les recordó que no es una principiante en eso de gestionar el poder. España amaneció esta semana con un acuerdo para reeditar la coalición de gobierno, al tiempo que Irene Montero afirmaba “no tener información” del detalle del texto. Podemos ha aprendido la diferencia entre la presencia mediática y la influencia política.

Así que Díaz ha echado callo en eso de lidiar con Podemos: ya dejó a la ministra de Igualdad fuera de las listas, al considerarla un lastre electoral. Podemos tampoco se presentó en solitario el 23-J, asumiendo de forma tácita que no le iría mejor, tras haberse hundido en plazas clave como Euskadi o Galicia. Lo que viene ahora es un cálculo de utilidad sobre la conveniencia de que Podemos tenga o no ministerios. La relación entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se antoja más calmada sin ellos y existiría el riesgo de que esa pax se vea alterada.

Aunque un ministro de Podemos tendría algunas ventajas. Hay quien pretende convertir esta legislatura en una impugnación a las decisiones de Sumar. Ruido habrá de todos modos, pero podría quedar deslegitimado si la formación tuviera responsabilidad en el Ejecutivo. Luego está la cuestión sobre la disciplina de voto. Dice Pablo Iglesias que los apoyos podemistas están garantizados para la investidura. En cambio, sería menos probable que se desmarcaran en las leyes que están por venir si Podemos fuera parte del Consejo de Ministros.

Pese a ello, Sumar tiene varios mecanismos para amortiguar la disidencia en el Congreso, aun dejándoles fuera de La Moncloa. Si los cinco diputados de Podemos quisieran romper la disciplina de voto o irse al Grupo Mixto, podrían llegar a perder parte de la financiación que reciben por formar parte del grupo de Sumar —así lo ha recordado Ada Colau, para enfado de Iglesias—. Díaz podría amarrar los escaños de Podemos mediante la amenaza de sanciones o expulsión de sus cargos. Con las cosas del comer no se juega.

Otra carencia de Sumar con respecto a Podemos es que no mantiene tanta sintonía con ERC y con Bildu. Los tres partidos trataron de hacer piña en la anterior legislatura para arrastrar al PSOE a posiciones maximalistas. Gabriel Rufián se entiende aún mejor con Montero que con Díaz. La influencia de Podemos sigue siendo fuerte en ese espectro, así como su capacidad de arrastrar los votos de esos socios.

Sin embargo, Díaz ha encontrado una forma de neutralizar ese triunvirato con las izquierdas independentistas. Su viaje a Bélgica para encontrarse con Carles Puigdemont o la propuesta de Sumar sobre la amnistía serán algo incómodos para el PSOE, pero tal vez sirven para otros fines. Llevarse bien con Puigdemont es también una forma de ganarse simpatías en un partido clave para esta legislatura, sobre todo en la aprobación de ciertas leyes sociales. La prueba de que Junts tiene la sartén por el mango frente a ERC es que el partido de Oriol Junqueras está siempre la espera de saber su voto para posicionarse sobre cualquier tema.

En consecuencia, Díaz se ha convertido en la horma del zapato de Podemos en lo que a las luchas de poder se refiere. La izquierda salida del 15-M ha chocado de frente con la izquierda que lleva media vida bregándose en las instituciones y que sabe que la autoridad no es solo simbólica o mediática, sino que es tangible, se ejerce. Ya pueden montar líos en las redes que lo que cuenta es la fuerza imperativa de los hechos. Díaz lo sabe. Podemos se ha dado cuenta. Esa debe de ser la verdadera rabieta de Podemos con Yolanda Díaz, a la espera de saber si le conviene darle algún ministerio.

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Es la paradoja: dos partidos que, en ausencia de Vox y del conflicto en Cataluña, quizás podrían haber apoyado a Alberto Núñez Feijóo son ahora la pieza clave para que la izquierda siga gobernando. El líder del PP señaló la rareza, al apelar al electorado de la derecha nacionalista vasca y de la derecha catalana en su investidura fracasada, destilando nostalgia por aquel José María Aznar del Pacto del Majestic. No es menor: hasta Yolanda Díaz teme que el peso de Junts y el PNV frene una legislatura más ambiciosa en políticas sociales.

Sin embargo, Sánchez puede llegar a encontrar en Puigdemont y el PNV sus mayores aliados para cuadrar el tetris de la gobernabilidad a largo plazo. La clave es que la posición de Junts y los peneuvistas siempre será dominante frente a lo que hagan ERC o Bildu. El principal problema de los republicanos y de la izquierda abertzale es haber fiado demasiado sus estrategias domésticas en Cataluña y Euskadi a que el PSOE gobierne, y al carácter de izquierdas de la coalición. No ocurre así con sus rivales.

Primero, porque el PNV o Junts no están tan interesados en el color de las políticas del futuro Gobierno como sí en la agenda competencial. El PNV apoyó el ingreso mínimo vital la pasada legislatura a cambio de que se cediera la gestión a Euskadi. Junts no avaló la ley de vivienda, en parte, al considerar que invadía competencias de la Generalitat. Por eso, a Sánchez le interesaría impulsar un mandato ambicioso en cuanto al despliegue territorial, con tal de retenerles o de lograr su apoyo a leyes progresistas. No es casual que Puigdemont exigiese el uso del catalán en el Congreso. El PNV y Junts están básicamente interesados en obtener cuestiones de autogobierno o pedigrí nacionalista. Saben que ellos no compiten en el eje izquierda–derecha en sus territorios: su pugna frente a la izquierda abertzale y a los republicanos es identitaria.

El caso es que Bildu y ERC no tienen una posición negociadora tan fuerte. Que la ultraderecha llegue al poder aún les une demasiado para mantener un presidente socialista durante cuatro años. Oriol Junqueras se resiste a un acuerdo de estabilidad parlamentaria, pero tampoco podrá alejarse demasiado. Esquerra gobierna en Cataluña y lo viene fiando todo a la estrategia posibilista con el PSOE. Por su parte, la coalición abertzale está aún inmersa en su proceso de institucionalización y lo que más necesita es reforzar esa imagen. De ahí, la importancia de su foto con Sánchez y sus mínimas exigencias para la investidura.

Segundo, Puigdemont o el PNV tienen una posición de fuerza porque logran arrastrar a sus rivales. ERC mira de reojo las exigencias de Junts para la investidura para no quedarse atrás, como ya ocurrió al votar la presidencia del Congreso. La tónica se repetirá durante la legislatura. Si Puigdemont diera el paso de negociar el traspaso de Rodalies o la financiación autonómica, vendiéndolo como “agravios del Estado”, ERC no tendrá otra salida que luchar por obtener más cesiones. El mayor riesgo para Sánchez es precisamente que Junts decida volar todos los puentes a las puertas de las elecciones catalanas, en ausencia de referéndum, porque eso haría tambalear el apoyo de Junqueras. Por su parte, el PNV avisa de que quiere acordar los presupuestos. Las izquierdas independentistas pronto correrán a la mesa negociadora si no quieren que tenga el sello de la derecha nacionalista vasca.

Tercero, el PSOE puede intercambiar favores. El principal afán del PNV es mantener la presidencia del Gobierno vasco y para ello no tiene ni que ganar los comicios. Los peneuvistas estarán aterrados ante el avance de Bildu, pero se benefician de una carta: quizás la sociedad vasca aún no está preparada para que el PSE pacte un Gobierno con la izquierda abertzale. Sánchez no perdería al no apoyar al apoyar al partido de Arnaldo Otegi: es poco probable deje de ser su socio en el Congreso porque su estrategia de consolidación es a largo plazo. El PSN no apoyó a Bildu para gobernar en Pamplona y, aun así, la izquierda abertzale sí facilitó a María Chivite la presidencia de Navarra. En Cataluña, quedarse en la oposición tampoco sería un agravio para Junts con tal de seguir sosteniendo su relato de outsider, a diferencia de Esquerra, que necesita ahora al PSC y podría volver a necesitarlo.

No se malinterprete: no es que Bildu y ERC sean pagafantas, sino que, en política, a quien más necesita el Gobierno es a quien tiene la sartén por el mango. Sánchez dice querer una legislatura estable. Su reto es amarrar al PNV y a Puigdemont, en una versión moderna del Aznar de 1996, para lograrlo. De momento, han pasado de hablar catalán en la intimidad a hacerlo en público en el Congreso.

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Es el recelo de varios sectores independentistas: el texto de ERC y Junts aprobado en el Parlament parece demasiado ambiguo. De sus declaraciones posteriores tampoco se desprende que el referéndum sea, como tal, una condición expresa para la investidura. A lo sumo, exigen que Sánchez dé pasos para hacer efectivas las condiciones de esa votación. Los partidos del procés han dejado, curiosamente, margen de maniobra para que el PSOE intente colarse por alguna rendija. Ello podría ir desde un referéndum sobre un nuevo Estatut hasta otra mesa de diálogo 2.0 —que Junts necesitaría que se llame distinto, por el descrédito en la que cayó la de ERC—, hasta no obtener nada sobre ruptura. Si Puigdemont quisiera permanecer en el bloqueo, podría haber puesto la condición del referéndum cuando compareció en Bruselas, y haberse ahorrado el periplo sobre la amnistía.

Así que el expresident catalán quizás necesita una pista de aterrizaje, un relato grandilocuente sobre que siguen trabajando por la causa, para frenar al “Partido Independentista Abstencionista” que se manifestó el 28-M y el 23-J. La base civil del independentismo se abstuvo de forma masiva porque, hasta la fecha, sus líderes sólo han obtenido la salvación judicial vía indultos, mientras se habla ya de una amnistía. Los partidarios de la ruptura siguen existiendo, pero se han ido sumiendo en la frustración por ver cada vez más lejos el sueño de 2017. No votar, o la desmovilización en las calles, es la forma ya de castigar a sus partidos. Por eso, el miedo Puigdemont es también al “cuarto espacio”: el auge de opciones más duras que capitalicen el abstencionismo, como esa especie de Vox independentista que gobierna Ripoll, y que podría saltar al Parlament, o el aviso de la ANC sobre presentarse a las elecciones mediante una lista con personalidades de la sociedad civil.

Aunque volver a lógicas autonomistas quizás no implica el mismo riesgo hoy que hace unos años. Con la amnistía, el líder de Waterloo asume de facto el reseteo del procés, el borrado de cualquier agravio previo. Cataluña pronto se adentrará en una nueva pantalla, más pragmática, que ya se ha ido abriendo paso. Muchos votantes frustrados sienten, además, que sus partidos no han servido ni para la independencia, ni para lograr nada que mejore su vida. Muestra de ello es cómo se ha colado en la agenda la cuestión de los trenes de Rodalies, o la financiación autonómica. Sánchez dice buscar un acuerdo de “estabilidad” para la legislatura: tal vez esté ahí parte de la hoja de ruta que amarre a Junts y Esquerra.

El miedo a la abstención o al “cuarto espacio” introduce incluso un cambio de paradigma en la clásica pugna entre Puigdemont y Oriol Junqueras. En el momento álgido del procés, los votos que perdía uno los ganaba el otro, y echarse a la cara lo de “botifler” (traidor) era el día a día para atraer a unas bases muy movilizadas, que buscaban en sus líderes el pedigrí de las esencias independentistas. Pero ahora el problema no es tanto quién lidera ese espacio, sino que la desidia del votante coloque al PSC en disposición arrebatarles la Generalitat, o que los outsiders obliguen a mover su discurso, tras desnudar sus artificios. El pánico de ERC y Junts es perder el que solía ser su monopolio institucional del procés y del poder en Cataluña.

La consecuencia es que Sánchez no debe temer a la batalla entre Junts y ERC para la investidura. A Puigdemont sólo le interesa mantener esa impresión, que aún conservan ciertos votantes, sobre que ellos son distintos a ERC. Eso explica por qué Junts sigue poniendo la agenda identitaria en temas como el catalán, la amnistía o pasos hacia el referéndum por encima de otras demandas. En cambio, el partido de Pere Aragonès ha atado su estrategia a la permanencia del PSOE en el poder. Se hace difícil pensar que vaya a romper la baraja con la Moncloa sólo porque Junts tenga un mayor protagonismo negociador, por mucho que los de Junqueras necesiten hacerse los difíciles.

El camino no es fácil, crecen los obstáculos. El Consell de la República no toma decisiones vinculantes para Junts, por mucho que vote sobre si bloquear la investidura. Pero si hasta los más fieles de Puigdemont ejercen presión para velar por las esencias del procés, qué no pensarán los votantes esperanzados que queden. Aunque si el líder de Waterloo ha llegado hasta aquí es porque sabe que hay ocasiones únicas en la vida. El “Partido Abstencionista” dará miedo, pero no subirse al tren a tiempo, en una Cataluña muy distinta a la de 2017, es perder una oportunidad decisiva: de ser socio clave del Gobierno, a tal vez, la irrelevancia política.

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Fue la sutil estocada que Feijóo propinó a la corriente ideológica del ayusismo-aznarismo, al distinguir el soberanismo de ERC o del partido de Carles Puigdemont frente al espacio de la izquierda abertzale. Es decir, asumiendo que jamás podrá legitimar acercarse a unos socios, pero a otros sí, o tal vez en algo. Todo ello ocurrió ante la mirada de tótems como Cayetana Álvarez de Toledo o Vox —cabría preguntarles cómo leen esos guiños al partido con sede en Waterloo—.

Feijóo no es un amateur en la alta dirección del PP, como sí lo era Pablo Casado. No necesita ser aprobado por las facciones más duras de la derecha. Lo que Feijóo necesita es encontrar su propia legitimidad como aspirante a presidir España. Y la realidad es que quienes le acompañaron en la manifestación contra la amnistía en la plaza de Felipe II le dejan aislado. Es decir, esa derecha de altavoces madrileños y visión tan centralista que impide al líder más regionalista que ha tenido el PP contar con socios nacionalistas catalanes o vascos. El propio Feijóo parafraseó a Manuel Fraga: “Mi forma de ser español es ser gallego”, en un intento de enmendar el giro intransigente, ese que la derecha lleva alimentando desde hace años y que en su investidura le ha devorado.

Así que esta legislatura supone una oportunidad para el PP para acercarse al PNV o a la llamada pos-Convergència. Los discursos del líder gallego, cuestionando si el electorado de dichos partidos acepta que Podemos gestione la política económica, abundan en esa idea. Feijóo sabe que hay mayoría de derechas en la Cámara, algo que hace más paradójico su fracaso, aunque para poder acercarse a la España periférica desde el PP harían falta dos requisitos mínimos: que Vox descienda a la irrelevancia parlamentaria y que Junts deje de ser el partido del 1 de octubre. Lo primero cuenta con la ayuda de algunos de sus altavoces, que han empezado a dar a la ultraderecha por amortizada, tras ver el boquete que le hace al PP frente a los nacionalistas vascos. Lo segundo depende en buena medida de la amnistía de Pedro Sánchez.

A fin de cuentas, ¿de qué forma podría disolverse Junts, como se ha entendido hasta ahora, si no es reseteando el conflicto catalán, es decir, mediante el perdón al procés? No es cierto que Puigdemont lidere un partido de derechas al uso, como la vieja CiU —aúna, además, tics populistas y de izquierdas—, pero sí es verdad que su mayor problema con el PP es nominal: sus votantes no olvidan las cargas policiales durante el referéndum ilegal o las consecuencias penales de aquella jornada.

El caso es que la crispación territorial dejará de rentarle pronto a la derecha como movilizador de voto. En el momento más álgido del antisanchismo, como fue el 23-J, el PP y Vox se quedaron a las puertas de gobernar. A los populares les convendrá moverse de la estrategia de confrontación a la del entendimiento tácito con el soberanismo, a medida que Vox decaiga. No cabe el optimismo o demasiadas esperanzas sobre un Majestic 2.0, pero tampoco resulta descabellado pensar que el tablero político cambiará en unos años, pese a que, como el PSOE, ellos tampoco estén dispuestos a pactar un referéndum.

Y quizás Feijóo haya empezado a allanar el terreno para una pantalla de posprocés, una especie de quimera sobre volver a pactar algún día con el nacionalismo vasco y un Junts nuevo o transformado. A quien eso le repele, que es la derecha ultramontana, peleará para no ponérselo nada fácil. Y quienes sueñan con ello en Génova 13 es que solo esperan ya que el trabajo sucio se lo haga Sánchez cediendo con la amnistía, el paso necesario —aunque se rasguen las vestiduras y nunca lleguen a asimilarlo—.

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Y es que el objetivo de Feijóo y luego Vox era convertir la sesión en un pleno de rechazo a la investidura del líder del PSOE, con tal de tapar su propio fracaso. Párrafos enteros de los discursos de los populares o la ultraderecha podrán ser reciclados para cuando Sánchez tome la alternativa ante la cámara. Esos en que Santiago Abascal le llama “autócrata”, o esos donde Feijóo dice que él no tiene los votos, porque no está “dispuesto a todo”, cuando la realidad es que Junts no quiere ni ver al PP porque el independentismo no olvida quién gobernaba cuando el 1 de octubre de 2017. Hete ahí los motivos por que la derecha necesitaba desviar el debate: su giro cada vez más intransigente en lo territorial les ha dejado ya sin socios como el PNV, el mismo verde que la corbata de un Sánchez sonriente desde su escaño. Si la derecha pudiera sumar, no habría amnistía de la que se hablase.

Así que el presidente en funciones puso al PP frente al espejo de sus contradicciones. Puente se valió de su pedigrí como ganador de las elecciones en Valladolid para desmontar esa idea de que un gobierno Frankenstein es ilegítimo, cuando el PP y Vox han arrebatado gobiernos al PSOE en municipales y autonómicas, pese a no haber sido ellos la lista más votada. A saber, que en democracia gobierna quien tiene socios, eso de lo que va justo Feijóo, aunque trate de sepultar que no será presidente, paradójicamente, pese a haber una mayoría de derechas en el Congreso.

¿Amnistía, qué amnistía? La misma que ERC y Junts recuerdan a Sánchez que quieren a cambio de hacerle presidente, cuando Feijóo fracase. Esta vez, los socialistas evitaron hacerle el juego a la derecha, para que se abrasara en su soledad parlamentaria. Pero la próxima, sí tocará que el presidente en funciones explique bien a los españoles qué acuerda con el independentismo, a cambio de sus votos. No pronunciar una palabra no implica borrar realidades, como debe saber ya Pedro Sánchez.

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Basta una imagen en el Congreso para entender la magnitud del giro intransigente a la derecha: los diputados de Vox dejando el pinganillo en el escaño de Pedro Sánchez durante el primer pleno en que se podían hablar lenguas cooficiales. No es una anécdota. Una parte de la derecha ha normalizado que los rasgos regionales y la pluralidad territorial sean vistos hoy casi como una amenaza para la unidad de España. El propio Vox llegó a tildar, a modo de insulto, a Feijóo de nacionalista gallego en el pasado. Acompleja, que algo queda. Hasta Borja Sémper (PP) fue cuestionado tras decir unas palabras en euskera.

Así que Feijóo, mediante su fracaso, solo actuará como chivo expiatorio de la mutación que ha sufrido la derecha española en casi 30 años. Es decir, pasando desde los pactos habituales de José María Aznar con CiU o el PNV en 1996, hasta el actual aislamiento en el Congreso a 2023. Pudiendo liderar el PP más regionalista de la historia —con su pedigrí de “líder ruralista”— resulta paradóijico que Feijóo se vaya a quedar sin investidura porque el PNV no quiera participar ya de esa visión tan cerrada de España —mucho menos, el independentista Junts. Aunque no es solo Vox o José María Aznar quienes azuzan desde fuera esa visión tan cerrada; ya está Isabel Díaz Ayuso para marcarle la pauta desde dentro.

El caso es que el giro intolerante no es casual, sino que tiene sus raíces profundas en el 1-O de 2017. El procés independentista marcó un antes y un después para la derecha española. Al PP, autodenominado garante de la unidad de España, le llegaron a celebrar la consulta del 9-N de 2014, y un referéndum ilegal tres años después. Ello sumió a la derecha en un marasmo existencial del que todavía no se ha rehecho y que no le ha salido gratis a Génova 13. La consecuencia directa de sus errores en Cataluña fue –precisamente– un proceso revisionista, autoculpabilizante, que dio alas entre 2015 y 2018 a dos jóvenes partidos decididos a disputar el liderazgo del PP mediante una visión mucho más intransigente con la cuestión territorial. Albert Rivera llegó para cuestionar los pactos con nacionalistas, enarbolando la visión de una España cuasi jacobina, uniformizante. Santiago Abascal normalizó la idea de un nacionalismo español excluyente, poniendo en tela de juicio la España de las autonomías. Hasta 2022, el partido alfa de la derecha, que sigue siendo el PP, se vio sepultado entre voces cada vez más cerradas a la pluralidad de nuestro país, que inevitablemente impregnaron e influyen todavía hoy en su propio discurso.

Sin embargo, los giros ideológicos cada vez más duros, como el de Vox, venían convenciendo a los altavoces de la derecha porque garantizaban poder. Eso ha sucedido en las autonomías y los municipios, pero hasta ayer. La investidura fallida de Feijóo, sin apoyo del PNV, debe entenderse ya como la segunda vez en que el PP perderá la Moncloa por el monstruo territorial. La primera fue la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Los independentistas jamás habrían votado a Sánchez como presidente si no fuera por su sed de venganza tras el referéndum ilegal. No es que la izquierda sea más plurinacional per se o menos oportunista, sino que ha sabido leer mejor la ventana de oportunidad de un Congreso cada vez más dividido por la cuestión nacional.

Con esa paradoja, llega la derecha a la manifestación por la eventual amnistía al procés. Está planteada contra Sánchez, pero ello enmascara una enorme hipocresía de fondo. Hasta Vox sabe que el PP fue, en parte, culpable por no haber impedido antes el desastre en Cataluña. Lo sugirió Jorge Buxadé en 2021, antes de la manifestación contra los indultos en la Plaza de Colón, al considerar que era una buena oportunidad también para lamentar la gestión de Rajoy —desde su punto de vista, por no haber “hecho nada”, quizas castigar antes al independentismo. Hete ahí la herida de la derecha. En un Estado de Derecho, jamás será equiparable quien incumple la ley a quien se desentiende de un problema. Sin embargo, hasta la ultraderecha sabe que algo haría mal el PP en 2017. Por eso, el procés tuvo una respuesta judicial, y los populares, un castigo que les impide llegar al poder.

Así que Feijóo fracasará en su investidura porque la derecha no ha sanado herida del 1-O por el giro intransigente y cuasi redentor en el que vive, cuyo último estadio es un partido como Vox. Y quién sabe, quizás algún día se dé cuenta hasta el propio PP de que es el más interesado en cerrar las heridas en Cataluña, de una vez, en su anhelo de pactar con el PNV, como hacía con la vieja CiU. Llámale amnistía, llámale el fin del procés.

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Ese es el clima de opinión de una parte del independentismo tras el discurso del expresident la semana pasada. Existe recelo sobre lo que podría llegar a obtener Junts de Pedro Sánchez. Muchos partidarios de la ruptura creen que será más de lo mismo. Es decir, una nueva mesa de diálogo como la de ERC, pero ahora adornada con observadores externos, y revestida mediante la retórica de un “compromiso histórico”, aunque de ahí tampoco saldrá una votación de independencia. Bajo tanta pompa, algunos incluso dudan sobre si la aplicación de la citada ley de amnistía sería como esperan por parte de los tribunales sentenciadores.

