Con la entrada de López en el Gobierno, un veterano del PSOE curtido en muchas batallas a la sombra de varios líderes del partido ―primero José Luis Rodríguez Zapatero, donde fue mano derecha de Pepe Blanco; número dos del PSOE, después con Alfredo Pérez Rubalcaba y finalmente con Sánchez―, el jefe del Ejecutivo refuerza el perfil político del Gobierno, según coinciden varios dirigentes consultados. Escrivá era un independiente con mucho prestigio pero sin vena política, y nunca jugó ese papel de escudo del presidente y de ariete frente a la oposición que sí podría ejercer López, que ya fue en el pasado portavoz parlamentario en el Senado cuando el PSOE estaba en la oposición. En un momento de debilidad parlamentaria y con la oposición muy fuerte, porque tiene mucho poder autonómico y local y por primera vez más escaños que el partido del Gobierno, y con una presión política máxima, el perfil de López puede ser muy útil para el Gobierno.

Diversas fuentes coinciden en que después de tres años muy duros al frente del Gabinete, uno de los puestos más duros del Gobierno, Sánchez premia a López con lo que todos los políticos de ese nivel ansían: ser ministro en teoría con tres años por delante, porque el presidente insiste en que agotará la legislatura. López lleva toda la vida en política y ha estado en todo tipo de puestos en el partido y ahora en la jefatura de Gabinete, pero nunca se había sentado en el Consejo de Ministros.

Sánchez apuesta para sustituirle en La Moncloa por un perfil completamente diferente y sin trayectoria política como Diego Rubio, un independiente que nunca ha estado en ningún partido, pero que en los cuatro años que lleva trabajando en la sombra en el equipo del presidente ha desarrollado una visión política y estratégica y una confianza con el presidente que finalmente le ha valido un ascenso al puesto de máxima responsabilidad del Gabinete, un minigobierno en el que se toman las decisiones más relevantes. López y Antonio Hernando, su mano derecha, con Paco Salazar como otra figura clave clave, son tres hombres de partido con vínculos estrechos en todas las esferas del PSOE y de la administración, algo que Rubio no tiene, pero a cambio ofrece un perfil más fresco y centrado en visión estratégica y conocimiento de los temas.

En La Moncloa hay mucha expectación por ver qué cambios introduce Rubio y si salen algunos pesos pesados del Gabinete o hay continuidad. Iván Redondo, el antecesor de López en La Moncloa, que tampoco venía del PSOE, tuvo muchas tensiones con el partido, pero el perfil de Rubio parece muy diferente y nunca ha buscado el protagonismo ni el choque con pesos pesados del partido. Su especialidad es el contenido, el discurso político y los datos, por lo que participa desde hace mucho tiempo en el núcleo duro que elabora los mensajes del presidente del Gobierno y prepara con él sus intervenciones o debates.

Una minicrisis resuelta con rápidez tras las críticas

A diferencia de otros cambios en el Gobierno que han dado lugar a muchas especulaciones y quinielas, Sánchez ha resuelto con rapidez el relevo de Escrivá, dirigiendo de este modo los focos sobre las novedades en el Ejecutivo tras las críticas de la oposición por elegir a un miembro del Consejo de Ministros para el Banco de España. Después de que EL PAÍS adelantara este miércoles al mediodía la elección de Óscar López, el Gobierno confirmó informalmente el nombramiento incluso antes de que el titular de Economía, Carlos Cuerpo, informase en el Congreso de que Escrivá iba a ser gobernador. Carlos Cuerpo comparecio en la Comisión de la Cámara Baja a las 15.00 y, poco después, a las 17.30, el presidente del Gobierno hizo una declaración institucional en la Moncloa para informar oficialmente de su decisión.

Con esta minicrisis, y la que vendrá después con la sustitución de Ribera, Sánchez da pues por cerrados los cambios y se prepara, como demostró este miércoles en el acto de arranque de curso, para una temporada muy dura en la que se pondrá a prueba la resistencia del Gobierno y su mayoría parlamentaria ahora que Junts, después de quedar fuera de la Generalitat por el pacto del PSC con ERC, amenace con tumbar todas las votaciones. De momento Sánchez ha anunciado que la semana que viene llevará al Consejo de Ministros el techo de gasto para empezar de nuevo el trámite para intentar aprobar unos Presupuestos. Si se lo vuelven a tumbar, como pasó en julio, las Cuentas estarán prácticamente muertas este año, pero el Gobierno está absolutamente dispuesto a seguir aunque tenga que prorrogarlas.

“Hay Gobierno para rato”, insistía el presidente, que abría además la batalla ideológica contra las comunidades del PP porque bajan impuestos a los ricos mientras él tiene toda la intención de subírselos con nuevas reformas. Con López y a la espera del relevo de Ribera, el Gobierno se rearma así para una etapa política en la que la oposición tratará de convencer a los ciudadanos de que el Gobierno agoniza y el presidente y su equipo harán cada día lo contrario. “Son buenos tiempos para los optimistas”, resumió Sánchez, que insiste en que España vive uno de los mejores momentos de su historia y la crispación y el ruido es una construcción política mediática que no se corresponde con la realidad que cualquiera ha podido ver este verano en sus vacaciones.

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Con ello, además, Sánchez sube el perfil político del Gobierno. López es un veterano, curtido en enfrentamientos con el PP, y es probable que ahora que es ministro ocupe mucho más espacio en la prensa para enviar mensajes y salir al combate político con la oposición, como persona de confianza de Sánchez. Distintas fuentes consultadas creen que, aunque deje el día a día de La Moncloa y no sea jefe de Gabinete, López seguirá en el núcleo duro del sanchismo y se puede convertir en otro portavoz oficioso que dé la batalla política, como hace Óscar Puente sin tener ese cargo.

López es un pata negra del PSOE, que ha pasado por casi todos los puestos posibles, desde líder regional en Castilla y León a secretario de Organización, pasando por asesor, jefe de campañas, portavoz parlamentario, negociador con el PP de infinidad de temas y finalmente director de Gabinete en el momento más difícil, tras una debacle en las elecciones madrileñas de 2021 que puso en alerta a todo el partido y que marcó la caída en desgracia de Iván Redondo. Con López, Sánchez ha vivido las noches difíciles de la pérdida de poder en las autonómicas y municipales pero también los éxitos en las generales de 2023, que le permitieron seguir en La Moncloa, y en las catalanas de este año, que han acabado con Salvador Illa en la Generalitat. López siempre estaba ahí, en la sombra pero dirigiendo campañas, mensajes, discursos y estrategias.

López es un protagonista importante de la historia reciente del PSOE, siempre a la sombra de algún dirigente pero con mucha influencia entre bambalinas. Primero fue la mano derecha de Pepe Blanco, número dos del partido con José Luis Rodríguez Zapatero. En ese pequeño grupo de fieles de Blanco estaba Antonio Hernando, ahora mano derecha de López en La Moncloa, y el propio Sánchez, que cerraba un cuarteto inseparable en el que mandaba Blanco y el número dos era López.

López siempre fue un obediente cuadro del partido que iba donde le mandaran, incluida una aventura de liderazgo de la oposición en Castilla y León, donde nunca logró vencer al todopoderoso PP local. Después fue un colaborador clave de Alfredo Pérez Rubalcaba, que tenía a López y Hernando como sus escuderos para todo tipo de operaciones. Y más tarde, los tres amigos ―Sánchez, López, Hernando― se juntaron de nuevo cuando el ahora presidente dio un salto que entonces parecía imposible y ganó las primarias a Eduardo Madina y se convirtió en secretario general. Hernando fue portavoz en el Congreso y López en el Senado, pero ambos eran los dos personajes clave del entorno del líder.

Sin embargo, el dramático proceso de destitución de Sánchez el 1 de octubre de 2016, en un Comité Federal donde hubo de todo, acabó por separar definitivamente a los tres amigos. Hernando siguió como portavoz parlamentario pero ahora a las órdenes de la gestora comandada por quienes habían destituido a Sánchez, y allí defendió la abstención ante la investidura de Rajoy que Sánchez siempre rechazó y que está en el origen del golpe palaciego que acabó con su mandato. López tuvo menos protagonismo en esos días y fue destituido como portavoz en el Senado pero cuando llegaron las primarias de 2017, a las que Sánchez decidió presentarse sin apoyos en la cúpula, promovió la candidatura de Patxi López y no apoyó a su amigo Sánchez, que ganó y no perdonó a ninguno de los que se le habían opuesto.

López cayó entonces en desgracia, y Hernando aún más. Cuando llegó al Gobierno en 2018, Sánchez hizo un núcleo duro con los que le habían apoyado en las primarias ―José Luis Ábalos, Carmen Calvo, Adriana Lastra, Santos Cerdán, Félix Bolaños― e Iván Redondo, y a López le dio el premio de consolación de la dirección de Paradores, sin perfil político, sin tocar poder real. Pero en 2021, cuando Sánchez estaba muy preocupado tras la debacle en Madrid y decidió cambiar el Gobierno casi entero para intentar reconducir la situación, echó a Redondo y puso a López en su lugar. Ahí volvió la relación entre los viejos amigos como si nada hubiera pasado, y López entró en el núcleo duro en todas las decisiones importantes.

Siempre discreto, nunca se quejó cuando cayó en desgracia y nunca sacó pecho cuando volvió al poder: ni dio entrevistas ni buscó perfil público, porque creía que un jefe de Gabinete debe estar en la sombra, al contrario de lo que había hecho Redondo, con gran exposición.

López tiene así, con un ministerio nuevo del que aún se sabe poco, el premio a una carrera política de entrega al PSOE con los distintos líderes desde el año 2000, cuando Zapatero ganó el Congreso Federal. Ahora llega el momento de mostrar el perfil político que siempre ha tenido y que podría ser útil para un Gobierno que siempre anda necesitado de personas capaces de dar titulares, contestar a la oposición y funcionar también como un escudo del presidente. El veterano López, tan madrileño como Sánchez y de la misma generación (tiene 51 años) después de toda una vida en la sombra, en la oposición o en el partido, entra al fin al Consejo de Ministros con la clara intención de ser una cara muy visible del Gobierno.

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Habrá que esperar a que Rubio tome posesión, pero diversas fuentes coinciden en que es probable que haga cambios importantes y que fiche nuevos perfiles más jóvenes e independientes, con intachable currículum académico, y no tanto personas del aparato del partido. Lo primero que habrá que determinar es qué pasará con el núcleo duro del equipo de López. El que será nuevo ministro de Transformación Digital había recuperado para La Moncloa a Antonio Hernando, otro veterano del grupo de amigos de Sánchez que también, como López, rompió con él en las primarias de 2017 y desde ahí cayó en desgracia. Hernando se había incorporado a la empresa privada en Acento, la consultora de Pepe Blanco, el que fuera mentor de todos ellos en el PSOE. Desde allí dio el salto a La Moncloa ante la llamada de López, que ahora cambia de destino.

Otro nombre clave del equipo de López cuya continuidad habrá que dilucidar es Paco Salazar, un hombre del aparato del sanchismo que tiene mucho peso en las decisiones y en su ejecución, con contacto permanente con todas las estructuras del Gobierno y del partido. Salazar fue la mano derecha de Redondo, salió de La Moncloa con él y acabó en el Hipódromo de Madrid, pero después Sánchez y López lo volvieron a llamar para que regresara al núcleo duro del aparato del presidente.

El perfil de Rubio es completamente diferente al de estos veteranos de la política, y es previsible que él incorpore otras personas sin carné político y de otra generación que destaquen por sus trayectorias académicas, como él. Aún así, no es descartable que pueda seguir contando con estos veteranos políticos que conocen todos los vericuetos de la administración y del partido. También dependerá de lo que ellos quieran.

Rubio, un historiador con premio nacional de excelencia académica y estudios en universidades como La Sorbona y Oxford, es independiente y no tenía trayectoria política cuando llegó a La Moncloa en 2020 como director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, fichado por Sánchez, al que ya conoció antes de que fuera presidente, cuando el historiador trabajaba en la universidad de Oxford.

Rubio se había especializado en análisis de políticas públicas y desde la oficina de Prospectiva dirigió el documento España 2050, con propuestas para el futuro. Rubio fue poco a poco escalando posiciones en La Moncloa e influyendo cada vez más en los discursos y los análisis del presidente, gracias a su visión estratégica y conocimiento a fondo de los temas. De hecho se convirtió en una persona del núcleo duro que prepara las intervenciones y los debates de Sánchez.

En ese trabajo y en los viajes europeos, en los que acompaña al presidente, se ha ido ganando poco a poco la confianza del líder hasta llegar a la máxima responsabilidad: jefe de Gabinete y por tanto cabeza de un equipo muy grande que prácticamente es una especie de Gobierno en pequeño, con especialistas en todas las áreas y donde se toman casi todas las decisiones relevantes.

Rubio no tiene el perfil de Redondo, que tenía mucha más exposición pública, era asesor de comunicación y acumuló un enorme poder en La Moncloa, ni tampoco el de López, un veterano del partido con conexiones en todas las esferas. Pero es una persona respetada en el núcleo duro del sanchismo y ha trenzado una relación fuerte de confianza con el líder. En estos años, según diversas fuentes del Gobierno, Rubio ha demostrado una capacidad de análisis estratégico muy importante para un puesto como el que va a ocupar a partir de ahora.

Antes de que llegara Sánchez, los jefes de gabinete en La Moncloa habían sido siempre personas con larga trayectoria dentro de los partidos: José Enrique Serrano con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, Carlos Aragonés con José María Aznar, Jorge Moragas con Mariano Rajoy. Esa línea se rompió con Redondo y volvió con López. Ahora Rubio inicia un nuevo perfil, el del académico estratega y asesor en la sombra que da el salto a uno de los puestos más relevantes de La Moncloa. Sánchez insiste en que quiere agotar la legislatura. Si lo lograra, a Rubio le quedarían por delante tres años para dar un nuevo impulso al equipo, rejuvenecerlo e incorporar más perfiles independientes y académicos de excelencia.

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López es un político veterano que fue líder del PSOE en Castilla y León y después secretario de organización de todo el partido con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente. Más tarde, cuando Sánchez dio el salto y ganó las primarias en 2014 frente a Eduardo Madina, su amigo López le acompañó en su núcleo duro y fue portavoz en el Senado. Sin embargo, después de Sánchez fuera destituido, en 2016, los dos viejos amigos se alejaron y el ahora ministro apostó en las primarias de 2017 por Patxi López. La relación se cortó. Cuando Sánchez llegó al Gobierno, en 2018, le nombró presidente de Paradores, un puesto lejos del núcleo duro. Pero cuando en 2021 el presidente hizo su mayor crisis de Gobierno y echó a buena parte de su cúpula, desde Redondo hasta Carmen Calvo y José Luis Ábalos, Sánchez se acordó del experimentado y respetado López para la nueva etapa y le dio todo el poder como jefe de Gabinete.

Ahora es una persona decisiva en la línea estratégica de Sánchez, con lo que su salida es importante, aunque todo indica que es de mutuo acuerdo porque él quería ser ministro como forma de dar un salto en su carrera política. Algunas fuentes señalan que seguirá siendo relevante en el núcleo duro, aunque ya sin la responsabilidad en el día a día de La Moncloa. Está por ver qué pasará con su equipo, porque López también había recuperado para La Moncloa a Antonio Hernando, otro veterano del grupo de amigos de Sánchez que también rompió con él en las primarias de 2017, y a Paco Salazar, un hombre del aparato del sanchismo que tiene mucho peso en las decisiones y en su ejecución, con contacto permanente con todas las estructuras del Gobierno y del partido. Habrá que esperar a que se asiente el nuevo jefe de Gabinete.

López es una persona muy conocida y respetada dentro del PSOE y en todos los círculos de la política española, donde ha estado casi siempre presente en primera fila o en zonas más discretas, pero con gran influencia, negociando en la sombra. Sánchez no prevé más cambios en el Gobierno, según fuentes del Ejecutivo, hasta que tenga que relevar a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, cuando sea designada comisaria europea. También será sustituida en forma de minicrisis, sin más cambios de calado, aunque el que se decide hoy sí tiene consecuencias importantes en el día a día del Gobierno.

Rubio, un historiador con premio nacional de excelencia académica y estudios en universidades como La Sorbona y Oxford, es independiente y no tenía trayectoria política cuando llegó a La Moncloa en 2020 como director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, fichado por Sánchez, al que ya conoció antes de que fuera presidente, cuando el historiador trabajaba en la universidad de Oxford. Pero sí se había especializado en políticas públicas y desde la oficina de Prospectiva dirigió el documento España 2050, con propuestas para el futuro. Rubio fue poco a poco escalando posiciones en La Moncloa e influyendo cada vez más en los discursos y los análisis del presidente, gracias a su visión estratégica y conocimiento a fondo de los temas. De hecho se convirtió en una persona del núcleo duro que prepara las intervenciones y los debates de Sánchez. En ese trabajo y en los viajes europeos, en los que acompaña al presidente, se ha ido ganando poco a poco la confianza del líder hasta llegar a la máxima responsabilidad: jefe de Gabinete y por tanto cabeza de un equipo muy grande que prácticamente es una especie de Gobierno en pequeño, con especialistas en todas las áreas y donde, en una estructura tan presidencialista como la de Sánchez, se toman casi todas las decisiones relevantes.

Rubio no tiene el perfil de Redondo, que tenía mucha más exposición pública, era asesor de comunicación y acumuló un enorme poder en La Moncloa, ni tampoco el de López, un veterano del partido con conexiones en todas las esferas. Pero es una persona respetada en el núcleo duro del sanchismo y ha trenzado una relación fuerte de confianza con el líder. En estos años, según diversas fuentes del Gobierno, Rubio ha demostrado una capacidad de análisis estratégico muy importante para un puesto como el que va a ocupar a partir de ahora. Antes de Sánchez, los jefes de gabinete en La Moncloa habían sido siempre personas con trayectoria dentro de los partidos: José Enrique Serrano con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, Carlos Aragonés con José María Aznar, Jorge Moragas con Mariano Rajoy. Esa trayectoria se rompió con Redondo y volvió con López. Ahora Rubio inicia un nuevo perfil, el del académico estratega y asesor en la sombra que da el salto a uno de los puestos más relevantes de La Moncloa.

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Es un mensaje claro no solo a los barones del PP, sino también a las federaciones del PSOE que temen que el acuerdo con ERC para la llamada “financiación singular”, que los republicanos llaman “concierto solidario”, perjudique a comunidades más pobres que la catalana que está, con Madrid y Baleares, entre las que más aporta al sistema. “En esta reforma de la financiación todas las comunidades autónomas recibirán más recursos que los que recibían con el PP. Nuestra intención es duplicar los recursos del fondo de cohesión territorial. Así se construye España”, ha insistido Sánchez.

El presidente, que no ha entrado al detalle del pacto con ERC, algo que el Gobierno viene esquivando todo el mes de agosto, sí empieza a construir el mensaje político para defender este acuerdo. Y lo hace garantizando que nadie perderá dinero, pero también entrando al combate ideológico con el PP y especialmente con algunos barones autonómicos como Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sánchez ha citado a esta región varias veces como ejemplo contrario a la propuesta ideológica del Gobierno progresista. “La sanidad, la educación, la dependencia no son mercancías, son derechos. No deben ser negocio para unos pocos, como están haciendo barones del PP. Solo en el último año, 1.000 millones de euros públicos se han ido a la sanidad privada en Madrid. En Valencia se ha recortado en un 20% las plazas de residencias públicas de mayores. Nuestro modelo es el contrario. La salud no es negocio, no puede depender del código postal o el apellido”, ha insistido.

Pero sobre todo, Sánchez ha explicado que mientras el Gobierno aporta a las comunidades más dinero que nunca, algunas del PP lo que hacen es usarlo para hacer regalos fiscales a los más ricos. “Algunos dicen que no damos recursos a las autonomías: es una gran mentira. En siete años el Gobierno progresista ha transferido 935.000 millones euros a las autonomías, 300.000 millones más que el PP en el mismo periodo de tiempo. Pero las derechas han dedicado los recursos a financiar regalos fiscales a los de arriba. En estos años, el Gobierno ha dado a Madrid 100.000 millones de euros, un 21% más que con Rajoy. Pero los recortes en impuestos para beneficiar a los de arriba redujeron los ingresos en Madrid en 31.000 millones. Más claro: de cada 10 euros que da el Gobierno, Madrid ha usado 3 para regalos fiscales. ¿Y qué han hecho para cuadrar las cuentas? Situarse en la cola de gasto en educación y sanidad”, ha rematado Sánchez en un discurso muy ideológico.

De hecho esa discusión entre las bajadas de impuestos a las rentas altas en algunas comunidades del PP y las subidas fiscales a los millonarios que plantea el Gobierno será uno de los ejes de la estrategia de las próximas semanas. También María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, la ha utilizado en el Senado para defenderse de los ataques por el acuerdo con ERC. Ella ha explicado que es “populismo fiscal” entrar en una competencias de rebajas autonómicas a las rentas altas mientras se pide más dinero de financiación al Gobierno.

Sánchez jugará a ese combate en una ronda de reuniones con todos los presidentes autonómicos en las próximas semanas, incluida por tanto Díaz Ayuso. 13 autonomías están en manos del PP, por lo que esa ronda podría ser el centro del debate político español en las próximas semanas. Además Sánchez está buscando fecha para una conferencia de presidentes en Cantabria que ha confirmado y que estará centrada en vivienda, aunque los barones del PP también quieren hablar de inmigración.

El presidente ha apuntado que habrá más impuestos a los ricos, aunque no ha dado detalles, porque lo importante, explica, es reducir la desigualdad. “Los niveles actuales de desigualdad son excesivos. Limitan nuestra libertad como individuos. Se juega con las cartas marcadas. Por eso vamos a acotar los privilegios de las élites y vamos a gravar a los que tienen dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos para proteger a las clases trabajadoras de un sistema injusto”. Él aspira a una sociedad, ha explicado, “con más autobuses públicos y menos Lamborghinis”.

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El viraje de Clavijo ha llevado al Gobierno a reaccionar rápidamente presionando al presidente canario con duras palabras. “Esto no va de distribución de competencias. Esto va de atender a niños y niñas”, ha advertido la ministra portavoz, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros este martes. “El señor Clavijo se está equivocando. Creo que todos los esfuerzos que está realizando tendría que emplearlos para convencer a su aliado en el Gobierno, que es el PP. Clavijo está cogobernando con el PP, y fue quien votó en contra. El Gobierno trabaja en soluciones con la mano tendida”, ha insistido Alegría.

El empuje de la ministra se ha producido después de que el PP revelase hoy que este mes de agosto hubo reuniones para intentar cerrar un acuerdo, algo que admiten en el Ejecutivo. Sin embargo, mientras los populares plantean que el Estado asuma los menores cuando las comunidades hayan sobrepasado el 150% de su capacidad, el Gobierno insiste en que ya había un acuerdo con Canarias, Ceuta y Melilla —estas últimas en manos del PP—, cerrado en julio, para establecer un reparto obligatorio de los menores. La Moncloa exige al PP que lo asuma aprobando ya la tramitación de la reforma de la ley de extranjería sin rodeos y que luego planteen otras reformas.

Ha sido el portavoz del PP, Miguel Tellado, quien ha confirmado desde el Congreso que el pasado 12 de agosto tuvo lugar una reunión a tres bandas celebrada en la oficina del Gobierno de Canarias, en Madrid, un encuentro adelantado por Artículo 14. Clavijo citó allí a Tellado y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Durante el encuentro, según el PP, el dirigente canario acudió con una serie de propuestas para intentar acercar posturas. “Clavijo llevó un documento a esa reunión y nos valía”, afirman fuentes de la dirección del Partido Popular.

En dicha reunión, asegura el PP, Clavijo puso sobre la mesa un cambio en la acogida de los menores no acompañados, cuya competencia según la normativa vigente corresponde a las comunidades autónomas. La propuesta consiste en tres supuestos: las comunidades autónomas seguirán asumiendo la acogida de los niños en sus centros hasta que se alcance el 100% de su capacidad; cuando los centros estén entre el 100 y el 150% seguirán en los centros gestionados por las comunidades pero el Estado tendrá que transferirles recursos económicos y que, cuando se sobrepase ese 150%, será el Estado el que acoja a los menores en soluciones habitacionales destinadas a tal efecto, como ocurre con los adultos. Esas soluciones habitacionales podrían ser cuarteles, pabellones u otro tipo de alojamientos bajo el paraguas de la Administración central.

Fuentes de Génova arguyen que, antes de negociar cuotas de reparto, La Moncloa tendría que aceptar estas últimas condiciones, además de convocar la conferencia de presidentes y de aprobar la declaración de emergencia migratoria. La dirección del PP asegura que el ministro Torres iba a estudiar los números y emplazarles a una reunión futura para tratar el asunto. Uno de los problemas que plantea este supuesto es que por ahora no se ha establecido un criterio objetivo cuantitativo sobre cuántos recursos han de habilitar las comunidades autónomas para la acogida de estos niños. “No estamos en contra del reparto obligatorio. Pedimos que el Estado incorpore recursos a la capacidad de la autonomía sobre soluciones habitacionales. Y a partir de ahí podemos repartir con un mapa previo”, señalan desde el PP.

El propio presidente de Canarias admitió este lunes en declaraciones a la Cadena Ser la existencia de estos puntos exigidos por su socio de Gobierno en las islas y cargó la mayor parte de la responsabilidad del desencuentro sobre el PSOE. “La situación está que el Partido Popular ha presentado un documento con cuatro puntos a incluir en ese proyecto legislativo”, detalló el líder nacionalista, que matiza que estos puntos vienen del grupo parlamentario en el Congreso, no del PP en Canarias. “Esa es la situación”, afirmó Clavijo. “Quien no ha contestado es el Gobierno de España [...] Yo estoy pendiente de que se pueda dar esa reunión con el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, y con Junts”, subrayó. “Luego, la pelota lleva en el tejado del Gobierno de España a lo largo de todo el mes de agosto. Yo he llamado… he pedido… Y se lo dije al presidente Sánchez cuando me reuní con él en La Palma, y él se comprometió a dar un impulso”, informa Guillermo Vega.

El Gobierno admite el encuentro, pero insiste en que la solución es modificar la ley. “En esa reunión del 12 de agosto se plantearon porcentajes de carácter ordinario y extraordinario en cuanto a la llegada de menores al territorio español. Y la importancia de este asunto reside en determinar cuál es la capacidad máxima de cada comunidad, cuáles serían sus recursos potenciales y conforme a qué criterios”, señalan en el Ejecutivo. “Ante la urgencia de Canarias, desde el Gobierno recordamos que ya hay un acuerdo de texto aprobado por nueve grupos parlamentarios. Un acuerdo que, con el sí del PP, sería de aprobación inmediata y al que se podrían añadir las cuestiones que se seguirían negociando con el PP”, remata el Gobierno.

De fondo hay un problema político evidente: el PP tiene mucha presión de Vox y sectores conservadores para que no acepte el reparto de miles de menores. Y para la formación de Alberto Núñez Feijóo resulta más cómodo si es el Gobierno quien impone ese reparto, trasladando así la pelota al Ejecutivo. De hecho, los gobiernos del PP y Vox se rompieron por esta cuestión. El Gobierno central insiste en defender el acuerdo y reclama a todos que asuman sus responsabilidades. “Menos discursos incendiarios y más responsabilidad. Estamos hablando de 6.000 niños que necesitan cuidados. Somos un país frontera, hemos pedido solidaridad a Europa, ¿de verdad el PP no puede aportar responsabilidad con 6000 niños en un país de más de 45 millones?”, clamó Alegría.

La cuestión por tanto no está cerrada, pero todo indica que habrá negociaciones en los próximos días y aunque parece complejo desde el punto de vista político, la situación en Canarias es tan apremiante que hay mucha presión también para que se encuentre un acuerdo.

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Tanto en el PSOE como en Sumar y en sectores progresistas judiciales confían ahora en que este nuevo CGPJ con esta presidenta y esta nueva mayoría a la izquierda por la mínima reequilibre en los próximos cinco años la correlación de fuerzas en la cúpula judicial, tanto en el Supremo como en tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y los lugares clave en los que los puestos decisivos los elige el CGPJ. Algunas de las fuentes consultadas recuerdan que además del hecho muy significativo de que es la primera mujer al frente del Poder Judicial, hay otro con una lectura política muy de fondo: no había una presidencia progresista desde hace 28 años.

Desde que el progresista Pascual Sala, en 1996, dejó ser presidente del CGPJ y dio paso al conservador Javier Delgado Barrio tras la victoria de José María Aznar en las elecciones, la derecha judicial ha tenido el dominio directo o indirecto del CGPJ y eso ha provocado un claro desequilibrio a favor de los conservadores en los nombramientos clave. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder, en 2004, y tenía votos en el Congreso para renovar el CGPJ con una mayoría progresista, el PP bloqueó durante casi dos años la renovación. El PSOE finalmente aceptó, para buscar el desbloqueo, poner de presidente del CGPJ a un conservador, Carlos Dívar. Aunque había una mayoría equilibrada, lo cierto es que los conservadores siguieron teniendo mucho peso en los nombramientos durante los años de Dívar.

Después volvió el PP al poder con mayoría absoluta en 2011 y ahí, en 2013, se renovó el CGPJ en tiempo y forma con una clara mayoría conservadora, que siguió decantando la balanza a favor de este sector en los nombramientos. Son los años de Carlos Lesmes al frente del CGPJ, que son los que más claramente han desequilibrado la balanza, según distintas fuentes jurídicas progresistas, a pesar de que este sector tenían alguna capacidad de bloqueo y los nombramientos eran en teoría por consenso. Incluso Pedro Sánchez, en 2018, con una mayoría progresista en el Congreso, ofreció al PP una presidencia del CGPJ conservadora, la de Manuel Marchena. Ese acuerdo estaba cerrado pero se truncó por problemas internos en el PP que acabaron con Marchena renunciando a su candidatura cuando se conoció un mensaje del portavoz del Senado del PP, Ignacio Cosidó, en el que decía que iban a controlar la sala segunda del Supremo “por detrás”.

Ahora, después de 28 años, una progresista vuelve al frente del CGPJ con una mayoría exigua que le exigirá pactar con el sector conservador todos los nombramientos. Pero diversas fuentes del Gobierno, del PSOE, de Sumar y de sectores progresistas judiciales consultadas se muestran optimistas y convencidas de que poco a poco -los nombramientos son lentos y las renovaciones dependen de jubilaciones y cambios de destino- se ira reequilibrando la balanza. “Ya solo con que fueran nombramientos equilibrados entre progresistas y conservadores cambiaría mucho las cosas, porque en los últimos años el desequilibrio a favor de los conservadores ha sido muy evidente, basta ver la composición de las salas importantes como la de Lo Penal”, resume una de estas fuentes. Si en los 80 y 90 esta sala, la más importante porque juzga los asuntos políticamente más delicados -desde el procés a los casos de corrupción más sonados- tenía una ligera mayoría progresista, en la actualidad tiene un dominio aplastante de los conservadores que diversas fuentes sitúan en un 11-4 para estos.

El nuevo CGPJ con su presidenta progresista tendrá ahora que tomar muchas decisiones, y no solo los 140 nombramientos que tiene pendientes después de un bloqueo de cinco años y medio, en los que se podrá notar la influencia de este cambio de mayorías dentro del consejo. También tendrá que elegir comisiones y reactivar muchas decisiones que estaban paradas y reconstruir cuestiones sensibles como la disciplinaria, en la que ha habido muy pocas medidas importantes en los últimos años. El mundo judicial y político progresista está pues expectante ante la posibilidad de que este cambio tenga consecuencias muy relevantes para el equilibrio de fuerzas en la justicia, pero el análisis real solo se podrá hacer con el tiempo.

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La estrategia parece muy similar a la del PP de Mariano Rajoy con el Estatut, pero distintas fuentes consultadas de sectores progresistas de la justicia coinciden en que esta vez el resultado será muy diferente. Las recusaciones tienen muy pocas posibilidades de prosperar, según diversas fuentes jurídicas y también otras políticas que están siguiendo muy de cerca el proceso. Y es precisamente una decisión tomada bajo mayoría conservadora y con un presidente conservador la que va a ser utilizada para blindar al Constitucional del intento del PP de romper la mayoría progresista con recusaciones. Un auto de 2021, en plena ola de intentos de recusaciones de abogados del procés, cambia la doctrina que seguía hasta entonces el Constitucional, y que implicaba que se abstenía el que hubiera hecho declaraciones muy claras que pudieran contaminar su imagen de imparcialidad.

El auto es rotundo, y entiende que la recusación solo debe darse en casos muy excepcionales porque si no se podría hacer inoperante el alto tribunal. Desde entonces, se están rechazando de plano todas las recusaciones. Esta resolución, tomada con el conservador Pedro González Trevijano como presidente, y por tanto difícil de discutir políticamente por parte del PP, servirá ahora para blindar la mayoría progresista y evitar la maniobra del PP, según diversas fuentes consultadas, que insisten en que si se tuvieran que abstener algunos magistrados progresistas por las declaraciones que hicieron sobre la amnistía también tendría que hacerlo José Mario Macías, el hombre fuerte del sector conservador, que está a punto de tomar posesión como miembro del Constitucional a propuesta del PP, que ha sido muy beligerante contra la amnistía en los últimos meses, cuando era el líder del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial.

En sectores del mundo judicial y político progresista se da por hecho por tanto que el PP no tiene ninguna posibilidad de repetir la maniobra exitosa del Estatut, que supuso entonces un varapalo importante para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que también tenía una mayoría que dependía de los independentistas, aunque entonces el procés no estaba ni en el horizonte. Lo que sí parece muy probable, según estas fuentes, es que Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia, mantenga su intención de abstenerse en la votación de la amnistía por sus declaraciones cuando era ministro en las que señaló que una amnistía sería inconstitucional. No es que se vaya a aceptar la recusación del PP, que con toda probabilidad se rechazará como todas las demás con los argumentos expuestos en el auto de 2021, sino que él está decidido a abstenerse y nadie parece capaz de convencerle de lo contrario.

En diversos sectores progresistas insisten en que por los mismos motivos de Campo debería abstenerse Macías, pero esto último parece poco probable, por lo que los números se estrecharían para una futura sentencia: del 7-5 a favor de los progresistas pasaría a un 6-5. Lo que todas las fuentes consultadas dan por hecho es que no habrá un nuevo Aragón Reyes, esto es nadie de esa mayoría progresista se pasará al lado conservador en este asunto.

Feijóo fue especialmente duro y preparó ya el terreno para una sentencia que avale la amnistía, que es la opción más probable que se maneja no solo en los partidos de la mayoría sino también en la oposición. El líder del PP, consciente de que el Constitucional podría tumbar el recurso que aún no ha presentado pero ya está ultimando su partido, está tratando con las recusaciones de deslegitimar esa decisión y preparar el terreno para una gran batalla política en otoño centrada en desautorizar al Constitucional y especialmente a su presidente, Cándido Conde Pumpido, que se ha convertido en la diana del PP a pesar de su larga trayectoria judicial que nadie cuestiona. Feijóo dijo que él acatará el fallo del Constitucional porque “el Estado de derecho consiste en aceptar las resoluciones judiciales”, pero reclamó a los tres recusados que se inhiban o de lo contrario él tendrá “muchas dificultades para entender que ese fallo está dictado por personas independientes”.

Desde el Gobierno y los partidos de la mayoría creen que la ciudadanía ya está pasando página de la amnistía y se ha reducido mucho su rechazo en los últimos meses, y están convencidos de que el PP perderá también la última batalla jurídica y este asunto pasará a un segundo plano en la agenda política sin que haya tenido el desgaste que se esperaba, porque muchos ciudadanos, especialmente en Cataluña pero no solo, están viendo que el resultado de esta operación es que el independentismo está más débil -ya no tiene mayoría en el Parlament- y el procés es una sombra cada vez más lejana.

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En público, Sánchez presume de tener al partido absolutamente controlado: en la rueda de prensa de balance recordó que en la Ejecutiva casi hubo unanimidad a favor del pacto, con una sola abstención del representante de Castilla-La Mancha. Incluso se burló de Emiliano García Page, el más duro contra el acuerdo porque cree que rompe el principio de solidaridad entre autonomías que los socialistas siempre han defendido. En privado, el tono de la dirección es más contenido y en estas horas varios dirigentes, en especial el propio Salvador Illa, están haciendo muchas llamadas para tranquilizar a los líderes territoriales.

A todos les dan garantías de que la solidaridad, el principio básico que sí podría romper el PSOE si se perdiera, está garantizada y de hecho está escrito así en el pacto con ERC. Además, les insisten en un dato que Sánchez ha repetido varias veces en los últimos dos días: nunca las autonomías tuvieron tanto dinero disponible como ahora para políticas sociales, para servicios públicos. 300.000 millones de euros más que en los siete años de Mariano Rajoy. A todos les dicen también que vale la pena arriesgar con este acuerdo para intentar resolver el problema catalán y para abrir paso a un modelo federal real en el que las autonomías no solo gastan, sino también ingresan y se hacen corresponsables del cobro de impuestos. “El PSOE siempre gana cuando es valiente”, resume un miembro del Gobierno, que cree que algunos líderes territoriales no entienden que un salto como lograr que los independentistas hagan president a Illa no se puede hacer sin algo potente a cambio.

A pesar de esta pedagogía que están haciendo en la cúpula, y de que el presidente está pidiendo tiempo a los suyos ―sobre todo porque no habrá ninguna explicación de los detalles del acuerdo hasta que no voten las bases de ERC y hable Illa el sábado― algunos barones transmiten su inquietud en goteo. Especialmente duro fue el líder en Castilla y León, Luis Tudanca. Dijo que él no va “a tolerar ni a defender que haya un sistema singular que perjudique los intereses” de su autonomía. “No podemos coser la unidad territorial de este país por un lado, descosiéndola por el otro”, aseguró. El madrileño Juan Lobato también se distanció. Él cree que este pacto “no es el ideal” y defiende un modelo de “cohesión, proyecto común y de igualdad” acorde con “los valores socialistas”. Aún no ha hablado el líder asturiano, Adrián Barbón, pero su vicepresidenta, Gimena Llamedo, insistió en defender la solidaridad y la multilateralidad.

Aun así, todos son prudentes y quieren esperar a ver el detalle y las explicaciones, y otros, como la presidenta de Navarra, María Chivite, que tiene su propio concierto en su comunidad, expresaron su respeto por el nuevo modelo pactado con ERC. También lo apoyaron los líderes territoriales que son ministros: la valenciana Diana Morant y el canario Ángel Víctor Torres. El gallego José Ramón Gómez Besteiro sostuvo que el acuerdo respeta los principios de “igualdad y solidaridad”, aunque, como otros, reclamó una financiación singular también para Galicia. Y esto será clave en los próximos meses: cómo extender el acuerdo a otras autonomías.

Lo más delicado es la garantía de la solidaridad, que Sánchez insiste en que está fuera de dudas. El andaluz Juan Espadas también expresó recelo, pero cree que este acuerdo puede abrir una oportunidad para una reforma completa del sistema de financiación, que lleva 10 años de retraso y que pueda avanzar en la federalización, pero en la que todos ganen. Esto sería posible en este momento porque hay mucho dinero encima de la mesa. No es una época de vacas flacas, como la de 2014, cuando caducó el modelo anterior y Rajoy, aun con mayoría absoluta, decidió postergar la reforma.

Controlado relativamente el debate interno en el PSOE, y con la confianza de que la investidura del líder socialista acabará por despejar todas las dudas internas porque será él quien tendrá que gestionar todo el cambio de modelo y quien representará a Cataluña en todas las reuniones multilaterales o las citas con los distintos barones, Sánchez y los suyos contienen la respiración ante la votación de ERC el viernes. Un resultado negativo haría inútiles los esfuerzos y el desgaste político de un salto como el que se ha dado esta semana al apuntar hacia el concierto catalán. Por eso, Sánchez esquiva todas las preguntas de la prensa que le piden concreciones sobre el acuerdo alcanzado con ERC, y en realidad casi todas las demás también. Todo está parado a la espera de la votación, y ese es el motivo de que el presidente se deshaga en elogios a los republicanos y de su papel en las tres legislaturas en las que él ha gobernado, aunque ha habido muchos momentos de tensión entre ambos partidos.

En La Moncloa, en teoría, la temporada terminaba con la comparecencia de Sánchez de este miércoles. Ya no hay más actividad prevista hasta el Consejo de Ministros del 27 de agosto. Pero hasta que no voten las bases de ERC el viernes, la tensión será máxima en la cúpula del Gobierno. Las vacaciones de algunos tendrán que esperar hasta ese momento. Si el resultado es positivo, Sánchez habrá logrado en pocos meses dos investiduras aparentemente imposibles: la suya y la de Illa. En una tuvo que ceder con la amnistía y en otra con el concierto. Pero en La Moncloa insisten: lo importante no es el coste del momento, sino el resultado a medio plazo. Y por eso piden tiempo y calma a los suyos, que no pueden ocultar su inquietud.

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“No existe el más mínimo indicio que justifique la citación efectuada más allá de la voluntad libérrima del magistrado instructor de tomar la declaración que ha acordado”, critica el recurso de Gómez. “La adopción de medidas de investigación siempre requiere que exista un fundamento que, en este caso, entendemos que no existe en absoluto y, prueba de que no existe, es que no se ha exteriorizado en la providencia dictada”, añade en referencia a la resolución del magistrado firmada este lunes para dar luz verde a la citación de Sánchez.

El ministerio público se pronuncia en un sentido similar en un escrito fechado este martes: “Se vienen realizando todo tipo de diligencias, aun generales, de amplio espectro y escasa concreción, que no han obtenido los fines pretendidos”. Es más, el fiscal José Manuel San Baldomero critica que no se “ha realizado ponderación alguna sobre la proporcionalidad de la [citación], atendiendo al previsible impacto y repercusión, con la sabida y previsible vaciedad probatoria”.

Las alegaciones de la Fiscalía y de la defensa de Gómez se dirigen al propio Peinado. Según explican fuentes jurídicas, debido al tipo de resolución usada para citar a Sánchez como testigo, las partes tienen que recurrir primero ante el magistrado, antes de poder elevar sus alegaciones a la Audiencia Provincial de Madrid para que esta decida después si corrige al juez o le respalda. Mientras se resuelven los recursos, no se paraliza nada y, por tanto, sigue vigente la intención del instructor de acudir el próximo 30 de julio en persona a La Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno.

La Fiscalía se pronuncia sobre eso: “La propia cercanía en la fecha de la declaración resulta anómala; impidiendo, casi seguro, que los eventuales recursos puedan ser objeto de tramitación y resolución” antes de que se produzca la comparecencia de Sánchez. Pilar Alegría, ministra portavoz del Gobierno, ha informado a las 14.30 de este martes que el presidente aún no ha recibido la citación: “Esto no es una causa judicial, es una causa política, alentada por la derecha y la ultraderecha. Con un objetivo claro: atacar al presidente y a su familia y erosionar a este Gobierno progresista [...] Lo que las urnas no les dieron, no lo obtendrán con oscuras maniobras”.

Así, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Alegría ha cargado con dureza contra la investigación. Ha sido explícita al mostrar el enorme malestar del Ejecutivo con el juez, al que no ha citado expresamente. Y también ha recordado que hace justo un año que hubo elecciones generales, como modo de acusar a la oposición de querer cambiar al Gobierno a través de procesos judiciales. “Hoy hace un año de las elecciones. Ese día, 12,5 millones de españoles dijeron ‘no’ a un Gobierno del PP y Vox, y ‘sí' a un Gobierno progresista. La oposición tiene una estrategia que únicamente se ha basado en el odio, en la rabia. Le pido al PP que asuma de una vez el resultado”, remató la portavoz, subiendo mucho el tono, algo nada habitual. También en la misma rueda, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acusó al PP y Vox de jugar a tumbar al Gobierno. “Estamos viviendo un proceso de desestabilización de todas las derechas de este país. El PP está secuestrado por Vox. La ciudadanía debe juzgar si la oposición está jugando el rol democrático que le corresponde o no”, lanzó Díaz. Alegría señaló directamente que “la mayoría de los juristas concuerda en que este proceso es, cuando menos, innovador”: “Hay dos informes de la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil] que desmontan esta denuncia falaz. La Fiscalía pide archivar. No hay caso”.

Con un escrito fechado el pasado viernes (después de que la mujer del presidente se acogiese a su derecho a no declarar) y firmado en la mañana de este lunes, el magistrado Peinado aceptó la petición que las acusaciones populares —encabezadas por la formación ultraderechista Vox— pusieron sobre la mesa tras la comparecencia de Gómez en el juzgado. “Se considera conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada, Pedro Sánchez Castejón”, resumió el instructor en una escueta resolución de cinco párrafos, repartidos en dos páginas, donde señala que irá el próximo 30 de julio a La Moncloa para interrogar en persona al jefe del Ejecutivo. Un encuentro que también quiere grabar.

Sin embargo, la defensa subraya que Peinado se contradice en su argumentación. Pues, para justificar acudir a La Moncloa para tomar declaración a Sánchez y que este no pueda responder por escrito a sus cuestiones —como permite la ley a los miembros del Gobierno—, el juez ha expuesto que le preguntará sobre hechos de los que no tuvo conocimiento en razón de su cargo de presidente. En cambio, en una resolución anterior, el propio magistrado ya había dicho que “está investigando todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo por la investigada (Begoña Gómez) desde que su esposo es el presidente del Gobierno”. A lo que se añade que, en la citación conocida este lunes, el instructor dice que pretende investigar un posible delito de “tráfico de influencias en cadena”, así como la posible relación de la persona investigada con una autoridad”.

“Es obvio que lo que trata de investigar el instructor es una supuesta pretendida influencia de mi representada en el presidente y, si es así, es en atención al puesto que constitucionalmente ocupa como presidente del Gobierno”, hace hincapié el recurso del abogado de Gómez, que remacha: “Vamos a reiterar lo que ya hemos dicho en multitud de escritos que se han presentado y que aún no han sido resueltos por el juzgado de Instrucción: es la inexistencia de objeto en el presente procedimiento, puesto que los hechos que justificaron su apertura hace semanas que fueron avocados a favor de la Fiscalía Europea”.

El abogado de Gómez ya acusó a Peinado de haber emprendido una causa prospectiva contra ella —es decir, una investigación general para ver si se encuentra un indicio de delito, en lugar de investigar a partir de indicios existentes—, algo que está prohibido por la ley. En ese punto ahonda este martes con sus nuevas alegaciones, donde reprocha al juez que no concrete los indicios que “justifican sus decisiones”, más allá de usar “fórmulas estereotipadas”. A su vez, su recurso apunta que la resolución sobre Sánchez menciona artículos que “no existen” en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que el juez se ha equivocado al citarlos.

La Fiscalía tampoco se queda corta al hablar de una “investigación prospectiva” y “carente de indicios”: “La causa sigue adelante con una amplitud claramente desmesurada y carente de cualquier precisión o definición”. “En los últimos tiempos, además, se ha citado a testigos que, inmediatamente y sin motivación alguna o con meras remisiones genéricas a testigos y documentos, han visto mutada su situación procesal a la de investigados, resultando preocupante cómo se usa y toma en consideración sus propias declaraciones testificales (bajo juramento y apercibidos en forma) para empeorar dicha condición tras dichas declaraciones, sin haber interrumpido las mismas en el momento en que se supone se tornaron incriminatorias, ni justificar debidamente el referido cambio”, prosigue el fiscal.

La declaración de Barrabés

Camacho recuerda que, hasta ahora, “solo hay una declaración” en la causa “de la que quepa extraer la existencia de alguna referencia al cónyuge” de su cliente. El empresario Juan Carlos Barrabés, al que el juez interrogó como testigo antes de imputarlo, mencionó que se había visto en dos ocasiones con el presidente en La Moncloa. Una de esas veces fue en “una ronda de entrevistas con especialistas en innovación y con la presencia del titular de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20”, en la que Gómez no estaba presente. La otra fue cuando Barrabés fue a La Moncloa —“que no se debe olvidar que es el domicilio actual y el lugar de trabajo de mi representada y de su cónyuge”— para verse con Gómez, y coincidió brevemente con el presidente, que se marchó tras recibir una llamada.

“No existe indicio alguno que justifique la línea de investigación, una vez más prospectiva, que se ha iniciado con esta citación”, apostilla el recurso de Gómez. “Se ha orillado y excluido la posibilidad de declaración por escrito”, critica la Fiscalía, que censura que Peinado que se haya “centrado más” en las “circunstancias accesorias de la grabación de imágenes del testigo en el palacio de la Moncloa, que en motivar la decisión en cuestión”.

El escrito del ministerio público, que acusa al juez de acudir a “subterfugios” y de “disfunciones”, afirma que no se pueden desvincular los supuestos hechos bajo sospecha de la condición de presidente de Sánchez.

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La expectación resulta enorme ante cómo se desarrollará la comparecencia. El juez ha comunicado este lunes que el fiscal, los letrados de las defensas y una abogada de Vox, que coordina a las cinco acusaciones populares personadas en el sumario, podrán acompañarlo para participar en el interrogatorio, que el instructor prevé grabar. Todo ello, mientras el Gobierno expresa su enorme indignación con Peinado. En privado, algunos miembros del Ejecutivo acusan al magistrado de prevaricar y de actuar con intenciones políticas, aunque la defensa de Gómez no piensa en querellarse contra el instructor. “No hay caso”, repiten una y otra vez en el Gobierno, que definen como un “espectáculo” el cara a cara con Sánchez, que asumen ya que se producirá en presencia de la ultraderecha representada por Vox, con toda la simbología política que ello conlleva.

Una vez iniciado el interrogatorio, el juez deberá advertir a Sánchez de que la ley le permite no declarar en una causa abierta contra su esposa. Según varias fuentes, esa opción se ha barajado, pero no ha trascendido si será la postura final del jefe del Ejecutivo. Pese a ello, aún habrá que ver si no se producen intentos de última hora de forzarlo a responder sobre algunos temas, ya que las acusaciones populares argumentan que no puede negarse a contestar a las preguntas sobre otros imputados con los que no mantiene un vínculo familiar. En este caso, por ejemplo, para muchos ya resultó bastante inesperado que el magistrado impidiese a Sánchez declarar por escrito —una maniobra que el fiscal ha calificado de “subterfugio”—, como permite la norma a los miembros del Gobierno cuando van a comparecer en una instrucción como testigos por hechos que han conocido por razón de su cargo .

El grupo ultracatólico Hazte Oír ha convocado una concentración a las 9.30 cerca de La Moncloa. Tras la declaración de Sánchez, está prevista que se celebre la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En el Ejecutivo se asume que esta citación ante el magistrado es un trago difícil desde el punto de vista mediático, pero creen que no supone mayor desgaste porque, en opinión del Gobierno, el caso acabará archivándose.

Otros interrogatorios

El cara a cara entre Peinado y Sánchez ha tenido como prólogo una larga batería de interrogatorios celebrados este lunes en los madrileños juzgados de Plaza de Castilla. El juez tenía previsto la comparecencia de cinco personas, pero finalmente solo se celebraron tres. La declaración como imputado de Juan Carlos Barrabés, que sufre una grave enfermedad, se ha aplazado al 1 de agosto por motivos de salud, según informan fuentes jurídicas. También se ha pospuesto la testifical de Luis Ciprés, miembro del grupo empresarial de Barrabés.

Por tanto, solo se han celebrado tres comparecencias. La de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que ha acudido como imputado y ha negado cualquier irregularidad en la relación de Begoña Gómez con el centro docente, como ya hizo cuando declaró como testigo el pasado 5 de julio. El juez ha interrogado igualmente a Diego del Alcázar, presidente del Instituto de Empresa (IE), donde la mujer del jefe del Gobierno dirigió el IE Africa Center; y a Félix Jordán de Urries, al que un abogado identifica como la persona que puso en contacto a Barrabés con la esposa del presidente, según consta en un escrito enviado a la Guardia Civil. Según fuentes jurídicas, Alcázar ha explicado que se contrató a Begoña Gómez porque tenía un currículum adecuado.

Mientras tanto, a través de un nuevo escrito enviado al juzgado este lunes, la Fiscalía quiso volver a dejar claro su “rotunda discrepancia” con la citación de Sánchez a declarar. Hasta ahora, estos son algunos de los grandes reproches del ministerio público:

Un trato “más gravoso”. El fiscal José Manuel San Baldomero, que ya denunció la “incertidumbre” que reina en este sumario y su “deriva procesal”, ha rechazado reiteradamente la citación de Sánchez como testigo, al considerarla carente de “utilidad, necesidad y pertinencia”, al contrario que el juez. Incluso, el ministerio público reprocha al magistrado que, amparándose en el artículo de la Constitución que prevé que todos “los españoles son iguales ante la ley”, haya impulsado una causa “desmesurada” y haya abocado a Begoña Gómez y a su marido a “un tratamiento procesal distinto” y “más gravoso”.

Desproporción. Juan Carlos Peinado acordó citar a Sánchez el 19 de julio, justo después de que se lo pidieran las acusaciones populares tras la negativa de Begoña Gómez a declarar en la causa. Pero el magistrado no firmó esta resolución hasta la mañana del 22 de julio. En ese dictamen y como acostumbra a hacer en sus escuetos escritos —en los que todavía no ha aclarado los extremos de su investigación—, el juez apenas dedica un párrafo a argumentar por qué quiere interrogar al dirigente socialista: según dijo, sigue la pista a un supuesto “tráfico de influencias en cascada” presuntamente cometido por su esposa y la “posible relación de [Gómez] con una autoridad”, sin precisar a qué “autoridad” se refiere.

En opinión del fiscal del caso, al igual que ha ocurrido con otras decisiones anteriores, el instructor ha impulsado esta iniciativa sin justificarla lo suficiente en sus resoluciones, y ha evitado hacer una “ponderación sobre la proporcionalidad de la misma, atendiendo al previsible impacto y repercusión” que va a tener. Sobre todo, según incide el ministerio público, ante la escasa importancia que va a tener la declaración de Sánchez en las pesquisas, debido a la “sabida y previsible vaciedad probatoria” de su interrogatorio.

“Investigación prospectiva y carente de indicios”. En abril, nada más arrancar el procedimiento, la Fiscalía pidió archivar la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias que dio origen de la causa. Y, tres meses después, el ministerio público continúa sosteniendo la misma posición y defiende que no “hay rastro alguno” del supuesto tráfico de influencias atribuido a Begoña Gómez. La Guardia Civil ya ha confeccionado dos informes que descartan ilegalidades. La Complutense ha elaborado un tercer análisis donde expone que tampoco puede concluir la existencia de irregularidades. Y, por su parte, ningún testigo o imputado ha precisado ninguna anomalía.

“Sin motivación alguna”. Más allá de las críticas al desarrollo de la instrucción, que “adolece de la mínima precisión”, los reproches al juez también tienen que ver con “las disfunciones” que se han producido con las imputaciones del empresario Barrabés y el rector Goyache. “Ya son dos las personas traídas a la causa como testigos y que, tras declarar bajo juramento, han sido imputadas y han pasado a tener la consideración de investigadas sin motivación alguna”.

Aún nadie ha pedido imputar al presidente del Gobierno en la causa, pero nadie descarta que, antes o después, llegue esa solicitud. De hecho, desde un principio, las acusaciones populares han colocado la diana en Sánchez. “No descansaremos hasta desalojar al clan corrupto que ocupa La Moncloa y que paguen ante un tribunal”, dijo Vox tras conocerse que el juez había citado al jefe del Ejecutivo a declarar como testigo. Sin embargo, Peinado no puede imputar al dirigente socialista, ya que se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo. El magistrado, de querer dirigir la causa contra el presidente, debería enviar una “exposición razonada” al alto tribunal con los supuestos indicios recabados contra el líder del PSOE, y sería entonces el Supremo el que decidiría.

“No impulsa actuaciones”. El ministerio público ha censurado que Peinado haya manejado los tempos a su favor para evitar que los recursos contra la citación de Sánchez llegaran lo antes posible a la Audiencia de Madrid. Es más, este mismo lunes, el fiscal alertó que “no consta” que se haya dictado ninguna resolución al respecto en los últimos días: “Si el tiempo y margen para recurrir de forma real y efectiva era ya estrecho, el hecho de no realizar e impulsar las actuaciones necesarias de tramitación de los referidos recursos en los días posteriores, aboca a los mismos a su ineficacia”.

Precedentes. De producirse finalmente la declaración ante el magistrado Peinado, Pedro Sánchez se convertirá en el quinto presidente del Gobierno que comparece como testigo en un proceso judicial. Sin embargo, la cita resultará inédita por la confluencia de tres factores: se le cita mientras ocupa la Presidencia del Ejecutivo, se le llama en fase de instrucción y, sobre todo, el juez pretende interrogarlo en el mismo palacio de La Moncloa, dejando así una escena nunca antes vista en la actual etapa democrática.

Otros cuatro presidentes han testificado en diferentes causas antes que el actual dirigente socialista. Pero Adolfo Suárez (UCD), Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP) lo hicieron ya como exjefes del Ejecutivo. Y el popular Mariano Rajoy, que seguía en La Moncloa cuando compareció en 2017 como testigo en el caso Gürtel, acudió a la Audiencia Nacional para declarar en la fase del juicio, y no en la de instrucción como ocurre con Sánchez —Rajoy, ya como expresidente, también fue como testigo en 2021 a la vista oral sobre los papeles de Bárcenas y la caja b del PP—.

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El Gobierno se aferra al gran valor político que tiene que un grupo independentista como ERC vaya a votar la investidura de un socialista como Salvador Illa, una ruptura de bloques que para La Moncloa es la prueba definitiva de que el procés se ha acabado. “Es un triunfo de la política, de la negociación, del diálogo. Cuando uno echa la vista atrás, España está mucho más unida y es mucho más próspera que cuando nosotros llegamos al Gobierno”, resumió la portavoz, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros. Pero de ahí no salió. A pesar de que ya se conocía el documento del pacto, no quiso entrar a ningún detalle. Nadie del Gobierno ni del PSOE lo hizo en todo el día. La Ejecutiva se limitó a trasladar que el acuerdo tiene el aval del PSOE, algo que también estaba pactado con ERC, como todos los demás pasos. Sánchez reivindicó que se había respaldado “casi por unanimidad, con una sola abstención”, la del representante de Castilla-La Mancha, Álvaro Martínez Chana, presidente de la Diputación de Cuenca.

Mientras, Salvador Illa, principal artífice de este pacto, hizo una ronda de llamadas a los dirigentes autonómicos socialistas para pedirles apoyo y calma hasta el sábado, cuando él dará explicaciones en un discurso en la Ejecutiva del PSC. En una nueva exhibición del control que Sánchez tiene del PSOE, y pese a que en privado algunos dirigentes admitían cierto desconcierto ante un salto que casi nadie esperaba ―una especie de nuevo concierto en el que Cataluña saldría del régimen común, en el que están todas las autonomías salvo el País Vasco y Navarra― solo saltaron contra el acuerdo los que estaban previstos: Emiliano García-Page y Javier Lambán.

Fueron durísimos, eso sí. Para el presidente de Castilla-La Mancha, es “un grave atentado a la igualdad”. “El PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa. El acuerdo con ERC es una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles”, remató el líder de los socialistas de Aragón. También salieron en tromba a criticarlo casi todos los presidentes autonómicos del PP. Sánchez salió también en tromba contra ellos. “Es un acuerdo muy positivo para Cataluña y para el conjunto de España. Se abre una etapa nueva en la política catalana. No voy a aceptar lecciones sobre igualdad y defensa de los servicios públicos de un partido que donde gobierna debilita el Estado del bienestar y privatiza la sanidad, la educación, las universidades”, dijo en referencia a las últimas noticias de universidades privadas autorizadas en Andalucía y Madrid. “Con este sistema de financiación, los españoles han sufrido los mayores recortes al estado del bienestar a manos del PP. Y con el mismo sistema los mayores avances con el Gobierno progresista. Lo importante es contar con gobiernos que crean en la fortaleza de los servicios públicos”, remató el presidente.

No solo hubo críticas del PP. Incluso aliados del Gobierno como Compromís o Chunta mostraron su inquietud, aunque Illa tiene casi cerrado un acuerdo de gobernabilidad con los Comunes, incluidos también en Sumar. Pero ni el asturiano Adrián Barbón ni la navarra María Chivite, los otros presidentes socialistas, mostraron rechazo. Esta última gestiona un concierto que está en la Constitución y el PSN siempre ha defendido, y también siempre ha apoyado los gestos políticos de Sánchez con Cataluña. Las llamadas de Illa para darles garantías, además, pudieron hacer su efecto.

Otros dirigentes socialistas que pueden sufrir un gran coste político en sus comunidades por este acuerdo, pero están mucho más cercanos a la dirección, como el andaluz Juan Espadas, fueron mucho más prudentes. “No voy a permitir ni agravios ni privilegios que perjudiquen a Andalucía”, dijo, informa Lourdes Lucio, pero enseguida aclaró que se sentía “satisfecho” de que el acuerdo sirva para hacer presidente a Illa. Ese es el mensaje más extendido y el que trasladó en privado la cúpula y el propio Sánchez a los suyos: vale la pena este salto para lograr que un socialista presida la Generalitat, y será él quien gestione todos estos pasos hacia una nueva fiscalidad en Cataluña. Varios barones socialistas están preocupados por la ruptura del principio de solidaridad, como planteó el secretario general de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. En el PSOE, el líder catalán tiene una imagen muy clara de seriedad y de pedigrí socialista, de alguien que no aceptará algo que suponga romper un modelo de solidaridad entre todas las autonomías.

Una cuestión decisiva para el futuro del modelo es saber si esta nueva fórmula que se está pactando, como ha sucedido con las anteriores, será extensible a todas las autonomías, el llamado “café para todos”. Así fue cuando José María Aznar pactó con Jordi Pujol ceder a Cataluña el 30% del IRPF y cuando José Luis Rodríguez Zapatero acordó con Artur Mas pasar al 50%. Si se hiciera para todos, se pasaría a un modelo federal de fiscalidad muy distinto al actual. El PSOE no quiere profundizar ahora en esta cuestión, y menos antes de que voten las bases de ERC, pero es un escenario no descartable. Cuando se pactó la quita de la deuda del FLA a Cataluña, en las negociaciones de la investidura de Sánchez, fue muy polémica, pero enseguida se aclaró que sería extensible a todas las autonomías.

El PP saltó con dureza pero con una estrategia diferente a la habitual. Los populares quieren dinamitar el acuerdo, como Junts. Y la mejor manera de lograrlo es que las bases de ERC voten en contra. Así que el portavoz del PP, Miguel Tellado, intentó atacar ese flanco: “Sánchez ha engañado a Puigdemont y pretende engañar a ERC con un acuerdo que es imposible de cumplir”. Esta es otra de las cuestiones que está en duda: ¿se aplicará en algún momento este pacto? Sin los votos de Junts, y con la oposición segura del PP, es muy difícil sacar adelante las reformas legales para cumplirlo.

Pero de momento el PSOE y ERC están acordando un gran salto político, al margen de su aplicación técnica, que llevará meses y mucha discusión. Los socialistas aceptan por primera vez que Cataluña salga del régimen común, como el País Vasco y Navarra, y eso es algo que genera muchas dudas en sectores importantes del PSOE. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aún no ha hablado, dijo claramente que ella no estaba de acuerdo con un concierto catalán. Sánchez e Illa parecen tener clarísimo que vale la pena por un objetivo político más de fondo, que es el gesto definitivo de la normalización política en Cataluña: los independentistas votando a favor de un presidente socialista. Como ha sucedido con todos los saltos que ha hecho Sánchez en estos años —mesa de diálogo, indultos, amnistía— el primer golpe genera un gran shock y un rechazo profundo, que además el Gobierno casi nunca gestiona con explicaciones detalladas y concretas. Pero en La Moncloa creen que el tiempo juega a su favor, porque tienen una legislatura entera por delante y confían en que la figura de Illa como president calmará definitivamente las aguas. Es una apuesta a medio plazo, como siempre sucede con Sánchez. Pero los cálculos de La Moncloa no siempre salen bien.

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No sería un concierto como el vasco —allí las diputaciones cobran y gestionan todos los tributos y luego dan una parte del dinero al Estado en concepto de distintos gastos comunes—, que el PSOE ha rechazado de plano, y habrá que ver en qué se materializa y cómo: qué impuestos, qué porcentaje, qué limites hay para gastarlo, cómo se gestiona el cobro y el gasto. Pero diversas fuentes cercanas a la negociación coinciden en que en las últimas semanas sí se ha aceptado el principio político que exigía ERC, lo que ellos llaman “soberanía fiscal”, esto es, que la Generalitat pueda cobrar una parte de los tributos, en especial el IRPF, el más importante.

En realidad, este ha sido siempre el corazón de todas las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat desde que se recuperó la democracia en 1978. En 1996, para ser presidente, José María Aznar cedió el 30% de la recaudación del IRPF en Cataluña a Jordi Pujol, algo que después se extendería a todas las comunidades. Más tarde, en 2000, Aznar aumentó esa cesión al 33%, además del 35% del IVA. En 2006, José Luis Rodríguez Zapatero pactó de nuevo con CiU subir esa cesión del IRPF y del IVA hasta el 50%. Las demás autonomías, también las del PP, que protestaron mucho, se acabaron beneficiando porque el modelo se extendió a todos, y es el que está vigente ahora.

Pero había una diferencia muy importante en esos acuerdos: hasta ahora se mantenía el principio de que el Estado recauda y la Generalitat recibe parte de esos recursos para ejercer sus propias políticas. Y este es el cambio decisivo que se está negociando en estas horas, con todos los detalles aún por conocer y en medio de un gran secretismo: que la Generalitat recaude, al menos la parte cedida de los impuestos o de algunos de ellos.

Con el tiempo se vería qué consecuencias prácticas implicaría una decisión así para todo el modelo de financiación, que tiene en la letra pequeña y en la aplicación práctica el verdadero meollo, pero el PSOE y el PSC parecen convencidos de que vale la pena hacer este gesto político porque lograr que un grupo independentista como ERC apoye la investidura de un socialista como Illa es, en opinión de los socialistas, un cierre definitivo al procés de 2017. El de Cataluña es un problema político y se resuelve con política, suele insistir Sánchez.

De hecho, estas mismas fuentes apuntan que, si Mariano Rajoy hubiera iniciado en 2012 una negociación como la que están haciendo ahora el PSC y ERC, con esta “financiación singular” encima de la mesa, es posible imaginar que el procés habría sido muy diferente o nunca habría llegado a explotar. En ese año, Artur Mas, líder de CiU y president, fue a La Moncloa con la propuesta del llamado “pacto fiscal”, muy similar a la petición de máximos de ERC en esta negociación, y recibió un no rotundo de Rajoy. Mas decidió convocar elecciones y a partir de ahí los acontecimientos se complicaron cada vez más hasta explotar en 2017, ya con Carles Puigdemont en la Generalitat.

Dificultades para cerrar

El acuerdo, que está siendo muy difícil de cerrar y que incluye muchas más cosas que la financiación —políticas de defensa del catalán, desarrollo de infraestructuras, líneas generales de Presupuestos en Cataluña, cuestiones políticas del reconocimiento nacional—, ha llegado a su momento decisivo. La idea inicial era cerrarlo el fin de semana para que ERC pudiera discutirlo el lunes en su Ejecutiva, trasladarlo a la votación de las bases a finales de semana y, si estas lo aprobaban, convocar la investidura la siguiente semana, el paso más delicado de todos. Pero nada está cerrado hasta que todo está cerrado, y en el último momento llegan síntomas de dificultades para cerrar la cuestión más delicada, la financiación.

El PSC es quien negocia, con Illa y su equipo a la cabeza, pero detrás está Hacienda con María Jesús Montero al frente, y Félix Bolaños como el interlocutor designado por Sánchez para todo lo que tiene que ver con ERC. Montero ya ha dejado claro públicamente cuál es su límite. “No estoy de acuerdo con una suerte de concierto económico para Cataluña”, dijo tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal. En la batalla de los detalles de esta fórmula que no es un concierto pero sí parece un salto importante es donde se juega en estas horas la investidura de Illa.

Para cerrar un acuerdo que hace unas semanas parecía imposible, el PSC, el PSOE y ERC tendrán que superar un ambiente de enorme presión contra esta investidura, similar al que se vivió cuando Pedro Sánchez estaba a punto de hacerse por tercera vez con la presidencia, en noviembre de 2023. Entonces entraron en juego algunos jueces —Manuel García-Castellón imputó por terrorismo a Carles Puigdemont en la semana decisiva— y ahora también son muy relevantes, porque el Tribunal Supremo ha impedido de momento la amnistía para el expresident y para otros políticos como Oriol Junqueras, de ERC, mientras otros tribunales sí la están aplicando.

Esa decisión del Supremo puede ser muy relevante para la investidura de Illa, porque Puigdemont ha confirmado que se presentará en Cataluña en unos días y casi sin duda será detenido. La imagen del expresident entrando en la cárcel puede tener una influencia decisiva en el voto de las bases de ERC, el último escollo para la investidura de Illa. Si los 8.700 militantes republicanos rechazan el acuerdo con el PSC —si es que finalmente se cierra—, ya no habrá marcha atrás: la repetición electoral será prácticamente inevitable y con ella una nueva inestabilidad para la legislatura de Sánchez. Nadie oculta, ni siquiera en el entorno de Puigdemont, que van a hacer todo lo posible por tumbar el acuerdo PSC-ERC. Y la entrada en la cárcel del expresident tendría efectos imprevisibles en el delicado equilibrio de la política catalana. “Haremos todo lo que podamos para que Illa no sea presidente”, dijo el sábado Jordi Turull, secretario general de Junts.

Junts tiene además otra carta con la que jugar para complicar las cosas: si lo que pactan ERC y el PSC conlleva alguna reforma legal importante —en especial, la de la LOFCA, la ley que rige la financiación autonómica—, es muy difícil pensar que esta pudiera contar con el apoyo del PP, así que necesitaría el respaldo de todo el bloque de investidura, y por tanto los votos de Puigdemont serían decisivos. Otra cuestión es si Junts podría defender políticamente votar en contra de algo que ha defendido siempre, esto es, ampliar el autogobierno fiscal, pero tendría ese mecanismo en sus manos.

Las posibles críticas en el PSOE

En el otro extremo de esa especie de pinza contra la investidura de Illa están el PP y Vox, que también se están moviendo para complicarla. Los populares controlan 13 autonomías y han sido muy beligerantes desde el principio contra el concepto de “financiación singular” de Cataluña que dirige toda esta negociación. Aunque es posible que con el tiempo también les beneficiara a ellos, como se vio con los anteriores acuerdos, el PP ya está preparando la ofensiva contra el pacto.

El PP tiene mucha relevancia porque ERC no quiere hacer un pacto ahora que dentro de unos años, cuando los populares puedan llegar a La Moncloa con o sin Vox, quede en nada con otro cambio legal. Por eso ERC está exigiendo a los socialistas garantías de que este acuerdo será definitivo y logrará una aplicación real, que no quedará solo en palabras. En este punto también se está complicando la negociación en el último momento, según fuentes republicanas.

Además el pacto tendrá también críticas dentro del PSOE. Es casi seguro el rechazo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pero en la cúpula de Sánchez preocupa más el del asturiano Adrián Barbón, al que intentarán convencer. Si hay acuerdo, Montero y otros dirigentes, incluido el propio Sánchez, tendrán que hacer un gran esfuerzo para explicarlo, como pasó con la amnistía, aunque algunos creen que esto es algo mucho menos duro de tragar que el giro de 180 grados que dio el Gobierno con el perdón al procés.

Como es habitual en los últimos años en la política española, todo es extraordinariamente complejo y parece casi imposible, pero hasta ahora Pedro Sánchez y su equipo de máxima confianza, en el que Illa es una persona clave, siempre han encontrado una salida para resolver la situación a costa, claro, de cesiones muy importantes. Este parece ser de nuevo el escenario, que se precipitará casi con seguridad hacia un lado u otro en las próximas horas.

El delicado momento de ERC

La dirección de ERC está siendo especialmente exigente en la recta final porque quiere un acuerdo impecable para convencer a sus bases de que lo respalden. ERC vive un momento delicado después del duro golpe electoral de las catalanas, que sacará al partido de la Generalitat y le ha hecho perder la primacía del independentismo frente a Puigdemont. La dirección está de salida y vive un momento de tensión interna muy duro. No es el ambiente ideal para controlar una votación de las bases, pero todos los implicados en la negociación se están esforzando para que el acuerdo sea algo tan sólido que sea muy difícil oponerse. Lo que se está negociando no es un punto, sino varias páginas con un auténtico plan de legislatura y pasos nunca alcanzados.

La oposición es muy fuerte, pero la voluntad de pacto también lo parece. La dirección de ERC ha entrado a fondo a negociar porque parece convencida de que una repetición electoral no cambiaría las cosas y en las circunstancias actuales es mejor aprovechar el peso decisivo que le han dado las urnas para sacar el mejor acuerdo posible.

Esta semana, dominada por este ambiente de posible cierre de acuerdo en Cataluña, ha vuelto además a dejar muy claro que la batalla entre los independentistas condiciona de manera muy peligrosa la legislatura de Sánchez e incluso puede acabar con ella. Junts, cada vez más inquieto por la posibilidad de que Illa sea president con los votos de ERC y ponga así en riesgo el futuro político de su líder —Puigdemont ha insistido en que no volverá para ser el jefe de la oposición—, ha lanzado un golpe duro para recordar que sin ellos no hay mayoría, al tumbar la senda de estabilidad, primer paso imprescindible de los Presupuestos.

La secuencia de cómo se conoció esa decisión muestra cómo están las cosas en el independentismo. Como reveló el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una conversación informal que fue grabada por un micrófono en el patio del Congreso, María Jesús Montero estaba convencida de que Junts votaría sí. Y con ella todo el Gobierno. Al terminar una reunión para el plan de regeneración con Miriam Nogueras, portavoz de Junts, esta les dijo a Urtasun y Bolaños, como de pasada, que iban a rechazarla. La indignación en el Gobierno fue importante. Era un golpe duro e inesperado que enseguida atribuyeron a una “rabieta” por los avances en el pacto con ERC.

Este fiasco ha hecho que la oposición vuelva a pensar que la legislatura es inviable. Pero en el Ejecutivo recuerdan que Junts puede complicarle mucho las cosas al Gobierno, como hizo el martes, pero tiene muy poco margen para tumbarlo. Porque para eso necesitaría apoyar en una moción de censura a Alberto Núñez Feijóo como presidente. “A ver cómo explicarían eso en Cataluña”, resumen varios dirigentes socialistas consultados.

Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y el hombre clave para tratar de ganar todas las votaciones en el Congreso, daba esta semana un dato para tratar de desmentir esa tesis de Feijóo de que Sánchez en realidad no gobierna, sobrevive. De las 527 votaciones en el Congreso en esta legislatura, el Gobierno ha perdido 32 y ha ganado las otras 495. En ese tiempo ha aprobado 12 leyes y ha convalidado seis decretos leyes. La debilidad parlamentaria existe, el Gobierno está en minoría, pero no es tan grave como se puede pensar, insisten en La Moncloa.

Ahora la prioridad es cerrar el acuerdo con ERC y confiar en que lo aprueben sus bases e Illa sea president en breve. Después, cuando Junts haya digerido el trago, Sánchez y su negociador con este grupo, Santos Cerdán, volverán a intentar en septiembre recomponer los puentes con ellos para buscar unos posibles Presupuestos. “Con Puigdemont en la cárcel eso es imposible”, resumen fuentes de los independentistas. Ese será el siguiente capítulo, en el que Tribunal Constitucional, de nuevo, tendrá mucho que decir. Y podría ser rápido, porque se trata de derechos fundamentales de alguien en prisión. Pero esa es la siguiente batalla. Ahora todos están concentrados en una que hace unos meses se veía imposible y ahora parece cercana, aunque puede frustrarse en el último momento: la investidura de Illa.

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En el núcleo duro de Sánchez son optimistas. Creen que esto es solo un aviso, no un golpe definitivo. Hacienda volverá a llevar la senda de estabilidad al Consejo de Ministros ―es posible que incluso la próxima semana, como gesto político― para volver a intentar aprobarla en septiembre. Y entonces, ya con la investidura de Illa despejada ―o eso esperan en La Moncloa― la batalla empezará de nuevo y habrá que negociar con Junts de otra manera sobre bases diferentes. Pero en otros sectores del Gobierno, del PSOE, de Sumar y de algunos socios son más escépticos, y creen que si Junts pierde la gran batalla que está dando por impedir la investidura de Illa no tendrá ningún deseo de apoyar los Presupuestos.

La historia se repite. Durante las negociaciones para la investidura de Sánchez, la gran dificultad era cerrar la ley de amnistía con Junts y ERC a la vez, pero con discusiones en paralelo, sin una sola reunión a tres, porque las dos querían acuerdos por separado. Era el mismo texto, pero se negociaba en distintas mesas. Consciente de este problema, Sánchez tomó desde el principio la decisión de separar también los negociadores: Santos Cerdán se encargaba de Junts y Félix Bolaños de ERC. Y así sigue aún hoy. Cuando ya estaba prácticamente cerrado el acuerdo con Junts, y Cerdán viajó a Bruselas para firmarlo, ERC firmó el suyo en Barcelona con Bolaños y todo se complicó de nuevo. La intervención del juez Manuel García-Castellón, que implicó a Carles Puigdemont en un posible delito de terrorismo, complicó aún más las cosas y a punto estuvo de tumbar la investidura. El acuerdo aguantó, pero Junts se quejaba de que había párrafos enteros de su pacto que estaban también en el de ERC. Era algo lógico, porque las dos estaban negociando la misma ley de amnistía, pero la división en el independentismo de nuevo complicó mucho las cosas.

Ese problema ha sido recurrente en cada negociación, aunque las cosas cambiaron mínimamente después de la investidura, cuando al fin los socialistas lograron que hubiera una reunión a tres ―PSOE, ERC, Junts― para rematar las enmiendas a la ley de amnistía que de nuevo pusieron en jaque al Gobierno. Después de eso, en cada ley, en cada decreto, los recelos entre Junts y ERC han dominado las negociaciones, siempre por separado.

Este martes, el Gobierno confiaba en que Junts aprobaría la senda de estabilidad, que se venía negociando hace semanas, pero ya por la mañana, incluso antes de que se anunciara la reunión en Barcelona entre Sánchez y Pere Aragonès, Junts ya empezaba a lanzar mensajes de amenaza que después se consolidaron. Nada más conocerse la votación, en los pasillos del Congreso el análisis de todos los sectores del Gobierno y de grupos de la mayoría era unánime: “Es una rabieta porque se ve que el acuerdo con ERC avanza”.

Junts apelaba a cuestiones económicas, pero todos los demás veían una decisión política para complicar la negociación de la investidura de Illa. De hecho en el Gobierno se esperan más movimientos de Carles Puigdemont en los próximos días para intentar que el acuerdo fracase ya sea porque no se logre cerrar o porque las bases lo tumben. La posibilidad incluso de que el expresident se presente en Barcelona, con el riesgo de ser detenido, está encima de la mesa de todos los implicados en la negociación. Nadie sabe si ERC aguantará la presión, pero los movimientos dentro de la negociación indican que su cúpula parece decidida a apostar por un acuerdo.

La gran pregunta es qué pasará después. Si la investidura de Illa se va al garete por esta presión o por un varapalo de las bases a la cúpula de ERC, la respuesta es fácil: no habrá Presupuestos, al menos este año, porque la campaña electoral en Cataluña lo complicará todo y devolverá a España a la inestabilidad durante unos meses. Pero si Illa es president, la respuesta no es tan sencilla. ¿Tendrá incentivos Junts para pactar unos Presupuestos si es ERC la que habrá logrado el acuerdo para una nueva “financiación singular” en Cataluña? No es fácil imaginarlo, pero varios miembros del Gobierno plantean la pregunta al revés: ¿qué incentivo tiene Junts, que aún no tiene a su líder amnistiado —porque los jueces del Supremo de momento lo han impedido— y que sabe qué significaría en este punto la llegada de un Ejecutivo del PP y Vox, para tumbar la legislatura y forzar unas elecciones anticipadas?

Por eso, después del golpe de este martes, el Gobierno se concentra en su principal objetivo ahora, que es la negociación con ERC y la investidura de Illa, y después intentará recomponer las cosas con Junts cuando se digiera la nueva situación política en Cataluña. Es una legislatura muy difícil, eso parecía seguro desde la noche del 23 de julio de 2023, pero eso no quiere decir que sea imposible. La palabra más pronunciada por los miembros del Gobierno al máximo nivel es “paciencia”. En septiembre la partida empieza de nuevo y eso sí, en otoño puede llegar un resultado casi definitivo, porque ahí ya se sabrá si hay o no Presupuestos.

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Tanto la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como la de la Generalitat, Patrícia Plaja, negaron cualquier relación del encuentro entre presidentes con las conversaciones para cerrar el apoyo de los republicanos a la investidura del ganador de las elecciones del 12-M. Sin embargo, fuentes tanto de los socialistas como de los republicanos admiten que se trata de un gesto político muy relevante en la semana decisiva para la negociación. Se trata en realidad de una secuencia de gestos, que arrancaron la semana pasada con el pacto para rematar la transferencia de Rodalies, y que se suceden casi a diario en una prueba evidente de que las negociaciones están muy avanzadas y caminan a buen puerto, aunque falta por cerrar la parte más difícil, la de la financiación.

Los negociadores trabajan con el escenario de cerrar esta semana o la siguiente para después poder hacer la votación en ERC y programar la investidura de Illa para la primera semana de agosto, pero esto no está ni mucho menos cerrado y podría alterarse con un margen máximo del 26 de agosto que nadie quiere apurar. En cualquier caso, el viaje de Sánchez es muy sintomático y fuentes del Gobierno admiten que no se produciría en ningún caso si no hubiera avances claros en la negociación y la sensación firme de que puede llegar a buen puerto. Aunque el hecho de que se produzca la reunión no garantiza que vaya a haber acuerdo definitivo, sí es un síntoma claro de que es posible, como insistían las fuentes consultadas en los últimos días.

La propia Marta Rovira, líder de ERC en este momento, con la que no se verá Sánchez porque se ha preferido la fórmula institucional de cita con Aragonès además para cerrar una cuestión pendiente como el traspaso del Ingreso Mínimo Vital, dijo que era necesaria una reunión del “más alto nivel” con el PSOE para avanzar en un pacto de investidura y siempre poniendo el cumplimiento de los acuerdos pendientes como “carpeta cero” de las negociaciones. Esto es justo lo que están haciendo PSOE y ERC, cerrar los asuntos pendientes para dar un empujón a la negociación de la investidura de Illa con las cuestiones nueva, especialmente la financiación.

“Es una reunión entre presidentes, se enmarca en la rúbrica del ingreso mínimo vital. No es una reunión para la investidura”, insistió Plaja. La portavoz remarcó que pese en estar en funciones, Aragonès “seguirá ejerciendo su cargo dentro de los márgenes que tiene” y dijo que el objetivo del jefe del Govern en funciones es “arrancar acuerdos [al Gobierno] hasta el último día que esté en el cargo”.

La portavoz sí aceptó que muy posiblemente ambos presidentes hablarán de la investidura, al ser un tema de la situación política actual, y allí también se podría mencionar la propuesta que lanzó el propio Aragonès de una financiación singular para Cataluña, en la vía del concierto vasco, y que los socialistas rechazan. La propuesta del PSC, a día de hoy, sigue siendo a puesta en marcha del Consorcio Tributario, una figura contenida en el Estatut y que nunca se desarrolló. Pero fuentes de la negociación señalan que todo está muy abierto en este momento y se está buscando una fórmula dentro de la idea de la “financiación singular” que planteó el propio Sánchez que pueda servir a las dos partes.

El encuentro se quedará en una foto de los dos líderes, que tras conversar en privado presidirán la firma del acuerdo que formaliza el traspaso del Ingreso Mínimo Vital a la Generalitat. ERC desde un principio intentó involucrar al PSOE en las negociaciones para la investidura de Illa, una manera con la que buscaban poder amarrar el cumplimiento de acuerdos aún pendientes y que, de ver cumplidos, ayudarían a convencer a las bases de dar crédito extra a las nuevas prerrogativas que se pudieran arrancar. Así la foto no sea con Rovira, ERC logra dar más empaque a los gestos que el Ejecutivo y los socialistas han ido desgranando estos últimos días.

El Ingreso Mínimo Vital es un ejemplo paradigmático de un acuerdo que se arrastra desde hace años y que parece nunca llegar. Después de que en diciembre de 2021 viera la luz esta prestación para la población más vulnerable, tanto ERC como PNV pidieron poder gestionarla directamente y poder así acompasarla con sus propios programas de suficiencia de rentas. Los republicanos pusieron como condición para aprobar esas cuentas el traspaso, algo que comenzó a materializarse en la comisión bilateral Gobierno Generalitat de febrero de 2022. Un acuerdo del que no se supo más hasta que, en octubre pasado, La Moncloa lo calificó de “inminente”, justo coincidiendo con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Hoy llega por fin la firma, y con ello un gesto muy claro de espaldarazo a la negociación de investidura de Illa y sobre todo de que Sánchez está detrás de todo lo que ofrezca en la mesa el líder del PSC y, por tanto, se compromete a cumplirlo mientras sea presidente.

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En la enmienda, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el PSOE, que cree contar con apoyo claro para aprobar este asunto en poco tiempo, elimina por completo todos los tipos de visados dorados, incluidos los que se ofrecían a cambio de una inversión en un proyecto empresarial. El Gobierno considera que era prácticamente residual su uso, así que prefiere eliminarlas todas, aunque hubo alguna discusión sobre este tipo cuando Pedro Sánchez anunció esta reforma y después el Consejo de Ministros estudió en abril un informe para llevarla a cabo.

De las 15.450 golden visa autorizadas desde 2013, cuando Mariano Rajoy decidió aprobarlas en plena crisis económica para atraer capitales, solo 8 se han concedido por compra de deuda pública, 167 por compra de acciones, 371 por depósitos bancarios, 214 por inversión en fondos, y 114 por proyectos empresariales, según los datos que maneja el Ejecutivo. La enorme mayoría, 14.576 (casi el 95%) fueron por compras de inmuebles, precisamente lo que se quiere frenar ahora en plena crisis de la vivienda. Esto sin contar con el motivo de reagrupación familiar para los allegados de quienes acceden a alguna de las anteriores.

De hecho, la iniciativa de la enmienda la lleva Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, que está multiplicando su actividad en estas semanas y prepara más medidas para intentar frenar el ascenso desbocado del precio del alquiler y la compra, así como para tratar de aumentar la oferta. La vivienda se ha convertido en un asunto prioritario para el Gobierno de coalición, que está viendo cómo muchas de sus mejoras sociales, como el aumento del 54% del salario mínimo, quedan diluidas por un descontrol de los precios de las casas que se lleva cada vez una mayor parte del sueldo de los hogares, especialmente los más jóvenes.

El Gobierno tiene dificultades parlamentarias, como se pudo apreciar en la votación de este martes con la senda de estabilidad, pero en el asunto de las golden visa parece haber un apoyo importante en el Congreso. De hecho, esta medida siempre ha generado polémica. Algunas formaciones políticas y ONG han criticado que, en contraste con muchos inmigrantes que intentan llegar a España de forma irregular para trabajar y son expulsados en ocasiones, otros extranjeros con poder adquisitivo para gastar medio millón de euros en inmuebles pudieran acceder por una vía privilegiada al permiso de residencia. Estos visados se aprobaron en 2013, un momento muy distinto cuando la economía española trataba de atraer capitales exteriores a toda costa. Otros socios europeos validaron normas similares. Sin embargo, en los últimos años, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, algunos las han eliminado.

Según la explicación de motivos de la enmienda, las golden visa habrían fracasado en su objetivo inicial de atraer inversiones y solo han servido en realidad para compras inmobiliarias, que no crean empleo y están engordando un mercado inmobiliario ya muy sobrecalentado. El texto destaca precisamente que varios países europeos están eliminando este tipo de permisos por motivos similares, y más tras la invasión rusa de Ucrania, porque una buena parte de los que las usaron en su día eran millonarios rusos, además de que estos permisos plantean desafíos en la lucha contra el blanqueo de capitales. “La compra de viviendas por extranjeros ha aumentado considerablemente en los últimos trimestres, y además se observa una importante concentración geográfica que podía estar ejerciendo una presión excesiva sobre la demanda de vivienda en estos ámbitos, y por tanto sobre el precio”, asegura la enmienda.

La ley que se reformará, si sale adelante el trámite en el Congreso, es la de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, de 2013, que es en la que el Gobierno de Mariano Rajoy incluyó los visados dorados. La enmienda deroga los artículos 63, 64, 65, 66 y 67, que son los que regulan las distintas formas de inversión que dan acceso al permiso de residencia. Por tanto ya no habrá más golden visa en el futuro, aunque dos disposiciones transitorias sí permitirán que sigan en vigor las que ya se han concedido o que se puedan renovar las existentes con los criterios de la ley de 2013. Pero no habrá nuevas concesiones.

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Antes de este gesto del máximo nivel vino el compromiso político y económico para cumplir una parte de lo pactado con el traspaso de Rodalies, que se concretó la semana pasada y este lunes. Esto no quiere decir que el acuerdo esté cerrado, porque falta la parte más delicada, la financiación, pero todos los movimientos indican que se está caminando hacia un pacto que después tendrán que refrendar las bases de ERC, un paso también muy complejo. Los dos presidentes tienen previsto firmar algunos acuerdos de cuestiones pendientes entre ambos ejecutivos como gesto de confianza, según fuentes de la negociación. De hecho, la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha afirmado este martes que la reunión “no es un encuentro para negociarla investidura de nadie”.

Esta semana será decisiva: los tiempos marcados por ERC llevan a acelerar la negociación para alcanzar un acuerdo antes de que termine julio, de forma que puedan luego votar sus bases con la vista puesta en una investidura rápida en la primera semana de agosto, en lugar de agotar el plazo legal del día 26. Tras su llegada a Cataluña, hace dos semanas, Rovira no tardó en pedir una reunión de “alto nivel” con los socialistas. “Con la presencialidad ganaremos y tengo muchas ganas de explicarle a Sánchez que aún se ha de mover más por Cataluña”, aseguró la secretaria general en una entrevista a Nació Digital. Esa petición no tuvo eco real, si bien el pasado lunes la líder de ERC se reunió con Lluïsa Moret, número dos del PSC y coordinadora de las negociaciones. Desde el minuto uno de sentarse a la mesa, los republicanos se lanzaron a intentar comprometer al presidente del Gobierno en las negociaciones, si bien fuentes del partido independentista aseguran que no habrá un encuentro entre Rovira y Sánchez y tampoco hay previsión de una reunión con Salvador Illa.

Además de esa reunión, Rovira también llevaba semanas poniendo el foco en la necesidad de que los gestos también incluyeran avances y calendarización de compromisos anteriores que no habían avanzado. No es casualidad que esta semana se haya dado un paso decisivo entre el ministerio de Transportes y la Generalitat en algo que se acordó sobre el traspaso de Rodalies, los Cercanías catalanes. Este trámite se ha acelerado precisamente como gesto hacia ERC. Se está trabajando en otros gestos, aunque algunos tienen complicaciones técnicas; por ejemplo, la condonación del crédito del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Son 15.000 millones para Cataluña, un 20% del total que debía, y otros tantos para las demás autonomías; especialmente la Comunidad Valenciana, la más endeudada con este fondo estatal. Hay otras cuestiones pactadas en la investidura de Sánchez en marcha, como el traspaso pleno de la competencia de investigación y desarrollo que está en el Estatut, con 150 millones de euros anuales, sobre la que también se está trabajando.

Hay muchos puntos en marcha y acuerdos nuevos, que serán compromisos de la legislatura de Illa, pero la madre de todas las batallas, el corazón de la negociación y lo que puede decantar la balanza hacia un lado u otro, es la fórmula para la llamada “financiación singular” de Cataluña, un término que ha utilizado abiertamente el propio Pedro Sánchez, en un gesto claro. En la mesa no están sentados representantes del Gobierno, la lleva el PSC con ERC, directamente en Barcelona. La distancia entre el Consorcio Tributario que ofrece el PSC -una figura que emana del Estatut y permitiría recaudar impuestos- y el concierto económico solicitado por ERC -en la línea del vasco, pero con una aportación de solidaridad interterritorial- es abismal.

Según las fuentes consultadas, aún no se ha encontrado la fórmula que satisfaga a las dos partes, pero la están buscando. ERC está apretando fuerte porque sabe que en el mundo independentista hay mucha presión para que no haga president a Illa, con Carles Puigdemont y Junts moviéndose para hacer descabalgar el acuerdo, y además necesita que sus bases vean bien el pacto o todo se iría al traste en la votación prevista. Al contrario, el PSOE asume que el PP saldrá en tromba contra el acuerdo de la financiación singular con ERC, si se logra alcanzar. Pero en La Moncloa confían en que puede acabar pasando lo mismo que sucedió con el pacto de investidura de Sánchez, cuando se anunció la condonación de los 15.000 millones del FLA. Ese acuerdo era “extensible a todas las autonomías”. El PP lo criticó duramente como un privilegio para Cataluña, pero después sus gobiernos están reclamándolo y van a obtener también esa condonación.

En el Gobierno asumen que, si hay pacto con ERC, habrá mucho ruido, y algunos barones del PSOE también lo criticarán, pero confían en que al final lo que quedará es una cierta estabilización de la legislatura —a la espera de la reacción de Junts, siempre imprevisible— y la posibilidad de abrir la puerta a los Presupuestos de 2025. Pero para eso faltan dos pasos muy difíciles: encontrar el pacto en financiación y que los militantes de ERC apoyen el acuerdo.

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Fuentes del PSOE dan por hecho que la defensa de Begoña Gómez, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, presentará un recurso para oponerse a la declaración como testigo del jefe del Gobierno, en línea con la iniciativa en el mismo sentido de la Fiscalía. “PP y Vox no se saldrán con la suya. La verdad y la democracia se impondrán frente a este atropello”, remataba el texto de los socialistas. El Gobierno, a través del ministro de Justicia, denunció este lunes una “persecución política despiadada”. “Lamento decirles a toda esta jauría ultraderechista que no lo van a conseguir, que hay Pedro Sánchez y Gobierno progresista para muchos años”, sentenció Félix Bolaños.

La estrategia del Gobierno es muy clara: están convencidos de que la Audiencia Provincial acabará parándole los pies a Peinado en algún momento porque no tiene materia con la que seguir adelante después de que la Guardia Civil le dijeran en dos informes que no ve ninguna materia delictiva. Y esa es la apuesta tanto de la defensa de Gómez como de los estrategas de Sánchez. Es lo que sucedió en otros procesos polémicos con clara repercusión política, como el caso Tsunami, finalmente archivado por decisión de los superiores del juez García Castellón por defectos de forma, o el proceso que el juez de Barcelona Joaquín Aguirre intentaba seguir adelante contra Carles Puigdemont por alta traición hasta que la Audiencia de Barcelona le ordenó cerrar la instrucción. El magistrado tuvo que parar y elevar la causa al Supremo.

En el entorno de Sánchez y en el PSOE están convencidos de que ese será también el final de este caso, pero no se atreven a decir cuándo llegará. Pueden ser varios meses de tensión política y noticias de impacto como la de la citación como testigo del propio presidente del Gobierno.

Varios ministros consultados expresan en privado su estupor con la decisión de Peinado, que sabe perfectamente, explican, que Sánchez tiene derecho a no declarar, como hizo su esposa, Begoña Gómez. Ella pudo hacerlo porque está imputada, y Sánchez porque es un familiar directo de una imputada, aunque esté citado como testigo. Además, el hecho de que Peinado no ofrezca la posibilidad de declarar por escrito, como es habitual en los casos de miembros del Gobierno citados como testigos en una instrucción, y que exija que la declaración sea en La Moncloa y grabada, es para los ministros y dirigentes consultados una prueba evidente de que el juez no busca avanzar en un procedimiento que ven vacío de contenido, sino que está intentando provocar desgaste político. Lo mismo pensaron cuando anunció la citación como imputada de Begoña Gómez en la última semana de la campaña electoral de las europeas, algo que los jueces suelen evitar cuando tienen casos con repercusión política.

En la sede del Gobierno parece confiar todo a la Audiencia Provincial, que tiene varios recursos pendientes, para que sea quien pare los pies al juez. Algunos miembros del Gobierno y del PSOE consultados sostienen que incluso habría que plantearse seriamente la posibilidad de querellarse contra Peinado por prevaricación, que algunos ven muy clara. Pero no es la línea que parece imponerse en La Moncloa, que prefiere la estrategia de los recursos y no ir directamente contra el juez, algo que no suele tener ningún recorrido en los casos en los que los implicados lo han intentado.

La estrategia, pues, es agotar los recursos y desde el punto de vista político insistir en la vinculación de este caso con la ultraderecha. Fue un grupo ultraderechista, Manos Limpias, quien presentó la denuncia que decidió admitir Peinado, y ha sido Vox quien ha pedido que Sánchez declare como testigo, algo que ha reivindicado el propio Santiago Abascal. Con la idea de que es la ultraderecha la que incita la investigación contra el presidente del Gobierno y su familia y el intento por convertirlo en el “caso Peinado”, el Ejecutivo trata de evitar el desgaste que pueden producir las imágenes de la esposa del presidente y del propio jefe del Gobierno declarando ante un juez.

En La Moncloa insisten en que las recientes elecciones europeas, que ya llegaron en plena ofensiva del PP y Vox por la investigación a Begoña Gómez, demostraron que ese desgaste es muy relativo, porque el PSOE aguantó por encima del 30% en unos comicios siempre muy difíciles para todos los gobiernos —aunque el PP ganó por cuatro puntos—, pero lo cierto es que hace meses el entorno de Sánchez veía imposible que hubiera un procedimiento judicial contra Gómez y ahora lo tiene como uno de los elementos centrales del debate político. “Es todo muy grosero”, resume un ministro, en un sentir muy extendido en el Gobierno. Con Peinado dispuesto a todo, el Ejecutivo empieza a asumir que el caso se puede alargar, pero no hay ninguna duda en el equipo cercano al presidente de que acabará archivado, y entonces el PP, sostienen, habrá perdido su principal baza de oposición y se quedará sin estrategia.

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No es casualidad que esta semana se haya dado un paso decisivo entre el ministerio de Transportes y la Generalitat en algo que se acordó entonces: el traspaso de Rodalies, los Cercanías catalanes. Este trámite se ha acelerado precisamente como gesto hacia ERC, que exige, antes de firmar el acuerdo para investir a Illa, avances claros en todos los compromisos alcanzados para apoyar a Sánchez. Esta semana podría haber más gestos en ese sentido, aunque algunos tienen complicaciones técnicas; por ejemplo, la condonación del crédito del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Son 15.000 millones para Cataluña, un 20% del total que debía, y otros tantos para las demás autonomías; especialmente la Comunidad Valenciana, la más endeudada con este fondo estatal. No está previsto que el mecanismo vaya la próxima semana al Consejo de Ministros, porque aún necesita desarrollo técnico, pero sí está decidido hacerlo y puede haber más compromisos.

Hay otras cuestiones pactadas en la investidura de Sánchez en marcha, como el traspaso pleno de la competencia de investigación y desarrollo que está en el Estatut, con 150 millones de euros anuales, sobre la que también se está trabajando.

Hay muchos puntos en marcha y acuerdos nuevos, que serán compromisos de la legislatura de Illa, pero la madre de todas las batallas, el corazón de la negociación y lo que puede decantar la balanza hacia un lado u otro, es la fórmula para la llamada “financiación singular” de Cataluña, un término que ha utilizado abiertamente el propio Pedro Sánchez, en un gesto claro. En la mesa no están sentados representantes del Gobierno, la lleva el PSC con ERC, directamente en Barcelona; y ahora, con la incorporación de Marta Rovira, que ejerce el liderazgo del partido en este momento y acaba de regresar de Suiza después de siete años gracias al archivo del caso Tsunami por defectos de forma. Pero el Ejecutivo mantiene una interlocución permanente con ERC, que nunca se ha roto, y además Illa está en contacto con La Moncloa, con el propio Pedro Sánchez, que está informado en todo momento, y también con Félix Bolaños y María Jesús Montero, los principales negociadores del Gobierno.

Sánchez encargó hace un año a Bolaños la interlocución con ERC y a Santos Cerdán con Junts, y eso no ha cambiado. Bolaños tiene como principal interlocutor a Josep María Jové, hombre clave de ERC, y Cerdán a Jordi Turull en Junts. Montero está siempre supervisando todo como ministra de Hacienda y por tanto principal implicada en casi todo lo que se negocia con los independentistas. Y la “financiación singular”, por mucho que sea llla y su equipo quien está en la mesa, es una cuestión que afecta directamente a Hacienda.

Según las fuentes consultadas, aún no se ha encontrado la fórmula que satisfaga a las dos partes, pero la están buscando. ERC está apretando fuerte porque sabe que en el mundo independentista hay mucha presión para que no haga president a Illa, con Carles Puigdemont y Junts moviéndose para hacer descabalgar el acuerdo, y además necesita que sus bases vean bien el pacto o todo se iría al traste en la votación prevista.

El PSC, con el Gobierno de Sánchez detrás apoyándole pero también con límites claros —Montero ya ha dicho públicamente que el concierto catalán que pedía ERC es inviable—, está dispuesto a explorar fórmulas novedosas partiendo de la base de que Cataluña, como otras autonomías —se suele citar especialmente el caso de la Comunidad Valenciana, ahora en manos del PP—, está infrafinanciada. A Montero le gustaría enmarcar todo esto en una gran reforma de la financiación autonómica en la que todas las autonomías salgan ganando, pero para eso necesitaría un gran pacto con el PP que Alberto Núñez Feijóo no parece dispuesto a darle en este momento.

Al contrario, el PSOE asume que el PP saldrá en tromba contra el acuerdo de la financiación singular con ERC, si se logra alcanzar. Pero en La Moncloa confían en que puede acabar pasando lo mismo que sucedió con el pacto de investidura de Sánchez, cuando se anunció la condonación de los 15.000 millones del FLA. Ese acuerdo era “extensible a todas las autonomías”. El PP lo criticó duramente como un privilegio para Cataluña, pero después sus gobiernos están reclamándolo y van a obtener también esa condonación.

Con los grandes acuerdos de financiación con Cataluña siempre ha pasado lo mismo desde los 80: se critican mucho desde el PP —salvo el de 1996, que lo hizo el propio José María Aznar con Jordi Pujol— pero luego acaban favoreciendo a todas las autonomías.

En el Gobierno asumen que, si hay pacto con ERC, habrá mucho ruido, y algunos barones del PSOE también lo criticarán, pero confían en que al final lo que quedará es una cierta estabilización de la legislatura —a la espera de la reacción de Junts, siempre imprevisible— y la posibilidad de abrir la puerta a los Presupuestos de 2025. Pero para eso faltan dos pasos muy difíciles: encontrar el pacto en financiación y que los militantes de ERC apoyen el acuerdo. Esta semana, previsiblemente, dará pistas sobre todas esas incógnitas.

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Sánchez llevó esas líneas maestras de su plan al debate con otros líderes del continente en la cumbre de la Comunidad Política Europea, celebrada en el Reino Unido. En La Moncloa estaban también muy pendientes del discurso en Bruselas de Ursula von der Leyen, reelegida como presidenta de la Comisión Europea, que colocó la desinformación y la lucha contra los bulos como una prioridad absoluta de su nueva legislatura. Sánchez pretende así usar el debate europeo, que el PP ha apoyado, para llevar a España este asunto y forzar a los populares a respaldar su plan, pero Feijóo sigue colocando como prioridad absoluta de su oposición el caso de Begoña Gómez, que este viernes declarará en el juzgado de Madrid que sigue el asunto, y no parece dispuesto a ningún acercamiento sobre este asunto de momento. Al contrario, Feijóo refuerza la presión, cree que el plan de regeneración es una “cortina de humo” y pide de nuevo la dimisión de Sánchez.

Sánchez explicó en Woodstock, en el Reino Unido, que el asunto de la desinformación era uno de los tres ejes de la cumbre de la Comunidad Política Europea y aseguró que lo que pretende el Gobierno es que España se coloque “a la vanguardia de esa lucha contra la desinformación”. “Queremos defender a los medios de comunicación de aquellos que no lo son. Queremos implementar el reglamento europeo basado en libertad de prensa, en la pluralidad de medios, en la protección de los medios y en la transparencia, para que se sepa quién está detrás, cuál es su estructura accionarial, cuál es la financiación que tienen. Todo ello va en beneficio de los ciudadanos, para defender el derecho a tener una información veraz que recoge el artículo 20 de la Constitución”, aseguró.

El jefe del Ejecutivo también llevó a la cumbre, que tenía en la imigración otro de sus ejes, la visión positiva que ya trasladó en el Congreso. El presidente y su Gobierno creen que la mejor manera de luchar contra la ola anti inmigración que recorre Europa y también está entrando aunque con menos fuerza en España es ofrecer los datos y demostrar que la inmigración supone riqueza. “Las cifras de crecimiento españolas en buena medida vienen explicadas por el aporte de la migración en sectores decisivos como la hostelería, los cuidados, la construcción, la agricultura”, aseguró.

En Woodstock, Sánchez participó en el grupo de trabajo llamado “Defendiendo y asegurando la democracia”, y allí expuso su Plan de Acción Democrática, basado en el ya aprobado por la UE, que defendió el miércoles en el Parlamento, informa Rafa de Miguel. Sánchez aseguró que los sistemas democráticos se ven hoy amenazados por la desinformación y las llamadas fake news, y que los Gobiernos no pueden quedarse sin hacer nada. Deben defender los valores democráticos y las instituciones, ha asegurado Sánchez, según fuentes de La Moncloa. El presidente del Gobierno ha insistido en la urgencia de defender la libertad de prensa, para proteger un debate político democrático y abierto.

Feijóo, por el contrario, cree que Sánchez está tratando de debilitar a los medios para intentar minimizar el impacto de la investigación judicial sobre su esposa. “Lo que ha intentado es que la gente tenga dudas de que los medios de comunicación son serios y fiables y, en definitiva, crear una nebulosa de que todos los problemas judiciales que tiene el presidente del Gobierno no son ciertos o son parcialmente inciertos”, aseguró en una entrevista en la COPE. Feijóo cree que cualquier otro primer ministro europeo habría dimitido en la situación de Sánchez. “No es compatible esta situación con el rigor que corresponde a la Presidencia del Gobierno”, remató.

Mientras, desde Bruselas, Von der Leyen colocó el asunto de la defensa de la democracia frente a la desinformación como una cuestión central. La presidenta de la Comisión Europea promete crear una estructura europea para defender a la democracia que aún está en desarrollo pero que va en la línea de lo que planteó Sánchez en el Congreso. Von der Leyen va más allá y pretender crear una red europea de verificadores de datos para luchar contra la desinformación que arrasa en las redes sociales. El asunto es una cuestión central no solo en la agenda europea, sino también en EE UU, donde el Congreso ha realizado investigaciones en profundidad y ha hecho comparecer a los principales responsables de los gigantes de internet, como Meta, para exigirles que frenen los bulos que dominan las redes.

El PP también está preocupado por este asunto, y defiende la misma posición que los socialistas cuando se producen debates en el Parlamento Europeo sobre este asunto. De hecho, el reglamento europeo está pactado entre socialistas, populares y liberales. El PP, por tanto, no rechaza la cuestión de fondo, o al menos no aclara qué votará cuando llegue al Congreso, pero sí la oportunidad, porque cree que Sánchez no tiene un interés real de acabar con la desinformación sino que solo está buscando desviar la atención. Por eso La Moncloa se está concentrando de momento en sacar adelante las reformas con sus socios de investidura, aunque mantendrá la presión sobre Feijóo en un asunto que el PP ha respaldado en Bruselas.

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El presidente intentó convencer al PP de que le apoye en su plan de regeneración, pero el tono de Alberto Núñez Feijóo indica que será muy difícil un acuerdo PSOE-PP, algo que confirman fuentes de la dirección de este partido. Este muro del PP forzará al Gobierno de coalición del PSOE y Sumar a buscar a sus socios de investidura, a la mayoría plural que apoyó al presidente, para sacar adelante estas reformas que en realidad no están nada detalladas y empezarán ahora a negociarse.

Los ministros Félix Bolaños, por el PSOE, y Ernest Urtasun, por Sumar, iniciarán juntos el lunes y martes que viene una ronda de consultas para buscar apoyos y convencer a todos sus socios de que lo respalden e incorporen las novedades que estimen convenientes. El debate mostró que la mayoría de esos aliados tienen suspicacias y consideran que el plan anunciado por Sánchez se queda corto. Varios pidieron “más valentía”. Sumar no ha conseguido convencer al PSOE, por ejemplo, de que el plan afecte también a la justicia recuperando la responsabilidad civil de los jueces cuando cometen excesos o planteando algún sistema de reparación ante instrucciones larguísimas que no llegan siquiera a juicio y son archivadas pero provocan un gran desgaste político.

Otros grupos, como el PNV, pidieron recuperar iniciativas importantes de regeneración como la reforma de la ley de secretos oficiales, que Aitor Esteban lleva años intentando sacar adelante con sucesivos retrasos. Sánchez se comprometió con él a hacerlo esta vez. Íñigo Errejón, portavoz de Sumar, aprovechó el momento para reclamar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le pida perdón a él y a muchos dirigentes de la izquierda, como Yolanda Díaz o Pablo Iglesias, que fueron espiados ilegalmente por la policía por orden del Gobierno de Mariano Rajoy. Feijóo no hizo ninguna alusión al asunto cuando le tocó volver a subir a la tribuna y por tanto ni pidió perdón ni dijo que estaba en desacuerdo con lo que se había hecho en la época del ex presidente Rajoy.

Gabriel Rufián, de ERC, se mostró escéptico con las medidas del Gobierno y recordó que el problema ya ni siquiera está en los medios. Rufián sacó su teléfono móvil y dijo: “el problema está aquí. Un señor con un canal de Telegram ha logrado tres eurodiputados aquí, convenciendo a mucha gente [se refiere a Alvise Pérez, que tuvo 800.000 votos en las europeas] de que hay aviones con estelas que nos espían”. “Es verdad que hay tertulias fachas, pero ese ni siquiera es ya el principal problema”, remató. Casi todos los socios le reprocharon a Sánchez que haya pactado con el PP la renovación del Poder Judicial y le pidieron que vuelva a los acuerdos dentro de la mayoría. Miriam Nogueras, de Junts, llegó a decirle que con ese pacto Sánchez “está avalando la máquina del fango del PP”. Mertxe Aizpurua, de Bildu, le dijo que las reformas planteadas son insuficientes y le pidió más valentía para hacer reformas progresistas, como la reducción de la jornada laboral que promueve Yolanda Díaz pero que el PSOE prefiere frenar a la espera de un pacto con la patronal. “La mayoría social espera respuestas. No toleren el veto patronal. Y hagan algo con la vivienda y el precio de los alimento o estos problemas acabarán con su Gobierno”, espetó a Sánchez. Ione Belarra, de Podemos, también fue muy dura sobre todo con el tema que domina las intervenciones de este grupo: la guerra en Gaza. Acusó a Sánchez de estar vendiendo armas a Israel y le exigió que sea más rotundo. El presidente les contestó a todos, en varias largas intervenciones, tratando de buscar puntos de encuentro y sobre todo abriendo la puerta a negociar todas las propuestas. El plan tiene pues resistencias, pero todo indica que la mayoría podrá llegar a acuerdos en algunos asuntos y sacarlos adelante.

Por el contrario, el PP no ve espacio para acordar con el Gobierno un plan de regeneración mientras continúe abierta la investigación judicial sobre las actividades profesionales de la esposa del presidente, Begoña Gómez, a pesar de que las medidas sobre transparencia de los medios de comunicación que anunció Sánchez desde la tribuna del Congreso son el desarrollo de un reglamento europeo que ha aprobado el Partido Popular Europeo. Fuentes de la dirección popular admiten en privado que no pueden discrepar de las iniciativas que contiene esa normativa europea apoyada por su partido en Bruselas y a la que Sánchez se ha acogido, pero el problema para el PP es anterior, de contexto. “Aquí no hay un problema de bulos, hay un problema judicial”, subrayan fuentes del equipo directo del líder del PP. Los populares consideran que el presidente utiliza el plan de regeneración como cortina de humo sobre la investigación judicial a Gómez, por la que Feijóo llegó a invitar ayer a Sánchez a que dimita.

En su réplica al presidente, el líder del PP enseñó desde la tribuna una información publicada por el diario El Mundo que afirma que la Universidad Complutense ha pedido al juez que investigue a Begoña Gómez por “apropiación indebida” tras hallar “indicios” en una investigación interna, y la utilizó para instar a Sánchez a marcharse. “No es una organización, es una institución pública, la más numerosa de nuestro país, la que denuncia a su mujer, ¡y viene usted a hablar de regeneración democrática!”, enfatizó Feijóo, que después pidió al líder del PSOE que dimita por ese motivo. “Señor presidente, se acabó la mañana. Váyase a su despacho y redacte la tercera y definitiva carta”, le instó. “¡Váyase, redacte la tercera y definitiva carta y deje en paz a la democracia española!”.

Feijóo llevaba preparado un discurso de tono y contenido muy duros ―un fotógrafo del Congreso captó en una instantánea que sus asesores le habían escrito “tono duro” como instrucción para interpretarlo en la tribuna― que dejó sin espacio político al líder de Vox. “Esto es otra milonga más, señor Sánchez”, le afeó Feijóo. “Usted ha venido aquí a evitar dar explicaciones y a intentar castigar por ley a los medios de comunicación que informan de la presunta corrupción que le salpica”, le criticó. Los populares cuestionaron también que Sánchez anunciara ayer 100 millones para la digitalización de los medios mientras incidía al mismo tiempo en que deben mejorar en su independencia y abogaba por “limitar” la financiación pública en la prensa.

El PP tampoco quiso pronunciarse ayer sobre otras de las medidas del plan de regeneración del Gobierno, como la reforma de la ley electoral para hacer obligatorios los debates electorales, con el argumento de que no quería hacerle el juego. Feijóo, no obstante, también propuso durante la pasada campaña electoral de las generales regular por ley la celebración de los debates electorales, aunque luego dejó la silla vacía en el de RTVE al que sí asistieron Sánchez, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el de Vox, Santiago Abascal.

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Después de la brevísima tregua del pacto para el Consejo General del Poder Judicial, que aún no se ha terminado de votar en el Congreso, la política española parece haber vuelto a la dinámica habitual y tanto el PP como Vox eludieron entrar a debatir las propuestas que planteaba Sánchez y le contestaron acusándolo de querer censurar a la prensa. El presidente entró además de lleno en el debate con Vox sobre inmigración, en el que trató de demostrar con datos que no solo es necesaria, sino que, lejos de ser un problema, “es una fuente de riqueza”. Un discurso en positivo sobre la inmigración que es bastante novedoso y trata de luchar contra la ola contra la inmigración que arrasa todo el mundo occidental, no solo Europa sino también EE UU, y que empieza a entrar también en España de la mano de Vox pero también en ocasiones del PP, que ha endurecido su discurso en este asunto para evitar que la ultraderecha le coma el terreno.

Sánchez dice que es una “gran noticia” que Vox haya salido de los gobiernos autonómicos, pero exige a Feijóo que demuestre que la ruptura es real derogando algunas medidas polémicas pactadas con Vox como las llamadas leyes de concordia que han sido criticadas incluso por relatores de la ONU. El presidente sigue así asociando al PP y Vox pese a su ruptura parcial, porque siguen gobernando en más de 100 ayuntamientos. Pero Feijóo no quería entrar ahí, ni se centró en el choque con Abascal, que sí le buscó en varias ocasiones. Su objetivo, desde el primer momento del debate, era devolver al primer plano el caso de Begoña Gómez y reactivar el antisanchismo que sigue siendo, según el PP, el principal combustible de movilización de la derecha española y el que le ha llevado a ganar las europeas al PSOE por cuatro puntos. El ataque fue durísimo, Feijóo acusó a Sánchez de “querer imponer una pseudodemocracia” y despreció su plan de regeneración como “el mayor ataque a la libertad de información de la democracia”. El presidente tenía preparada para la réplica una lista de datos sobre las acusaciones de manipulación informativa y de presión sobre los medios públicos que tuvo Feijóo durante sus años al frente de la Xunta de Galicia.

El larguísimo cruce parlamentario, como es habitual en este formato de comparecencia con varios temas, se acabó convirtiendo en un minidebate del estado de la nación en el que cada grupo sacó sus asuntos favoritos. Pero el eje central era la regeneración democrática que planteaba Sánchez. El asunto es tan delicado, porque afecta a derechos constitucionales como la libertad de información, que Sánchez se ha esforzado en remarcar que el corazón de su plan es la normativa europea. Consciente de que la oposición se mostraría muy crítica, el presidente ha presentado su plan con una gran defensa del periodismo, del derecho a la información veraz y de la crítica. “El problema no es la crítica, sino la mentira”, ha insistido en varias ocasiones. La normativa europea consiste, básicamente, en obligar a todos los medios a publicar con detalle quiénes son sus propietarios, y a todos los gobiernos, tanto el nacional como los autonómicos o locales, a publicar con detalle cómo gastan el dinero público en publicidad institucional en esos medios. “Los ciudadanos deben conocer la financiación de los medios para evitar fraudes en la inversión publicitaria mediante el uso de bots. Para que no haya medios que tengan más financiación que lectores y que no haya partidos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes”, ha dicho.

Es la parte más clara de un paquete de regeneración que tiene otros apuntes y ahora empezará a ser negociado con los socios del Ejecutivo, aunque de momento es solo un esbozo con muchas preguntas por responder. Después de lanzar un discurso de respeto al periodismo en el que reclamaba que los propios informadores deberían ser los más interesados en diferenciarse de los “pseudomedios” especializados en difundir bulos, Sánchez anunció un paquete de ayudas de 100 millones de euros “para la digitalización de la prensa”, algo que inmediatamente la afearon tanto el PP como Vox. “La prensa está digitalizada hace años, usted lo que quiere es comprarla”, resumió Santiago Abascal.

“El reglamento pactado en la UE defiende la transparencia, la independencia y el pluralismo. Reclama revelar la propiedad de todos los medios y también la propiedad extranjera. En su artículo 6 exige publicar el importe anual de ingresos públicos y de ingresos de otros países. En su artículo 24 exige que las mediciones de audiencia cumplan los principios de transparencia. En el 25.2 plantea que las autoridades harán públicas la información sobre su gasto público en publicidad estatal. Esto es evolucionar. Esto lo hemos votado todos, también el PP”, resumió Sánchez.

Mientras el PP y Vox lo acusaban de anunciar ahora todo este plan de regeneración solo porque su esposa, Begoña Gómez, ha sido imputada por tráfico de influencias, Sánchez insistía en que el Gobierno del PSOE y Sumar lo que pretende es defender la democracia, que, según su visión, está en peligro en todo el mundo por los bulos, las mentiras y la desinformación. Para demostrarlo ofreció algunos datos, mientras las bancadas de la derecha se revolvían indignadas. “El 90% de los españoles se ven expuestos a noticias falsas de manera recurrente. Al 86% les cuesta distinguirlas. Los bulos se comparten un 70% más rápido en las redes. Por eso el 18% de los españoles cree que nuestra economía está en crisis cuando es una de las más prósperas. El 34% de los ciudadanos teme que alguien ocupe su casa cuando este problema afecta a menos del 0,06% de las viviendas. Los bulos hacen que la gente crea que el número de inmigrantes es el doble que el real, que vacunar a los niños es malo o que el cambio climático no es fruto de la acción humana. Los enemigos de la democracia están usando las fake news para destruir grandes consensos”, aseguró el presidente. “El mayor bulo de España es usted”, le espetó Feijóo.

Sánchez explicó que ahora iniciará una ronda con todos los grupos para desarrollar estos temas y otros que anunció, como una mayor transparencia del Gobierno o los cambios pactados con Sumar para garantizar una mayor libertad de expresión, lo que supondrá eliminar del Código Penal delitos contra la Corona o contra los sentimientos religiosos, y también cambios que no explicó en las leyes del derecho al honor y la rectificación o una reforma de la ley electoral para hacer obligatorios los debates. Pero, además, revistió todo de una pátina europea para recordar que este es un asunto que no solo preocupa en España sino en todo el mundo. “La UE nos pide que tomemos medidas para proteger la libertad, la transparencia. Alemania, Finlandia y Austria ya están tomando medidas en este sentido y esta tarde participaré en el Reino Unido en una reunión sobre este tema con una veintena de líderes europeos”, dijo.

“La democracia ha tardado milenios en imponerse. Y tiene el derecho y la obligación de defenderse, no de las ideas distintas, pero sí de las mentiras, de la desinformación, de los bulos”, clamó el presidente. Frente a una oposición que le califica de autócrata, Sánchez defiende lo contrario: “Este Gobierno no teme al escrutinio ni a la crítica. Sabemos que cometemos errores y es necesario que haya voces que lo señalen. Nos gusta que todo el mundo pueda expresar su opinión. A las izquierdas la libertad y la pluralidad de pareceres nos gusta, hemos luchado mucho por ellas mientras otras fuerzas políticas se encontraban muy cómodas en su ausencia. El problema no es la discrepancia o la critica. Es la mentira”, remató Sánchez. En teoría era el día de la regeneración, que era la novedad, pero el debate giró rápidamente hacia donde siempre: la oposición montada sobre el antisanchismo sin cuartel y el presidente buscando apoyos en sus socios y atacando muy duro al PP, lo que muestra que el pacto del Poder Judicial fue un mero parón, pero la línea central de la legislatura no tiene visos de cambio.

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El Gobierno presiona al PP para que acepte la reforma de la ley que ha pactado con el Ejecutivo de Canarias, del que también forman parte los populares, y que inició este lunes su trámite en el Congreso. La portavoz, Pilar Alegría, ha reclamado hoy al partido de Alberto Núñez Feijóo que “se deje de excusas” y respalde la modificación legislativa. “Ser un partido de Estado significa ser responsable y atender a los desafíos que tiene nuestro país y que está viviendo de forma tan urgente la comunidad de Canarias y la ciudad de Ceuta. El PP ya no tiene la excusa de la ultraderecha, porque Vox ya ha abandonado al PP. Ahora nos queda comprobar si el PP ha abandonado también a Vox”, ha afirmado Alegría. El PP, ha incidido, “tiene la posibilidad de comportarse como un partido de Estado y apoyar la única solución posible: la modificación de la ley de extranjería. Esperamos y deseamos que el PP apoye afirmativamente esta modificación. Se trata de solidaridad y de dar respuestas. Se espera una respuesta de altura por parte del PP”, ha remachado.

Las apelaciones de la ministra han caído en saco roto en el PP. El portavoz parlamentario de los populares ha responsabilizado al Gobierno de la “crisis migratoria” que sufre España, “por permitir que las fronteras sean un coladero”, y se ha desmarcado de la reforma de la ley. “El Gobierno pretende cambiar las reglas del juego y que el reparto sea obligatorio”, se ha quejado Tellado en una rueda de prensa en la que no ha querido confirmar si el PP votará en contra. “Repartir menores entre las comunidades no deja de ser un parche. El Gobierno tiene que atajar el problema en origen”, ha reclamado el portavoz, que ha pedido que se utilicen “todos los medios para luchar contra las mafias” aunque no ha repetido su propuesta de usar a la Armada para bloquear el paso de pateras, como planteó, provocando una gran polvareda, hace solo unos días.

Tellado ha evitado decir de forma explícita que el PP rechazará la reforma, pero ha deslizado que su partido no está de acuerdo con forzar un reparto obligatorio de los menores por ley, en línea con lo que han manifestado varios presidentes autonómicos populares. “El Gobierno exige a la oposición un cheque en blanco mientras premia a sus socios independentistas”, ha criticado. “Hay que buscar una solución solidaria entre todas las comunidades, por supuesto, pero los insolidarios son Junts y ERC”, ha incidido, en referencia a que Cataluña no sólo no apoya por el momento la reforma de la ley de Extranjería sino que se abstuvo la semana pasada en un asunto de menor dimensión: la acogida voluntaria de 347 menores migrantes (muy insuficiente para aliviar el colapso de Canarias, que necesita reubicar a 3.000). Las autonomías gobernadas por el PP sí aceptaron esa medida, provocando que Vox abandonara sus cinco Gobiernos conjuntos.

El apoyo de los populares es indispensable para que la proposición de ley se tome en consideración el próximo 23 de julio, en el último pleno antes del receso vacacional, pero cada día que pasa hay menos indicios de que vaya a salir adelante.

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Una de las medidas estrella, ya apuntadas por el presidente, es la de limitar la publicidad institucional para los medios ―”pseudomedios”, los llama él― que se dedican sistemáticamente a difundir bulos y desinformación. Sánchez insiste en que no tiene sentido que administraciones autonómicas o locales estén financiando de forma sistemática medios que no tienen apenas lectores y cuyo ingreso fundamental, por tanto, no son las suscripciones o la publicidad privada sino la institucional. El PP acusa a Sánchez de querer “amordazar a la prensa”, según apuntó Isabel Díaz Ayuso, pero el Gobierno insiste en que se trata de fijar unos límites para que el dinero público en forma de campañas llegue a los medios profesionales que tienen lectores y que se dedican a informar y cuyo ingreso principal no es la publicidad institucional. Sánchez también apuntó reformas del derecho a rectificación y de la de ley del derecho al honor para “actualizarlas” porque son de los años 80, cuando aún no había internet, aunque no hay detalles sobre cómo se haría ese cambio.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, anunció este martes que el PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo sobre algunas medidas importantes de este paquete de regeneración democrática que incluyen esta reforma de la ley de publicidad institucional que ya estaba apuntada, pero que además tocan otras cuestiones sensibles que afectan a la libertad de expresión. Este es un asunto en el que Sumar viene trabajando hace tiempo, porque en España se han producido muchas condenas a cantantes, artistas y publicaciones satíricas por burlas o críticas que en otros países del entorno no tendrían ningún tipo de reproche penal. Este asunto ya provocó sendas iniciativas de Unidas Podemos y del PSOE en la pasada legislatura que al final no se concretaron. Sumar ha presentado otra en esta y los socialistas están de acuerdo en líneas generales con la excepción de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, que los socialistas no quieren tocar.

Sumar anunció un acuerdo con el PSOE para eliminar del Código Penal el delito contra los sentimientos religiosos (artículo 525 del Código Penal). Este delito ha sido utilizado de forma sistemática por grupos como Abogados Cristianos para procesar a columnistas, humoristas o publicaciones satíricas que se burlan de los símbolos religiosos, algo que no es delito en casi ningún país de la UE. También aseguró que tiene el acuerdo del PSOE para eliminar los delitos contra la Corona que, por ejemplo, permitió que un juez secuestrara la publicación entera de la revista satírica El Jueves. También se trata de una regulación que no tienen la mayoría los países del entorno español, según dijo el propio ministerio de Justicia en febrero de 2021, cuando anunció una modificación de estos delitos del Código Penal que finalmente no se concretó. Entonces había una gran movilización social por la entrada en prisión del rapero Pablo Hásel, que recibió de un manifiesto de 200 artistas entre los que estaban Joan Manuel Serrat y Pedro Almodóvar. Ahora Sumar asegura que el PSOE también se eliminarán los delitos de injurias al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional o al Ejército, recogidos en el artículo 504 del Código Penal.

Todas estas modificaciones para proteger mejor la libertad de expresión estaban anunciadas por Justicia en 2021, aunque nunca se llegaron a concretar. Fuentes del PSOE señalan que están de acuerdo en el fondo de la cuestión, y de hecho votaron a favor de la toma en consideración de la iniciativa de Sumar que las contemplaba, pero habrá que discutir mucho la redacción. Estas fuentes admiten que es un anacronismo que España tenga penas de cárcel por ofensas a la bandera, algo que no tienen la mayoría de los países del entorno, y que los tribunales europeos ya han dado algún varapalo a España por esta cuestión. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que estaba en la negociación con Sumar, apuntó que se ha acordado “revisar” estos asuntos, pero no hay una redacción pactada aún porque el Ejecutivo quiere hablar con todos los socios sobre el plan de regeneración democrática, incorporar sus propuestas y así garantizarse a partir de septiembre su tramitación.

Lo que no parece pactado de momento es otra iniciativa que anunció Sumar y que consiste en una reparación para las personas que sufran meses o años de instrucciones judiciales que luego quedan en nada y acaban archivadas sin siquiera una apertura de juicio oral. Sumar reclama una reparación de alguna manera, a través de un reconocimiento oficial del daño causado a la imagen de la persona afectada, pero no parece haber acuerdo de momento con el PSOE sobre esta cuestión, según las fuentes consultadas. En los últimos años, muchos políticos han sufrido estas largas y polémicas instrucciones que después quedan archivadas, pero ya han producido un desgaste e incluso han provocado dimisiones.