Así que Puigdemont se enfrenta a un dilema: cómo regresar al redil de Sánchez, para no desperdiciar su capital negociador en esta legislatura, sin hundirse como el partido de Oriol Junqueras. Su votante está aún muy frustrado por el fracaso de 2017. Demostró su hartazgo en las pasadas elecciones, absteniéndose de forma generalizada contra sus líderes. A cada Diada, la movilización civil se reduce. A fin de cuentas, un ciudadano independentista lo es para lograr un Estado propio, no para salvar sin más los muebles frente a la respuesta judicial. El problema es que sus representantes acabarán chocando siempre con la línea roja del referéndum. Sólo pueden obtener de facto cesiones autonomistas, como el uso del catalán en las instituciones estatales, o librarse de las causas penales abiertas.

He ahí la paradoja del independentismo: A quien hace daño el reseteo del conflicto es al propio procés y a sus partidos, no a la democracia española. No hay más que cuantificar el efecto de los indultos: borraron el imaginario del lazo amarillo, y acabaron con la victimización y el secuestro emocional en que ERC y Junts tenían a sus votantes. Al demostrarse luego que la mesa de diálogo era una ficción y que jamás ofrecería nada sobre autodeterminación, los republicanos cayeron en el descrédito. La mayor debilidad del independentismo siempre ha sido que se rompiera la confianza entre sus votantes y partidos.

La pregunta, por tanto, es qué efecto podría tener la amnistía para Junts. Los de Puigdemont creen que, al hacer extensiva la medida de gracia a la sociedad civil —alcaldes, activistas, etc...—, no tendrá el mismo efecto de rechazo antiélites que tuvieron los indultos. Es naif asumir que ello solo mantendrá fidelizado sine die al votante no afectado por la medida, tras constatar este además la imposibilidad de lograr el ansiado referéndum. Se les abren hasta debates internos peliagudos: ¿cómo asumiría la base social del independentismo equiparar a su activista frente al policía en una eventual amnistía? Las cargas del 1-O pesan todavía demasiado en el imaginario colectivo, y más aún en las generaciones jóvenes de votantes. Estos solo han conocido próces desde que tienen uso de razón: su sensación de agravio es vital, por tanto, y mayor que la de sus padres.

Hay algo todavía más clamoroso, en términos políticos: al intentar zanjar las heridas del 1-O de 2017, o quizás incluso las de la consulta del 9-N de 2014, Puigdemont asume el regreso a un momento pretérito, o lo que es lo mismo, la liquidación del procés tal y como se venía entendiendo. Es decir, un escenario que borraría el sentido de agravio del propio Junts, abriendo una nueva pantalla en Cataluña, y situando el tablero político en un contexto previo a 2012, cuando empezaron las marchas por la autodeterminación.

Ese movimiento de Puigdemont llega —no casualmente— ahora, a lomos del cóctel de nihilismo en el independentismo. Su mayor síntoma es que el constitucionalismo se impuso el 23-J. No es solo que el PSC pueda alcanzar la Generalitat; también hay otros riesgos para Junts y ERC a largo plazo, si la política catalana se mantiene en el mismo punto. Uno es el eventual salto al Parlament de la formación liderada por la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, una especie de Vox independentista. Esta podría recoger apoyos entre la desilusión de sus votantes, que siguen existiendo, aunque estén frustrados con sus élites. Otro, que la ANC presente una lista civil a los comicios autonómicos para capitalizar ese malestar ya latente.

Aunque el líder de Waterloo podría vender mejor que ERC sus renuncias ante Sánchez. Por ejemplo, el despliegue de la vicepresidenta Yolanda Díaz es una imagen demasiado potente sobre el trato de favor. El partido del expresident sabe además que unas elecciones catalanas caerían a mitad de esta legislatura. Sería su oportunidad para volar puentes y vender ante sus bases que es el Gobierno quien tiene congelado el “compromiso histórico” sobre el referéndum, y no que Junts desconozca sus propios embelecos. Lo raro es que, si hasta el propio Puigdemont parece arrojarse al cierre del procés tal como se entendió en 2017, crea que no lo saben muchos votantes independentistas, o que en Madrid haya aún altavoces empeñados en no entender los resultados del 23-J.

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Puigdemont aprieta pero no ahoga a la izquierda gobernante con sus exigencias. Entre ellas, la “legitimidad” del independentismo está reconocida ex ante, dado que sus partidos se presentan legalmente a las elecciones. La cuestión es si La Moncloa podría maniobrar para que el movimiento deje de ser considerado como “terrorismo” por la Europol, queja contundente del expresident. Del otro, el mecanismo de “verificación y mediación” de los acuerdos implicaría reintroducir la figura de un relator u observador similar. De fondo, el único temor de Junts es no parecerse a la mesa de diálogo de ERC, cuyo fracaso ha provocado un enorme coste electoral a los republicanos. Por eso, Puigdemont busca darle a su relación con el Estado un aire internacional, e incluso, suplir su “desconfianza” hacia el incumplimiento de las promesas en materia de infraestructuras en Cataluña —tema polémico para sus bases— o de cualquier otro pacto alcanzado.

Así que el nudo gordiano de los prerrequisitos de Puigdemont para hablar de investidura sigue siendo una ley de amnistía. El líder de Junts exige que esta pase por el Congreso antes de que Sánchez sea presidente. Ello abre un debate jurídico para PSOE y Sumar: ¿Puede el Parlamento aprobar o empezar a tramitar dicha amnistía antes de que haya nuevo Gobierno? Si no es por ese camino, Junts exigirá de todos modos alguna garantía del Ejecutivo sobre que la ley se llevará a cabo. Ese hito serviría probablemente para neutralizar la condición de retirada de cargos por parte de la Fiscalía o la Abogacía del Estado a las causas del independentismo.

Si bien Puigdemont ha dejado en el aire el referéndum, y no casualmente, al ser el gran escollo real dentro del ordenamiento constitucional español. Se desprende que sigue apoyando la validez del 1-O, y solo lo cambiaría por una votación acordada con el Estado. Pero no queda claro, en cambio, cómo Junts reclamaría materializar el “reconocimiento” de la autodeterminación mediante ese “compromiso histórico” del que habla. Es decir, si el tema podría trasladarse a alguna mesa de diálogo 2.0 a lo largo de la legislatura. Y en esa indefinición se cuela la investidura de Sánchez, si este sabe jugar sus cartas. En una negociación, ya se sabe, no solo las exigencias son la clave, sino la capacidad de maniobrar con los tiempos. Junts no se ha visto en otra igual, solo falta que el presidente sepa encontrar un encaje político y constitucional.

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Es la realidad política del partido de Puigdemont: su único eje fundacional se remonta al referéndum ilegal, cuyas heridas todavía siguen abiertas en Cataluña. Ni la base civil del independentismo olvida las cargas policiales —cuestión muy sensible aún para miles de ciudadanos, e incluso, para la generación más joven, que creyó que vería nacer un nuevo Estado— ni la cúpula del procés desconoce quién gobernaba España cuando la Fiscalía abrió las diligencias que les metieron en la cárcel. El procés supuso así la culminación de la ruptura entre dos élites: la derecha catalana y la estatal. De ahí, las desavenencias entre Artur Mas y Mariano Rajoy cuando el primero reclamó el pacto fiscal para lograr su salvación, en pleno auge de las manifestaciones por el derecho a decidir y contra la austeridad.

El acercamiento de Feijóo responde a una idea muy extendida: se dice que Junts es un partido “de derechas”, sin más, y que, por tanto, debería estar en el espectro del PP. La realidad es que Junts es el resultado de una improvisación ante el hundimiento de una vieja Convergència cercada por los casos de corrupción. Tras intentar llevar a flote ese espacio con formaciones como Democràcia i Llibertat, el PDeCAT o la plataforma Crida Nacional, el proyecto culminó en Junts, la llamada llista del president —Puigdemont— de 2017. Por eso, es dudoso que se pueda definir solo mediante el eje izquierda-derecha, cuando su única motivación es el eje nacional.

Junts tampoco es equiparable hoy a la ideología de la vieja Convergència, algo que se explica por la evolución que fue tomando el propio tablero del procés entre 2012 y 2017. El eje político se ha movido en Cataluña hacia la izquierda. Muchos jóvenes votantes identifican hoy la independencia bajo la idea de la justicia social —todo ello, producto del discurso de ERC y la CUP—. Es más, el constitucionalismo es visto como algo de “derechas” en su mentalidad. Por eso, los partidarios de Junts no piensan en su partido en términos de una derecha de alma liberal o conservadora como era el caso de CiU. Tanto es así, que Junts votó en 2020 en el Parlament a favor de la limitación de los precios del alquiler, mientras que el PDeCAT se opuso —grupo más próxima a la derecha, y que fracasó electoralmente—.

En consecuencia, la antigua élite convergente poco tiene que hablar con el PP, en su intento de ser un partido catch-all, refugio del independentismo, con guiños de izquierdas en su programa electoral —como un salario mínimo catalán más elevado— y con tintes populistas en torno a Puigdemont. Tesis ultranacionalistas al margen, ninguno de sus cuadros podría echarse en brazos de Vox o perdonar al PP para convertirse en una especie de nuevo PNV y forjar una entente de “las derechas” catalanas y españolas como fue el pacto del Majestic.

El PP afronta así una paradoja: solo cuando las heridas del 1-O se hayan cerrado podría ser Junts un socio potencial. Es decir, solo si Pedro Sánchez saca adelante la ley de amnistía, tras haber indultado a parte de la cúpula del procés, se asistirá en Cataluña a un reseteo decisivo del conflicto nacional. Ese Junts no será como lo conocemos hasta la fecha, porque habrá perdido su bandera fundacional. Pero solo cuando el tablero se mueva hacia el pragmatismo cabrá observar qué deriva ideológica tomará Junts, una vez que el procés —como se entendía— vaya quedando atrás.

Solo en ese momento sería creíble que Feijóo, o el líder del PP de turno, fantasee con tener acuerdos con Puigdemont o con su sucesor. Hasta entonces, el PP seguirá pagando su penitencia por el desastre de 2017, por mucho que algunos lo quieran olvidar y tapen el desdén del PNV fingiendo que existe algo de qué hablar con Waterloo.

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Es uno de los escollos del posible acuerdo, si Alberto Núñez Feijóo acaba fracasando en su intento de investidura: ¿cómo dar garantías a Puigdemont para hacer presidente a Pedro Sánchez? El líder de Waterloo ha dejado constancia del recelo en varios tuits. Esta sobre la mesa la posibilidad de que Junts exija garantías sobre una futura ley de amnistía —u otro hecho verificable— antes de la investidura. Sería la segunda vez que Junts pidiese evidencias: la anterior fue cuando logró que el Ejecutivo en funciones llevase a la presidencia del Consejo de la UE la propuesta de que el catalán, el euskera y el gallego sean idiomas oficiales y de trabajo en la Unión, antes del pleno donde los independentistas votaron a Francina Armengol como presidenta del Congreso.

Así que Junts ha empezado a mostrar sus cartas negociadoras, algo que da pistas a Sánchez. Existía un debate en el seno del independentismo: o el partido de Puigdemont intentaba pactar ahora que es clave o una repetición electoral le situaba otra vez en la queja y la irrelevancia. Por eso, parece un clima de opinión latente que si Puigdemont logra una amnistía para activistas, alcaldes y otros encausados por el 1-O, el referéndum puede esperar. Es decir, que ya no sería tan alto el coste de difuminarlo como línea roja.

Aunque el camino hacia la senda pactista de Junts llevaba tiempo gestándose, es curioso que exija aún el referéndum, cuando ellos mismos hacían gala ante sus bases de que las urnas ya se habían puesto en 2017, y solo faltaba “cumplir el mandato del 1-O”. A ERC le ha pasado factura abrir el camino de la gobernabilidad, al que ahora se suman sus rivales.

El partido de Oriol Junqueras es, en parte culpable, de la mentalidad instaurada en el independentismo de no fiarse de Sánchez. Aunque los republicanos no lo reconozcan como tal, la principal cesión en la anterior legislatura fueron los indultos a los condenados del procés. La retórica de la mesa de diálogo solo fue ahí una conveniencia entre ERC y el PSOE: los republicanos obtuvieron un relato de no renuncia ante sus bases, que se les volvió en contra, como una especie de traición, al no lograr ninguna votación de ruptura.

El caso es que Junts corre el riesgo de echar a perder su capital negociador si se pasa de frenada. La portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, deslizó en una entrevista que Laura Borràs pudiera estar también incluida en la hipotética amnistía. La condena de Borràs no versa sobre el 1-O, por mucho que parte de Junts la presente como una persecución judicial del Estado. Ni la propia ERC ni la CUP la reconocieron como tal en su momento. Junts corre el riesgo de que se le vea el plumero: acabar convirtiendo la reconciliación en un trueque por salvar a su clase política, pese a que los de Puigdemont saben hasta qué punto los indultos han perjudicado electoralmente a los republicanos.

Ello supondría un escollo complicado de superar para PSOE y Sumar: es difícilmente vendible ante la opinión pública que, si el objetivo es resetear el 1-O, Junts engrose la lista con la expresidenta del Parlament. Aunque de eso van las negociaciones, de peticiones de máximos, de gestionar las renuncias y de no aparecer como el perjudicado del acuerdo. Y pareciera que Junts, en verdad, a quien quiere molestar es a ERC incluyendo a Borràs.

Sánchez tiene dos evidencias hasta la fecha: la investidura de Feijóo será probablemente un fracaso y mientras corren los plazos puede ir negociando, porque Junts ha encontrado un filón que no quiere soltar, a riesgo de perder también lo logrado. Quizás Puigdemont no se fíe de Sánchez, pero Sánchez tiene ya a los independentistas donde quería desde hacía años e, incluso, con las cartas giradas.

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Es el murmullo latente en la derecha: Alberto Núñez Feijóo se habría quedado sin margen de movimiento —al parecer— por culpa de Vox. Primero, porque en nuestro sistema electoral la derecha solo saca ventaja si va unida. El PP mejoró incluso sus resultados en los pasados comicios, mientras que Vox perdió más de 600.000 votos. Por eso, no sería de extrañar que, si España se arroja a una repetición electoral, la campaña del PP intensificara la idea del voto útil para echar a Pedro Sánchez. Segundo, porque el PP no puede ya pactar ni siquiera con el PNV —menos aún con Junts— por culpa de la intransigencia territorial de Vox en la ecuación. Y tercero, porque el mantra de “que viene la ultraderecha” ya no funciona en la mayor parte de nuestro país, pero sí salvó al PSOE en Cataluña y Euskadi en las pasadas elecciones.

Así que Vox ha pasado de ser la solución a ser parte del problema para nuestra derecha patria. Aquella formación que en 2019 se catapultó hacia los 52 escaños ante el declive de Ciudadanos, los indultos a los líderes del prócés, y los rescoldos de la nefasta gestión del PP de Mariano Rajoy el 1-O, no sirve ahora para impedir una legislatura de máximo protagonismo para los llamados “enemigos de España” —Bildu, Junts, ERC, PNV—.

Bien es cierto que la derecha viene funcionando desde hace décadas a través de ese auge y caída de nuevos partidos. No va de batallas ideológicas, sino de fines instrumentales: las siglas importan menos que el cometido cuando se trata de levantar la bandera de España. Por eso, tras la disolución de UCD, Alianza Popular mutó en el PP; Ciudadanos fue el reemplazo amable de un Rajoy políticamente decrépito; e incluso, Santiago Abascal estaba llamado a marcar la pauta al joven Pablo Casado.

La realidad es que Vox ha sido útil en estos meses a la causa de la derecha, tras colmar sus expectativas de poder local y autonómico. Algunos quieren olvidar fácilmente que el PP preside varias comunidades autónomas gracias a Abascal. O, incluso, la forma cómo torcieron el brazo a María Guardiola en Extremadura porque Vox no era simplemente una opción, sino la vía para llegar al poder. El problema es que pocos podían augurar semejante desplome hasta los 33 escaños en las generales, quizás, obviando que el contexto de noviembre de 2019 era difícil de repetir, y su verdadero suelo estaba en los 24 escaños.

El caso es que con Vox aplica aquel dicho de que “a perro flaco, todo se le vuelven pulgas”. La purga en el sector ultraliberal de la formación les ha vuelto, a ojos de sus fieles, en un partido cada vez más de nicho ideológico —si cabe—. Si en la campaña del 23-J altavoces del centroderecha cuestionaban que Abascal pudiera pedir la vicepresidencia del Gobierno —conscientes del lío que se le vendría encima al Feijóo que decían moderado—, el giro todavía más recalcitrante de la formación augura mayores pérdidas de apoyo. La marcha de Macarena Olona o de Iván Espinosa de los Monteros aparecen como síntomas visibles del colapso.

Y es que para los fines de la derecha nunca será lo mismo Albert Rivera que Abascal, aunque hayan tardado cuatro años en darse cuenta. La ideología de Rivera no generaba semejante rechazo, aunque a finales de 2019 se pusiera a rivalizar con Vox en intransigencia política. Bajo unas formas de regeneración democrática, Ciudadanos no era molesto porque no restaba poder a la derecha: no impidió a Rajoy gobernar entre 2016 y 2018 con apoyos externos del PNV. Fastidioso se volvió cuando se negó a apoyar a Sánchez, abriendo la puerta a Podemos con apoyo de ERC y Bildu.

Caretas fuera: es porque Vox amaga con dejar de ser útil por lo que algunos pueden tener la tentación de acabar con la ultraderecha; no porque su ideología les haya escandalizado alguna vez, ni vaya a hacerlo a estas alturas de la política.

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Es la narrativa con que la derecha busca desprestigiar el paradigma de fragmentación política. Se ha esparcido un mantra basado en asegurar que la cultura de ceder, del pacto, es un demérito democrático y no una grandeza del parlamentarismo. Voces progresistas compran ese argumentario, aunque solo está orientado a tapar las carencias del Partido Popular y Vox. La derecha sabe que sólo en bloque monolítico podría derrotar a izquierda e independentistas. Por eso, hablan de que gobierne la lista más votada, de ilegalizar partidos o de poner barreras de voto para que los nacionalistas no logren representación.

Sin embargo, la realidad del Congreso demuestra que el Frankenstein no ha sido semejante bicoca para los llamados “enemigos de España”, o al menos, no como se exagera desde PP y Vox. Como en todo juego político, el Gobierno dispone de instrumentos —tanto jurídicos, como reglas informales de negociación— para atenuar la fuerza de los grupos que le apoyan externamente. Sánchez los ha practicado, y los socios parlamentarios no siempre han salido bien parados del trueque.

Primero, porque los grupos pequeños perdieron poder de negociación con un sistema tan fragmentado como el de la legislatura de 2019. Ante tantos socios donde elegir —Teruel Existe, BNG, Bildu, ERC, Junts, PDeCAT, ERC, PRC, Más País, Coalición Canaria, Nueva Canarias…— es probable que cada partido pequeño tienda a venderse más barato si quiere rascar algo. Un ejemplo fueron Presupuestos del año 2021, cuando La Moncloa sugirió inicialmente que podía jugar a dos bandas, entre Ciudadanos o ERC, provocando que las expectativas de ambos cayeran.

No es algo exclusivo del nuevo tiempo político, ni de la izquierda. Ya en la legislatura de 1996, José María Aznar decidió ampliar sus alianzas a Convergencia i Unió, el PNV y Coalición Canaria, más socios de los que necesitaba. El fin era limitar la capacidad de CiU de obtener cesiones. Ello rompe la premisa de que cualquier grupo pequeño tiene capacidad de chantaje per se, o de que los socios minoritarios siempre tengan la sartén por el mango.

Pese a ello, ser parte del nutrido Frankenstein puede seguir siendo rentable por la visibilidad que ofrece a la hora de apuntalar estrategias domésticas. Es el caso de la competición en el País Vasco. A Bildu le conviene más haber garantizado que no pondrá trabas a una investidura de Sánchez, aunque esa certeza pueda restarle fuerza pactista. La izquierda abertzale, incluso, ha aceptado un trato desigual en Navarra con tal de seguir siendo socio del PSOE. Por ejemplo, al PSN no le convino cederles la alcaldía de Pamplona para no generar más revuelo ante el 23-J; en cambio, Bildu facilitará la investidura de María Chivite, pese a aparecer excluido del acuerdo de gobierno.

Segundo, no es cierto que las cesiones de La Moncloa hayan favorecido los propios fines independentistas. En el caso de ERC, de la mesa de diálogo no se ha saldo con ningún referéndum, y de ahí la caída de los republicanos en los pasados comicios. La reforma de la malversación —tan criticada— no tuvo los efectos esperados. La propia Esquerra amaga ahora con impugnar la Ley de Vivienda, que ellos mismos apoyaron en el Congreso, al considerar que invade competencias de la Generalitat.

Sin embargo, esta legislatura no pinta igual para Sánchez. De reeditarse un nuevo gobierno apoyado por independentistas, la mayoría numérica sería mucho más ajustada, y las exigencias serían mayores. Junts tiene pánico de hundirse electoralmente si no saca nada sustancial que vender a sus fieles, como pago por facilitar una eventual investidura.

Tercero, es una falacia afirmar la debilidad legislativa del Ejecutivo Frankenstein. Desde que la fragmentación entró por la puerta, se ha registrado un incremento del uso de la figura del decreto-ley en nuestro país. Muchos socios a menudo se han quejado del abuso de esta fórmula porque hurta parte del debate parlamentario, y convierte la democracia en un procedimiento mayoritario de “lo tomas o lo dejas”. El Gobierno ha aprobado varias reformas mediante ese procedimiento, que es políticamente reprochable, pero le ha permitido no deshacerse en tantas renuncias.

En consecuencia, el repudio de la derecha actual a la pluralidad parlamentaria solo es un síntoma de sus propias flaquezas. Nuestro país está dividido hoy entre quienes intentan encajar la nueva realidad territorial y quienes la rechazan. Lo recuerda el PNV estos días, que no quiere ni hablar con Alberto Núñez Feijóo por miedo a cargar con el sambenito de estar cerca de la ultraderecha y su intransigencia. Los relatos a veces acaban devorando a quienes los instigan.

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Todo ello sería el coste de indultar eventualmente a Puigdemont: la base social del independentismo podría vivirlo como una traición —la misma que algunos reprochan a Oriol Junqueras al grito de botifler, de traidor—. No es solo que Junts se arriesgue a perder su principal bandera política, la retórica anclada al 1 de octubre. Su problema es el agravio comparativo que alegarían algunos votantes y cuadros —activistas, alcaldes…—, quienes siguen afrontando juicios, frente a un dirigente que lograra el perdón por unos votos de investidura. De ahí que Junts haya puesto como condición la “amnistía” de todos los “represaliados”, además del referéndum —su compromiso electoral—, no un indulto.

Así que Puigdemont tendría —quizás— a mano su propia salvación, pero no es tan cierto que ello le convenga de entrada. En la nueva pantalla posprocés, Junts aspira a ser el refugio del votante desencantado de ERC, aprovechando que el independentismo atraviesa sus horas más bajas. La elevada abstención del 28-M y el 23-J lanzó una advertencia: hay desafección por el fracaso de 2017, y muchos ciudadanos no piensan salir a votar ya sólo porque el constitucionalismo les parezca “peor”. Su mayor anhelo sigue siendo un referéndum.