En cualquier caso Sánchez acude este miércoles al Congreso con un discurso de fondo sobre la regeneración democrática y varios anuncios, aunque aún queda tiempo para que se concreten y sobre todo para que se aprueben, porque los números en el Parlamento obligan al Gobierno a pactar con todos sus socios cada medida. Para este tipo de cuestiones sí parece contar con un respaldo importante, pero tendrá que negociar y concretar todas las reformas y tendrá con toda probabilidad enfrente al PP y Vox, que rechazan este paquete de regeneración. Sánchez también tendrá hoy que enfrentarse a un debate con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal sobre el proceso judicial que se sigue contra su esposa, Begoña Gómez. Ambos le exigirán detalles sobre las reuniones en La Moncloa con el empresario Juan Carlos Barrabés, que declaró como testigo en el procedimiento contra Gómez. En ausencia de sesiones de control —en julio no hay— será el último gran debate entre el presidente y el líder de la oposición antes de las vacaciones de verano.

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Los servicios jurídicos del Gobierno empiezan advirtiendo de que, cuando la Sala de lo Penal afirma que “el juez no puede limitarse a ser la boca de la ley” ni a hacer “una interpretación microliteral de la norma”, abre “un campo del que el único conocedor es el propio tribunal”. A continuación —y tras admitir que este primer recurso de súplica tiene pocas probabilidades de prosperar—, la Abogacía del Estado se extiende en intentar desmontar los argumentos utilizados por el Supremo en su auto del pasado 1 de julio.

Ese auto salió adelante con el apoyo de cinco de los jueces de la Sala y el rechazo de una, la magistrada Ana Ferrer. En él, el Supremo sostuvo que la malversación cometida en el procés no es amnistiable porque los líderes independentistas sí obtuvieron un beneficio personal “de carácter patrimonial”, al financiar con dinero público lo que de otra manera habrían tenido que pagar de su bolsillo. Además, según la Sala, los condenados pusieron en riesgo con su amenaza de ruptura los intereses financieros de la Unión Europea. Ambas cosas —la malversación con beneficio personal de carácter patrimonial y los delitos que afecten a intereses de la UE— están excluidas de la ley de amnistía.

La Abogacía del Estado sostiene que, para apuntalar esa tesis, los cinco magistrados del Supremo utilizan argumentos contrarios a los defendidos por ellos mismos en la sentencia del procés en 2019.

Vaciar de contenido la ley. El recurso de súplica señala que la interpretación del Supremo por la cual los líderes independentistas se ahorraron el dinero que habrían tenido que poner de su bolsillo para financiar su plan rupturista “dejaría vacío de contenido” uno de los “pretendidos ámbitos de aplicación” de la ley de amnistía. “La función jurisdiccional no tiene como única y exclusiva referencia la voluntad del legislador, pero eso no nos puede llevar a privar de eficacia y consiguiente aplicación, por vaciar su contenido, una norma vigente y exigible”, subraya la Abogacía.

Responsabilidad contable y responsabilidad civil. La Abogacía apunta a otro de los argumentos utilizados por el Supremo para rechazar la amnistía a la malversación: la causa que se sigue por malversación en el Tribunal de Cuentas. “Nos parece realmente desafortunado extraer el enriquecimiento de una persona de su declaración de responsabilidad en un procedimiento ante el Tribunal de Cuentas (...) Pretender equiparar la responsabilidad contable con la automática existencia de enriquecimiento por quien es responsable es equiparar conceptos cualitativamente diferentes (además de que salvados por la ley de amnistía)”, sostiene el recurso. Y concluye: “Donde había responsabilidad contable ahora parece que se identifica ello con la responsabilidad civil derivada de un delito de malversación; donde se apreciaba perjuicio para el patrimonio autonómico ahora hay afectación de intereses financieros de la UE”.

Si era una ensoñación, no podía ser un riesgo para la UE. La Sala de lo Penal afirmaba en el auto del 1 de julio que la declaración de independencia de octubre de 2017 en Cataluña implicó que los intereses financieros de la Unión Europea “se vieron dañados o, al menos, en inminente riesgo de sufrir menoscabo”, porque “la consecuencia de un escenario de ruptura implicaría una desvinculación, por la vía de hecho, de todo compromiso presupuestario, no solo con España sino con Europa”. La Abogacía del Estado censura esta interpretación: “Le resulta indiferente a la Sala [del Supremo] que no se alcanzase el objetivo a estos efectos”, afirma, al entender que “el debilitamiento de la fortaleza territorial de España y de la propia Europa fue real”.

Para desmontar esa tesis de los magistrados del Supremo, los servicios jurídicos del Gobierno recurren a la sentencia que firmaron esos mismos magistrados el 14 de octubre de 2019. El Supremo concluyó entonces que los hechos examinados no eran constitutivos de un delito de rebelión, y afirmó: “Desde la perspectiva de hecho, la inviabilidad de los actos concebidos para hacer realidad la prometida independencia era manifiesta. El Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza, militar, policial, jurisdiccional e incluso social. Y lo mantuvo convirtiendo el eventual propósito independentista en una mera quimera. De ello eran conscientes los acusados”. Aquella sentencia continuaba así: “Ese riesgo —insistimos— ha de ser real y no una mera ensoñación del autor o un artificio engañoso creado para movilizar a unos ciudadanos que creyeron estar asistiendo al acto histórico de fundación de la república catalana y, en realidad, habían sido llamados como parte tácticamente esencial de la verdadera finalidad de los autores. El acto participativo presentado por los acusados a la ciudadanía como el vehículo para el ejercicio del ‘derecho a decidir’ —fórmula jurídica adaptada del derecho de autodeterminación— no era otra cosa que la estratégica fórmula de presión política que los acusados pretendían ejercer sobre el Gobierno del Estado”.

La Abogacía del Estado entiende que de esa sentencia del Supremo se deduce, por tanto, que no hubo riesgo para los intereses financieros de la Unión Europea. “Que la Constitución Española o la integridad territorial del Estado español no se puso en riesgo real, sino [que el procés fue] una mera ensoñación del autor”.

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Tampoco era fácil imaginar en 2022 las consecuencias que tendría la formidable batalla que se vivió entre el Gobierno y la derecha judicial y política para impedir la renovación del Constitucional y por tanto el cambio a una mayoría progresista. Durante seis meses, La Moncloa, el PP, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-con una mayoría conservadora liderada por José María Macías, un hombre clave que ahora será magistrado a propuesta del PP- y el propio Constitucional libraron una guerra sin cuartel.

Félix Bolaños, ahora ministro de Justicia pero ya entonces principal estratega del Ejecutivo en este asunto, presionó con varios cambios legales para intentar forzar al CGPJ a renovar el tribunal. Los vocales conservadores daban largas, incluso se negaban a reunirse. Todo era muy polémico. Bolaños recibía críticas por lo que muchos juristas definían como “chapuzas legales” para forzar la renovación. El Constitucional, aún conservador, llegó incluso a paralizar una votación en el Senado, algo inédito en democracia, para que no se tramitara la reforma.

Después de seis meses, Bolaños y los progresistas del CGPJ encontraron una manera: votaron por sorpresa los nombres que proponía el otro bloque -el conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano- y así se logró renovar. También hubo muchas críticas por haber tragado ese nuevo sapo de no poder elegir ni a su propia candidata. Un mes antes había llegado la decisión más criticada de todas: el Gobierno eligió para su cuota de dos miembros del Constitucional al ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a Laura Díez, que hasta seis meses antes trabajaba en La Moncloa con Bolaños como directora general de Asuntos Constitucionales.

La politización en los dos lados era muy evidente. El PSOE, que había visto cómo llegó a presidir el Constitucional un militante del PP, Francisco Pérez de los Cobos, decidió jugar fuerte con un objetivo claro: garantizar que no vuelva a pasar algo como la sentencia del Estatut, que se produjo en 2010, cuando en teoría el Constitucional tenía una mayoría progresista -suelen cambiar cada nueve años, en función de quién está en el Gobierno en el momento de la renovación de los dos magistrados que corresponde elegir al Ejecutivo- porque Manuel Aragón Reyes, elegido por José Luis Rodríguez Zapatero, decidió unirse a los conservadores y tumbar una parte del Estatut.

En este momento de finales de 2022 era muy difícil imaginar lo importante que sería el Constitucional en 2024, cuando la ley de amnistía, que entonces el Ejecutivo descartaba, se ha convertido en la clave de bóveda de la legislatura. Pero ahora el ambiente en la política española es claro: todos los caminos conducen al tribunal presidido por el progresista Cándido Conde Pumpido.

El Gobierno cuida las formas en público, pero en privado diversos miembros trasladan que están escandalizados con el auto del Tribunal Supremo que deja en papel mojado la ley de amnistía con el argumento de que sí hubo enriquecimiento personal de los líderes del procés condenados por malversación porque se ahorraron el dinero que tendrían que haber puesto de su bolsillo. La ley aprobada por el Congreso establecía quedaban eximidos todos los delitos de malversación, salvo en los casos de “beneficio personal de carácter patrimonial”.

Es un argumento totalmente nuevo, que jamás se utilizó en el juicio del procés ni en decisiones posteriores, como se encarga de destacar en su voto particular la magistrada Ana Ferrer: “Ni en la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, ni tampoco en el auto 20107/2023, 13 de febrero, hicimos mención a ningún posible beneficio personal de carácter patrimonial de quienes en la causa del procés resultaron condenados como autores de un delito de malversación. Asimilar ahora el desvío de fondos a la persecución de un objetivo político ilícito, con el ánimo de obtener un beneficio particular económicamente evaluable, resulta la incorporación de un matiz novedoso, a la vez que peligroso, en cuanto retuerce los perfiles del ánimo de lucro, en una suerte de inversión metodológica que debiendo partir de los presupuestos de la Ley que nos corresponde ahora aplicar, acaba redefiniendo un elemento de tipicidad. De esta manera la interpretación que la mayoría plasma en su resolución corre el riesgo de quebrar los principios de legalidad y previsibilidad”, escribe.

Algunos miembros del Ejecutivo incluso hablan en privado de prevaricación -tomar una decisión injusta a sabiendas- algo que jamás dirían en público porque serían acusados de no respetar la separación de poderes. Pero en cualquier caso todos los consultados, no solo en el Gobierno sino también en otros partidos de la mayoría y en el PP, parecen convencidos de que el Constitucional enmendará la plana al Supremo y rematará la aplicación de la ley de amnistía para todos los procesados, también los líderes. Los demás tribunales ya están amnistiando a los segundos niveles e incluso a los policías procesados por la represión de las protestas del procés, lo que va a provocar una situación extraña durante unos meses: los líderes seguirán condenados, como Oriol Junqueras con su inhabilitación hasta 2031, o perseguidos, en el caso de que huyeran de la justicia como Carles Puigdemont, pero todos los demás estarán amnistiados.

Lo que nadie se atreve a pronosticar es qué consecuencias políticas tendrá esta nueva piedra a la amnistía puesta por el Supremo. En el Gobierno se hace un análisis puramente político de la decisión, porque entienden que no tiene motivaciones jurídicas -no ven serio el argumento del enriquecimiento por ahorro- y creen que el objetivo era complicar la legislatura a Sánchez. Si los socialistas confían en el Constitucional, en el PP se aferran al Supremo y creen que el auto cuyo ponente ha sido el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, ha demostrado que la amnistía es una entelequia -”solo han hecho una ley y ni siquiera saben hacerla”, se burló Alberto Núñez Feijóo- y que la legislatura está condenada al fracaso.

En el PSOE, por el contrario, miran a Cataluña, donde aún confían en que Salvador Illa pueda lograr la investidura este verano, pero sobre todo creen que la amnistía ya ha hecho todo el daño político que podía a la izquierda y está amortizada. Y, sin embargo, alargar el proceso judicial, concluyen los socialistas, solo puede servir para que los independentistas sigan más tiempo vinculados al Gobierno porque saben que tumbar al Ejecutivo y abrir la puerta al PP y a Vox podría suponer que sus líderes no lleguen nunca a ser amnistiados. Los socialistas creen que, queriendo complicarle la vida al Gobierno, los jueces están uniendo aún más la mayoría de manera indirecta.

La batalla entre un sector importante de la justicia y el Gobierno ha dominado los últimos años de Sánchez. El Supremo ya dejó en papel mojado la reforma de la sedición y la de la malversación en 2022. pero ahora con el Constitucional con mayoría progresista parece haber cambiado la perspectiva. Sin embargo, Sumar cree que no basta con esperar que el Constitucional resuelva los problemas. El socio minoritario de la coalición está presionando dentro del Gobierno para ir más lejos y tomar decisiones de fondo para evitar que la justicia, dominada mayoritariamente por los conservadores, se convierta en una especie de ariete de oposición al Gobierno.

El PSOE y Sumar coinciden en el diagnóstico de que algunos jueces se están extralimitando en sus funciones con el único afán de complicarle la vida al Gobierno, pero hay una discrepancia clara a la hora de ver qué decisiones se toman frente a eso. Sumar está reclamando que se aproveche el paquete de regeneración democrática que está preparando La Moncloa -Sánchez anunciará las principales líneas el 17, aunque aún está todo muy verde y las concreciones llegarán a partir de septiembre- para introducir reformas que al menos refuercen la responsabilidad de los jueces cuando toman decisiones como estirar artificialmente procesos que quedan en nada pero tienen graves consecuencias políticas, o tratan de influir en la política. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, explicó este martes que Mariano Rajoy “eliminó la responsabilidad civil de los jueces”, de tal modo que “es el único cuerpo que no rinde cuentas de lo que hace a pesar de que vemos procesos que tienen el sesgo que tienen”. “Tendremos que dar un debate sobre la responsabilidad. Cuando hablamos de democratizar nuestro país, hablamos de esto”, remató.

Varias fuentes del sector socialista del Gobierno descartan de plano esa posibilidad. Creen que meterlo ahora en el paquete de regeneración abriría una guerra con la justicia aún mayor y de consecuencias imprevisibles. Sumar va a dar la batalla hasta el final con este asunto, pero los socialistas insisten en que lo ven inviable. En el PSOE tienen, por ejemplo, duras críticas contra el juez Juan Carlos Peinado, que lleva el proceso contra Begoña Gómez, pero creen que no se puede hacer mucho más que esperar hasta que se archive el caso por ausencia de pruebas.

La batalla entre el Gobierno y la justicia, decisiva en las dos últimas legislaturas de Sánchez, seguirá siendo clave, pero con una nueva estrategia por parte del Ejecutivo: esperar hasta que el Constitucional resuelva. Si lo hace a favor de la amnistía -tal vez dentro de un año- y si la justicia europea también la sanciona, se cerrará el largo capítulo judicial del procés. Pero puede que se abran otros.

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La batalla, sin embargo, no acaba en el Supremo. Es previsible que la sala de Lo Penal rechace estos recursos, aunque tendrá que argumentar por qué. Y a partir de ahí se iniciará un largo proceso que acabará con total probabilidad en el Tribunal Constitucional, al que sin duda recurrirán en amparo los afectados. La decisión puede tardar hasta un año, pero el Gobierno, según fuentes del Ejecutivo consultadas, confía en que tanto el Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaben dando la razón a los promotores de la amnistía y tumbando así de manera directa o indirecta la polémica interpretación que ha hecho el Supremo. Mientras, el PP se aferra a este auto del Supremo y sube cada día el tono contra el Constitucional, al que acusa directamente de actuar a las órdenes del Gobierno, consciente de que en última instancia será el que dé el remate final a la aplicación de la ley de amnistía.

El camino del rechazo a la posición del la sala de Lo Penal del Supremo, en un auto del que ha sido ponente su propio presidente, Manuel Marchena, el líder del juicio al procés y un hombre clave en todas las grandes batallas jurídicas de los últimos años, lo ha dejado muy claro la magistrada Ana Ferrer en su voto particular. Ella se basa en la propia doctrina del Supremo en anteriores decisiones alrededor de aquel proceso, y viene a decir que la sala nunca encontró ese enriquecimiento y ahora se estaría inventando un concepto nuevo para no aplicar la amnistía. “En ningún caso”, recuerda Ferrer, en anteriores resoluciones la sala apreció “un ánimo de enriquecimiento personal en los condenados señora Bassa y señores Junqueras, Romeva y Turull, entendido como mejora de su situación patrimonial o de evitación de su disminución. Un ánimo tendencial, tal y como lo describe el apartado 4 del artículo 1 de la Ley de Amnistía, que guiara los actos de aquellos con ‘el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”, señala.

Ferrer recuerda que no hay nada que vaya en esta nueva línea del enriquecimiento personal en la sentencia del procés. “Ni en la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, ni tampoco en el auto 20107/2023, 13 de febrero, hicimos mención a ningún posible beneficio personal de carácter patrimonial de quienes en la causa del procés resultaron condenados como autores de un delito de malversación”, explica. Y concluye: “Asimilar ahora el desvío de fondos a la persecución de un objetivo político ilícito, con el ánimo de obtener un beneficio particular económicamente evaluable, resulta la incorporación de un matiz novedoso, a la vez que peligroso, en cuanto retuerce los perfiles del ánimo de lucro, en una suerte de inversión metodológica que debiendo partir de los presupuestos de la Ley que nos corresponde ahora aplicar, acaba redefiniendo un elemento de tipicidad. De esta manera la interpretación que la mayoría plasma en su resolución corre el riesgo de quebrar los principios de legalidad y previsibilidad”. “Podemos discutir la constitucionalidad de la Ley, o su adaptación al derecho comunitario, pero lo que no podemos los jueces es hacer interpretaciones que impidan la vigencia de la norma. Cuando se prescinde manifiestamente de la voluntas legislatoris y de la voluntas legis, como ocurre de una manera tan significativa en el caso, la decisión no es interpretativa sino derogatoria”, remata Ferrer.

De hecho, el propio Supremo, cuando Junqueras y otros condenados pidieron que se rebaja su pena de inhabilitación —que no fue indultada— después de que se reformara el delito de sedición y de malversación en 2022, contestó con un argumento que leído ahora se vuelve en contra de su argumentación de que hubo enriquecimiento personal y por eso no pueden ser amnistiados. “El concepto de ánimo de lucro no puede obtenerse mediante su identificación con el propósito de enriquecimiento. Baste para respaldar esta idea la cita de la STS 1514/2003, de 17 de noviembre, en la que ya subrayábamos que “...la jurisprudencia viene sosteniendo, desde hace más de medio siglo, que el propósito de enriquecimiento no es el único posible para la realización del tipo de los delitos de apropiación. En particular el delito de malversación es claro que no puede ser de otra manera, dado que el tipo penal no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a estos”. Esto es: en ese momento el Supremo no veía enriquecimiento, pero sí ánimo de lucro, y por tanto decidía no rebajar las penas. Ahora, cuando la ley de amnistía ha fijado que deben ser perdonados si no hubo enriquecimiento, la sala sí lo encuentra.

Estos argumentos de Ferrer han sido leídos con mucha atención tanto en el Gobierno como en la Fiscalía, y es probable que estén en el corazón de los recursos que se van a presentar ahora, según fuentes jurídicas. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han dejado ya muy claras sus posiciones favorables a la aplicación de la amnistía, a pesar de lo cual el Supremo ha decidido no hacerles caso y decretar un auto en el que deja fuera de la amnistía a los líderes del procés. Ahora se reforzarán esos argumentos, para tratar de convencer a la sala de que está interpretando de manera incorrecta la ley de amnistía y no solo que va en contra de sus propios antecedentes en las distintas resoluciones sobre el procés, en las que nunca se habló de enriquecimiento y sí de ánimo de lucro, diferenciando claramente los dos conceptos.

La batalla será muy larga, y en el camino puede haber consecuencias políticas imprevisibles, pero en el Gobierno están convencidos de que finalmente, sobre todo cuando falle el Constitucional, todos los implicados en el procés serán amnistiados y esta decisión del Supremo quedará superada. Eso, siempre que la legislatura no se acabe antes de que llegue esa resolución final del conflicto. De hecho, algunas fuentes señalan que este varapalo del Supremo debería hacer ver a los independentistas que no tiene sentido jugar a desestabilizar la legislatura mientras la amnistía aún no es definitiva. Pero hasta agosto, cuando se resuelva la posible investidura en Cataluña, no habrá pistas definitivas de las consecuencias políticas de fondo de esta decisión judicial.

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La batalla no puede ser más evidente. El PP se aferra al Tribunal Supremo, con una aplastante mayoría conservadora en la Sala de lo Penal, que ha bloqueado la aplicación de la amnistía para los principales líderes independentistas. Los progresistas, por su parte, confían en el Tribunal Constitucional, con mayoría progresista desde la última renovación. Este órgano tendrá la última palabra ante los más que previsibles recursos de amparo de los afectados contra la decisión de la sala Penal del Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena.

Sin embargo, las formas de mostrar su apoyo o recelos con estos dos tribunales son muy diferentes: mientras Feijóo se lanzó con dureza y abiertamente contra el Tribunal Constitucional al dudar abiertamente de su imparcialidad y criticar a su presidente, Cándido Conde Pumpido, el Gobierno dejó caer ayer que el Supremo no está interpretando bien el texto aprobado de la ley de amnistía. El Ejecutivo, pese a esa insinuación, mantuvo la cautela e insistió en que respeta las decisiones del Supremo mientras exigía a Feijóo que haga lo mismo con el Constitucional y retire sus palabras sobre este organismo.

La mañana arrancó con fuerza. El PP, que ha pactado en todo momento con el PSOE la renovación del Constitucional ―los tres magistrados conservadores que han entrado en los últimos tres años son personas de confianza de este partido como Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y el último, José Mario Macías― lleva ya meses lanzando dudas contra este organismo porque ahora tiene mayoría progresista.

El Gobierno de turno elige cada nueve años a dos miembros del Constitucional, según la Constitución. Los otros 10, hasta completar los 12, se suelen elegir de forma pactada en el Congreso (4), el Senado (4) y en el CGPJ (2). Por eso son siempre los dos miembros elegidos por el Gobierno los que desempatan, porque no tiene que pactarlos con nadie y elige siempre dos de su ideología. Cuando gobernaba el PP y tocó renovar estos dos miembros del Gobierno, en 2013, cambió la mayoría a conservadora. Mariano Rajoy nombró a Enrique López ―que fue después consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y antes vocal del CGPJ a propuesta del PP― y Pedro González Trevijano. En esa época presidió el tribunal Francisco Pérez de los Cobos, afiliado del PP y al corriente de pago en las cuotas de la formación conservadora durante su permanencia en el Constitucional. En 2004, José Luis Rodríguez Zapatero había elegido a Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón Reyes. Este último se uniría a los conservadores en la sentencia del Estatut. En 2022, Pedro Sánchez eligió a dos personas muy cercanas al PSOE: Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa. Este es el argumento que usa ahora Feijóo para criticar al Constitucional, además de decir que Conde Pumpido fue fiscal general con el PSOE. Pero entre 2013 y 2022, mientras el Constitucional tuvo una mayoría conservadora con miembros muy cercanos al PP —entre ellos Andrés Ollero, que fue diputado varias legislaturas— ni Feijóo ni nadie de su partido puso en duda la imparcialidad del Constitucional.

En el Ejecutivo recuerdan que el PP hizo todo lo posible para que no se renovara el Constitucional en 2022, y logró bloquear este paso unos meses. El PSOE decidió entonces tragarse sapos muy criticados, como la elección de Arnaldo, con la vista puesta en la renovación definitiva que llegó en 2022 y que ahora marca una mayoría progresista de 7-5 para nueve años, hasta que se renueve otra vez los dos que le tocan al Gobierno en 2031.

El Gobierno se mostró muy duro con Feijóo por estas críticas al máximo intérprete de la Constitución. La portavoz, Pilar Alegría, puso en cuestión, con cautela, pero con un claro mensaje de fondo, la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía gracias a una interpretación novedosa de la malversación, al entender que sí hubo enriquecimiento porque los líderes del procés se ahorraron el dinero que tendrían que haber puesto de su bolsillo para organizar el referéndum que el Constitucional declaró ilegal. “Desde el Gobierno queremos decir que la ley fue aprobada por mayoría absoluta. El texto es muy claro y la voluntad del legislador es tan clara como el texto de la propia ley. Corresponde la aplicación a los jueces, pero es muy claro el objeto y objetivo de la ley. Somos conscientes de los efectos positivos de la ley de amnistía. Lo que tiene que suceder es que los jueces apliquen la ley”, remató como un claro mensaje de rechazo al Supremo.

Justo antes de que interviniera Alegría, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiso entrar en el asunto, incluso aunque no hubiera una pregunta directa, porque quería dejar clara la posición de Sumar, que es más dura con los jueces y con el PP que la del PSOE. Díaz fue muy crítica con Macías, el candidato del PP al Constitucional asumido por el PSOE pero también por Sumar, que lo votará. “Que el PP critique al Constitucional cuando ha designado al señor Macías para ese tribunal se descalifica por sí mismo, señaló Díaz. Y sobre el Supremo también fue crítica. “Pasan cosas extrañas en nuestro país. Hemos visto como el CGPJ emitía informes para los que no tenía competencia, o emitía un informe de una ley [la de amnistía] que aún no existía. Si viniésemos de un país lejano y viésemos lo que pasa aquí nos sorprenderíamos. Es una burla que hayamos estado cinco años con CGPJ paralizado y algo tuvo que ver en todo esto el señor Macías”, insistió.

Díaz además apuntó que ella defiende que en el paquete de regeneración democrática que está preparando el Gobierno también debería haber cuestiones relativas a la justicia, no solo sobre los medios. “Hay que cambiar el acceso a las altas instancias del Estado. Además, Rajoy eliminó la responsabilidad civil de los jueces. Es el único cuerpo que no rinde cuentas de lo que hace a pesar de que vemos procesos que tienen el sesgo que tienen. Su actuación profesional no tiene consecuencias. En cualquier otra profesión las tienen. Tendremos que dar un debate sobre la responsabilidad. Cuando hablamos de democratizar nuestro país hablamos de esto, aunque será el presidente el que haga los anuncios el día 17″, sentenció dejando esa puerta abierta. El malestar del Gobierno con la decisión del Supremo es así muy evidente, se exprese con más o menos rotundidad ―el sector socialista insistía en que la opinión del Ejecutivo la expresa la portavoz y no la vicepresidenta segunda― y ahora desde el Gobierno se confía en que tanto el Constitucional como la justicia europea, si alguien acude a ella, den la razón al Ejecutivo y hagan cumplir de forma completa la ley de amnistía en unos meses.

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El pasado marzo, el Gobierno de Díaz Ayuso filtró a la prensa un correo remitido por la Fiscalía al abogado de la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal. El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, convirtió esa comunicación en un bulo al no aclarar que el correo era en respuesta a uno anterior de la pareja de Ayuso donde ofrecía un pacto para admitir los delitos, pagar una multa y evitar así la cárcel. Además, Miguel Ángel Rodríguez informó a los periodistas que “alguien de arriba” había ordenado retirar a última hora el ofrecimiento de pacto. Para aclarar eso y ante las peticiones de información de los periodistas, la Fiscalía de Madrid distribuyó un comunicado en el que informaba de ese ofrecimiento previo del abogado. González Amador reaccionó denunciando al ministerio público por revelación de secretos al difundir sus datos personales y fiscales. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha admitido que fue él quien dio la orden de distribuir ese comunicado con los datos de González Amador.

🔴 Mañana comienza la 'Semana Fantástica' de la corrupción del PSOE. pic.twitter.com/DuJhCdnnkk

— Miguel Tellado (@Mtelladof) June 30, 2024

Pedro Sánchez también ha hablado de la imputación de su esposa, Begoña Gómez, que declarará el próximo viernes ante un juez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y ha insistido en que en ese caso “no hay nada”. “Todo esto parte de una denuncia de un sindicato ultraderechista que presenta desinformación y bulos como pruebas. Unos datos que son desmentidos por la Guardia Civil. Quiero pensar que el juez no está siendo parcial, pero hay unos recursos de mi esposa que no están siendo respondidos. Tengo absoluta tranquilidad porque no hay nada. Que el PP sitúe esto como elemento principal de su oposición indica que no tienen nada. Lo que es evidente es que hay poderes alineados con una estrategia de acoso y derribo al Gobierno por defender políticas progresistas. Es evidente que es un caso de libro de maquina del fango. Denuncia ultraderechista con bulos, pseudomedios alentando y el PP pedaleando sobre la nada, sobre el fango”, ha rematado.

El presidente ya tiene una fecha para concretar algo más su plan de regeneración democrática: el 17 de julio, en una comparecencia en el Congreso, dará más detalles, y a partir de ahí el PSOE empezará a negociar con el resto de grupos para presentar reformas legales ya después del verano. Una de las novedades, que ha anunciado en la entrevista, es que el Gobierno pretende cambiar la ley de publicidad institucional para poner un límite máximo al porcentaje de financiación pública que reciben los medios de comunicación. Sánchez está pensando sobre todo en algunos “pseudomedios”, según los define el presidente, que prácticamente “solo tienen recursos públicos”, porque “no tienen lectores”. “Es importante que incorporemos la transparencia de estos pseudomedios”, ha remarcado.

El Ejecutivo seguirá la línea marcada por la propia regulación europea, que se ha aprobado con el apoyo del Partido Popular Europeo y que exige mucha más transparencia en la financiación de los medios, especialmente en lo que tiene que ver con los recursos públicos. El Gobierno acusa a comunidades autónomas gobernadas por el PP, sobre todo a Madrid, de financiar a estos medios que en su opinión solo sirven para difundir bulos y perjudicar a los rivales políticos de esos gobiernos autonómicos. La ley de publicidad institucional tiene 20 años y Sánchez promete reformarla, pero también cambiará la ley del derecho al honor y la de rectificación.

Pactos con el PP

El presidente se ha abierto en la entrevista a más pactos con el PP después del acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial que socialistas y populares cerraron la semana pasada. Y no solo para los organismos que quedan pendientes de renovar —Banco de España, RTVE, CNMV— sino también para cuestiones políticas más de fondo. “Espero que este entendimiento con el PP no sea flor de un día. Este es el Gobierno de los acuerdos. Hemos llegado a acuerdos con todos salvo con la ultraderecha. ¿Por qué no podemos pactar con el PP una renovación del pacto contra la violencia de género? O una reforma de la ley de extranjería para hacer frente a situaciones como la que estamos viviendo en Canarias con los menores inmigrantes. O un acuerdo de financiación autonómica, que es muy necesario”, ha enumerado. “Estamos viendo cómo los gobiernos del PP con Vox están reduciendo impuestos a los ricos y a la vez le piden al Gobierno más recursos”. Además, Sánchez ha avanzado que esta semana el Ejecutivo presentará una modificación de la ley de propiedad horizontal para controlar los pisos turísticos y más medidas para intentar frenar el precio de la vivienda, uno de los principales problemas para los españoles.

El líder del PSOE ha aprovechado el resultado en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia —que ha arrojado un triunfo inédito de la extrema derecha— para hacer un llamamiento a los progresistas españoles a movilizarse cada día y dar “una batalla democrática frente a la ultraderecha”. Y ha hecho específicamente un llamamiento al espacio político a la izquierda del PSOE —que, según la última encuesta de 40dB para EL PAÍS y la SER, está perdiendo la mitad de sus apoyos— para que se vuelva a unir como ha hecho la izquierda francesa frente al partido de Le Pen. “El 28 de mayo [de 2023, en las elecciones municipales y autonómicas] la izquierda perdió muchos gobiernos por la fragmentación de ese espacio. Espero que encuentren la mejor solución. Puede haber diferencias, pero, si uno mira lo que tiene enfrente, es muy grave”, ha insistido como llamamiento a Sumar y Podemos. “La sociedad española debe ser consciente de los riesgos de la ultraderecha. La democracia se defiende todos los días, no cada cuatro años votando. Tenemos que combatir diariamente los bulos”, ha concluido Sánchez.

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Pregunta. ¿Qué ha cambiado para que ahora haya pacto?

Respuesta. Creo que por primera vez en cinco años el PP ha sido consciente de que era imprescindible un acuerdo para renovar el consejo. Era un clamor en la carrera judicial, lo ha pedido también la Comisión Europea. Este acuerdo es clave para la justicia, pero también da profundidad a la legislatura y consigue rebajar ese clima tóxico que hemos vivido en los últimos meses. Ahora se ve que era muy impostado por parte de la derecha, porque tenemos una democracia sólida, madura, con instituciones que funcionan. Es un pacto muy positivo para nuestro país.

P. El PP habla de un gran éxito de Feijóo y él mismo dice que ustedes, presionados por Europa, han aceptado que los jueces elijan a los jueces y por eso hay pacto. ¿Han aceptado eso?

R. [Se ríe]. Es una interpretación muy imaginativa la que hace Feijóo. La Comisión ha presionado para que haya un acuerdo, sí, pero todo el mundo sabe quién se resistía. El acuerdo es público, todo el mundo lo puede leer.

P. Vamos al acuerdo. El texto dice que el nuevo CGPJ elaborará “una propuesta de reforma del sistema de elección […] con la participación directa de magistrados que se determine”. ¿Eso qué quiere decir?

R. Quiere decir que los 20 vocales elegidos para el nuevo CGPJ tienen que emitir un informe en el plazo de seis meses, con una mayoría reforzada de tres quintos, con una propuesta de mejora de nuestro modelo. Participación de los jueces ya existe en el modelo actual, pero ellos tienen que mirar estándares europeos y hacer una propuesta que se remitirá al Congreso, al Senado y al Gobierno, para su estudio, y en su caso para aprobación.

P. De hecho el acuerdo dice literalmente “en su caso”. ¿Eso quiere decir que cabe la posibilidad de que nunca se toque el modelo?

R. Vamos a dar tiempo al tiempo. Los nuevos vocales tienen que estudiarlo. Estoy convencido de que será una propuesta muy positiva.

P. ¿Sigue manteniendo que el PSOE nunca aceptará que los jueces elijan a los jueces?

R. Yo sigo manteniendo mi posición igual que el PP mantiene la suya. Vamos a intentar que el CGPJ haga una propuesta.

P. ¿Le ha sorprendido que la derecha no haya rechazado este acuerdo como el de 2022?

R. Estoy encantado de que personas que eran absolutamente reacias a que hubiera una renovación hayan cambiado de opinión. Bienvenidos a la posición que ha mantenido el PSOE durante cinco años. Es muy bueno para la democracia. Teníamos una crisis institucional en el poder judicial. Desde el martes, tenemos a los tres poderes, ejecutivo, legislativo, y judicial, funcionando con normalidad en España. Por eso estoy tan contento también desde el punto de vista de país. Ahora tenemos tres años para trabajar con más tranquilidad.

P. ¿Cree que el PP con este acuerdo ha asumido que no va haber elecciones inmediatas?

R. Es que no va a haber elecciones inmediatas. Esto es una realidad. Quedan tres años de legislatura. Una de las consecuencias de este acuerdo es que el clima político se relaja en España. Tenemos una agenda de derechos y avances sociales. Las cifras acompañan. España tiene grandes cifras económicas, grandes avances en lo social, y desde el martes tiene normalidad en el funcionamiento del Estado de derecho.

P. ¿Vienen muchos más pactos ahora con el PP? Banco de España, RTVE, CNMC, CNMV…

R. Nosotros tenemos la mano tendida. Intentaremos pactar con el PP otras instituciones.

P. Algunos aliados de su mayoría dicen que ustedes han cambiado de socios, que ahora se van a volcar a acuerdos bipartidistas con el PP. ¿Hay un giro ahí?

R. No es así. El Gobierno es de coalición con Sumar y el PP está en la oposición, y eso va a seguir así. Somos un Gobierno progresista y vamos a seguir haciendo políticas progresistas. Pero que nos pongamos de acuerdo PSOE y PP en lo que la Constitución nos obliga es muy positivo para nuestro país. Tenemos más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, algo nunca visto. Y ahora tenemos normalidad institucional. España está en una situación envidiable para seguir avanzando.

P. ¿Qué ha cambiado sobre el acuerdo que tenían cerrado en 2022?

R. En 2022 lo que pasó es que el PP no tuvo la capacidad de firmar un acuerdo que estaba cerrado. Pero eso pasó, y todas esas personas de la derecha que eran muy reacias hoy opinan lo mismo que opinaba entonces el PSOE, que era bueno para España renovar el consejo.

P. Dice Feijóo que el presidente del CGPJ no está pactado. ¿Podría ser conservador?

R. La ley dice que tienen que ser los 20 vocales quienes lo elijan. Tienen que elegir una persona que merezca el consenso de tres quintos de los vocales. Estoy convencido de que elegirán un magnifico o una magnifica presidenta.

P. ¿Pero tiene alguna preferencia? Porque han pactado un reparto de vocales 10-10, el presidente desempata, y si fuera conservador, después de 10 años de mayoría conservadora, seguiríamos igual.

R. Yo evidentemente tengo preferencias. Pero no se trata de eso, sino de cumplir la ley. Los 20 vocales tendrán que decidir.

P. En la etapa de Zapatero, con mayoría progresista en el Congreso, el CGPJ también acabó con control conservador y un presidente de ese sector. ¿Puede volver a pasar eso?

R. Creo que los 20 vocales tienen un prestigio indiscutible, no ha habido ni una sola tacha a ninguno de ellos. Está en buenas manos, que decidan ellos.

P. ¿Por qué no ha habido una reunión, ni siquiera una llamada entre Sánchez y Feijóo para este acuerdo, que sepamos? ¿Esa relación es irrecuperable?

R. Hemos pactado los negociadores, de la mano de la Comisión Europea, con esa firma en Bruselas. Lo relevante es que hay un gran acuerdo de país.

P. Feijóo también reivindica que se han reforzado las mayorías para elegir jueces. Pero esto estaba en la ley desde 2018, no es nuevo, ¿no?

R. Se han reforzado algunas mayorías para elegir jueces de audiencias provinciales, pero en la ley estaba en la mayor parte de los casos. De hecho esta reforma la impulsó Zapatero en su día y el PP la recurrió.

P. En un pacto todo el mundo traga sapos. El más importante para ustedes es llevar a José María Macías al Constitucional. ¿Eso es despolitización? Ustedes ya llevaron al exministro de Justicia Juan Carlos Campo. ¿No queda un Constitucional muy político?

R. Lo único que podemos hacer después de un pacto es defender a las 21 personas que hemos elegido. Yo creo que [Macías] tiene trayectoria para ser magistrado del Constitucional.

P. ¿A pesar de que le llamó a usted mentiroso y habló del CGPJ como aldea gala de defensa frente al Gobierno?

R. Estoy seguro de que igual que se han dicho muchas cosas y ahora todos apoyan este acuerdo, ahora [Macías] no repetiría esas declaraciones.

P. ¿Cómo reconstruir la imagen de la justicia a la que se ve tan politizada?

R. Este es un primer paso esencial. La reputación de la justicia, de manera injusta, se ha visto muy afectada por lo que ha pasado en el Consejo saliente, que tenía una mayoría que no ha prestigiado el Consejo. Devolver la normalidad va a suponer que la carrera judicial pueda trabajar con menos foco.

P. ¿Feijóo puede intentar con este acuerdo buscar votos en el centro, arrebatándoselos al PSOE?

R. Depende de la hora del día. Por la mañana firmamos el acuerdo y por la tarde dijo que España iba camino de una dictadura como Cuba. Si nos fijamos en el Feijóo que firma, está haciendo algo en favor del interés general. Si nos fijamos en el de la tarde, que dice que vamos hacia una dictadura y bobadas de este tipo, pues es un discurso ultraderechista alejado de la realidad. Cuando el PP se parece a Vox, y se ha parecido mucho en los últimos meses, es un problema para la democracia.

P. ¿Las europeas demuestran que la ola de derechas que arrasa en todo el mundo está llegando a España? ¿Si hubiera elecciones ahora la derecha tendría esos cuatro escaños que le faltaron para la absoluta?

R. España ha conseguido parar la ola ultra de odio. La paramos el 23 de julio de 2023 y la hemos parado también con este acuerdo, que manda el mensaje de que hay capacidad de grandes pactos. Nosotros hemos pactado con casi todos menos con Vox. Somos la columna vertebral del país.

P. En el PP dicen que usted quería un acuerdo y otros sectores del Gobierno querían cambiar las mayorías y renovar sin el PP o aplicar el plan B que puso Sánchez con un ultimátum encima de la mesa.

R. El presidente quería un acuerdo. En la negociación yo recibía instrucciones del presidente y los dos queríamos un acuerdo.

P. ¿El ultimátum ayudó?

R. No era exactamente un ultimátum, pero sí creo que ayudó a acelerar la negociación.

P. Con la inhibición de Juan Carlos Campo en el Constitucional en la sentencia sobre la amnistía, la mayoría quedaría 6-5 a favor de los progresistas, muy justa. ¿Teme que pueda pasar como con el Estatut, que Aragón Reyes cambió de lado y se acabó tumbando?

R. La ley de amnistía es perfectamente constitucional, tal como ha dicho también la Comisión de Venecia, que dijo que no afecta a la separación de poderes y tampoco al principio de igualdad. Si no, ¿por qué en cualquier país de Europa se puede aprobar una amnistía y en España no? Estoy convencido que el tanto Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia de la UE lo reconocerán en su día. Ya hay 27 personas amnistiadas, se está aplicando con normalidad.

P. Esas 27 personas han sido amnistiadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Pero qué pasa si el Supremo no la aplica porque entiende que tanto la malversación como el terrorismo no están amnistiados para el tipo de delitos de sus sentenciados? Esto puede pasar esta misma semana. ¿Qué se hace con ese conflicto?

R. Vamos a ver qué dice el Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha dicho que personas acusadas de malversación en casos donde los fondos públicos acabaron en el procés son amnistiadas, conforme a la ley. La ley es muy clara, el artículo 1.4 lo establece con mucha claridad. Vamos a ver qué dice el Supremo, pero podría ocurrir que algunas causas se paralizaran por cuestiones prejudiciales y otras, como está pasando, se amnistíen directamente.

P. Hemos visto el conflicto entre el Supremo y el Constitucional por los ERE. ¿Vienen años de tensión entre estos dos organismos?

R. Para mí es el funcionamiento normal del Estado de derecho. La cúspide del poder judicial es el Tribunal Supremo y el Constitucional tiene funciones de garantía de derechos fundamentales. Puede haber criterios diferentes.

P. ¿Tienen ya listo el gran paquete de regeneración democrática que prometió el presidente? ¿En qué consiste?

R. Vamos a tomar medidas que tienen que ver con lo que se ha adoptado a nivel europeo para que nuestras democracias sean más habitables. Es un plan que en Europa apoyó el Partido Popular Europeo, aquí también debería contar con el apoyo del PP.

P. Pero además quieren cambiar la ley del derecho al honor y la de rectificación. ¿Qué quieren tocar y cómo?

R. Son leyes que se han quedado obsoletas, son de 1982. Hoy existen plataformas digitales, redes sociales, otro ecosistema mediático. En 1982 había una televisión, pocas radios y pocos periódicos solo en papel.

P. Hay mucha suspicacia. ¿Cómo se limita sin perjudicar el derecho a la información y el periodismo?

R. En absoluto queremos perjudicar a los medios ni al periodismo. Creo que el periodismo debe ser consciente de que hay pseudomedios que de manera sistemática mienten y propagan bulos. Eso es un problema en primer lugar para la profesión periodística.

P. ¿Es sostenible un CIS que falla sistemáticamente y que tiene un evidente sesgo a favor del bloque progresista?

R. El CIS hace un trabajo muy profesional. El CIS es de los pocos que hace públicos todos sus datos, los utilizan todos los sociólogos y politólogos. Defiendo la labor de los funcionarios del CIS.

P. El CIS dijo que el PSOE ganaría por cinco puntos las europeas. Perdió por cuatro. El sesgo a favor del bloque de izquierdas está probado, son números. Usted es el máximo responsable del CIS. ¿No se plantean ningún cambio?

R. En las elecciones del 23 de julio también todas las encuestas decían que había mayoría absoluta del PP y Vox.

P. No todas. ¿No ve ningún problema de imagen del CIS?

R. Creo que el CIS está haciendo su trabajo.

P. Usted habla mucho con ERC. ¿Ve alguna posibilidad de acuerdo o vamos a repetición electoral en Cataluña?

R. Las negociaciones las lleva el PSC. Las decisiones se van a tomar en Cataluña. El resultado es claro, el único presidente viable es Illa. Hay una mayoría progresista y en favor del diálogo, que abandone la vía unilateral.

P. En estos días se ve en privado a miembros del Gobierno que asumen la posibilidad de una repetición electoral. ¿Empieza ver que ERC no tiene margen?

R. Yo respeto mucho a ERC, ha tenido un protagonismo fundamental en los indultos, en la amnistía, en la mesa de diálogo, en la normalización política. Ahora tienen que tomar una decisión. La repetición sería mala para Cataluña y seguramente mala para ERC.

P. Ellos dicen: para la investidura nos tienen que dar el concierto. Ustedes lo rechazan. ¿Qué les pueden ofrecer?

R. Cuando se abre una mesa de negociación se tienen que abrir muchos temas de discusión. Todos empezamos con posturas de inicio y nos vamos acercando.

P. Si dan la financiación singular a ERC tienen un problema con Compromís, con el BNG. ¿Cómo cuadrar ese sudoku?

R. Los acuerdos sobre financiación son complejos. El último es del Gobierno de Zapatero. Rajoy ni lo intentó. Echamos de menos que haya una propuesta única del PP. Durante el Gobierno de Pedro Sánchez las comunidades han recibido más de 250.000 millones de euros. De media, entre un 30% y un 40% más que con Rajoy. Cuando hablamos de financiación singular para Cataluña pensamos que otras autonomías también tienen singularidades. Llama la atención que el PP con una mano baja los impuestos a las rentas a partir de 3 millones de euros y con la otra pide más financiación. La incoherencia es notable.

P. Si se repiten las catalanas, ¿Sánchez podría convocar con ellas las generales?

R. Las elecciones generales serán dentro de tres años. Tenemos legislatura y proyecto para tres años. Llevamos seis años gobernando. Hemos gestionado el Parlamento más fraccionado de la democracia. Hoy España es así, con fuerzas políticas diferentes. El PSOE es el único capaz de articular mayorías en esa España plural.

P. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un Gobierno con Presupuestos prorrogados?

R. Tenemos Presupuestos. Podíamos tener un problema en 2018 cuando heredamos unos Presupuestos del PP. Pero hoy son nuestros, son progresistas, son expansivos. El Gobierno va a continuar tres años más, y además tendremos Presupuestos para 2025.

P. ¿El espacio a la izquierda del PSOE se ha convertido en un problema para el Gobierno?

R. Por nuestra parte, todo el deseo de que se reconfigure de la mejor manera posible.

P. ¿La reducción de jornada laboral, gran promesa de Yolanda Díaz, podría revitalizar ese espacio?

R. Es un acuerdo del Gobierno de coalición. Lo hemos pactado. Acabamos de aprobar un decreto que baja el IVA de los alimentos, que sube el sueldo a los funcionarios, que baja impuestos a las rentas bajas. Hace dos semanas convalidamos un decreto con el que van a poder viajar dos millones de jóvenes por España y Europa. Hemos subido 90 euros a las personas que perciben subsidio de desempleo. Los avances de este Gobierno son indiscutibles.

P. Pero no será una legislatura como la anterior.

R. Fue un ritmo frenético de reformas. Veníamos de años de recortes de la derecha. Pero esta legislatura ya hemos aprobado siete leyes. ¿Las Cortes son complejas? Sí, pero eso es España. Esos 350 diputados representan lo que es España hoy, y hay que gestionarlo. Y el más capacitado es el PSOE.

P. Hay mucha polémica con el reparto de menores inmigrantes. ¿Cree que la izquierda, por escasa pedagogía, está dejando que la derecha crezca alrededor de este discurso antiinmigración?

R. Lo que queremos es que la presión migratoria se reparta entre todo el territorio español, como queremos que se haga en Europa. Es un principio de solidaridad básico.

P. Y un socio suyo como Junts dice “a Cataluña que no vengan”.

R. Bueno, estamos hablando con ellos de inmigración, todo el mundo es consciente de que esta es una situación que tenemos que afrontar. Lo que no podemos es abrazar discursos xenófobos. Me preocupa mucho el discurso de Vox en esta materia, que está presionando a gobiernos que tiene con el PP para que no reciban inmigrantes. Es un discurso cruel contra niños, menores que no tienen nada.

P. ¿Qué se puede hacer desde uno de los pocos gobiernos progresistas de Europa frente a esta ola antiinmigración en todo el continente?

R. España es un ejemplo en parar la ola ultra. Hay que hacer un esfuerzo, explicar las dificultades, y hacer un ejercicio de solidaridad y justicia con personas que no tienen nada.

P. Ha puesto la bandera arcoíris en su ministerio. Muchos ayuntamientos del PP no quieren ponerla con el argumento de la neutralidad de las instituciones.

R. Lo que no es neutral es no poner la bandera arcoíris. Porque significa que crees que el colectivo LGTBI no tiene derecho a su visibilización, a celebrar esta semana del orgullo que reivindica derechos. Es la primera vez que se pone la bandera arcoíris en el Ministerio de Justicia, y ha habido muchos ministros progresistas. Hace 45 años, antes de la Constitución, se aprobaron en este Ministerio de Justicia leyes de vagos y maleantes, en las que se consideraba a los gais y lesbianas peligrosos socialmente. Que hoy pongamos la bandera arcoíris tiene una simbología importante. Hoy España está a la vanguardia del mundo en derechos LGTBI. Creo que el PP tiene un problema. La democracia necesita partidos con proyectos autónomos que no se dejen llevar por el camino de la perdición de la ultraderecha.

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El propio Pedro Sánchez, feliz con el acuerdo que llevaba esperando cinco años y medio y que, en la visión de su entorno, da oxígeno al Gobierno y normaliza la legislatura, renunció a replicar como suele a Feijóo en la sesión de control al entender que el líder del PP necesitaba aparecer muy duro en público para justificar un acuerdo que había sido rechazado por sectores importantes del PP y del mundo mediático conservador hasta hace solo unos días. “Para usted la perra gorda”, se entregó Sánchez de forma burlona, con un mensaje claro: si Feijóo necesita sobreactuar para que la derecha más dura asuma el pacto, bienvenido sea ese coste. Todos han cedido en el acuerdo. El PSOE se ha tragado a José Mario Macías, un jurista con mucha vena política y con un estrecho vínculo con el PP, como magistrado del Tribunal Constitucional, y el PP ha asumido una redacción de una proposición de ley que en absoluto garantiza, como ellos querían, que los jueces elegirán en el futuro directamente a 12 de los 20 vocales del CGPJ.

La Moncloa ha decidido ayudar a que la derecha digiera el acuerdo y dejar que el PP venda como grandes novedades cuestiones que ya estaban pactadas desde 2022 o incluso otras que ya están en la ley actual, como los nombramientos por mayoría reforzada. Tampoco quiere destacar las cesiones de los populares, y deja que sean ellos los que reivindiquen una gran victoria negociadora. Todos parecen satisfechos, y diversos dirigentes y miembros del Gobierno consultados aseguran que esto es solo el principio: ahora vendrán en cadena, algunos antes del verano y otros justo después, varios acuerdos para renovar otros órganos que están pendientes: Banco de España, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la futura Comisión Nacional de la Energía (CNE) y también el siempre delicado Consejo de Administración de RTVE. En el Gobierno creen que ahí no debería haber muchos problemas, porque las cuotas por partidos están claras desde el último pacto, que también cerró Félix Bolaños, entonces con Teodoro García Egea, mano derecha de Pablo Casado, y bastaría renovar a los que tienen el mandato caducado respetando esas mismas cuotas.

Este nuevo clima con el PP, al menos en privado, tendrá además varios episodios en este mes de julio, porque la proposición de ley que han pactado Bolaños y Esteban González Pons lleva una tramitación larga que supondrá varios plenos dominados por este ambiente de acuerdo entre los dos grandes partidos. Habrá plenos en julio, un mes en teoría no hábil, los días 4, 11, 17 y 23, según comunicó la presidenta, Francina Armengol, a los grupos. Varios de ellos están pensados para la proposición de ley conjunta del PSOE y el PP sobre el Poder Judicial, que ya registraron ambos este miércoles con la firma de los dos portavoces, un momento especialmente simbólico y que no se veía hace años. Habrá un pleno para la toma en consideración, otro para las enmiendas a la totalidad, y otro en el que se aprobará la reforma que implica una mayor despolitización, con garantías por ejemplo de que los jueces no pueden volver directamente de la política a la judicatura, y se votará a los nuevos 20 vocales del CGPJ. Todo se quiere hacer lo más rápido posible para que el desbloqueo de la justicia empiece antes del parón de agosto. El nuevo CGPJ tendrá mucha tarea porque el bloqueo ha dejado un centenar de puestos sin cubrir.

Este acercamiento del PSOE y el PP, obligado por la necesidad que marca la Constitución de un acuerdo entre los dos grandes partidos para renovar el CGPJ -la opción de reducir las mayorías nunca estuvo encima de la mesa, según fuentes de La Moncloa, porque el presidente y su entorno la veían muy compleja- está generando tensión de algunos socios del Ejecutivo que son claves para su mayoría, especialmente los independentistas. Algunos incluso acusan al PSOE de haber cambiado de socios y le animan a intentar sacar adelante la legislatura con el PP. Mientras, a la derecha de los populares, también Vox les acusa de haberse entregado al PSOE.

En realidad, según fuentes de los dos partidos al máximo nivel, los bloques siguen donde estaban y solo se van a pactar las cuestiones en las que es imprescindible el acuerdo entre los dos grandes, esto es la renovación de distintos órganos. Pero, por ejemplo, no hay ningún viso de un gran acuerdo que implica a los dos, pero tiene mucha más dificultad política, como es la reforma de la financiación autonómica. Y las normas del día a día, de las que también se tendrán que aprobar varias en julio —el real decreto ley que prorroga el IVA al 0% en el aceite y otros productos hasta septiembre es uno de los más importantes— no contarán muy probablemente con el PP y, por tanto, el Gobierno tendrá que acudir a su mayoría de investidura.

Nada ha cambiado de fondo ahí, pero sí parece existir en privado un nuevo clima y sobre todo algo más relevante: la sensación, muy extendida este miércoles en el Congreso, de que Gobierno y oposición vuelven a reconocerse, entran en una fase de normalización de la legislatura y, en consecuencia, asumen, de manera indirecta, que se acabó el periodo de excepción y, salvo enorme sorpresa arrastrado por una repetición electoral en Cataluña en otoño, nadie está pensando ahora en un adelanto electoral sino más bien en una legislatura que se va a estirar aunque sea con una evidente debilidad parlamentaria del Gobierno que, sin embargo, no tiene posibilidades de ser censurado porque no hay una mayoría alternativa.

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“Con este acuerdo ponemos fin a una anomalía democrática”, ha lanzado Bolaños tras firmar el documento. Y pese a ese hito, los dos negociadores han salido a dar cuentas por separado y, en ambos casos, acompañados por la checa Jourová. El acuerdo, según han explicado ambos partidos, comienza por la “renovación inmediata” de los miembros de CGPJ ya en julio con una lista elaborada de forma conjunta, con 10 miembros propuestos por cada formación. También en el mismo mes habrá una proposición de ley que reforzará “la independencia del Poder Judicial” estableciendo límites para que los jueces y fiscales que entren en política tengan límites a su vuelta a la carrera judicial. El pacto se basa en el documento que estaba prácticamente cerrado hace un año y medio, cuando el PP decidió echarse atrás en el último momento. Así que ahora estaba todo muy avanzado, aunque haya precisado la tutoría —“no es mi papel arbitrar”, ha explicado la vicepresidencia Jourová—, y así queda de manifiesto en el acuerdo final, que en el punto decisivo ha vuelto a 2022: se renovará el CGPJ con la ley actual y se registrará una proposición de ley conjunta entre el PSOE y el PP, muy parecida a la que se había pactado en ese momento.

En concreto, según el texto pactado, se instará a que, “en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Consejo General del Poder Judicial deberá realizar un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos y una propuesta de reforma que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado, con el fin de que los titulares de la iniciativa legislativa la sometan a la consideración de las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación”. González Pons ha defendido que el pacto garantiza que la justicia sea “más independiente” e inicie “un camino alejada de la política y de los políticos”. Bolaños, por su parte, ha considerado que el CGPJ podrá empezar a trabajar en julio “con plena legitimidad y con un mandato por delante para llevar a cabo su misión”.

A pesar de que mucho trabajo estaba avanzado, han sido necesarios casi seis meses desde que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió para volver a las negociaciones la participación de la Comisión Europea como garante del potencial acuerdo. “El acuerdo ha sido garantizado por la Comisión Europea y eso para el PP es muy importante. Sin esta garantía, no habríamos firmado”, ha señalado González Pons, dando a entender la falta de confianza en el Gobierno. Sin embargo, Bruselas está mediando desde enero y no ha sido hasta hace unos días que ha comenzado a tocarse el pacto, un plazo que coincide con el ultimátum del presidente del Gobierno. También ha coincidido con el mensaje que se emitía desde el equipo de Jourová, que señalaban que la checa no iba a aceptar una nueva reunión (hubo varias con el comisario belga Didier Reynders, ahora en excedencia, pero con la vicepresidenta solo esta, la última) si no había avances concretos sobre la mesa.

Reforzando el papel de la Comisión, este martes ambos negociadores han hecho hincapié en que la base del acuerdo eran los informes del Estado de derecho de 2022 y 2023, en los que el Ejecutivo de la Unión analiza la situación de la justicia en cada Estado miembro. En esos documentos, se plantea que España tenía que renovar rápidamente el CGPJ, para cubrir las vacantes que hay en el Tribunal Supremo y que la justicia vuelva a funcionar con normalidad para después proceder a reformar el método en que se hace de acuerdo a los criterios de la Comisión de Venecia, para reforzar la independencia judicial respecto de otros poderes del Estado.

Para cerrar el pacto ha sido importante el compromiso de trabajar en una reforma posterior del mecanismo de elección de los jueces, algo que comenzará con un informe elaborado por el nuevo CGPJ en el plazo de seis meses y que pasará después al Legislativo (Congreso y Senado). El acuerdo de 2022 ya tenía una redacción muy similar de esta propuesta. El PP insistía en que quería que el PSOE asumiera que los jueces eligieran a los jueces, pero los socialistas rechazaban esa idea y solo asumían esta, que el CGPJ haga una propuesta para el futuro. Finalmente los populares aceptaron esta vía intermedia, que ya estaba en 2022, y que entonces le valía a Alberto Núñez Feijóo y ahora también vuelve a hacerlo, pese a las críticas internas de los sectores más duros que le exigían algo más rotundo.

Ambos partidos han convenido también esta tarde cubrir la vacante pendiente el Tribunal Constitucional que, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, ocupará José María Macías, actual vocal del CGPJ. El ministro Bolaños ha aclarado que este acuerdo se limita al ámbito judicial y que no llegaría a otros organismos ya pendientes de renovación o en un futuro próximo (Banco de España, CNMC, RTVE o CNMV).

Se pone así fin al bloqueo que afecta desde hace cinco años y medio al CGPJ y decae el ultimátum que lanzó la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder del PSOE anunció que si el PP no pactaba antes del 30 de junio, el PSOE y sus socios reformarían la ley para que el CGPJ deje de nombrar de forma arbitraria a los jueces del Tribunal Supremo y se haga con criterios objetivos. Un tercio de los magistrados del Supremo están sin renovar, y con este desbloqueo empezarían a hacerlo con un CGPJ completamente diferente al de los últimos 10 años en los que el dominio conservador fue muy claro. De hecho, el consejo actual responde a un Congreso de los diputados de 2013, con mayoría absoluta del PP.

Los nuevos vocales de procedencia judicial del Congreso serán Ángel Arozamena (magistrado del Tribunal Supremo), Esther Erice (magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra), Gema Espinosa (Audiencia Provincial de Barcelona), José María Fernández Seijo (juez de lo Mercantil de Barcelona), José María Páez (juez decano de Málaga) y José Carlos Orga (Audiencia Provincial de Logroño). Los del Senado son José Antonio Montero (magistrado del Tribunal Supremo), José Eduardo Martínez Mediavilla (presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca), Esther Rojo (presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia), Carlos Hugo Preciado (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), Alejandro Abascal (Audiencia Nacional) y Lucía Avilés (juez de lo penal de Mataró).

Los vocales juristas del Congreso son José Luis Costa Pillado (presidente del Consello Consultivo de Galicia), Inés María Herreros Hernández (fiscal), Pilar Jiménez (fiscal superior de Cantabria) y Argelia Queralt (profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y letrada del Tribunal Constitucional). Finalmente, los vocales juristas del Senado incluyen a Ricardo Bodas (magistrado jubilado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo), Bernardo Fernández (expresidente del Consejo Consultivo de Asturias), Luis Martín Contreras (letrado de la Administración de Justicia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo) e Isabel Revuelta (letrada de Cortes).

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El primer gran pacto de Estado entre Sánchez y Feijóo no solo normaliza la relación entre los dos grandes partidos, y abre la puerta a otros acuerdos en los que el PP tiene mucho que ganar ―Banco de España, CNMC, CNMV, RTVE― sino que, además, según una interpretación muy extendida este martes entre diversos sectores políticos consultados, lanza un mensaje de fondo a todas las esferas, también al mundo económico, de que Feijóo asume que no puede seguir alentando permanentemente la idea de que el Gobierno está a punto de caer y habrá un adelanto electoral en otoño.

El acuerdo, que finalmente es muy parecido al que los dos partidos tenían prácticamente cerrado en 2022 y, por tanto, podría perfectamente haberse firmado entonces, es en sí una señal clara de que Feijóo asume finalmente salir del ambiente de excepcionalidad permanente en el que se ha instalado la política española, arrastrado por la idea de la ilegitimidad del Gobierno que alientan tanto Vox como Isabel Díaz Ayuso y con el que el líder del PP ha coqueteado en varias ocasiones. Ahora, con el acuerdo encima de la mesa, será mucho más difícil para algunos sectores del PP defender que Sánchez está llevando a España a una dictadura, como plantea Ayuso, que dice “Sanchismo es chavismo”. Porque el PP se ha metido de lleno en el control democrático con una reforma pactada con el PSOE para garantizar una mayor independencia del CGPJ.

Para lograrlo, los dos han tenido que ceder y tragar sapos importantes. Para empezar, el PSOE, que tiene mayoría en el Congreso con sus aliados, y sobre todo lleva 10 años aceptando un CGPJ conservador que respondía a un Parlamento de 2013, con mayoría absoluta del PP, asume ahora olvidar los cinoc años extra de control que ha tenido la derecha y pacta un reparto de igual a igual con el PP ―10 vocales conservadores por 10 progresistas―, pero es de presumir que el desempate llegará con una presidenta ―es muy probable que sea mujer― del CGPJ progresista, que era lo que estaba de manera indirecta encima de la mesa en el anterior pacto de 2022.

El sapo más difícil de todos, para el PSOE, es asumir que José María Macías, una persona con un estrecho vínculo con el PP que tiene una larga trayectoria de duros ataques al Gobierno y al propio negociador socialista, Félix Bolaños, al que ha llamado “mentiroso”, y que ha maniobrado desde el actual CGPJ contra el Ejecutivo. De la misma manera que en el anterior acuerdo, entonces con Casado, el PSOE se tragó el enorme sapo en Enrique Arnaldo, un abogado muy ligado al PP, ahora lo hace con Macías. A cambio, Bolaños tiene el premio más deseado, el que lleva buscando cinco años: la renovación del CGPJ. Y el Constitucional, ahora completo, se quedará con una mayoría progresista de 7-5 (y no 7-4, como ahora). Con la inhibición del exministro Juan Carlos Campo en asuntos muy sensibles como la ley de amnistía, la mayoría quedará muy ajustada, un 6-5, pero en el PSOE confían en que no habrá fugas de jueces progresistas hacia el sector conservador como sí sucedió cuando se juzgó el Estatut y Manuel Aragón Reyes se sumó a los conservadores para recortar esa norma que ya había sido aprobada en referéndum en Cataluña. Bolaños recibió también muchas críticas en 2021 al dar entrada a Arnaldo, pero el resultado, con el tiempo, fue un Constitucional de mayoría progresista que la tendrá previsiblemente durante 9 años, hasta que se renueven los dos miembros que corresponden al Gobierno.

El PP también ha tenido que ceder en su principal batalla: la idea de que los jueces tienen que elegir directamente a 12 de los 20 vocales del CGPJ. Los populares llegaron a decir que nunca habría pacto si el PSOE no aceptaba esa idea, algo que los socialistas rechazan de plano porque creen que supondría asumir que el CGPJ tendrá eternamente una mayoría conservadora, ya que esta ideología es claramente mayoritaria en la carrera y al ser 12 de 20 descompensaría cualquier número surgido de unas Cortes progresistas. El PP se ha tenido que conformar con una redacción de una proposición de ley muy similar a la que tenían pactada en 2022, cuando Feijóo dio marcha atrás.

La norma es lo suficientemente ambigua como para que pueda pasar cualquier cosa en el cambio del sistema de elección, y en cualquier caso será algo controlado por los progresistas, que tendrán que dar su visto bueno a cualquier reforma. “En el plazo de seis meses, computados desde la entrada en vigor de la presente ley orgánica, el Consejo General del Poder Judicial elaborará un informe con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos. Dicha propuesta será trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que, por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación”. Todo queda muy abierto, y ese “en su caso” final es una prueba evidente. Además, otras aparentes novedades, como la prohibición de saltar del Gobierno a la fiscalía general, o las limitaciones para volver de la política a la justicia, también estaban en el acuerdo de 2022.

Feijóo dijo que asume “todo el coste político de la coherencia” ante la posibilidad de que los sectores conservadores le critiquen por no haber logrado lo que había prometido, pero después de las elecciones europeas, en las que logró una victoria por cuatro puntos que le dio fuerza internamente, el líder del PP parece haber tomado la decisión de decirle al ala dura de su partido y a Vox que llegó el momento de normalizar las cosas.

Se trata, pues, de un pacto que podría haberse hecho en 2022, e incluso mucho antes, y tal vez habría cambiado las cosas entre los dos grandes partidos y sobre todo habría desbloqueado mucho antes la justicia, que ya estaba lanzando mensajes al PP de que la situación ya era insostenible. Pero el acuerdo llega en un momento en el que dice muchas cosas: pasadas cuatro elecciones, y con la incógnita de Cataluña encima de la mesa, llega un momento decisivo para saber si la legislatura se consolida y si es cierto, como dice Sánchez, que quedan tres años por delante. El mensaje del PP en este sentido es rotundo: nadie haría un pacto con alguien a quien cree que le quedan pocos meses en La Moncloa. El PSOE también cree que ha tenido su efecto el ultimátum lanzado por Sánchez, que amenazó con quitarle al PP toda influencia en el nombramiento de jueces del Tribunal Supremo al cambiar el sistema para que se hiciera solo por méritos con criterios objetivos. Esa reforma vuelve ahora a un cajón.

Las cosas serán más o menos como siempre —la mayoría de 13 vocales para nombrar que obliga a un consenso interno ya existe en la ley actual— pero ahora lo harán con una mayoría progresista muy ajustada. Eso siempre que la presidencia corresponda a este sector, porque de lo contrario el PSOE y Sumar habrían cerrado un pacto muy perjudicial para sus intereses. Las primeras consecuencias se verán rápidamente en el Supremo, con 27 plazas por renovar. Ahí se verá el efecto de un nuevo CGPJ después de 10 años de dominio conservador. Pero más allá de las consecuencias para el mundo judicial, desde el punto de vista político, el acuerdo pone fin a una etapa de excepcionalidad y abre una cierta normalización de la legislatura que le interesa mucho al Gobierno. Nadie espera una calma absoluta impensable en la política española, pero va a ser muy difícil ahora hablar de dictadura si el principal partido de la oposición ha pactado con el supuesto dictador para desbloquear la justicia.

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El Gobierno ve esta decisión de Ayuso, que recibe por todo lo alto a un presidente que ha insultado a las instituciones españolas y al que ha rechazado recibir el jefe del Estado, Felipe VI, como una “profunda deslealtad” y además un incumplimiento grave de la ley de Acción Exterior que aprobó el PP cuando Mariano Rajoy estaba en el Gobierno y que en su artículo 5.2 obliga a un Gobierno autonómico como el Madrid a informar a Exteriores de su encuentro con un mandatario extranjero, algo que Ayuso no ha hecho.

El simbolismo es evidente: mientras la dirección nacional del PP buscó la equidistancia entre Sánchez y Milei ―Alberto Núñez Feijóo dijo: “Ni Sánchez ni Milei están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política”, además de asegurar que esa escalada verbal entre los dos “no le representa”― Ayuso se coloca con claridad del lado del argentino y no solo desde el punto de vista político, sino también institucional. La presidenta implica a la Comunidad de Madrid en un reconocimiento a un presidente extranjero que llama a Sánchez “totalitario” y está acusando al Gobierno español de “poner en riesgo la seguridad de las mujeres españolas” al “permitir la inmigración ilegal”.

Además, la presidenta madrileña está saltando otra línea roja política al premiar al argentino, que no es un liberal al uso, sino un libertario con ideas extremas que ni siquiera la ultraderecha europea defiende. Milei va mucho más lejos que Ayuso en sus líneas ideológicas e incluso que Vox y por ejemplo rechaza cualquier tipo de educación y sanidad pública porque cree que solo el mercado o los individuos de forma voluntaria deben decidir quién puede tener o no salud y educación, cree que cualquier impuesto es un robo, y considera una “aberración” el concepto de justicia social, y, por tanto, rechaza de plano un artículo como el 128 de la Constitución española que Ayuso dice defender, que señala: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

La presidenta de Madrid ha decidido homenajear así a un hombre cuyas ideas extremas rechaza el propio Feijóo, al que no ha invitado al acto. Ayuso y Milei parecen, pues, dispuestos a convertir el encuentro en una clara provocación a Sánchez y un acto de oposición al presidente del Gobierno protagonizado por un mandatario extranjero que por segunda vez visita España sin pedir una reunión con el jefe del Ejecutivo, algo inédito en los usos diplomáticos. El Gobierno está atento a lo que pueda pasar, y aunque es difícil escalar más la crisis diplomática, porque España ya ha retirado de forma permanente a su embajadora en Buenos Aires y la ruptura de relaciones es algo difícil de imaginar entre dos países con estrechos vínculos históricos. La Moncloa estudia la reacción que habrá en caso de que el argentino decida elevar aún más el tono de nuevo en la capital española.

Milei, al que de nuevo el Gobierno español, pese a la tensión diplomática, permitirá aterrizar este viernes por la mañana con su avión oficial en la base militar de Torrejón y le dará protección especial, estará muy pocas horas en Madrid para recibir este homenaje de Ayuso y después por la noche sobre las 21.00 un premio de la Fundación Juan de Mariana. Más tarde se irá a Alemania para reunirse con el canciller Olaf Scholz, en un encuentro que también ha generado tensiones y que finalmente no incluirá una rueda de prensa conjunta, al contrario de lo habitual en Berlín.

Fuentes diplomáticas españolas reivindicaron que, a pesar de que el Gobierno sigue dando “el trato de respeto que merece el presidente de la República Argentina, un pueblo hermano del español”, Milei “ha mostrado una actitud reiterada de búsqueda de la confrontación y la ofensa a nuestras instituciones y a nuestra democracia, algo sin precedentes en las relaciones internacionales y en los usos diplomáticos entre naciones”. “El Gobierno de España sigue vigilante en defensa de las instituciones españolas. Esperamos que durante su visita a nuestro país el señor Milei esté a la altura del pueblo argentino y respete a las instituciones españolas, como jefe de Estado que es. No lo hizo en su anterior visita. Deseamos que ahora sea así, por la buena relación y el afecto fraternal e histórico entre ambos pueblos”, avisaban estas fuentes, mostrando así que el Gobierno estará muy atento ante una posible escalada.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, señaló que la presidenta Díaz Ayuso “ha mostrado una enorme deslealtad con el Gobierno de España y ha provocado un daño institucional a nuestro país y a nuestra democracia”. “Desde el gobierno de España se estará muy atento de velar por defender nuestras instituciones”, avisaba Martín. Mientras, la portavoz del PSOE, Esther Peña, acusó al PP de echarse en brazos de la ultraderecha “en cuanto tiene oportunidad” por este recibimiento que dará Ayuso a Milei y sostuvo que está “compitiendo con la ultraderecha de Vox” para atraerse al argentino. Desde la dirección nacional del PP, mientras, trasladaron “absoluto respeto” a la decisión de Ayuso de premiar a Milei, a pesar de que ella haya decidido no invitar a Feijóo, al contrario de lo que es habitual en actos de este tipo.

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Pero, además, el Gobierno ha colocado otro elemento encima de la mesa, aunque sea de forma discreta: La Moncloa presiona con una negociación global de varios órganos en los que el PP ha tenido siempre peso y se arriesga a perderlo si sigue bloqueando el CGPJ: el Banco de España, donde la oposición ha orientado habitualmente al subgobernador; la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, pendiente de renovar también desde el pasado verano; la cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que debe ser renovada en diciembre, y la futura Comisión Nacional de Energía, de próxima creación. Además, una parte del consejo de RTVE también está pendiente de renovación. El PP ha intentado pactar por separado algunas cuestiones, especialmente el Banco de España, pero el mensaje del Gobierno ha sido rotundo: si no hay acuerdo en el CGPJ, difícilmente lo habrá en lo demás. El Ejecutivo lo tiene muy claro: el plan A es el pacto en el CGPJ con el PP, y para ello está presionando por tierra, mar y aire. Pero si no llega la próxima semana, se pondrá en marcha el plan B y el PP podría perder peso en todos estos organismos o podrían seguir bloqueadas sus renovaciones.

El Gobierno y su principal negociador, Félix Bolaños, han optado por el hermetismo total en este asunto, síntoma de que la negociación está empezando. Tampoco habla públicamente el negociador del PP, Esteban González Pons. Todos esperan una reunión inminente en Bruselas con la Comisión Europea de mediador, que ya es urgente, porque solo queda una semana para negociar. Y el PP, después de meses diciendo que no había espacio si el PSOE no aceptaba que los jueces eligieran directamente a 12 de los 20 vocales del CGPJ, lanza ahora mensajes positivos que en La Moncloa interpretan como una posibilidad de pacto, pero también como una forma de sondeo al ala más dura.

El lunes, el portavoz del PP, Borja Sémper, evitó poner el foco en las líneas rojas. Y este miércoles, Isabel Díaz Ayuso, máxima representante de esa ala dura, marcó el terreno a Feijóo: “Si no se cambia el sistema de elección, va a ser un auténtico desastre, el PSOE engañará nuevamente”. Y añadió: “Nos va la democracia en el cambio, no podemos fallar. Esta renovación [del CGPJ], como la plantean [en el PSOE], sería la estocada final para la separación de poderes. Mi opinión la he trasladado a los órganos internos de mi partido y también al propio Feijóo. Debemos tener en cuenta lo que tenemos delante”, dijo después de asimilar a Sánchez al “chavismo” y a un dictador. Ayuso le pidió expresamente a su líder que mantenga su palabra de que “no habrá acuerdo si no se despolitiza la elección de los jueces”, informa Juan José Mateo.

Sánchez hurgó en esa herida interna del PP en la sesión de control. “Cada vez que se abre la opción de un acuerdo, salen sus jefes, Aznar, Abascal, Ayuso, y dicen que ni se le ocurra. ¿Qué Feijóo nos vamos a encontrar hoy? ¿El que cumple la Constitución o el que cumple con sus jefes?”, le dijo a Feijóo. Y estas palabras del presidente hicieron pensar al PP que en realidad el Gobierno no está por el pacto. Distintos miembros de la dirección del PP mostraron después en privado su malestar por el tono de Sánchez. “Muchas ganas de ayudar no están demostrando”, opinaba un dirigente del núcleo duro. “Si quieres que salga un acuerdo, no pinchas así”, interpretaba otro. Algunos barones ya empiezan también a mostrar en privado sus dudas con un posible pacto en el CGPJ. “Con Sánchez no puedes pactar nada. Un acuerdo con él te mata en provincias. Solo puedes hacerlo si te admite todas tus pretensiones”, señalaba uno de ellos. Feijóo tiene, pues, una presión fuerte del ala dura que le está diciendo que si no saca un buen acuerdo le van a cuestionar. Pero también tiene fuertes incentivos para entrar al pacto y sobre todo una amenaza muy clara: si no lo hace, Sánchez va por libre y puede quitarle definitivamente al PP cualquier influencia sobre la elección de los jueces del Supremo si se pasa a un sistema de criterios objetivos en el que se perdería cualquier capacidad de maniobra política.

Todas las piezas van encajando. Los actores principales y secundarios mantienen posiciones muy similares a las de octubre de 2022, cuando el acuerdo estaba prácticamente cerrado y finalmente Feijóo se echó para atrás. Han pasado casi dos años más de bloqueo, con lo cual la situación es mucho más insostenible y hay muchos jueces esperando que se desbloquee para avanzar en su carrera que también presionan. Además, la Comisión Europea ha entrado en el asunto y es más difícil mantener el bloqueo. Y por último, el ultimátum de Sánchez con un posible cambio de sistema de elección y el hecho de que dentro del pacto haya muchos otros organismos pendientes también son un incentivo para el PP. Pero el único que puede tomar una decisión así, entre la presión del sector duro y de Vox, que asimilan a Sánchez con un dictador, y el interés de su propio partido y la necesidad de renovar después de cinco años y medio, es Feijóo. Quedan pocos días para saber de qué lado se decanta esta vez.

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Como es habitual en este tipo de declaraciones de Sánchez —que abren un debate y marcan espacios políticos, pero no ofrecen detalles ni documentos—, falta mucha concreción en la oferta a ERC, que puede querer decir muchas cosas. En los pactos entre el PSOE y los independentistas, las palabras se interpretan de manera muy diferente en los dos lados. ERC exige mucho más, una especie de concierto vasco con una cuota de solidaridad, y los socialistas insisten en que ahí no pueden llegar. Pero el hecho de que Sánchez pronuncie el término “financiación singular”, aunque no quede del todo claro qué quiere decir con ello, indica que la negociación está arrancando. ERC además reclama que se implique directamente el presidente porque lo que está encima de la mesa ―la mejora de la financiación, sobre todo― no es algo que competa a Salvador Illa, líder del PSC, sino a La Moncloa.

Fuentes del entorno del presidente destacan la otra parte de la respuesta de Sánchez, en la que dice que su idea se basa en lo que está firmado en el acuerdo de investidura con ERC, que pasó más desapercibido que el pacto con Junts, más polémico, pero que tenía mucho detalle en la cuestión de la financiación. El acuerdo contenía dos anexos muy detallados, unos sobre el traspaso de las líneas de tren de Cercanías (Rodalíes) y otro sobre la mejora de la financiación. Y en este segundo, el punto 4 hablaba de “gestión singular”. Y ahí se citaban una serie de cuestiones que justifican una financiación singular de esta comunidad, porque tiene competencias que la mayoría de las otras autonomías del régimen general ―el País Vasco y Navarra no están en él― no ejercen. Por ejemplo, los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica.

En ese acuerdo, muy detallado y pensado para que ERC lo desarrollara desde la Generalitat, que ahora va a perder, se hablaba de la necesidad de ampliar los efectivos de la policía autonómica con 3.379 agentes más y se concretaba: “El Gobierno se compromete a transferir anualmente, al objeto de que Cataluña ejerza competencias transferidas no homogéneas vinculadas a la seguridad ciudadana, desde 2024 y hasta 2030, el resultado de aplicar al módulo acordado la diferencia entre el número de efectivos de Mossos d´Esquadra certificado de cada año y los efectivos certificados de 2021″. También se hablaba de prisiones, otra competencia que el resto de autonomías no tiene, y la necesidad de cubrir más de 1.300 jubilaciones. Además, se mencionaba la investigación, y el PSOE firmó la siguiente promesa: “La Administración General del Estado consignará en los Presupuestos y transferirá anualmente a la Generalitat la parte correspondiente al Estado sobre proyectos estratégicos cuya cuantía no será inferior a 150 millones de euros”. También se hablaba de inversiones. “La Administración General del Estado asume el compromiso de que la proporción de la inversión pública programada en Cataluña se ajuste a la proporción de la economía de Cataluña en el conjunto del Estado, medido en términos de PIB nominal”, decía el texto.

Todo esto es, para el Gobierno, financiación singular. El Ejecutivo cree además que, aunque esta idea está molestando a muchos presidentes autonómicos, no solo los del PP, también el socialista Emiliano García-Page, la inquietud se resolverá en cuanto vean de qué se trata, porque lo que está encima de la mesa es una gran reforma de la financiación autonómica para que todos mejoren. Para el Gobierno, el debate es similar a lo que sucedió cuando, para la investidura, negoció la quita de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de Cataluña con un pacto “extensible a las demás autonomías”.

Al principio hubo mucho escándalo, entre otras cosas porque el Ejecutivo prácticamente no lo explicó, como suele suceder con sus negociaciones, pero después muchas autonomías, en especial la Comunidad Valenciana, la más endeudada, vieron que a ellas también les beneficiaba y la polémica fue bajando. Esta vez es más difícil, porque Sánchez e Illa necesitan un acuerdo público con ERC sobre financiación singular antes de la investidura, es decir, como mucho a finales de agosto, y la reforma de la financiación autonómica puede tardar muchos meses más. En La Moncloa creen que esa batalla de la financiación autonómica, que ya es imprescindible porque el modelo actual está caducado y no funciona, acabará dividiendo a las autonomías del PP porque tienen intereses diferentes ―las más ricas y pobladas chocan con las pobres más despobladas, por ejemplo― y no podrán actuar como un bloque.

Las negociaciones para la investidura de Illa, en las que ERC tiene la llave, tienen ya un marco claro, aunque aún no han empezado formalmente. ERC inicia esta semana los contactos con el PSC y Junts para la investidura. Para ser president, a Carles Puigdemont no le basta con el apoyo de ERC, necesitaría la abstención del PSC, algo que los socialistas descartan de plano. Son el primer partido y tienen una mayoría posible ―PSC, ERC, Comunes― y no van a entregar el Gobierno al segundo, Junts, que no puede sumar una mayoría independentista. Por eso parece Illa el único con opciones reales, aunque necesita el sí de ERC en primera votación o al menos la abstención en la segunda. Las cosas irán lentas y es muy posible que el 25 de junio ni siquiera haya un intento de investidura, simplemente empiece a correr el reloj de dos meses con un “acto equivalente” y a partir de ahí empezarán las negociaciones más dramáticas de última hora hasta el 25 de agosto.

ERC, ahora liderada desde Suiza por Marta Rovira, la secretaria general, no ha mostrado ninguna preferencia, aunque es consciente de que, con la crisis de liderazgo en la que está sumergido el partido y la sangría de votos sufrida en las últimas convocatorias electorales, la peor opción sería bloquear la elección y conducir a Cataluña a unos nuevos comicios.

Los republicanos admiten que la clave de la negociación es la mejora de la financiación. Al margen de lo acordado con el PSOE para la investidura de Sánchez, ERC tiene una propuesta que va mucho más lejos. El eje de su modelo gira en torno a la capacidad de la Generalitat de recaudar todos los tributos que se ingresen en Cataluña y, a partir de ahí, ceder parte de esos ingresos al Estado para pagar la factura de los servicios e inversiones que la Administración central realiza en Cataluña. Es un modelo similar al cupo vasco, lo que situaría a la Generalitat fuera del régimen común de la financiación autonómica. Para diferenciarse de los modelos que disfrutan el País Vasco y Navarra, ERC pretende añadir una porción adicional de los ingresos destinada a la solidaridad con otras comunidades autónomas más pobres. El Govern de Pere Aragonès se ha guardado mucho de poner cifras a esa contrapartida, consciente de que esa será una carta en posibles negociaciones.

Cambio de modelo

El PSOE recibió esa petición catalana con un rotundo rechazo, aunque en los últimos meses ha dado señales de querer afrontar un cambio de modelo que ofrezca más recursos para Cataluña y que le facilite elementos propios de su singularidad, un concepto amplio y del que evitan concretar su significado. El pacto fiscal, tal y como denominó en 2012 Artur Mas a su propuesta actualizada ahora por los republicanos, fue incluso tildado como poco realista por Salvador Illa, quien ahora pretende la Presidencia de la Generalitat y que acudió a las elecciones con un programa que también ansiaba una mejora del modelo, aunque nunca apartándose del régimen común. Una mayor participación en los impuestos estatales y la puesta en marcha de un consorcio tributario Estado-Generalitat como figura en el Estatut, eran las bases defendidas por Illa, a las que ponía otra condición: el respeto al principio de ordinalidad, como los expertos llaman a blindar que las comunidades más ricas nunca acaben con menos recursos disponibles por habitante que las más pobres cuando se aplica la redistribución de los recursos existentes en la caja común, esto es, la solidaridad entre comunidades.

Las negociaciones las dirige Illa, y es él quien lleva la principal interlocución con ERC. Pero los republicanos quieren hablar directamente con La Moncloa, porque creen que de ella dependen los principales puntos de negociación que están encima de la mesa. La entrada de Sánchez en escena, bajando al terreno principal de la negociación, indica el enorme interés que tiene La Moncloa en lograr esta investidura de Illa, que daría estabilidad a la legislatura. Si resuelven este problema, que no parece sencillo dado el debate interno en ERC y la presión de Junts, tendrían otro: ¿Cómo convencer a Puigdemont de que apruebe unos Presupuestos en España con Illa controlando la Generalitat? Nada parece sencillo en esta legislatura endiablada, pero Sánchez va paso a paso y ahora el objetivo fundamental es lograr que Illa sea el nuevo president.

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Esta semana, el Gobierno se concentrará en poner toda la presión sobre el PP, porque aún algunos en el Ejecutivo ―cada vez menos― piensan que en el último momento lo populares aceptarán un acuerdo. En teoría esta semana debería concretarse una reunión de mediación en Bruselas con la Comisión Europea. Fuentes del PP también trasladan que el pacto no es imposible, aunque aclaran que con el ultimátum de Sánchez es más difícil negociar y le siguen exigiendo que cambie el sistema de elección del CGPJ a cambio de renovar. El ministro Félix Bolaños, recuperado ya de su operación de apendicitis, está listo para verse con Esteban González Pons en cualquier momento esta semana. El PP, en teoría, tendría incentivos para acordar: tiene presiones del mundo judicial para un desbloqueo porque, como se encargó de repetir Sánchez esta semana, hay muchos jueces, también conservadores, esperando sus plazas, sus ascensos, su desarrollo profesional, bloqueado por la ausencia de acuerdo. El 30% de las plazas del Tribunal Supremo están sin cubrir, por ejemplo, según los datos del presidente.

Pero sobre todo el PP ahora sabe que si no pacta, Sánchez se apoyará en su mayoría para cambiar la ley del Poder Judicial y retirarle a este órgano lo más relevante desde el punto de vista político: su capacidad de nombrar de forma discrecional jueces del Supremo, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales, sin necesidad de ajustarse a ningún criterio objetivo. El CGPJ podría incluso seguir bloqueado, si el PP no quiere renovarlo ―en La Moncloa son reacios de momento a cambiar las mayorías para poder renovarlo sin el concurso del PP, como pide Sumar― pero perdería su principal atractivo político.

Aún así, en el Gobierno una mayoría de los ministros consultados creen que los sectores más duros del PP y del mundo conservador, sobre todo mediático, además de Vox, presionarán tanto a Alberto Núñez Feijóo que es difícil que acepte un pacto como el que estaba prácticamente cerrado a finales de 2022. “Lo único que está claro es que no puede no pasar nada. La decisión está tomada. Si quieren acuerdo, el CGPJ seguirá nombrando como siempre. Si no lo quieren, cambiaremos la ley y se desbloqueará el nombramiento pero con otro sistema tan perfectamente constitucional como el que hay ahora”, señala un miembro del Gobierno.

Otro miembro del Ejecutivo aclara que lo más importante no es la discusión sobre jueces progresistas y conservadores. Es evidente, señala, el desajuste que ha habido en los últimos años, cuando se han ido descompensando todas las salas del Supremo a favor de los conservadores. Pero, según este ministro, lo decisivo no es ese reparto, sino que los jueces que llegan al Supremo no deban su puesto al PP. “A mí no me preocupa tanto que haya muchos jueces conservadores, lo que me inquieta es muchos de ellos crean que, si no están a buenas con el PP, será imposible para ellos ascender en la carrera. Si hacemos que los nombramientos pasen a tener criterios objetivos, tendremos jueces conservadores o progresistas, ya veremos, pero serán justos e independientes, no le deberán el puesto a nadie, y eso es lo importante”, resume. Aunque faltan muchos detalles que el Gobierno aún no desvela, esta es la fórmula que está planteando Sánchez: que los jueces del Supremo se nombren con criterios objetivos, y no como ahora, de forma discrecional en el CGPJ.

Además, esta batalla definitiva para desbloquear los nombramientos en la justicia después de más de 2.000 días de lo que el presidente define como “el día de la marmota” llega en un momento especialmente tenso en la propia justicia, con una batalla formidable en el Supremo, el corazón de las decisiones, para tratar de evitar el cumplimiento de la ley de amnistía. El fiscal general, Álvaro García, está sufriendo una presión enorme porque ha tomado la decisión de imponer su criterio al de cuatro fiscales del Supremo que creen que no debería aplicarse la amnistía a los líderes del procés porque hacen una interpretación de la malversación completamente diferente a la que hay en la ley de amnistía, según la visión de García, que comparte el Ejecutivo. El fiscal general tiene todo el apoyo del Gobierno y del presidente, según fuentes del Ejecutivo, que se muestran convencidas de que la amnistía se acabará aplicando en su totalidad, porque será refrendada tanto por los tribunales europeos como por el Tribunal Constitucional.

Pero la actuación de los fiscales del Supremo y de algunos jueces como Manuel García Castellón, que por tercera vez ha recibido un varapalo de la justicia suiza que le dice que no ve terrorismo en el caso Tsunami, o del juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez e insiste en mantener su declaración pese a que la fiscalía europea se ha hecho con la investigación, tiene indignado al Gobierno. Algunos ministros admiten que este es el principal reto político del Ejecutivo, pero confían en que el desbloqueo de los nombramientos, que se logrará este mes por las buenas o por las malas, sirva también para tranquilizar la batalla judicial.

Sánchez no solo está en este asunto, que es decisivo. También está ya ultimando su plan de regeneración, que se llamará “de acción democrática”, el mismo nombre que se ha dado en la UE a las medidas contra la desinformación. En la coalición se trabaja ya en un acuerdo en línea con la nueva directiva de la UE que incluye una mayor transparencia en la financiación de los medios y una limitación para que el dinero público no llegue a los propagadores de bulos o desinformación. Frente a las críticas de la oposición, el Gobierno insiste en que no van a ir más allá de lo que recomienda la propia UE para luchar contra la desinformación después de un largo debate sobre un asunto que no preocupa solo en España, sino en todo el mundo occidental.

La clave política de estas dos grandes iniciativas, la de acabar con el bloqueo judicial y la de poner en marcha medidas contra la desinformación, es la de resolver este verano los asuntos más delicados ―siempre pendientes de la investidura en Cataluña, que está en al aire y es decisiva para saber si la legislatura se encarrilla o se vuelve a torcer de forma incontrolable― para arrancar septiembre con una cierta normalidad política. El Gobierno vive con auténtica desesperación el hecho de que las noticias económicas positivas ―cifras de empleo récord, mejoras de las previsiones de organismos internacionales pero también de los servicios de estudio de los bancos españoles, beneficios disparados, bolsa muy alta― queden absolutamente opacadas por el ruido político. Desde que empezó en 2020, el Ejecutivo de coalición siempre se mueve mejor cuando se habla de gestión, economía y números, y sufre mucho más cuando se habla de sus alianzas con los independentistas, de sus tensiones con la justicia, de la amnistía. Ahora, después de cinco años intentando un acuerdo, Sánchez ha decidido resolver al menos el bloqueo judicial. El PP tiene que decidir esta semana si será por las buenas o por las malas. Pero lo que parece seguro es que esta cuestión ha llegado a su recta final.

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El español además garantizó que los misiles Patriot españoles que están defendiendo Turquía en el marco de una operación de la OTAN, y que reclama Ucrania para combatir la invasión rusa, se quedarán en el país de Erdogan, algo que el turco agradeció especialmente. La rueda de prensa discurría con palabras amables de los dos presidentes, hasta que Erdogan se molestó por una pregunta que realizó EL PAÍS representando a todos los compañeros de la prensa española, como es habitual en este formato, en el que intervienen dos periodistas españoles que pactan las preguntas con los demás para poder hacer las que más interesen a toda la prensa nacional.

La pregunta se refería al incumplimiento sistemático por parte de Turquía de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que depende del Consejo de Europa, un organismo del que el país de Erdogan es fundador, por lo que está obligado a cumplirlas. La pregunta, situada en el marco de una reunión de alto nivel de mucho contenido económico, fue: “¿Cómo pueden confiar las empresas españolas en la seguridad jurídica de Turquía cuando su gobierno se niega a cumplir las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exigen la liberación del exlíder del partido prokurdo HDP, Selahattin Demirtaş, y del filántropo Osman Kavala?

“Turquía es un estado de derecho”, arrancó el presidente, que defendió que él tiene que hacer lo que digan los tribunales de su país, que se niegan a cumplir esas sentencias y sobre los que el presidente tiene una gran influencia. “Sobre los nombres que ha dado, uno de ellos provocó la muerte de más 100 jóvenes. El hecho de que usted esté haciendo estas preguntas ahora mismo nos hace pensar. Nos entristece profundamente que un miembro de la prensa se ponga a defender a estos terroristas de esta manera”, aseguró Erdogan. Cuando el periodista de EL PAÍS negó con la cabeza ante esta acusación, el presidente se molestó: “No menees la cabeza, yo no la he meneado”; llegó a decir. “Sigo trabajando con la cabeza bien alta. Siempre cumplimos lo que dice la ley, sea Osman Kavala o Selahattin Demirtaş. Por supuesto, usted no vive en Turquía. Nosotros vivimos en Turquía y hemos dado pasos serios para garantizar la paz en la región y así continuará de ahora en adelante”, remató en tono muy molesto.

En diciembre de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sentenció que el empresario y filántropo Osman Kavala —al que la Justicia turca ha acusado de orquestar las multitudinarias protestas del parque de Gezi en 2013 con la intención de “derrocar” al Gobierno— debía ser “inmediatamente liberado” puesto que las acusaciones que se le hacían “carecían de indicios razonables”, el juicio contra él no estaba siguiendo el proceso debido y su prolongada detención tenía “el propósito de silenciarle” y buscaba el “efecto de amedrentar a la sociedad civil”. Kavala está detenido desde 2017.

Un año después, el mismo tribunal consideró que también los derechos del ex líder del principal partido kurdo de Turquía, Selahattin Demirtas, habían sido violados al “hacer una interpretación demasiado amplia de los delitos de terrorismo” para mantenerlo bajo detención. Los jueces consideraron que se habían violado también los derechos de “libertad de expresión”, a la participación electoral y a la inmunidad parlamentaria. Demirtas sigue en la cárcel desde su detención en 2016.

Sin embargo, el propio Erdogan, en cuanto se conoció la sentencia de Estrasburgo y antes incluso de que el tribunal que llevaba el caso de Demirtas entrase a valorarla, dijo que lo decidido por el tribunal paneuropeo “no atañe” a Turquía y le acusó de “apoyar el terrorismo”.

La negativa de Ankara a acatar las decisiones del TEDH llevaron al Consejo de Europa a iniciar un “procedimiento de infracción” contra el país euroasiático. Diferentes instancias del Consejo de Europa, organización de la que Turquía es fundadora y que es independiente de la UE, han instado en repetidas ocasiones a que el Gobierno de Erdogan honre sus obligaciones como estado miembro.

Especialmente desde la entrada en vigor de la reforma constitucional de 2017, que incrementó los poderes del presidente y su capacidad para nombrar jueces, la oposición y las organizaciones de derechos humanos han denunciado que los tribunales actúan cada vez más en línea con los deseos del Gobierno. La última gran crisis dentro de la judicatura turca precisamente ha tenido que ver con este tipo de presiones: una sala del Tribunal Supremo se querelló en noviembre contra el Constitucional —el único alto tribunal de Turquía donde quedan jueces que no han sido nominados por Erdogan o su partido— por haber decretado la excarcelación del abogado Can Atalay, también condenado por las protestas de Gezi pero que había sido elegido diputado por una formación izquierdista y, en teoría, debía tener derecho a recoger su acta. Pero Erdogan criticó el fallo que exigía su excarcelación y el tribunal que lo juzgaba se negó a acatar al Constitucional.

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Pero lo que sí ha querido dejar claro Sánchez es que el tiempo de la negociación se está agotando: si en las próximas dos semanas, en las que probablemente habrá una nueva reunión entre el Gobierno y el PP con la mediación de la Comisión Europea, los populares no dan síntomas de querer desbloquear, el Ejecutivo de coalición y sus socios de la mayoría aprobarán una reforma en el Congreso para desbloquear la situación. Esa iniciativa, de la que Sánchez aún no quiere dar todos los detalles porque está en preparación y se tiene que negociar en la coalición y después con los socios, no parece que vaya encaminada a reducir las mayorías para renovar el CGPJ, como plantea Yolanda Díaz, sino más bien hacia la fórmula Guilarte de hacer menos atractivo el CGPJ para el control político porque le quitarían la decisión más jugosa: la elección directa de los jueces del Tribunal Supremo. El control que han logrado los conservadores de este órgano, el CGPJ, casi de forma ininterrumpida desde que José María Aznar llegó al poder, en 1995, ha ido logrando que poco a poco casi todas las salas del Tribunal Supremo, y en especial la más importante, la de Lo Penal, fueran girando hacia mayorías conservadoras muy claras como la que tiene ahora mismo, cuando hay un 12-3 en contra de los progresistas. A principios de la década de 1990, antes de que el PP llegara al poder, esa sala tenía mayoría progresista.

Sánchez fue rotundo en la rueda de prensa con Erdogan. “Todos podemos estar de acuerdo en que el día de la marmota ha durado demasiado. Son cinco años incumpliendo la constitución. El PP tiene que decidir si quiere ser un partido constitucional o no. No se puede poner otra excusa. Después de 2.000 días hemos llegado a un punto en que a finales del mes de junio, si no hay acuerdo, el Gobierno propondrá una modificación para desbloquear esta situación inaceptable”, aseguró el presidente. Pero enseguida aclaró que en ningún caso se está pensando en un control del Gobierno de los nombramientos. “Queremos liberar al CGPJ del secuestro político. Nos estamos inspirando en algunas propuestas, entre ellas la del presidente del CGPJ. Ahí nada tiene que ver el Gobierno. Al contrario, lo que queremos es despolitizar. Es una reforma respetuosa con la independencia del poder judicial, acorde con la normativa europea”.

Sánchez respondía así claramente a Guilarte, que había dado la bienvenida a Sánchez al “círculo” de quienes creen que “el problema radica en la fórmula de elección de la cúpula judicial” —viciada, dice, de “discrecionalidad”— y consideran necesario dar más peso a los principios de mérito y capacidad. Pero advierte de que esos nombramientos “deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada en el art. 122.2 [de la Constitución]”; y añadía que “no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta”. “No tiene sentido alguno volver a épocas pasadas [en los que los nombramientos los hacía el Ministerio de Justicia] si bien con distintos protagonistas. Ante las dudas que pueden suscitar las palabras del presidente es imprescindible aclarar este extremo, pues la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo”, señaló Guilarte. La respuesta fue pues bastante clara: nada de influencia gubernamental.

También Alberto Núñez Feijóo apuntó a esa idea de que Sánchez estaba proponiendo un control gubernamental, algo que Sánchez descartó. El líder del PP no quiso entrar a valorar el fondo de la propuesta de Sánchez para evitar que los jueces del Supremo sean elegidos directamente por el CGPJ pero sí mostró, con duras críticas al presidente, que la cosas están muy lejos de un posible acuerdo y por tanto todo camina hacia la decisión del Gobierno cuando termine el mes de junio, aunque antes es probable que haya alguna reunión con la Comisión Europea. “Sánchez no es fiable. El PP desconoce esta propuesta en su totalidad. Nunca fue comentada en la mesa de conversaciones presidida por el comisario de justicia europeo. Nosotros somos un partido de Estado y vamos a defender al Estado del Gobierno. Si el Gobierno si quiere invadir las competencias del Poder Judicial solo o en connivencia con el legislativo esto no es aceptable. Si el presidente quiere asaltar al CGPJ tendrá al PP en contra. Lamento la terrible agenda judicial del presidente, pero es su problema. Sánchez empieza a ser un peligro para la independencia judicial en nuestro país. Ni órdagos ni chantajes ni amenazas”, aseguró Feijóo, quien propuso “retomar la negociación en el punto donde estaba”, aunque en realidad después de varias reuniones con el comisario no se avanzó nada porque el PP sigue exigiendo un cambio en el sistema de elección a cambio de la renovación, algo que los socialistas no aceptan porque creen que primero hay que renovar con el actual sistema, esto es con la ley que aprobó el propio PP cuando tenía mayoría absoluta, y después hablar de reformarlo.

El presidente dio también cifras de lo que está provocando el bloqueo del PP durante cinco años y medios. “La ciudadanía puede pensar que esta es una lucha de poder. Pero este bloqueo cuesta a las arcas publicas 12,5 millones al año. Hay 1.000 asuntos con retraso en el Supremo. Un 30% de plazas en el Supremo sin cubrir. 72 en los tribunales superiores de justicia. Se ha paralizado la carrera profesional de cientos de jueces. Se acabó. Nuestra responsabilidad es defender el buen nombre del Poder Judicial”, remató.

Sánchez también se mostró convencido de que terminará la legislatura pase lo que pase en Cataluña. “Gracias por su visión optimista”, bromeó el presidente cuando le preguntaron si un adelanto en Cataluña llevaría también a un adelanto de las generales. “Hoy el Congreso ha avalado los decretos leyes planteados por el Gobierno. Es una legislatura compleja. Pero si alguien puede manejarla es el gobierno de coalición progresista. Estoy convencido de que en Cataluña habrá gobierno y no habrá repetición. Tenemos tres años por delante para seguir implementando políticas progresistas. Fíjese si van bien las cosas que ayer la Comisión Europea hacia el cuarto desembolso de los fondos europeos, y hoy el servicio estudios del BBVA eleva la previsión de crecimiento de España. Estas cosas son las que realmente importan a la ciudadanía”, aseguró Sánchez.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue este miércoles más claro que nunca y dio un ultimátum a Alberto Núñez Feijóo: si antes de final de junio no hay desbloqueo, el PSOE y sus socios tomarán su propio camino sin el PP, pero de momento no para alterar la mayorías y desbloquear la renovación, como pedía Yolanda Díaz, sino para cambiar la ley y quitarle definitivamente al CGPJ la atribución que más interés político tiene, la que explica que este órgano esté en el centro de una larguísima batalla de cinco años y medio en la que el PP no quiere renovar para no perder la mayoría conservadora que tiene ahora y que obedece a un Congreso de hace casi 11 años en el que el PP tenía mayoría absoluta: la posibilidad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo —los que juzgan los principales casos de corrupción política, el procés y las cuestiones más delicadas del país— y los presidentes de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Sánchez apostó abiertamente en TVE por la llamada vía Guilarte, porque la ha propuesto en un artículo en EL PAÍS en diciembre Vicente Guilarte, presidente interino del CGPJ y en su día nombrado a propuesta del PP, y por tanto nada sospechoso de cercanía con el Gobierno progresista. Este magistrado propone retirar al CGPJ las competencias más jugosas políticamente, esto es los nombramientos de jueces muy sensibles, porque cree que así la renovación será más fácil porque los partidos políticos perderán interés por el órgano.

Sánchez apuntó claramente en esta dirección, aunque ni el presidente en la entrevista ni el Gobierno posteriormente dieron muchos detalles de en qué consiste su propuesta, que todavía parece no tener una forma muy clara y se trata más bien de un anuncio político para meter presión al PP y sobre todo para demostrar que el presidente, una vez pasadas las europeas, está decidido a resolver este problema con o sin los populares. “Si el mes de junio el PP no desbloquea esta situación, el Gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a este secuestro por parte del PP del gobierno de los jueces”, arrancó el presidente. Sánchez recordó que el CGPJ tiene más atribuciones que la mayoría de los órganos similares en otros países europeos, y que hay muchos donde los jueces clave no los elige el CGPJ, sino que ascienden por méritos o criterios objetivos. Así se evitaría, entiende el Gobierno, que los conservadores dominaran todos los puestos, al decidirse por méritos.

“Si analizamos el derecho comparado, hay una particularidad en España que crea un incentivo perverso para que el PP trate de conservar el poder del CGPJ, que es la facultad de poder nombrar los magistrados que van al Tribunal Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia. Recuerde aquí el dicho, o aquella frase de ese diputado del Partido Popular o senador que dijo “Así nosotros podemos controlar por la por la puerta de atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo”. Yo creo que este es un debate que tenemos que abrir. Viendo lo que pasa en otras partes de Europa, lo que sí que podríamos es revisar esa facultad y hacerla mucho más objetiva, mucho más transparente y evidentemente no politizada, como por desgracia ahora mismo está en manos del PP”, remató el presidente.

Esta solución, sin embargo, no impide el bloqueo de la renovación del CGPJ. El PP sigue condicionándola, y lo volvió a hacer este jueces, a que Sánchez acepte cambiar la ley para que 12 de los 20 vocales de este organismo sean elegidos directamente por los jueces. El PSOE rechaza esta idea porque cree que eso supondría que el CGPJ tendría de forma permanente una mayoría conservadora, ya que las asociaciones de los jueces, que serían quienes acabarían controlando esos nombramientos, según los socialistas, son mayoritariamente conservadoras. Por eso Sánchez propone ahora esta vía, que no debería suponer ningún reproche por parte de la Comisión Europea —que sí criticó el intento de cambio de las mayorías— porque no implica mayor control político sino menor. El CGPJ podría seguir bloqueado si el PP no lo quiere renovar, pero se resolvería el problema principal, que es el bloqueo de nombramientos que hay sobre todo en el Supremo, con 26 plazas por cubrir de jueces que se han jubilado, han fallecido o han cambiado de destino.

En cualquier caso la batalla política sigue, con un rifirrafe permanente que ahora ya tiene una fecha final aparentemente definitiva: el 30 de junio. Poco después de que terminara la entrevista, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que está convaleciente de una operación de apendicitis, envió un mensaje a Esteban González Pons, el negociador del PP, para proponerle retomar este mismo viernes la negociación. El PP primero se mostró muy molesto e incluso negó que existiera ese mensaje, pero luego González Pons reaccionó poniéndose en contacto con la vicepresidenta de la Comisión, Věra Jourová, “para informarle del intento del presidente del Gobierno de desestabilizar la negociación mantenida con el Partido Popular y con la supervisión del Gobierno comunitario para la mejora del modelo judicial de nuestro país”, según la versión de los populares. “Ante el ultimátum y el chantaje verbalizado hoy por Pedro Sánchez, González Pons ha solicitado un encuentro a tres con carácter urgente. Quedamos a la espera de la respuesta de la vicepresidenta de la Comisión”, remataban. El ministro de Justicia también se ha puesto en contacto esta misma tarde con la vicepresidenra europea para trasladarle su voluntad de celebrar una reunión con el PP para reanudar las negociaciones para desbloquear la renovación del CGPJ este proximo viernes en Madrid, en caso de que ella se pueda desplazar, o la próxima semana en Bruselas.

Los socialistas reaccionaron con sorna. “Nos alegramos de que el PP vuelva a querer reunirse con el PSOE para renovar el CGPJ. Es una gran noticia. El PSOE lleva solicitando a la Comisión Europea y al PP que se celebre una nueva reunión desde que el PP canceló el encuentro propuesto por el comisario Reynders y acordado por los dos partidos para el 27 de marzo en Madrid. Nos hemos dirigido a la Comisión y al PP, solicitando que se celebre una nueva reunión los días 11 de abril, el 3 de mayo y el 22 de mayo. Además, ha habido otros intentos de reunión bilateral PSOE-PP, a iniciativa siempre del PSOE. Estamos encantados de que las palabras del presidente hayan servido para que el Partido Popular vuelva a la mesa de negociación para renovar el CGPJ”, señalaban en su nota. Todo indica pues que se buscará una nueva reunión de negociación con la mediación de la Comisión Europea, pero el tono del PP, que habla de “chantaje”, también hace pensar que las posibilidades de un acuerdo son muy remotas.

Si fracasa este último intento, Sánchez tiene todo listo para tirar adelante con la vía Guilarte y con otras posibilidades que manejan en La Moncloa y que el presidente no quiso concretar. Lo único que parece seguro es que después de cinco años y medios, y ya sin elecciones a la vista que puedan servir como nueva excusa al PP, este asunto está cerca de tener una solución, aunque sin duda será polémica, porque dos asociaciones de jueces ya se aprestaron a criticar al presidente por proponer esta salida que sin embargo es una iniciativa de un magistrado conservador y completamente ajeno al Gobierno como Guilarte.

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Sánchez no ha dado detalles sobre sus planes, pero sí ha apuntado como una vía posible la llamada solución Guilarte, esto es, la propuesta que hizo hace semanas el actual presidente interino del CGPJ: cambiar la ley para que los magistrados del Supremo, los más importantes y los que más interés político tienen, sean elegidos no por el Consejo, como ahora, sino como se hace en otros países europeos: por méritos y criterios puramente objetivos. Esto le quitaría al CGPJ una de sus atribuciones más relevantes y, según Guilarte, debería facilitar su renovación porque los partidos perderían mucho interés en controlarlo. Sánchez no ha dejado claro si, además de esta reforma, cambiará también la ley para modificar las mayorías de renovación del CGPJ para poder así renovarlo sin tener que contar con el PP, pero recientemente dijo que esa solución no le parecía una buena idea.

“El día de la marmota ha durado más de 2.000 días, y eso se acabó”, ha dicho el presidente. “Hemos aceptado todas las mediaciones, solo me falta el secretario general de la ONU. Esto ha durado demasiado tiempo. El PP tiene hasta final de este mes de junio. Si no desbloquea esta situación, España dará una respuesta al secuestro del Poder Judicial”, ha insistido. “El incentivo perverso [para los partidos] es la facultad que tiene el CGPJ para nombrar a los miembros del Tribunal Supremo. Podemos revisar esa facultad, hacerla más objetiva, más transparente. Si el PP no desbloquea, el PSOE presentará una propuesta para desbloquear esta situación”, ha apuntado Sánchez. Preguntado por si cree que en España hay lawfare (persecución judicial al adversario político), el presidente ha respondido que “ha habido casos de lawfare en este país clarísimos”, sin concretarlos. Y ha añadido, en alusión a la investigación que afecta a su esposa, Begoña Gómez: “Quiero pensar que en mi caso no lo hay. Creo en el sistema judicial de mi país, y por eso denuncio el atropello constitucional del [PP con el] CGPJ”.

El PP ha respondido acto seguido para dejar claro que no acepta el ultimátum de Sánchez, con lo que todo indica que el mes de junio acabará sin acuerdo. “No aceptamos ultimátums de nadie”, han zanjado fuentes populares, añadiendo que la “precariedad parlamentaria” del presidente “no es compatible con su chulería”. Estas fuentes subrayan que el PP no se mueve de su posición anterior: o se cambia el sistema de elección de los vocales (eliminando el refrendo final, que ahora está en manos del Parlamento) o no aceptarán la renovación de los vocales. “Y ahora más que nunca”, añaden otras altas fuentes desde Génova, en alusión velada a la imputación de Begoña Gómez y al comunicado que emitió el lunes el CGPJ pidiendo al presidente del Gobierno “contención” en sus críticas al juez que la investiga. “Sánchez quiere controlar a los jueces para poder evitar que tomen decisiones que le lleven, después, a tener que insultarles”, remachan en esa línea desde la cúpula popular.

El portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, ha descartado la opción de rebajar las mayorías para poder renovar el Poder Judicial al considerar que esta se tiene que tomar “con consenso y con mayorías cualificadas”, y ha afirmado que su formación, el PNV, tiene “algunas ideas” para desencallar la situación, pero que “el primer movimiento lo tiene que hacer el Gobierno, informa Javier Casqueiro.

Por otra parte, la formación de Feijóo reitera que asumirán los tiempos y forma que marque la Comisión Europea. “Nos dirigiremos a ellos a la mayor brevedad. El planteamiento de Sánchez es contrario al método de trabajo fijado entre PP, PSOE y el supervisor designado”, agregan sobre la figura del mediador acordada en diciembre. Sin embargo, esa demanda contrasta con la postura manifestada después, el pasado abril, cuando el Partido Popular restó relevancia a esa mediación de la Unión Europea. Sobre la posibilidad de revisar las competencias del CGPJ para el nombramiento de magistrados, el PP no se pronuncia de momento, a la espera de conocer la propuesta concreta. En cualquier caso, el Partido Popular sostiene que, con este anuncio, Sánchez pretende “tapar sus derrotas en las elecciones y en las Cortes Generales” tras los comicios europeos y las iniciativas legislativas presentadas recientemente en el Congreso por el PSOE pero tumbadas por sus socios, como la propuesta contra el proxenetismo o la ley del suelo, que retiraron los socialistas in extremis.

El presidente también ha asegurado en TVE que el Gobierno presentará en julio el paquete de medidas de regeneración democrática que anunció cuando, a finales de abril, amagó con dimitir y se retiró cinco días a reflexionar. Y entre las medidas en las que está trabajando está la transposición de una directiva europea de medios de comunicación que exige más transparencia en la financiación y también plantea la posibilidad de que los medios que mientan sistemáticamente no puedan recibir dinero público. Sánchez ha señalado que el paquete incluirá medidas en “defensa de la veracidad” en los medios, para evitar la difusión de bulos, y otras para aumentar la “transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno y del Congreso”. “Hay que trasponer y hacer efectivo lo aprobado en Bruselas, una ley de libertad de medios de comunicación en la que se habla de transparencia y financiación. Es el debate que hay que hacer. También desde el Gobierno y en el Congreso podemos hacer cosas para una mayor transparencia y rendición de cuentas”, ha remarcado.

Madrid, “sede de la máquina del fango”

El líder socialista ha dedicado buena parte de la entrevista a criticar a los “tabloides digitales” que difunden informaciones sobre los casos de su esposa y su hermano, a los que ha defendido en todo momento. “Todo esto surge por bulos de tabloides digitales, amplificados después en tertulias radiofónicas en las que no se ven muchos tertulianos progresistas, porque están descompensadas. Estoy tranquilo, pero lo lamento por mi familia, que tiene que asumir este coste cuando son profesionales honestos. El tiempo pondrá las cosas en su sitio”, ha insistido.

El presidente incluso vincula el resultado electoral del PSOE, que ha sido especialmente malo en Madrid —donde el PP le ha sacado 350.000 votos, casi la mitad de la diferencia que han logrado los populares en todo el país—, con la localización de los medios que le atacan. “La máquina del fango tiene una sede social, que es la Comunidad de Madrid. Esto es un problema para la política española. Aznar dijo: quien pueda hacer que haga. Y el que fue su jefe de comunicación y ahora jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, va anunciando una semana antes en redes sociales lo que van a hacer los jueces. Se atreve a decir que ahora va p’alante la denuncia contra la Fiscalía General del Estado. Todo esto merece una reflexión”, ha aseverado el presidente.

No diréis que no avisé lo del hermano… y la semana que viene va pá’lante el fiscal General del Estado. Una juez abre diligencias al hermano de Sánchez por malversación https://t.co/TGOhawvLr7

— MÁR (@marodriguezb) June 7, 2024

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La rueda de prensa tras el Consejo de Ministros fue un ejemplo de ese esfuerzo, con dos ministros del PSOE —Teresa Ribera y Pilar Alegría— y dos de Sumar —Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy— mostrando sintonía, minimizando los efectos reales de la decisión de Yolanda Díaz y garantizando que la legislatura va a seguir. Y este miércoles ese mensaje de continuidad, de que aquí no ha pasado nada y el Gobierno sigue adelante con la única gran incertidumbre de qué pasará en Cataluña, se reforzará con la presencia de Sánchez y Díaz en la sesión de control del Congreso y con una entrevista que el presidente ha concedido a TVE justo después de ese cruce en la carrera de San Jerónimo con Alberto Núñez Feijóo, a las 10 de la mañana.

Sánchez y Díaz tienen intención así de retomar cuanto antes la iniciativa política y acelerar los proyectos estrella que tienen previstos, entre ellos el plan de regeneración democrática que prometió el presidente para cuando pasaran las europeas, y en el caso de la vicepresidenta la reforma del Estatuto de los Trabajadores para reducir la jornada laboral por primera vez desde 1983.

Ambos también tienen pendiente una decisión muy relevante, esto es, qué hacen para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. La Moncloa estaba esperando a que pasaran las europeas para ver si Feijóo se decidía al fin a renovar. Pero cada vez hay menos esperanzas, dado el tono del líder de la oposición, que insiste en pedir un adelanto de las generales cuando aún quedan tres años de legislatura. Díaz tiene muy clara la solución: ella defiende que se cambie la ley para rebajar las mayorías y renovar el CGPJ sin el PP. Sánchez tiene dudas de esta salida, que fue criticada por la Comisión Europea, y Félix Bolaños trabaja en fórmulas alternativas. Pero en cualquier caso habrá un último intento de negociación con el PP y después se tomará una decisión para que los grupos del Congreso promuevan una reforma, posiblemente en julio, según fuentes del Ejecutivo. En cualquier caso, la decisión no parece cerrada y Sánchez tiene la última palabra. De momento parece que abrirá de nuevo la puerta al PP a ver si hay algún movimiento.

Sánchez y Díaz quieren retomar la iniciativa cuanto antes, aunque tienen el problema mayúsculo de la inestabilidad en Cataluña, el complejo ecosistema en el que habitan dos socios clave del Gobierno, Junts y ERC, en teoría enemigos irreconciliables, pero que acaban de ponerse de acuerdo para dar el control de la mesa del Parlament a Junts. Esta decisión ha disparado todas las especulaciones que de Carles Puigdemont usará ese poder que le ha dado ERC —que renunció a la presidencia que le ofrecía el PSC— para intentar forzar una repetición electoral, que parece ser su principal objetivo.

Diversos ministros consultados siguen pensando, pese a todo, que la lógica dice que a ERC no le interesa una repetición electoral —llegaría sin candidato claro, porque Oriol Junqueras no va a poder presentarse mientras se resuelven las cuestiones prejudiciales que sin duda se plantearán sobre la ley de amnistía, con el partido en plena guerra interna y con un congreso en noviembre— y, por tanto, en algún momento asumirá la realidad y permitirá que Salvador Illa sea elegido president, aunque eso suponga que una parte del independentismo los critique con dureza. Pero nadie en el Gobierno tiene información real de lo que se está fraguando ahí y tampoco hay ninguna certeza. Una repetición electoral en Cataluña haría ya casi inviables los Presupuestos de 2025 en este año, que ya son muy complicados incluso aunque se consiga formar gobierno en esta comunidad. Y de nuevo volverían las especulaciones de adelanto de las generales.

El escenario parece muy complejo, casi imposible, incluso para una coalición progresista que ha logrado sortear situaciones muy difíciles. Pero en La Moncloa siguen empeñados en que estas europeas, en las que creen que Feijóo ha perdido el plebiscito que planteó contra Sánchez, eran el último cartucho para la oposición y ahora vienen dos años por delante para hacer política y gestión con calma. La portavoz Alegría fue muy clara: “De ninguna manera va a haber adelanto electoral. Lo siento mucho, pero quien agite la bandera de las elecciones que abandone cualquier esperanza. Señor Feijóo, espere sentado, quedan por delante tres años y nos vamos a dedicar a lo importante”, lanzó. También los ministros de Sumar hablaron en la misma línea. Urtasun fue claro: “Nuestra prioridad es seguir gobernando. Quien espere inestabilidad en el Gobierno se equivoca, vamos a seguir desplegando el acuerdo de coalición. Según el FMI, un millón de trabajadores han salido de la pobreza en España por la subida del salario mínimo. Nosotros trabajamos para ayudar a la gente”. Bustinduy insistió: “nuestra convicción y nuestro compromiso con el Gobierno se ve hoy, en los proyectos que estamos presentando [Urtasun la ley del cine y Bustinduy un ambicioso plan con 1.300 millones para cambiar el modelo de los cuidados y pasar de enviar a los ancianos a las residencias a atenderlos en sus casas, como desean el 90% de ellos]. Nuestro compromiso es seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de la gente. Así respondemos con hechos a cualquier duda o suspicacia”. Urtasun fue el encargado de explicar que en realidad la decisión de Díaz no cambia nada sustancial, porque sigue liderando el sector de Sumar en el Gobierno y sigue dirigiendo el grupo parlamentario, los dos instrumentos más importantes. “Mantenemos la máxima estabilidad institucional del gobierno, del grupo parlamentario, este gobierno tiene mucho que hacer.

El sector socialista del Gobierno, ahora que Díaz ha mostrado un flanco débil evidente, parece decidido a reforzar la coalición y cuidar a sus socios, conscientes de que sin ellos no hay Gobierno ni mayoría. Varios ministros socialistas consultados creen que Sumar tiene ahora mucho tiempo por delante —tres años si se agota la legislatura— para recomponerse y buscar una fórmula que una a todos los grupos a la izquierda del PSOE. Alegría fue especialmente amable al hablar de la decisión de la vicepresidenta segunda de dejar el liderazgo de Sumar. “Con estas decisiones se manifiesta una cultura democrática que suele ir ligada a los partidos de izquierda. Se abren procesos de reflexión, se hacen lecturas, y esos procesos suelen abrir fases de fortalecimiento. A diferencia de otros que ocultan sus pactos y hasta sus programas electorales”, remató en referencia al PP. En los pasillos del Senado, María Jesús Montero comparó la situación con el momento en que Díaz fue nombrada por Pablo Iglesias máxima responsable de Unidas Podemos en el Gobierno, e interlocutora de Sánchez, pero no tenía ningún cargo orgánico en la coalición de Unidas Podemos. Todos minimizan, pues, el impacto real de la decisión de Díaz, y se conjuran para seguir como si no hubiera pasado nada y tratar de encarrilar la legislatura para empezar a salir de la sensación de parálisis de los últimos meses.

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“He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino”, comunicaba con gesto muy serio en una comparecencia emitida tras una reunión de su Ejecutiva que ha durado dos horas y media. Según fuentes de su entorno, la vicepresidenta llevaba meditando este movimiento un tiempo, influida también por los fiascos en las autonómicas de Galicia (donde Sumar quedó fuera del Parlamento) y Euskadi (al obtener un único diputado). “Siento que no he hecho las cosas que debía hacer (…) La ciudadanía lo ha percibido”, ha reconocido en un discurso en el que ha subrayado el grave desafío que atraviesan la UE y también España con el auge de la extrema derecha, un asunto que le preocupa sobremanera y al que siempre ha querido hacer frente desde su posición política.

Este martes, la exlíder de Sumar ha matizado las consecuencias de su dimisión como coordinadora de la formación. “Yolanda Díaz no se va”, ha asegurado sobre ella misma la vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha recalcado que sigue formando parte de la ejecutiva y la coordinadora de Sumar. Díaz ha defendido su decisión de dejar el liderazgo, tras los “malos resultados” en las europeas del domingo (tres eurodiputados), como “política de la buena” y como medida de protección del Ejecutivo de coalición con el PSOE, que, ha asegurado, va “a preservar por encima de todo”. “Tenemos cinco ministerios en el Gobierno de España. Los voy a seguir coordinando”, ha enfatizado.

El día de las elecciones Díaz había permanecido en casa para seguir los resultados y el núcleo duro de su partido —entre ellos el ministro de Cultura y portavoz, Ernest Urtasun, y la responsable de Organización, Lara Hernández—, se había desplazado a mitad de la noche desde la sede de Sumar para reunirse con ella. La vicepresidenta tomó la decisión de madrugada, después de ratificarse el 4,65% de apoyos y los tres escaños obtenidos, tan solo uno más que Podemos. El lunes por la mañana se reunió con su equipo para comunicarle el paso y finalmente lo debatió con la dirección de Sumar. A primera hora de la tarde, antes de hacer pública la renuncia en una alocución emitida desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Díaz habló con el presidente Pedro Sánchez y el resto de partidos.

El sector socialista del Gobierno ha vivido con cierto desconcierto el movimiento de Yolanda Díaz. La vicepresidenta informó brevemente al jefe del Ejecutivo justo antes de que este viajara a Jordania, pero en La Moncloa se movían con mucha cautela ante una cuestión que consideran interna de Sumar. Lo más importante para ellos, según varios miembros del Gobierno del sector socialista consultados, es que ella sigue de vicepresidenta segunda y líder de este espacio en el Ejecutivo y, por tanto, principal interlocutora de Sánchez, algo que nadie ha puesto en cuestión. En el Gobierno quieren ver así esta crisis como un asunto interno de la organización de Sumar, que deberá recomponer el espacio después de un mal resultado, pero no algo que pueda complicar la gestión del Gobierno o la estabilidad de la coalición. En La Moncloa están siguiendo con detalle las reacciones públicas de dirigentes de los distintos partidos que conforman el grupo izquierdista y no ven a nadie cuestionando la coalición ni la participación en el Gobierno y ni siquiera planteando un liderazgo alternativo al de Díaz.

Evidentemente, la crisis es su socio es una mala noticia para el PSOE, que estaba convencido de que las europeas podían servir como acicate para el Gobierno porque el PP no ha logrado la victoria aplastante que esperaba, pero confían en que con el tiempo se encuentre una recomposición y un acuerdo interno que permita calmarlo. Sánchez está decidido a intentar agotar la legislatura, y eso supondría que Sumar tendría tres largos años por delante y desde el Gobierno para intentar recomponer sus equilibrios internos y montar una reorganización. Incluso algunos hablan del modelo PNV, con una estructura en el partido y otra en el Gobierno, algo que ya en su momento planteó Pablo Iglesias cuando quería mantener el control del partido y que Díaz fuera solo la candidata. Ella lo rechazó de plano, acabaron rompiendo y la vicepresidenta formó su propia fuerza política. En el PSOE ahora confían en que todo quede en una batalla de reorganización interna pero no afecte al Gobierno.

Fuentes del entorno de Díaz explican que parte de la decisión ha venido motivada por la disputa con las formaciones estos meses, que siempre han querido tener un mayor peso en Sumar. A ellas también lanzó algún dardo en su intervención. “Tenemos que estar para solucionar los problemas de la gente. No los problemas de los partidos o de los políticos”, reivindicó después de la última trifulca por la elaboración de la lista de las europeas, que acabó con Izquierda Unida en el cuarto puesto.

Los partidos piden que se les reconozca su peso

El partido que coordina Antonio Maíllo, que este lunes por la tarde evaluó los resultados en una reunión extraordinaria de su dirección tras haber perdido toda representación en el Parlamento Europeo, mostraba desde el domingo su malestar. En su entrevista en la SER, el líder de IU ha señalado que están ya en una etapa “post Sumar“, en la que el partido hasta ahora dirigido por Díaz, Movimiento Sumar, será “un actor más”. “Entramos en una fase en la que las formaciones políticas vamos a tener el protagonismo”, reflexionó el coordinador, para quien la personalidad de la dirigente “ha condicionado el desempeño del proyecto”. Maíllo ha elogiado su labor como ministra de Trabajo pero señaló también que “uno no tiene que ser inmejorable y excelente para todo”, en referencia a su papel al frente de la organización. “IU piensa estar como IU en la construcción de un frente amplio se llame como se llame, pero es evidente que entramos en una nueva etapa”, ha subrayado dando por hecho que la plataforma no irá más allá de una coalición o federación de partidos.

“Los sitios en los que Sumar ha resistido (Madrid, Valencia, Asturias o Andalucía) es porque son territorios en los que están Más Madrid, Compromís o IU”, apunta otro miembro de la dirección. “Sin un liderazgo claro, Sumar solo tiene dos opciones: o se asienta como coalición y reconoce el espacio de cada uno de los partidos o compite con ellos y se va a la enésima división de la izquierda”, señala una fuente cercana a las formaciones que integran la papeleta.

En la organización que dirige la ministra Mónica García piden también que se otorgue un mayor peso a los partidos. “Quienes han tomado las decisiones estratégicas de esta campaña sin contar con las organizaciones de ámbito territorial han perdido más de la mitad de los apoyos que obtuvieron hace un año”, afeaba Manuela Bergerot, la portavoz de MM en la Asamblea regional, a primera hora del día.

“Ante los malos resultados, Verdes Equo ha decidido iniciar un proceso de reflexión sobre su papel en Sumar y el futuro del espacio político verde en España, que culminará en su Asamblea Federal de octubre”, anunciaba también en un comunicado esta organización.