Aunque, puestos a imaginar, la situación procesal del líder de Junts no es de fácil resolución sin pasar por la cárcel en algún momento. Para ser indultado, tendría antes que ser condenado: regresar a España y enfrentar un probable ingreso en prisión, a la espera de juicio; luego la sentencia, sumada a lo que tardara el procedimiento para el indulto, el informe del tribunal sentenciador y la aprobación por el Consejo de Ministros. Sería raro pensar que el político de Waterloo vaya a aceptar ese camino.

Hay otras posibilidades de que no ingrese en la cárcel, igual de dudosas. Los independentistas piden una ley de amnistía, pero la Mesa del Congreso ya rechazó en 2021 su simple admisión a trámite al considerarla inconstitucional. Cualquier otra vía, por imaginativa que fuese, pasaría por más reformas legales con el enorme revuelo que causaron otras tomadas la pasada legislatura.

El caso es que ninguna legislatura como esta resulta más propicia para que Sánchez intente darle alguna pista de aterrizaje a Junts. Los socios del eventual Gobierno (Bildu, PNV, ERC) no tendrían demasiados inconvenientes en pergeñar fórmulas para atraer el voto de los de Puigdemont. En términos de imagen pública, incluso el coste para Sánchez parecería amortizado, pese a la condición de prófugo del expresident. ¿Con qué motivo podría la derecha reeditar una nueva manifestación de Colón? En defensa de la unidad de España, y con perspectiva, el Partido Popular y Vox debieron apoyar el indulto a los líderes del procés: el constitucionalismo se ha impuesto en Cataluña el 23-J por el éxito de la política apaciguamiento.

Con todo, España asistirá a un primer test sobre la predisposición a negociar del independentismo el 17 de agosto, cuando se constituyan las Cortes y se forme la Mesa de la Cámara, cuya presidencia quiere mantener el PSOE y asegurarse en ella una mayoría progresista. Los independentistas tendrán que hacer malabares para, si eso ocurre, explicarlo a sus bases.

Y es que eso de las traiciones siempre es relativo: la que la derecha atribuye a Sánchez, pese a haber noqueado electoralmente a las fuerzas del procés, y la que Junts teme frente a sus bases, por si se le acaba el relato del 1-O. La hora de la verdad se acerca.

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Es el modus operandi del acoso y derribo contra el Gobierno, que se le ha vuelto en contra a la derecha como estrategia política. Empezó con el envite de Albert Rivera en 2019, desplomando a Ciudadanos en la repetición electoral de aquel 10-N. Fue seguido por Pablo Casado durante la pandemia, tras una actitud de histerismo en el Congreso —luego cayó él, a manos de su partido—. Este domingo debía ser la puesta de largo de Feijóo, tras su lema de “derogar el sanchismo”, aunque su victoria aparece deslucida, porque probablemente no podrá superar la investidura.

Así que la derecha está tomada hoy por pulsiones autodestructivas, que son una mole de triturar liderazgos, con tal de sacar del poder a Sánchez. Ningún sacrificio político les parece poco para derrotar al líder socialista al que tanto repudian. Las ansias de llegar a La Moncloa les impiden incluso ver el bosque: Feijóo tal vez no gobierne, pero ha obtenido más de ocho millones de votos, y domina en la mayoría de comunidades. Son los 600.000 apoyos que ha perdido Vox lo que le han costado 20 escaños menos, y quedarse fuera del Ejecutivo de España.

Por eso, estos días algunos moderados tratan de defender a Feijóo de la quema, pese a emplear los argumentos más variopintos. Hay quien culpa a María Guardiola por haber destapado la malignidad de los pactos con Vox para luego desdecirse. Otros critican que el líder del PP se ausentara del debate a tres de RTVE —lo habían vendido antes como una jugada maestra, tras vencer a Sánchez en el cara a cara—. Se afea que el PP pidiera la abstención del PSOE para gobernar, en vez de echarse en brazos de Vox. La periodista Silvia Intxaurrondo es el blanco de ciertas críticas por hacer su trabajo. Hay quien hasta se excusa en a las encuestas, como si estas no hubieran sido parte de la burbuja del antisanchismo.

Sin embargo, el problema de la derecha es, de facto, con la comprensión de la territorialidad de España. Nuestro país cada vez está más dividido entre quienes entienden la pluralidad y quienes la repudian. La derecha sabe que solo yendo junta en un bloque monolítico podría arrasar al bloque plural y de izquierdas. Por eso, hace tiempo hablan de ilegalizaciones de partidos, proponen la barrera de voto para que no entren los nacionalistas al Congreso, o exigen que gobierne de la lista más votada. No son competitivos en la España díscola, esa que apoya a Sánchez. De ahí el mantra de “los enemigos de España” —en Cataluña, hoy hundidos electoralmente—, y la demonización a un Gobierno sustentado por muchos partidos.

La cuestión es que el líder gallego no contaba quizás con irse a la oposición en esta legislatura, aún irresuelta. En perspectiva, tampoco fue lo habitual en José María Aznar o Mariano Rajoy eso de llegar y besar el santo, sino que tardaron en desembarcar en La Moncloa. El hecho es que solo un período tranquilo asumiendo el actual escenario puede estabilizar el vórtice en la derecha. Feijóo tiene más autoridad que Casado, por lo que se le supone mayor capacidad para vencer al ruido.

Aunque hay quienes no quieren calma ni sosiego, sino más sacrificios políticos para combatir al sanchismo: véase la sutilidad de Esperanza Aguirre señalando a Ayuso como futuro del PP. Se huelen que esta legislatura podría pivotar sobre un Frankenstein todavía más fuerte. Que se sepa, la presidenta tiene claro cumplir con su encargo de gobernar cuatro años más a los madrileños, y se volcó en la campaña nacional del PP, pese a que la noche electoral ciertas voces coreaban su nombre en la puerta de Génova 13.

¿Y después? El problema es cuando el vórtice cobra vida propia, y ya es imposible parar su tendencia autodestructiva. Un día Feijóo destronando a Casado, quizás un día Feijóo destronado para dar paso a Ayuso. Quedan todavía demasiadas pantallas políticas.

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Así que, Pedro Sánchez se enfrenta a un independentismo desnortado, cuyos partidos él mismo ha laminado mediante sus tesis del apaciguamiento. Tendrá más fácil ahí convencer para su investidura a Oriol Junqueras que a los junteros. El partido de Xavier Trias ya se afila los colmillos, tras arrebatarle el PSC la alcaldía de Barcelona hace dos meses. Tampoco olvidan la promesa del líder socialista de traer a Puigdemont a España para ser juzgado en 2019. Parecen demasiados agravios como para regalarle La Moncloa. La pregunta es qué quiere ser Junts de mayor. Su objetivo es recuperar la presidencia de la Generalitat, tras serle arrebatada por Pere Aragonès hace dos años. La paradoja es que, si acaba forzando elecciones, poca autonomía quedará en caso de que gobernara la ultraderecha.

Pero ¿acaso podrían conformarse en Junts con algo que no sea procés para dar sus votos a cambio? Cataluña se mueve —se vio este 23-J—, aunque en Madrid algunos insisten en que está igual que hace seis años. Empieza a crecer un clima de opinión sutil entre algunos afines al procés sobre que sus partidos se han vuelto estériles. Creen que ni sirven ni para avanzar en la agenda de ruptura, ni tampoco, para lograr cesiones competenciales de calado. Por eso, Sánchez no debería desdeñar peticiones que están hoy más vivas que nunca en el debate público catalán, como el traspaso de Rodalies.

La cuestión que la endiablada situación que enfrenta el líder del PSOE, para ser investido de nuevo, es solo el reflejo de los fantasmas de nuestra propia España: Puigdemont recuerda que la pantalla del 1-O no está del todo cerrada. Los partidos del procés siguen reclamando el retorno de los exconsellers que muchos catalanes tildan de “exiliados”. Pero cerrar las heridas aún abiertas no depende solo de la voluntad política, sino también de la acción de los tribunales.

Y quizás este 23-J deja una lectura en clave territorial: hay una España plural que no solo ha perdonado los indultos, sino que hasta los ha avalado. Es ese país que no quiere ni una Cataluña ni un Euskadi incendiados, como prometía la ultraderecha, y que se ha plantado frente a la intolerancia de quienes solo entienden una única visión de la españolidad. Quién sabe si también esa misma España acabará reclamando un eventual perdón a Puigdemont. El líder socialista no parece asumir hoy los mismos costes que hace cinco años.

Aunque no toda la España plural puede estar igual de contenta con Sánchez. Es probable que Alberto Núñez Feijóo busque una fórmula de investidura basada en darle el máximo protagonismo a un PNV decisivo. Los nacionalistas vascos llevan tiempo quejumbrosos por el enorme foco de Bildu. Por eso, Feijóo podría intentar un Gobierno en solitario, apoyado desde fuera por Vox, Coalición Canaria, UPN, y los nacionalistas vascos. Aunque a un año de las autonómicas vascas, y con la izquierda abertzale habiéndoles superado en el Congreso, el riesgo de ser un socio del PP —aun con la ultraderecha fuera del Ejecutivo— sería demasiado elevado para los jeltzales. El PP se ve noqueado por su propio mantra del “Que te vote Txapote”, que ha dado alas a Bildu.

En consecuencia, si España logra ser gobernable será a costa de un “nuevo Frankenstein”. Sin embargo, ese apelativo no debe ser tomado ya como insulto: a diferencia de 2019, esta vez los ciudadanos les han votado con conocimiento de causa, en cesiones y formato. Claro está que los socios pequeños tendrán más poder que nunca sobre el próximo Gobierno: compatibilizar los mimos al PNV frente al apoyo de Bildu, o a Junts frente a ERC, partidos que compiten entre sí, es el reto del presidente en funciones. La diferencia con hace cuatro años es que el “nuevo Frankenstein” estará mucho más desacomplejado porque las urnas del 23-J lo han refrendado: hundimiento independentista en Cataluña, Bildu en la gobernabilidad de España. Eso, o elecciones generales. Las carambolas del destino de Sánchez son inescrutables.

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Es la tesis alternativa a la de un Sánchez terrible: el presidente que logró salvar a un PSOE a la deriva, hace ocho años, al negarse a la abstención mediante su “no es no” contra Mariano Rajoy. Algunos han querido olvidar en este tiempo aquel contexto de pánico a la pasokización, como en Grecia, del miedo entre los socialistas a la gran coalición. Pero fue el darwinismo político de quien venció al viejo aparato del partido en 2017, y situó a una formación de más de 140 años de historia en el nuevo tiempo de la España post 15-M, lo que noqueó la estela del entonces pujante Pablo Iglesias, al impedirle el sorpasso.

Así que Sánchez no es parte de la crisis del PSOE, sino que precisamente fue su última bala, un último revulsivo, tras la implosión del bipartidismo. Es curioso que muchos barones, que ahora creen haber perdido gobiernos por su culpa el pasado 28-M, no recuerden que en 2019 lograron mejorar resultados tras su llegada a La Moncloa. La carambola de la moción de censura abrió una ventana de oportunidad impensable para la izquierda hace cinco años. Eran los tiempos en que parecía que la derecha gobernaría sine die, horizonte no tan lejano al que España puede arrojarse el domingo.

Aunque quienes repudian a Sánchez no es tanto por su vocación de verso libre, o por los errores en varias leyes de esta legislatura; castigan el hecho de haber roto una especie de sentido común bipartidista en 2015. Era una visión compartida desde el PP hasta el viejo PSOE sobre que ambos debían replegarse juntos para salvarse contra la amenaza del independentismo y de los partidos extremos. Sin embargo, a la razón de Estado se ha llegado por la vía más insospechada. La derecha y otros socialistas jamás reconocerán que si los morados y ERC se hundieron en las elecciones municipales de hace dos meses es en parte gracias al efector abrasador del aún presidente del Gobierno. La entrada de UP al Ejecutivo reventó su faceta antisistema, al institucionalizarles y ponerles ante el espejo de sus contradicciones. El independentismo vira hoy desde la desafección hasta el abstencionismo porque la mesa de diálogo no ha dado ningún referéndum de ruptura.

En consecuencia, si el sanchismo muere este domingo solo puede ser de éxito frente a esos llamados “enemigos de España”. Si el presidente no logra reeditar su Gobierno no será solo por los resultados del PSOE, sino por el estado convaleciente de quienes le venían sustentando su presidencia. Es el servicio a nuestro país que algunos tanto le reclamaban. Hasta el posible acercamiento del PNV al PP, molesto por el protagonismo de Bildu en esta legislatura, es otro de los síntomas de un tablero político donde el orden ya se ha impuesto al “caos” que algunos vienen atribuyendo a los socios de Sánchez.

Sin embargo, la derecha no quiere aceptar que ese orden –entendido como la restauración de ciertos marcos del viejo bipartidismo– sea también efecto del sanchismo. Alberto Núñez Feijóo es hoy el principal beneficiado del regreso a una pantalla lo más parecida a antes del 15-M. Sin estos años de democracia histriónica, de intensa repolitización de la sociedad española, su mantra de prometer una democracia aburrida no cuajaría. Lo que el líder del PP oculta es que la calma no llegará de un Gobierno de la mano de Vox, levantando ya recelos desde Cataluña hasta en las personas LGTBI.

El propio Sánchez ha entendido que España cierra este 23-J un ciclo político, con independencia del resultado que arrojen las urnas. Su apelación al voto útil parece a ratos una forma de dejar al PSOE en un resultado que le sea irreprochable, con la obsesión de no bajar del umbral de los 100 escaños, así sea a costa de diezmar a Sumar y a los republicanos. Hay quien piensa que sus entrevistas de campaña han servido más al propósito de construir un relato para una —eventual— derrota digna, que de suponer que podía ganar las elecciones. Se trataba de acallar bocas que no han dejado de quejarse nunca.

Y la duda es qué ocurrirá en adelante. Felipe González sugiere dejar gobernar a la lista más votada, cuando no haya otra opción. Hoy, como en 2015, la historia se repite en el universo del socialismo. El tiempo dirá si de la crisis en que podría entrar la izquierda se sale con más PSOE clásico, o con otro verso libre. Aunque en la vida, como en la política, los personajes decisivos suelen ser más la consecuencia de un contexto latente, que el propio motivo del conflicto. Si la política son ciclos, Sánchez tal vez sea el exponente más representativo del período 2015-2023. ¿Cómo de fuertes serían hoy Podemos, o la queja del independentismo, si el sanchismo jamás hubiera existido? La derecha y el viejo PSOE jamás se lo preguntan.

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Bastó observar la cara de suficiencia impostada de Feijóo mientras le espetaba a Sánchez, una y otra vez, en distintos bloques: “No es cierto”, “No mienta”, “No me va a enredar”, “No es verdad…”. La retahíla del líder popular no fue casual, sino una narrativa discursiva para seguir alimentando el monstruo del antisanchismo. Por eso, ni hacerle fact-checking posterior a Feijóo frenó la potencia de algunos mensajes subliminales que el PP traía prefabricados.

Aunque el mayor error de Pedro Sánchez fue pensar en el elefante, como diría Lakoff: No sólo compró varios marcos del PP (él mismo sacó a “pasear el Falcon”, y aludió al “Que te vote Txapote”). El presidente del Gobierno también se redujo a sí mismo a mero aspirante a La Moncloa: traía los datos, pero patinó al obviar que aquello no era una comparecencia, ni una entrevista, sino un debate. Feijóo logró atomizar mejor los mensajes, aunque algunos fueran falsos o medias verdades.

Fue el principal objetivo comunicativo del PP: venderse como presidenciable. Génova sabía que Sánchez ha dedicado la legislatura a presentarle como un mal gestor, errático en sus exposiciones en el Senado. Las bajas expectativas jugaron a favor del gallego, que demostró llegar preparado para disparar sin contemplación, obligando al líder socialista a ir a rebufo, al refutarle. “Tranquilícese, señor Sánchez” replicaba, tras meterle en su trampa.

Así que Feijóo buscó ofrecer la insignia de la que será su gobierno: aburrimiento democrático. “Yo soy un político previsible”, dejó caer, en viva sintonía con el clima de opinión en muchos hogares a esa hora viendo el debate: el cansancio respecto a la intensidad de la política en estos años. El PP insistió en la idea de un Gobierno caótico, tanto en política económica, como por la ley del sólo sí es sí, arremetiendo contra un Podemos ausente tras el que Sánchez no pudo escudarse.

Y al término, Feijóo sabía que necesitaba una fotografía ―la televisión es imagen― para apropiarse de la idea de institucionalidad, tan valorada en España, y tapar así sus pactos con la ultraderecha. En un salto final, sacó un contrato de adhesión: que gobierne la lista más votada para aislar a los extremos. El presidente del Gobierno no destapó el truco: ¿si el PSOE se abstiene, con quién piensa aprobar el PP las leyes de la legislatura? Santiago Abascal se fingió indignado en las redes sociales.

Si Feijóo bailó a Sánchez es porque alguien le despejó la pista de baile.

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Se puede inferir de la encuesta de 40dB. El Partido Popular se impondría ligeramente entre las categorías de “rentas medias-bajas” y “medias”, superando en mayor proporción a los socialistas en las “medias-altas” y las “altas”. El PSOE, en cambio, solo tendría más apoyo entre las “rentas bajas”. Es decir, que los populares sacarían ventaja en el segmento más aspiracional del electorado: ese que no es pobre, pero sueña con mejorías en su precariedad estructural. Y todo ello pese a que el Ejecutivo de Sánchez ha sido el artífice de los paquetes de ayudas para sostener su nivel de vida ante la pandemia o la crisis de inflación.

Así que el 23-J esconde un factor de expectativas socioeconómicas. No es que la gente reniegue de los ERTE o la revalorización de las pensiones. El problema es que el mantra liberal resulta hoy seductor en amplias capas de trabajadores en Europa, al devolver la ilusión de ser dueño del propio destino. Mientras que la derecha actual vende idealismo y autonomía personal —negando el contexto de precariedad o el determinismo de clase—, la izquierda ofrece crudo realismo, donde la principal certeza es un Estado que cada vez debe ayudar más a una ciudadanía que no logra emanciparse.

La campaña del 28-M se planteó en esos términos. El Gobierno evocó su faceta más asistencial con medidas como la construcción de pisos o ayudas para el Interrail en los jóvenes (PSOE), e incluso con propuestas de supermercados públicos (Podemos) creyendo que combatiría el temor al contexto inflacionista. Es difícil saber qué hubiera pasado sin tales promesas. Que Andalucía o Extremadura estén teñidas hoy de azul da pistas sobre el sentir de muchos habitantes de la España que solía estar más rezagada económicamente.

Esto no va de que los relatos sean ciertos, sino de asumir hasta qué punto calan. No casualmente, Pedro Sánchez dejó de aludir a los “vulnerables” a media legislatura para referirse a las “clases medias y trabajadoras”. Quizás llegó tarde. A este Gobierno le ha perseguido una caricatura según la cual actuaba en dos frentes: El primero, gravar de impuestos a los ricos y grandes empresas; el segundo, ayudar a revertir la situación de los más pobres mediante el Ingreso Mínimo Vital o la subida del Salario Mínimo. En medio: la nada.

Por eso, Feijóo busca ahora espolear el sentimiento de “abandono” de las clases medias. En el programa El Hormiguero anunció una reducción del IRPF para rentas por debajo de 40.000 euros. Yolanda Díaz, en cambio, promete regalar 20.000 euros a los jóvenes de 18 años. Es probable que Feijóo conecte más con la pulsión que inunda hoy a la clase media española que Díaz, a juzgar por ambas propuestas. Con todo, demasiado se obvia que los servicios públicos son la principal política de un Estado del bienestar para los trabajadores.

El caso es que el principal perjudicado de esos relatos, dentro del progresismo, es el PSOE. La izquierda 15-M que cristalizó en Podemos jamás tuvo problema en partir de una visión mucho más paternalista de las clases trabajadoras, asumiendo la precariedad como algo estructural. De la izquierda que encarna el PSOE, en cambio, siempre se esperó un componente mucho más “emancipador” para el individuo, y no tan determinista. El ala liberal de los socialistas, tan criticada en estos años, cubría esa ilusión de ascenso que ahora intenta copar el PP.

Así que Feijóo se dirige a una “España meritocrática” para el 23-J porque sabe que hay hueco discursivo. “En mi internado me enseñaron a currar”, dijo Feijóo en televisión. No solo es que la derecha actual haya recreado la idea de un presidente que viaja en Falcon y “derrocha” teniendo 22 ministerios. Es que un error de esta legislatura fue obviar que las clases trabajadoras creen en la “cultura del esfuerzo” o el “mérito”, cuando sí lo hacen, más allá de connotaciones ideológicas. Si salva La Moncloa, el progresismo debería reflexionar sobre ello.

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Es la pulsión más guerrista de este PP reino de taifas: “El que se mueva no sale en la foto”, como solía decir Alfonso Guerra. La extremeña se pliega así a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en el diario El Mundo sobre que el “momento decisivo” obligaba a “encontrarse con Vox pese a discrepar”. El gran predicamento de la madrileña revienta otro mantra común entre el progresismo: Ayuso no es un obstáculo para Alberto Núñez Feijóo. Al contrario: supone el mayor pegamento discursivo para desacomplejar a la derecha, a la hora de secar el poder territorial de la izquierda, ya sea en Baleares, Comunidad Valenciana o Extremadura.

Así que Guardiola está a poco de pasar a la posteridad por su reculada como baronesa cuasi díscola. Fue fácil criticar a un Vox negacionista de la violencia de género. Lo difícil ha sido asumir las consecuencias de ir a una repetición electoral y perder eventualmente la Junta de Extremadura. Pero la derecha no está para juegos: ninguna carrera política personalista puede descarrilar los planes de llegar a La Moncloa.

El caso es que Génova 13 venía haciendo gala de un supuesto libre albedrío de los barones, en este PP de apariencia tan federalizada. Feijóo hasta parecía una especie de víctima de los pactos regionales con la ultraderecha. Es ya dudoso. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana fue precisamente el portavoz nacional Borja Sémper quien fijó en público el veto al líder valenciano de Vox —condenado por violencia psíquica a su exmujer— que más tarde acabó aplicando Carlos Mazón para ser presidente autonómico, casualmente.

El caso Guardiola deja así dos lecturas ejemplificantes. Primero, que Vox no es una opción, sino la tabla de salvación de Feijóo, a la que se agarrarán cuantos consideren —aunque puedan priorizar a partidos regionalistas como en Cantabria o Canarias en ciertos territorios—. Segundo, que las voluntades personales contra la ultraderecha valen hoy nada en el PP porque el engranaje de poder se mueve con más fuerza que los principios morales.

La realidad es que las posibilidades de Guardiola eran limitadas tras su crítica tan sonada a Vox. Mantener sus principios suponía arriesgarse a unas elecciones donde el PSOE podría haber reeditado su poder en la Junta, poniendo fin a la carrera política de la extremeña. Mantener esos mismos principios la obligaría ahora a marcharse, después de ver su impulso inicial doblegado.

Se demuestra que ser aplaudida por los ajenos no cotiza al alza en este mapa partidista tan polarizado. La duda es si pasará factura en las urnas. Según la última encuesta de 40dB. para EL PAÍS, un 31,5% de quienes no saben si hoy votarían al PP —pese a haberlo hecho en 2019— se echaría para atrás por ponérselo tan difícil a Vox para acordar. Solo un 18,7% no votaría al PP precisamente por temor a que pacte con Vox. El primer grupo está más escorado a la derecha que el segundo, de acuerdo con el sondeo.

Y muchos se preguntan qué buscaba Guardiola con tanto giro. Quizás la traicionó la vertiente mediática de la política actual, esa adrenalina de estar en el centro del debate público. Es decir, sentirse una “una Ayuso superstar”, como creen algunos. Otros pragmáticos consideran que su objetivo era forzar que Vox se quedara fuera del Gobierno, tal que su influencia programática no la escorara, para anularlo de cara a una siguiente legislatura.

Aunque el principal beneficiado de la reculada de la líder extremeña es ya Vox. Feijóo soñaría llegar a La Moncloa sacando una mayoría amplia que, junto a algunos votos de PNV o Coalición Canaria, obligara a la ultraderecha a abstenerse para que el PP gobierne. Pero legitimar a Vox en Extremadura laminando las baronías o contrapesos moderados en el PP tiene un precio: que Santiago Abascal sea consciente de su poder negociador y se empodere, no cediendo como pretenden en Génova 13. María Guardiola, de traidora a precedente. Ayuso tendrá un papel clave también tras el 23-J.

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Es el error de esta legislatura: Pedro Sánchez tal vez creyó que la única gestión que juzgarían las urnas sería la económica. Su pesadilla desde que llegó al poder en 2018 siempre fue que España se hundiera con la pandemia o la guerra, como le ocurrió al expresidente Zapatero. Este PSOE ha bebido mucho de esos fantasmas del pasado, del viejo mantra de que no sabía enfrentar las crisis. Y eso llevó a minusvalorar quizás el impacto de dejar al arbitrio de Podemos carteras como Igualdad, o incluso, a dar por sentado que no había que hacer ninguna pedagogía respecto a los indultos del procés o sobre el apoyo de Bildu.

Así que la mayor paradoja de Sánchez hoy es que el PSOE pueda perder las elecciones, aun cuando no hay una recesión como la de 2008, porque parezca escorado en lo identitario ―al margen de otras hipótesis económicas, aquí explicadas—. La derecha ha nutrido la narrativa de que el presidente estaba radicalizado, y no casualmente. Laminar al Gobierno de los ERTE, del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones o del incremento del salario mínimo pasaba por meter miedo respecto a los socios de la coalición.

Se infiere de la última encuesta de 40dB.: un 34,5% de los electores que en 2019 apostó por el PSOE quizás no repetiría hoy “por sus pactos con Bildu y partidos independentistas”. Un 21% declara que no lo haría “por su coalición con Unidas Podemos”. Es decir, que las alianzas de los socialistas aparecen como motivo recurrente en un espectro de su electorado más centrista y centralista. El “cómo ha gobernado” solo supone un 37,2% de quienes no repetirían.

Y muchos progresistas se preguntan, ¿Qué hacer? El PP lidera buena parte de los sondeos, y el bloque de la derecha roza la mayoría en otros. Parece difícil frenar ciertas tendencias, pero la izquierda tiene al menos dos intuiciones.

La primera, que hacerse un Zapatero conmueve. Las redes sociales de simpatizantes de izquierda se deshicieron de orgullo —algo inédito, desde hacía tiempo— cuando el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero defendió en la Cadena COPE su legado sobre el fin de ETA, e incluso, cuando le entrevistaron en el Canal 24 Horas alabando los logros del Ejecutivo. Una parte de la izquierda se siente hundida porque cree inminente el Gobierno de las derechas, pero todavía reacciona ante el patrimonio de sus convicciones.

Y quizás uno de los problemas de La Moncloa es no haber hecho pedagogía en otros temas delicados, por ejemplo, Cataluña. Nadie del PSOE dice que la mayor política reciente de Estado contra el independentismo han sido los indultos. Ya casi no se ven lazos amarillos, no hay victimización de los líderes del procés, se ha esfumado el secuestro emocional del votante, y muchos independentistas no votan porque están frustrados sin referéndum: de ahí su abstención el 28-M y el desplome de ERC.

Segundo, algunos factores que hipermovilizaban a la derecha se han atenuado en estas semanas. La salida de Irene Montero amortigua parte de las críticas por la ley del solo sí es sí. El PSN se negó a apoyar a Bildu en la Alcaldía de Pamplona, pese a que pueda perder el Gobierno de Navarra. Sumar no es un antagonista tan potente para el PP o Vox como lo era Podemos. El independentismo no presenta ya ninguna confrontación realista contra el Estado.

Así que estas elecciones irán de algo más que de las cosas del comer. El error de la izquierda fue creer que los discursos de Isabel Díaz Ayuso o de Vox venían de los márgenes, y no irradiaban hacia el centro. La realidad es que el “que te vote Txapote” y el “Gobierno y socios ilegítimos” ha sido la mecha de la furia contra Pedro Sánchez. El empuje del antisanchismo demuestra que los huecos identitarios que no se llenan, se ocupan, y que en política no puede hablar solo a los propios. La palabra “España” aparece en un lema reciente del PSOE. De eso irá también este 23-J.

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Casualmente, aparecen burbujas en las redes estos días discutiendo que, si no está Irene Montero, quizás no saben a quién votar. La cámara de eco que es Twitter a veces sirve para presionar el debate público —de forma interesada o espontánea—. También para amplificar climas de opinión, de manera que parezca que, si Yolanda Díaz no sacase mejores resultados en las generales, será por haber apeado a la ministra de Igualdad, no porque el espacio morado esté en su peor momento, algo que sí se certificó en las municipales y autonómicas.

El caso es que nadie decente puede alegrarse del abyecto acoso sufrido por Montero como mujer y como madre, como tampoco el sufrido por su familia. Si bien, apelar al argumento emocional impide valorar la idoneidad de la candidata para el conjunto del progresismo. Creer que la calle compartía ampliamente ese mantra de Podemos según el cual la culpa de las rebajas de penas a agresores sexuales es de los jueces, y no de la ley del sólo sí es sí, es como creer que los partidos tienen una cantera de fans, y no votantes que valoran criterios racionales, por mucho que estén a la izquierda del PSOE.

Primero, porque si Podemos se ha coaligado con Sumar, será que Ione Belarra piensa que le conviene más eso que ir en solitario garantizando el puesto a Montero. A la mayoría de edad en política se llega cuando uno asume sus decisiones, no cuando culpa al resto en una especie de populismo que evade responsabilidades. Aceptar ir con Díaz implicaba que igual no llegara a renegociarse la inclusión de la ministra de aquí al cierre de las listas.

Segundo, Montero no es el feminismo en sí mismo, ni excluirla supone “disciplinar al movimiento” como dicen algunas voces podemistas. En defensa del feminismo, precisamente, había que recriminar la gestión de la citada ley. Fue producto de todo el Gobierno, sí, pero el PSOE recogió al menos su parte de culpa reformándola, a diferencia del partido morado, que se deshizo en acusaciones de derechización contra el ala socialista. Una causa noble no gana adeptos cuando se patrimonializa acríticamente, sino que los expulsa.

Podemos puede creer que “lo personal es político” y los bochornosos ataques a Montero justificaban su inclusión en las listas. Pero su visión es una forma de privatizar la democracia, donde los agravios personales están por encima de los efectos de la política en la vida de la gente. El deber de la democracia es la fiscalización, no blindar a una élite. Podemos llegó a la política repudiando todo personalismo: se hace complicado pensar que haya tantos ciudadanos movilizados por salvar la carrera política de nadie, por mucho que esos insultos jamás debieran haberse producido.

La cuestión es que Díaz ha saldado este debate sin más explicación. Le parecerá que responder es dar más munición a las críticas. La vicepresidenta segunda se enfrenta a la hora de la verdad: una cosa es creer que la política es negociación, y otra, que sea posible reconocer su proyecto evitando cualquier conflicto. No basta con presentar fichajes que simbolicen causas: la líder de Sumar debe potenciar su vertiente más política, intensificando propuestas y la explicación del programa.

Así que Díaz tendrá que seguir ensayando la mano de hierro para el grupo parlamentario que se le viene encima. Expulsar a Montero cortocircuita también la posibilidad de liderazgos alternativos, pero aunar a tantas sensibilidades distintas siempre presenta escollos.

Aunque quién sabe, quizás algún sector haya llegado a la conclusión de que, si no bendicen a Díaz, pueden suponerle un agravio. La noche del 23-J se buscarán culpables, pero en todos los frentes, en caso de que la izquierda no revalide en La Moncloa. Cualquier coartada tendrá las patas muy cortas en esta democracia de redes que nos hemos dado entre todos, máxime si alguno aparece beneficiado de que gobierne en España la derecha.

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Y es que no es casual que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo hayan planteado la campaña en términos bipartidistas. El líder del Partido Popular apela a una mayoría amplia por la incomodidad que le producen sus pactos con Vox. El presidente del Gobierno llama a unir el voto en el PSOE, ante una izquierda alternativa habituada a la gresca. El mensaje es claro: ambos buscan sacar tajada de sus competidores, bajo la amenaza de que está en juego el poder de La Moncloa.

En realidad, la pulsión bipartidista no es la causa, sino la consecuencia del fin del ciclo que abrió el 15-M. Certifica una verdad incómoda: los nuevos partidos no simbolizan ya que el sistema vaya a ser mejor o distinto, como se creyó en 2015. Su único cometido hoy es que el bipartidismo gobierne, fiscalizándolo lo más mínimo, actuando de aderezo ideológico cuando a PP y PSOE no les queda más remedio que ceder —incómodamente— para que luzcan algún mérito. Su fracaso quedó certificado este 28-M, con la defunción de Ciudadanos y la debacle de Podemos.

Así que la política española se arroja a una nueva pantalla este 23-J. El orden busca imponerse al caos porque, en este ciclo, la gestión importa más que la impugnación al sistema, dejando atrás el auge de los discursos adanistas o revolucionarios del último periodo. El bipartidismo ve ahí su oportunidad. Si populares y socialistas han perdido el miedo a sus extremos es porque la competición va ahora de confrontar modelos de gobierno, no de parecerse a ellos.

Primero, la estrategia bipartidista de Sánchez señala a sus socios como un problema. Aritméticamente, quienes más se hundieron este 28-M fueron el ala morada y ERC. Moralmente, que el PSOE se presente solo ahora ante la opinión pública, pidiéndole hasta seis cara a cara a Feijóo, supone una enmienda a la coalición: Ferraz se zafa de ciertos lastres que ha supuesto gobernar con Podemos —ahí están los efectos de la ley de solo sí es sí—. Los socialistas hasta se distancian de Bildu en Pamplona, huyendo de los riesgos de la anterior campaña.

El caso es que el presidente tampoco lo fía todo ya al tique, o efecto Yolanda Díaz. Se dice que el problema de ese espacio es la unidad, y que reflotará gracias a una figura más amable que Pablo Iglesias. Nadie cuestiona si Sumar no va más allá de ser un artefacto para aglutinar la amalgama de partidos federalistas —Más Madrid, Compromís, En Comú…— y maximizar la obtención de escaños. En verdad, gobernar con el PSOE ha dejado un socavón ideológico en la izquierda alternativa —Podemos se hundió en las municipales y autonómicas— al no suponer ya ninguna fuerza de impugnación real ni al sistema económico, ni a la Monarquía, ni en lo territorial.

Segundo, la estrategia de Feijóo va de fingir que no necesitará a Vox. Apoyarse en el Partido Regionalista de Cantabria o Coalición Canaria en las autonomías es útil al PP para evocar esa imagen. La realidad es que los populares se avergüenzan de la ultraderecha, hasta el punto de retrasar acuerdos autonómicos y municipales a después del 23-J. Su mayor pesadilla es replicar el histrionismo de Castilla y León en campaña, porque alejaría el foco del ‘antisanchismo’.

El hecho es que el PP no se desprenderá tan fácil de Vox para llegar a La Moncloa. Que el PNV diga que se siente un “clínex” con Sánchez solo alimenta la utopía de un Feijóo que quiere hacer de la España regional su refugio si logra la mayoría tras el 23-J. Pero en Génova 13 saben que la ultraderecha no es un partido más, aunque la usen de muleta. Supone un giro reaccionario destinado a anular muchos avances conquistados hasta la fecha. Por eso, no salió de las plazas de los indignados: no buscaba el cambio político, sino anclar España a su nostalgia de la Transición.

Aunque la mayor evidencia del fin del ciclo posterior al 15-M es el poder de la movilización para los comicios que vienen. En tiempos del bipartidismo, los votantes se abstenían si su Gobierno les disgustaba, o se activaban para echar al adversario. Con el multipartidismo eso cambió: la frustración se expresaba votando a nuevos partidos, que condicionaban a su vez el tablero político. Ahora ha dejado de ser así: la derecha en bloque está hipermovilizada por su miedo a este Gobierno; mientras que la izquierda protestó este 28-M silenciosa ante la desazón inflacionista, al no tener otra opción dentro de la lógica de bloques cerrados.

Nada es más bipartidista que plantear la campaña como una lucha cara a cara por el poder. Como en la vieja alternancia, la gobernabilidad se vuelve ya preferible a la autocrítica, que quedará sepultada bajo la idea que lo de enfrente es peor. Pero puede salir mal a los grandes partidos. Si la implosión del sistema enseñó algo hace 12 años es la imprevisibilidad.

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Era el clima de opinión entre muchos votantes hasta el domingo: Lo más llamativo obtenido por ERC habían sido los indultos, junto a las reformas de la malversación y la sedición. Es decir, la salvación de su clase política. Sánchez lograba así borrar el imaginario del lazo amarillo y dejar al independentismo noqueado, sin poder blandir más sentimiento de agravio. En cambio, Esquerra no había conseguido ningún acuerdo que someter a votación, ya no un referéndum de ruptura —algo imposible—; tampoco un nuevo Estatut o parecido.

Así que las elecciones municipales lanzaron un recordatorio a la vía del posibilismo: el votante independentista sigue existiendo, aunque haya asumido que la situación ya no es como en 2017. En la pantalla del posprocés, el nihilismo, la pasividad, son la tónica imperante por las expectativas frustradas. Pero si la abstención creció este 28-M, más en el lado del independentismo, debe entenderse ya como síntoma de protesta.

Los resultados electorales abren interrogantes para ERC sobre su giro moderado. No es casual que hayan salido varias voces republicanas contrarias a un tripartit con PSC y En Comú para la Alcaldía de Barcelona. La percepción de que alejarse de Junts pasa factura vuelve como un fantasma. El único beneficiado de la desazón independentista es el PSC, mientras que Esquerra no parece salir airosa de haber roto el monopolio de los partidos del procés.

Quizás se subestimaron las últimas elecciones autonómicas en Cataluña: Aunque Aragonès ganó, la suma de Junts y CUP fue superior. Es decir, que el independentismo menos dialogante sigue siendo fuerte —y el que menos cayó este 28-M respecto a 2019—. El problema es que las propuestas de junteros y cuperos continúan siendo irrealizables en el marco de la ley —que sus dirigentes no piensan ya vulnerar, por miedo a más penas de prisión—. Y si Junts resistió este domingo fue gracias a su potente base de alcaldes, no a su cúpula.

Aunque el independentismo no podrá reflexionar sobre la desafección que deja el posprocés, ahora que la nueva pantalla es el miedo a que gobiernen PP y Vox. La crisis de representación latente quedará sepultada ante la nueva lógica de la resistencia que plantea ya Pere Aragonès: todo el independentismo conjurado contra la ultraderecha. Si bien existe un clima de opinión escéptico, entre algunos votantes, sobre que pedir unidad es la enésima huida de sus líderes para ahorrarse la fiscalización por el fracaso del 1-O o la mesa de diálogo.

El caso es que una caída del PSOE sería el mayor problema para Esquerra a corto plazo. La estrategia pactista, bilateral, solo tiene sentido si había alguien delante con quien dialogar. Sería difícil creer que eso se lo pueda ofrecer un Alberto Núñez Feijóo de la mano de Vox en La Moncloa. Una eventual derrota de Sánchez supondría darle oxígeno al relato de Junts y CUP sobre que “nada hay que negociar con el Estado”.

A la sazón, el repliegue de ERC también podría estar entre los motivos por los que Sánchez ha adelantado los comicios. El presidente no se podía arriesgar a que su socio Aragonès acusara un desgaste mayor en unos meses: había que aprovechar de inmediato el tirón del PSC en Cataluña. Es pronto para aventurar si el retroceso de la moderada Esquerra es extrapolable a unos comicios autonómicos o nacionales, pero el riesgo existe.

Así que el 23 de julio también está en juego la paz territorial. Cataluña no es hoy como en 2018, gracias al efecto apaciguador de los indultos; tampoco se parece a la Cataluña del 9-N o del 1-O, porque no hay un Gobierno como el de Mariano Rajoy al frente. Nada le vendría mejor al discurso de la ruptura que una derecha que reparte cera cada semana, o una izquierda que no pueda cerrar definitivamente el conflicto. ERC será otra víctima de Pedro Sánchez, si este no revalida.

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Y es que el presidente no piensa esperar hasta diciembre, tal que el voto de la derecha se asiente y el clima de opinión sobre un cambio de ciclo conservador cale. Sería demasiado arriesgado. Por eso, Sánchez necesita correr a las urnas para darle a la izquierda un último revulsivo que la saque del desencanto de este 28-M. Solo el miedo a un PP y Vox pujantes, asentados ya en varios gobiernos autonómicos, puede ya sacar del shock al votante progresista, movilizándolo en una batalla decisiva por mantener La Moncloa.

Primero, Sánchez logra apremiar a Podemos y a Yolanda Díaz para que se pongan de acuerdo, sin más peleas estériles. Nadie está para exigir nada. Podemos desaparece de parlamentos clave como Comunidad Valenciana o Madrid, mientras que Ada Colau, Más Madrid o Compromís —marcas amigas de Sumar— caen o se estancan en sus respectivos feudos. El efecto Díaz es cuestionable. Si la izquierda a la izquierda del PSOE no va junta, más votos se perderán en el desastre.

El caso es que la desilusión post 15-M está en el ambiente, con lectura en clave bipartidista. No sería de extrañar que en su plebiscito de verano Sánchez aspire a que muchos ciudadanos regresen al PSOE, cual voto útil, desencantados con el partido morado y semblantes. La forma actual de hacer política en Podemos, señalamientos y dosis de sectarismo, desvanecen aquel entusiasmo de las plazas de 2011. El vuelco de la derecha es lo más parecido a la España anterior a 2015, el año del cambio.

Segundo, Sánchez necesita atajar de raíz una caída mayor de ERC en Cataluña. Los indultos del Gobierno han pacificado a los líderes del independentismo, pero de la “mesa de diálogo” no saldrá un referéndum de autodeterminación. La frustración del fracaso del procés de 2017 se hace notar en la calle, castigando al partido de Oriol Junqueras. El presidente necesita aprovechar el tirón del PSC en las municipales, de inmediato.

Tercero, Sánchez ataja cualquier contestación interna en Ferraz sobre su candidatura como presidente. No sería de extrañar que muchos barones empezaran a señalar a esa amalgama de podemitas y “plurinacionales”, que no le permitieron fraguar en 2016, como un lastre. Existe la percepción de que si el tándem Feijóo-Vox es fuerte en muchos lugares de España es también por reacción a esa otra España.

El Sánchez de la moción de censura de 2018 se la vuelve a jugar a PSOE o barbarie. La diferencia es que esta vez podría ser la última, y eso, en La Moncloa, seguro que lo saben.

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Y es que hay al menos tres autonomías que el PP sueña con recuperar este domingo —Islas Baleares, Canarias y Aragón— donde la batalla se intuye ajustada, y el papel de ciertos partidos regionalistas podría ser clave para decantar la balanza a izquierda o derecha. El hecho es que tanto el PI (Proposta per les Illes), como Coalición Canaria o Aragón Existe no descartarían entenderse con los populares, si sumaran en solitario. El problema es que ya han avisado de que no quieren pactar con Vox, en caso de que mediara en la ecuación. El PSOE se frota las manos.

Es la paradoja del barón Feijóo. El líder de las cuatro mayorías absolutas en Galicia, el presidente ruralista al que la ultraderecha llegó a tachar de “nacionalista” —gallego— se podría ver ahora salpicado también por el ostracismo moral de Vox en la España de las regiones. El problema de la derecha actual no va solo del independentismo en Cataluña o Euskadi. Hay una España modélica, que no tiene ansias de ruptura ni de autodeterminación, que tampoco quiere saber nada de quienes impugnan su autonomía o traen crispación.

Lo aprecié invitada al debate de la televisión pública canaria esta semana, donde Vox no tenía atril porque no cuenta con representación autonómica. Algún periodista del lugar me habló de la incomodidad en Coalición Canaria ante la hipótesis de recibir sus votos para gobernar; antes preferirían a otros partidos insulares, como la Agrupación Socialista Gomera —ahora socia del PSOE—.

Lo palpé dando una conferencia en Mallorca hace un mes, donde jóvenes simpatizantes del PI me reconocieron su rechazo al partido de Santiago Abascal. Ante la duda, su tendencia sería a apoyar al PSIB, con quien ya mantienen pactos municipales. Algo parecido le ocurre a Aragón Existe, si tuviera que elegir entre apoyar al PP con Vox mediante, o a Javier Lambán.

Ahora bien, la izquierda no debería cantar victoria. La sed de poder, de visibilidad, o de pactos por parte del regionalismo podría arrojar piruetas poselectorales, pese a la repulsa que les produce cualquier cercanía con la ultraderecha. El PP bien podría intentar acordar con todos por separado, o buscar el favor de otras fuerzas regionales del arco parlamentario, orillando a Vox.

Aunque los partidos regionales han demostrado ya una lúcida intuición: ¿qué aporta Vox en la España territorial? Existe incluso la percepción de que está desconectado del día a día municipal, o de que sus tribunas solo están para seguir alimentando la confrontación a escala nacional. Véanse los discursos de su vicepresidente en Castilla y León, Juan García-Gallardo, tan frecuentes en los telediarios estatales.

La propia ultraderecha sabe que su presencia aísla al PP. Ya en las elecciones castellanoleonesas de 2022 se pensaba que Alfonso Fernández Mañueco podría necesitar de plataformas como Soria Ya o Por Ávila para gobernar. No se dio el caso, pero fue curioso ver el equilibrismo de Vox para compatibilizar su nacionalismo español frente a esas otras reivindicaciones o identidades. Reconoció el sentimiento de abandono de la España vaciada, eso sí, culpando al independentismo catalán o al “centralismo autonómico”.

Jamás se percibió en la política española un clima de tanta incompatibilidad hacia una formación como ocurre hoy con Vox —prueba es su soledad en las mociones de censura en el Congreso—. Si algo es compartido en España son identidades regionales, y el amor por los rasgos propios culturales, las lenguas, la capacidad de autogobernarse; en definitiva: las diferencias territoriales de las que el propio PP en sus mejores tiempos hizo gala.

Tal vez Feijóo cree que puede elaborar una mayoría alternativa con apoyo de partidos regionalistas para llegar a La Moncloa, sin necesidad de meter a Vox en el Ejecutivo —por ejemplo, con el PNV—. La realidad es que cada vez cabe menos duda del malestar territorial que muchos auguran que traerá la ultraderecha si llega a gobernar este país. Hay una España que no quiere cizaña y oh, sorpresa, no está solo en los partidos regionales. Es mayoritaria.