Sin que haya claridad sobre la sucesión, el proyecto, que fuentes de la cúpula del partido reconocen que ha sido construido de una forma “personalista” y referenciado en la buena gestión de la vicepresidenta al frente del Ministerio de Trabajo, afronta su crisis más profunda. “La dimisión de Díaz es el fin de Sumar, porque Sumar solo tenía sentido bajo el liderazgo de Díaz”, sentenciaba Pablo Iglesias este lunes. En Podemos, satisfechos con los dos eurodiputados de la candidatura de Irene Montero, no quieren hablar por ahora de una futura reunificación de la izquierda, aunque por separado han demostrado cuál es su techo en unos comicios en los que votar a opciones minoritarias salía gratis por ser España circunscripción única. Maíllo ha abogado por el entendimiento entre formaciones. “Existimos como una suma de debilidades, aquí no está nadie para tirar cohetes. Sumamos [el domingo] un 8%. En 2014, el 18%. Algo no hemos hecho bien”, concluía.

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Costa llega a la carrera también con el voto favorable de España. Fuentes del Gobierno español confirmaron a EL PAÍS que el presidente Pedro Sánchez respaldará la candidatura del ex primer ministro portugués, con el que ha mantenido una estrecha alianza en el pasado para lograr en Bruselas medidas favorables a los intereses de ambos países ibéricos.

Casi todos a una. Las dos formaciones vertebradoras de la democracia portuguesa, el Partido Socialista y el Partido Social Demócrata (centroderecha), que ahora gobierna dentro de la coalición Alianza Democrática (AD), se alían en esta ocasión para tratar de colocar a un portugués al frente de uno de los órganos de peso de la Unión Europea. De nuevo la maquinaria de la diplomacia lusa se dispone a fajarse para conquistar un alto cargo internacional, como ya ocurrió con António Guterres, secretario general de la ONU, o José Manuel Durão Barroso, expresidente de la Comisión Europea.

Aunque Iniciativa Liberal y Chega han expresado un rechazo explícito hacia el nombramiento de Costa para un alto cargo en Bruselas, carecen de influencia sobre la elección. El antiguo primer ministro socialista cuenta con el respaldo del Gobierno y del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que lleva meses haciendo campaña a su favor.

Un escándalo tan solo “con especulaciones”

Costa dimitió en noviembre debido a una operación de la Fiscalía que examinaba irregularidades en la aprobación de varios proyectos empresariales. En aquel momento, ensombrecido por las sospechas de la Operación Influencer, que llevaron a la detención de su jefe de gabinete, Vítor Escária, y a uno de sus mejores amigos, Diogo Lacerda Machado, se interpretó que Costa tendría que renunciar a sus aspiraciones en Bruselas. Sin embargo, el caso se ha ido desinflando tras pasar por el juez de instrucción y un tribunal de apelación, que no apreciaron indicios que justificasen la apertura de una investigación al entonces primer ministro y consideraron que solo había “especulaciones”. Hace pocos días Costa acudió a declarar ante los fiscales sin que haya sido imputado en el proceso. Sigue abierta la investigación sobre él, pero ha dejado de ser un obstáculo insalvable en Bruselas.

La AD ganó las elecciones generales por poco en marzo y perdió las europeas también por poco el domingo. Esa noche, en su discurso, Montenegro anunció con el mismo tono triunfal que si Costa fuese correligionario que tendrá todo el apoyo de su Gobierno y de su partido para aspirar a la presidencia del Consejo Europeo. “La Alianza Democrática y el Gobierno de Portugal no solo apoyarán, sino que harán todo lo posible para que esa candidatura pueda tener éxito”, afirmó el primer ministro portugués entre aplausos tibios de la militancia de su partido y de su socio de coalición, el conservador Nuno Melo.

Montenegro desveló que, antes incluso de ser nombrado primer ministro, ya trasladó su respaldo al propio Costa, a los líderes de las organizaciones del Partido Popular Europeo y a varios jefes de Gobierno. Poco después, Costa corroboró sus palabras y deslizó una segunda confidencia en la cadena CMTV: “Yo nunca aceptaría ser candidato a la presidencia del Consejo Europeo sin el apoyo de mi país”. Fue la primera vez que admitió de forma implícita estar en la carrera hacia el Consejo Europeo, ya que también desveló que había contactado con Montenegro, tras ser nombrado primer ministro, para averiguar si tendría su beneplácito. Lo cierto es que en los últimos meses ha redoblado su presencia en actividades relacionadas con Europa.

Los resultados electorales de las elecciones europeas apuntan hacia una presidencia de la Comisión en manos del Partido Popular Europeo, con Ursula von der Leyen repitiendo en el cargo, y una presidencia del Consejo en manos socialistas, tras el retroceso experimentado por la familia liberal. Además de Costa, que goza de las simpatías de los países del sur y también de líderes que están en sus antípodas ideológicas como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, la otra aspirante socialista podría ser la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Los países nórdicos estarían alineados con Frederiksen, que ha mostrado un papel muy destacado en el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. En su contra, pueden pesar las restrictivas políticas migratorias y de asilo que ha desplegado en el país, que han sido criticadas por la ONU.

Los socialistas europeos han elegido al canciller alemán, Olaf Scholz, y al presidente Sánchez para negociar los próximos cargos de las instituciones comunitarias. Scholz podría haber expresado ya su apoyo al candidato portugués, según publica Expresso. Será crucial también la decisión del presidente francés, Emmanuel Macron, pero Costa ya tiene en el bolsillo las bendiciones de dos pesos pesados de la política comunitaria, Sánchez y Scholz. Además, goza de las simpatías del Partido Popular Europeo y de Úrsula von der Leyen, aunque el asunto judicial, si no se cierra en los próximos días, será una rémora para que prospere la vía portuguesa.

Aunque el primer encuentro entre jefes de Gobierno de los 27 estados será el próximo lunes 17, cuando está prevista una cena informal, esta semana hay dos citas internacionales donde podrán comenzar los intercambios de pareceres entre algunos dirigentes: la reunión del G-7 a la que acuden Macron, Scholz y la primera ministra italiana Georgia Meloni a partir del jueves, a la que seguirá la cumbre de paz sobre Ucrania que se celebrará el fin de semana en Suiza. La incógnita estará despejada a finales de mes, los días 27 y 28 de junio, cuando está previsto el Consejo Europeo que deberá decidir la sucesión de Charles Michel, actual presidente.

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En la lectura española, Alberto Núñez Feijóo planteó las elecciones europeas como un plebiscito contra Sánchez, como una segunda vuelta de las generales, y no ha rematado ese objetivo, porque el resultado no es demoledor para el presidente como él esperaba. El PSOE finalmente no logró una remontada tan grande como para ganar las elecciones, como aspiraba su líder para asestar un golpe definitivo a Feijóo, pero ha logrado acercarse a su rival en la recta final de campaña y sobre todo ha demostrado que los resultados del 23 de julio del año pasado no fueron un espejismo. Un año después, tras una movilización extraordinaria de la derecha contra la ley de amnistía y después del desgaste que han supuesto sus acuerdos con Junts, la diferencia entre los dos grandes partidos no se ha movido mucho.

Entonces el PP le ganó al PSOE por 1,4 puntos, y ahora por cuatro. La distancia ha crecido, pero no para hablar de un terremoto. El PP, no obstante, salva los muebles y evita lo que más temían sus dirigentes en los últimos días, la posibilidad de un empate o incluso una victoria socialista. Feijóo podrá aferrarse a eso, sobre todo internamente, después de una campaña con muchos problemas que solo pareció enderezarse después de la imputación de Begoña Gómez, la esposa del presidente, que dio alas al PP. En una campaña en la que la derecha buscó una movilización extraordinaria, de nuevo se encontró enfrente con otro movimiento de los progresistas, especialmente alrededor del PSOE, que contrarrestó ese voto de castigo típico de las elecciones europeas.

El problema principal, para la mayoría que apoya al Gobierno, es que la extraordinaria debilidad de Sumar en estos comicios —con solo tres diputados, uno por encima de Podemos— hace que sí haya un cierto movimiento de bloques, aunque no definitivo y difícilmente extrapolable a unas generales dada la baja participación. Sumar, además, tendrá un problema interno relevante porque no ha cubierto las mínimas expectativas de lograr el cuarto diputado que correspondía a IU, una organización muy importante dentro de este grupo. “No son los resultados para los que hemos trabajado, debemos reflexionar”, admitió la candidata de Sumar, Estrella Galán. Las primeras voces críticas ya empezaron esta misma noche y el nuevo coordinador general de IU, Antonio Maillo, fue claro: “los resultados en Sumar son malos, sin matices. La división del espacio nos lleva al fracaso o a una pelea de minorías”.

España sí ha tenido en estas elecciones un movimiento hacia la derecha, sobre todo por la irrupción de Alvise Pérez, que ha llegado a tres escaños, 800.000 votos y se ha quedado muy cerca incluso de superar a Sumar. Pero nada comparable a lo que ha sucedido en la mayoría de los países europeos y con una resistencia notable del bloque progresista en su conjunto, lo que deja las cosas con unos resultados a favor del bloque de derechas frente al de la investidura pero con diferencias muy pequeñas, prácticamente un empate. Si no se cuenta a Alvise, un ultra difícil de asimilar para el PP, la suma de PP y Vox ha bajado sus apoyos respecto a las generales de hace un año: del 45,4% al 43,8%.

El PP ha mejorado sus resultados de las generales, pero de forma muy discreta, un 1,13%, mientras el PSOE ha perdido 1,5 puntos, una caída pero ni mucho menos un desplome. Para el PP es muy difícil contar como propios de su bloque los votos de un ultra como Pérez, que va mucho más allá de Vox con sus teorías conspiranoicas. Tanto el PP como Vox necesitarán ahora trabajar para recuperar esos votos ultra de Alvise, un nuevo problema para la derecha, que no puede permitirse el lujo de llegar tan fraccionada a las generales. En La Moncloa creen que es el endurecimiento del discurso de Feijóo, centrado en la recta final en el ataque a Begoña Gómez, el que está engordando a Vox y ahora a Alvise.

Los populares se mostraron eufóricos. “El PP, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, ha ganado sus terceras elecciones generales: municipales, generales y ahora europeas”, reivindicó la secretaria general, Cuca Gamarra. El propio Feijóo alejó el fantasma del 23-J de 2023 y se mostró convencido de que en las próximas generales llegará a La Moncloa. “Estamos ante un nuevo ciclo político. Siempre que el PP ha ganado unas europeas, ganó las siguientes generales, ¡Siempre! ¡Vamos a gobernar después de las siguientes generales!”, clamó en la sede del PP. Sánchez, que fue a la sede de la calle Ferraz, decidió no comparecer, pero su candidata, Teresa Ribera, reivindicó que ese 30% del PSOE es el mejor resultado de un partido en el Gobierno dentro de la UE. En las redes sociales, Sánchez felicitó al PP pero calificó de “magníficos” los resultados de su partido. “El PSOE se convierte en la única opción de Gobierno capaz de hacer frente a la ola ultraderechista que recorre Europa y España”.

Hace unas semanas, el PP soñaba con sacarle hasta 10 puntos al PSOE, como hizo José María Aznar en las europeas de 1994 (que supuso el paso previo para el vuelco electoral de 1996). Algunas encuestas de medios conservadores daban esa diferencia cercana a los 10 puntos, y en cualquier caso superior a 7. Se ha quedado muy lejos de ese vuelco, pero los cuatro puntos de diferencia permitirán a Feijóo exhibir su victoria electoral para intentar darle fuerza a su oposición.

Desde el punto de vista político, Pedro Sánchez sale absolutamente vivo de la noche de las europeas, la más difícil de todas las que tenía en esta carrera de cuatro elecciones en cinco meses, y con ello puede intentar arrrancar al fin una legislatura que no termina de cuajar precisamente por la sucesión de comicios y porque estaba en cuestión la idea de que el PSOE aguantara el embate de la oposición después del desgaste por la amnistía.

Las elecciones catalanas ya demostraron que el perdón a los encausados del procés no solo no tenía coste para los socialistas en esta comunidad, sino que les permitió ganar las elecciones y aspirar a gobernar la Generalitat, porque por primera vez desde 1980 los independentistas no suman una mayoría. Ahora las europeas, pese al desgaste del Gobierno, sobre todo de Sumar, prueban la resistencia de Sánchez y, por tanto, le permiten afrontar los tres años que le quedan a la legislatura, con casi dos por delante sin elecciones —siempre que no haya adelanto electoral en Cataluña— con la certeza de que puede aguantar y sobre todo con un mensaje claro a sus socios, especialmente los independentistas catalanes: la oposición no tiene fuerza para tumbar al Gobierno, así que es el momento de poner en marcha la agenda legislativa e incluso buscar unos Presupuestos para final de año.

El gran problema para que la legislatura arranque sigue estando en Cataluña. Ya con los resultados europeos encima de la mesa, la noche y la mañana serán intensas en Barcelona, con negociaciones hasta el último minuto para elegir la mesa del Parlament. La situación sigue lejos de aclararse, y nadie se anima a descartar una repetición electoral, pero Illa está trabajando para lograr una investidura que le daría estabilidad a la legislatura.

Unas nuevas elecciones en otoño en Cataluña darían al traste con la sensación que se vivía anoche en la sede del PSOE, esto es, la de que Sánchez es uno de los jefes de gobiernos europeos que sale mejor parado y puede utilizar esta secuencia de resultados para consolidar la mayoría de la investidura y poner en marcha la legislatura con varias reformas pendientes. De nuevo, todos los ojos están puestos en Cataluña, pero Sánchez ha vuelto a superar una bola de partido.

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Pero además del elemento fundamental, de fondo, el que puede cambiar la historia de Europa, las elecciones tienen también unas evidentes consecuencias para la política española. Los cuarteles generales de todos los partidos están muy pendientes del resultado porque, según diversos dirigentes consultados, estas europeas terminarán de fijar los equilibrios de la política española y supondrán, si las cosas van como prevén las últimas encuestas, el arranque definitivo de una legislatura que lleva casi un año empantanada. Pedro Sánchez y su equipo tienen todo listo para pisar el acelerador a partir del lunes si, como prevén los sondeos, el resultado está muy cerca de un empate entre los dos grandes partidos.

Todos, salvo el CIS, auguran una victoria del PP pero por escaso margen, algo que en la práctica supondría un espaldarazo para el presidente y una evidente derrota del plebiscito contra él que pretendían el PP y Vox. La posibilidad de que el PSOE ganara, algo que se antoja muy difícil ―el PP se come todo el voto de Ciudadanos y las europeas son siempre las peores elecciones para los gobiernos, porque se moviliza mucho el voto de castigo― pero que algunos socialistas no ven imposible, supondría un exitazo para Sánchez que dejaría a Feijóo noqueado y debilitaría de forma decisiva su oposición para los próximos meses, aunque no parece previsible un cambio de liderazgo en el PP. El sorprendente final de campaña del PP, con Esteban González Pons diciendo que si hay empate “Sánchez se queda y nosotros, no voy decir cómo, pero también” y Feijóo “podemos sacar mejor o peor resultado pero nunca nos van a tumbar” alienta el optimismo del presidente. Pero incluso en el caso más probable, según los sondeos, esto es una victoria ajustada del PP, en La Moncloa ven a los populares muy tocados y el camino mucho más despejado para acelerar con varios proyectos pendientes y sobre todo para consolidar la mayoría de la investidura y lanzarse a negociar los Presupuestos.

España lleva más de un año en una especie de periodo electoral permanente en el que una parte muy importante del país, jaleada por la oposición, cree que Sánchez está a punto de caer. Y el presidente y su equipo llevan todo ese tiempo asegurando que no va a ser así. Las catalanas ya supusieron un golpe muy duro a esa tesis del final inminente de Sánchez, que logró un éxito indiscutible en la comunidad que más buenas noticias electorales ha dado a los socialistas en los últimos años. Pero las europeas pueden ser el espaldarazo definitivo.

Desde mayo de 2023, cuando fueron las municipales y autonómicas en las que el PP y Vox se hicieron con el poder en buena parte del país, no ha habido tregua. Primero generales en julio, después meses dramáticos para la investidura, después la ley de amnistía y las movilizaciones en su contra, después arrancó 2024 con las votaciones de los decretos pactados en el último minuto con Junts, después las elecciones gallegas, más tarde las vascas, después las catalanas y ahora las europeas, y en medio los cinco días de reflexión de Sánchez con el vértigo que supusieron para todo el PSOE, que vio como su líder podía dimitir.

Después de este domingo, si no hay sorpresa en Cataluña, donde las negociaciones para una investidura son muy complejas, Sánchez podría tener casi dos años, hasta febrero de 2026, cuando tocarían las de Castilla y León, sin ninguna elección. Y en La Moncloa ya preparan, en negociación con Sumar, una aceleración de la legislatura que pondrá encima de la mesa en las próximas semanas todas las cuestiones que estaban esperando. Eso sí, siempre que el resultado sea bueno. Porque una victoria aplastante del PP o un ascenso muy fuerte del bloque de la derecha podría suponer un gran acicate para la oposición y también que se instale de nuevo la idea de que el final de Sánchez está cercano. En ese escenario, sus aliados de la mayoría de las investidura tendrían menos incentivos para pactar con el PSOE y Sumar. Los populares creen que esta última semana, con Begoña Gómez como gran protagonista, puede suponer que la distancia entre el PP y el PSOE se vaya a cuatro escaños, pero los socialistas creen que la maniobra del juez Peinado ha sido tan burda que movilizará más a la izquierda.

Diversos dirigentes de los grandes partidos nacionales, de los nacionalistas y de los independentistas consultados creen que todos los protagonistas de la dos grandes negociaciones que vienen ahora para consolidar la legislatura, esto es la de la investidura de Salvador Illa en Cataluña y la de los Presupuestos en el Congreso, estarán muy pendientes del resultado de esta noche para interpretar por dónde van los movimientos y para ver si hay legislatura para rato o empieza una agonía imparable de la coalición progresista. Además, si ERC recupera algo de espacio frente a Junts ―es posible que le gane las europeas en Cataluña― también podría dar algo de tranquilidad interna y reforzar un poco a Oriol Junqueras, que es quien se ha echado a la espalda la campaña de los republicanos antes de dejar el liderazgo en manos de Marta Rovira para retirarse a viajar por toda Cataluña para intentar ganar el congreso interno en noviembre.

Sánchez tiene una semana de agenda internacional muy intensa. El martes viajará a Jordania, para participar en una cumbre centrada en la guerra en Gaza, el jueves recibirá la visita del presidente turco, Recep Tayip Erdogan, después viajará a Suiza para participar en una cumbre de apoyo a Ucrania y el 17 tiene una cena de primeros ministros en Bruselas para evaluar los resultados de las europeas. Por tanto, no parece que esta semana sea de grandes anuncios. Pero todo está listo ya para pactar con Sumar la agenda de regeneración democrática que prometió el presidente después de su amago de dimisión y poder presentarla. Hay equipos trabajando en este asunto de forma específica, se han pedido ideas a muchos expertos, pero las decisiones se han dejado para después de las elecciones.

Todos los temas abiertos tocan derechos fundamentales, serán muy polémicos y contarán con el rechazo casi seguro de la oposición, tanto los que puedan afectar a los medios de comunicación ―sobre todo la transparencia en su financiación― como los que toquen a la justicia ―hay dudas sobre la oportunidad de cambiar el sistema de acusación particular que permite a grupos ultraderechistas como Manos Limpias dominar la agenda política― pero Sánchez y los suyos creen que hay un ambiente social propicio y que esta campaña, con el inédito protagonismo de un juez de instrucción o el ascenso de un propagador de teorías de la conspiración como Alvise Pérez, puede servir de ejemplo para que muchos ciudadanos respalden las medidas que se van a proponer.

Sánchez también tiene que tomar una decisión definitiva para ver cómo se resuelve el problema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno aún se plantea la posibilidad de que el PP, que tiene presión del mundo de la justicia, acepte una negociación en serio como la de finales de 2022. De hecho el Ejecutivo ha planteado un paquete: negociar varios órganos pendientes, incluido el gobernador del Banco de España. Los populares quieren renovar el Banco de España aparte, y el Gobierno le ha contestado que todo junto, porque no tiene sentido ponerse de acuerdo para una cosa y no para la otra, que es más urgentes porque lleva más de 2000 días bloqueada, cinco años y medio.

Sánchez dará probablemente un ultimátum, y si el PP sigue en el bloqueo, llevará al Parlamento una solución legal que está preparando Félix Bolaños, ministro de Justicia, y aún no quieren desvelar. El cambio de mayorías es la vía más delicada. Además, el PP ha perdido mucho crédito ante la Comisión Europea después de pedirle que mediara y mantener delante de ella su bloqueo de cinco años y medio. Otro asunto de la agenda inmediata es la reducción de la jornada laboral, medida estrella de Yolanda Díaz que ya se está negociando con patronal y sindicatos. Los empresarios de momento no parecen dispuestos a un acuerdo, pero en el Gobierno y en los sindicatos creen que si ven fuerte al Ejecutivo en las europeas y entienden que la legislatura va para largo, tal vez tengan incentivos para buscar un pacto.

“Habrá acuerdo con la patronal si las elecciones no favorecen a los que están contra el Gobierno”, resumió con claridad Pepe Álvarez, líder de UGT, el viernes en un simbólico mitin con Sánchez en el que este sindicato se incorporó a la campaña socialista, algo que no es nada frecuente. Álvarez fue especialmente entusiasta y llegó a decir que a Sánchez y a su esposa les atacan “no por una cuestión personal” sino porque “el presidente y su mujer están pagando las consecuencias de las políticas que han hecho. Porque sabíamos que no iba a salir gratis convertir 3,5 millones de contratos en indefinido”. El acuerdo debería estar esbozado antes del verano, así que este es un asunto que claramente se va a acelerar.

Sumar puede quedar debilitada tras el resultado de las europeas si las encuestas aciertan, porque está viendo cómo Sánchez le quita mucho espacio y Podemos juega sus bazas en sus elecciones preferidas, las que le vieron nacer hace 10 años. El presidente ha hecho un nuevo giro a la izquierda aún más profundo y apela al orgullo “zurdo”, la palabra que usa la derecha argentina para definir despectivamente a los progresistas y que se popularizó después de que la explotara Javier Milei en su polémico mitin con Vox en Vistalegre. En el acto con la UGT reivindicó incluso al espíritu de resistencia de la izquierda en la Guerra Civil, y recordó que el socialista Julián Besteiro decidió no huir tras la caída de Madrid, fue encarcelado y acabó muriendo en prisión un año después.

Ese tono izquierdista de Sánchez, sumado a su apuesta por el combate ideológico contra Milei y contra Vox, y sus decisiones a favor de Palestina y contra Israel, han achicado el espacio de Sumar, que sin embargo confía en que su tarea de Gobierno recupere ese lugar propio con mucho tiempo por delante hasta las generales. Por eso Sumar es la más interesada en que el Ejecutivo se ponga en marcha a toda velocidad después de las elecciones y ya está mostrando cómo puede marcar perfil propio con decisiones importantes del ministerio de Pablo Bustinduy, que ha promovido recientemente una multa de 150 millones de euros a cuatro compañías aéreas por cobrar por el equipaje de cabina y una investigación a las plataformas de pisos turísticos.

Todo está listo para pisar el acelerador, y para eso es decisivo un buen resultado en las europeas. Pero no basta. Todos los caminos de la legislatura conducen a Cataluña, y es absolutamente imprescindible para la estabilidad de la mayoría de Sánchez que allí no haya una repetición electoral, según admiten todos los consultados al máximo nivel. Este lunes habrá pistas importantes, con la formación de la mesa del Parlament. Las negociaciones son intensas durante todo el fin de semana, hay conversaciones a todas las bandas y lo que se dice en público no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en privado, según diversas fuentes. Después, ERC tiene la papeleta más difícil, la de dejar paso a Illa con su abstención, y además la dirección ha dejado la decisión en manos de los militantes, lo que ha hace aún más imprevisible.

Andoni Ortuzar, líder del PNV, que suele tener muy buen olfato y también información, pronostica que habrá repetición electoral en Cataluña y Sánchez podría tener la tentación de convocar las generales el mismo día que esas supuestas catalanas, en otoño. Pero varios dirigentes catalanes consultados creen que ese no es el escenario más probable, que sería un suicidio para ERC, que iría a las elecciones sin liderazgo, con el partido abierto en canal, y que es mucho más razonable pensar que Illa sufrirá para ser presidente, pero que al final lo conseguirá en agosto.

Este lunes habrá mucha información para ver cómo se está moviendo la política catalana, la más decisiva en este momento para la legislatura. Las europeas y sus consecuencias inmediatas son así un especie de arranque real de la legislatura, después de casi un año en el que todo ha sido inestabilidad alrededor de una gran pregunta que se repite hace meses en todos los círculos de poder y que puede tener respuesta muy clara esta noche y para bastante tiempo: ¿Sánchez aguanta o está a punto de caer?

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En realidad, Feijóo dijo claramente que el informe “estaba recortado”. EL PAÍS publicó algunos detalles de ese informe mientras el sumario estaba secreto, pero después se ha levantado y todas las partes han tenido acceso al texto, que no ha cambiado en absoluto. El texto que está en el sumario (114 páginas escritas por una sola cara y seis anexos) es exactamente el mismo que estaba en poder del juez ocho días antes de esa publicación. Feijóo tiene ese informe en el sumario y puede comprobar que no tienen ningún recorte.

Un portavoz oficial del PP remitió después a los periodistas un comunicado en el que insiste en que “Feijóo ha criticado la filtración parcial del informe la víspera de la comparecencia de Sánchez y con evidente interés político” y que “el informe no fue reproducido en su totalidad por el medio que lo publicó”, al tiempo que afirma que “el respaldo del Partido Popular a la Guardia Civil es innegable”. A preguntas de este diario, el PP no quiso indicar qué parte del informe echó en falta en la información publicada.

El PSOE salió a atacar con dureza al líder popular utilizando el punto más débil de su argumentación, esto es la puesta en cuestión de un trabajo de la UCO de la Guardia Civil, la misma unidad que ha sido implacable cuando ha habido casos de corrupción del PSOE ―como ha sucedido recientemente con el caso Koldo― y del PP ―como sucedió con el caso Púnica―. Por eso el partido enseguida dijo que su líder no pretendía cuestionar a la Guardia Civil.

“Feijóo ha entrado en una deriva ultra impropia de un líder de un partido homologable a sus compañeros del Partido Popular Europeo cuestionando a la Guardia Civil y su trabajo cuando actúa como policía judicial. Son unas declaraciones intolerables”, aseguró el PSOE, que exigió al líder del PP que se disculpe con la Guardia Civil.

El líder del PP sostiene que ese trabajo ha quedado desacreditado después de que la propia UCO entrase este miércoles a requisar documentación en Red.es, una de las empresas del caso, a instancias de la Fiscalía Europea. “Ayer [por el miércoles] ha quedado claro que aquel informe de la UCO no era tal, que aquel informe de la UCO estaba recortado y fue una filtración, no sabemos de quién”, aseguró en Es Radio, con Federico Jiménez Losantos.

En el informe al que se refiere el líder del PP, la Guardia Civil analizó los contratos adjudicados a Innova Next, la empresa de Juan Carlos Barrabés, profesor en la cátedra de la Complutense que dirigió Begoña Gómez. Esa firma se presentó en una UTE a un concurso de Red.es, dependiente del Ministerio de Economía. La oferta incluía hasta 32 cartas de apoyo de empresas e instituciones públicas. Begoña Gómez firmaba una de esas cartas en nombre de la Complutense; el departamento de Empleo del Ayuntamiento de Madrid firmaba otra. La Guardia Civil no encontró indicios de que la adjudicación fuera irregular. Tras ese trabajo remitido el 14 de mayo al juez, este miércoles la UCO se personó en las oficinas centrales de la empresa pública Red.es, en el distrito financiero de Azca de Madrid, para cumplir un requerimiento de la Fiscalía Europea, que reclamaba documentación y correos electrónicos que pudieran estar vinculados con contratos firmados entre este organismo y el empresario Juan Carlos Barrabés, en el marco de la investigación del caso de Begoña Gómez.

Este rifirrafe muestra la tensión con la que se viven las últimas horas de campaña, que según la mayoría de las encuestas está bastante igualada entre los dos grandes partidos, aunque con clara ventaja para el PP. Mientras Sánchez se mostraba “optimista” ante los resultados del domingo en una conversación informal con periodistas en la asamblea general de la confederación empresarial española de la economía social (CEPES), Feijóo trataba de apretar para movilizar a la derecha y él mismo admitía que las cosas están más igualadas de lo que se podía pensar hace unas semanas. “¿Qué ocurre si el señor Sánchez, que está jugando al empate, consigue el empate? Que se considerará todavía más impune”, asegura.

En el PSOE están convencidos de que este ataque al informe de la Guardia Civil, que es contrario a sus intereses del PP, porque señala que no ve delito en el caso Begoña Gómez, es una muestra más de nerviosismo de los populares ante una remontada inesperada de los socialistas que puede arruinar el plebiscito sobre Sánchez en el que quería convertir Feijóo las europeas. El PP en cualquier caso confía en que en estas últimas horas haya mucha movilización de la derecha y sobre todo pueda absorber mucho voto de Vox para ganarle así al PSOE con más claridad. Los socialistas creen que con este tipo de cuestiones los populares alimentan el voto ultra, no solo de Vox sino de una candidatura aún más a su derecha, la de Alvise Pérez. En 2023, la campaña de las municipales y después de las generales también se vio dominada por un cuestionamiento del PP de una institución relevante. En esa ocasión era de Correos, por las dudas con el voto por correo, que finalmente funcionó sin excesivos problemas. La polémica desapareció en cuanto pasaron los comicios. Quedan pocos días para conocer el efecto de esta explosiva recta final de la campaña.

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Pregunta. ¿Hay interés político detrás de la decisión del juez Juan Carlos Peinado de anunciar la citación de Begoña Gómez en plena campaña electoral?

Respuesta. Creo que ha sido un movimiento sorpresivo. Cuando el Tribunal Supremo afirma que no es conveniente impulsar causas cuya base esté sustentada exclusivamente en informaciones periodísticas no contrastadas, y tenemos un informe de la UCO [Guardia Civil] confirmando que no hay ningún indicio, y cuando la práctica habitual es que las decisiones judiciales respetan los tiempos electorales... Esta decisión es, como poco, sorprendente.

P. ¿Cree que el juez está prevaricando?

R. Eso es algo que corresponderá determinar a quien hace valoración del Código Penal. Lo que sí sé es que lo que estamos viendo es muy burdo y coincide con lo que el director de comunicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid [Miguel Ángel Rodríguez] anunció el lunes y jaleó la misma tarde del martes.

P. La citación ha sacudido la campaña. ¿Desmovilizará a la izquierda?

R. Al contrario: esto pone de manifiesto que lo que nos estamos jugando es la credibilidad de las instituciones, el Estado democrático, y que la campaña basada exclusivamente en cuestionar la legitimidad del presidente del Gobierno no es una campaña para resolver los problemas europeos. Solo pretende dar confort al presidente del PP.

P. ¿Comparte que hay una intención espuria y un intento de interferir en el resultado electoral, como afirma el presidente en su última carta a la ciudadanía?

R. Esto viene siendo así desde el pasado 23 de julio, cuando [las derechas] pensaban que iban a ganar de calle y se encontraron con que no sumaban.

P. El PP basa su campaña en las críticas a la amnistía a Puigdemont y en el caso de Begoña Gómez.

R. Eso lo que hace es alimentar y engordar la ultraderecha y el populismo. Lo hemos ido viendo a lo largo de los años. Cuando todo era anti, alimentaron dos referendos y una declaración unilateral de independencia [en Cataluña]. Es posible que tengamos dos partidos de ultraderecha españoles en el Parlamento Europeo y al PP estancado tras absorber a Ciudadanos. Haber caído en esa trampa es un inmenso error.

P. El PP afronta estas elecciones como un nuevo plebiscito contra Pedro Sánchez.

R. Creo que podemos y vamos a ganar. Es muy triste pensar que alguien que no tiene ni propuestas, ni ideas, ni análisis y sobre la base del no a todo pueda salirse con la suya. Hay que dar respuestas a los problemas, no esconderlos. El PP nunca tiene nada más que decir que todos contra Pedro Sánchez. Es un planteamiento muy pobre. Para alguien que aspira a ser presidente del Gobierno es paupérrimo, es miserable. Dicho lo cual, a lo mejor Feijóo se encuentra que el plebiscito es contra él y lo que tiene es un problema en su casa.

P. Pero, si gana el PP, ¿Sánchez habrá perdido el plebiscito?

R. ¿Qué significa que gana? Hace tres meses se decía que podía haber una diferencia de 10 puntos y hoy estamos en empate técnico. Con toda la artillería que ha disparado el PP, es insignificante. Estamos en plena remontada.

P. ¿La UE está de veras en peligro?

R. Sí, la UE se puede encontrar con una mayoría que presume de su voluntad de ir hacia atrás en la integración y en la construcción del proyecto europeo, con aspectos vinculados con una identidad excluyente. Esto es peligroso, es contrario al alma, al espíritu de convivencia con el que se gestó la UE.

P. ¿Por qué crece tanto la ultraderecha?

R. Una de las razones es el desencanto que generó la respuesta a la anterior crisis [de 2008], la manera en la que muchos europeos se vieron desprotegidos. A eso hay que sumar la velocidad a la que se producen los cambios y las amenazas del exterior. Eso provoca miedo. El diagnóstico requiere más Europa y no menos Europa. La respuesta tiene que ser más verde y más social.

P. ¿Pero hay algo de autocrítica de quienes defienden el Pacto Verde, como usted, ante el hecho de que los agricultores en media Europa se hayan levantado contra las medidas medioambientales?

R. Tenemos que consolidar un diálogo mucho más intenso, sobre todo con los titulares de pequeñas explotaciones familiares, a quienes les desborda la necesidad de completar papeles y burocracia y cambiar sus modos de cultivo. Hemos pasado de un modelo que exigía mayor productividad a uno en el que cada vez más se pide un equilibrio entre variables ambientales, ecosistemas y producción. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Esta situación ha sido aprovechada como un caldo de cultivo idóneo por quienes, en lugar de proponer soluciones a problemas complejos, prefieren una simplificación mucho más emocional, agresiva y contestataria.

P. ¿Qué le preocupa más, el ascenso de una ultraderecha negacionista o el freno que algunos partidos clásicos han impuesto a la agenda verde?

R. Que la derecha convencional asuma y normalice el discurso de la ultraderecha. La degradación rapidísima del sistema climático y de la biodiversidad se puede frenar con una acción decidida por parte de los gobiernos o se puede hacer de forma defensiva, con mucho más coste personal y económico. Me sorprende que, en lugar de hacer una gestión inteligente de ese gran desafío, prefieran decantarse por matar al mensajero o negar la realidad. Si no lo hacemos nosotros, serán otros los que aprovechen las oportunidades económicas y esto acabará haciendo pequeñita a la UE.. Que el PP se decante por ese discurso simplista, frenando o escondiendo los problemas debajo de la alfombra, es una gran torpeza.

P. En el debate organizado por PRISA los candidatos del PP y de Vox competían entre sí por ver quién no había apoyado el Pacto Verde, por ejemplo, quién había votado en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza.

R. Me pareció lamentable, profundamente repulsivo, que hubiera una batalla por ver quién denigraba más la agenda de transformación y diría que de paz y de seguridad más importante que tiene Europa. ¿Hay seguridad económica o social en España si no nos preparamos para las grandes sequías que ya nos atenazan? ¡Pues claro que no! El primer perjudicado va a ser el sector agrario.

P. El PP le acusa de criminalizar a los agricultores.

R. Es pura demagogia electoral, una perversión de la realidad. Lo que es una gran amenaza para el campo es hacer que los problemas no existan. Me siento satisfecha de que dos dirigentes del PP hayan resistido las presiones de Vox en su territorio y hayan entendido que aquello que beneficiaba más a la población local, incluidos los agricultores, haya sido la agenda verde, la restauración de ecosistemas en el mar Menor y en Doñana. Es más, hasta el señor [Carlos] Mazón [presidente de la Comunidad Valenciana] me lo pidió para la Albufera y luego como que se ha arrepentido y ha hecho demagogia por el camino.

P. ¿Ve posible que Feijóo saque adelante una moción de censura con los votos de Junts?

R. Feijóo no tiene principios. Solo tiene un objetivo, derrocar a un Gobierno legítimo y progresista, y le da igual cómo conseguirlo: con mentiras, insultos o cambiando de chaqueta de la mañana a la noche.

P. Feijóo ha propuesto que las personas migrantes “que quieran formar parte de la UE” han de “adquirir un compromiso, de adhesión y respeto a los valores fundacionales de Europa”.

R. Son declaraciones sorprendentes y se deslizan de nuevo tal y como hizo en la campaña en Cataluña por ese discurso xenófobo, que asocia la inmigración a cosas malas. Es una falta de responsabilidad de un partido que aspira a ser un partido con peso institucional y con capacidad de gobierno. A Feijóo se le cae la careta de la moderación insinuando que existen chivos expiatorios a los que responsabilizar de los problemas que puedan aparecer.

P. ¿La unidad de las izquierdas es suficiente para frenar la ola ultraderechista en Europa?

R. Es muy importante que los votantes progresistas se movilicen para frenar a la ultraderecha. Hay que votar masivamente al PSOE, que es quien puede detenerla. Esto no va de cómo de perfecta es cada una de las propuestas. Va del ejercicio responsable de nuestra mejor herramienta para frenar a la ultraderecha, que es el voto. El votante progresista tiende a ser mucho más quisquilloso y a quedarse en casa, pero el domingo es simplemente el principio de lo que pueda venir, de si dejamos que nos arrolle ese tren de la ultraderecha.

P. Apelan al voto progresista. ¿No les preocupa crecer o mantenerse a costa de Sumar?

R. Los progresistas necesitamos ser convincentes y ganar en masa. Confío en que a Sumar le vaya muy bien. Y a Podemos. No debe quedarse nadie en su casa.

P. ¿A qué cargo aspira en la Comisión Europea?

R. Aspiro a que España tenga la voz que se merece en un tiempo tan importante como va a ser para Europa esta década. Y, por tanto, que en el Colegio de Comisarios esa capacidad de modernización vinculada a la agenda verde y a la agenda social tenga una respuesta institucional en una vicepresidencia, en una comisaría vinculada a esa agenda. Hay que buscar la combinación adecuada, con un componente económico y un componente verde.

P. ¿Va a recoger el acta de eurodiputada?

R. No voy a recoger el acta de eurodiputada. Estaría muy bien si todos los gobiernos, que son los que proponen a los comisarios, presentaran en sus listas a quienes les gustara que fueran sus representantes en el Colegio de Comisarios. Mi partido, salvo contadísimas excepciones, mantiene [la máxima de] una persona, una responsabilidad, un cargo. Y por eso hemos renunciado al acta de diputado la inmensa mayoría de integrantes del Gobierno.

P. ¿Cuándo dejaría el Gobierno?

R. Cuando se conformara el Colegio de Comisarios.

P. Y si no es comisaria, ¿seguiría en el Gobierno?

R. Son futuribles que ya veremos.

P. ¿Sería comisaria en una Comisión Europea con un peso de la ultraderecha potente?

R. ¿España debe renunciar a su presencia en el Colegio de Comisarios? No solamente no hay que resignarse, hay que dar la batalla con todos los argumentos y con toda la artillería a la ultraderecha. En campaña y en las instituciones. No podemos renunciar al Colegio de Comisarios.

P. ¿Estas elecciones terminarán de estabilizar la legislatura o pueden acabar de hundirla?

R. Estoy segura de que tendremos una legislatura estupenda hasta el final y ojalá, confío en ello, una próxima legislatura también.

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En el Gobierno, en el PSOE y en Sumar, muchos dirigentes creen que este movimiento del juez en plena campaña es tan burdo que puede tener el efecto contrario, movilizar a los progresistas para votar en las europeas, algo que parece una tarea muy complicada. Sánchez claramente apostó por ese mensaje en su carta, que concluía con un llamamiento a los progresistas a votar el domingo contra esta maniobra en la que ve detrás a los líderes del PP y Vox. “Todo, mentira. Un gran bulo. Uno más. En lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán. Y, dado que tratan de interferir en el resultado electoral del próximo día 9 de junio, ojalá sus promotores ―el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal―, encuentren la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes”, señalaba el texto de Sánchez, en el que claramente criticaba al juez por anunciar esta decisión a cinco días de las elecciones, cuando lo habitual es que las cuestiones sensibles políticamente esperen a pasar la campaña. Es lo que hizo, por ejemplo, el Tribunal Supremo con la sentencia del procés en 2019, que tenía lista, pero esperó a dar a conocer a que pasaran los comicios de abril y mayo de ese año. Yolanda Díaz también criticó el momento y animó a votar. “Que la citación se notifique hoy es, con ironía, cuando menos llamativo. Pese a todas las argucias, vamos a trabajar para darle una derrota democrática al Partido Popular”, aseguró desde Oviedo.

Petición de dimisión

Por el contrario, en el PP creen que esta decisión judicial reactiva su campaña y en Vox también parecían eufóricos. Los populares, con Feijóo a la cabeza, se lanzaron rápidamente a pedir la dimisión del presidente por la citación como investigada de su mujer, equivalente a la imputación antes de la última reforma de la ley, y recordaron que es algo que no había sucedido con ninguna pareja de ningún presidente desde la recuperación de la democracia, en 1978. Casi todos los dirigentes relevantes del partido compitieron rápidamente para ver quién decía algo más duro sobre el caso. El portavoz del PP, Borja Sémper, incluso llegó a comparar a Sánchez con Donald Trump, que ha sido condenado la semana pasada por 34 delitos diferentes por un jurado de Nueva York.

Feijóo y los miembros de su cúpula ya llevaban semanas aferrados al caso Begoña porque están convencidos de que supone un desgaste de fondo para el Gobierno y en especial para su presidente. De hecho, amenazaron con citar a Sánchez en esta última semana de campaña en el Senado para hablar de este asunto, pero finalmente no lo hicieron, según fuentes de este partido, por el riesgo de que el presidente se victimizase y aprovechase la comparecencia a su favor. Pero ahora, con la decisión del juez, anunciada en plena campaña, el PP cree que su estrategia tiene mucha más fuerza y se lanzó en tromba.

En el Gobierno, en el PSOE y en Sumar creen, por el contrario, que el efecto puede ser contrario al perseguido, esto es, desmoralizar a los progresistas y activar el voto del bloque de la derecha. Diversos ministros y dirigentes consultados creen que el caso Begoña no tiene recorrido real, como demostraría el informe de la Guardia Civil, que no halla indicios de delito, y que el desgaste que podía hacer ya está asumido, porque la oposición lleva semanas con el asunto. Pero sí confían en que algo que ven como una maniobra muy evidente para influir en el resultado electoral puede activar a muchos progresistas que tenían pensado abstenerse en unas elecciones en las que se espera una participación muy baja, y podría reforzar la remontada del PSOE que la mayoría de las encuestas han detectado en las últimas semanas, antes de esta decisión del juez Peinado.

En privado, fuentes del Ejecutivo sostienen que, desde el punto de vista procesal, no tiene ninguna lógica que el juez no haya esperado a anunciar la citación al menos al próximo lunes, cuando ya habrán pasado las elecciones. Peinado podría haber llamado a declarar a Begoña Gómez como primera medida, y no habría sido extraño, explican. Pero creen que, una vez que decidió no hacerlo y esperar a recabar las pruebas e interrogar a los testigos, no tiene ninguna lógica que anuncie su citación como investigada antes de haber escuchado a esos testigos. Y menos aún, remarcan, cuando el informe de la Guardia Civil que él mismo solicitó señala que no hay ningún indicio de delito en la actuación de Begoña Gómez.

En público, el Gobierno es más cauteloso y evita un choque directo entre el poder ejecutivo y el poder judicial, pero la portavoz, Pilar Alegría, no ocultó el malestar que luego remataría Sánchez con su carta personal. “Queremos trasladar nuestra extrañeza y nuestra tranquilidad. Extrañeza por la casualidad de haber conocido esta información precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación. Y tranquilidad porque sabemos que aquí no hay nada, como dijo el informe de la Guardia Civil. Aquí lo que hay es una campaña del fango del PP y Vox y de grupos ultraderechistas como Manos Limpias o Hazte Oír [promotores de sendas denuncias contra Begoña Gómez]. Esta es la vergonzosa oposición que tenemos en este país”, aseguró Alegría desde la mesa del Consejo de Ministros.

La campaña sufre un nuevo giro inesperado de consecuencias inciertas, que la marcará probablemente ya hasta el final. Ya no se pueden publicar encuestas, pero los partidos hacen sus trackings internos —sondeos a partir de entrevistas diarias— y en los próximos días se verá qué efecto tiene. Unos y otros confían en que sirva para movilizar a los suyos. Unas elecciones con baja participación y las posiciones bastante igualadas se deciden en unos centenares de miles de votos. Todo cuenta. Y por eso en el Gobierno están convencidos de que había intencionalidad política en el movimiento del juez. El domingo se sabrá qué consecuencias tuvo esta polémica decisión.

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El presidente asegura en la carta que le resulta “extraño” el anuncio de la citación por parte del juez de su esposa, Begoña Gómez, para declarar el próximo 5 de julio, que se ha producido cinco días antes de las elecciones europeas. “Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos”, asevera el líder del Ejecutivo sobre la decisión —conocida esta mañana— del magistrado Juan Carlos Peinado. El juez es titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid e investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Sánchez dice verse en la obligación de hacer “una lectura política” de la acusación, tras la que asegura que él y su esposa están “absolutamente tranquilos” porque se trata de “un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes”. Al igual que en su anterior misiva, en abril, el presidente enmarca de nuevo la demanda en una “deriva de una coalición reaccionaria capitaneada por el señor Feijóo y el señor Abascal”. “Lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria”, afirma el líder del Ejecutivo en un texto difundido en sus redes sociales de manera personal, sin membrete oficial y desde su cuenta privada, no niguna de las oficiales del Gobierno.

En privado, varios miembros del Ejecutivo de Sánchez muestran su enfado por el anuncio del juez y creen que este solo puede actuar así por un interés político; sostienen que, desde el punto de vista procesal, no tiene ninguna lógica que no haya esperado a anunciar la citación al menos al próximo lunes, cuando ya habrán pasado las elecciones. En público, el Gobierno es más cauteloso y evita un choque directo entre el poder ejecutivo y el poder judicial, pero la portavoz, Pilar Alegría, ha mostrado indirectamente la indignación del Gobierno al trasladar la “extrañeza” con la actuación del juez, a la vez que mostraba la confianza absoluta en que el caso quedará “en nada”.

“Queremos trasladar nuestra extrañeza y nuestra tranquilidad”, ha arrancado Alegría. “Extrañeza por la casualidad de hacer conocido esta información precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación”, ha dicho en tono grave, enfatizando el sarcasmo en la palabra “casualidad”. “Sabemos que aquí no hay nada, como dijo el informe de la Guardia Civil. Aquí lo que hay es una campaña del fango del PP y Vox y de grupos ultraderechistas como Manos Limpias o Hazte Oír [promotores de sendas denuncias contra Begoña Gómez]. Esta es la vergonzosa oposición que tenemos en este país”, ha rematado Alegría. Cuando los periodistas le han insistido para que aclarara si el Gobierno cree que el juez está prevaricando, Alegría ha evitado ir más lejos, aunque manteniendo la posición dura contra la actuación del juez: “Este Gobierno conoce perfectamente la separación de poderes y respeta al poder judicial. Pero conocemos que esta denuncia está basada en bulos de tabloides digitales”.

En privado, varios miembros del Ejecutivo cargan contra la actuación del juez. Sostienen que Peinado podría haber llamado a declarar a Begoña Gómez como primera medida. Eso no habría sido extraño, afirman. Pero creen que, una vez que decidió no hacerlo y esperar a recabar las pruebas e interrogar a los testigos, no tiene ninguna lógica que anuncie su citación como investigada antes de haber escuchado a esos testigos. Y menos aún, remarcan estas fuentes, cuando el informe de la Guardia Civil que él mismo solicitó señala que no hay ningún indicio de delito en la actuación de Begoña Gómez.

La gran duda es qué efecto político tendrá esta noticia en la recta final de la campaña. Los socialistas estaban muy satisfechos con el trascurso de estas dos semanas, y más después de que Alberto Núñez Feijóo se metiera en un lío el lunes al abrir la puerta a una moción de censura (que requeriría el apoyo de Junts) después de las europeas. De hecho, Alegría trató de explotar ese error y aseguró que esa “contorsión” inhabilita al líder del PP. Pero ahora la noticia de la campaña es otra, es la citación de Gómez, y el PP ya se ha lanzado hoy a intentar explotarla.

Varios miembros del Ejecutivo aseveran, sin embargo, que la decisión del juez en plena campaña es “tan burda” que, en lugar de movilizar a la derecha, puede activar al electorado de izquierdas, que estaba menos movilizado, y lograr con eso un resultado para el bloque progresista mejor del esperado. En cualquier caso, las encuestas internas que den respuesta a esa pregunta llegarán a los partidos en los próximos días, porque la noticia acaba de conocerse y aún es difícil ver hasta qué punto puede influir en el resultado electoral del domingo.

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Fue el momento más tenso del debate, que mostró un bloque de izquierdas unido en esta cuestión del freno a la ultraderecha. En otros asuntos, las tres candidatas progresistas sí marcaron diferencias, aunque no hubo ningún choque duro entre ellas. Más tensa parecía la cuestión entre el PP y Vox, que en algún momento sí confrontaron abiertamente cuando Buxadé ha acusado a Montserrat de votar casi siempre con los socialistas europeos. “Yo no me equivoco de enemigos”, le ha espetado el candidato de Vox a la del PP, reclamándole así más unidad entre la derecha y la ultraderecha. Mientras, el candidato de Ciudadanos, Jordi Cañas, intentaba en todo momento llevar el debate a cuestiones europeas, hasta el punto de que en varias ocasiones le recordó a la candidata del PP, que volvía a la política nacional, que lo que se vota el domingo no es si Pedro Sánchez sigue en La Moncloa o llega Alberto Núñez Feijóo, sino los eurodiputados que marcarán las políticas europeas de los próximos cinco años. “¡Pero que no son elecciones generales, que son europeas, señora Montserrat!”, se desgañitaba Cañas. “Esto no va de Sánchez o Feijóo, ni de Begoña Gómez o de Hamás. Esto va de una legislatura europea que puede cambiar la vida de todos nosotros”, insistía.

Ribera planteó desde el primer momento el marco en el que el PSOE ha colocado esta campaña, que en realidad es la gran discusión en toda Europa: qué peso tendrá la ultraderecha en alianza con la derecha tradicional en el próximo reparto de poder europeo. La candidata socialista sostiene que si tiene mucha fuerza y se alía con la derecha clásica, habrá un giro total en las políticas europeas y se pasará de los fondos de recuperación, que para España han supuesto 140.000 millones de euros y una política de solidaridad entre europeos y de mutualización de la deuda —todos los países se endeudan conjuntamente, algo que nunca había pasado en la UE— a una política de nuevo de recortes, como la de la época de la austeridad, y de “más muros” contra la inmigración.

También Galán, de Sumar, colocó desde el primer momento el foco en la ultraderecha, aunque ella además aprovechó para pedir fuerza para su grupo para poder tirar hacia la izquierda a los socialistas y evitar por ejemplo un acuerdo como el pacto de migración europeo, muy criticado desde este partido. “No podemos hablar con un grupo político que se va a hacer fotos con un genocida”, arrancó Galán al recordar la foto de Santiago Abascal con Benjamín Netanyahu. “Buxadé representa la internacional del odio. Su única propuesta es odio, a los inmigrantes, a las personas LGTBI, a las mujeres, a las feministas. Además, odian pagar impuestos, porque son profundamente insolidarios”.

Irene Montero, de Podemos, que fue durante un rato el foco de los ataques del bloque de derecha por la ley del solo sí es sí, que le reprocharon con dureza mientras ella evitaba entrar a ese debate, centró buena parte de sus intervenciones en la guerra en Gaza y en Ucrania. Para Montero, en este momento “Europa es una sucursal de guerra de EE UU”, y además cree que “este consenso belicista va a traer austeridad y recortes. Porque lo que se gasta en armamento no se gasta en hospitales”. Esta cuestión llevó a algunos cruces fuertes con Cañas, de Ciudadanos, que sostuvo que la izquierda europea defiende un “pensamiento Disney” y habla de paz pero al final, “la mejor manera de enfrentarse a un tanque ruso para evitar que invada Europa es tener dos tanques. Porque si no, tú puedes pedirle a Putin que haga la paz, pero el tanque te arrollaría”. “No podemos decirle a la gente que para poder comer y estar tranquila necesita más armas. La escalada bélica nos puede llevar a un enfrentamiento directo de potencias nucleares en suelo europeo”, le lanzó Montero, que insistía, como Galán y Ribera, en que la clave es parar a la ultraderecha en Europa. “Vox no es antisistema, sois antipersonas. La paz y el antifascismo fundaron Europa”, remató.

Montserrat, por el contrario, seguía muy centrada en cuestiones españolas, y exigía a Ribera que aclare si después de las europeas el Gobierno volverá a subir el IVA de los alimentos. Pero sobre todo ponía el foco en lo que, según los estrategas del PP, desgasta al PSOE, esto es, sus pactos con Puigdemont. Poco antes de empezar el debate, en una entrevista en Antena 3, Alberto Núñez Feijóo había abierto la puerta a intentar una moción de censura tras las europeas que solo podría tener éxito con los votos de Junts ―el PNV siempre ha descartado apoyarla―, precisamente el partido que Montserrat denostaba como socio de la investidura de Sánchez. “¿Se imaginan al canciller socialista alemán entregando la gobernabilidad a un prófugo de la justicia? ¿A que no? Ustedes hablan de ultras. Pero no hay nada más extremo que entregar la gobernabilidad al Le Pen español, con vínculos con Putin”, clamaba Montserrat.

La candidata del PP buscaba una posición intermedia, y desmarcarse de Vox, aunque nunca llegó atacarlo directamente. Pero Buxadé, con su tono bronco, tanto que llegó a llamar “perros de presa de Sánchez” a las tres candidatas progresistas, se llevaba todo el foco y la indignación de las tres representantes del bloque de la izquierda. “Es muy grave lo que está pasando en nuestras calles con la inmigración ilegal. Hasta ahora no habíamos visto machetazos, ni ataques a bebés con cuchillos, ni inseguridad en los parques donde juegan nuestros niños. Nosotros vamos a defender las fronteras y a premiar a los Estados que defiendan las fronteras”, clamó Buxadé. Galán se lanzó directa: “solo deseo que un día usted no tenga que huir de una guerra, del hambre, y se encuentre delante con gente como usted. La mayor amenaza a la que se enfrenta Europa es el avance del fascismo que usted representa”.

El debate fue subiendo de tono, y sobre todo mostró que todos los partidos son plenamente conscientes de que estas elecciones pueden tener muchas más consecuencias de las previstas en un principio. Quedan cinco días de campaña y todos saben ya lo que se juegan. Por eso fueron con todo en el primer gran debate con todos los candidatos. Ahora solo queda saber si consiguen contagiar esa sensación a los votantes y movilizarles para unos comicios en los que se espera una alta abstención.

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Pero esta carrera para las europeas está siendo muy diferente. Las noticias internacionales, con el reconocimiento de Palestina por parte de España, Irlanda y Noruega, y la visita de Volodímir Zelenski a Madrid, donde logró el compromiso de un envío de 1.000 millones en armamento, sumadas a pasos arriesgados del bloque de derecha como el hecho de que Alberto Núñez Feijóo asuma la posibilidad de acuerdos con la italiana Giorgia Meloni o la visita de Santiago Abascal a Jerusalén para apoyar a Netanyahu, han generado un ambiente más cómodo para el PSOE y Sumar que esa dramática campaña de las municipales de 2023, desastrosa para la izquierda.

Sin embargo, el PP y Vox aún creen contar con cartuchos para españolizar la campaña y movilizar a la derecha contra Pedro Sánchez, reactivando un antisanchismo que sigue siendo el mejor activo de la oposición, o al menos así lo ven sus estrategas. La amnistía y la investigación contra Begoña Gómez, que el juez está intentando reactivar justo esta semana con el levantamiento del sumario y citaciones de los empresarios en plena recta final de la campaña, parecen los últimos cartuchos del PP y Vox para intentar volver a un esquema similar al de mayo de 2023.

Esto es tan evidente que hasta Dolors Montserrat, la candidata del PP, plantea casi todo su discurso alrededor de este eje. En un mitin en Ponteareas (Pontevedra), Montserrat trató de ligar la amnistía con las europeas, dijo que va “contra la democracia y los valores europeos” y llegó a plantear que “el PP va a exigir a la Comisión Europea que actúe y frene esta corrupta ley que entrega impunidad para unos pocos a cambio de poder”.

En la cúpula del PP piensan que la agenda internacional no mueve un solo voto, y que lo que moviliza son las cuestiones españolas. Ni Palestina ni Ucrania van a decidir las elecciones europeas, insisten dirigentes al máximo nivel del PP consultados. Ellos creen que lo importante es la movilización del voto de rechazo a Sánchez, con la sensación de que la legislatura se puede acabar si el presidente se lleva un golpe duro en las europeas. Por eso Alberto Núñez Feijóo insiste en todo momento en dar por acabada la legislatura con la aprobación de la ley de amnistía.

Pero en el Gobierno creen que, además de la agenda internacional, que les favorece y está siendo más importante en la campaña de lo que se podía pensar en un principio, hay otro elemento central de esta batalla electoral que es la movilización frente a la “internacional ultraderechista”, en palabras de Sánchez, que puede ser decisiva en las europeas. En La Moncloa están convencidos de que Vox está reventando la campaña de Feijóo, y está logrando un gran protagonismo con sus excesos, como el intento de paralizar el pleno este jueves cuando se votaba la amnistía, o el viaje de Abascal a Israel, o la cumbre con el argentino Milei en Madrid, que deja oscurecido al líder del PP.

De hecho, los populares están cada vez más molestos con Vox y el miércoles enviaron a Cayetana Álvarez de Toledo, con clara influencia en el votante más conservador, a golpearles con dureza. “Vox está de romería electoralista contra el PP, hasta Jerusalén ha llegado”, les dijo por el encuentro de Abascal con Netanyahu. “Como siga así, habrá que concluir que su agenda 2030 es que Pedro Sánchez siga en el poder”, remató. Los socialistas creen que el PP no para de alimentar el monstruo de Vox al normalizarlo, y después este les devora en las campañas. En el PP, por el contrario, creen que tienen a Abascal más controlado de lo que parece e incluso recuerdan que le ha salido un rival a su derecha en las europeas con Alvise Pérez.

Pero para el PSOE la clave es que los progresistas entiendan que el riesgo de la ultraderecha cada vez más poderosa en el corazón de Europa es real, y se movilicen para frenarlo. “El mundo nos mira”, clamó Sánchez en Barakaldo. “Porque ven cómo democracias importantes están sucumbiendo ante la internacional ultraderechista y en España la frenamos en julio de 2023. ¿Qué sería de este país si aquellos que han montado bronca hoy en la aprobación de la amnistía gobernaran con Feijóo como presidente y Abascal como vicepresidente? Estaríamos en la confrontación permanente. Pero hoy, con la amnistía, ha ganado la convivencia. Hemos superado la mayor crisis territorial de nuestra historia en Cataluña. Lo que rompe España son los pactos de la derecha y la ultraderecha, lo que lo une a España son las políticas de convivencia que estamos poniendo en marcha. Yo veo que hay remontada, veo que vamos a ganar las elecciones y el PSOE va a ser la primera fuerza”, remató el presidente.

Los socialistas parecen convencidos de que la campaña les está favoreciendo, aunque aún quedan muchos días y el PP sigue confiando en el desgaste de la amnistía, de los pactos con los independentistas y de la investigación judicial contra Begoña Gómez, a pesar de que el informe de la Guardia Civil pedido por el juez es rotundo y no encuentra rastro de delito. Y Feijóo, en un mitin en Pamplona, explotó al máximo esos cartuchos que cree que aún le quedan para movilizar a la derecha y dar un duro golpe al PSOE. De nuevo, la agenda era clara: Bildu, ETA, amnistía, corrupción, un poco de Begoña Gómez y siempre con el eje alrededor de los pactos con los independentistas, como en 2023. “Me siento muy orgulloso de no haber vendido mi país por siete votos”, clamó el líder del PP. Ahora queda por saber si esta vez funciona como en mayo de 2023, o las cosas se parecen más a julio de ese año, y el PSOE logra esa remontada que augura Sánchez.

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Sánchez ha sido muy claro en la fórmula que propone España con su reconocimiento: “Un estado viable con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y unificadas bajo el gobierno de la Autoridad Palestina”. Una de las consecuencias de esa ocupación de Israel ha sido que el territorio palestino se ha partido en dos sin comunicación entre las dos zonas, Gaza y Cisjordania. Y frente a las críticas de Israel y de la oposición en España, que le acusan de colocarse del lado de Hamás, el presidente ha sido rotundo: reconocer a Palestina va contra Hamás, porque este grupo terrorista está contra la solución de los dos Estados, que es la apuesta española y de toda la comunidad internacional. “Es una decisión que no adoptamos contra nadie. Menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Queremos mostrar nuestro rechazo rotundo a Hamás. España condenó desde el primer momento el atentado del 7 de octubre. “La Autoridad Palestina es nuestro socio para la paz.”, ha dicho Sánchez.

“Se trata de una decisión histórica. Actuamos conforme a lo que se espera de un gran país como es España. No es solo una cuestión de justicia histórica, es la única manera de avanzar hacia la solución de un Estado palestino que conviva con el Estado de Israel en seguridad y en paz”, ha insistido el presidente. Después de esta declaración, Sánchez presidió el Consejo de Ministros que tomó la decisión. Cuando el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, comunicó oficialmente el reconocimiento de Palestina como sujeto de derecho internacional, hubo un largo aplauso de todos los ministros, dando así la dimensión del saltó histórico que acababan de dar. Dentro del Consejo no hubo debate, según varios de sus miembros, aunque fuera, delante de los medios, Sumar sí planteó que se podía ir más lejos.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ofreció una entrevista en TVE poco después de que compareciera Sánchez, como forma de fijar la posición de su partido y de recordar que se trata de una decisión del Gobierno de coalición, aunque la política exterior la dirija el presidente, y también para mostrar algunas diferencias. “Es un día histórico, este es el camino hacia la paz. Pero con lo que estamos viendo en Palestina, no es suficiente”, ha explicado Díaz. “Tenemos que llamar a consultas a la embajadora, tenemos que sumarnos a Sudáfrica y hacer un embargo de armas de Israel. Esto es un genocidio. Estamos ante un Gobierno de extrema derecha, el de [Benjamín] Netanyahu, que vulnera los derechos humanos, que impugna todas las instituciones del mundo, incluida la ONU. Hay que hacer algo. Hay que actuar contra Netanyahu”, ha insistido.

La intervención de Díaz evidencia que Sumar quiere mostrar sus diferencias. El propio Albares señaló durante el fin de semana visiblemente molesto que la política exterior le corresponde a él y al presidente del Gobierno, ambos del sector socialista, y, por tanto, no a Sumar. En pleno periodo electoral, y con el PSOE y Sumar compitiendo por electorados fronterizos, la tensión dentro de la coalición es cada vez más evidente, con reproches mutuos y votaciones en sentido contrario en el Congreso, aunque algunos ministros consultados creen que después de las elecciones las aguas internas se serenarán.

El PP, que ha dejado claro que apoya la solución de los dos estados, su posición tradicional, pero no cree que sea el momento adecuado aún para reconocer a Palestina, ha mostrado un cierto perfil bajo en la reacción a esta decisión de Sánchez y su Gobierno. En plena campaña europea, los populares prefieren centrarse en temas de política nacional, como la ley de amnistía, que creen que desgastan mucho más al Gobierno que las cuestiones internacionales que están dominando la agenda en esta primera fase -Ucrania, Palestina-. Alberto Núñez Feijóo se tomó el día de descanso y Dolors Montserrat, la candidata del PP dijo que la decisión solo obedece al “interés personal y político” de Sánchez.

Minutos después de la comparecencia del presidente del Gobierno, el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, ha publicado un tuit en el que le acusa de ser “cómplice de incitación al genocidio del pueblo judío y de crímenes de guerra”, por su anuncio y por no cesar a Yolanda Díaz, cuya foto ilustra el tuit junto a las del líder de Hamás en Gaza y cerebro del 7 de octubre, Yahia Sinwar, y el líder supremo iraní, Ali Jameneí. Los tres, señala, “llaman a la desaparición del Estado de Israel y el establecimiento de un Estado terrorista islámico palestino”.