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Se vio en Twitter, cuando algunas voces progresistas reprocharon eso de financiar el cine a pensionistas que cobren, por ejemplo, más de 2.000 euros. Busqué los datos: la medida supondrá solo 10 millones de euros a las arcas Estado. Es decir, una cantidad irrisoria comparada con los 13.600 millones de euros que cuesta de más subir las pensiones este año conforme al IPC. En cambio, esas mismas voces no criticaron en su momento la revalorización para las jubilaciones más altas. Será que el electoralismo no está tan bien visto como ayudar a retener poder adquisitivo ante las crisis entre nuestros pensionistas, más o menos necesitados.

Si bien, el malestar con una propuesta tan nimia económicamente avisa ya de un caldo de cultivo previo, subterráneo en España. Desde que la precariedad entró por la puerta, la gente es más sensible sobre cómo se gasta el dinero nuestro Estado. Reclamos para atraer el voto de los pensionistas hubo siempre; hasta Esperanza Aguirre aplicó una reducción del cine a un euro ya cuando gobernaba. Pero hay síntomas de que el debate rentista —sobre si dar ayudas solo por criterio económico— está cada vez más latente en nuestras sociedades, y la brecha generacional no se libra.

Por eso, sería hasta legítimo que esos mayores de 65 años le respondieran a sus nietos: ¿A los jóvenes hay que quitarles el bono cultural, si los padres tienen pasta? ¿Hay que establecer la bonificación del Interrail solo por criterios de ingresos? El creciente apoyo al discurso de la justicia social exigirá pronto revisar muchas medidas, aunque a nadie le guste ser el colectivo afectado, o las administraciones no tengan capacidad técnica para cruzar tantos datos —o en eso se excusan algunos políticos.

El caso es que la pulsión rentista va más allá de la edad, e impregna ya toda la política española desde que el Estado asistencial no ha dejado de ganar espacio en cuestiones vitales. Se vio con la enorme polémica por el bono social eléctrico para familias numerosas. Hasta que se descubrió que la propia Mónica García lo recibía —pese a ser de izquierdas— amagaba con ser el ariete contra algún consejero de Ayuso. En ambos casos es reprochable por estar bien pagados, pero no tan raro: se tendía a creer que dar ayudas es una forma de premiar la natalidad, pero raramente uno elige tener hijos por ese motivo.

Aunque a las puertas de unas elecciones uno no está para abrir sesudos debates, sino para atraer votos. Si el PSOE va a por los pensionistas al choque directo con el Partido Popular, Podemos se lanzó a por otras franjas. Propone ya extender el cine a “personas desempleadas y sus familias, los hogares que reciben el ingreso mínimo vital, las personas con discapacidad y los y las jóvenes entre 15 y 29 años”. Si jubilado viene de júbilo, de tiempo de alegría o descanso, algunos tuiteros se quejaban de que las necesidades de esos ciudadanos vulnerables no sean equiparables. La verdad, todo el mundo tiene derecho a distraerse un rato: viendo películas, y escuchando promesas electorales.

Y al final uno se pregunta para qué toda esta disputa. Dice La Moncloa que con su medida se beneficiarán 9′5 millones de personas mayores de 65 años. Será cierto que el Gobierno quiere combatir el sedentarismo de nuestros mayores. Si quieren pillar butaca, parece que sus beneficiarios tendrán que salir corriendo. A unos ocho euros la entrada —me cuenta un economista— no parece que la medida vaya a dar ni para una película por persona.

Made in España. Nada es más tradicional, ni más folclórico que marcarse un tanto de esas características: dar una subvención encubierta al sector audiovisual y acabar lanzando un guiño a un colectivo tan importante en las urnas como los jubilados. Año electoral, ya saben. Pero el debate de fondo amaga con seguir abierto por muchos años.

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Basta la radiografía de los trabajadores para apreciar su estancamiento. Según el INE, entre 2008 y 2020 los salarios aumentaron un 14,99%, mientras que el IPC lo hizo un 13%; es decir, una subida mínima en términos reales. Comparado con Europa nuestros sueldos incluso crecieron menos. No puede justificarse en la pandemia o la guerra de Ucrania, porque el cómputo fue previo; es más, la situación empeoró luego en España, con una de las mayores pérdidas de poder adquisitivo de los países de la Zona Euro en 2022.

Es la paradoja: si nuestro sistema político reventó a lomos de la indignación, porque una generación creyó que viviría peor que sus padres, no sólo vive ya peor, sino que ha anestesiado su declive bajo la ilusión del cambio político. La política dio la apariencia de una intensa actividad entre 2015 y 2020, sumergida en luchas de poder o discursos identitarios. La realidad es que las repeticiones electorales y el lío constante impidieron hacer reformas económicas de calado, cuando las crisis aún no habían llegado. Hay quien sólo cree que está mejor porque hubo un 15-M.

Así enfrentamos este año electoral decisivo, donde el debate partidista no pivota ya sobre cómo recuperar a la clase media, sino sobre parches para ir capeando el temporal inflacionista. La sombra del electoralismo enturbia muchas de las medidas. Jamás los discursos estuvieron más polarizados ideológicamente, yendo menos al fondo del problema y poniendo en duda un horizonte de mejoría clara a futuro.

Primero, la izquierda corteja la idea de un Estado todopoderoso, que actúa como muleta de la precariedad ciudadana, ante todo anhelo que no cubran los bajos sueldos. Es el supermercado público de Podemos o la herencia universal que estudia Yolanda Díaz; son los anuncios de Pedro Sánchez sobre financiar el Interrail a los jóvenes o los avales públicos a la vivienda –oferta deslizada también por Alberto Núñez Feijóo. Es la evocación de un Estado asistencial que gestiona o lima la pobreza como puede, y que rescata al individuo ante la inflación dándole cobijo, pero tampoco tiene un plan para hacerle menos dependiente.

El caso es que un trabajador era clase media porque tenía las riendas de su vida, autonomía para realizar proyectos vitales con su sueldo. Es una aspiración que no tienen hoy los jóvenes asistidos por su familia para emanciparse en la treintena, drama que era previo a 2019. Entre 2013 y 2021 cayó la desigualdad, pero un 26% en riesgo de pobreza sigue siendo una cifra elevada. Si la construcción del parque público necesitará años para consolidarse, otras políticas como el Ingreso Mínimo Vital tampoco han llegado a todos sus destinatarios.

Segundo, el negacionismo de cierta derecha tampoco aporta soluciones. Su estrategia va de instaurar una especie de nuevo sentido común, donde los problemas económicos no existen y hablar de ellos implica avivar el odio colectivo: Isabel Díaz Ayuso considera que la justicia social sólo promueve la “envidia”. La negación de las desigualdades solo favorece a los pudientes, y cuando esa derecha alude al crecimiento es a costa de bajar impuestos de forma regresiva, diezmando los servicios públicos de la mayoría.

El hecho es que la pulsión liberal cala entre muchos ciudadanos porque les devuelve la ilusión de ser dueños de su destino, de que todo es posible, de volver a ser aquella clase media que se mantenía sobre su esfuerzo. El ciudadano precario siempre se sentirá más aliviado que el de la cola del hambre. El camarero siente la misma dignidad que el directivo del Ibex 35, al ganarse su pan por cuenta propia, pese a su pequeño salario. El problema es la falacia meritocrática de creer que sólo con su ahínco personal podrán revertir el contexto económico.

Y nos plantamos en el Primero de mayo, donde algunos se preguntaban por qué hay paz social en España, con la década perdida para la recuperación de la clase media. Quizás porque se ha normalizado el marco mental de la subsistencia, y la calle se siente afortunada por ciertas subidas salariales en el sector privado, o las revalorizaciones en lo público para no empobrecerse más todavía. Eso hace improbable otro 15-M en el medio plazo: uno solo se revuelve cuando tiene sensación de injusticia flagrante, no cuando ha normalizado la precariedad en la que vive.

Aunque urge preguntarse qué ocurrirá cuando la inflación amaine: Qué medidas tiene la política para volver al bienestar de hace unas décadas. El sistema ya ha cambiado una vez, y lo siguiente no será un estallido como en 2011, sino directamente el nihilismo, la abstención o el descuelgue. Hay algo peor que la muerte de la clase media: que la generación que llenó las plazas, o sus hijos, caigan en la más absoluta desesperanza.

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Así que son llamativos esos relatos nostálgicos que nos hablan de la ruptura actual de los lazos con la familia, de la supuesta decadencia moral de nuestros chavales, dicen, tan desapegados o livianos. La realidad es que la emancipación juvenil por cuenta propia se ha vuelto casi un acto antisistema en un país donde la precariedad ha ido normalizando la idea de la dependencia económica del individuo frente a sus padres, abuelos, pareja o amigos. Buena parte de los jóvenes españoles vive hoy en una especie de falsa autonomía, asistida por su entorno más cercano.

Es el drama generacional que quizás sufrirán muchos mileniales o centeniales en algún momento de sus vidas. Los bajos salarios y las viviendas prohibitivas obligan a compartir gastos entre varios inquilinos. La tasa de emancipación juvenil está desplomada en España al 15′8%, la mitad que la media europea. La compra de pisos por debajo de 29 años ha caído desde 2016 en unos 16 puntos, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2022. El drama del alquiler quedó retratado en el debate sobre la Ley de Vivienda.

Y ello abre una reflexión sobre cómo están evolucionando nuestras relaciones personales. El mayor consejo de mi padre fue que me labrara un futuro para poder ser independiente y elegir siempre a las personas que me rodean. El paradigma de la persona joven viviendo sola tampoco es que fuera el más frecuente en su época. Muchos de los nacidos en los años sesenta salieron de casa al encontrar pareja, y sus padres —nuestros abuelos— no solían divorciarse, pese a la ruptura del matrimonio. La soltería con piso propio sería algo que a él le sonaría a modernidad, en todo caso.

Sin embargo, la realidad de algunos jóvenes actuales puede incluso encontrar semblanzas con el pasado. Como antaño, echarse novio es ya una de las pocas opciones para salir de casa jovencito y alcanzar la propia independencia. Es más: si antiguamente se aguantaba al marido porque no quedaba otra —por costumbre, o por necesidad económica— tal vez muchas parejas sigan hoy juntas porque no les queda más alternativa, aunque mantengan buen trato entre ellos. Lo que antes venía dado por la tradición, o el conservadurismo, hoy es imposibilitado por el empobrecimiento.

En otros casos, algunos muchachos viven con compañeros que ellos tampoco eligieron, pero han acabado haciendo las veces de familia en su día a día.

El caso es que la política ha integrado sin rubor la noción de que el círculo personal debe paliar las carencias de nuestra economía. Toda una ministra de España, María Jesús Montero, afirmó no hace mucho que los pensionistas “no querían las pensiones para ellos”, sino para echar una mano a su familia. Ni a esos jubilados les permitimos ya emanciparse, pese a que muchos ayuden a sus hijos desde el cariño. Por ejemplo, dándoles la entrada para un piso, otra de las opciones para alcanzar la autonomía siendo joven. Si la izquierda cree en la liberación del individuo, el problema es grave.

Y es que el amigo que vive bajo su propio techo a los 30, gracias a su propio salario, sin ayuda de nadie, sin haber pasado tiempo en casa de los padres para poder ahorrar, es casi un unicornio. A partir de ahí, a muchos se les abre la veda del autodescubrimiento: unos, convierten su casa en un picadero, y otros echan largas horas reflexionando sobre la fortaleza mental que hay que tener para vivir solo. No tienen a nadie que les ayude con las muchas tareas, o que les abrace al llegar a casa. Pero saben que incluso la soledad de su propio hogar simboliza ya un privilegio del que pocos gozan. Si hay ausencias que representan un triunfo, el techo propio estando soltero se ha vuelto —paradójicamente— una de esas.

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El actual conflicto entre Andalucía y el Gobierno central revienta el monopolio de la confrontación que Ayuso ostentaba contra Pedro Sánchez. Era suyo desde los tiempos de Pablo Casado, por la debilidad del exlíder del Partido Popular, y se mantenía en la actualidad con Alberto Núñez Feijóo, que encuentra en ella uno de sus mayores activos electorales, no solo para frenar a Vox. “O Sánchez o España” es un lema de Ayuso para el 28-M, como si fuera la líder de la oposición.

Sin embargo, Doñana ha relegado a Ayuso a la categoría de otra líder regional más: lo que siempre ha sido, y hasta la fecha, es. Basta que la presenta madrileña desaparezca cinco minutos de los telediarios para que la magnitud de su poder coja tintes más humildes. Basta que Sánchez ponga su atención en otra comunidad para que Ayuso vea resentida su principal baza electoral: espolear la polarización contra La Moncloa para cerrar filas entre sus votantes, y esquivar cualquier fiscalización por su gestión en Madrid.

Supone casi una metáfora que la líder capitalina se funda ahora bajo un acuífero al sur: el Madrid de la libertad de los bares, diluido políticamente ante la sed del campo andaluz. Y ello lanza un mensaje en clave nacional: en ningún lugar está escrito que la visibilidad de Ayuso deba ser superior al del resto de autonomías. Hay una España que se identifica más con el día a día de los agricultores de Huelva que con las empresas del Ibex-35. La baronesa se empequeñece cuando el foco se pone en los problemas de fuera de su región.

El andaluz Juan Manuel Moreno ya era anteriormente un presidente molesto para la estela de Ayuso. De un lado, fue capaz de noquear a Vox y a la izquierda con unas formas políticas más sosegadas que las suyas, hasta lograr la mayoría absoluta en la comunidad más poblada de España. Del otro, Moreno Bonilla rompe la hegemonía de Ayuso dentro del PP nacional, actuando como aliado potencial para Feijóo. Sigue viva la sospecha sobre cuánto tardará Ayuso en afilar la guadaña si Génova 13 no se traslada a La Moncloa en diciembre.

El caso es que el PP de Feijóo se movía cómodo en los equilibrios de ese triunvirato de poder Galicia-Madrid-Andalucía. Es la noción de un PP reino de taifas, donde cada barón desarrolla la estrategia que más le conviene según la idiosincrasia del lugar. Ello explica que sea posible combinar en una misma formación diferencias abismales, que van desde la cercanía de la lideresa madrileña con el discurso de Vox, hasta la pretendida moderación del presidente andaluz. Feijóo esperaba llegar al Gobierno en volandas de esa estructura federalizada del poder, al estilo de Mariano Rajoy en 2011.

Doñana cuestiona ya la estrategia del PP nacional: si el protagonismo de Ayuso se esfuma, y Moreno Monilla acusa los problemas del campo andaluz, lo que sublima es un vacío de poder. Los síntomas de debilidad de Génova 13 se acentúan cuando los barones populares flaquean, porque ni el líder gallego ahora, ni Pablo Casado en su momento, han logrado imprimir una impronta propia. La prueba es que ni siquiera la intervención de Feijóo en el Senado esta semana sirvió para visibilizar quién es la cabeza de oposición.

En consecuencia, Sánchez ha encontrado en esa España que no vive dentro de la M-30 el principal talón de Aquiles del PP. La diversidad de sentimientos y realidades de nuestro país es la mayor contestación frente a una derecha que pivota demasiado sobre las pulsiones centralistas de la capital. Con 17 comunidades y 47 millones de habitantes, bastaba con levantar la mirada de la Puerta del Sol para entender que Madrid será “España dentro de España”, pero siempre hay muchas otras Españas posibles, y todavía muy decisivas en este año electoral.

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Y es que el temor a ser ignorado por la política rinde cuenta del momento político actual. En una economía donde muchos ciudadanos llegan con apuros a final de mes, la sed de que “alguien haga algo”, de que los poderes públicos intervengan, cotiza al alza. Su punto álgido se produjo ante la excepcionalidad de la pandemia y redobló con la crisis de inflación abriendo el grifo del gasto ante las necesidades del contexto. Culmina ahora que el Gobierno ha abierto la mano para limitar precios de los alquileres, como símbolo de un Estado cada vez más presente.

Si bien, la sed intervencionista corre el riesgo de volverse una especie de nuevo “opio del pueblo” si acaba provocando efectos indeseados. La ley de vivienda necesitará tiempo para ser valorada —también en sus aspectos positivos—, aunque algunos expertos como J. García Montalvo han advertido del riesgo de que el control acabe expulsando oferta y subiendo los precios. La izquierda debería saber que la frustración puede volverse la emoción más cercana al abandono, si el compromiso de seguir construyendo más parque público no se mantiene firme en el tiempo.

Aunque ni el propio Partido Popular puede sustraerse ya de la ola expansiva que llama a implicarse en ciertos mercados. Nadie quiere aparecer como el culpable de abandonar a las familias a su suerte: hasta Alberto Núñez Feijóo propone avales públicos a los jóvenes compradores de viviendas. La ley estatal también supone un desafío a los barones del PP si, más allá de cuestionar la norma, tampoco dan salida a un problema transversal como alquilar un techo asequible.

El caso es que la noción de abandono es uno de los arietes más sutiles de la derecha liberal contra Pedro Sánchez. Es la estrategia de echar a pelear al penúltimo contra el último de la sociedad. Acusando a la izquierda de legislar para “ganar votos” entre las rentas humildes, Isabel Díaz Ayuso venía espoleando una sensación de agravio frente a esos trabajadores que no están al nivel del ingreso mínimo vital o el salario mínimo, pero siguen teniendo sueldos muy bajos.

Parte de esa crítica debe ser recogida por la izquierda. La percepción de estancamiento entre la clase media —que por grueso existe, aunque esté empobrecida— es una constante desde hace años, y de ello solo se sale apostando por la transformación económica y el crecimiento de la productividad. Se percibe una relación entre los bajos salarios y esa demanda creciente de un Estado cada vez más protector o asistencial.

Sin embargo, hay parte de falacia en la idea del liberal abandono. Los servicios públicos siguen siendo de facto la principal política que el Estado destina para aliviar los bolsillos ciudadanos. Desde la sanidad, pasando por el colegio o la universidad hasta transporte, un contribuyente común goza de esas prestaciones gracias a un Estado de bienestar que se nutre de impuestos. No es de extrañar que quienes menos creen en lo público obvien ese detalle de sus discursos.

Y quizás uno de los ejemplos más paradigmáticos del sentimiento de abandono irrumpe con la sequía. La política apoyada por el PP y Vox en Andalucía para ampliar terrenos de regadío busca presentarse ante los agricultores de Huelva como salvadores de su pesar económico. El hecho es que la Junta se ha lavado las manos al obviar que la autorización del acceso al agua depende del Gobierno: el malestar pasa de administración, con apariencia de culpa.

¿Quién abandona a la clase media? Las comunidades autónomas siguen siendo el principal eje de las políticas sociales en España, cubriendo desde la salud hasta la educación y ahora también con el reto de la vivienda. Los ciudadanos darán una primera opinión este 28-M en las urnas, en medio de un clima de recelo ante el crecimiento del coste de la vida. Pero a la larga, los problemas estructurales de nuestra economía volverán a llamar a la puerta. Peor que sentirse abandonado sería acabar desconectando de la esperanza en la política.

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Y es que Podemos sigue aferrado a la idea del 15-M como inicio de un período destituyente en España. Los morados se articularon como fuerza de oposición a varios de los cimientos del pacto constitucional de la Transición —entre ellos, la Monarquía— acusando al PSOE de connivencia con las élites y blandiendo una idea de plurinacionalidad paralela al desafío del independentismo catalán. Entre 2011 y 2017 nuestra democracia fue sacudida tras los ecos de un profundo malestar.

Si bien sería falaz creer que aquel momentum sigue en carne viva, tal y como lo estuvo entonces, o que sea Sumar la izquierda que ha venido a enterrar la indignación con su estrategia del posibilismo, de la no confrontación. La realidad es que nuestro sistema ha ido mutando hasta metabolizar, en menor o mayor medida, muchos de aquellos ejes que detonaron su cuestionamiento. Y, precisamente, el resultado de esa transformación no gusta a quienes solo entenderían por cambio una ruptura total.

Ejemplo es que el PSOE se fue moviendo desde 2016 para acoger ciertas demandas o estética de sus competidores morados, como el discurso contra los poderosos en la lucha contra la desigualdad. La Monarquía se renovó en caras y formas. El caso Gürtel provocó una moción de censura basada en el afán de regeneración. Pedro Sánchez superó el marco mental de un bipartidismo que solo podía fraguar una gran coalición, legitimando en su bloque de poder a podemistas e independentistas, tras el fracaso del procés.

Así que no es de extrañar la incomodidad de ciertos sectores afines a Podemos con Sumar, como símbolo que les obliga a mirarse ante el espejo de sus propias contradicciones. La figura de Díaz solo constata el nuevo tiempo político que hace tiempo se abrió en España: amortizado el período de impugnación total a los cimientos del sistema, lo que pervive de forma transversal en nuestra sociedad es la precariedad. Tan centrada en las cosas del comer, Díaz solo cristaliza —con estilo más amable— el mismo pragmatismo que otros vienen asumiendo pese a su gesticulación.

Primero, porque Podemos no se puede presentar ya como la verdadera izquierda antisistema. El relato que les hacía los únicos valedores de una “República plurinacional” salta por los aires desde que su permanencia en el Ejecutivo no ha estado nunca en riesgo, pese a que no vaya a haber referéndum de autodeterminación pactado en Cataluña, o no se les informara de la salida del rey emérito de España —según deslizó Iglesias en la SER en 2020—. Su proceso de institucionalización culmina como socio subalterno del PSOE en la coalición, impulsando leyes desde sus pocos ministerios.

Por eso, resulta llamativo que los morados hagan gala de su “rebeldía” en un vídeo reciente, como si tanto les diferenciase de Sumar. El hecho es que su retórica de la confrontación ya solo encuentra salida en forma de populismo dedicado a señalar a colectivos como los medios, los jueces o empresarios. En la práctica, la contestación podemita no ha alterado la senda del Ejecutivo en temas clave como la no derogación de la ley mordaza, la política migratoria, la postura sobre el Sáhara o el apoyo a Ucrania en el marco de la OTAN.

Segundo, Podemos no está para dar lecciones sobre purismo a la izquierda de herencia sindical, que existía previamente al 15-M. Fue cómodo dividir la sociedad entre pueblo y casta, patrimonializando un sentir de la “gente” en 2015. Pero la democracia pluralista no opera con esos códigos. La reforma laboral de Trabajo es el resultado de lidiar con la complejidad de los distintos grupos de interés: trabajadores, pero también las pymes, en un contexto económico determinado. No todo en nuestro país son magnates del sector alimentario o textil.

Así que es curioso ese enfado por que la vicepresidenta segunda crea que la política es “negociación”, y no conflicto permanente, de parte de quienes están hoy plenamente incardinados en el tablero institucional. Quizás lo que disgusta de Díaz en verdad es que supera la lógica de bloques desde la izquierda a la izquierda del PSOE. A saber, que la polarización es lo que necesita Podemos para seguir aparentando impugnación, mientras juegan a las reglas del paradigma constitucional.

Donde Díaz se equivoca es al afirmar que puede desprenderse de Podemos para el espacio de Sumar. La grandeza de nuestra democracia en estos años fue la capacidad de acoger los reclamos de cada esquina del tablero político. El partido morado apela a una serie de temas sobre derechos, libertades e identidad, un imaginario crítico desde el extremo del progresismo y contra el poder, que de ser obviados, dejarían a un nicho de ciudadanos huérfanos de representación. Díaz no puede enterrar lo que el propio sistema ha metabolizado ya.

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Y lo primero fue conocer los motivos del chaval. “Quería aportar mis valores progresistas y pedagógicos a la función del orden”, nos deslizó recién llegado de la academia de Baeza. Cree que al tribunal quizás le causó simpatía su perfil interesado en la cultura, los idiomas o viajar —aunque no se preguntó por su ideología, claro está—.

Así que ese testimonio pasó ante mis ojos como una metáfora: muchos amigos progres se lamentan a menudo de que los cuerpos policiales no hayan dejado de percibirse como “patrimonio” de la derecha en el imaginario popular. Le afean a la izquierda clásica que no haya logrado revertir ese relato tras 40 años de democracia. Y esos marcos mentales pasan factura cuando al progresismo le toca revertir ciertas leyes.

Por eso, la frustrada reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana no sorprendió, pese a la enorme desazón provocada. Desde el inicio de los trabajos, cobró demasiada fuerza el mantra esparcido por la derecha y ciertos sindicatos policiales sobre que el Gobierno quería “desproteger a los cuerpos”. Y ello es delicado en un país donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son de las instituciones más valoradas, según un estudio del CIS de 2017.

El problema es que la izquierda tampoco se esmera en que cale su idea de una seguridad vinculada a las libertades públicas. El progresismo tiene la tarea pendiente de concienciar sobre que la fiscalización policial no implica desconfianza, desprestigio, o quitarles herramientas a los cuerpos para hacer su trabajo. En ausencia de un relato sólido, de un afán pedagógico sobre derechos humanos y autoridad, los complejos se acabarán imponiendo, llevando al traste las reformas que siguen pendientes.

El PSOE seguirá cargando con el temor a que las modificaciones en materia de orden se lean como “desprotección” de los cuerpos: no es lo mismo hacerle oposición a Mariano Rajoy que ser la izquierda de Estado en el Gobierno. Podemos continuará tirando de su socio a medio camino entre el posibilismo, y el intento de contentar a esa parte de su base electoral que ve la policía como una institución “represora”. El voto de ERC y Bildu permanecerá decisivo, con capacidad de tumbar reformas que no consideren de calado.

Aunque cualquier terreno cedido solo podrá que fomentar el imaginario conservador en el debate público. Ejemplo fue la polémica en redes cuando la cuenta de Twitter de la Guardia Civil colgó su logo con la bandera LGTBI. Como hija del cuerpo pensé que reivindicar la libertad de esos ciudadanos identificaría a mi padre y a cualquier agente, al margen de ninguna consideración ideológica. En cambio, la foto final fue la de esa ultraderecha a quien le gusta adueñarse de los marcos mentales, y puso el grito en el cielo, obviando que también hay homosexuales en esas instituciones —mi amigo tiene varias compañeras lesbianas—.

Dice Santiago Alba Rico en estas páginas que tiene miedo a la Policía: me pregunto por qué yo no. Tal vez porque me he criado en un cuartel, y creo en la pluralidad humana que existe tras los uniformes, aunque no haya sufrido a los grises, ni jamás haya tenido a un antidisturbios delante. O quizás porque de los cuerpos jamás se subrayan sus valores: el orden, la ley, sí, pero también la disciplina o el compromiso social. Ahí está el guardia civil de tráfico enterrado en Asturias, héroe que salvó a varios jóvenes ciclistas de ser atropellados.

El miedo es también una forma de renuncia a conquistar cualquier espacio en la opinión pública, al considerarlo ajeno. Urge reivindicar a cada amigo guardia civil o policía progre, concienciado ante la pobreza, los desahucios o la importancia de una seguridad democrática. Es el primer paso para que el progresismo extienda su marco de libertad y derechos humanos en las cuestiones de orden, tal que dejen de ganar terreno las pulsiones de ultraderecha en medio del clima de polarización. Ahí seguirá la ley mordaza vigente para reflexionarlo.

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El propio Pablo Iglesias lo insinuó en la Cadena SER, aludiendo a las dos formas que existen de competir en ese espacio. La primera consistiría en asumir la hegemonía socialista, y moverse en sus lógicas para captar votantes —estilo atribuible a Díaz—. La segunda opción sería la del Podemos original, que rozó el sorpasso en 2016, diferenciándose del PSOE con un discurso duro contra el bipartidismo —es la opción del exvicepresidente, pese a que acabó aceptando el lugar subalterno en la coalición de 2020—.

Y este debate vuelve ahora porque Podemos se enfrenta a una encrucijada existencial por su encaje en Sumar. Los puestos son un mecanismo de reparto de poder entre contrarios o afines. La batalla por las listas es la vía que ha encontrado Podemos para procurarse influencia sobre el discurso de Díaz. A la vicepresidenta, en cambio, le convendría esperar a que Podemos flojee en las municipales para tener sólo ella las riendas de su candidatura, en forma y estrategia.

Y ello explica que Podemos se resista, bajo el recelo de si Díaz será una opción dócil frente a Pedro Sánchez, o una marca blanca del PSOE en otro eventual Ejecutivo. Con Sumar se acabarían los exabruptos del socio pequeño de la coalición porque la vicepresidenta impondría sus formas sosegadas para llegar a acuerdos. Los podemistas sólo podrían intentar arrastrar a Sumar hacia sus posiciones maximalistas si lograran una representación notable en el Congreso.

El caso es que Sánchez no está ahora por diluir a Podemos: no es su batalla desde que el miedo al sorpasso es historia. El interés del presidente promocionando a Díaz como tique electoral probablemente responda a las necesidades del PSOE. Con su perfil moderado, Sumar podría rescatar votos socialistas desmovilizados en las encuestas para evitar que caigan en la abstención, mientras Podemos cubre el flanco más al extremo. Díaz intentaría además reflotar a la izquierda federalista en varios territorios —eso explica que cuadros podemistas en Navarra y Galicia sí acudan el domingo a respaldarla—.

Con todo, cabe dudar de la vía de la confrontación como única estrategia exitosa a largo plazo. Podemos solo ha logrado hasta la fecha conservar 35 escaños con el discurso de resistencia frente a todos. Y la única vez que el partido morado estuvo a punto de sorpassar al PSOE mediante la línea dura fue en un contexto “especial”, como Iglesias reconoció en Hora 25: tras la ruptura del sistema, donde el coctel de una crisis brutal movió el voto hacia esa izquierda más combativa.

Aunque la política ha cambiado mucho en estos años. Las izquierdas alternativas más sostenibles en el tiempo, como Más Madrid, no dependen tanto de un contexto socioeconómico terrible, de una España negra, del golpe de efecto o la tensión constante, sino de su habilidad para arraigar desde el posibilismo en los temas que preocupan a la ciudadanía en general, como la precariedad.

Y a largo plazo, tal vez se impongan las izquierdas de orden, no revolucionarias, allí donde el purismo o el choque puede traducirse en la garantía del no acuerdo. Un errejonista decía: “Todo el mundo sabe que Pablo sería durísimo negociando con las empresas eléctricas. De lo que dudan es de si seguiría habiendo luz al día siguiente”. Algunas voces criticaron la reforma laboral de Díaz porque esperaban más, obviando que la alternativa era mantener la legislación del PP.

Iglesias abrió el debate en la SER. Lo que no dijo es que si la apuesta de Díaz triunfa supondría la victoria del errejonismo a título póstumo: las tesis que abogaron por enterrar el 15-M y construir una izquierda que conserve a los puristas, pero compita de forma virtuosa con el PSOE por un electorado más amplio. Aunque quizás el as en la manga de los asaltadores de cielos pase por asumir que la derecha volverá al poder más pronto que tarde en España: el clásico cuanto peor, mejor, nada amable, ya se sabe.

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Vox logró el efecto opuesto a su intento de colar el mantra de “Gobierno ilegítimo” bajo la autoridad de un político constituyente. Al contrario: instrumentalizando nuestro pasado común para su esperpéntico show, acabó banalizando lo que la figura de Tamames y su generación simboliza para España. Menuda perplejidad para un ciudadano que viviera la reconciliación nacional, ver a un expreso político diciendo que total hoy pocos saben quién fue Blas Piñar.

Así que el Congreso asistió a un choque sutil entre generaciones que nos deja una reflexión: por qué hay una España, esa del Frankenstein del presente, que debe seguir cargando por siempre con el sambenito o la vergüenza de haber cuestionado, al parecer, el llamado “espíritu de la Transición”, solo por el hecho de existir. Si Tamames era el representante de aquel período, al discurso se le vieron las costuras del paso del tiempo, a ojos de un chaval de 20 años hoy.

Y es que el Frankenstein es molesto porque supone asumir que muchas cosas no son ya como en 1978. Tras la quiebra del bipartidismo en 2015, o del surgimiento de formaciones como Podemos o Ciudadanos, existió un factor generacional de votantes que no vivieron la Transición. Un nuevo país nació en las urnas, con nuevas demandas, problemas y sensibilidades a las que la democracia española se vio abocada a atender con recetas distintas.

Aunque no es casual que la derecha saque el relato de la traición al pasado a pasear, cuando no le conviene que la izquierda haga la política evolucionando conforme a la realidad del momento. A José Luis Rodríguez Zapatero le llamaron guerracivilista por su ley de memoria histórica, pese a que la izquierda no estaba en las mismas condiciones de exigir en 1977 que en 2007. A Sánchez le llaman rompepatrias por sus acuerdos con el independentismo, obviando que la CiU que pactó con el PP en 1996 ya no existe, como tampoco ETA, algo que condiciona la mentalidad de muchos jóvenes que votan a Bildu hoy.

Así que cuando la derecha apela al “relato de la Transición” solo busca patrimonializar e imponer su visión de España al resto. Esa en la que el PSOE sólo podría hacer una gran coalición por activa o pasiva con el PP, porque cualquier otro socio sería “ilegítimo”. Es la noción que Sánchez dejó atrás cuando venció al viejo PSOE en las primarias tras haberse abstenido en la investidura de Mariano Rajoy, y el marco mental que explica el enfado de viejas figuras socialistas con el Frankenstein.

Sin embargo, Vox va mucho más allá en el fin para el que nació: la reacción. Es estéril exigirle ningún programa de gobierno a la ultraderecha cuando su única función es impedir el desarrollo progresista o territorial de una forma que no sea la que la derecha considera, dejando al margen los cambios sociopolíticos. Por eso, su mayor éxito es asegurar su influencia en el PP, normalizando no renovar el CGPJ porque los socios de Sánchez son ERC o UP.

Claro está, no todo lo que ocurre en la política actual puede justificarse mediante el argumento de un pasado que no entiende el presente. Pero si una aportación dejó la moción de Tamames fue sacudirle los complejos al Gobierno de coalición y sus socios. Con sus tornillos y remiendos, quizás ese Frankenstein simbolice en parte también hoy el espíritu de la Transición: la reconciliación y el perdón entre quienes piensan distinto. Ni los podemitas hacen la revolución, ni los indepes logran la separación, sino que la convivencia bajo el paradigma constitucional se acaba imponiendo, ante la necesidad de la negociación y el acuerdo.

Lo de Vox nunca fue hacer oposición, sino abanderar la reacción: una visión de España, la suya, incapaz de adaptar el espíritu del pasado a las diferencias del presente político. La concordia no está en el reaccionarismo de quienes niegan la legitimidad de la mitad de su país.

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Sirva como ejemplo la bronca en el pleno del Congreso sobre la ley del sólo Sí es Sí de hace un par de semanas. Podemos se sirvió para desplegar un argumentario basado en equiparar al PSOE con la derecha, —sólo porque el PP votara a favor de admitir a trámite la contrarreforma de la norma; mientras logró incluso desdibujar el papel de la vicepresidenta Yolanda Díaz, incómoda en medio de la trifulca feminista.

Así que Podemos debe preguntarse a dónde llevan algunas de sus estrategias a la contra, si el primer efecto es acabar sembrando la división en la izquierda, en el peor momento, cuando algunas voces alertan del riesgo de desmovilización de la base progresista.

Primero, porque tratar de amilanar a Pedro Sánchez le pudo funcionar a Podemos en el pasado por el miedo del PSOE a perder votos masivamente hacia sus socios morados. Eran las lógicas que imperaban en la política española desde 2015. Los podemitas presionaban a los socialistas presentándoles como poco de izquierdas, en casos como alquileres o la ley Trans, para que la pena de telediario los llevara a su terreno.

Y esas formas de Podemos quizás tenían utilidad para que el partido morado no quedara disuelto en estos años en la coalición de Gobierno. En ausencia de la mayoría numérica, o de no tener poder real del presidente Sánchez, para Pablo Iglesias era clave tirar del poder mediático, el de marcar agenda. El exvicepresidente probablemente sigue siendo consciente de la importancia de tener una tribuna pública, a la luz de sus proyectos tras salir del Ejecutivo.

Sin embargo, la política española está ya en una pantalla distinta. El PSOE habría pagado un precio mayor por actuar como un activista, que como un partido de Estado, tras la alarma social generada con la ley del sólo Sí es Sí. Y aún es pronto para aventurarlo, pero quizás Sánchez haya llegado a la conclusión de que Podemos no puede hacer ahora tanto daño a los socialistas con sus habituales coletillas, si el pánico al sorpasso es historia.

Segundo, el histrionismo morado también tiene una lectura en la reconfiguración del espacio alternativo. Cuanto más protagonismo cosecha Podemos, más le suben el precio a Yolanda Díaz para integrarse en su espacio Sumar, en lo relativo a diseñar las listas electorales, o repartirse el poder en los espacios de influencia. El partido fundado por Iglesias se sabe una minoría de bloqueo: tiene capacidad de movilizar a una base a la contra del PSOE, de los jueces, del fascismo… por lo que darle el visto bueno a Díaz, bendecirla, es decisivo para que también cierren filas sus adeptos.

Sin embargo, no es suficiente para el resto. En los últimos años el espectro morado ha ido estrechándose, hasta convertirse en una suerte de nueva Izquierda Unida. Despareció en el parlamento de Galicia, se descalabró en Euskadi, y partió peras con varias de las antiguas confluencias regionales. Ese componente plurinacional o federalista es el que aspira a reconstruir la plataforma Sumar.

Y la vicepresidenta peca de no mojarse, de no arriesgar, en asuntos que han dividido a la coalición. Se puede ser un buen ministro para sus afines, pero ser un líder político exige un programa más nítido en una amplia variedad de temas. Pero el momento de la verdad se acerca: si Podemos y Díaz no llegan a un acuerdo satisfactorio, la izquierda alternativa movilizará a unos pocos, pero renunciará a un eventual revulsivo para reilusionar a esa otra parte del progresismo.

Hay una izquierda que se agota: la de reinar sobre una minoría purista, antes que remar en la causa conjunta de la izquierda. Y a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas, existe el riesgo de que la derecha avance posiciones. Aunque quién sabe: igual hay quien aún piensa que se hace mejor política desde los platós, como Podemos antes de 2015, que estar en el Gobierno, que es donde todavía se sigue cambiando la vida de la gente.

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Y ese agotamiento se palpa en los símbolos. No es casual que haya jóvenes que no saben lo que significó el 15-M de 2011, como hito sobre el que una parte de la izquierda asentó sus nuevas lógicas para entender la política española. Era la idea de una izquierda a la contra, de señalar a los culpables por la crisis económica: la casta, la Unión Europea, los bancos... Era la izquierda de la emocionalidad frente al desgarro de las políticas austeridad o los despidos. Es el sentir que cristalizó en Podemos en 2014, y es la izquierda que triunfó en la moción de censura de Sánchez con el “no a Rajoy” en 2018.

Sin embargo, esa izquierda asiste ahora a una paradoja. El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos saca pecho por haber gestionado la inflación con una conciencia social distinta —inyectando ayudas o buscando preservar el empleo— y aun así, sigue sin liderar muchas encuestas. Pero el desencanto de una parte del progresismo no se puede explicar solo mediante los datos económicos. Subyace el fin de un ciclo político que va incluso más allá del elevado precio de los alimentos o la vivienda.

Primero, hay una izquierda que se agota de forma natural porque ya ha gobernado durante casi cinco años. Con mayor o menor acierto, muchos de aquellos ideales previos, como apaciguar el conflicto en Cataluña, impulsar avances feministas, o profundizar en la memoria democrática aparecen hoy en el BOE. Lo que antes fueron utopías se sientan hoy ante el tribunal de los hechos, donde los votantes juzgarán más los errores o los aciertos que las buenas intenciones.

La izquierda deberá preguntarse, pues, cómo dar continuidad a lo conseguido, de modo que sus bases salgan del letargo de creer que está todo hecho. En este período tan antiemotivo no surtirá efecto seguir tirando de enemigos. El mantra de “que viene la ultraderecha” ya no moviliza como en 2019. Tampoco parecen tener gran efecto los discursos populistas de una parte del Ejecutivo contra jueces, e incluso, contra las filas de la propia izquierda, más allá de desviar la atención de las familias ante la preocupación por su bolsillo.

Segundo, hay una izquierda que se agota porque sus propuestas económicas se han vuelto mainstream. Las ideas que en 2011 eran cuasi revolucionarias gozan hoy de aval o consenso en la UE. Intervenir ciertos mercados o moderar los precios de la energía para evitarle más precariedad a las clases trabajadoras no es ya un acto rupturista sino de realismo político. Lo recordaba un antiguo dirigente de Podemos en una reciente conferencia en el Círculo de las Bellas Artes, en alusión al nacimiento de su partido: “Teníamos las recetas, pero no el contexto propicio”.

Y quizás, el desencanto actual nace de una quiebra de aquellas elevadas expectativas. La izquierda ilusionó a su llegada al poder con la idea de que era posible acabar con la progresiva pérdida de poder adquisitivo que España sufre desde hace más de una década. La inflación, en cambio, pone ahora muchas trabas en la lucha contra el empobrecimiento de las capas más desfavorecidas, pese a la subida del salario mínimo o el ingreso mínimo vital. Por su parte, a la depauperada “clase media” no le entusiasma pensar que, a lo sumo, capeará el temporal inflacionista, pero el salario medio podría a la larga seguir estancado o igual de bajo que antes de la pandemia.

El caso es que las crisis económicas solo aceleran procesos políticos que estaban en marcha previamente. La inflación deja al descubierto las carencias de una izquierda capaz de seducir con una idea de justicia social que implique a los de arriba, pero menos triunfante a la hora de vender un proyecto ambicioso de crecimiento, transformación industrial y tecnológica de futuro a los de abajo. La desazón inflacionista del presente solo se puede combatir mediante la idea de un horizonte aún más ilusionante.

Y aunque hay una izquierda que se agota, hay un clima de fondo que la favorece. El contexto de la invasión de Ucrania y la pandemia han reavivado en España una suerte de sentido común socialdemócrata. Quien sea que ocupe La Moncloa el año que viene enfrentará un ciclo que va de mejorar el nivel de vida de las familias, e incluso, del papel que el Estado juega en ello. No es casual que la mayor movilización de los últimos días en nuestro país haya sido en defensa de la sanidad pública. Es decir, un contexto donde una marcada derecha liberal patina.

Hay una izquierda que se agota a las puertas de este año electoral decisivo. El PP podría arrebatar al PSOE el primer puesto y Unidas Podemos mantiene abierta su reformulación en torno al liderazgo de Yolanda Díaz. Pero en política no siempre lo que se agota se muere. Si hay una izquierda que se agota es para que pueda nacer otra nueva.

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Y eso de no temerle a una ETS está muy extendido entre nuestros jóvenes, pese a que nos escandalice. Los datos muestran un crecimiento apabullante de casos de gonorrea, sífilis, o clamidia en la última década en España. No sería la primera vez que un amigo es avisado por alguna de sus parejas sexuales de haber contraído una patología venérea, con el fin de que se hiciera las pruebas para descartar el contagio. El condón va en descenso, o no se usa adecuadamente, porque no todo puede atribuirse a que ahora se detecten mejor esas enfermedades.

Así que lo raro es que el tema no esté cada día en los telediarios, ni se abra un debate público profundo en las instituciones. O somos beatos, o somos hipócritas cuando se trata de sexo. Qué vergüenza supone reconocer que un colega, un hijo o una prima ha pillado una ETS, por el temor a que se vuelva una especie de “apestado” o nos miren mal los de fuera.

El problema es que a veces solo nos centramos en juzgar la inconsciencia de ciertas conductas sexuales, en vez de buscar soluciones más efectivas. Algunos dirán que tenemos una juventud muy viciosa o lasciva. No veas, están todo el día con las aplicaciones esas de citas. Y quizás esto último no sea del todo mentira. Esperar hasta el matrimonio para acostarse con alguien no es lo común en este siglo, y no resulta tan extraño que los chavales tengan varias parejas sexuales a lo largo de la vida.

Sin embargo, el mayor cambio entre generaciones en lo relativo a las ETS no pivota tanto sobre la moral, como sobre el miedo. Nuestros padres fueron de la generación que vio cómo el sida arrasaba a personas y a familias. Ponerse el condón en los años ochenta podía ser una elección de muerte o de vida. En cambio, el avance de la ciencia ha ido diluyendo el miedo al VIH en el primer mundo, por la extensión de la pastilla PrEP o la eventualidad de que el virus se cronifique.

Así pues, que todavía hoy la protección en las relaciones sexuales se base en el miedo demuestra ser una estrategia de muy corto alcance. En ausencia del pánico a una ETS, a la juventud solo le quedará el temor a un embarazo para obligarse a usar preservativo, como en el caso de mi amiga. Y nada podría ser más peligroso para las mujeres porque las desprotege y cuestiona las conquistas del feminismo.

Primero, descarga en las chicas, aunque sea injustamente, la última responsabilidad de usar el condón para no quedarse preñadas. Y eso es terreno pantanoso a ciertas edades, donde la baja autoestima puede jugar malas pasadas. Una muchacha jovencita me confesó su miedo a exigir el preservativo cuando algún chico soltaba eso de “es que a mí no me gusta, me aprieta”. Cero dudas de que no está sola en ese temor al rechazo.

Segundo, el miedo a un embarazo indeseado salta por los aires gracias al avance en libertades femeninas. Los métodos anticonceptivos de larga duración, la píldora del día después, o el derecho al aborto, difuminan la idea de una concepción no esperada. Y sería un peligro que los ultras encontraran argumentos para afirmar que el aborto se usa como medida anticonceptiva, y no como recurso de emergencia.

Aunque no deja de ser el dibujo de una generación —sin generalizar, obviamente—­– eso de que algunos teman más a un bebé que a una enfermedad venérea. Muchos jóvenes saben que no pueden permitirse tener hijos con sus sueldos míseros, o porque no lo desean, ya que les restaría autonomía para otros proyectos vitales. En cambio, aún hay quien lo fía todo, temerariamente, a la esperanza de que la ciencia lo salve, si llega a infectarse de una ETS. Cómo viran las sociedades, que hoy ponerse el condón parece carca, restrictivo de los placeres carnales, cuando antaño daba libertad al salvar tantas vidas humildes.

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Nada de eso, sino que asistimos al cambio generacional de la llamada Generación Z. Es común entre los veinteañeros juzgar con un cierto sentimiento de lástima, tal vez inconfesable, las vidas trabajólicas que percibieron en sus mayores. Creen que estos no se sintieron plenamente realizados. Por eso, ellos buscan una rutina que no pivote exclusivamente sobre su carrera, según varios estudios sociológicos.

Y ese cambio de mentalidad está enrareciendo entornos laborales, llevando a sus séniors a pensar que el subordinado es un jeta, como le escuché a una amiga de unos 50 años. Se preguntaba si tal vez son menos profesionales, al no mostrar una intensa sacralización del trabajo. Se compara con ellos a su edad, afeándoles un supuesto “menor compromiso”. Claro que habrá vividores pasando de puntillas sobre sus tareas, pero no cabe confundir el cambio generacional con que los jóvenes sean menos entregados o se esfuercen menos.