Su homólogo español, José Manuel Albares, ha calificado de “provocaciones y bulos deleznables” las intervenciones en redes sociales de Katz, pero ha asegurado que tanto España como Irlanda y Noruega están hablando para dar una “respuesta firme y coordinada” cuando ellos decidan, no en el momento en que quiere Israel para, en opinión del ministro, desviar la atención de lo importante, que es el reconocimiento de Palestina, y centrarlo en la tensión diplomática. Fuentes del Gobierno señalan que no está encima de la mesa de momento ni la llamada a consultas ni la retirada de los embajadores. Eso es lo que busca Israel con sus provocaciones, pero el Ejecutivo está pensando en otras fórmulas, según estas fuentes, más bien buscando apelar al cumplimiento por parte de Israel de los convenios internacionales para que por ejemplo no impida que el consulado español en Jerusalén atienda a los palestinos, como está amenazando. “Mi colega israelí busca que hoy en vez de hablar de lo que tenemos que hablar, de la existencia de un Estado palestino, estuviéramos hablando de tuits y provocaciones. Responderemos cuando nosotros decidamos y no cuando otros deciden”, ha insistido Albares, que ha dicho que el caso argentino ―en el que España retiró definitivamente a la embajadora tras los ataques en Madrid del presidente, Javier Milei, contra la esposa de Pedro Sánchez― es completamente diferente.

Khamenei @khamenei_ir, Sinwar y la Vicepresidenta de España @yolanda_diaz_ - llaman a la desaparición del Estado de Israel y el establecimiento de un estado terrorista islámico palestino desde el río hasta el mar.

Presidente @sanchezcastejon - al no despedir a @yolanda_diaz_ y… pic.twitter.com/Gq4mcRlndo

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 28, 2024

Cuestión de tiempo

Faltan los países europeos más importantes ―Francia, Alemania, Italia, Reino Unido— a los que España, Irlanda y Noruega han decidido adelantarse, pero otros como Eslovenia ya han anunciado que esta misma semana van a dar también el paso y en el Gobierno creen que es cuestión de tiempo que otros hagan lo mismo porque los bombardeos indiscriminados de Israel sobre Gaza, que ya han provocado más de 35.000 palestinos muertos, la mitad niños, y que este domingo dejaron 45 víctimas civiles en un campo de refugiados en Rafah, están aislando a Israel cada vez más, como prueba que por primera vez los ministros de Exteriores de la UE han decidido convocar a su homólogo israelí “para discutir la situación en Gaza”. Esta fue una petición de España e Irlanda, que ahora se abre paso. Este es un camino en el que fuentes del Gobierno tienen mucha confianza, incluso más que en las medidas diplomáticas que se puedan tomar individualmente contra Israel.

El sector socialista del Ejecutivo no parece preocupado ni por los cuestionamientos de Sumar, que achacan al periodo electoral, ni por el rechazo del PP y Vox a este paso. En La Moncloa creen que Feijóo se está equivocando en este asunto porque los sondeos señalan que la mayor parte de los españoles, también de los que votan al PP, están a favor del reconocimiento de Palestina. Las imágenes durísimas que llegan de Rafah con el ataque sobre refugiados indefensos en tiendas de campaña, en el que incluso Netanyahu asume que “algo salió trágicamente mal”, colocan al Gobierno “en el lado correcto de la historia”, una frase que Sánchez usa con frecuencia para defender el reconocimiento de Palestina.

En plena campaña de las europeas, en La Moncloa creen que el PP no tiene un discurso claro en política exterior y por eso trata de llevar el debate a la política doméstica, sobre todo con la amnistía, pero la realidad, con el ataque en Rafah, el reconocimiento de Palestina y la visita a Madrid de Zelenski, está poniendo en primer plano precisamente el punto en el que Sánchez se siente más fuerte y cree que Feijóo está mucho más flojo: la agenda de los grandes conflictos y las grandes decisiones internacionales.

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En la derogación, por ejemplo, el PP y Vox han determinado, como ha explicado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que se retiren las que recuerdan los lugares en los que hubo campos de concentración y otros lugares de memoria importantes, similares a los que tienen casi todos los países del entorno. Además, y especialmente grave para el Gobierno, en la derogación también se elimina la instrucción para que los niños de los colegios de Aragón tengan conocimiento de la represión franquista, y se elimina el mapa de fosas comunes que se había elaborado y la información a las asociaciones que buscan desaparecidos.

Torres ha explicado, tras el Consejo de Ministros, que ha tomado la decisión después de que el Gobierno haya intentado buscar un acuerdo con Aragón para evitar el recurso, un proceso habitual para el que hay tres meses, y se comunicó oficialmente el interés por organizar un encuentro. Pero el Ejecutivo autonómico del PP y Vox, de forma totalmente inusual, no ha querido ni siquiera concretar esa cita. Torres ha reivindicado además que este recurso no solo tiene el aval de los relatores de la ONU, que hicieron un informe durísimo sobre la ley de derogación en Aragón y sobre los proyectos en Castilla y León y la Comunidad Valenciana, también gobernadas por el PP y Vox, sino también el respaldo jurídico del Consejo de Estado, que ha apoyado en un informe la decisión de recurrir.

El recurso de inconstitucionalidad se interpone “por vulneración competencial y del principio de colaboración, y además por vulneración de los artículos 10 y 15 de la Constitución Española, al considerar que los desarrollos relativos al estatuto jurídico de las víctimas contenidos en las normas internacionales proporcionan pautas de interpretación relevantes para el enjuiciamiento de la constitucionalidad de la Ley 1/2024″, señala el Gobierno. “Según el dictamen favorable del Consejo de Estado, “procede la impugnación de la Ley en su conjunto por vulneración del principio-deber de colaboración con el Estado, en orden a la plena efectividad de la Ley estatal 20/2022 y a la garantía de su eficacia”. “El Gobierno, además, considera que el incumplimiento de la Ley estatal de Memoria Democrática deriva en un incumplimiento con la dignidad de las víctimas y su integridad moral garantizadas por la Constitución”, remata el Ejecutivo.

Castilla y León y Comunidad Valenciana

Torres ha apuntado que seguirán el mismo camino con Castilla y León y la Comunidad Valenciana, aunque tienen que esperar a que sus parlamentos aprueben las normas para poder recurrirlas. En el caso de Castilla y León la situación es especialmente significativa desde el punto de vista político, ya que el PP, que sigue dirigido por la misma persona, Alfonso Fernández Mañueco, va a enmendarse a sí mismo porque con la nueva Ley de Concordia va a derogar otra que aprobó el propio PP cuando gobernaba con Ciudadanos, y no con Vox, lo que prueba el cambio como concesión a su nuevo socio. Mientras, el PP defiende sus leyes de concordia y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, llegó a cargar con dureza contra los relatores de la ONU, a los que acusó de mentir, y escribió al secretario general, Antonio Guterres, para mostrar su malestar.

Torres ha hecho un llamamiento al PP para que rectifique su intención de sacar adelante estas normas, que en opinión del Gobierno suponen un golpe duro y una falta de respeto a las víctimas del franquismo. “Si el PP dicen que ellos condenan la dictadura franquista, ¿por qué retiran esa condena de sus leyes? ¿Por qué invisibilizan a las victimas del bando democrático? No vamos a permitir que nadie reescriba la historia. Y para ello recurrimos a la Constitución que algunos tanto defienden. Acudiremos a lo que sea preciso para proteger a las víctimas”, ha insistido Torres.

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Lo hizo hace dos semanas, en las observaciones registradas en la comisión de subsecretarios y secretarios de Estado, el foro que prepara los asuntos que después van al Consejo de Ministros. La Moncloa había decidido otorgar al CIS de manera discreta un suplemento de crédito de cuatro millones de euros que el instituto reclamaba para poder hacer frente a un aumento imprevisto de encuestas como consecuencia de la concatenación de elecciones —gallegas, vascas y catalanas, las tres adelantadas, y europeas—. Según fuentes del CIS, en realidad se trataba de una autorización para utilizar remanentes de tesorería de años anteriores.

Sumar aprovechó esta solicitud para hacer unas observaciones muy críticas, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, y reclamar que, antes de entregarle ese dinero al CIS, el Gobierno exigiera un cambio importante de su estrategia, su planificación y su método para recuperar la credibilidad del organismo.

El sector socialista del Ejecutivo siguió adelante con lo previsto y el Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de mayo esos cuatro millones extra para el CIS, sin atender a las recomendaciones de Sumar. Según fuentes del sector socialista, la cuestión pasó inadvertida y no hubo debate sobre el CIS en la comisión de subsecretarios. Las observaciones quedaron, sin embargo, por escrito en los canales oficiales del Gobierno y son una muestra de que el malestar con la actual gestión del CIS ya no es solo una cuestión de comentarios de pasillo, cada vez más frecuentes, sino también algo que se discute oficialmente en el Gobierno. La última encuesta del organismo público ha pronosticado que el PSOE sacará cinco puntos de ventaja al PP en las elecciones europeas, algo que ni siquiera los socialistas más entusiastas ven factible.

Pedro Sánchez mantiene su confianza en Tezanos, cuyo cargo fue renovado automáticamente cuando se formó el nuevo Gobierno el año pasado. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió la continuidad de Tezanos porque, en su opinión, es “el sociólogo que acierta en las encuestas”, a pesar de que los expertos señalan insistentemente que sus sondeos sobreestiman casi siempre a la izquierda. El catedrático de Sociología, militante del PSOE, dirige el CIS desde 2018. Cuando fue nombrado era miembro de la Ejecutiva del PSOE y pretendía mantenerse en ese cargo, pero finalmente dejó su puesto de responsable de Estudios y Programas en la Ejecutiva del partido por las presiones de la oposición.

En las observaciones de Sumar, la Vicepresidencia Segunda recuerda que el CIS “históricamente ha sido una institución pública de gran prestigio doméstico e internacional”. Y ahí empiezan las críticas. “Este patrimonio consagrado las últimas décadas se ha visto notoriamente dañado por una serie de decisiones concretas los últimos cinco años que tanto la opinión pública y, más concretamente la academia sociológica, han expresado reiteradamente”.

El texto enumera los problemas de credibilidad que critican los expertos. “El significativo sesgo partidista (en las últimas 37 elecciones estudiadas por el CIS, en todas menos en una existió una sobrestimación del voto en una misma dirección ideológica). Las decisiones metodológicas difícilmente defendibles (como la ruptura de series históricas que dificulta sobremanera el estudio histórico de tendencias, comportamientos, opiniones de la sociedad)”.

“La estrategia (o la ausencia de esta) de los últimos años ha debilitado enormemente la imagen, credibilidad y, sobre todo, la capacidad que debería tener el CIS para liderar una potenciación de las infraestructuras estadísticas que tanto necesita nuestro país para conocer los retos que afrontar, las políticas públicas que diseñar y evaluar, y los cambios sociales que se producen soterradamente en la sociedad”, prosigue el documento de Sumar.

El texto se detiene especialmente en la polémica encuesta flash que hizo el centro a finales de abril para testar la opinión de la ciudadanía sobre la carta abierta del presidente del Gobierno en la que anunciaba que estaba meditando su dimisión. El texto habla de “decisiones cortoplacistas, de claro carácter partidista y profundo cuestionamiento demoscópico”, y recuerda que se dedicaron hasta diez preguntas de esa encuesta a conocer lo que pensaban los ciudadanos de la carta del presidente.

Las observaciones proponían condicionar ese suplemento de crédito de cuatro millones a cambios profundos en el CIS: “El presupuesto para el CIS, así como suplementos de crédito eventuales, deben estar condicionados a una actividad demoscópica de calidad, que huya del protagonismo mediático y se desprenda de la actualidad política. La razón de ser de cualquier instituto de opinión pública está en estudiar las transformaciones de largo calado de la sociedad con orientación académica, no en alimentar una esfera mediática ya sobrecargada de estimaciones y cuestiones de actualidad que, en muchos casos, adolece de relevancia. Es lo que la ley 39/1995 marcó como espíritu del CIS y a la que debería volverse”.

Sumar planteaba que el CIS se concentre en encuestas más de fondo y menos de coyuntura, como hacen otros institutos europeos similares. “Es esencial pasar de la fragmentación de pequeñas y arbitrarias encuestas a una calendarización de barómetros sobre temas que vayan más allá de la coyuntura social o política del momento”, señalan las observaciones. “El hecho de tener que acudir a la vía del suplemento de crédito para financiar la actividad ordinaria del CIS evidencia hasta qué punto su actividad adolece en estos momentos de la necesaria planificación, estrategia académica y, en consecuencia, calidad demoscópica. Por ello consideramos que las dotaciones presupuestarias del CIS deben estar condicionadas a una estrategia mejor, que incluya un proceso de escucha activa con el mundo académico y una mayor transparencia”, remataban las observaciones, que no fueron atendidas.

El suplemento de crédito fue concedido, aunque esos cuatro millones no figuraron en la referencia pública del Consejo de Ministros que se publicó ese día 14. La cuestión pasó así de forma discreta, pero las observaciones de Sumar muestran el mar de fondo con el CIS que hay no solo en la oposición y algunos aliados de la mayoría parlamentaria, sino también dentro del Gobierno.

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Un año después de que el antisanchismo se demostrara insuficiente para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno, los estrategas del PP no han encontrado un argumento mejor para hacer campaña. En la calle Génova, sede de la dirección popular, siguen pensando que nada moviliza más a la derecha que el rechazo a Sánchez, así que todo se repite. Todo gira alrededor de eso en los mítines del PP, y ese será el mensaje estrella en la gran manifestación-mitin que ha convocado el partido este domingo en Madrid. “España responde al peor presidente de la democracia”, dice José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, en el vídeo promocional de esa concentración.

El antisanchismo ocupa tanto espacio en el PP que incluso dirigentes del sector moderado como Carmen Fúnez, vicesecretaria de organización, se lanzan de cabeza a él. En el mitin del sábado en Tomelloso con Alberto Núñez Feijóo, Fúñez llegó a decir que “Sánchez está de okupa en La Moncloa y no gobierna”. La idea del “okupa de La Moncloa”, que ya se usaba también con José Luis Rodríguez Zapatero, estaba reservada hasta ahora a los sectores más ultras de la derecha, pero se va extendiendo. Fúnez insistió mucho en la idea de que es Feijóo quien tendría que ser jefe del Ejecutivo. “A ti te elegimos como presidente, pero unos pactos indignos te sacaron de La Moncloa, que es donde te habían puesto la libertad y la voluntad de los españoles y te volverán a llevar en cuanto se convoquen las generales”, afirmó.

El PP, que en las elecciones vascas apenas habló de ETA ni de EH Bildu y en las catalanas tampoco lo hizo de la amnistía a los encausados del procés, ahora recupera estos dos asuntos para convertirlos en eje de la campaña de las europeas. El equipo de Feijóo confía en que esta vez la izquierda no se movilizará como el año pasado y podrá lograr una distancia más cómoda —en 2023 fueron poco más de 300.000 votos—. “Hay más razones para votar al PP ahora que el 23-J”, insiste el líder del PP, que además pide concentrar el voto conservador para que no se vaya a Vox. Sin embargo, en estas elecciones con circunscripción única el voto útil tiene mucho menos sentido, porque no se pierden escaños por la dispersión. Además, mientras pide no votar a Vox, Feijóo normaliza posibles pactos futuros con la italiana Giorgia Meloni, que estuvo por videoconferencia en el gran acto de Vox al que asistió Javier Milei y allí defendió a Santiago Abascal y dijo que la trayectoria y las ideas de Vox son muy parecidas a las suyas.

En La Moncloa asumen que ganar al PP el 9 de junio es casi imposible, al contrario de lo que dice un CIS cada vez más criticado, pero sí creen que en el nuevo ambiente generado tras las elecciones catalanas, que han devuelto la euforia al PSOE, al menos sí es posible lograr que la distancia sea pequeña. Los populares señalan que, sea cual sea la diferencia, en cualquier caso el bloque de derechas va a subir y el de izquierdas bajará, y quedará en evidencia así que la hazaña del 23-J es difícilmente repetible para Sánchez. Lo importante para el PP es consolidar esa idea de que 23-J fue un accidente. El PSOE, por el contrario, insiste en que estas elecciones no cambian nada de la realidad del Congreso. Por tanto, Sánchez seguirá y confía en tener al fin un largo periodo sin comicios para que la legislatura eche a andar de verdad.

En el otro lado, en el bloque de la izquierda, también está muy presente el esquema del 23-J. Si Feijóo, un año después, no encuentra nada mejor que el antisanchismo para hacer campaña, Sánchez sigue pensando que nada moviliza tanto a la izquierda como el riesgo de que la ultraderecha llegue al poder no ya en La Moncloa sino en la Comisión Europea. Feijóo, además, ha ayudado mucho a esa campaña con su idea de que Meloni “no es homologable a otros partidos de extrema derecha europeos”. El líder del PP lo dijo en Barcelona el día del arranque de campaña, y Sánchez va a explotar al máximo esa idea. Los socialistas están empeñados en asimilar al PP y Vox, para ellos cada vez más indistinguibles.

“Esa ultraderecha buena de la que habla Feijóo es la que prohíbe la inscripción de hijos de homosexuales en los registros civiles”, dijo Teresa Ribera en Sevilla en referencia a una decisión de Meloni. “A Feijóo se le ha caído la careta en dos días. Hay una forma directa de votar a Vox y otra indirecta, que es votar al PP. Hay que votar al PSOE para frenar a la ultraderecha”, remató Sánchez. “Los que paramos a la derecha y la ultraderecha el 23-J tenemos que movilizarnos”, insistió, por si hubiera dudas de que la política española sigue clavada en el mismo punto desde hace un año. Sánchez también usó la frase del argentino Javier Milei, que insiste en que “la justicia social es una aberración”, para agitar el combate ideológico entre la izquierda y la derecha. “¿Sabéis qué es justicia social? Que una UCI en pandemia costaba 3.700 euros al día. Un trasplante de pulmón cuesta 135.000 euros. La universidad pública, entre 7.000 y 9.000 euros al año”, planteó el presidente para recordar que, sin Estado, como defiende Milei, aplaudido por buena parte de la derecha española, la clase trabajadora nunca podría pagar con su propio dinero esa sanidad ni esa educación.

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Los empresarios del Círculo de Economía parecen felices con el punto final al procés que supusieron las elecciones catalanas, y se lo han dicho abiertamente a Sánchez. El presidente del Círculo, Jaume Guardiola, ha alabado abiertamente el “coraje” del presidente no solo con los indultos, que el Círculo apoyó con mucho debate interno, sino también con la amnistía, tan criticada por el PP, aunque le pidió que busque el acuerdo con la oposición. Y Sánchez, que como siempre recibe un trato mucho más amable en Cataluña que en Madrid, su tierra de nacimiento, se mostró muy cómodo y prometió resolver los dos principales problemas pendientes, la reforma de la financiación y unas mejores infraestructuras.

El discurso de Guardiola, y las preguntas que le hizo después a Sánchez, fueron una muestra muy clara del giro que se ha producido en Cataluña y del abierto agradecimiento que el empresariado tiene con Sánchez. Pero aún más evidente eran las conversaciones de pasillos, donde las críticas al discurso del día anterior de Feijóo eran la norma, mientras Sánchez hizo lo que muchos esperaban: hablar en positivo de la nueva situación que se abre después de que los independentistas hayan perdido la mayoría. El presidente, que en el resto de España tiene una relación complicada con la élite del empresariado sobre todo por su política fiscal y los impuestos a las energéticas o la banca, en Cataluña ha sido recibido de una manera incluso mejor de la que podría esperar.

Guardiola fue muy claro, en un discurso que representa a todo el Círculo: “Estamos dejando atrás los momentos convulsos y dolorosos que hemos vivido. La normalización institucional que ha recuperado Cataluña está en buena parte relacionada con tu acción de Gobierno. Y queremos agradecértelo. El Cercle apoyó los indultos. Y después de una discusión de fondo, entendimos la ley de amnistía como oportunidad arriesgada pero constructiva. Nos hubiera gustado que tuviera más consenso, y una actitud más comedida por parte de los beneficiados. Pero pensamos que es una oportunidad para cerrar un periodo estéril. En este clima de enorme crispación, cuyo propósito es deslegitimar tu presidencia, además del manual de resistencia has demostrado valentía a la hora de tomar decisiones. A unos les parecerá audacia. A nosotros nos parece coraje. Por eso apelamos a este coraje para reformar el sistema de financiación y también para la reconstrucción de espacio de diálogo y negociación con la oposición que el presidente debe liderar”, aseguró.

Sánchez, visiblemente satisfecho con el ambiente que le recibió en Barcelona, correspondió: “quiero también agradecer al Círculo. Porque cuando más falta hacía, respaldó el dialogo, la convivencia y el encuentro. Teníais razón, teníamos razón. El Círculo ha tenido un papel fundamental en la superación de una las mayores crisis políticas y de convivencia. Ahora, después de las elecciones, Cataluña se va a implicar en el progreso de España, y liderará una Europa abierta”.

“Todos los caminos pasan por Illa”

Y a partir de ahí, el presidente mostró su oferta a Cataluña para recuperar el paso. Primero insistió en que Salvador Illa, que estaba en primera fila, será el presidente. “No hay mayoría sin el PSC. Todos los caminos pasan por Illa y llegan a Illa. El Govern se decidirá en Cataluña y obedecerá a las necesidades catalanas”. En los pasillos, casi nadie apostaba por una repetición electoral, aunque aún queda tiempo para saber qué decidirá ERC y en medio están las elecciones europeas, que también son relevantes para esa decisión. Pero sobre todo Sánchez prometió mejorar la financiación y las infraestructuras, las dos grandes exigencias históricas en Cataluña, además de garantizar el absoluto respeto a la lengua catalana, que después de los acuerdos con ERC y Junts ya se puede hablar abiertamente en el Congreso. “El Gobierno redoblará inversión en infraestructuras. En especial en Rodalies. Vamos a mantener compromisos en condonación de deuda que adquirimos en la investidura con el Govern de Pere Aragonès, al que quiero reconocer su trabajo. Eso supone 15.000 millones de euros para Cataluña. Además haremos una reforma para tener más y mejor financiación para Cataluña y para todas las comunidades. Desde España proponemos así el respeto a la historia y la lengua de Cataluña, una mejor y mayor financiación y redoblar inversión en infraestructuras. Hemos aprendido estos años estériles que con Cataluña más fuerte España es más fuerte”, insistió.

Sánchez también logró la aprobación de los empresarios, cansados del procés, cuando recordó que en 2017, por culpa de esa crisis, se perdió la posibilidad de que Barcelona fuera sede de la Agencia Europea del Medicamento. “Habrían venido un un millar de altos funcionarios, 400 millones de euros de presupuesto anual. Un acelerador clave para la industria farmacéutica, que es muy relevante en Cataluña. Barcelona tenía condiciones inmejorables. Ahora, por el contrario, Moody’s confirma que el resultado elecciones en Cataluña reduce riesgos y anima a invertir. Eso se llama confianza. Los empresarios sabéis lo difícil que es ganarla y lo fácil que es perderla”, clamó para dar por terminado el procés. El madrileño Sánchez confirma así que Cataluña es el lugar más cómodo para él, incluso entre el siempre receloso empresariado. Pero ahora está en plena campaña de las europeas y necesita también una movilización potente de la izquierda en toda España para evitar que el PP logre un gran éxito el 9 de junio que dé alas a la oposición.

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Fuentes del Ejecutivo señalan que son cosas muy diferentes. El PSOE sabía que podía quedarse solo en su iniciativa contra el proxenetismo, pero no le importó. Le interesaba fijar esa posición. Lo de la ley del suelo era diferente. Algunos en el Gobierno hablan de fallo de cálculo. Otros señalan que una vez entró la ley en el Congreso, era casi automático que se votaran esta semana las enmiendas a la totalidad, era muy difícil impedirlo, había que forzar un cambio de orden del día en la Junta de Portavoces. Pero en cualquier caso, las fuentes consultadas del corazón del Ejecutivo sí admiten que no advirtieron que podría llegar este incendio porque pensaron que el PP, que no había presentado enmienda a la totalidad, dejaría pasar el trámite de una ley que apoyan sus alcaldes al menos con una abstención.

El PSOE sabía que era imposible sacar adelante esta norma con la mayoría de la investidura. ERC y Podemos se oponen de manera radical, por eso presentaron enmienda a la totalidad. Y sin ellos la ecuación queda coja. Pero confiaban en sacarla con el PP de forma discreta, sin ruido. Sin embargo, tras la derrota del martes y al ver que Sumar anunció ese día que votaría en contra, el PP empezó a ver la posibilidad de dar un duro golpe al Gobierno. Y aunque recibió presiones del sector de la construcción, que apoya esta ley, y de alcaldes que la están esperando, el PP estaba listo para dar un golpe al Gobierno que el Ejecutivo evitó, al menos parcialmente, retirando la ley. Después de las elecciones serán los grupos los que tengan que reactivarla, pero solo podrá salir si el PP quiere apoyarla. Si no, morirá, porque parece imposible llegar a un acuerdo sobre este asunto tan delicado dentro de la mayoría.

Heridas en la coalición

La tensión de esta semana deja heridas en la coalición. Aunque su voto no era decisivo, el PSOE trasladó un evidente malestar con Sumar porque cree que con su “no” ha contribuido a la imagen de división del Gobierno. Le reprochan además que no avisó de que esto podía pasar, ni siquiera en la reciente reunión de la coalición. Pero Sumar alega que ya habían mostrado su disconformidad con la ley en la comisión de subsecretarios, con observaciones por escrito donde mostraban sus discrepancias con la norma. El día que se aprobó, Sumar hizo público a través de un comunicado sus discrepancias. Además, no estaba en el acuerdo de Gobierno.

Según coinciden fuentes de los dos sectores, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, planteó las diferencias de Sumar en la reunión del Consejo de Ministros que aprobó la ley, en marzo. Sin embargo, las versiones discrepan. Mientras en Sumar señalan que la discrepancia era de fondo, en el PSOE aseguran que eran discusiones que se iban a dilucidar en las enmiendas, pero en ningún caso algo que justificara apoyar una enmienda a la totalidad, que tumba la norma.

Los socialistas achacan la posición de Sumar al ambiente electoral y su competición con Podemos, y en Sumar creen que el PSOE siempre pensó en sacar esta ley con el PP y, por tanto, no puede pedirle explicaciones a ellos ahora que los populares le han dejado tirados. Y sobre todo reclama al PSOE que consolide la mayoría con medidas progresistas. Ínigo Errejón fue claro: “Hay dos caminos, recuperar la iniciativa y entendernos para avanzar en una agenda de justicia social o bien seguir al trantrán esperando y confiando en que sea el PP el que le salve los muebles”. En cualquier caso, todos los consultados insisten en que la coalición, con sus tensiones, sigue adelante y se recoserá cualquier herida en cuanto pasen las elecciones.

El PP está convencido de que lo de esta semana prueba que la legislatura es inviable y la mayoría no puede ponerse de acuerdo en cuestiones sensibles. Alberto Núñez Feijóo basa toda su estrategia política en esa convicción de que la legislatura no se va a consolidar nunca. En el Congreso se instaló de nuevo la idea de que el Gobierno no resistirá y no habrá manera de sacar adelante unos Presupuestos.

Sin embargo, varias fuentes del Ejecutivo, tanto del PSOE como de Sumar, insisten en que, aunque nadie puede garantizarlo, la voluntad expresada por todos los grupos de la mayoría en privado es la de mantener el apoyo y sacar adelante la legislatura. Y todos confían en que pasadas las elecciones se podrá recomponer esa mayoría y empezar a sacar iniciativas relevantes adelante. “Llevan seis años dándonos por muertos todo el tiempo. Pero este jueves, con menos ruido que la ley del suelo, hemos vuelto a ganar varias votaciones. Y eso es lo habitual, porque a ninguno de los aliados de la mayoría le interesa ir a elecciones. ¿A quién podría beneficiar ese escenario?”, resume un miembro del Gobierno.

Aunque Sumar busca diferenciarse y exija su espacio de discrepancia, nadie en el Gobierno pone en duda que la coalición seguirá. Algunos ministros socialistas señalan que es grave que el Ejecutivo vote dividido sobre una ley que salió del Consejo de Ministros, pero creen que no es tan decisivo porque el voto de Sumar no era clave. Otra cosa muy diferente sería si la ley cae por ellos. En Sumar señalan que no tienen ninguna intención de tensar la coalición, al contrario, creen que está en un buen momento e internamente la relación es buena, pero creen que el PSOE debe entender que ellos tienen que desmarcarse en leyes que no se han acordado con Sumar como esta del suelo. En cualquier caso, ambos grupos ahora son rivales electorales en las europeas, donde puede haber trasvase, y el estado de salud de la coalición se comprobará después.

La gran incógnita es la de los otros socios, sobre todo ERC, que tenía esa enmienda a la totalidad a la ley del suelo, Podemos, que busca su propio espacio político y también se la juega en las europeas, y Junts, siempre imprevisible. En La Moncloa insisten en que en privado todos ellos dicen que quieren seguir adelante con la legislatura. Y no solo por consolidar la ley de amnistía, cuya aplicación es fundamental para Junts y ERC y que puede llevar muchos meses con los recursos que sufrirá. También por una cuestión pura de estrategia de partido. ERC, la que más dudas genera porque se ha abierto un debate interno imprevisible, es la menos interesada en forzar ahora unas elecciones generales, en plena crisis. Pero tampoco tiene interés Podemos, ni Sumar, y difícilmente lo tenga Junts, que es casi imposible que mejore su actual capacidad de influencia. El PNV y Bildu tienen claro que quieren seguir. Con esta lógica, y pese a las evidentes dificultades puestas en primer plano por la retirada de la ley del suelo, en el Gobierno confían en encarrilar la legislatura después de las europeas y sobre todo en empezar a hablar de Presupuestos para consolidarla definitivamente. Pero nada está escrito en el vértigo permanente de la política española.

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España espera que otros países europeos sigan esta estela en las próximas semanas, pero de momento en La Moncloa se trabajó intensamente para que el anuncio no fuera en soledad sino al menos con estos dos países. Irlanda siempre estuvo dentro. La novedad es Noruega, que es importante simbólicamente porque es lugar de los últimos acuerdos de paz entre israelíes y palestinos, los de Oslo. España e Irlanda tenían previsto hacerlo esta misma semana, el 21, pero han esperado un poco más y así se ha podido incorporar Noruega. Los tres primeros ministros han lanzado sus anuncios casi de forma simultánea.

La decisión llega en un momento político especialmente relevante, en plena campaña de las elecciones europeas, y el debate de este miércoles en el Congreso ha dejado muy claro que esta cuestión, que según el Gobierno tiene mucho respaldo en España, será un elemento importante de su campaña. El barómetro de 40 dB. para EL PAÍS y la cadena SER del pasado mes de noviembre situaba el respaldo en casi un 64%, un dato muy parecido al estudio realizado por el Instituto Elcano de este mes que lo eleva al 70%. Aunque la cuestión no requiere una votación en el Congreso, el pleno de hoy ha demostrado que la decisión cuenta con el respaldo de la mayoría que votó a favor de la investidura de Sánchez y el rechazo tajante no solo de Vox sino también del PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a decir que esto será perjudicial para los palestinos.

Los tres países eran conscientes de que Israel reaccionaría de forma agresiva, y el propio Sánchez ha señalado en el debate que es consciente de que su anuncio tendrá consecuencias. Poco después de decirlo, Israel ha llamado a consultas a los embajadores de esos tres países, también a la de Madrid. Sin embargo, Sánchez cree que hay varios motivos para reconocer a Palestina y colocarse así, en un momento decisivo del siglo XXI y con la guerra de Gaza cobrándose vidas cada día, en “el lado correcto de la historia”. El presidente ha confirmado que la decisión ha sido consensuada con la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, porque se trata de un paso que da todo el Gobierno de coalición.

Los motivos políticos para reconocer a Palestina, según ha dicho Sánchez, son tres: “Paz, justicia y coherencia”. “Solo una solución de dos Estados [Israel y Palestina] que convivan en garantías de seguridad permite la paz. Para lograrlo, las dos partes deben sentarse en igualdad de condiciones”, ha remarcado. Por eso, con el objetivo de empoderar a la Autoridad Palestina para cuando llegue ese momento de la negociación, Sánchez ve necesario reconocer oficialmente al país.

Ante la previsible crítica de la oposición, esto es la de ayudar a Hamás, el líder socialista ha insistido mucho en lanzar duras condenas contra ellos y señalar que este reconocimiento no tiene nada que ver con ellos. “Hamás es un grupo terrorista que no tiene espacio en el futuro de Palestina. La Autoridad Palestina es nuestro socio para la paz”, ha subrayado.

Sánchez ha recibido el respaldo de todos los aliados de la mayoría parlamentaria, aunque muchos, casi todos, le han pedido que sea más duro con Israel y que tome decisiones diplomáticas similares a las que acaba de tomar con Argentina. “Está bien la firmeza con el ultraderechista Milei, pero la coherencia obliga a la misma firmeza con el genocida Netanyahu”, dijo el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón.

Por el contrario, el PP y Vox han rechazado con claridad la decisión. Feijóo ha ido incluso más lejos que en el último debate sobre esta cuestión y aunque ha dicho que el PP sigue apoyando la solución de los dos Estados —es lo que se aprobó en 2014 en el Congreso en una proposición no de ley pactada entre el PP y el PSOE— no cree que sea el momento para dar este salto. “¿Por qué reconoce a Palestina sin consensuarlo dentro de la UE? Ha salido a celebrarlo rápidamente Hamás. Es la segunda vez que le dan las gracias. Es un grupo terrorista que mutiló niños. Ya dije que primero tienen que entregar los rehenes, tiene que haber un alto el fuego. Si no, probablemente usted va a perjudicar al pueblo palestino. ¿Qué va a reconocer usted? ¿Qué territorio? ¿Con qué régimen político? ¿Quién va a ser su interlocutor? ¿Hamás?”, se ha preguntado el líder de la oposición. Mientras, Santiago Abascal, líder de Vox, también ha rechazado la decisión del Gobierno y ha acusado a Sánchez de ser equidistante “entre un terrorismo satánico y un estado democrático”. Pese a que se lo pidieron muchos grupos, y también el propio Sánchez, ni Feijóo ni Abascal hicieron en ningún momento mención crítica alguna a los bombardeos de Israel sobre la población civil en Gaza.

Sánchez iba en una línea opuesta, y ha sido muy duro con Netanyahu, a quien ha acusado de “no tener un plan para la paz en Palestina”. “Netanyahu sigue bombardeando hospitales, colegios, viviendas. La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ha pedido su detención por crímenes de guerra. Luchar contra Hamás es legítimo, pero con Netanyahu la solución de los dos Estados está en peligro. La solución que ha promovido solo lleva al odio. No podemos permitirlo”, clamó el líder del PSOE en una sesión del Congreso que los progresistas creen que será recordada como un hito histórico que da un giro a la posición de España. “Tenemos una deuda histórica con el pueblo palestino. Durante más de medio siglo se han ignorado las resoluciones de la ONU. Esa pasividad debe acabar”, ha insistido. Aunque también ha buscado palabras de apoyo y respeto a Israel y al pueblo judío: “Este reconocimiento no es contra el pueblo de Israel, un pueblo al que respetamos y apreciamos. Mucho menos contra los judíos, un pueblo admirable muy vinculado a la historia de España”.

“Es muy probable que la guerra en Gaza sea vista con el tiempo como uno de los episodios más oscuros del siglo XXI. Cuando llegue ese momento, quiero que los españoles puedan decir con la cabeza alta que ellos estuvieron del lado correcto de la historia”, ha señalado Sánchez para darle más dimensión a la decisión que estaba tomando. En el PP, por el contrario, creen que este asunto no moviliza a los ciudadanos y apenas tendrá relevancia en las europeas. La oposición, que prefiere hablar de asuntos nacionales para desgastar al Gobierno, confía en dar un golpe definitivo a Sánchez, después del éxito electoral en Cataluña.

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Después de que tanto los socios del PSOE como el PP tumbasen este martes la proposición de ley del PSOE contra el proxenetismo, la votación de la enmienda a la totalidad de la Ley del Suelo de este jueves se presenta para los socialistas como un examen de segunda vuelta a su capacidad de aglutinar o no mayorías parlamentarias para avanzar en su capacidad legislativa. Un segundo fracaso en la misma semana y en la antesala de la campaña europea supondría un duro varapalo para Sánchez, que este miércoles se ha enfrentado además un superpleno en el que también ha recibido estopa por parte de algunos de sus socios, después de haber jarreado contra el PSOE en la sesión sobre prostitución. A esos ataques se suman las advertencias de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que ha deslizado sobre la tribuna que la gobernabilidad de España depende de que Carles Puigdemont sea investido president.

Fuentes de la parte socialista del Gobierno no ocultaban este miércoles su enfado por el voto favorable de Sumar a las enmiendas a la totalidad del texto. El PSOE admite que se habló en su día del proxenetismo y de la posición contraria de la coalición que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz (quien reveló el martes que la discrepancia “estaba pactada”), pero aseguran que este asunto no se había vuelto a abordar recientemente, tampoco en la reunión de seguimiento del pacto de coalición que se celebró la semana pasada en el Congreso, y que en ningún caso sabían que votarían en contra de la Ley del Suelo, lo que ha supuesto para ellos una “sorpresa”.

Sumar sí presentó una serie de alegaciones cuando el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la norma a finales de marzo y advirtió en su momento de que no podían apoyarla así y de que buscarían modificarla en su tramitación parlamentaria. Lo cierto es que a las puertas del arranque de la campaña electoral de las europeas, el socio minoritario ha endurecido algo su postura, porque se niega ahora a que el texto avance en esa tramitación. En Sumar afirman que el PSOE no creyó que se atreverían a llegar tan lejos. Ni siquiera Podemos, beligerante siempre en sus posicionamientos, tumbó nunca una ley salida del Gobierno —sí lo hizo con la proposición de ley de los socialistas para modificar la parte penal del solo sí es sí, pero esa partía del grupo parlamentario, no del Consejo de Ministros—. “Si Sumar quiere ocupar un espacio de izquierda verde no puede aceptar esta ley”, defendía este miércoles un diputado, que reconoce que “no hay posibilidad de acuerdo” en un texto que no pueden respaldar “conceptualmente”. La formación de Díaz critica que dificulta la acción de la sociedad civil para parar planes urbanísticos en favor de las promotoras y afirma que abre la puerta a la cultura del pelotazo.

En ese escenario, el PP encuentra en la votación de la enmienda a la totalidad de la Ley del Suelo una nueva ventana de oportunidad, aunque dicho movimiento suponga apoyar una iniciativa impulsada por Podemos, ERC y Junts. “Es secundario. Aquí la cuestión es si Sánchez gana o pierde. No nos han elegido para proteger a Sánchez”, apostillan las mismas fuentes del PP al más alto nivel, que celebran “la posibilidad de que el Gobierno siga perdiendo elecciones” en el Congreso independientemente del “contenido” de la norma impulsada por el Ministerio de Vivienda. “En la gobernabilidad de España se ha convocado a muchos partidos, pero no a PP”, subrayan. “No hay incentivos para apoyarla”, añaden otras fuentes de la dirección. Del otro lado, fuentes gubernamentales socialistas aspiran a convencer a los populares in extremis en las últimas horas.

Si culmina su amenaza, el PP ha de sortear algunos obstáculos, como desdecirse de sus propias palabras. El pasado abril, el Partido Popular se abría a negociar la Ley del Suelo con el Gobierno admitiendo que en realidad la norma “toma como base una ley del PP” —dijo entonces la vicesecretaria Paloma Martín, encargada del área de Vivienda, en rueda de prensa en la sede del partido en la calle Génova—. Eso sí, Martín también criticó que la norma nacía “coja”, aunque no negó la posibilidad de emprender una negociación con el Gobierno si la voz del PP se escuchaba. Los populares estaban dispuestos entonces a hablar y sostenían que en este tema el partido “ejercerá sus competencias de forma responsable”.

El Partido Popular ya volvió sobre sus propios pasos este martes, cuando votaron en contra de la propuesta que pretendía perseguir con más dureza el proxenetismo, pues habían apoyado la misma iniciativa hace dos años. Un giro de guion que no todos los diputados del PP vieron con buenos ojos. “Lo difícil es explicarlo”, admitían fuentes parlamentarias populares este martes.

Un anteproyecto sin los apoyos necesarios

La Ley del Suelo ya había recibido el visto bueno del Gobierno en diciembre de 2022, pero decayó antes de que pudiera avanzar en las Cortes por el adelanto electoral. El PSOE la llevó al Consejo de Ministros el pasado 26 de marzo, impulsada por el Ministerio de Vivienda, que pretende con la norma limitar el efecto de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación urbanística, según el departamento que dirige la ministra Isabel Rodríguez. El texto cuenta, sin embargo, con el rechazo de Sumar al considerar el socio minoritario que el anteproyecto limita de manera “innecesaria” la capacidad de intervención de la administración pública en materia urbanística y critica el recorte de los motivos de nulidad total de los proyectos. Podemos sostiene que el texto daba “vía libre a la cultura del pelotazo”, mientras que Junts y ERC centran sus quejas en cuestiones competenciales.

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El entorno del presidente asegura que el Gobierno hará de la necesidad virtud, una frase que ha usado mucho últimamente Sánchez. Ahora, trata de sacarle el mayor partido a una situación sobrevenida que, según los primeros análisis tanto del Ejecutivo como del PSOE, no tiene por qué ser negativa para los socialistas ni para la mayoría, que ahora queda relativamente en suspenso, pero podría recomponerse después de las elecciones en función del resultado.

En realidad, según la visión del Gobierno, lo que hacen las catalanas es precipitar a la primavera una situación que se iba a producir en otoño-invierno: la tensión entre ERC y Junts frente a esas elecciones. El adelanto ha provocado como consecuencia inmediata que Sánchez haya descartado los Presupuestos de 2024, pero ahora cree que podrá tener más tranquilidad, ya sin un horizonte electoral cercano, para aprobar los de 2025. Si se hubieran quedado las elecciones para principios de 2025, como estaba previsto, habría sido más fácil sacar los Presupuestos de 2024, pero mucho más difícil los de 2025. Lo que se pospone con esta decisión es el arranque definitivo, con una cierta estabilidad, de la legislatura que el PSOE veía consolidada con el pacto de la ley de amnistía. Pero ahora esa estabilidad se vuelve a poner en cuestión.

Sin embargo, los socialistas insisten en que en mayo, con las vascas y catalanas despejadas, y aún más en junio, ya con las europeas superadas (aunque allí el resultado del PSOE puede ser peor y el PP tiene muchas expectativas porque siempre hay voto de castigo al Gobierno en esas elecciones) el panorama político quedará mucho más claro. Todos los miembros de la mayoría, salvo gran sorpresa, deberían buscar sus incentivos para negociar con el Gobierno sin la tensión que generan unas elecciones en el horizonte inmediato.

Una vez que se resuelva esta superprimavera electoral, el panorama estará bastante despejado de comicios hasta 2026 y se podrá intentar una mayoría más estable que la actual. A pesar de todo, el Gobierno presume de que la mayoría no se ha roto ni siquiera por un adelanto electoral y el jueves fue una nueva prueba, ya que el Ejecutivo sacó adelante sin problemas las dos votaciones que tenía pendientes: la amnistía y la ley de enseñanzas artísticas. Y, aunque el ambiente que se vive es de una especie de crisis diaria, la realidad en el Congreso es otra.

Además, el terreno de juego de las dos próximas elecciones resulta cómodo para los socialistas. No solo son dos comunidades en las que el PSOE tiene mejores expectativas, a diferencia de Galicia, donde tuvo un pésimo resultado. En el País Vasco ya gobierna y en Cataluña cree que podría ser de nuevo el primer partido y esta vez incluso con mayor distancia sobre el segundo. Las últimas elecciones generales fueron muy bien para los socialistas en Cataluña, y aunque siempre tienen menos apoyo en las catalanas, el partido de Salvador Illa ha conseguido recuperar una centralidad que había perdido en esta comunidad. Además, si la amnistía aprobada en el Congreso el jueves puede tener un rechazo importante en el resto de España, precisamente el País Vasco y Cataluña son las dos únicas comunidades que respaldan masivamente esta ley de perdón, según las encuestas de 40dB. El texto recorrerá las campañas porque presumiblemente será aprobado definitivamente a finales de mayo, tras pasar dos meses por el Senado. Los socialistas creen que cualquier crítica del PP a la amnistía ha quedado neutralizada por el giro de posición de Alberto Núñez Feijóo, que en la campaña gallega habló de reconciliación, de indultos, y reconoció que estudió la amnistía durante “24 horas” cuando Junts se la planteó a cambio del apoyo a su investidura.

La solidez de los socialistas en Euskadi y Cataluña no tienen nada que ver con la debilidad con que el partido encaró las elecciones en Galicia. El PSdeG, inmerso en peleas internas, no fue capaz de contrarrestar el papel de muleta del BNG. La concentración del voto útil en la candidatura de Ana Pontón, azuzada por la certeza de que ambos partidos pactarían, fue una losa para José Ramón Gómez Besteiro, a quien también penalizó el escaso tiempo que llevaba al frente del proyecto. La consecuencia fue el peor resultado de la historia.

La perspectiva es muy distinta en las vascas y en las catalanas, donde el PSOE da por seguro que crecerá y obtendrá dos buenos resultados que le servirán además para llegar “con viento de cola” y con un “efecto moral” a las elecciones europeas del 9 de junio, que el PP pretende convertir en otra suerte de plebiscito contra Pedro Sánchez. Ambos territorios son ahora mismo dos talismanes para el presidente del Gobierno. El PSOE logró el 23-J un millón más de votos respecto a las elecciones de 2019, pero su reparto no fue uniforme. La mitad se concentró en Cataluña y Euskadi. El PSC, que no ganaba en unas elecciones generales desde 2008, aportó más de 425.000 de esos votos en Cataluña tras dispararse por encima de los 1,2 millones, más que la suma de los electores de ERC, Junts y la CUP. En Euskadi, el PSE-EE, que tampoco era primero en unas legislativas desde 2008, se impuso al PNV y EH Bildu en un triple empate a escaños y con 65.000 votos más que en 2019.

Discurso duro

Eneko Andueza y Salvador Illa, los candidatos en las elecciones del 21 de abril y del 12 de mayo, comparten un discurso duro, en un caso con EH Bildu y en el otro con el independentismo que sigue anclado en el procés. El secretario general del PSE-EE ha dicho por activa y por pasiva que no pactará con la izquierda abertzale ni le permitiría gobernar mientras no dé los pasos para la condena de ETA. La opción, por tanto, es revalidar la coalición con el PNV en la Lehendakaritza, iniciada en 2016. “A nosotros nos va bien la coalición con el PNV, y vemos que sumamos”, afirman fuentes de la dirección del PSOE sobre las encuestas que manejan.

El adelanto electoral en Cataluña se produce además a pocos días del congreso en el que Salvador Illa será encumbrado como líder del PSC. El vencedor de las catalanas de 2021 compartirá la clausura del cónclave con Sánchez. El secretario general del PSOE tendrá muchísima presencia en la campaña catalana. “Nuestro discurso es muy potente en Cataluña. La gente quiere ese discurso”, afirman en Ferraz y La Moncloa, donde ven a Illa con opciones reales de ser president. Aunque no lo consiga —será muy difícil, ya le pasó hace tres años que ganó y no pudo gobernar—, si se consolida como el primer partido, los socialistas podrán demostrar que España es muy diversa y la suerte va por barrios. Y si el PP arrasó en Galicia y Feijóo pudo celebrar, ahora podrá hacerlo Sánchez después de las catalanas, siempre que estas no traigan una inestabilidad aún mayor en la política nacional que sí podría poner en riesgo su mayoría.

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Sin tiempo siquiera para digerir el resultado, arranca una semana de vértigo en la que el mismo lunes competirán en atención Koldo García, epicentro del escándalo de corrupción que más daño le ha hecho al Gobierno, que comparecerá en el Senado, y Salvador Illa, candidato del PSC y ex ministro de Sanidad. El PP ha intentado desgastar a Illa convocándolo el miércoles al Senado, pero el PSOE se ha adelantado y lo lleva el lunes al Congreso para dar el primer golpe.

El veterano exministro, que en pandemia mostró una gran resistencia en todas las comisiones en las que la oposición intentó golpearlo, está preparado para darle la vuelta a la estrategia del PP y aprovechar las dos comisiones de investigación como un foco para su propia campaña y para demostrar que no hubo ninguna irregularidad en los contratos que él impulsó, y que el caso Koldo está muy circunscrito al Ministerio de Transportes y a las comisiones que se llevó presuntamente el que fue uno de los principales colaboradores de José Luis Ábalos, apartado del PSOE por este escándalo.

Sánchez ha puesto todas sus bazas en las catalanas. Si salen mal, el Gobierno entraría en una inestabilidad difícil de superar. El presidente insiste en que no convocará elecciones anticipadas en ningún caso y agotará la legislatura, pero un fiasco en Cataluña sería demoledor para su estrategia y le condenaría a una agonía de difícil solución. Por el contrario, las expectativas que manejan en La Moncloa son muy buenas. Creen que es posible lograr que el independentismo no sume mayoría, algo que sería un hito que refrendaría la política de Sánchez de los últimos años: si el choque que eligió el PP hizo crecer más que nunca al independentismo, la política de diálogo del PSOE habría logrado acabar con una mayoría que los independentistas conservaron incluso en los momentos más difíciles.

El PP también prevé un muy buen resultado en las catalanas, donde se quedará con todo el voto de Ciudadanos y una parte de Vox, pero en el PSOE creen que si Illa saca una gran distancia al segundo, sea ERC o Junts, el golpe político sería muy fuerte e incluso podría permitirle gobernar, si los independentistas quedan tocados y no se animan a forzar una repetición electoral que nadie descarta.

Lo que nadie aclara en La Moncloa ni en el PSOE es cómo van a evitar que lo que es bueno para Illa, esto es un buen resultado del PSC y una gran debilidad de los independentistas, no suponga un problema grave para Sánchez: la reacción de ERC y Junts en el Congreso puede ser impredecible después de un mal resultado en Cataluña. En el PSOE lo ven de otra manera: para ellos, la prioridad es sacar un resultado extraordinario en Cataluña para animar así a su electorado, que se ve claramente desmovilizado en las encuestas, para las europeas de junio, en las que el PP ha puesto todas sus bazas para dar la puntilla al Gobierno.

En La Moncloa insisten en que este ciclo acelerado de tres elecciones “ordenará” la política española, y lejos de complicar la situación del Gobierno, la estabilizará con un año y medio por delante sin ninguna elección. “El PP ha apostado todo a que esto se hunde y la legislatura no arranca. Pero no es así. La economía va como un tiro, metemos temas todas las semanas en Consejo de Ministros, vivienda, sanidad, seguimos adelante y el discurso de oposición se agota. Tenemos tiempo”, resumen en el sector socialista del Ejecutivo. Sánchez también está jugando su baza internacional para darle cierta normalidad a la legislatura y salir de la excepcionalidad en la que quiere instalarse la oposición. No está previsto que el reconocimiento de Palestina vaya este martes, pero es inminente. El presidente multiplica además sus movimientos, con anuncios constantes y visitas a lugares simbólicos, desde Cuelgamuros a la antigua fábrica Nissan ahora recuperada por un acuerdo entre la china Chery y Ebro para construir vehículos eléctricos.

En Sumar, sin embargo, se quejan de que La Moncloa está siendo demasiado prudente y el Gobierno se queda muy lejos del ritmo de reformas de la anterior legislatura. Ellos creen que fue un error renunciar a los Presupuestos, porque no está escrito que vaya a ser más fácil cerrarlos después de las catalanas que antes. Y ven que el ambiente de política tóxica instalado en el Congreso perjudica especialmente a la izquierda. En Sumar temen que el PSOE se centre para las europeas en su combate a cara de perro con el PP y deje en segundo plano la gestión. “La gente progresista asumió la amnistía a cambio de una intensa agenda social. Pero si el foco está todo en la guerra PP-PSOE y no se acelera esa agenda, el electorado progresista se enfada”, resumen desde el grupo de Yolanda Díaz.

Los socialistas niegan este parón del Gobierno que critican en Sumar, que tiene en la reducción de la jornada laboral su gran hito de la legislatura, como antes lo fue la reforma laboral, pero en cualquier caso los dos miembros de la coalición confían en que aún hay mucho tiempo para desarrollar la agenda cuando acabe este ciclo electoral. En la oposición están convencidos de que Sánchez saldrá más débil de lo que entró en esta vorágine de comicios, sobre todo después de las europeas. En La Moncloa lo ven al revés. El tiempo, insisten, juega a su favor porque Sánchez es el único que puede forzar unas elecciones, no hay moción de censura posible y todos los grupos de la mayoría siguen teniendo muchos más incentivos para negociar con el PSOE que para abrir la puerta a un Gobierno del PP con Vox. Y, además, y muy importante para ellos, la economía sigue dando buenas noticias. Pero para llegar ahí, aún quedan un mes y medio electoral en el que todos los planes políticos pueden cambiar con el voto de los ciudadanos.

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Sánchez, que fue quien marcó la fecha y dirige la agenda de los temas, ha preparado a conciencia este debate para usarlo como arranque de las europeas y sobre todo para mover el marco a la política internacional, donde siempre se ha movido mucho más cómodo en sus cruces con el PP. Sánchez anunciará hoy el día en el que España reconocerá el Estado de Palestina ―la fecha más probable parece el próximo martes, pero está en discusión permanente por la necesidad de pactarla con otros países para hacer un reconocimiento conjunto― y llevará ahí el debate para forzar al PP a definirse en una cuestión que resulta incómoda para Alberto Núñez Feijóo, que defiende el reconocimiento de Palestina ―es la posición histórica del PP y su líder no puede cambiarla ahora― pero cree que no es el momento oportuno.

Siempre que el debate sea internacional, Sánchez está convencido de que tiene mucha ventaja no solo porque sus posiciones tienen mucho apoyo en la ciudadanía ―el reconocimiento de Palestina o el rechazo tajante a la ultraderecha europea y el choque con el argentino Javier Milei agradan a los votantes progresistas, pero también a una parte de los conservadores moderados― sino también porque ahí todas las encuestas señalan que en este campo, que él ha trabajado a conciencia en su mandato, tiene más fuerza que su rival, que apenas tiene trayectoria en política internacional.

Sánchez intentará empujar al PP hacia Vox, y buscará colocar el marco de la discusión de los próximos días en la idea de que la derecha española y buena parte de la derecha europea está abriendo la puerta a la ultraderecha. En ese contexto, el presidente explotará el conflicto con Milei, tratando de forzar a Feijóo a apoyar al presidente español frente al ataque de un líder extranjero. Pero el líder del PP ya está desmarcándose con el rechazo a la retirada permanente de la embajadora española en Buenos Aires. Feijóo tratará de colocar a Sánchez y a Vox como dos polos que se retroalimentan, aunque para eso tendrá que resolver la incomodidad evidente que le ha generado la visita de Milei a un mitin de Vox.

El PP y Vox tratarán, como es habitual en este tipo de debates, de llevar la cuestión a la política nacional. El PSOE cree que el resultado de las elecciones catalanas ha hecho que pierda mucha fuerza la crítica a la ley de amnistía, porque el independentismo ha bajado a las peores cotas desde 2012, pero la oposición no renuncia a esa baza que cree que sigue desgastando al Gobierno a pesar de todo. Pero la oposición tiene puesto su objetivo también en el debate sobre el procedimiento iniciado para investigar las actividades empresariales de la mujer de Pedro Sánchez por un posible tráfico de influencias. Sánchez llega dispuesto a dar explicaciones por primera vez de esta cuestión en sede parlamentaria con la fuerza que le da que el detallado informe de la Guardia Civil que se ha hecho sobre este asunto a instancias del juez no encuentra elementos para pensar en ningún tráfico de influencias. La Moncloa está convencida de que el caso se acabará archivando, porque la Fiscalía no ve caso y los investigadores tampoco, por lo que ahora solo falta que el juez tome la decisión. Sin embargo, la oposición cree que este asunto desgasta al Gobierno y tratará de explotarlo, por lo que es probable que ahí se vivan los momentos más delicados de un pleno que será muy importante para fijar la situación de la política española, después de unas catalanas que han dado mucho aire al Gobierno, aunque también le han ido bien al PP, y justo antes de unas europeas que serán la última oportunidad de la oposición de dar un golpe al Ejecutivo antes de que vengan muchos meses de calma sin ninguna elección prevista.

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Sánchez parece muy cómodo en este enfrentamiento con Milei, que coloca políticamente la campaña electoral de las europeas, que empieza el jueves, justo en el punto que buscaba el líder del PSOE: en un enfrentamiento entre los progresistas y la ultraderecha. El presidente incluso apuntó la posibilidad de tomar medidas más duras aún que las que ya ha adoptado, con la llamada a consultas sine die de la embajadora española y la reunión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con el embajador argentino para trasladarle el malestar español y exigirle las disculpas del jefe del Estado del país austral. La Moncloa evitar aclarar cuáles serían esas medidas más graves, aunque está por vez ahora qué pasa si Milei finalmente confirma un nuevo viaje a España que tenía previsto para finales de junio.

Sánchez ha convertido este asunto en la prioridad de su agenda política. El presidente exigió este lunes “respeto” a Milei —que el domingo llamó “corrupta” a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez— y apuntó que, si no hay una rectificación, el Ejecutivo español tomará medidas y habrá una “respuesta acorde a la dignidad que representa la democracia española”. Sánchez remarcó “los lazos de hermandad que unen a España y Argentina”. “Entre gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable”, remarcó. “Somos dos países hermanos que se quieren y se respetan. Lo que ayer vivimos en Madrid no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos, de dos pueblos que en momentos difíciles contaron el uno con el otro para levantarse. No habla de las raíces comunes que tenemos. Soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino”, dijo al empezar su intervención en el foro económico CREO, organizado por Cinco Días, diario del Grupo Prisa.

Mientras, el Gobierno argentino defendió que es el Ejecutivo español quien debe pedir disculpas al argentino, y no al revés. Y el presidente parece feliz con la polémica, de la que presume en la red X, en la que señaló que había vuelto a Buenos Aires “surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas”, informa Mar Centenera. “El Gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas tras decir que el presidente Milei consume sustancias, que somos un gobierno del odio, del negacionismo y atentamos contra la democracia”, dijo el portavoz, Manuel Adorni en una rueda de prensa en la Casa Rosada dominada por la crisis diplomática con España. En realidad, el propio Adorni había dado por cerrada hace dos semanas la crisis por las palabras del ministro Óscar Puente sobre las supuestas “sustancias” que podría consumir Milei, pero ahora la reabre después del polémico viaje. Puente ya dijo que si hubiera sabido de la trascendencia de sus palabras, que en el Gobierno español se consideran una metedura de pata evidente, no las habría pronunciado.

Pero Milei no parece dispuesto a ninguna marcha atrás ni nada similar, al menos de momento. El presidente argentino dijo en el mitin de Vox “no saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucie y se tome cinco días para pensarlo” en clara referencia a Sánchez y su esposa, Begoña Gómez.

La novedad es que esta crisis ya no es solo entre gobiernos. También las grandes empresas españolas han entrado con claridad a criticar a Milei, con comunicados específicos de compañías con muchos intereses en el país como Telefónica, Iberia o el BBVA. Pero sobre todo fue rotundo el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que estuvo reunido con Milei el sábado, pero este lunes dijo que una injerencia así en política nacional cuando se visita un país es inaceptable.

Sánchez, que claramente tiene interés en que este asunto visibilice los riesgos de una llegada de la ultraderecha al corazón del poder europeo, no solo se lanzó contra Milei. También acusó al líder de Vox, Santiago Abascal, de alentar la “violencia política” contra los socialistas. “Decir que hay que sacar a patadas y gorrazos a un Gobierno legítimo es antidemocrático y exige una condena rotunda de todas las fuerzas políticas y todos los medios de comunicación”, aseguró Sánchez. El PSOE está así tratando de meter presión al PP para que se distancie de Vox, precisamente el mismo eje de campaña de las generales de julio de 2023.

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El Gobierno ya ha llamado a consultas a la embajadora española en Buenos Aires y ha convocado al embajador argentino en Madrid, pero ahora las palabras de Sánchez apuntan a que no descarta una escalada mayor de la crisis. Además, el presidente ha pedido colaboración a las grandes empresas españolas —muchas de las cuales se reunieron el domingo con Milei— y ha acusado al líder de Vox, Santiago Abascal, de alentar la “violencia política” contra los socialistas.

Sánchez no cree que las palabras de Milei sean un hecho aislado, sino que las vincula al contexto de una “internacional ultraderechista” que, en su opinión, está “poniendo en riesgo los valores del progreso económico, la justicia social y la convivencia” que son la base de países como España y Argentina. El presidente ha querido desvincular esta tensión entre gobiernos de la unidad de dos países con muchas relaciones de todo tipo como Argentina y España. “Somos dos países hermanos que se quieren y se respetan. Lo que ayer vivimos en Madrid no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos, de dos pueblos que en momentos difíciles contaron el uno con el otro para levantarse. No habla de las raíces comunes que tenemos. Soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino”, ha dicho al empezar su intervención en el foro económico CREO, organizado por Cinco Días, diario del Grupo Prisa.

El líder del PSOE ha exigido a todas las fuerzas políticas españolas que condenen las palabras de Milei sin matices, en clara referencia al PP, aunque los populares sí se han distanciado este lunes de las palabras del presidente argentino, que el domingo evitaron criticar. “Defender las instituciones españolas de insultos de mandatarios extranjeros no entiende de peros. Por encima está el patriotismo”, ha señalado Sánchez. En el mitin de Vox en Madrid el domingo, Milei, que había acudido invitado, afirmó: “No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucie y se tome cinco días para pensarlo”. Aludía así claramente, aunque sin dar nombres, al periodo de reflexión que se tomó Pedro Sánchez a finales de abril para decidir si continuaba en el cargo después de que un juez abriera diligencias por la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez.

En tono muy serio, y con el trasfondo político claro de la campaña electoral europea que empieza en la noche del próximo jueves, el presidente de Gobierno ha arremetido también contra Vox por ese mitin. El líder de la extrema derecha española, Santiago Abascal, hizo en ese encuentro con Milei una “apelación explícita a la violencia política”, ha considerado Pedro Sánchez. “Decir que hay que sacar a patadas y gorrazos a un Gobierno legítimo es antidemocrático y exige una condena rotunda de todas las fuerzas políticas y todos los medios de comunicación”, ha proseguido.

Sánchez ha rematado su discurso pidiendo, como ya repite en cada foro económico, que las empresas se impliquen también en la defensa de la democracia frente al avance de la ultraderecha, una ola que amenaza, ha dicho, no solo los valores políticos sino también sociales y económicos en los que han crecido estas empresas, “hijas de la democracia”. El presidente reivindica como ejemplo lo que han hecho una treintena de grandes empresas en Alemania, que han secundado una campaña contra la extrema derecha, y anima a seguir esa línea en España. De momento no ha habido ninguna que lo haya hecho, aunque este lunes algunas de ellas sí han criticado a Milei por sus palabras contra Sánchez.

El presidente no ha hecho ninguna mención al incidente protagonizado por su ministro de Transportes, Óscar Puente, quien el pasado 3 de mayo dejó caer que Milei podría estar tomando algún tipo de “sustancias” y que sólo así se explicaban ciertas intervenciones públicas suyas. Es un asunto polémico que el PP usa para poner al mismo nivel las palabras del argentino con las que le dirigió el ministro español. Sí ha hablado de la cuestión el ministro Albares, que ha asegurado que Puente “pidió disculpas” y ha recordado que el portavoz de Milei, Manuel Adorni, dio por cerrada oficialmente esa crisis mucho antes del viaje a España.

En realidad, Puente no pidió disculpas, sino que alegó que había pronunciado esas palabras en un contexto distendido —estaba en una facultad con estudiantes universitarios— y afirmó que, si hubiera sido consciente de la repercusión que tendrían, “nunca las habría dicho”. El Gobierno tampoco desautorizó a Puente. Ahora, después de dar por cerrada la crisis oficialmente, el entorno de Milei utiliza esas declaraciones del ministro español para justificar la agresividad del mandatario argentino.

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Argentina está en una profunda recesión económica, que el ajuste de Milei y el enorme aumento de precios que provocaron sus primeras medidas liberalizadoras no ha hecho sino empeorar. La inflación es del 8,8% mensual, 289% anual, 65% en lo que va de año, ya con Milei al frente. Y aun así él considera un éxito ese 8,8% mensual porque bajó sobre el mes anterior, en plena recesión y con el consumo muy ralentizado. La economía está cayendo al 3,2% anual. El índice de producción manufacturero se desploma a un ritmo del 21% anual. La construcción está cayendo al 42%.