Al contrario, la Generación Z prefiere los empleos con un propósito en la vida, un impacto que les ilusione, lo que dista mucho del monótono esquema fordista. Pero nada más lejos de romantizar un cambio cultural que tiene raíces en la precariedad que sufren.

Primero, porque para muchos amigos disponer de más tiempo libre para sus aficiones, o realizarse en el trabajo, es un sustitutivo de sus bajos salarios, como forma de opio que les permite sentirse menos fracasados. Constatan que tienen currículums potentes, pero no expectativas de futuro; solo les queda el presente.

En cambio, la profesión era el epicentro vital para muchos de nuestros padres, porque aún ofrecía, en general, recompensas como comprar una vivienda, o formar una familia. Si hoy quienes pueden emanciparse con su salario son unos pocos privilegiados, el paradigma de quien entrega su vida al trabajo, irremediablemente, salta por los aires. Llevarse tareas a casa, responder correos electrónicos en fin de semana, o salir horas más tarde, pueden volverse renuncias estériles para quien piensa que le pueden despedir mañana.

La practicidad se vuelve otro valor supremo. Varios amigos se quejan de la “pérdida de tiempo” por cómo su jefe diseña ciertos procedimientos, o consideran que calientan la silla a ratos. Perciben la cultura de la empresa clásica como rígida frente a sus necesidades. El teletrabajo o la semana de cuatro días, que empieza a rodar en el Reino Unido, son demandas de su época, aunque implique demostrar más a los empleadores.

Esa quiebra de las relaciones laborales clásicas llega hasta lo personal. Los centennials no quieren un futbolín en la oficina, al estilo motivacional de Silicon Valley; quieren echarse un futbolín con quien les plazca. “¿A mí por qué me tiene que decir mi jefe quiénes tienen que ser mis amistades?”, me deslizaba un amigo, sobre el hecho de que su compañía creyera que estar en la oficina servía para forjar lazos, o tener que asistir a fines de semanas en casas rurales con el equipo.

Lo más curioso es que nuestros jóvenes aún tengan el arrojo de marcar límites entre la esfera personal y la laboral, pese a la inestabilidad en la que viven. Quizás, romper con la hegemonía del trabajo en sus vidas se ha vuelto para la juventud una forma de protesta social y entre generaciones. Nuestros jóvenes no pueden hoy llevar el control de sus vidas por completo, porque la escasez económica les empuja a la falta de autonomía, a una suerte de niñez eterna. En cambio, aún creen sentirse dueños de su propio destino en cosas pequeñas, pero valiosas para resarcir su autoestima, como dar sentido a sus vidas dibujando por las tardes, en el caso de mi compañera.

El becario no es un jeta, quizás, ni un maleante. Es una persona de su época, que bastante tiene con no derrumbarse al llegar a su piso alquilado con otros tres colegas, mientras arrastra una enorme culpa por su desgracia. El tiempo o la realización personal es hoy el oro de quienes no tienen la plata.

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Así que la primera reflexión va sobre qué tipo de profesionales queremos al frente de la Administración, si los mejores, o los que juren fanatismo ideológico frente al dedo de quien los pone. Esto aplica para la mayoría de los partidos, lamentablemente. Mucho pedir la despolitización de ciertos órganos constitucionales, de reprobar el tufo de la mano política, pero algunos ya celebran la cabeza de un reconocido catedrático de la Universidad Carlos III. Tal es su hipocresía.

Cabrales era tan merecedor del puesto que cantidad de economistas, de todo signo, se han manifestado para apoyarle en redes, incluso tras conocer la susodicha carta. Un amigo que cursó su asignatura en la Universidad me dice: “El tipo sabía mucho y era el típico técnico a quien la política le daba igual. Entonces, pues si a nivel personal conocía a fulano o mengano, seguro que firmaría”.

Queremos que nos gestionen mentes brillantes, pero luego promovemos el ostracismo civil por aquellos actos o pensamientos que nuestra moral particular considere ilícitos. Lo que hizo Cabrales puede ser reprochable, pero no es delito. Queremos gente que no viva de la política, pero dejamos que dimita un señor que, efectivamente, no la necesita. Por eso, opta por irse antes de que la trituradora pública manche su nombre con habladurías.

Aunque algunos dirán que lo de Cabrales es un pecado gravísimo, porque el manifiesto alude a que la exconsellera Ponsatí está “totalmente comprometida con los principios democráticos y de acción política no-violenta” como “distinguida académica y servidora pública”. Bonita reconciliación con España nos quedaría, si empezáramos a purgar a cualquier ciudadano de Cataluña que apoyó entonces a los líderes del procés. Que levante la mano un solo catalán que no tenga amigos o conocidos independentistas. Medio Parlament sigue hoy en manos de esas fuerzas.

Los motivos de Cabrales son distintos. Fue compañero de Ponsatí en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y no la apoyaba por ser indepe, sino por su condición académica. Las lógicas de admiración entre profesionales distan mucho de ciertas lógicas de peloteo partidista. Y todavía hay ciudadanos capaces de sobreponerse al bucle de polarización que nos invita a retirar la palabra a otro, solo por sus circunstancias políticas. Por qué debería cargar Cabrales con lo que otros hicieran.

Lo más triste es que esto no va solo de meritocracia, sino de la vergüenza que aún siente el PP por el fracaso del 1 de octubre de 2017. “Qué diría Vox, si se entera de esto” quizás pensó algún dirigente de Génova 13, de esos que se alborotaron con la noticia. Nos cuentan que Cabrales dimitió porque quiso. La realidad es que el PP sigue queriéndose hacer perdonar mil veces por ser parte implicada en que el procés acabara explotando, como hizo.

Prueba es que cuando apareció Ciudadanos, en Génova hasta tuvieron que agachar la cabeza porque le reprochaba haber pactado con CiU. Luego llegó Santiago Abascal, y empezaron las manifestaciones contra los indultos, poniendo el grito del cielo contra el diálogo con el Govern. Vamos, que el PP se vio manifestándose en Colón contra sí mismo. El Gobierno de Pedro Sánchez solo ha intentado apaciguar el agravamiento que la desidia de Mariano Rajoy produjo frente al conflicto en Cataluña.

Y ello no es gratuito. Feijóo seguirá arrastrando en este año electoral la incapacidad de pactar con ninguna fuerza nacionalista, ni vasca ni catalana, ni de otras regiones varias, por la intransigencia territorial de un Vox que necesita, y a quien la propia derecha dio alas.

La dimisión de Cabrales no solo es el fracaso de la meritocracia en nuestras instituciones, ese ideal democrático que nos gustaría. Simboliza la cabeza de turco de quienes, a diferencia de él, jamás reconocerán sus propios fantasmas. Eso sí, Cabrales se va de motu proprio, que no se diga que el PP está buscando redimirse del pasado haciendo purgas a la disidencia.

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Es la doctrina que Sanna Marin deslizó en Davos para alertar del peligro de no frenar a tiempo la expansión rusa. “Enviaríamos el mensaje de que se puede atacar a otros países y salir ganando”, dijo la primera ministra finlandesa, representando el sentir de los Estados bálticos y orientales. Son quienes se han implicado con mayor contundencia en esta guerra por su pánico atávico a sufrir una agresión futura, tras padecer la bota de la Unión Soviética.

Aunque nada pasará como una anécdota, tampoco en Europa occidental, vista la rapidez con que Bruselas se ha ido moviendo tras asumir que la política de apaciguamiento de Angela Merkel frente a Vladimir Putin ha resultado un fracaso, y no sólo por la invasión en curso. Dirigentes de varios partidos de ultraderecha, cuya ideología viene desestabilizando nuestras democracias, se fotografiaban paseando por el Kremlin. Rusia demostró su habilidad atenazando a la locomotora alemana en su dependencia del gas barato, una forma de chantajear al continente entero. Sabemos que la desinformación rusa es capaz de penetrar hasta los tuétanos del sistema.

En consecuencia, ser pacifista hoy en la UE es apoyar la victoria de Ucrania frente a Rusia para alcanzar una paz justa. El pacifismo actual no está en esa izquierda que niega a los ucranios su legítimo derecho a defenderse, llenándose la boca con una falsa moral de que “las guerras son malas”, como si Bruselas fuera la culpable de algo, con lo que ampara al agresor ruso y desprotege nuestros intereses. El pacifismo real hoy es aceptar que, mientras algunos se oponen al envío de tanques, misiles o aviones de combate para que Kíev dé la vuelta definitiva a la invasión de Putin, obvian que más grave sería enviar soldados, de producirse una eventual agresión en el territorio de la OTAN.

Generaciones enteras de jóvenes europeos asisten a la constatación de que su idea de paz quedará irremediablemente atada, durante décadas, a la creciente necesidad de reforzar nuestra seguridad y la independencia energética. El antiotanismo se ha convertido así en un fósil de la Guerra Fría, que sólo deleita a quienes viven empeñados en creer que nuestra idea de democracia comparte algo con el régimen ultranacionalista y de desprecio a las minorías ruso, simplemente porque odian a Estados Unidos. Olvidan quién sostendrá nuestro auxilio si vienen mal dadas.

Sin embargo, la UE no debe autocomplacerse sin antes reflexionar sobre los dilemas que existen en sus Estados miembros a la hora de forjar nuestro propio anillo defensivo. Polonia ha ejercido sin complejos el liderazgo de apoyo a Ucrania, pese a que venía suponiendo un quebradero de cabeza para Bruselas en cuestiones como su sistema judicial y la obediencia a ciertas normas comunitarias. Esa misma Europa del Este, en cambio, es capaz de empujar el envío de los tanques Leopard, de la mano del Reino Unido pos-Brexit, mientras que en Europa occidental, estandarte moral de la Unión, vivimos en continuo rebufo sobre nuestra propia protección.

Dicha dualidad explica por qué algunas voces ven con suspicacia la integración ucrania en el espacio comunitario. Existen recelos de que el país se acabe convirtiendo en una especie de Polonia o Hungría, cuya noción de pertenencia a la UE se base en tildar de “injerencias” ciertas obligaciones de acatar los valores de nuestro modelo. E incluso, que los ucranios alteren los equilibrios de poder francoalemanes, máxime por el peso que su población y tamaño le daría dentro de las instituciones europeas.

Aunque Bruselas demuestra tener la esperanza puesta en Ucrania, vista la rapidez con que se le ha asignado el estatus de candidata a entrar a la UE y el plan para acelerar la integración económica, no debe interpretarse sólo como un gesto solidario, sino defensivo y de interés mutuo. Cuando acabe la guerra, el continente podría sumar otro Ejército, entrenado en el campo de batalla en algunas de las tecnologías más modernas. La diferencia con respecto a otros países del Este es que Ucrania necesitará tanto apoyo para la reconstrucción que sus instituciones podrán partir de cero, también, en la exigencia política que simboliza nuestra bandera azul de estrellas, progreso que tanto anhelan.

Como señaló este jueves Zelenski en el Parlamento Europeo, donde fue recibido entre ovaciones: “Estamos defendiéndonos y defendiéndoles a ustedes (…) de la fuerza más antieuropea del mundo”. La UE ha encontrado en su firme apoyo a Ucrania, en la defensa de su libertad, de su soberanía nacional y de su derecho a existir como pueblo, el rumbo moral que hace años parecía haber perdido.

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Así que algunos dirán que bienvenida al mundo, así es la vida; quién no ha logrado un trabajo gracias a ciertos contactos. Los pudientes se codean desde antaño en entornos selectos, forjando grupos de pertenencia o de pares. La sociología tiene bien estudiado el efecto de esas hermandades educativas o de lazos de sangre.

Sin embargo, dar una palmadita piadosa a mi conocida supone transigir, sin rubor, con que el populacho no está llegando a ciertos puestos de élite tanto como nos gustaría. Ello enturbia la creencia de que resulta suficiente con un Estado de bienestar que ofrezca oportunidades de estudio para poder romper techos tan altos. Y queda empañado cuando observamos ciertos entornos, donde aún pesa tanto la estirpe, como en los círculos internacionales.

Aunque el drama es de difícil resolución, deja reflexiones micro si nos abstraemos del caso. Son las lagunas de nuestro sistema público para promocionar que los humildes lleguen a puestos donde la herencia de relaciones, los flujos de información o los contactos resultan tan potentes o cerrados.

Recordaba una conversación con un catedrático a quien le pregunté qué proporciona la universidad pública a los mejores de cada promoción, más allá de un diploma o, a lo sumo, un bolígrafo de recuerdo. Es decir, si se sentaban con ellos a orientarles sobre becas, programas..., si eran capaces de ofrecerles suculentos contactos laborales o de crear grupos de excelencia, como sí ocurre en universidades privadas. Me contestó sin ambages que “a los mejores, siempre les irá bien en la vida”.

Y aquel comentario es tan falso como es cierto que el logro académico no necesariamente va aparejado a una bolsa de relaciones, aun si se lucha contra los condicionantes de clase. Esta amiga pudo lograr con enorme sacrificio de sus padres pagarse la enseñanza de idiomas, y con el suyo propio, sacar notazas en la pública y lograr estancias de trabajo. Pero, pese a su enorme empeño y a la falta de horas de sueño, no metabolizó eso que a sus colegas les vino dado, porque aún le faltaba algo.

Ese algo eran los flujos de know-how o de “cómo funcionan las cosas” en el mundo. Muchos jóvenes tendrían las habilidades o la formación, pero se sienten muy perdidos al desconocer la guía de opciones, al no contar con los consejos necesarios. Por mucho que los institutos o las universidades ofrezcan charlas a sus estudiantes, el conocimiento real de campo, o la “información” sobre ciertos mundillos, sigue siendo un elemento a menudo ligado a la clase social de los padres.

Aunque había otro algo que le falta a mi amiga, que me recordó a la confesión de un político español hace unos años a un periodista: “Por mucho que yo trabaje en esas esferas de la diplomacia, es evidente que no soy uno de ellos. Se palpa en la seguridad, en el habla, en la forma de relacionarse, en el bagaje…”. En definitiva, se notaba en que no pertenecía a la liturgia de esos distinguidos semejantes.

Y quizás la reflexión de fondo radique en cuál es el empeño que pone lo público para la promoción de una élite entre los estudiantes de clase trabajadora. Claro está, el Estado debe ofrecer primero oportunidades al conjunto, mediante becas por nivel socioeconómico. Sin embargo, el Estado puede ir más allá, y acompañar de forma exhaustiva a los más brillantes del populacho, dándoles un trato aún más personalizado a esos pocos que rozan la excelencia, pero que no habitan en unos entornos selectos de información o contactos.

Ya sea por falta de financiación, o por complejo, negarle desde lo público a los mejores de la clase humilde un esfuerzo intensivo de promoción, o capital social, sigue lastrando en parte su ascenso. Su ilusión de que si logran el mismo currículo que los pudientes competirán en casi igualdad de condiciones, corre entonces el riesgo de volverse la pelota invisible con que el sistema les entretiene, pese a la posible dificultad de satisfacer dicho ideal. Luego llega la bofetada cuando conocen a las verdaderas élites, en este caso internacionales, de círculos privados que jamás habitaron, y donde nunca se sentirán entre iguales, porque siempre les faltará ese algo tan tangible pero abstracto.

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Y es que sería miope ceñir el debate solo a la cuestión de las horas extras o las jornadas maratonianas, pese a que la ley está para cumplirla y la Administración, para supervisarla. Tampoco se trata de culpar a un trabajador de las condiciones de su empleador, porque no es una relación entre iguales. Sin embargo, existen lógicas macabras de fondo que escapan al ojo del Estado sobre empresas concretas.

Cada año, cientos de graduados emigran a Madrid desde sus provincias con el sueño de comerse el mundo. Recién salidos de la carrera, encuentran en las grandes firmas de la capital una forma de validar su mérito para cumplir el sueño de “triunfar en la vida”. Muchos jóvenes aceptan ser carne de cañón, sin rechistar, echando las horas que haga falta, bajo la esperanza de lograr un estatus.

El problema es que muchos chavales, y no tan chavales, son incapaces de renunciar a ciertos puestos, movidos de fondo por un bucle vicioso de ambición o de miedo a ser un don nadie, en esta sociedad donde “ser alguien” se mide más por el ojo ajeno que por la escala propia de valores. A cierto nivel consolidado, podrían incluso fichar por empresas más pequeñas, al ser el derecho o la economía todavía disciplinas con un abanico de empleabilidad mayor que el de las humanidades; aun así, lo rechazan.

Le pasó a un amigo cuando tenía 22 años y no le ascendieron, que en ciertos sectores es como invitarte a que te marches. El mundo se le cayó encima creyendo que sería una especie de paria, sin futuro. Tenía otra oferta entre manos de una compañía cliente, con mejores condiciones, pero le inquietaba terminar en alguna pyme al uso.

Digamos que la cultura corporativa de su empresa le había hecho sentirse el rey del mambo. Eran esos trajes imponentes, siendo él un pipiolo, las reuniones con altos cargos, la sensación de pertenencia a una alta alcurnia social o económica, que en Madrid se agrava por la cercanía al poder político. Los viajes exclusivos para “hacer equipo” o las estancias en hoteles formaban parte de su ideal de ascenso, frente a la precariedad de tantos de su edad.

El problema es que sus compañeros se habían vuelto sus únicos amigos y casi ni tenía hobbies. El problema son los entornos que exaltan de forma enfermiza el networking, comparando por internet los currículos inflados o la vanidad de aparecer en rankings: “Los 30 mejores de…”. Así que cuando le echaron, en verdad le estaban quitando lo más preciado para cualquier muchacho en la veintena: el ansia de triunfar y su círculo de iguales, tan “selectos”.

Le tuve que recordar las quedadas en su casa, con sus compañeros afirmando que no se querían ver como uno de sus jefes: con 50 años, viendo a sus hijos lo que podía y llegando a menudo tarde. Movidos por el logro profesional es fácil para muchos jóvenes acabar perdiendo el control a medida que escalan, y las renuncias personales cada vez son más elevadas. “No te eches un marido consultor”, le recordé que me aconsejaban, entre risas.

Y, este sábado, me tocó a mí enunciar el primer mandamiento, cuando otro amigo me soltó que le había plantado su cita “porque estaba saturada”, aunque me lo ahorré. Es obvio que no todo el mundo es igual; a veces va de personalidad o del margen que les dejan los proyectos en que trabajan, pese a que haya fuertes dinámicas en ciertos sectores que empujen hacia un lado.

El problema es que es demasiado fácil para muchos jóvenes dejarse llevar por la idea de ser “alguien” para el resto, cuando quizás desconocen aún cómo quieren definir el éxito para sí mismos. Para algunos, el triunfo será llegar a final de mes o lograr equilibrar la vida personal con desempeñar su oficio. Para otros, ser “alguien” quizás sea elegir una vida invertida en escalar en el trabajo. Eso sí, avisados están de que si salen a ligar tendrán el plus de lidiar con cierta fama.

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Es el efecto clave de utilizar la culpabilización como estrategia política: revienta la columna vertebral de los esfuerzos que viene haciendo nuestra sociedad, desde hace años, por la emancipación femenina. Desde la mujer que es maltratada, hasta la chica que desea abortar, la culpa es peligrosa porque sigue actuando todavía como un lastre invisible que dificulta de facto zafarse del daño o elegir lo que se desea. Incluso donde el Estado reconoce su protección y derechos, la culpa es limitante en las mujeres porque actúa en silencio, desde las propias mentes.

La culpa es esa voz interna llamándote “mala madre” por tener una exigente carrera profesional. La culpa hace sentirse insuficientes a muchas chicas, poco merecedoras, nutriendo el síndrome de la impostora. La culpa es lo que aún se utiliza en países como Afganistán o Irán para justificar los actos de sus gobiernos contra las mujeres, acusándolas de “impúdicas”. La culpa jamás puede ser promovida desde las instituciones de un país democrático como España, porque legitima o normaliza en la sociedad el tormento sobre las voluntades femeninas.

Así que las medidas que Vox desearía aplicar en Castilla y León constituyen la institucionalización de una mentalidad ancestral, cuasi feudal, donde la mujer debe ser devuelta al cauce de lo que algunos consideran correcto, mediante el chantaje emocional o la interferencia sobre sus deseos. Es el paternalismo de quien considera a la mujer un eslabón, un engranaje más, y no como ser autónomo o pleno, con capacidad de decidir su propio destino. Irrita que hoy podamos decidir no ser madres, si no queremos, porque nuestro útero no está al servicio del interés ajeno.

La prueba es cómo algunos cuelan el debate de la natalidad para justificar sus tropelías. Sugieren que la generación actual tiene menos hijos porque hay abortos, tal que habría que “reconducirnos” hacia nuestras labores maternas. Culpabilizar a la mujer, de forma torticera, les sirve además para no aceptar la necesidad de un Estado de bienestar, en el que no creen. Son quienes tildan las ayudas sociales del Gobierno de “paguitas”, como si no fuera la precariedad una potente causa de que algunas familias no tengan hijos.

Hete ahí la hipocresía de Vox: la moral solo les interesa cuando les conviene. Ni la aplican sobre los inmigrantes, ni la aplican sobre las condiciones laborales dignas o la transición ecológica, a la luz de cómo se posicionan en los debates en el Congreso.

Ese repliegue de la mujer hacia la esfera privada tampoco es casual en la ultraderecha. Como diría Gloria Steinem, las feministas se interponen en la base de su jerarquía, que es el hogar. La mujer en la calle siempre abanderará un modelo de progreso para los derechos de toda la ciudadanía; metida en casa, evocará un modelo conservador o restrictivo. Por eso, la ultraderecha guarda especial obsesión contra las políticas paritarias, como las cuotas, que han permitido a muchas mujeres lograr su merecido hueco en la empresa o la política, expandiéndose en la esfera pública.

Sin embargo, la ultraderecha no sería capaz de apelar a muchas conciencias, si no fuera tan hábil esparciendo clichés contra las mujeres. Asumen, de fondo, que ellas abortan porque son seres sin piedad ni escrúpulos. Solo si uno es capaz de deshumanizar a una mujer podrá creer que el aborto es un jolgorio sin más repercusión en su vida. Solo si uno es capaz de ignorar su dolor emocional, puede avalar que la hagan dudar o la desestabilicen, como a una niña que creen inconsciente.

Es la estrategia ultraderechista. Recuperar la culpa contra la mujer actual no solo es cruel, sino un lastre contra la igualdad, la construcción del avance femenino y de la sociedad entera. Quien bien te quiere jamás te hace sentir culpable sino ligera de carga para que vueles libre. En nombre de la culpa, serán cómplices quienes permitan cualquier retroceso femenino, por mucho que se vistan de moderación o se crean muy distintos a los ultras.

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Es el efecto clave de los indultos o de la reforma de los delitos de sedición y malversación: desaparecen los símbolos que corrían riesgo de educar las mentes en el resentimiento durante décadas. Era el espacio público plagado de pancartas con las caras de los políticos presos, las peregrinaciones a la cárcel o las abuelas tejiendo bufandas amarillas. Era el debate mediático copado por más condenas graves contra cargos del antiguo Govern, y todo ello, ante la mirada de esa juventud que serán los adultos del mañana.