Milei necesita hablar de batallas culturales contra “el socialismo”, enfrentarse a Sánchez, a cualquiera que represente al progresismo mundial, calentar a la derecha “contra los zurdos” a los que no se debe “conceder nada ni siquiera cuando parece que tienen razón”, según dijo en Vistalegre, porque su análisis económico no resiste el mínimo contraste con los datos. El presidente argentino sostiene entre grandes aplausos que el socialismo conduce a la pobreza y la muerte. Pero como para él el socialismo es todo, incluidos prácticamente todos los gobiernos de Europa, eso implicaría asumir que Europa va mucho peor que la Argentina de Milei o lo irá pronto. Algo difícil de defender con seriedad.

Argentina, además, no ha estado siempre, como viene a decir Milei, en manos de los que él llama “socialistas”, en realidad una amalgama de peronistas donde hay muchísima mezcla ideológica, incluida mucha derecha. Durante 10 años (1989-1999) tuvo al frente a Carlos Menem, que hizo políticas liberales de las que le gustan a Milei. De hecho, algunos de los que mandan ahora con Milei estuvieron en el equipo económico de Menem. Y el resultado fue que todo acabó estallando en 2001, corralito incluido. Y si vamos más atrás, la dictadura tuvo siete años de neoliberalismo que dejó a la democracia de Alfonsin con 320% de inflación. Y después tuvo a Mauricio Macri (2015-2019), que apoya a Milei, y acabó en un rescate del FMI. Y después, sí, tuvo a los peronistas y se hundió aún más, y por eso Milei ganó las elecciones, en pleno desplome de credibilidad del Gobierno de Alberto Fernández. Por el contrario, las políticas que él define socialistas, con la ayuda de los fondos europeos, también anatema para Milei, tienen a España creciendo al 2,4%, con datos de empleo récord, una inflación anual del 3,3% y una producción industrial récord con beneficios empresariales disparados.

Milei ha roto todos los puentes. Algunos señalan que esto es una respuesta al ataque del ministro Óscar Puente. En realidad, el portavoz de Milei, Manuel Adorni, dio oficialmente por zanjada esa crisis después de un durísimo comunicado en el que el presidente argentino decía que Sánchez pone en peligro a las mujeres españolas al abrir paso a la inmigración ilegal. No parece, pues, probable que sea una reacción en diferido a Puente. Milei ya fue a Davos a acusar a los mayores capitalistas del mundo de entregarse al socialismo. Es un provocador, que vive de la tensión, y probablemente habría hecho lo mismo o algo muy parecido sin necesidad de que Puente hablara de su consumo de drogas, algo que en el Gobierno se vio como una metedura de pata y que el propio ministro admitió que si hubiera calculado su repercusión no lo habría dicho.

Milei está en otra dimensión. No necesita ayuda ni excusa para provocar. Es su lugar natural, el que le ha dado el éxito, el mismo que le llevó a decir que el Papa argentino es “el representante del maligno en la tierra” y luego, una vez elegido, irse a Roma a abrazar a Jorge Mario Bergoglio. No hay límites en el mundo Milei. Todo da igual si funciona para generar atención y provocación, para ocupar todo el espacio mediático y dejar a la oposición desaparecida, como aprendieron todos sus herederos del gran maestro, Silvio Berlusconi. Y aun así, ni siquiera Berlusconi se habría atrevido a tanto en el extranjero. Sánchez, por el contrario, tragó quina en Roma al llamar “cara Giorgia” a Meloni para tratar de suavizar la tensión entre los dos gobiernos en las antípodas ideológicas. Y la propia Meloni, brutal en los mítines de Vox cuando aún era solo candidata, se cuida mucho de lanzarse directamente contra Sánchez para evitar una crisis diplomática como esta.

Milei parece, pues, encantado con esta batalla, a pesar de las consecuencias graves en dos países que no pueden permitirse el lujo de tener una crisis diplomática de este nivel con todas las interrelaciones que los cruzan. Sánchez también ha reaccionado con rapidez porque políticamente Milei y el cónclave ultraderechista en Vistalegre coloca el marco donde lo buscaba el presidente: en una batalla entre la ultraderecha, con sus formas brutales y su fondo de ruptura total de los consensos más básicos, y el modelo progresista que ha marcado la gestión de la crisis del covid en la UE. El más incómodo con la polémica parece el PP, que se niega a apoyar a Sánchez incluso cuando es atacado en España por un presidente extranjero ―muchos socialistas recuerdan a José Luis Rodríguez Zapatero defendiendo a José María Aznar frente a los ataques a Hugo Chávez en la cumbre iberoamericana del “por qué no te callas”― pero a la vez no quiere entrar en el marco que ha fijado Vox trayendo a Milei. La campaña europea está lanzada. La sesión en el Congreso el miércoles será muy relevante en este contexto. Pero ojo, nada es neutro, y la crisis diplomática tendrá consecuencias de fondo si alguien en Buenos Aires no decide arreglarla.

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El PP confía en dar un golpe muy duro al presidente y al Gobierno en estos comicios y sacarle al PSOE hasta siete puntos, tras convertirlos de nuevo en un plebiscito sobre Sánchez y movilizar así a la derecha. Pero después del exitazo del PSC, en La Moncloa creen que las cosas han cambiado mucho y las expectativas son diferentes. Este sábado, en un mitin en Barcelona, el líder del PSOE se dio el lujo incluso de augurar que van a ganarle al PP las europeas. Es un objetivo prácticamente imposible, porque el PP va a absorber todo el voto de Ciudadanos y lo tiene muy fácil para ser el más votado. Pero ahora los socialistas sí creen posible reducir la gran distancia que las encuestas les auguraban en las elecciones más difíciles para cualquier gobierno, donde el voto de castigo es muy sencillo, porque no tiene consecuencias directas, y por el contrario es muy difícil movilizar a los progresistas para que respalden al Ejecutivo.

En cualquier caso, diversos miembros del gobierno y del PSOE consultados señalan que las elecciones realmente importantes, las que tenían consecuencias políticas de fondo, eran las catalanas. Y que el resultado es tan extraordinario ―Salvador Illa llegó a 42 escaños y el independentismo se quedó muy lejos de sumar mayoría, los dos grandes objetivos― que le da a Sánchez y su equipo un aval político tan fuerte que las europeas, sea cual sea el resultado, no impedirán que la legislatura se consolide y el presidente pueda tener varios meses de calma por delante siempre que Junts y ERC, sus dos aliados imprescindibles, no decidan salirse de la mayoría o imposibilitar la aprobación de los Presupuestos a finales de año. El debate interno abierto en ERC es lo que más preocupa en este sentido, pero en La Moncloa confían en que la mayoría aguantará.

“Cataluña se ha convertido en nuestro principal argumento. La derecha se ha quedado sin nada. ¿De verdad toda su oposición es sacar a Begoña Gómez en un caso que no se sostiene? ¿Y cuando quede archivado? Lo que ha pasado en Cataluña es muy de fondo y desactiva las críticas de la derecha por mucho tiempo. Nos están dando la razón hasta periodistas conservadores”, reivindica un ministro. En el mitin en Barcelona, Sánchez insistió en esta idea: “Feijóo y Abascal miran al procés independentista con añoranza. Porque cuando gana la convivencia, Feijóo y Abascal se quedan sin discurso”.

El presidente ha dejado atrás por completo el episodio de dudas sobre su futuro y ahora parece decidido a que desaparezca en el PSOE cualquier debate sobre eso, mucho menos sobre una posible sucesión. “A mí no me van a quebrar”, insistió el viernes en La Sexta. Según varias personas que le conocen bien, lo que hizo era completamente atípico en su personalidad de resistente, y ahora ha vuelto a su lugar natural, a la ofensiva y envalentonado por el éxito en Cataluña. Sánchez no se arrepiente de lo que hizo, señalan en su entorno, y de hecho cree que muchos entendieron que mostrara sus dudas, su debilidad, especialmente las generaciones más jóvenes, pero en cualquier caso da por superado ese episodio y ha vuelto a su línea anterior.

El Sánchez de estos días se parece mucho más al de julio de 2023 que al que anunció en una carta que iba a reflexionar si debía dimitir por el acoso a su familia. Y de hecho, desde el punto de vista político, el presidente está intentando recuperar el espíritu de julio de 2023 que llevó a una movilización extraordinaria de los progresistas para frenar a la ultraderecha. Para ello le ayuda el presidente argentino Javier Milei, que precisamente en este momento de arranque de la campaña de las europeas ha viajado a Madrid para participar en un gran encuentro de la ultraderecha europea organizado por Santiago Abascal. “Se reúne en España la internacional ultraderechista. Milei dice que la justicia social es una aberración. Y eligen España para reunirse porque representamos como sociedad todo lo que odian: el feminismo, la justicia social, la dignidad laboral, un estado del bienestar fuerte, la democracia”, clamó este sábado el líder del PSOE en Barcelona. Sánchez y su equipo de campaña buscan precisamente movilizar a los electores progresistas frente al riesgo real, nada ficticio, de una Europa dominada por la ultraderecha, que aspira a todo en estas elecciones y por primera vez podría tener un peso relevante en la Comisión Europea que surja tras las urnas.

Este miércoles, Sánchez protagonizará un largo debate en el Congreso que él tratará de centrar en esta cuestión, que es decisiva para Europa. Un tercio de los europeos viven ya bajo gobiernos en los que participa la ultraderecha, ya sea nacionales, regionales o locales. Y su llegada a las instituciones europeas, especialmente a la Comisión Europea si la derecha tradicional del Partido Popular Europeo le abre la puerta, podría cambiar por completo la línea política y económica de Europa. El presidente está preparando un discurso en ese sentido, para explicar con detalle qué se está jugando en estas elecciones.

De la salida de la crisis con fondos europeos, con mutualización de la deuda -todos los europeos conjuntamente asumen el riesgo de esa deuda, algo inédito que ha pasado por primera vez tras la crisis del covid- se podría pasar a una nueva etapa de austeridad, ajustes y reducción del estado del bienestar europeo, menos Presupuestos. Además de endurecimiento de políticas en cuestiones sensibles como la inmigración pero también en políticas de igualdad, en derechos LGTBI. Con todo esto, y con el anuncio del día en que reconocerá el estado de Palestina, Sánchez tratará de usar el Congreso para fijar el marco de las europeas que él quiere, pero también tendrá que enfrentarse a una oposición que necesita golpearle, recuperar la iniciativa y cambiar el eje hacia un plebiscito del propio presidente. A partir de ahí, ya todo será campaña. Y solo después de estas elecciones empezará de verdad la legislatura, por primera vez con más de un año por delante sin elecciones, siempre que no haya repetición en Cataluña.

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Pregunta. ¿Cómo ha podido llegar Milei, con sus gritos y sus disfraces de superhéroe, a presidir un país con tanta cultura política como Argentina?

Respuesta. Argentina viene de un ciclo de frustraciones económicas muy extendido. Los últimos tres presidentes duplicaron la inflación del anterior. Fracasaron la economía, el Estado y la política. Y Milei llega justo para criticar esas tres cosas. Los disfraces, los gritos, el peinado, son un argumento político. Eso es lo que no entienden los políticos tradicionales. Su apariencia es una crítica a lo anterior.

P. ¿Por qué le votan tanto los jóvenes de sectores de clase media y baja?

R. Porque están cansados, hartos. Cuando vas sobre el terreno y les preguntas por el futuro se les ponen los ojos llenos de lágrimas. Te dicen: “No podemos pensar el futuro”. Lo dicen desde la angustia. Por eso dicen: “Que venga lo que tenga que venir, pero no aguantamos más”. Se hacen anti-Estado, y así abrazan esta causa de la libertad de Milei. Además, esta vez se han invertido. Han sido los hijos los que han transmitido el voto a los padres. Pero, además, el electorado argentino se estaba yendo a la derecha desde 2009.

P. Ahora lleva varios meses gobernando, y sus primeras políticas están devorando el poder adquisitivo de las clases medias y populares. La gente lo está pasando mal. ¿Por qué mantiene su apoyo?

R. Tiene que pasar tiempo. Hay desencanto, pero esos mismos votantes que dejan de estar tan encantados con Milei sienten asco por los candidatos que se oponen a Milei. Lo que está pasando es que los números de la recesión empiezan a ser pavorosos, pasamos ya a depauperización abrupta, a la reaparición del problema del desempleo. La esperanza se empieza a vaciar de significado incluso para electores de Milei. Empieza a cundir un cierto ánimo depresivo en Argentina, los vemos en nuestras investigaciones. Pero del otro lado, en la oposición, no entienden aún por qué gano Milei, y no hacen nada por dejar de dar asco a esa parte de la sociedad.

P. ¿Milei podría derivar en un nuevo Fujimori autoritario?

R. En el mileísmo dirigente está la fantasía fujimorista. Sus elites la tienen, sus votantes más programáticos pueden alentar esa salida, y en sus votantes más difusos puede aparecer algo así. Lo que se ve es una solidaridad con Milei porque no le dejan gobernar, le piden que sea más duro. Yo no sé cuánto va a corroer el panorama recesivo. Estoy muy impresionado por la caída del ánimo. Se ve en la calle, en las entrevistas. Ves niveles de tensión interpersonal, ves que la gente está nerviosísima, porque está perdiendo mucho.

P. Los jóvenes auparon a Milei. ¿Pueden ser otros jóvenes, ahora movilizados para defender la universidad pública, los que lo debiliten?

R. Lo de la universidad fue importante, pero esa movilización tenía dirigentes legítimos. El resto de movilizaciones no las tiene. No hay un solo dirigente que sea aceptable. Los referentes de la oposición tienen una imagen muy negativa: los sindicalistas, los líderes partidarios. Me asombra ver cómo están convencidos de que van a volver.

P. ¿Qué busca Milei con este acto con Vox en Madrid, con este papel internacional asociado a la ultraderecha europea?

R. Milei tuvo un ascenso abrupto y acelerado y un triunfo amplísimo, no como la extrema derecha europea, que lleva 40 años intentándolo. Sabe que es un icono del relanzamiento de la ola global de derecha y en particular de la extrema derecha europea. Las extremas derechas europeas lo buscan. Esto le conviene internamente en Argentina porque le da el prestigio de líder internacional exitoso. Las dos cosas que le dieron más likes en su Instagram fueron su reunión con Elon Musk y la respuesta a la protesta universitaria con una taza que dice “lágrimas de zurdos”. Este viaje a España es un win win [beneficio en todo caso] para él y sus anfitriones, que no tenían un líder carismático. Pero Milei en lo económico está a la derecha de la extrema derecha europea. Toda la derecha europea es estatalista. Hay que ver cómo modula sus palabras.

P. ¿Por qué triunfan tanto los discurso de odio? La derecha vibra cuando él habla de “acabar con los zurdos”.

R. En Milei hay muchísima ideología. El ascenso de Milei fue contra la política, la economía y el Estado. Pero desde el ascenso al poder cada vez tiene una identidad más de derecha. Todos los elementos misóginos, racistas, anti diversidad, ahora está mucho más en primer plano. Con eso compensa la falta de resultados inmediatos en la política económica.

P. ¿La pandemia ha desatado el individualismo? ¿Los jóvenes rompieron ahí con el Estado?

R. La pandemia acentuó la crítica al Estado en Argentina. Muchos trabajadores más pobres no tenían permiso para trabajar, esos supervivientes de la pandemia lo hicieron a pesar del Estado. Es gente condenada a creer que solo su propio esfuerzo los puede salvar. No pueden confiar en organizaciones colectivas. Nos que no quieren ni prepagas [seguro de salud privado], quieren tener la plata para el día que se enferme van y se lo pagan, no confían ni siquiera en eso. Se sienten animales en la selva.

P. Le votan justo los más explotados, los que trabajan todo el día. Cuenta casos de algunos jóvenes que se organizan para dormir menos y producir más. Y sueñan con Elon Musk, el hombre más rico del mundo. ¿Nadie valora lo colectivo?

R. Confían en su capacidad de trabajo de forma muy física, son mineros de los datos, son programadores, pero trabajan como los mineros de pico y pala. Desde los repartidores a los programadores. Son anti-Estado porque el Estado dificulta sus actividades. No les interesa la izquierda, pertenecer a ella es muy difícil, es muy exigente. La derecha es mucho más flexible, más heterogénea.

P. ¿Y cómo acaba esto?

R. Vamos a una fragmentación social fuerte y una violencia importante. Vamos a tener niveles de desempleo muy altos, vamos a volver a problemas de los años noventa. La inflación es un problema colectivo, pero el desempleo es un problema individual. Vemos ya casos de derrumbe personal. ¿Va a llevar eso a formar una oposición capaz de remover a Milei? Es una duda. El desprestigio de los líderes políticos tradicionales es increíblemente activo y profundo.

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Los socialistas ni se plantean de momento meter ningún tipo de presión a ERC ni para la investidura en Cataluña ni mucho menos para retomar las negociaciones de Presupuestos y consolidar la legislatura. Todo estaba bastante avanzado, y ERC parecía por la labor de negociar y aprobar los primeros Presupuestos de esta legislatura, cuando las Cuentas catalanas decayeron por la oposición de Junts y el rechazo de los Comunes y Pere Aragonés decidió adelantar las elecciones al 12 de mayo, algo que ahora con perspectiva se ve en ERC como un error fatal. En ese momento, con un PSC que había pactado los Presupuestos catalanes con ERC pese a estar en la oposición, el equipo de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que ya había empezado los contactos con todos, incluidos los republicanos, daba por hecho que el partido de Oriol Junqueras apoyaría las Cuentas a cambio de contrapartidas políticas importantes, especialmente en cuestiones de inversiones y financiación. Pero, claro, eso era con una ERC en la Generalitat, dispuesta a gestionar esas inversiones y ese dinero extra.

Ahora, los socialistas siguen convencidos de que ERC no cambiará su estrategia, y menos si es Junqueras quien sigue al frente después del congreso del 30 de noviembre, y apostará por pactos con el Gobierno para sacar rédito político y no tumbar la legislatura y abrir la puerta a una posible llegada del PP con Vox. Pero lo cierto es que no hay muchos contactos estos días, nadie en ERC parece estar pensando en eso en este momento. Solo los hay para las cuestiones inminentes, de gestión diaria en el Congreso, entre Rafael Simancas y Teresa Jordà, por ejemplo, y ahí de momento no se detecta ningún cambio: ERC se mantiene dentro de la mayoría y está previsto que vote como siempre el próximo jueves, cuando llegan las primeras decisiones en el Congreso. Después también se sumará con toda probabilidad a la aprobación definitiva de la ley de amnistía, de la que es coautora.

¿Pero qué pasará con los Presupuestos? Nadie sabe aún, pero en el Gobierno sí son conscientes de que los tiempos marcados para resolver la crisis interna complican la negociación. Junqueras dejará la presidencia de forma temporal después del 9 de junio, y ahí será la secretaria general, Marta Rovira, la que tendrá el mando hasta el congreso del 30 de noviembre, en el que podría volver a presentarse Junqueras para asumir el liderazgo pleno. El momento clave para decidir la investidura de Illa llegará, pues, con Junqueras en periodo de reflexión, pero también el de la negociación de Presupuestos, que para entrar en vigor en 2025 deberían empezar a negociarse en septiembre como tarde. Ya en julio llegará la votación de los objetivos de estabilidad, previa de los Presupuestos. Y el momento decisivo de las enmiendas a la totalidad sería en octubre. Todo eso llegaría con una ERC descabezada en manos de una secretaria general que ha anunciado que no seguirá a partir de noviembre.

No es un escenario sencillo, pero varios ministros consultados confían en que de la misma manera que a ERC no le interesa ahora una repetición electoral en Cataluña, tampoco debería desear un adelanto electoral de las generales, porque además está esperando la aplicación definitiva de la ley de amnistía que retire la inhabilitación a Junqueras, lo que le permitiría volver a presentarse a unas elecciones. ERC, analizan, necesita tiempo para recuperarse y reorientarse, y en ese contexto tiene lógica que permita que Illa sea president en solitario, sin comprometerse a nada, y ayude a Sánchez a consolidar la legislatura a cambio de relevantes contrapartidas políticas, obviamente.

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó este jueves cualquier mención a ERC, con la que también el propio Illa tuvo un mensaje de absoluto respeto, y se concentró en reivindicar que en su opinión los resultados han avalado por completo su política en Cataluña. Sánchez, que reapareció en el foro Fondos Europeos: Innovación para un crecimiento sostenible, organizado por elDiario.es, sí dio por muerto completamente el procés, al contrario que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y se burló de las contradicciones internas de este partido. “Los catalanes han votado abrir un tiempo nuevo, beneficioso para toda España. Teníamos razón los que decíamos que la superación de conflictos pasados se hace apostando por el perdón y la generosidad y teníamos razón los que pensábamos que la unidad de España no se construye a base de enfrentar unos territorios contra otros, sino de construir un proyecto común. Y tenemos razón los que creemos que los problemas se resuelven afrontándolos de frente, sin rehuirlos ni cronificarlos y mucho menos exacerbarlos, como hizo la anterior administración del PP”. El mensaje era, pues, muy claro: el procés llegó a su máxima expresión con Mariano Rajoy en La Moncloa, y ha llegado a la mínima, con los independentistas más bajos que nunca, con Sánchez en el poder.

El presidente está convencido de que lo fue su gran quebradero de cabeza, Cataluña, se va a convertir en su gran éxito, y parece dispuesto a usarlo a su favor no solo en la campaña de las europeas sino en todo lo que quede de legislatura. “El PP en Cataluña dice que el procés ha muerto y en Madrid que está más vivo que nunca. En Cataluña no hablan de indultos y amnistía durante la campaña y en Madrid convocan manifestaciones. Lo único que mantienen igual en Cataluña y en Madrid es calcar el mensaje de la ultraderecha de Abascal. Lo que rompe a las sociedades es la rendición de la derecha tradicional a la ultraderecha”, lanzó Sánchez, ya en tono claramente de campaña con la vista puesta en las europeas. El presidente presumió de su política con Cataluña pero también de la económica, que será otro de los ejes de la campaña. “Nosotros no presumimos de milagro económico, ya hemos visto donde acabaron los del milagro económico, aún siguen en los tribunales, pero gestionamos mejor la economía. Si el año pasado dije en este foro que la economía iba como una moto, este año vamos como un cohete”, remató el líder del PSOE, que ya se prepara para el choque ideológico en la campaña con un plato fuerte este fin de semana, con la llegada a Madrid del argentino Javier Milei para participar en un acto de Vox.

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Sánchez sí ha dado por muerto completamente el procés, al contrario que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y se ha burlado de las contradicciones internas de este partido sobre esta cuestión. “Los catalanes han votado abrir un tiempo nuevo, beneficioso para toda España. La victoria de los socialistas en votos y en escaños cierra una década de división en la sociedad catalana y va a abrir un tiempo nuevo de entendimiento”, ha asegurado. El presidente insiste, como le dijo a la Ejecutiva del PSOE el lunes, en que este resultado da la razón a toda su política sobre Cataluña. “Y permítanme que lo diga, porque lo hemos hechos solos, pero teníamos razón los que decíamos que la superación de conflictos pasados se hace apostando por el perdón y la generosidad y teníamos razón los que pensábamos que la unidad de España no se construye a base de enfrentar unos territorios contra otros, sino de construir un proyecto común. Y tenemos razón los que creemos que los problemas se resuelven afrontándolos de frente, sin rehuírlos ni cronificarlos y mucho menos exacerbarlos, como hizo la anterior administración del PP”. El mensaje es pues muy claro: el procés llegó a su máxima expresión con Mariano Rajoy en La Moncloa, y ha llegado a la mínima, con los independentistas más bajos que nunca, con Sánchez en el poder.

El presidente está convencido de que lo fue su gran quebradero de cabeza, Cataluña, se va a convertir en su gran éxito, y parece dispuesto a usarlo a su favor no solo en la campaña de las europeas sino en todo lo que quede de legislatura, que por su forma de hablar en este discurso parece que cree que va para largo, que es lo que ahora, después de las catalanas, están diciendo casi todos en el Ejecutivo. En el Gobierno preocupa la crisis en ERC, y la posibilidad de que los republicanos entren en una deriva de alejamiento del Ejecutivo, pero creen que hay que darles tiempo de reflexión y confían en que entenderán que lo más positivo para todos es que sigan negociando y apoyando al Gobierno a cambio de contrapartidas políticas.

El discurso de Sánchez demuestra además que ha recuperado un tono electoral muy distinto al que tuvo tras el shock de sus cinco días de reflexión, en los que según dijo se planteó seriamente la dimisión. El presidente cargó con dureza contra el PP por sus dudas sobre el procés y su cercanía en algunas posiciones con Vox. “La derecha, rendida a la ultraderecha, sigue negando la pluralidad política y la diversidad territorial de nuestro país. El PP en Cataluña dice que el procés ha muerto y en Madrid que está más vivo que nunca. En Cataluña no hablan de indultos y amnistía durante la campaña y en Madrid convocan manifestaciones. Lo único que mantienen igual en Cataluña y en Madrid es calcar el mensaje de la ultraderecha de Abascal. Lo que rompe a las sociedades es la rendición de la derecha tradicional a la ultraderecha”, remató.

Ya enfocado claramente en las europeas, Sánchez ha aprovechado además para reivindicar el “modelo de éxito español”, con los datos económicos mejores que los de otras economías del entorno, y para recordar que todo esto se ha hecho con una apuesta progresista por la política social, por subir las pensiones, por una reforma laboral que ha traído muy bueno datos de empleo, y sin recortes y con paz social. “Nosotros no presumimos de milagro económico, ya hemos visto donde acabaron los del milagro económico, aún siguen en los tribunales, pero gestionamos mejor la economía. Si el año pasado dije en este foro que la economía iba como una moto, este años vamos como un cohete”, terminó el líder del PSOE, que ya se prepara para el choque ideológico en la campaña con un plato fuerte este fin de semana, con la llegada a Madrid del argentino Javier Milei para participar en un acto de Vox.

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Tan crecida estaba, que se burló abiertamente del PP y sus contradicciones, ya que poco antes, en la sede este partido, mientras Alberto Núñez Feijóo señalan que “el procés no está muerto porque Sánchez lo necesita vivo”, el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, reivindicaba la propia contribución del PP, con sus 15 escaños, a que los independentistas no sumen mayoría, lo que en su opinión es la muerte definitiva del procés. Alegría, que apostó claramente por la muerte del procés el domingo en Cataluña aunque no llegó a pronunciar abiertamente esa idea, se mofó del PP: “Les pido que se aclaren”.

“El señor Alejandro Fernández o el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, dicen que el procés se acabó en las urnas. Feijóo dice que no. Que se aclaren. Pero quien ha hablado con rotundidad han sido los catalanes, que apuestan por una nueva etapa de convivencia y diálogo. Hace 15 años España vivió la mayor crisis política y territorial en Cataluña, que se generó con un Gobierno del PP y la heredó este gobierno progresista. Cuando una ve el discurso de Feijóo, piensa que los que no supieron dar una solución al problema hoy siguen sin un proyecto para Cataluña. Señor Feijóo, España ni se hunde ni se rompe. España avanza, crece, y abre una nueva etapa de diálogo y reencuentro”, remató la portavoz.

El Gobierno diseñó para este martes posterior a las elecciones en Cataluña una estrategia en la que comparecía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para dar cuenta de un informe de perspectivas económicas lleno de datos positivos de crecimiento de la economía, que se prevé que se mantendrá estable con una ligera baja los próximos dos años, y una constante creación de empleo, hasta 900.000 en tres años, batiendo sistemáticamente el récord de ocupados de 21 millones que se alcanzó el mes pasado. Además, compareció la ministra de Sanidad, Mónica García, para anunciar una ampliación de derechos con una ley de universalidad de la sanidad pública que elimina definitivamente las limitaciones que puso en 2012 el PP al acceso de los inmigrantes irregulares y también facilitando la cobertura no solo de todos los residentes en España sino de los españoles que residen en el extranjero. “Queremos desterrar la exclusión sanitaria del PP en 2012, queremos cerrar esa herida. Frente a algunos discursos xenófobos, nosotros hacemos lo contrario”, resumió García. El mensaje del Ejecutivo después de las catalanas y con la vista puesta ya en las inminentes europeas es claro: el Gobierno sigue, la mayoría aguanta, los datos económicos son muy positivos y seguirán adelante, sobre todo después de las europeas, con su agenda legislativa progresista frente a un PP que, tal como lo ven en La Moncloa, ha perdido un elemento central de su oposición, esto es la idea de que la amnistía iba a reforzar a los independentistas.

Alegría fue muy clara y rechazó de plano la idea, que Feijóo quiere explotar, de que Pedro Sánchez vaya a forzar a Salvador Illa a permitir que Carles Puigdemont, que perdió las elecciones frente al socialista, sea president. “El gobierno de Cataluña se va a elegir en Cataluña”, insistió la portavoz. “Los catalanes ya han hablado este domingo con la máxima claridad, con un mensaje rotundo, con datos históricos. Ahora es importante que las fuerzas políticas hagan una lectura serena sobre el resultado. Respecto a la estabilidad del Gobierno, nosotros hemos dialogado con todos y hemos sacado muchas leyes adelante en la anterior legislatura, y en esta vamos a seguir caminando en la misma dirección. Estamos comprobando que las medidas mejoran la calidad de vida. El ministro de Economía ha explicado la solidez de la economía de nuestro país. La ministra de sanidad ha trasladado ampliación de derechos en la cartera de salud. Vamos a seguir en ese camino, aprobando leyes que mejoren la vida de los ciudadanos. Va a haber gobierno en Cataluña, a esta legislatura le quedan tres años como mínimo. He visto hoy una noticia marciana”, señaló en referencia a algunos medios que planteaban la posibilidad de un adelanto electoral en otoño.

El Ejecutivo se siente así fortalecido políticamente por las catalanas y se prepara ya para la gran batalla de las europeas. Sin tiempo que perder, el PSOE presentará la candidatura de Teresa Ribera para las elecciones del 9 de junio este miércoles en Sevilla. El sábado, Sánchez y la vicepresidenta tercera serán los protagonistas, con Illa como anfitrión, en Barcelona del primer gran acto de la precampaña.

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La gobernabilidad en Cataluña es una cuestión más compleja, y precisamente el hecho de que todos los partidos implicados, no solo el PSC sino también Junts y ERC o los Comunes, estén también pendientes de esa campaña en la que se la vuelven a jugar, dificultará la toma de decisiones de manera inmediata. Probablemente no habrá nada definitivo hasta después del 9 de junio, cuando son las europeas, aunque antes tendría que cerrarse una cuestión importante, la mesa del Parlament, que debería constituirse como muy tarde el 10.

Illa, según fuentes socialistas, trabajará para hacer una mesa equilibrada que cuente con todos y empezar ahí a buscar una nueva etapa más calmada que le permita pensar en un pacto con abstenciones para poder gobernar en solitario y evitar una repetición electoral que, en teoría, no debería convenir a nadie, desde luego no a ERC, la más debilitada tras los comicios y cuyos voto son decisivos. “Lo deseable es que las elecciones no impidan esta tarea. Nosotros nos vamos a poner las pilas”, aseguró Núria Parlón, portavoz del PSC, que remarcó que la estrategia del PSC es hablar con todas las fuerzas, salvo las que fomentan los discursos de odio (en alusión a Vox, que ha logrado 11 diputados, y Aliança Catalana, dos).

Pese a que los primeros movimientos tanto de ERC como de Junts indican que no tienen intenciones de abstenerse para que Illa pueda ser investido, en el PSC confían en que poco a poco todos se irán dando cuenta de que en este momento es la opción más sensata para todos después de un resultado tan claro. Illa dejará estos días que cada partido haga la digestión del resultado, especialmente duro para ERC, pero también frustrante para Junts, que confiaba en tener una mayoría independentista y ahora ve que la investidura de Puigdemont es una quimera salvo que se abstenga el PSC, algo impensable después de una victoria tan clara.

En La Moncloa y en el PSOE creen además que este gran resultado, que en su opinión pone el final definitivo en las urnas al procés, hará que la mayoría con la que gobierna Pedro Sánchez, lejos de debilitarse, se consolide, salvo que ERC entrara en una deriva interna imprevisible y decidiera romper con todo. Lo que se había hablado entre el PSOE, ERC y Junts, es que nada de lo que sucediera en Cataluña afectaría a los pactos de legislatura que se habían establecido, con diversas mesas de diálogo, y eso es lo que piensan mantener.

En esta legislatura Sánchez depende tanto de los votos de ERC, la gran derrotada de las elecciones catalanas, como de Junts, que pretende una investidura en Cataluña con la abstención del PSC. Sin embargo, el propio Puigdemont dejó claro este martes que las dos cosas no están relacionadas: no condiciona el apoyo en Madrid a lo que haga el PSC en Cataluña, sino al cumplimiento de los acuerdos de investidura y los avances de las mesas de diálogo.

Fuentes de Ferraz subrayan que los acuerdos de investidura con ERC y Junts no están ligados a quién gobierna en Cataluña y añaden que Salvador Illa está al corriente de todo lo que se habla en las mesas con los independentistas. “Los resultados de estas elecciones no tendrán ninguna repercusión en la gobernabilidad”, afirmó Esther Peña, la portavoz del PSOE, tras la reunión de la ejecutiva federal.

“El PSOE tiene acuerdos de gobernabilidad con Junts y Esquerra, y el PSOE cumple sus acuerdos. Además, no hay ninguna otra alternativa al presidente Sánchez, que ha visto validada su hoja de ruta con unos magníficos resultados para el PSC. Por tanto, ninguna duda de la continuidad de un Gobierno que está a pleno rendimiento y al que le quedan más de tres años y medio por delante, con una agenda legislativa intensa e intensiva”, ha manifestado. Peña incluso se ha mostrado convencida de que ERC “jugará un papel determinante en el diálogo” que Illa abrirá en Cataluña para recabar los apoyos a su investidura y evitar un bloqueo que desemboque en una repetición electoral.

“Iremos partido a partido”, desdramatiza un peso pesado de la cúpula del PSOE. “Tendremos que ir viéndolo, pero los dos, tanto Esquerra como Junts, nos han dicho desde antes de las elecciones en Cataluña que quieren seguir andando. Y no tienen ningún incentivo para irse corriendo”, abunda un ministro. En el Gobierno y en el PSOE nadie contempla una moción de censura con apoyo independentista que supondría la llegada a La Moncloa de un Ejecutivo de coalición de PP y Vox: “Si no se facilita la gobernabilidad y los independentistas optan por que la legislatura acabe, una de las consecuencias del cambio de Gobierno sería que se pondría punto y final a la mesa de diálogo”

Mientras, el PSC celebró este lunes su ejecutiva con la satisfacción de haber roto un techo al lograr por primera vez en unas elecciones autonómicas una victoria en votos y escaños. Los socialistas se han fijado como doble objetivo descartar la repetición electoral e investir a Illa. Amparados en sus 42 escaños, alegan que son la fuerza mayoritaria y que como tal tienen el mandato de liderar Cataluña y que su candidato tome el testigo de Aragonès. Su principal argumento es que el independentismo ha perdido la mayoría absoluta y que los electores quieren pasar página. La ejecutiva abordó estos dos escenarios: un Gobierno progresista junto a otras fuerzas y, si no es posible, uno en minoría y que alcance acuerdos puntuales aplicando la geometría variable.

Parlón mostró su respeto por la decisión de Aragonès de dimitir, pero pidió a ERC que siga la senda del PSC en este último mandato como una oposición “seria y constructiva” y que ha tendido puentes. De hecho, el PSC aprobó los presupuestos en 2023 y alcanzó un pacto con los de 2024 que finalmente decayeron. Con todo, también es verdad que los apoyos eran recíprocos porque el PSOE necesitaba los votos de ERC en el Congreso. “Si se quedan en la oposición, que no bloqueen el inicio de esta nueva etapa”, afirmó la portavoz.

La también alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet fue taxativa cuando afirmó que bajo ningún concepto harán president a Carles Puigdemont y pidió aplicar “el principio de realidad” que han arrojado las urnas. “Debería pensar (Puigdemont) que qué le conviene más: si un Gobierno de derechas que no pase página u otro que esté por la convivencia. No le deja en buena posición amenazar a un Gobierno transformador. No puede condicionar con la posibilidad de dejar caer al Gobierno de España”.

El rompecabezas es tan complicado que en su comparecencia ha sobrevolado la posibilidad de que Illa sea investido gracias a la abstención del partido de Abascal. El PSC exigió hace semanas a Junts que dijera claro que no aceptaría los votos de la extrema derecha catalana. Tras el debate electoral en TV3, todos los partidos, menos el PP y Ciudadanos, firmaron hace una semana un compromiso afirmando que ni por activa ni por pasiva aceptarían los votos de Aliança Catalana ni de Vox. La realidad es que no hay mecanismos parlamentarios para rechazar los de ningún grupo. “Lo dejamos bien claro desde el principio. Fuimos los primeros en decir que no pactaríamos con aquellas opciones que fomentan el odio”, dijo Parlón cuando se le preguntó si podría garantizar que Illa no sería investido con la complicidad de Vox. “No podemos ligar las manos a las opciones políticas que hay en el Parlament, que voten lo que quieran. Supongo que eso lo entiende todo el mundo. No podemos evitar lo que vote, pero no queremos pactos con ellos”.

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De momento, parece más bien una colaboración puntual y no indica un regreso al núcleo de poder socialista, pero lo cierto es que Pedro Sánchez conocía y autorizó esta colaboración, según las fuentes consultadas. Redondo es un especialista en campañas electorales, y las dirigía prácticamente todas desde que empezó a colaborar con Sánchez en 2017. Sin embargo, su traumática salida de La Moncloa, que se produjo en el verano de 2021 en la mayor remodelación del Gobierno de Sánchez, en la que salieron también Carmen Calvo y José Luis Ábalos, le había sacado por completo de este núcleo duro del sanchismo y le había llevado a concentrarse en su actividad privada de asesor político.

Redondo ha ido poco a poco y de forma discreta acercándose al sanchismo y sobre todo ha mantenido la relación con Illa, que finalmente le ha pedido que colaborara con él como en 2021. Illa ha querido mantener en secreto esta colaboración, y oficialmente solo se ha hecho público el nombre de su directora de campaña, Lluïsa Moret, presidenta de la diputación de Barcelona y su mano derecha en el PSC. Sin embargo, distintas fuentes socialistas confirman que el papel de Redondo, aunque se ha mantenido de forma muy discreta, ha sido decisivo en una campaña que ha logrado un éxito rotundo con 42 escaños. La campaña ha contado con el apoyo de mucha gente, según estas fuentes, que no sabían entre ellos quienes estaban detrás, y el único nexo era el propio Illa y Moret. El consultor político Aleix Sanmartín ha sido especialmente relevante en la campaña, según fuentes socialistas.

Illa ha apostado por una campaña constructiva y centrada en cuestiones de gestión, muy diferente a las que dominan la política española, concentradas en la polarización y la activación del voto en contra. Y con ella ha logrado activar el voto socialista, pero a la vez ha desactivado como nunca el voto independentista, de manera que este bloque no suma mayoría por primera vez desde 1980.

Es un éxito político rotundo no solo para Illa, sino también para Pedro Sánchez, que entiende que se ha avalado su política en Cataluña y se ha puesto el punto final definitivo al procés, el gran objetivo que se marcaron para estas elecciones. Además, en un momento de gran debilidad territorial del PSOE, después de unas elecciones autonómicas desastrosas en 2023 y tras haber perdido la joya de la corona, Andalucía, la posibilidad de volver al Gobierno en Cataluña es la mejor noticia posible para los socialistas.

Redondo estaba en su mejor momento precisamente en febrero de 2021 con las elecciones catalanas, justo en la salida de la pandemia, que Illa logró ganar aunque por la mínima, lo que le impidió gobernar. En esa noche electoral, Illa agradeció su trabajo a Iván Redondo y Paco Salazar, entonces su mano derecha en La Moncloa, que se habían trasladado a Barcelona durante dos semanas para ayudar en la campaña catalana.

Salazar salió de La Moncloa cuando cayó Redondo, pero volvió poco después y ahora es un hombre importante en el equipo de Óscar López, que fue nombrado por Sánchez jefe de Gabinete tras la salida de Redondo. Salazar estaba en el mitin de cierre de campaña en Vall D´Hebron y también ha participado en la campaña, como Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE y el hombre que dirige el aparato electoral de los socialistas. El PSOE respeta la autonomía del PSC, pero con Illa las relaciones son muy estrechas y la cúpula socialista se han volcado en una campaña que era mucho más que autonómica, porque tiene unas consecuencias evidentes en la política nacional.

Esta colaboración de Redondo en la campaña de las catalanas abre así la puerta a un regreso al entorno de Sánchez del que fuera el hombre fuerte de La Moncloa hasta su salida traumática en 2021, pero las fuentes consultadas insisten en que no hay nada hablado para otras campañas. De momento viene la de las europeas y nada indica que Redondo vaya a tener un papel en ella.

Redondo tuvo enfrentamientos fuertes con sectores muy relevantes del PSOE, que presionaron a Sánchez en varias ocasiones para que redujera su poder. Sin embargo, el líder le mantuvo en una posición de gran relevancia, con un poder muy por encima del que habían tenido otros jefes de Gabinete anteriores, hasta que decidió destituirlo de manera fulminante en julio de 2021.

En la caída de Redondo fueron muy importantes otras elecciones, las madrileñas de mayo de 2021, pocos meses después de las exitosas catalanas, que fueron un desastre absoluto para los socialistas y en las que Redondo también tuvo un papel muy destacado. Ese fiasco supuso un golpe duro para Sánchez, que estuvo unos meses pensando en su reacción y finalmente acabó cambiando su núcleo duro casi de forma completa, porque meses después salió también Adriana Lastra. Solo quedaron María Jesús Montero, Félix Bolaños y Santos Cerdán. Ahora, casi tres años después, Redondo vuelve pero de momento solo para asesorar a Illa y de forma muy discreta.

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Nunca habían tenido tan pocos escaños la suma de Junts (que antes fue Convergència), ERC y la CUP. Incluso con la recién llegada Aliança Catalana, la ultraderecha independentista, la suma es muy pobre: 13 escaños menos tiene ese bloque que, por primera vez, desde las primeras elecciones autonómicas en Cataluña, se queda lejos de los 68 escaños que dan la mayoría absoluta en el Parlament. “Los socialistas volvemos a ser la primera fuerza. Desde hoy se abre una nueva etapa en Cataluña para mejorar la vida de la ciudadanía, ampliar derechos y reforzar la convivencia”, ha celebrado el presidente del Gobierno.

“Nuestra política ha acabado con el procés. Somos la garantía de la cohesión territorial del país”, resumía un miembro del Gobierno cuando se iban conociendo los primeros datos. Sánchez siempre ha reivindicado que la manera de resolver las heridas que dejó el procés era haciendo política, y así argumentó los indultos y después, cuando necesitó los votos de Junts, la amnistía que siempre había negado. “Los catalanes han decidido abrir una nueva etapa, sin duda han contribuido las políticas del Gobierno de España, y muy en particular de su presidente, Pedro Sánchez”, le ha reconocido Salvador Illa en su comparecencia en la sede del PSC. “Las políticas de Pedro Sánchez han demostrado que los socialistas estábamos en el buen camino”, ha abundado en esa idea la portavoz del PSOE, Esther Peña, que también ha incidido en cómo “por primera vez en 40 años, el independentismo y el nacionalismo no tienen mayoría absoluta en el Parlament”.

Frente a las críticas de la oposición y de algunos sectores de su partido, con el expresidente Felipe González al frente, Sánchez defendía que su política de acercamiento para anular las consecuencias jurídicas del procés tendría un efecto muy positivo porque terminaría de eliminar el victimismo independentista y les dejaría sin argumentos políticos. El resultado de este domingo, tal como lo ven en La Moncloa y en el PSOE, avala esa tesis y refrenda que la mejor manera de hacer frente al independentismo es con política y negociación. “Felicito a Salvador Illa, por su incontestable e histórico triunfo en Cataluña. Los catalanes han decidido y han dejado caer al independentismo”, ha coincidido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, representante del sector del PSOE crítico con los indultos y la amnistía.

Sánchez no solo sale indemne de su apuesta más arriesgada, la ley de amnistía, sino que lo hace cumpliendo los dos objetivos que los socialistas se habían marcado para la noche del 12-M: una victoria incontestable, por encima de la cifra simbólica de los 40 escaños —siete escaños y 200.000 votos más que Junts— y liderar una nueva etapa tras cuatro décadas de mayoría absoluta del bloque independentista en el Parlament.

Si los independentistas lograron sacar a dos millones de personas a la calle y un resultado extraordinario en las elecciones de 2017, cuando Rajoy apostó por la política de choque total y judicialización —entonces apoyado por Sánchez, que respaldó la aplicación del 155— ahora las movilizaciones son muy pequeñas y el voto se ha quedado en la mínima expresión. Además, según los propios sondeos del CEO, el centro oficial de encuestas catalán, el desplome de los ciudadanos que apuestan por la independencia es también muy evidente. En 2017, ganaban (49% a 44%) los independentistas, y ahora se ha invertido: el 51%, no quiere la independencia frente a un 41% que la desean.

¿Y cómo afectará al Gobierno? Es difícil saber cómo reaccionará sobre todo ERC, la más perjudicada en esta noche electoral, ante una caída tan dura. Los socialistas temen que dentro de este partido se llegue a la conclusión de que apoyar a Sánchez, algo que hacen con altibajos desde 2019, les ha salido muy caro. Pero en el Gobierno están convencidos de que nadie tiene margen en Cataluña para romper la mayoría y forzar la caída de Sánchez, que podría abrir el paso a la llegada del PP y Vox. Los socialistas temían que unos independentistas crecidos pudieran subir el precio en cada negociación, pero eso ha quedado lejos porque no han conseguido sumar la mayoría.

Había mucho temor en los últimos días en el Gobierno a que Puigdemont saliera muy reforzado e incluso tuviera opciones de llegar a ser president, algo que habría sido un fiasco total y que habría roto ese mensaje de que la política del reencuentro funciona. Puigdemont ha logrado un resultado muy positivo, y ha conseguido recuperar con mucha claridad el liderazgo del independentismo, pero no tiene prácticamente ninguna posibilidad de ser president —salvo que el PSC le apoyara, algo que Illa ha descartado de manera rotunda porque nadie le puede pedir al primero que vote de president al segundo— y tampoco ha logrado acercarse al PSC tanto como esperaban los suyos en los últimos días.

Illa le ha sacado a Puigdemont siete escaños, pero sobre todo 200.000 votos y más de seis puntos, porque el sistema electoral beneficia mucho a los posconvergentes, con más fuerza donde los escaños son más baratos. Ahora queda por ver si Illa logra gobernar, algo que no será fácil, pero tampoco imposible, teniendo en cuenta que en el último momento se consolidaba una mayoría absoluta del tripartito (PSC, ERC, Comunes) que es muy poco probable que lleve a un gobierno de coalición, pero sí podría servir para una investidura y acuerdos puntuales.

La conclusión generalizada en el PSOE es que el resultado “excelente” de Salvador Illa, según distintos dirigentes socialistas consultados, supone el “fin del procés”. “Muy bien Illa, esa es la línea”, celebraba un líder territorial, preocupado no obstante por un Junts “tan fuerte”. “Es un gran resultado, disfrutémoslo”, asentía otro alto cargo regional, también inquieto por las conclusiones que el independentismo pueda sacar de estas elecciones. “¿Cuándo saca mejores resultados ERC, cuando colabora o cuando no lo hace? La última vez que hubo tripartito se quedó en 10 diputados”, advertía. “El escenario global que había ha saltado por los aires”, apreciaba otro barón. “Es un punto y final al procés, ese es el mensaje”, observaba un secretario provincial.

La lectura que hacen en Ferraz de la holgada victoria de Illa trasciende a las elecciones catalanas. En la cúpula del PSOE confían en que este resultado, como el de hace un mes en País Vasco, sea un estímulo para las europeas del 9 de junio. Los socialistas están seguros de que ambos resultados contribuirán a impulsar a la candidatura de Teresa Ribera en unos comicios que el PP plantea como un nuevo plebiscito contra Pedro Sánchez. El PSOE considera una ventaja que sean unas elecciones en las que se vota en una única circunscripción, es decir, que cada voto vale exactamente lo mismo y, por tanto, no decenas de escaños en juego en los restos de cada provincia que sí determinan las elecciones generales.

En la sala de máquinas de la campaña socialista prevén que captarán a votantes del espacio a la izquierda del PSOE con su discurso verde y que también se nutrirán con el electorado indignado por la guerra de Gaza como se ha visto en las acampadas de universitarios en campus de toda España y que reclaman el reconocimiento del Estado palestino. El Gobierno dará ese paso antes del inicio formal de las elecciones europeas, el colofón a seis meses con un maratón de elecciones en los que el PSOE ha tenido de momento dos muy buenas noches electorales y ahora se volcará para intentar al menos defenderse en la tercera, la de las europeas, mucho más complicada para el Gobierno que las dos anteriores.

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Un Junts muy crecido con una ERC muy debilitada es un escenario muy delicado para el Gobierno, admiten varios de sus miembros, aunque todos insisten en que nadie puede tumbar a Sánchez ―es inviable una moción de censura― y los independentistas, que aún no tienen la amnistía y podrían tardar tiempo en tenerla de manera completa porque el PP intentará frenarla en los tribunales, necesitan al Gobierno tanto como el Ejecutivo a ellos. “Estamos todos mucho más entrelazados de lo que pensamos. Los catalanes no perdonarán al que sea culpable de que vengan el PP y Vox con el 155 permanente”, señala una persona de confianza de Sánchez. Baste un dato: según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 55,7% de los votantes de ERC y el 57,3% de los votantes de Junts quieren que Sánchez sea presidente, frente a un 1,4% y 2,9% de los que apoyan a esos dos partidos que preferirían al líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

Los independentistas consultados, tanto de Junts como de ERC, insisten en que la legislatura de Sánchez no está en juego, porque la decisión de apoyarla es estratégica. Pero sí puede cambiar el precio. Unas negociaciones de Presupuestos con los independentistas crecidos pondrían encima de la mesa la recaudación completa de los impuestos en Cataluña, al estilo vasco, aseguran en los dos partidos.

En el Gobierno creen que al final Junts no irá tan fuerte como creen los independentistas, que incluso hablan de empate con el PSC, pero les preocupa que los de Puigdemont ganen a ERC con mucha claridad por el mensaje político que envían los votantes. “No es buena noticia que los catalanes no primen la opción más razonable”, admite un miembro del Gobierno. Aún así, varios de los consultados de los dos lados al máximo nivel insisten: en todas las conversaciones, incluidas las que se han celebrado en Suiza, ha quedado muy claro que la negociación, las mesas de diálogo y, por tanto, la legislatura siguen adelante pase lo que pase en las catalanas.

En ERC no acaban de entender cómo es posible que Junts pueda recuperarse así después de salir del Gobierno catalán. “La gran pregunta es por qué en toda España ven claro que [Oriol] Junqueras se comió cuatro años de cárcel y Carles Puigdemont no, y por tanto quien asumió el coste personal más fuerte, pero en Cataluña, una parte del independentismo no lo ve así y cree que ERC es la traidora y la blanda”, admite un dirigente. La gran duda, también para la estabilidad de la legislatura, es qué pasará en Junts y ERC después de las elecciones. ¿Dimitirá Puigdemont si no logra gobernar, como ha prometido? ¿Caerá Pere Aragonés como responsable del posible fiasco?

Mientras los socialistas vivían en Vall D’Hebron su noche soñada ante la posibilidad de que Illa arrase más allá de los 40 escaños e incluso pueda soñar con gobernar si la victoria es muy rotunda, pero también con miedo a una movilización inesperada del independentismo que reviente el relato de Sánchez, en Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat), otro barrio obrero también muy socialista donde el PP intenta encontrar su hueco, Feijóo y el candidato del PP, Alejandro Fernández, también mostraban entusiasmo ante la recuperación de su espacio. ”Vamos a pasar de novenos a cuartos, somos los primeros después de los tres grandes que han gobernado, eso ya es un éxito”, señalan en el PP. En el partido de Génova sufren un sudor frío aún peor que el de los socialistas ante la posibilidad de que Vox les gane la partida en una tierra decisiva, sin la que es casi imposible gobernar, como se demostró el pasado 23-J.

“Con un voto más emotivo y menos de gestión como el de Cataluña, donde el PP no está en la ecuación para gobernar, es lógico que Vox sea más competitivo, pero vamos a ganarles sin problemas”, rematan en el PP. Para Santiago Abascal, líder de Vox, también será una noche importante. Una victoria aunque sea por la mínima frente al PP desmentiría la sensación instalada, sobre todo por los populares, de que los ultraderechistas han iniciado un imparable declive.

De hecho una de las situaciones más imprevistas de esta campaña es esa guerra a la que ha entrado Feijóo con Vox en el discurso más duro contra la inmigración, vinculándola directamente a la inseguridad. Por el contrario, en el mitin de Vall D`Hebron, Sánchez recibió dos ovaciones muy claras: una cuando dijo: “sé cuál es el precio que hay que pagar pero por supuesto que vale la pena”, dejando claro así que quedó atrás su amago de dimisión, y otra cuando señaló que España es un país “abierto, tolerante, solidario, y los inmigrantes nos ayudan a crecer, a consolidar empleo, a cuidar los servicios públicos, a cuidar de nuestros mayores dependientes”.

El PP, que en la campaña vasca apenas habló de ETA y Bildu, en la campaña catalana apenas lo ha hecho de la amnistía, en un giro sorprendente que demuestra que la olla madrileña es muy diferente al resto de España. Sin embargo, los populares sí preparan una campaña de las europeas centrada en la amnistía, que saldrá del Senado la próxima semana, y volverán al eje del plebiscito a Sánchez. Mientras, los socialistas están encantados con este último giro a la derecha de Feijóo en Cataluña, que se suma a las leyes de “concordia” rechazadas por los relatores de la ONU que Sánchez piensa explotar al máximo en las europeas. El PP intentará de nuevo un plebiscito sobre Sánchez, y el PSOE y Sumar tratarán de movilizar a la izquierda frente al ascenso de la ultraderecha y de una derecha cada vez más cercana en algunas posiciones.

Yolanda Díaz, líder de Sumar, también echó el resto en el cierre de campaña en Barcelona para intentar frenar la caída que auguran las encuestas a sus aliados de los Comunes y evitar así esa sensación que se ha instalado después de las elecciones gallegas y vascas de que su espacio está en clara decadencia electoral. Sumar está presionando al PSOE para activar cuando antes las principales medidas pactadas en la coalición y arrancar con fuerza la legislatura sin esperar a que acabe el largo proceso electoral con tres comicios en tres meses.

Todos los partidos nacionales están volcados en Cataluña. Cada uno tiene sus propios riesgos y sus esperanzas. El que más se juega claramente es Sánchez, que necesita apuntalar su legislatura. Pero nadie es ajeno al vértigo catalán, que nunca deja indiferente. En 2021 supuso una inyección de moral para Sánchez, que salía de la pandemia y vio cómo triunfaba Illa, la cara más visible de la lucha contra la covid. Por el contrario, para Pablo Casado el fiasco del PP fue el principio del fin, que llegaría un año después. Cataluña decide más que nunca el tablero nacional. Es posible que no se vea ni siquiera con claridad la misma noche electoral con qué consecuencias. Pero nadie duda de que este domingo, a pesar de que el sol y el calor en Cataluña invitan a la gente a irse a la playa ―es muy impactante el poco ambiente electoral que se percibe en Barcelona― los catalanes que decidan ir a votar marcarán el futuro de la legislatura y la resistencia de la delicada, pero de momento estable, mayoría con la que gobierna Sánchez.

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El Gobierno español se está coordinando con otros países europeos dispuestos a dar este paso para intentar que se produzca un reconocimiento simultáneo. El primer ministro irlandés, Simon Harris, reveló el pasado lunes que había hablado del asunto con Pedro Sánchez. “El reconocimiento formal de Palestina es importante como parte del reconocimiento de que una solución de dos Estados es la manera de lograr la paz y la estabilidad en la región”, escribió Harris en la red social X. “Ambos estamos ansiosos por lograr avances en este sentido muy pronto y nuestros gobiernos permanecen en estrecho contacto”, añadió.

Ese mismo día, Sánchez también apuntó que la conversación con Harris aceleraba las cosas. “Esta mañana he conversado con el primer ministro de Irlanda sobre la voluntad de ambos gobiernos de reconocer el Estado palestino y coordinar nuestros esfuerzos para llevarlo a cabo. La solución de los dos Estados es la única fórmula para lograr un futuro de paz, seguridad y estabilidad en la región”, señalaba el presidente español. Con Irlanda las cosas están muy avanzadas para hacer el reconocimiento el mismo día, el 21, en el que ambos tienen reuniones de sus gobiernos previstas, pero las conversaciones incluyen también a los jefes de Gobierno de Malta y Eslovenia, que el pasado 22 de marzo, en los márgenes del Consejo Europeo, se comprometieron al reconocimiento del Estado palestino. Este jueves, el Gobierno esloveno ha anunciado que enviará al Parlamento la propuesta de reconocimiento del Estado palestino antes del 13 de junio, informa Efe. En Eslovenia, al contrario que en España, la decisión requiere aprobación parlamentaria.

Sánchez tiene en este movimiento el apoyo cerrado de Sumar. De hecho, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pidió que se hiciera el pasado martes, sin esperar ni un día más. Sumar quiere ir más lejos y su portavoz, Íñigo Errejón, exigió este martes al PSOE que defienda “sin ambages” al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de los ataques que está recibiendo de Israel por un carta que envió a las empresas que operan en este país para que reflexionen si quieren contribuir a lo que definió como un “genocidio” en Gaza. Sumar también ha atacado con dureza al portavoz del PP, Borja Sémper, por acusar a los manifestantes en las universidades españolas contra el ataque a Gaza de “apoyar a Hamás”.

Este asunto ya es una cuestión central de la política española, y probablemente será un elemento importante de la campaña para las europeas. Las posiciones están cada vez más claras y el PP se está alejando de la decisión del reconocimiento de Palestina. Sánchez no necesita ninguna votación en el Congreso, porque es una competencia exclusiva del Gobierno, pero sí se ha comprometido a avisar a los grupos y llevar este debate al Parlamento. Ahí el PP ya ha apuntado que, aunque defiende la solución de los dos Estados —Israel y Palestina— y por tanto el reconocimiento de Palestina —algo que los populares ya aprobaron en 2014 en una proposición de ley pactada con los socialistas—, cree que este no es el momento adecuado para hacerlo.

En las últimas semanas, varios países caribeños (Trinidad y Tobago, Bahamas, Jamaica y Barbados) han reconocido al Estado palestino. Con ellos, ya son 142 de los 193 miembros de la ONU los que han dado ese paso. El pasado 19 de abril, Estados Unidos vetó el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas, una iniciativa que tuvo el apoyo de 12 de los 15 países que se sientan en el Consejo de Seguridad. Este viernes se votará la candidatura palestina en la Asamblea General, donde obtendrá un apoyo muy mayoritario (España ya ha anticipado que votará a favor), lo que supondrá un fuerte respaldo político, aunque no tiene carácter vinculante.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado este jueves que el reconocimiento del Estado palestino se producirá “muy pronto”, pero no ha querido confirmar la fecha. “Las decisiones del Consejo de Ministros nunca se anticipan. Estamos hablando con varios de nuestros colegas europeos para analizar el mejor momento de hacer ese reconocimiento y ustedes lo conocerán a través de la decisión del Consejo de Ministros”, ha dicho a la entrada de un acto conmemorativo del Día de Europa, junto al alto representante de la UE, Josep Borrell.

Albares viaja este jueves a Washington, donde mañana explicará a su homólogo estadounidense, Antony Blinken, la decisión española. Estados Unidos, principal aliado de Israel, se ha pronunciado en contra del reconocimiento unilateral de Palestina, pero no ha sido beligerante al respecto. El pasado día 12, un portavoz del Departamento de Estado aseguró que EE UU apoya la fórmula de los dos Estados, pero cree que la mejor forma de lograrlo es “a través del diálogo y la negociación entre las partes y con otros países de la región”. No obstante, apostilló: “Cada país debe tomar sus propias decisiones con respecto a cuándo y dónde hace reconocimientos de este tipo”.

El jefe de la diplomacia española visita Washington en un momento de máxima tensión entre la Administración estadounidense y el Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu, hasta el punto de que el propio presidente Joe Biden ha amenazado con suspender el suministro de armamento si el ejército israelí entra en Rafah, donde se refugian más de un millón de gazatíes. “He dejado claro a Bibi [Netanyahu] y al gabinete de guerra que no van a contar con nuestro apoyo si atacan esos centros de población”, ha declarado Biden a la CNN, después de que trascendiera que Estados Unidos ha retenido la entrega de una partida de bombas.

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Mientras el argentino Javier Milei, cuyas políticas ultraliberales son reivindicadas por algunos sectores de la derecha española y apoyadas por multimillonarios libertarios como Elon Musk, asegura que Sánchez conduce a España “a la pobreza y la muerte”, el presidente ha recordado ante los empresarios las buenas cifras económicas españolas y les ha pedido que usen “la bonanza actual” de su cuenta de resultados para reinvertir e innovar pero también para subir los salarios de sus trabajadores. Y sobre todo, que se impliquen en defender la democracia y el modelo actual frente a los ultras, porque ese modelo europeo también es fundamental para las empresas, que en la visión de Sánchez también son hijas de la democracia. Es un asunto que el presidente ya había planteado ante la CEOE, y parece evidente que está buscando la complicidad de las empresas frente a la ultraderecha y también para que le ayuden a rebajar el clima político.

Después de cinco años de ausencia en este foro del Instituto de la Empresa Familiar, que en otras ocasiones ha sido crítico con políticas del Gobierno de coalición y que tiene entre sus miembros destacados a Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, uno de los empresarios con el que más directamente ha chocado el presidente por su decisión de trasladar su compañía a Países Bajos, Sánchez ha acudido al Teatro Real para tratar de reconciliarse con este mundo empresarial y dibujar un panorama político en el que, después de la tempestad, debería llegar la calma que siempre favorecer a las empresas, también en Cataluña, a la que ha hecho mención.

Pero sobre todo el presidente tenía como objetivo lanzar ese mensaje de reconciliación, de reconocimiento de las empresas y pedirles que sean conscientes de que ellas también se juegan mucho en la lucha para defender la democracia frente a la ultraderecha y los gobiernos totalitarios de varios países del mundo que la ponen en riesgo.

“Las empresas sois imprescindibles para el crecimiento, el bienestar y la estabilidad de un país. Creáis empleo, innovación, oportunidades en todo el territorio”, les ha reconocido Sánchez para añadir una petición: “Pero las empresas sois también producto de la democracia. Sois el resultado de un orden internacional basado en reglas, que ahora se está poniendo en cuestión por potencias no menores. Sois producto de un Estado del bienestar que garantiza algo muy importante que es la igualdad de oportunidades. Y porque garantizáis la dignidad laboral, sentáis las bases de una prosperidad inclusiva. Hoy os quiero pedir que os impliquéis en sostener este modelo, que sigáis elevando el poder adquisitivo de los trabajadores, que frenemos entre todos la crisis climática, que defendamos entre todos la democracia, el único sistema capaz de aunar justicia social con libertades civiles y crecimiento económica. Lo que gustaría pediros es que nos ayudéis a mejorar la vida de la gente”, ha rematado el presidente.

Sánchez, en tono siempre amable, les ha recordado implícitamente que las cosas están yendo muy bien para la mayoría de las empresas, seguramente para todas las que estaban allí representadas, y les ha pedido que suban los sueldos de sus trabajadores para redistribuir esa riqueza. “Os pido que aprovechéis la bonanza actual de vuestra cuenta de resultados para invertir en vuestro fututo como empresas y nuestro futuro como país, también para fortalecer las bases de nuestra sociedad, os animo a mejorar condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Necesitamos más innovación, mejor formación, mejores salarios, flexibilizar horarios. Muchas empresas lo están haciendo ya”, ha rematado.

El líder del PSOE, en plena campaña electoral y cuando la oposición en ocasiones asocia sus políticas al comunismo, insiste ante los empresarios en presentarse como un hombre moderado con una política económica que, pese a tener tintes socialdemócratas, ha permitido que los empresarios españoles ganen más dinero que nunca, pero sin que eso haya perjudicado la creación de empleo, con un récord alcanzado esta semana de 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social.