No es casual que la generación que más se ha movilizado por la independencia en los últimos años sea la que no tiene recuerdo de aquella Cataluña de Jordi Pujol. Es decir, la de la entente tácita del nacionalismo con el Gobierno central. Desde 2010 hasta 2018 muchos chavales solo crecieron con el relato de una España hostil, del recorte del Estatut o la negación del “derecho a decidir” hasta las cargas policiales del 1-O y la aplicación del artículo 155, o la huida de Carles Puigdemont con la entrada en prisión de Oriol Junqueras junto al resto de dirigentes.

Sánchez ha encontrado en ese perdón a los líderes del procés el precio a pagar por noquear la cronificación futura de un sentimiento de agravio. La democracia no solo son las leyes, sino también la fuerza de los imaginarios y los procesos de socialización política. Si el problema en Cataluña solo fuera de devolver a sus instituciones a la senda de la legalidad, no quedarían votantes independentistas. La otra fortaleza del procés residía en su tejido social, cuyas lógicas de comprensión van incluso más allá de las élites.

Precisamente, el momento para intervenir esos imaginarios era ahora, cuando se ha roto la correa de transmisión que había unido al independentismo institucional con el civil. Una mayoría de ciudadanos asumen hoy que sus líderes no seguirán por la vía unilateral debido a su temor a mayores penas de prisión, por mucho que la calle presione como lo hizo hasta 2017. Ya en tiempos de Quim Torra surgió en redes juveniles el chascarrillo de tildarlo de “Govern de Vichy”, de la “colaboración”, porque las élites mantenían el falso relato de una ruptura que no pensaban llevar a cabo, como se ha comprobado desde 2018.

Sánchez retrata además a la cúpula política del independentismo ante sus bases. La victimización de los líderes del procés juzgados sirvió durante cinco años para alimentar una especie de secuestro emocional de sus votantes, impidiendo que estos fiscalizaran nada que no fuera relativo a la independencia. El Estado siempre era “peor” en el imaginario colectivo. Ese mismo votante ha visto ahora cómo sus partidos han logrado el perdón desde el Gobierno, reinstaurando el marco de la negociación normal entre ambos Ejecutivos.

El resultado es que hoy existe en Cataluña un cóctel de frustración, desidia y nihilismo entre quienes llegaron a ilusionarse con un Estado propio. La calle está desmovilizada, pese a que una parte de Junts intente vender escenarios fantasiosos o Puigdemont permanezca como un hilo irresuelto. Siguen existiendo los partidarios de la independencia, pero se ha rebajado la creencia intensa de que ello pueda ser alguna vez cierto, incluso a largo plazo. El procés es ya un elemento más folclórico que realista de facto, donde la principal pretensión vuelve a ser un referéndum pactado.

ERC ha sabido leer esa nueva pantalla. Pere Aragonès ha dejado de supeditar la gobernabilidad a las veleidades de sus socios, y asume que hoy la sanidad, la economía o la educación están por delante del procesismo. Se abre una ventana de oportunidad para que algunos votantes se muevan hacia otras opciones, como pretende el PSC. Parte del auge del independentismo entre 2010 y 2015 fue instrumental, bajo la idea de que un Estado propio dotaría de más instrumentos para mejoras socioeconómicas.

A la postre, el error de Pedro Sánchez quizás sea no haber hecho mayores esfuerzos porque ese mosaico se entienda fuera de Cataluña. Anunciar a cuentagotas las reformas del Código Penal ha servido para desdibujar su objetivo último de resetear el conflicto territorial. Muestra de ello es el empeño de la oposición por negar que el Estado siga disponiendo de recursos legales para combatir cualquier pulsión rupturista, o incluso por poner el foco exclusivamente en otros eventuales efectos de reformar la malversación.

Del procés sabemos que la democracia no solo son sus leyes, sino también la fuerza de sus imaginarios colectivos. Sánchez golpea al independentismo desde dentro, pero también debe entenderse desde fuera, desde la España constitucionalista.

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Y que cada cual haga lo que quiera, faltaría más, si pueden permitírselo. Nadie está para juzgar cómo otros sobrellevan sus complejos. Pero mientras subía al bus, me pregunté de dónde nacía esa necesidad voraz de corregirse cuando la naturaleza aún te mantiene terso. Me vino a la cabeza el comentario de una amiga a otra sobre las intervenciones estéticas: “¿Y si dejas de parecer tú? ¿Y si luego no te reconoces ante el espejo?”.

Quizás sea eso: en esta sociedad abundan las facilidades para dejar de ser uno mismo, mientras crecen las ganas de evitar serlo. Aceptar cómo somos, ese físico que nos viene en los genes, se vende como un trance engorroso. No se trata como antaño de disipar algunos signos del envejecimiento. Está de moda ahorrarse, desde muy joven, la mínima frustración por el desarrollo de una identidad propia, cuerpo y mente, desdeñando aquellos rasgos o defectos que nos hacen distintos.

Prueba es que la edad media de inicio de un tratamiento de medicina estética ha bajado de los 35 a los 20 años, según un informe de la Sociedad Española de Medicina Estética. Es decir, que hay chavales que se “corrigen” la cara, los pómulos, la nariz o el cuerpo casi sin haber tenido tiempo de gustar o gustarse con sus atributos. Quizás ni saben cómo son plenamente: de descubrirlo va la adolescencia y la veintena, pero creen conocer lo que gusta al mundo, como si este fuera homogéneo.

Tras ello subyace una huida del reconocimiento de la identidad propia, máxime a esas edades. Muchos cirujanos confiesan que a su consulta llegan jóvenes con las fotos de sus influencers de moda o con filtros de aplicaciones móviles. A la chavalada no le importa ir todos con el mismo labio, como antaño se imitaban la ropa, el peinado, o el bolso de las famosas, creyendo tal vez que su inseguridad se acabará imitando otros físicos ajenos.

Es curiosa la paradoja que enfrentamos. Justo cuando la política sufre más un problema de identitarismo, el drama en la calle es la huida de la gente de aceptar su identidad personal. Los retoques juveniles no son simplemente una anécdota o un mero modelaje del cuerpo. Obsesionarse con el aspecto sirve, muy a menudo, para evitar enfrentar otros malestares más profundos: lo saben bien esos jóvenes que luchan contra trastornos alimentarios terribles.

Aunque quizás hay otras lecturas menos graves. Probablemente, en el pasado la gente deseaba igualmente retocarse, pero ello estaba sólo al alcance de los famosos. En la actualidad, resulta fácil que la influencer de turno muestre sus operaciones, dando la impresión de que es un trámite sencillo. Qué malo habrá en que los chavales se hagan un retoquín, si con eso se ven más estupendos, pensarán de buena fe algunos padres.

Sin embargo, esta sociedad de las redes puede volverse una especie de cárcel a largo plazo, empujando al diferente al sufrimiento o a la compulsividad del pinchazo. Hay hasta cuentas que parodian toda esa parafernalia de lucir estupendo. Corremos el riesgo de lanzar el mensaje de que la única autoestima posible pasa por la habilidad del bisturí. E incluso, que el amor que merecemos de otros, o el nuestro, está subyugado por determinados cánones sobre lo que debe ser perfecto.

Llegando a casa, me miré en el espejo y a mis 31 años recién cumplidos me sonreí al verme enorme parecido con mi madre. Claro que el físico importa: nos indica de quiénes venimos y cómo pasa el tiempo. Pero lo que no se sabe de jovencita, a los 20, se acaba aprendiendo a partir de los 30: que la experiencia, por suerte, no se opera, sino que nos regala sabiduría y fortaleza para amarnos cada vez más plenos. Es decir, con todo eso que nos hace parecer nosotros, al dejar constancia de nuestra existencia finita, cambiante, imperfecta… pero que no se parece a ninguna otra. Es exclusiva, porque es nuestra.

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Y ese sentimiento de inestabilidad vital sonó en él incluso más doloroso que el propio desamor, o el desasosiego económico. Quizás, porque no era la primera vez que la inseguridad del sector privado le jugaba malas pasadas, y en su caso, siempre ha encontrado mejores salidas. Tampoco era el primer novio con quien rompía, sino que tuvo algún otro. Por tanto, su conciencia se quebró por otro motivo: implosionó esa ilusión de haber alcanzado, por fin, una vida de esas que se esperarían a los 31 años, una vida prototípica.

Así que muchos adultos jóvenes viven hoy presos de un enorme malestar por no tener una vida personal como se esperaría. Desde entonces, no he parado de verme en conversaciones donde alguna amiga o amigo, entre los treinta y los cuarenta, desliza su temor a no estar actuando conforme a no sé qué estándar. “Igual debería estar ya teniendo niños… Soltera pensarán que soy una cría”; “pero es que ya vamos teniendo una edad para asentarnos, y yo de paseos”; “creo que los demás llevan vidas normales, no como la mía”.

Ello tiene mucho que ver con la inestabilidad laboral, que forja identidades e imaginarios. Antiguamente, mantenerse fijo en un trabajo durante años era una forma de sentirse sólido. Hoy en día, el colchón de seguridad personal se ha esfumado por la precariedad y muchos jóvenes no se sienten parte de nada. Emerge un sentimiento de desarraigo o nomadismo que va desde los pisos de alquiler hasta los despidos, y del que no es tanto culpable uno mismo.

Aunque hay algo más, que no es la cuestión económica. Algunos amigos creen que sus padres lo tuvieron más fácil para alcanzar la estabilidad personal, debido al factor tradición o la costumbre. Piensan que en los sesenta u ochenta la gente tampoco andaba picoteando de aquí para allá tanto como ahora. Creen que había una especie de hoja de ruta predefinida, y eso que era tan esperable, les hacía felices.

Cuando salen estas conversaciones, impugno la mayor y siguientes. Primero, que una vida donde quizás no se pudo explorar varias opciones no siempre fue más plena, si uno no se conoció antes lo suficiente o se arrepintió luego de lo elegido. Muestra es la tasa de divorcios entre la generación de nuestros padres. Segundo, obvian la frustración de muchos abuelos o abuelas que no dejaron nunca el hogar porque era lo que había. Aguantar no sería tan estable emocionalmente, allí donde su pesar irradió hasta a los hijos.

Sin embargo, algunos amigos creen que una vida de carril siempre fue mejor, pese a ellos tampoco se juntan con el primero que pasa, o aman su autonomía personal por encima de todo. Aparece entonces algo muy parecido al concepto de “angustia” de Soren Kierkegaard. Elegir, responsabilizarse de lo desechado y de lo elegido, causa una enorme incertidumbre y desasosiego. La libertad produce vértigo, miedo, porque uno no siempre sabe si está en lo correcto.

Ejemplo son quienes ven saltar por los aires sus relaciones de toda la vida y sienten que descarrilan hacia el abismo porque jamás exploraron algo distinto. Están quienes se ven tentados por algo nuevo, aunque no se atreven a dar el paso: desconocen que, al no elegir nada, escogen en verdad perderse esas oportunidades posibles. E incluso hay quienes deciden apearse de su presente vida, pese a lanzarse por el precipicio de lo presuntamente inestable, porque no se sienten dichosos en el aspecto que sea.

“Ya nada es estable en la vida”, pero es que nunca lo ha sido. La estabilidad no siempre es una vida prototípica. A menudo, la estabilidad es un buen trabajo. Otras, es la familia de sangre; o en su defecto, la elegida, esos amigos que te sostienen a ti y a tus mocos con una servilleta cutre. Pero la mayoría de las veces, la estabilidad verdadera nace de uno mismo: saber quiénes somos, y adónde nos gustaría dirigirnos, pese a las adversidades del destino.

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Lo confesó Isabel Díaz Ayuso hace unos días: “[Las siguientes elecciones] se tienen que plantear en clave plebiscitaria. Aparte de llegar a las urnas para hablar de servicios públicos, lo que estamos viviendo en España no lo hemos vivido en 44 años de democracia”, aseguró sobre lo que bautizó después como “pseudodictadura” de Pedro Sánchez.

De un lado, vino a culminar un discurso que la derecha lleva macerando durante tres años: del mantra del Gobierno ilegítimo; pasando por los socios ilegítimos; hasta llegar a la “pseudodictadura”. Ello cuenta ya con apoyo de buena parte del Partido Popular, que mantuvo esa tesis tras la reunión en Génova 13 esta semana, muestra evidente de que será un relato clave en 2023.

Del otro, ese relato irrumpe precisamente ahora, primero, por un factor de oportunidad: la derecha quizás teme quedarse sin argumentario económico para el año que viene. El Banco de España avisa de que nuestro país no va a entrar en recesión, pese a que los alimentos se mantengan elevados. Urgirá impedir como sea que se hable de los logros energéticos del Ejecutivo en Bruselas, o de la caída de la inflación.

Inducir un clima de gravedad democrática sirve al PP para legitimar su descaro de bloquear la renovación del Poder Judicial, como si la parálisis fuera el último bastión para parar los pies a Sánchez. Por otra parte, que el TC, el intérprete de la Constitución, simplemente quite la razón a un Ejecutivo —esta vez, pese a un procedimiento excepcional— se vendió incluso como la prueba de una Moncloa en una afrenta incorregible contra el Estado de derecho.

Ese relato pseudodictatorial le urge a Ayuso para acallar sus errores de gestión. Pintan bastos para la Comunidad de Madrid porque no tiene presupuestos, pero sí al sector sanitario en pie. Las campañas identitarias impiden que los ciudadanos fiscalicen la gestión de cualquier gobierno, al par que el ayusismo busca apretar filas para fagocitar a Vox.

La pregunta es por qué Alberto Núñez Feijóo, más cercano a las tesis de un PP a lo Rajoy, se suma ahora a esa batalla cultural. Quizás esté movido por una forma de entender la democracia, demasiado arraigada en la derecha, desde que el sistema estalló en 2015: la deslegitimación de los nuevos adversarios políticos.

Ejemplo es que el PP marianista sumió al bipartidismo en una especie de entente tácita de salvación patriótica que apartara a Podemos y al independentismo, e incluso, acabara deshinchando a Ciudadanos. Ello motivó, por ejemplo, que el viejo PSOE se abstuviera para que gobernara Rajoy. Pero todo cambió con el regreso de Sánchez en 2018. El líder socialista partió ese eje tácito del bipartidismo de Estado, al asumir que España no podía vivir deslegitimando a partidos como Podemos, Bildu o ERC porque un nuevo país se abrió paso tras el 15-M, en lo político y lo generacional.

Sin embargo, la derecha sigue aún en ese marco mental, pese a que logra con su bloqueo una suerte de profecía autocumplida. El PP consiguió esta semana elevar nada menos que a ERC como a eje rector de la arquitectura constitucional del Estado español, ahora que Gabriel Rufián amaga con apoyar la proposición para renovar las mayorías del TC.

Así que el Gobierno deberá enmendar su forma atropellada de legislar, porque la mayoría parlamentaria no necesita tirar de enmiendas o abusar de decretos-ley. La derecha política, en cambio, paraliza las instituciones bajo la creencia de que debe defender a medio país de sí mismo, pese a las mayorías democráticas expresadas en las urnas. Es decir, reservándose el derecho a bloquear la cúpula del Poder Judicial o el TC.

La derecha tenía un plan, sí. Pero la izquierda tiene ahora la oportunidad de unir al bloque de investidura, desde Podemos hasta a Yolanda Díaz —pocas excusas les servirán—, mientras que Bildu o ERC quieren parecer más institucionales que el PP. La derecha tenía un plan, pero tras unir a la izquierda, indignar a su votante, y darle un relato electoral, la jugada aún podría salir mal.

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Así que tenemos gente militando en la necesidad de una figura etérea, cual sea, que pare los pies al Gobierno de Sánchez, allí donde los resortes jurídico-políticos no les dan la razón o no bastan. No sacia una moción de censura ante la reforma de la malversación o la sedición, porque a la derecha no le dan los números. Tampoco esperan a que el Tribunal Constitucional decida sobre la revisión de sus mayorías. Saben incluso que protestar en las calles no se traduce inmediatamente en escaños.

Y esa sutil pulsión que deslizan las redes es grave: algunos creen posible traspasar la barrera legítima del desacuerdo si les resultan cuestionables las leyes del adversario. Prolifera una renuncia a creer en otros contrapesos democráticos (Parlamento, tribunales) para fiscalizar al Gobierno. Se constata su deseo de que la minoría parlamentaria se imponga ante lo que consideran “ilegítimo” mediante mecanismos que son irreales.

De un lado, porque es evidente que un rey como Felipe VI cumple escrupulosamente su labor y jamás se le verá intervenir en favor de unos u otros, aunque una parte de la derecha no duda en recrear esa fantasía de una figura plenipotenciaria, o de adueñarse del monarca cuando la política del Gobierno no le agrada. Fue Isabel Díaz Ayuso quien interpeló a Sánchez sobre si haría “cómplice” de los indultos al Rey, pese a que este no elige qué firmar, sino que sanciona las leyes como mandata nuestra Constitución.

Y legislar a medida de los socios parlamentarios en un tema como el Código Penal seguramente es reprochable, por mucho que los números den en el Congreso. No se trata sólo ya de ceder una competencia autonómica, sin más, al nacionalismo, como antaño.

Sin embargo, el cabreo de la derecha por los pactos con ERC enmascara también un debate maniqueo sobre la pretendida neutralidad de las instituciones. Es decir, sobre si a veces la legislación no tiene también implicaciones políticas en causas ulteriores. Muestra es que el Partido Popular reforzó la potestad ejecutiva del Tribunal Constitucional para hacer cumplir sus sentencias en plena ebullición del procés independentista.

En consecuencia, el Estado y sus leyes son a menudo reflejo de los equilibrios o problemáticas del poder en cada momento, incluso las territoriales. Las instituciones no siempre son “neutrales”. Por tanto, el malestar de la derecha va más allá. Su indignación es que el poder esté ahora mismo en manos de una izquierda que atrae al independentismo vasco y catalán hacia la gobernabilidad; y todo ello, en paralelo a que PP y PSOE hayan volado como nunca los puentes en consensos de la arquitectura institucional, que era un cuasimonopolio del bipartidismo.

Se ve en el jaleo para renovar el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial. Se ha roto la idea de una España de dos grandes sensibilidades históricas, conservadores y progresistas, que se ponían de acuerdo, al menos, para las reglas del juego constitucional. A mayor bloqueo del PP por interés netamente político, más fórmulas de Sánchez que son de parte, bastándose el Gobierno y sus socios para renovar esos órganos.

Pero la derecha no está tan molesta sólo por las formas legislativas o sus consecuencias. La oposición de turno criticó a Felipe González o a Mariano Rajoy por “los rodillos parlamentarios” de sus mayorías absolutas sin acusarles continuamente de golpes de Estado. La impotencia de la derecha hoy, y de una parte del PSOE más conservador, no es tanto el cómo sino el quién. Sánchez ha dejado entrar como actores en la cosmovisión territorial del Estado a quienes son tildados de “enemigos de la Nación”: Esquerra Republicana y Bildu.

La fantasía de un “partido del Rey” es el berrinche antidemocrático de la derecha al respecto, aunque a medio plazo podría aflorar el miedo de muchos ciudadanos a la creciente intolerancia entre las dos Españas, izquierda y derecha, sumado al anhelo de mecanismos de contención institucional o consensos básicos entre ambos. E irá a más, toda vez que el PP necesitará de un partido tan polarizante como Vox para llegar al poder. Algunos callan, pero desacomplejadamente lo saben.

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Lo señaló el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero poniendo como ejemplo su cambio de parecer al respecto. Las redes ardieron y la exvicepresidenta Carmen Calvo respondió que era “simple” reducir la disputa entre las feministas clásicas y la corriente queer solo al criterio de edad, porque existen diferencias conceptuales profundas entre ambas a la hora de definir la identidad o el género. Prueba es que en el PSOE hay también jóvenes feministas radicales.

Sin embargo, en la sociedad hipermediática actual los debates no se ciñen a la puridad académica. Cualquier discusión cobra hoy una dimensión pública, donde los términos se mezclan y se definen también a través de lo que la ciudadanía percibe de ese escaparate. La reflexión sobre la ley trans también cae en un caldo de cultivo social que tiene su propio contexto político, material y generacional.

De un lado, no parece casual que la voz cantante del socialismo esté en manos de Calvo o Amelia Valcárcel. Es decir, feministas veteranas que lucharon en una España donde lo tuvieron más difícil. Eso explicaría parte de su recelo extremo porque una comprensión relativa de la identidad emborrone las luchas conquistadas. Mucha de la actual legislación bebe de su visión, donde la construcción de género es un elemento a combatir porque apuntala la fuerza del patriarcado en su imposición de roles sociales.

Aunque algunos planteamientos del feminismo clásico corren riesgo de generar incomprensión entre muchos jóvenes de la generación actual. Es común en mi entorno de entre 20 y los 30 años preguntarse “por qué los derechos trans van a anular los propios”, ante esa hipótesis de un presunto “borrado de las mujeres”. Dentro de una misma cosmovisión progresista, no se percibe como un menoscabo o algo excluyente que cada uno “elija” o determine libremente su condición. Se respeta al otro en su emancipación o decisión individual.

Así que la “autodeterminación de género” tal vez no es tan difícil de entender en la actualidad como antaño. En esencia, porque la lucha más dura por el reconocimiento que vive una persona trans es frente al espejo. Fue evidente el día en que sus padres no le pusieron a ella el precioso vestido de su hermana, sino uno de niño, como recuerda una amiga trans sobre su infancia. Ese encuentro con la verdadera identidad no siempre es inmediato, sino complejo, gradual, porque es un proceso de aceptación vital, del entorno y personal.

Por todo, mi conocida se escandalizaba con la burda banalización en el debate público sobre que uno va cambiando de identidad según se despierta, cuando su mayor conquista fue antes de llegar al registro. Le resulta llamativo que una legislación que afecta a un colectivo minoritario acabe pivotando sobre la pugna de si ha sufrido más una mujer biológica por el patriarcado, que ella, según dicen, porque anteriormente era físicamente un varón.

Sin embargo, no dar mayor foco en el PSOE a quienes vienen apoyando el fondo de la “autodeterminación de género” quizás es la forma de parecer menos disruptivo ante cierto electorado. Es otra arista del cambio generacional. Ello ha sido utilizado para acusar de transfobia a los socialistas, desde figuras cercanas a Podemos y más sectores, en el bucle de polarización que no admite matices. Pero la realidad es que no cuesta encontrar cuadros socialistas jóvenes, y no tanto, que discrepan de sus mayores, como mínimo, en el tono.

Distinto es el plano académico. Una amiga de 35 años especialista en estudios de género critica que el feminismo que se consume hoy está muy “desideologizado”. Ella se considera de la rama clásica, y opina que la corriente queer triunfa entre sus alumnas de la universidad por un relativismo conceptual “simplificado, propio del mercado, muy vendible”, donde cada uno solo se preocupa a sí mismo. Por eso, critica que no se tengan en cuenta las consecuencias que supone para la lucha colectiva de las mujeres. Teme que lo queer venga apoyado en la calle por quienes no han tenido tiempo de sufrir el patriarcado, como en la maternidad o el techo de cristal.

Sin embargo, las leyes no están tanto para resolver dilemas filosóficos, aunque beban de ellos, ni tampoco para resolver cuitas partidistas o generacionales. Las leyes sirven para garantizar derechos concretos y hacerlo con la mayor garantía jurídica: impedir que nadie haga un uso torticero, proteger al menor y a todo individuo. Y si la ley trans es generacional, prueba de la comprensión posible es ese padre capaz de acompañar la transición de un hijo. Si la sociedad lo entiende ya en su casa, también lo deben entender la ley y la política.

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