“Creo en la economía social de mercado. Creo que necesitamos un Estado fuerte para contribuir a la redistribución de la riqueza, que garantice igualdad de oportunidades, pero también necesitamos un mercado próspero. El Gobierno será vuestro aliado”, ha concluido para agradar a un público no especialmente próximo, aunque el nuevo presidente del Instituto de Empresa Familiar, Ignacio Rivera, de la familia fundadora de Estrella de Galicia, agradeció mucho al presidente que haya vuelto —no acudía desde 2018— y reivindicó precisamente lo que más reclama el presidente en el Congreso: serenar la política. “Es un placer que esté con nosotros, señor presidente, las empresas familiares necesitamos un clima político sosegado, una democracia de calidad, este marco de convivencia que tanto nos ha costado conseguir. Nos ofrecemos a ayudarle a hacer más grande nuestro gran país, España”, le dijo Rivera.

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Si los independentistas no suman y Salvador Illa gana con comodidad e incluso puede aspirar a gobernar, “será la confirmación definitiva de que la política de Sánchez era la correcta y la de Rajoy la equivocada, porque con el “no a todo” del PP subió el independentismo y con la negociación del PSOE con los independentistas bajan a mínimos históricos”, resume un dirigente socialista. Pero si suman los independentistas —la mayoría de las encuestas apunta que no llegan a los 68, pero no están muy lejos— y existe la posibilidad de que Carles Puigdemont llegue a ser elegido president, el fracaso de Sánchez habrá sido también muy relevante. “Sería un escenario terrible. Trabajamos todos los días para que eso no suceda”, señala otro dirigente socialista. El propio presidente se ha volcado más que nunca en la campaña, la semana pasada la pasó casi entera en Cataluña, y esta tiene previsto volver jueves y viernes para dar el empujón final con Illa y José Luis Rodríguez Zapatero, muy activo también.

En el PSOE hay mucha confianza en que Illa gane con comodidad, pero nadie se llama a engaño: “hay dos elecciones diferentes. Una es la del primer puesto, que ganará Illa y será un gran éxito, pero la otra es casi más importante, y es la de que no sumen los independentistas. Si logramos eso, ya pueden decir lo que quieran de que la legislatura entra en crisis, algo que está por ver, pero habremos hecho un salto histórico y ni siquiera el PP podrá negarlo”, sentencia otra persona relevante del Gobierno.

Dentro del Ejecutivo todas las conversaciones conducen irremediablemente a Cataluña. Después del amago de dimisión de Sánchez, todo su equipo está trabajando para intentar encarrilar la legislatura y llenarla de contenido. Sumar presiona también para arrancar cuanto antes con las grandes medidas pactadas. Ha habido muchas conversaciones estos días para plantear agendas ambiciosas. Hay equipos también trabajando en el plan de regeneración democrática que apuntó Sánchez sin detalles. Otros pensando en soluciones jurídicas por si el PP mantiene el bloqueo del CGPJ. Hay muchas medidas sociales en cartera. Y unos Presupuestos también diseñados para empezar a negociar. Todo está listo para arrancar en serio después de las europeas, que volverán a parar la política. Pero para eso, es imprescindible que el resultado catalán sea bueno para el Gobierno. Y eso, en este momento, según el análisis más extendido, pasa por lograr que los independentistas no sumen mayoría.

En cualquier caso, en La Moncloa insisten en que por mucho que la oposición e incluso los independentistas se empeñen, no está en riesgo la cabeza de Sánchez en estas elecciones. “Solo hay una cosa más difícil que montar la investidura de Sánchez. Desmontarla”, repiten como un mantra en el entorno del presidente. No hay posibilidad de moción censura —Junts tendría que unir sus votos al PP y Vox— y ninguno de los protagonistas de la mayoría tiene interés en ser visto como el responsable de una llegada de un Gobierno PP-Vox. Así que las elecciones catalanas, según la visión del equipo del presidente, pueden complicar la legislatura —ya no era sencilla— pero no tumbarla. Los independentistas consultados, por el contrario, creen que todo está en el aire porque ellos toman las decisiones en Madrid en función de lo que pasa en Cataluña.

Toda la política española vive, pues, pendiente de Cataluña, consciente de que unas pequeñas variaciones de diputados, que pueden moverse por unos miles de votos porque no se espera una participación muy alta, alteran por completo un relato que trasciende ampliamente a la comunidad y que marca la gran batalla política del PSOE y el PP en los últimos años, que gira alrededor de la respuesta política y judicial al procés.

Los populares no tienen un gran protagonismo en estas elecciones, y se conforman con reconstruir su espacio político, reventado en esta comunidad hasta la irrelevancia después del procés. El PP se comerá entero a Ciudadanos y aspira a arañarle algo a Vox. No tiene ninguna posibilidad de ser decisivo, pero Alberto Núñez Feijóo tratará de rematar el sorpasso a Vox y volver a unas posiciones discretas en Cataluña, alrededor de 12-14 escaños, y no ridículas, como los tres que sacó el PP en las últimas elecciones, con Pablo Casado al frente del partido. Las desastrosas catalanas de hecho dejaron muy debilitado a Casado, que intentó salvarse anunciando que vendería la sede de la calle Génova. Ahora Feijóo trata de rearmarse en esta comunidad clave para construir un proyecto que le haga competitivo en las generales en Cataluña, algo imprescindible para vencer a Sánchez, como se vio el 23-J.

En el ambiente del máximo nivel de poder de la política española no se apuesta tanto como en Cataluña por la repetición electoral. Será muy difícil hacer un Gobierno, admiten varios de los consultados, pero los que salgan más debilitados, que serán los que tengan que tomar la decisión —las encuestas indican que ERC podría ser el más perjudicado— no tendrán ningún incentivo para ir a otras elecciones que podrían ser aún peores, analizan varios dirigentes. Todo está muy abierto. Pero lo único seguro es que el domingo no se vota solo el reparto del poder en Cataluña. Se vota el relato de buena parte de la historia reciente de España y también cómo sigue una legislatura que no terminará de arrancar hasta que las piezas catalanas no estén todas colocadas.

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En realidad, el informe de la ONU se refiere a una ley que sí ha aprobado el Parlamento de Aragón: la que deroga la ley de memoria anterior, publicada en el Boletín Oficial de la comunidad el pasado 29 de febrero bajo el título de “Ley 1/2024, de 15 de febrero, de derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón”. Según ese texto quedan suprimidos: “el censo de memoria democrática, las rutas de memoria democrática, el inventario de lugares y rutas democráticas y el Centro de Investigación de la memoria democrática de Aragón”, así como “el portal web institucional del Ejecutivo sobre memoria democrática”. Además, deroga las actuaciones en el ámbito educativo previstas en la ley de memoria y por tanto la enseñanza de las consecuencias de la represión franquista. “Aquellas actuaciones en marcha en el momento de entrada en vigor de esta ley serán canceladas o sustituidas por actuaciones sobre la historia de Aragón”, afirma esta norma, que elimina así todos los avances educativos para explicar el franquismo a los estudiantes.

Sin embargo, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, del PP, ha calificado este viernes de “bulo” que se ha ya eliminado el mapa de lugares de memoria o la web de memoria democrática, pese a que así lo establece la ley derogatoria ya publicada. La consejera de presidencia, Tomasa Hernández, ha llegado a asegurar que la web “se mantendrá”, pese a que la nueva norma dice lo contrario. Vaquero ha acusado al Gobierno de “suministrar a la ONU una información sesgada, partidista con la única intención de seguir haciendo una política de trinchera”. Los autores del informe confirman a este periódico que se han limitado a analizar textos legislativos oficiales de esas tres comunidades autónomas, no escritos del Gobierno de España. Para defenderse de la acusación de los relatores de “invisibilizar” las violaciones de derechos humanos, Vaquero ha defendido ―sin querer― la ley estatal de memoria: “No es verdad. De hecho estos derechos humanos estarían igualmente contemplados en la ley de memoria democrática nacional, que es la que están aplicando otras comunidades autónomas que no tienen ley de memoria”. En la misma línea se pronunció la consejera de Presidencia: “En Aragón se aplica la ley de memoria democrática estatal”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha afirmado que “equiparar víctimas con verdugos es lo contrario a la concordia” A través de la red social X, Sánchez ha añadido: “Igualar dictadura a democracia es lo contrario a la verdad. El retroceso que representan los gobiernos autonómicos de Feijóo y Abascal no son una amenaza sino una realidad”. “El Gobierno de España defenderá la memoria democrática y la dignidad de las víctimas del franquismo”, ha agregado.

El PP se ha ido deslizando hacia las posiciones de Vox, que rechaza condenar el franquismo, y finalmente ha pactado con ese partido leyes regresivas en cuestiones de memoria histórica que en el caso de Castilla y León, por ejemplo, derogan una normativa promovida por el propio PP cuando gobernaba con Ciudadanos. El decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León lleva, precisamente, la firma del presidente autonómico de entonces, el popular Juan Vicente Herrera. Alberto Núñez Feijóo ha recomendado a Naciones Unidas que lea “los textos”, y ha llevado el asunto al terreno del terrorismo de ETA. “Para el Partido Popular”, afirmó, “los 40 años de Franco han sido una dictadura y que ETA ha sido una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica. No vamos a olvidar ni la dictadura ni la banda terrorista. Lamentablemente el gobierno tiene un compromiso con Bildu, no se puede hablar de banda terrorista, nosotros sí”.

El presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, también ha cargado con dureza contra la ONU: “Entiendo que [los relatores] ni se habrán leído la ley valenciana ni conocerán la realidad valenciana. Este presidente en estos 9 meses ha firmado 422 exhumaciones”. El informe analiza con detalle el texto legislativo valenciano, y critica, por ejemplo, que incluya a colectivos ya protegidos por otras normas, como el de las víctimas del terrorismo, lo que a su juicio “desvirtúa” el objetivo. Respecto a las exhumaciones el nuevo texto afirma expresamente que “los procesos de memoria democrática iniciados y no concluidos al momento de la entrada en vigor de la nueva ley, serán suprimidos de manera automática, a excepción de las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas”.

Desde Vox también han defendido estas leyes para atacar a la ONU. “Es un informe que evidencia para qué sirven estos organismos globalistas y es para auxiliar a los gobiernos obedientes con la Agenda 2030 cuando necesitan una cortina de humo. Vox no va a ceder ni un milímetro en la defensa de la memoria de todas las víctimas de violencia, en la protección de la concordia y la unidad entre españoles, y en preservar la libertad que tanto han atacado las leyes de memoria del consenso progre”, señalaron fuentes de este partido.

El informe anima al Gobierno central a actuar, y esto ha servido para que el Ejecutivo salga en tromba contra el PP y Vox. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este viernes en Las Palmas de Gran Canaria que la próxima semana comunicará al Gobierno de Aragón la interposición del 33.2, el artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que regula la invocación de la Comisión Bilateral entre el Ejecutivo central y uno autonómico. El objetivo, según Torres, es que el texto “entre lo que es el respeto de los derechos humanos y vuelva al cauce de la defensa de lo que son las condenas del totalitarismo y de la dictadura”, según explicó

Si el Ejecutivo regional del Partido Popular y Vox rehúsa sentarse, o las reuniones concluyen sin acuerdo, el ministro recalcó su determinación de acudir al Constitucional, y subrayó que procederán de igual manera en cuanto se presenten las leyes de la Comunidad Valenciana y en Castilla y León. “El informe de la ONU es demoledor”, insistió Torres. “Estamos ante una sumisión del PP a la ultraderecha. Esto va mucho más allá de las leyes de memoria. Va de la amenaza de que crezcan en Europa y en países como el nuestro visiones de que la política les pertenece y de que el totalitarismo debe vencer a la democracia”.

Las llamadas leyes de concordia del PP y Vox son una clara reacción política a la ley de memoria democrática del Gobierno, que ambos partidos han rechazado, pero el Ejecutivo insiste en que no pueden ir en contra de una norma estatal. El Gobierno también ha pedido amparo a instancias europeas y señala que los miembros del Partido Popular Europeo tienen una posición nítida en temas de memoria y de rechazo sin matices a las dictaduras fascistas que dominaron Europa en los años 30 y que en el caso español y de Portugal -otro país donde la derecha no tiene dudas en la condena rotunda- , se extendieron hasta mediados de los 70.

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Después, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Pilar Alegría, dejó de nuevo la puerta abierta a esta solución aunque insistió en que de momento el Gobierno sigue buscando un acuerdo con el PP y después, si no llega, tomará decisiones. “Sigue siendo deseable ese acuerdo, pero si hay un empeño total del PP en bloquear, tendrán que entender que tendremos que estudiar nuevos mecanismos. Es imprescindible recuperar el prestigio de la justicia”, aseguró.

Sumar, por el contrario, lo tiene claro y cree que hay que hacer esa reforma ya, sin esperar más al PP porque están convencidos de que no quiere un acuerdo. Sentada junto a Alegría, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, fue rotunda: “Si percibiera que el PP quiere un acuerdo no me levantaría de la mesa. Pero conozco muy bien a Alberto Núñez Feijóo. Carece de la vocación para renovar el CGPJ, creo que el PP quiere degenerar y destrozar las instituciones, necesita controlar el CGPJ para poder hacer lo que está pasando hoy en nuestro país. Quiere contribuir al desgobierno. Nosotros lo tenemos muy claro, entendemos que se puede hacer un tránsito para buscar los tres quintos y si no, se renueva por mayoría absoluta”, dijo Díaz.

El Gobierno también se abre a la posibilidad de denunciar el incumplimiento de la ley de publicidad institucional con algunos medios condenados por publicar falsedades en algunas comunidades autónomas, aunque de momento La Moncloa sigue sin concretar el plan de regeneración democrática que prepara el Ejecutivo y del que habla el presidente en las entrevistas.

La crisis de Sánchez fue este martes protagonista no solo de la rueda de prensa, donde la mayoría de las preguntas se centraron en esta cuestión, sino del propio Consejo de Ministros. Según varios de ellos, el presidente arrancó la reunión con una explicación de lo que le había sucedido en estos días similar a la que ha ofrecido en los medios de comunicación. Aseguró que su familia sufre un acoso desde hace diez años, cuando llegó a la secretaria general del PSOE, y explicó su momento de debilidad y apeló a la comprensión de los ministros, que han estado una semana entera sin poder tener ningún contacto con él más allá de escuetos mensajes de ánimo y no tuvieron ninguna información de que lo iba a pasar hasta el lunes. Solo dos de ellos, María Jesús Montero y Félix Bolaños, se enteraron un poco antes. Los demás, lo supieron como el resto de los españoles, por la intervención televisada del presidente. Después del discurso emotivo, en el que admitió su momento de debilidad, reconoció que le cuesta abrirse y hablar de sus sentimientos, y agradeció las muestras de apoyo, todos los ministros dedicaron un largo aplauso a Sánchez, según varios de ellos.

Ya antes del amago de dimisión de Pedro Sánchez, el Gobierno se planteaba activar un plan b para renovar el CGPJ sin el PP. La idea inicial era esperar a después de las elecciones europeas para hacer un último intento con el PP, pero ahora todo parece precipitarse. Si la mediación de la Comisión Europea —a la que el PP, que fue quien la propuso, ha restado relevancia en las últimas semanas— no da frutos, el PSOE se sentirá legitimado para poner en marcha otras vías de renovación y explicarlas en Bruselas. Esta intención parece haberse reafirmado tras el “punto y aparte” que, según Sánchez han supuesto sus cinco días de reflexión.

La fórmula más trabajada es la del cambio de mayorías, que implicaría reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los 12 vocales jueces del CGPJ pudieran ser renovados por mayoría absoluta, lo que permitiría su elección con el bloque de la investidura. Este cambio es posible porque la Constitución no fija cómo han de elegirse estos 12 vocales, sino que establece que se hará “en los términos que establezca la ley orgánica”. Para los ocho vocales del cupo de juristas, la Constitución sí que exige una mayoría de tres quintos, por lo que seguirían bloqueados mientras el PP no se avenga a pactarlos.

Pero si en la legislatura pasada, cuando PSOE y Podemos presentaron este plan, el Gobierno estaba en disposición de reunir una mayoría absoluta favorable a la renovación en el Congreso y en el Senado, en la legislatura actual esta fórmula se ha complicado porque el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara alta. Para esquivarlo, Podemos ha propuesto una vía sobre la que no se ha pronunciado el PSOE; que al modificar la LOPJ se deje en manos del Congreso la elección de los 12 vocales jueces, de forma que esta Cámara elegiría a 16 vocales (12 jueces y cuatro juristas) y el Senado solo a cuatro (juristas). Esta idea de rebajar las mayorías es rechazada por varias asociaciones judiciales, y este martes dos de ellas -la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente- mostraron su oposición.

En los últimos años se han tanteado otros planes, aunque al Gobierno no le convence ninguno. Una propuesta que circula entre jueces de distinto signo del Tribunal Supremo es reformar la ley para establecer que los vocales del CGPJ cesarán de forma automática en cuanto se cumplan los cinco años de mandato que establece la Constitución. Este cambio está más pensado para que no vuelva a repetirse una situación como la actual, aunque algunos jueces defienden incluso que se aplique de forma retroactiva para forzar la salida de los vocales que llevan en funciones desde diciembre de 2018. El PSOE conoce esta propuesta, pero, las fuentes consultadas aseguran que no se ha planteado porque genera dudas legales.

En las dos entrevistas que ha concedido esta semana, Sánchez no ha dado pistas de qué fórmula se está planteando el Gobierno. En TVE se mostró abierto a estudiar incluso la formulada por el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, que la ha enviado por escrito al Congreso y al Senado. Su propuesta, no obstante, no garantizarían la renovación del órgano de gobierno de los jueces, porque parte de que retirándole al Consejo su principal competencia (la elección discrecional de los altos cargos de la judicatura) se diluiría su atractivo político y el interés de los partidos por controlar el Consejo, lo que facilitaría la renovación.

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Sin embargo, el líder del PSOE sostiene que después de esa reflexión, y del apoyo que ha recibido, ahora no solo está dispuesto a seguir, sino que ni siquiera se plantea un debate sucesorio porque quiere terminar la legislatura e incluso buscar la reelección. Estos cinco días han llevado al PSOE al abismo entre otras cosas porque se ha visto con claridad que no había una sucesión preparada, que la dependencia del líder es total, algo que inquieta a muchos dirigentes pensando en el futuro, pero Sánchez no ha abierto siquiera la puerta a plantearse ese debate.

“Me he enfrentado a una situación personal inédita. Lo he pasado mal, he dormido muy poco, he comido menos, pero he encontrado la fuerza para enfrentar a esta ola reaccionaria y defender la democracia. Y trasciende a esta legislatura. Estoy con ánimo para estos tres años y los que quieran los españoles con su voto. Si los españoles quieren que continúe siendo líder del PSOE, mientras yo tenga ganas lo voy a hacer”, ha señalado.

Sánchez sigue sin concretar el plan de regeneración democrática que prepara ahora la Moncloa y que parece ser el mensaje principal que ha salido de su reflexión de cinco días. Solo tiene la idea, la necesidad de luchar contra lo que llama “la máquina del fango”, un término de Umberto Eco. El presidente se ha abierto más claramente, aunque sin contestar del todo, a la posibilidad de cambiar la ley para poder renovar el Poder Judicial por mayoría absoluta, esto es, sin el PP. El líder del PSOE intentó esa maniobra en 2021, pero se echó atrás por el rechazo de la Comisión Europea. Ahora esa idea vuelve con fuerza y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, lo ha defendido expresamente en una entrevista en Radiocable. Sánchez es más ambiguo, pero apunta en esa dirección. “Si el PP continúa en el bloqueo, el Parlamento necesitará articulará mecanismos para sacar de esta situación. No le puedo decir si con cambio de mayorías o no, le digo que la responsabilidad del Gobierno será renovar el CGPJ, y lo vamos a llevar a efecto, espero contar con una mayoría parlamentaria para llevarlo a efecto”, ha rematado.

El presidente aún no tiene un plan claro para luchar contra “la máquina del fango”, e insiste en que no lo puede “hacer solo”, y por eso pide el concurso de toda la sociedad. Pero sí apunta algunas ideas. Una de ellas es la revisión de la financiación pública de lo que define como “pseudomedios” que según él se dedican a difundir bulos. Sánchez cree que no se está cumpliendo la ley de publicidad institucional con estos medios, ya que hay limitaciones en ella para los que no difunden información veraz y contrastada, un derecho constitucional al que el presidente ha apelado.

Sánchez apunta así a la financiación por parte de algunos organismos de Ayuntamientos o Comunidades Autónomas de algunos medios que han tenido incluso condenas sistemáticas por difundir información falsa. Es un asunto muy delicado, en el que la Moncloa nunca ha entrado, pero ahora parece dispuesta a explorarlo. En el PSOE creen que muchos de estos medios, la mayoría ubicados en Madrid, se convierten realmente en instrumentos financiados por la Comunidad de Madrid para atacar a sus rivales políticos con falsedades. “Tendremos que desvelar las piezas, el dinero que hay detrás, tendremos que desvelar la praxis. Los ciudadanos tienen el derecho a tener una información veraz”, ha explicado.

El líder del PSOE también ha entrado en el delicado asunto del lawfare, e incluso ha llegado a decir que el espionaje a su familia en 2014 por parte del Gobierno del PP, para ver si había algo con lo que perjudicar su imagen, es lawfare, aunque allí no había jueces implicados. “Que yo lo he sufrido en el pasado, es evidente. Los medios están revelando que he sido objeto de espionaje en 2014. Espero que haya justicia con este asunto. Pero es lamentable que el PP no diga ni siquiera lo siento, perdón, se cometió un error”.

También ha entrado en los ataques contra su esposa, Begoña Gómez. “En lo que afecta a mi esposa, como presidente, yo digo cuando hay un caso de corrupción, como se ha visto desgraciadamente con el caso Koldo, yo actúo en consecuencia, no permito la impunidad. Quien haya hecho algo que lo pague. Pero yo también confío en que las personas son inocentes sean declaradas como tales. Hasta los denunciantes, esta organización ultraderechista [Manos Limpias] dicen que había información no contrastada y falsa. La fiscalía ha pedido el archivo. Se acusa con una información no contrastada. ¿Tengo que responder a acusaciones que no están probadas?”, se ha preguntado.

Sánchez sostiene que en el fondo todo parte de una deslegitimación de cualquier presidente progresista en España por parte del PP. “Esto no va de mí. Aznar dijo quién pueda hacer que haga. Esto es una campaña de acoso y derribo. Feijóo dijo España necesita un gobierno democrático. ¿No tenemos un gobierno democrático? Desde que Aznar llegó a presidente, no se asume el resultado de las urnas, se quiere deponer gobiernos con campañas de fango, se llame Pablo Iglesias, Irene Montero, Ada Colau, Carmen Calvo, Nadia Calviño. He tenido que escuchar que mi mujer lo que tiene que hacer es no trabajar, renunciar a su desarrollo profesional por el mío. Yo trabajo por una España en la que las mujeres tengan igualdad”, ha rematado el presidente. [ El presidente hace referencia a unas declaraciones del líder del PP en las que Feijoo no dijo que la mujer de Sánchez debería dejar de trabajar, de hecho dijo que él cree que no debería hacerlo, aunque sí apuntó que otras mujeres de presidentes lo habían hecho para evitar sospechas]

“He visto cómo las casas del pueblo son atacadas, hay piñatas con la figura del presidente golpeadas. Estas situaciones son cotidianas, hay gente que puede pensar, esto va en el cargo, que forma parte del juego. No es así. No se nos puede pedir una resistencia numantina. La libertad de información no es libertad para difamar. Es verdad que es un fenómeno muy madrileño, porque aquí se concentra buena parte del poder económico y mediático. Aquí se dice como gracia esto de ‘me gusta la fruta’. Esto está quebrando la convivencia. Es artificial, hay empleo, las cosas van razonablemente bien, pero el fango está colonizando toda la conversación pública”, se ha quejado Sánchez, que ahora parece haber convertido este asunto en una prioridad absoluta de su Gobierno, aunque de momento sigue sin concretar qué plan de ataque tiene.

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¿Pero cómo lo va a hacer? Según fuentes del Gobierno, una vez superado el shock en el que se instaló todo su equipo al temer la dimisión, en La Moncloa se han puesto a trabajar con calma para darle forma a un completo plan de regeneración democrática para el que difícilmente tendrá el apoyo de la oposición, que salió en tromba a criticar a Sánchez, pero sí el de sus socios de la mayoría, que anunciaron que están dispuestos a cambios profundos para luchar contra lo que el presidente, utilizando un término del italiano Umberto Eco, llama “la máquina del fango”. Lo que no tienen claro aún es hasta dónde llegarán las medidas, pero sí el objetivo: que la democracia española sea menos permeable a los bulos y el juego sucio. En una entrevista en TVE, Sánchez admitió en la noche del lunes que aún no tiene un plan —”si lo hubiera presentado hoy todo el mundo pensaría que esto era una maniobra, y no lo era”, dijo—, pero invitó a todos, incluidos los medios de comunicación, a reflexionar sobre posibles medidas.

Los socios, con Sumar al frente, reclaman por ejemplo cambiar la ley para renovar el Poder Judicial, bloqueado desde hace cinco años, por mayoría absoluta (ahora es preciso una mayoría de tres quintos), algo que es polémico en Europa. Es posible que ahora Sánchez pueda abrirse a esa posibilidad, aunque no está decidido. “Mi responsabilidad es si ese bloqueo continúa, tratar de buscar una solución en el Parlamento. Exploremos soluciones”, señaló en TVE abriéndose también a la solución que ha planteado el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte.

También hay otras fórmulas jurídicas para luchar contra denuncias falsas, contra acusaciones populares usadas de forma espuria, contra los bulos y la desinformación, pero todo habrá que estudiarlo con calma. Nadie parece tener prisa en La Moncloa para sacar esto adelante ahora, porque además será delicado y contará sin duda con el rechazo frontal de la oposición. En cualquier caso, insisten en La Moncloa, el respeto a la independencia judicial o a la libertad de información, valores sagrados en la Constitución, está fuera de toda duda, insisten en el Ejecutivo. Pero hay otras muchas soluciones jurídicas para atacar las malas praxis y reducir la toxicidad de la política española, señalan. De momento, el Consejo de Ministros de este martes será normal, casi de trámite, sin grandes sorpresas. Al menos es lo previsto.

Sánchez mantuvo en secreto su decisión hasta el último momento. Prácticamente solo habló durante cinco días con su familia. En TVE ha revelado además que escribió la carta del pasado miércoles solo, y que cuando se la dio a leer a su esposa, ella “fue la primera” que le dijo que no dimitiera. Y admitió que el momento crítico, en el que decidió seguir, fue el sábado por la noche, después de las movilizaciones en la calle Ferraz. Sánchez ha admitido con mucha claridad qué ha pasado realmente en estos cinco días: que el presidente buscó un refrendo popular para seguir adelante. “Indirectamente estaba buscando la respuesta de la ciudadanía, quería ver si compartían conmigo la necesidad de poner fin a esta deriva del debate público. Creo que las movilizaciones han servido para abrir un debate necesario. Qué hacer ante la mentira, la crispación. Es un debate necesario. Estos cinco días no solo los necesitaba yo, los necesitaba la ciudadanía, debemos decidir si este es el país que queremos, cómo podemos fortalecer la democracia antes estos pseudomedios, estos grupos que denuncian, estos partidos que forman parte de la maquinaria del fango”, ha asegurado.

Después, el domingo, preparó el discurso de este lunes en soledad. Solo unas horas antes de que hablara, personas de su máxima confianza creían que se iba. Cuando se supo que había ido a ver al Rey, dieron por hecho que era para anunciarle la dimisión. El líder, el domingo por la noche, había avisado a cuatro personas para citarlas en La Moncloa a comunicarles su decisión, aunque no les dio ni una pista: María Jesús Montero, Félix Bolaños, Santos Cerdán y Óscar López. Les citó una hora antes de su declaración, a las 10.00. Ni siquiera sabían quién estaría allí. Y nada más empezar les dijo, para gran alivio de todos, “he decidido seguir”. A partir de ahí todos estuvieron comentando la necesidad de buscar soluciones para luchar contra esa máquina del fango que Sánchez insiste en que no actúa solo en España, sino en todo el planeta.

Después de la intervención, Sánchez recibió a Yolanda Díaz en La Moncloa. La vicepresidenta quiere revitalizar la coalición, retomar la iniciativa, y lleva semanas exigiendo en público al PSOE más valentía, más actividad, más apuesta por medidas que cambien la vida de los ciudadanos, como en la anterior legislatura. El presidente parece ahora también dispuesto a recuperar la iniciativa, a volver con más fuerza. Aunque ahora todo está pendiente de las elecciones catalanas, en plena campaña, y de su resultado dependen muchas cosas en el camino del Gobierno.

Sánchez se ha mostrado en TVE muy molesto con Feijóo, convencido de que será muy difícil contar con él para un cambio de la dinámica política. Pero ha asegurado que llamará al líder de la oposición para iniciar este proceso y ha garantizado que por parte del PSOE se anulará por completo el insulto como forma de hacer política. “Por supuesto que voy a hablar con el líder de la posición. Sé por dónde va a ir, sé que este acoso se va a redoblar, pero creo que es relevante que la ciudadanía sea consciente de que hay una forma de hacer política que lo que está haciendo es destruir”, ha asegurado en la entrevista. “Esta máquina del fango implica situar al presidente como el enemigo público número uno de la democracia”, ha insistido.

El presidente dejó muy claro ya desde la intervención de la mañana que ha decidido hacer frente a algo que ve como uno de los graves problemas de la política en todo el mundo. “Los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible: mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías, que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España”, terminó Sánchez su declaración en La Moncloa, con un claro aviso de lo que viene ahora.

“Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminados de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. O decimos basta o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país”, llegó a decir Sánchez. Ahora, después del golpe, La Moncloa trata de recuperarse y retomar la iniciativa, que de momento pasa por enviar a Sánchez a varios medios de comunicación, este lunes en TVE y este martes en la SER. El presidente ha evitado cualquier autocrítica por el proceso de estos días, pero sí ha admitido que ha tardado demasiado tiempo en poner el foco en este asunto. Ahora será una prioridad absoluta de La Moncloa. Pero habrá que ver qué iniciativas legales llegan finalmente al Congreso.

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Los socialistas, incluidos los miembros de la cúpula, estaban muy preocupados porque Sánchez no le dijo nada a nadie hasta el último momento, ni al Gobierno ni a su partido, y eso les hacía sospechar que estaba ultimando la dimisión. Pero Sánchez, que siempre ha mostrado un gran interés por el relato y por el impacto de un giro de guion en el último momento, volvió a hacerlo y ha sorprendido a casi todos anunciando que sigue. Era la opción en la que querían creer muchos dirigentes consultados en las últimas horas: afirmaban que irse suponía reventar el PSOE y probablemente destruir la imagen pública del propio presidente, que sería tachado de irresponsable. Lo hizo además con un discurso lleno de suspense en los primeros minutos, hasta el punto de que cuando anunció que se quedaba se oyeron perfectamente en la señal de audio de La Moncloa los gritos de alegría de algunos colaboradores, que no sabían qué iba a hacer. En el último momento solo fueron informados, además del rey, con el que despachó a primera hora, María Jesús Montero, Félix Bolaños, Santos Cerdán y Óscar López, a los que el presidente citó en La Moncloa poco antes para contarles, para alivio de todos ellos, que finalmente había decidido quedarse.

Sánchez no ha explicado en su breve intervención sin preguntas y sin periodistas en las escalinatas de La Moncloa qué le ha hecho tomar esta decisión y qué planes tiene a partir de ahora. Esta noche ofrecerá una entrevista en TVE con más detalles, pero en la comparecencia apenas los hubo. Se limitó a afirmar que está muy tocado, él y su familia, pero que han decidido seguir por los apoyos que han recibido estos días. Unas 12.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se concentraron el sábado frente a la sede del PSOE en Madrid para pedirle que no dimitiera; cerca de 5.000 marcharon en la capital el domingo bajo el lema “por amor a la democracia” y también hubo una manifestación similar en Valencia con más de 2.000 asistentes. Ese mismo día, víspera del anuncio del presidente, figuras del mundo de la cultura y los líderes de UGT y CC OO le mostraron su apoyo en un acto público en Madrid.

El arranque del discurso de este lunes —que Sánchez ha escrito solo, sin contar con ninguno de sus colaboradores, según fuentes de La Moncloa— dejaba la puerta abierta a la dimisión. “En la carta que escribí a la ciudadanía les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el Gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas y agentes, entonces no merece la pena”, ha comenzado. “Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento”, seguía. “Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia”, remató para remarcar poco después: “exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias”.

Ha sido en ese momento del discurso cuando ha dado un giro para descartar la dimisión. “Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido en todos los ámbitos sociales, y que han sido importantes en la decisión que he tomado. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España”, ha dicho. “Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso, asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades”.

Sánchez, en plena campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo, apunta a una contraofensiva y pide movilización al mundo progresista. “Solo hay una manera de revertir esta situación. Que la mayoría social, como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo”. El presidente ha asegurado que “esto no va del destino de un dirigente particular” sino que “se trata de decidir qué tipo de sociedad” se quiere ser. “Nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo, inspiración para un mundo convulso y herido. Porque los males que nos aquejan forman parte de un movimiento reaccionario mundial [...] Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del gobierno de España”, ha rematado.

La euforia se ha desatado inmediatamente en los partidos progresistas, que ya estaba empezando a indignarse ante la posibilidad de que Sánchez lo dejara ahora, con tres años de legislatura por delante. Y en el mundo conservador, que siempre pensó que no se iría, también ha estallado rápidamente la indignación que augura ataques aún más duros de los que ha sufrido hasta ahora. Pedro Sánchez sigue siendo el centro de toda la política española, entre quienes lo apoyan y quienes lo detestan, y vuelve a dar un giro inesperado de consecuencias imprevisibles. El primer test para este enésimo movimiento de impacto del presidente llegará en las elecciones catalanas, dentro de dos semanas.

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Pero Sánchez no dudó un momento. La suerte, el esfuerzo y su fe absoluta en sí mismo, tres elementos clave en su carrera, se fundieron para darle una oportunidad: Susana Díaz decidió no presentarse si no era ascendida prácticamente por aclamación ―rechazó medirse con Madina― pero se vengó del vasco, que se había negado a retirar su candidatura, y puso toda la maquinaria del PSOE andaluz a trabajar a favor de la candidatura de Sánchez para hundir a Madina. Lo logró.

Ahí ya se vio muy rápido que Sánchez no era un títere dispuesto a obedecer a la baronesa andaluza. El madrileño, que llevaba toda la vida en política y se había curtido en la sombra, aprendió muy rápido a mandar, se hizo fuerte en la secretaría general y desafió a la todopoderosa Díaz. Logró imponerse como candidato electoral; fue a los comicios de 2015, con muy malos resultados; intentó la investidura con Ciudadanos y fracasó; volvió a levantarse para la repetición electoral en 2016 y, cuando todo parecía listo para matarlo definitivamente con un sorpasso de Podemos, de nuevo se salvó, por 200.000 votos. Podemos nunca más volvería a estar tan cerca de dar la campanada.

Pero los obstáculos no habían acabado. Sánchez, que tenía a casi todos los barones territoriales en contra, se enfrentó a todos con su “no es no”, su rechazo tajante a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy para facilitar la gobernabilidad. El Gobierno llevaba diez meses en funciones y Sánchez estaba dispuesto a una tercera repetición electoral con tal de no hacer esa cesión al PP. La cúpula del PSOE organizó entonces una operación interna para destituir al secretario general e imponer la abstención en la investidura de Rajoy. Y, después de un dramático 1 de octubre de 2016, con un Comité Federal del PSOE en el que hubo llantos, urnas escondidas y maniobras para echarlo, finalmente Sánchez dimitió, dejó su escaño y se fue a reflexionar, como ahora pero lejos, a California, mientras los socialistas se abstenían en el Congreso y permitían la investidura de Rajoy.

Volvió convencido, contra todo y contra todos, de que podía recuperar el poder. Le habían abandonado incluso sus amigos de siempre. Le dio igual. Buscó unos pocos fieles en las federaciones —enfrentados a sus respectivos barones, que eran casi todos anti-Sánchez, con la excepción del PSC― y recorrió España en un Peugeot 407, durmiendo en casas de militantes. De nuevo su fe inquebrantable en sí mismo, una habilidad para el relato que empezó a desplegar ahí y un poco de fortuna le llevaron a una inesperada pero arrolladora victoria por más de 10 puntos sobre Susana Díaz en las primarias de 2017.

Parecía que al fin vendrían tiempos más fáciles, pero no fue así. Sánchez tenía todo el poder, pero el PSOE no remontaba. Le iba muy mal en las encuestas, incluso se vio superado en ellas por el Ciudadanos de Albert Rivera. En 2018, Sánchez vivía en un permanente ruido interno, con Susana Díaz y varios barones maniobrando contra él. Pero llegó la sentencia del caso Gürtel, se lanzó a una moción de censura que antes siempre había descartado, aprovechó la oportunidad de una conjunción entre el PNV y el entonces PDeCAT y de nuevo la fe inquebrantable en sí mismo, el esfuerzo y la suerte le llevaron de forma completamente inesperada, cuando estaba cuarto en las encuestas, a La Moncloa.

Sánchez armó en horas un Gobierno con fichajes independientes y de prestigio, y se presentó como el primer presidente español con dominio de idiomas y una clara ambición de ser alguien en el circuito de los líderes internacionales. Y, además, empezó una gestión progresista —pactada con sus socios de Podemos, entonces casi con tantos diputados como él, 85 a 71— mientras su imagen ganaba puntos en las encuestas: subida del salario mínimo a 900 euros —un 22% de golpe, la mayor de la historia— aumento de las pensiones, reformas económicas.

En España muchos aún no lo tomaban en serio. En la derecha, incluso, lo llamaron okupa, pensaban que se hundiría rápidamente con una mayoría muy inestable. Sánchez convocó elecciones en 2019, cuando ERC tumbó los Presupuestos y la derecha venía de la foto de Colón. La jugada volvió a salirle: el PP de Pablo Casado se hundió hasta los 66 diputados, su mínimo histórico, y el PSOE logró casi el doble, 123.

Tenía dos opciones de Gobierno: acuerdo con Podemos y los nacionalistas, o con Ciudadanos. El pacto con Albert Rivera no salió y Sánchez cometió ahí el que muchos analistas ven como un error evidente: forzó una repetición electoral por no querer una coalición con Pablo Iglesias, el PSOE perdió escaños y el PP se recuperó mucho. Eso obligó al líder socialista a aceptar un Gobierno de coalición con Podemos pero más débil y más atada a ERC y EH Bildu.

Nada más empezar a funcionar el Gobierno de coalición, con sus enormes dificultades, llegó la pandemia y arrasó todo. Pero Sánchez y su ministro de Sanidad, Salvador Illa, después de un inicio de gestión desastroso ―tardaron varios días en decidir el confinamiento cuando el virus estaba entrando desde Italia, que tiene decenas de vuelos diarios con España―, salieron fortalecidos: Illa ganó las elecciones en Cataluña y Sánchez, al que la oposición intentó tumbar en plena crisis sanitaria, logró mantener su valoración alta entre la izquierda, aunque el rechazo en la derecha iba creciendo sin freno.

La coalición aprovechó para hacer una gestión progresista, con un escudo social costosísimo —se llegaron a pagar 5.000 millones de euros al mes solo en ERTEs— que protegió a los trabajadores. El país salió de la pandemia con muchas heridas y más de 120.000 muertos, pero con una economía con vida. Después llegaron otras medidas, como la reforma laboral de Yolanda Díaz. De nuevo, la suerte de Sánchez entró en acción: la reforma decisiva salió por un voto, por un error de un diputado del PP.

La coalición progresista logró aprobar casi 200 leyes en la legislatura, mientras en otros países europeos avanzaban la derecha y la ultraderecha. Sánchez además multiplicó sus gestos hacia la izquierda, como la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco para sacarlos del mausoleo de Cuelgamuros y llevarlos a un discreto cementerio familiar.

La derecha, sin embargo, no se quedó quieta. El PP descabalgó a Pablo Casado, que había acusado de prácticas inaceptables a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso —cuyo hermano se había llevado en plena pandemia una comisión de 234.000 euros por vender mascarillas a la Comunidad de Madrid—, y encumbró a Alberto Núñez Feijóo. La derecha se fue rearmando, la desaparición de Ciudadanos y el desgaste del PSOE y Unidas Podemos hicieron mella y poco a poco Sánchez fue cayendo en las encuestas mientras Feijóo se disparaba. En ese contexto estalló la guerra en Ucrania, que disparó la inflación.

Parecía llegado el final del imbatible Sánchez. Las elecciones autonómicas y locales de 2023 eran la puntilla: el PSOE perdió casi todo su poder. Y de nuevo él dio otra vuelta de tuerca y ese mismo día decidió adelantar las elecciones generales. Cuando casi todo el PSOE estaba hundido y daba por hecha la llegada de la derecha, Sánchez se echó la campaña a la espalda, recorrió los medios que más le habían criticado y en los que él no había querido comparecer hasta entonces, y movilizó de una manera imprevista a la izquierda con la ayuda inestimable de Feijóo, que permitió que la campaña se viera dominada por sus pactos autonómicos y municipales con Vox.

Sánchez siguió cometiendo errores importantes —el debate con Feijóo fue un desastre— pero siempre se levantaba. Y logró lo que parecía imposible: un millón de votos más que en 2019. Feijóo ganó por poco más de 300.000 votos, 1,3 puntos.

Después de aceptar la amnistía a los encausados del procés que, hasta ese momento, siempre había rechazado, Sánchez fue investido con el apoyo de Sumar, PNV, EH Bildu, ERC, Junts y el BNG. Ya desde las negociaciones se veía que la extrema debilidad de esa mayoría iba a deparar una legislatura muy complicada. El presidente decidió no presentar proyecto de Presupuestos para 2024 en cuanto se convocaron las elecciones catalanas, y ese fue un golpe duro para los socialistas. Pero, aun así, confiaban en recuperarse después de esos comicios, enfocar la legislatura y volver a exhibir el milagro eterno de Pedro Sánchez, la remontada perpetua.

Sánchez ahora tiene muchos más detractores que en 2014, cuando empezó y casi nadie lo conocía. El odio que le profesa un sector importante del mundo conservador es imposible de ocultar. El antisanchismo es un factor político muy relevante, de la misma manera que lo es la conexión especial que el presidente ha logrado con una parte importante del electorado progresista, que ve en él al representante máximo de la resistencia frente a la derecha. Pero lo que ya no sufre el Sánchez de 2024 es lo que le pasaba en 2014, esto es, que no sea tomado en serio. Sus rivales pueden detestarlo, pero incluso los más ultras saben que es un político con una inmensa capaz de recuperarse de las caídas. Y con un tirón electoral indiscutible que puede darle la vuelta a cualquier situación. En 10 años, Sánchez ha logrado que toda la política española gire alrededor de él, a favor o en contra. Por eso en cinco días no se ha hablado de otra cosa más que de su continuidad o su caída. Ahora que no se va, el juego empieza de nuevo con él en el centro, como siempre.

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Nadie sabe nada, pero en ausencia de información, todos aplican la lógica política. Y en ese contexto crece la hipótesis de que Sánchez va a seguir. Otra cosa es cómo lo justificaría, qué giro tendría que hacer para explicar este proceso de reflexión de cinco días que ha tenido en shock no solo al PSOE, sino a buena parte del país. Pero en lógica política, explican varios, gana la opción de no dimitir. Solo lo personal podría cambiar esa idea. Y eso es lo que más inquieta a los más pesimistas, que se imponga una decisión personal ajena a la lógica política. Estos últimos, que creen que dimitirá, apelan al hecho de que Sánchez no haya hablado con nadie en estos días. Si estuviera preparando una maniobra para quedarse y salir con fuerza, dicen, habría pedido ayuda, papeles, ideas. Y todo indica que no lo ha hecho. Aún así, los optimistas insisten con la lógica política. “No puede irse después de todo lo que ha visto. Él es un político sensible a lo que está viendo en la calle. No puede dejar que la ultraderecha gane la partida”, resume otra persona muy cercana.

En el partido, en sordina, algunos dirigentes ya empiezan a comentar que irse ahora, después de lo que se ha vivido en estos cinco días, sería una gran irresponsabilidad. Y otros están molestos por esta espera tan larga, sin ningún tipo de información, por un debate que lleva Sánchez de forma tan privada, sin compartirlo con el partido ni con el Gobierno.

Antes del sábado, en la cúpula se detectaba un enorme pesimismo. Temían que la decisión ya estuviera tomada, que fuera una dimisión irrevocable para proteger a su familia, algo contra lo que no pueden luchar los argumentos políticos. Pero después del apoyo masivo en Ferraz, de las palabras de los dirigentes, algunos apelando a los socialistas muertos en la Guerra Civil, en la represión franquista, en la lucha contra ETA, algunos de los consultados, aun sin información, quieren creer que es imposible que Sánchez se vaya en estas circunstancias.

Nadie está preparando el día después, porque ya habrá tiempo, dicen, para hacer lo que sea necesario —están en plena campaña catalana y viene un puente largo— y ahora la prioridad es lograr que se quede y muchos de los consultados confían en haberlo logrado en estos días con la explosión de emotividad que el presidente sin duda ha percibido. Pero todos descartan de plano un escenario electoral si se va Sánchez. Mucho más probable parece que se intente una nueva investidura de otro candidato socialista. María Jesús Montero es la opción natural como vicepresidenta primera y número dos del PSOE, pero podría abrirse a cualquier otro nombre del partido (la Constitución no pone límites) para aguantar el tiempo que sea posible y consolidar desde La Moncloa la sucesión, algo mucho más sencillo con el escaparate que da la presidencia del Gobierno que hacerlo con elecciones convocadas o desde la oposición. Los socios estarían prácticamente obligados a votar esa investidura, sobre todo los independentistas si quieren que la ley de amnistía salga adelante.

La opacidad alrededor del presidente es total, no ya para la prensa, sino para su propio equipo. En estos días Sánchez ni siquiera sale de la residencia, el Palacio de La Moncloa, el edificio donde vive y a la vez tiene despacho y zona de trabajo, que normalmente apenas usaba. En época de Adolfo Suárez, allí se celebraban también los Consejos de Ministros. Pero desde hace años, los presidentes trabajan en otro edificio, a un centenar de metros, donde se hacen los consejos y las audiencias en la parte de abajo, mientras en la primera planta están el despacho del jefe del Gobierno y algunos colaboradores. Es el edificio que suele aparecer en televisión, el de las famosas escalinatas. Estos días Sánchez ni siquiera acude allí. Permanece aislado en la residencia, recibiendo casi en exclusiva a familiares y leyendo miles de mensajes de apoyo de todo tipo.

El presidente despacha desde allí asuntos del Gobierno, los mínimos imprescindibles, recibe alguna llamada internacional, como la del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y trata cuestiones ordinarias con algún colaborador, pero sin dar ninguna pista del asunto más relevante que ocupa sus horas y tiene en vilo al PSOE, al Gobierno, a la política española y a buena parte del país. Desde ese edificio, más antiguo, con aspecto mucho más clásico, Sánchez ultima el anuncio de su decisión este lunes, 29 de abril, día de san Pedro Mártir, que nadie en su entorno se atreve a pronosticar. Aparentemente, el discurso también lo está preparando solo, sin su equipo. Esto es lo más extraño, porque los políticos suelen preparar sus movimientos con ideas, papeles y contrastes de muchos colaboradores.

La cúpula socialista es un tobogán de sensaciones desde el miércoles, la última vez que pudieron hablar con el líder. Fue en la sala de Gobierno del Congreso, en la que según varios de los presentes se respiraba un ambiente de enorme inquietud, muy cargado, cuando llegó Sánchez y se encerró un buen rato en su despacho para preparar la sesión. Estaba, recuerdan estas fuentes, visiblemente dolido. Una decena de ministros lo esperaban en la sala más grande, casi en silencio. Margarita Robles llegó y comentó sorprendida “estáis todos muy silenciosos, ¡qué ambiente hay hoy!”. Llegó Sánchez, con la cara desencajada, como se le vería luego en el hemiciclo, y nadie se animaba hasta que Teresa Ribera le preguntó cómo estaba. El presidente, que conocía desde hacía unas horas que un juez había abierto diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, habló poco, solo les dijo que tenía que pensar bien lo que estaba pasando. Todos le vieron muy golpeado.

Después salió a toda prisa, y en el coche tampoco habló con nadie. Se encerró, y alrededor de las 18.30, cuando todos los ministros eran ajenos a lo que se estaba fraguando, Óscar López, su jefe de gabinete, salió de una reunión ordinaria porque le llamaba el jefe. Volvió desencajado, y le dijo a Francesc Vallés, secretario de Estado de Comunicación, que tenía que publicar una carta en la que el presidente anunciaba un periodo de reflexión para plantearse la dimisión. Desde entonces, no ha habido prácticamente ninguna información solvente de lo que está pasando por su cabeza en estas horas. Varios dirigentes nacionales y territoriales consultados, que viven más de sensaciones que de información en esta cuestión, quieren creer que Sánchez no puede irse después de todo lo que ha pasado. Que no es su estilo. Que no tendría sentido y no dejaría un buen mensaje en su salida. Otros creen que la dimisión por motivos personales es imparable. La decisión es solo suya, y la incertidumbre seguirá hasta el último minuto.

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Fuera, la emoción lo llenaba todo. Dentro, en la reunión, hablaron uno tras otro los dirigentes más conocidos para pedirle a Sánchez que se quede y para ello apelaron a la historia del partido, a la Guerra Civil, al exilio, a la cárcel, a la represión franquista, a la lucha contra ETA, que acabó con la vida de 12 de sus dirigentes. Todos trataban de usar esos ejemplos del pasado, referencias familiares, las vidas de sus abuelos, para convencer a Sánchez de que no puede dejar que sus rivales políticos se cobren la pieza mayor, la del presidente del Gobierno.

El más directo al apelar a la responsabilidad de Sánchez para que aguante en honor a la historia del partido fue tal vez Eneko Andueza, que como todos los socialistas vascos, ha sufrido el terrorismo y ha llevado escolta muchos años, y sin duda, muchas veces se planteó si valía la pena. Mirando directamente a la cámara, en un mensaje a Sánchez, como la mayoría de los dirigentes, Andueza le animó a seguir por todos los que antes sufrieron por ser socialistas. “Tienes que pensar en la gente que murió en las cunetas, en las tapias de los cementerios, en los que sufrieron el exilio, la represión, la prisión. En esos viejos socialistas que iban a votar vestidos con sus mejores galas porque sabían que en el voto les iba la vida y la democracia. En los socialistas que teníamos que mirar debajo de los coches y mirábamos atrás a nuestros familiares porque no sabíamos si los íbamos a volver a ver. Piensa en todos esos socialistas, piensa en este país, en la democracia, en todo lo que nos queda por hacer. Pedro, vas a seguir, y vamos a seguir todos contigo”, remató.

Óscar Puente, una persona muy cercana a Sánchez, fue también muy directo apelando al presidente a no flaquear y no permitir que la ultraderecha gane esta partida. Puente admitió que él, como muchos otros políticos, se hace muchas veces la misma pregunta que plantea Sánchez en su carta. Esto es, si vale la pena seguir adelante ante los ataques diarios. Y para responderla, apeló como otros a la Guerra Civil. “Yo me hago esa pregunta y me contesto con la historia de mi abuelo Antonio. En 1939 lo detuvieron, iban a matarlo. Tuvo suerte porque un amigo le bajó del camión. Pasó tres años en la cárcel de Valladolid. Después vivió vida de miseria, perdió su trabajo. Cuando yo pienso en mi sufrimiento, pienso en él y creo que el mío es mucho más liviano. No puedes rendirte, no puedes entregarle a la derecha la cabeza que busca, la del secretario general de PSOE. No puedes permitirlo, Pedro”, terminó.

Después de una sesión de drama colectivo, que empezó con caras de funeral, siguió con llantos emocionados y terminó un poco más animada mientras sonaban canciones como “¡Quédate!”, de Quevedo, en la megafonía en la calle Ferraz y los militantes saltaban, los dirigentes consultados confiaban en que la combinación del apoyo masivo en la calle y las llamadas a la responsabilidad histórica de la cúpula sirvieran para que Sánchez cambie de opinión ―todos dan por hecho que su primera opción es la dimisión― y finalmente decida seguir. Pero nadie tiene ninguna certeza.

Los dirigentes insisten en que nadie se quiere poner aún en el día después de una posible dimisión de Pedro Sánchez. Todos los ojos estaban puestos en María Jesús Montero, número dos del partido y vicepresidenta primera, que sería un relevo natural en el Gobierno si el líder abandona la escena. Pero ella misma, que tuvo un cierto protagonismo porque habló en primer lugar y después encabezó de alguna manera el grupo de dirigentes que salió a abrazarse con los militantes, dejó muy claro desde el primer momento que no está jugando a eso y dedicó toda su intervención a convencer a Sánchez de que siga. Así empezó su discurso, y así lo terminó. Consciente de que lo que está viviendo el líder, que lleva encerrado en La Moncloa desde el miércoles, es sobre todo una reflexión familiar, Montero apeló directamente a la esposa de Sánchez. “Begoña, compañera, estamos todas contigo”, clamó la vicepresidenta. Al citarla, todo el Comité Federal se puso en pie a aplaudirla, consciente de que ella es fundamental en la decisión que tiene que tomar el líder.

Montero, como todos, apeló a los sentimientos de Sánchez para que siga adelante, incluso utilizó versos de Sabina ―”que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que el corazón no se pase de moda”― y llegó a contestar de forma figurada a la carta de Sánchez y sobre todo a la pregunta clave: ¿merece la pena?. “Merece la pena seguir avanzando para que haya más y mejores empleos, seguir subiendo las pensiones, avanzar por la igualdad de las mujeres, aumentar el gasto en becas, defender la cultura frente a la censura, luchar por el derecho a la vivienda, dejar un mundo mejor combatiendo el cambio climático, defender la memoria, trabajar por la paz en Gaza. Para eso te necesitamos, al presidente más valiente, y al Pedro más humano. Sí, merece la pena que ganen los buenos. Firmado, los progresistas de este país”, remató su discurso.

Después de esta exhibición de emotividad, Santos Cerdán decidió cortar a la mitad de este atípico Comité Federal para que llegara el momento esperado, la conexión de los dirigentes con los militantes que seguían el encuentro en la puerta a través de pantallas gigantes, entre ellos se encontraba Carmen Romero, exesposa del expresidente del Gobierno Felipe González. Hubo abrazos, llantos, puños en alto, música de discoteca con referencias a Sánchez ―Pedro, Pedro, Pedro, pe, de Raffaella Carrá; Perra, de Nebulossa; Resistiré, del Dúo Dinámico― pero el momento solemne llegó cuando sonó La Internacional en la calle Ferraz y el PSOE marcó así un nuevo capítulo, especialmente simbólico, en los cinco días de drama socialista hasta conocer la decisión que Sánchez tomará el lunes. En las inmediaciones de la sede socialista se han congregado 12.500 asistentes, según datos de la Delegación del Gobierno. Entre ellas estaba incluso el ex presidente argentino Alberto Fernández, que ahora vive en Madrid y se manifestó como uno más. Fernández tiene muy buena relación con Sánchez y ha sido clave para coordinar a varios presidentes latinoamericanos progresistas para que trasladen su apoyo al español. La llamada del brasileño Lula, una de las pocas personas que ha podido hablar con Sánchez, fue especialmente simbólica y pretendía inyectar ánimos a Sánchez para que no dimita.

Algunos dirigentes señalaban a la puerta de la sede que después de esto es muy difícil que el líder decida dimitir, porque la responsabilidad que le han trasladado es enorme. Sobre todo después de escuchar discursos como el de Andueza o Puente. Pero otros, los que más le conocen, temen que la decisión ya esté tomada por motivos familiares, contra los que los argumentos políticos no tienen mucho que hacer. Ya no quedan muchas horas para saber quién tiene razón.

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Todos los mensajes irán para él. Uno a uno, todos los dirigentes, incluidos los más críticos, como el castellano manchego Emiliano García-Page, mirarán a la cámara para mostrar su apoyo al secretario general y pedirle a través de la televisión que no dimita, que aguante, que decida seguir y así evite dar la victoria política a los que han dirigido la campaña contra su esposa, Begoña Gómez, que está en el origen de la decisión de Sánchez de pensar en la dimisión. Algunos dirigentes están planteando la cuestión como una batalla más allá de su líder, del PSOE o de la izquierda española. Señalan que en realidad se trata de salvar la política, la democracia, de impedir que el ambiente tóxico se apodere de todo y domine la escena. “Defendiendo a Sánchez estamos defendiendo la democracia”, señaló Patxi López, el portavoz parlamentario. “Pedro, de tu resistencia individual levantaremos una resistencia colectiva”, clamó Salvador Illa en un mitin en Cataluña.

Casi todos los ministros, presidentes, alcaldes, dirigentes han recibido insultos, acosos, y se han preguntado en algún momento si vale la pena seguir, como señala Sánchez en su carta. La conversación con ellos deriva rápidamente hacia experiencias personales duras. Por eso, aunque todos los dirigentes que hablan en público le piden que siga, en privado algunos señalan que entenderían sus motivos personales para dejarlo. Porque la política se ha convertido en algo demasiado duro. Así que la jornada de este sábado, que será decisiva, camina hacia un territorio alejado de la estrategia política clásica y que apela mucho más a lo emocional, que de hecho es el marco en el que la carta de Sánchez ha colocado el debate. El líder del PSOE, que consiguió ganar unas primarias en 2017 contra toda la cúpula empujado por las bases, ha apelado siempre a su conexión emocional con el mundo progresista, que le ha permitido tener resultados electorales inesperados. Y este sábado se puede ver algo de eso en la calle Ferraz y alrededores.

Más de 120 autobuses traerán militantes de toda España, pero, además, se espera una gran movilización espontánea de simpatizantes y progresistas en general para mostrar su apoyo a Sánchez y pedirle que siga. La cúpula del PSOE no quiere ni siquiera hablar del plan B, de qué hacer si pese a todo el presidente decide dimitir el lunes. Todas las energías del Gobierno, de la cúpula nacional y los dirigentes territoriales del partido, de Sumar también, que empuja para continuar con una labor a la que le quedan tres años de legislatura, e incluso de los socios nacionalistas e independentistas, parecen puestas en convencer a Sánchez de que no dimita.

El PSOE vive la situación con especial vértigo. Nadie sabe bien cómo se podría gestionar la ruptura abrupta de un hiperliderazgo que en ningún momento ha preparado una sucesión y que arrastra con él, como admiten en su propio núcleo duro, más capital político que ningún otro dirigente y que el propio partido, porque es él quien tiene el apoyo popular, quien moviliza, quien logra más votos para el PSOE en las generales que otros dirigentes en autonómicas o locales. Los dirigentes consultados se niegan a hablar de escenarios futuros, todo está dispuesto para convencer a Sánchez, pero en el caso de que se fuera, lo que parece casi seguro es que nadie se plantea un escenario electoral. Quedan tres años de legislatura y la opción más probable sería buscar una investidura de otro candidato socialista —la vicepresidenta María Jesús Montero sería una salida natural— y buscar el apoyo de los socios, que no solo han dicho públicamente que quieren continuar con la mayoría sino que, además, en el caso de los independentistas, necesitan que siga la legislatura porque la ley de amnistía aún no está aprobada.

Pero nadie está en eso ahora. Incluso la propia Montero señaló en La Sexta que ni se plantea ese escenario de que ella fuera a una nueva investidura. “No estamos en ningún otro escenario que no sea que el presidente continúe”, remató Félix Bolaños, ministro de Justicia. El núcleo duro del Gobierno y el PSOE —Montero, Bolaños, Pilar Alegría, Santos Cerdán, Óscar Puente, Óscar López— se reunió de nuevo este viernes en La Moncloa, pero nadie planteó el escenario del día después si Sánchez dimite, según diversas fuentes. Lo que hicieron fue compartir información del ambiente en el partido, de la movilización que se está fraguando para apoyar en Sánchez, y conjurarse para hacer todo lo posible para que siga. Nada de empezar a trabajar en el escenario de la dimisión. De nuevo, se reunieron sin el líder, que solo está contestando a mensajes agradeciendo el apoyo pero que sigue sin querer reunirse con nadie y solo habla con su familia. En la cúpula está instalada la idea de que Sánchez está meditando muy seriamente la dimisión, pero esperan convencerle con una movilización extraordinaria de apoyo.

El presidente sí recibió una llamada internacional de apoyo importante, la del brasileño Lula, y ahí sí atendió. Sánchez está recibiendo también mucho respaldo del progresismo internacional. “Su fuerza y su papel son importantes para su país, para Europa y para el mundo”, dijo Lula en redes después de hablar con el primer ministro español. Lula fue encarcelado cuando iba primero en las encuestas para las elecciones de 2018, a las que no se pudo presentar, por un juez, Sergio Moro, que después fue ministro de Justicia de su rival, Jair Bolsonaro. Después de 580 días de cárcel, su condena fue revocada, fue absuelto de todos los cargos, pudo presentarse a las elecciones y ganó en las siguientes, en 2022.

En plena ola de derecha y ultraderecha en buena parte del planeta, pero especialmente en Europa, y después del cambio en Portugal, Sánchez se ha convertido en el referente de la resistencia progresista y además con buenos datos económicos para buena parte del progresismo internacional, y es sin duda la estrella de la socialdemocracia europea, porque dirige la cuarta economía del euro y con un 32% en las últimas elecciones dirige uno de los partidos de este sector más fuertes de Europa, donde la norma es estar muy por debajo del 20%. Su caída implicaría un golpe muy duro para un grupo ahora muy debilitado en Europa.

Todo está, pues, preparado para que Sánchez cambie de opinión, decida seguir y evite el vértigo del PSOE a una sucesión descontrolada en un momento muy delicado, en plena campaña de las catalanas, con las europeas por delante y en una situación internacional delicada. Pero la oposición ya se está preparando para el escenario de una caída del presidente, y Alberto Núñez Feijóo asegura que está preparado para asumir el poder. Hasta hace muy poco, Sánchez insistía en que él tenía tres años por delante y que a la oposición se le iban a hacer muy largos. Nada ha cambiado en su mayoría, sigue estando ahí con la fragilidad de siempre pero también con la garantía de que todos los grupos que lo apoyan quieren evitar a toda costa un Gobierno del PP con Vox. Ahora es el presidente quien debe decidir si sigue o abre paso a una crisis con resultados impredecibles. Este sábado escuchará un clamor muy claro para que se quede, que probablemente seguirá el domingo, donde ya hay otras convocatorias. La decisión es solo suya, pero el mensaje de su mundo será muy claro.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un movimiento inesperado al publicar en redes sociales una carta en la que ha pedido tiempo —hasta el 29 de abril— para decidir su continuidad en el cargo. Ha dicho que la razón son los ataques a su pareja, Begoña Gómez. Para entender cómo ha llegado Sánchez hasta esta situación inédita y qué escenarios son posibles, hablamos con Carlos E. Cue, periodista que cubre presidencia.

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Pero la cúpula del PSOE y del Gobierno no se está quedando quieta esperando que el presidente tome una decisión. Entre todos ―de forma no del todo coordinada, pero con mucha claridad― están lanzando mensajes públicos y privados para intentar convencer a su líder de que no dimita y siga al frente de un Gobierno al que le quedan más de tres años de mandato. Es una situación inédita. Hasta el punto de que María Jesús Montero, número dos del PSOE, vicepresidenta primera y la persona que quedaría al frente del Gobierno y del partido si Sánchez lo deja, ha terminado una entrevista en la SER lanzando un mensaje al propio presidente, para que lo escuchara, ya que no hay reuniones en las que se lo pueda decir directamente. “Quiero mandar desde aquí todo mi apoyo al presidente, transmitirle que estamos orgullosos de él, que le necesitamos para que España siga avanzando”. En la misma línea, desde Radiocable, otro de los miembros del núcleo duro, Félix Bolaños, ministro de Justicia, lanzó varios mensajes de ánimo al presidente e insistió en que todo el PSOE está trabajando para convencerle de que no se vaya. “No nos puede doblar el pulso la jauría extremista con mentiras, bulos y patrañas para intimidarnos”.

En el núcleo duro no quieren hablar aún del día después, ni preparar la sucesión en caso de dimisión ni plantearse por ejemplo una cuestión de confianza en el caso de que decidiera seguir. Ahora todo está concentrado en convencerle de que se quede, porque todos los dirigentes consultados insisten en que Sánchez está muy tocado con el “acoso” a su esposa, una persona fundamental en su vida y también en sus decisiones políticas. La posibilidad de que dimita para acabar con esa presión sobre su familia es real. Y eso, en un partido marcado por el hiperliderazgo de Sánchez, supondría un vacío repentino agravado por la descapitalización de cuadros que el PSOE ha sufrido los últimos años, con un poder territorial muy mermado y pocos líderes territoriales de peso. “Nosotros en este momento estamos concentrados en que le lleguen energías positivas para que se recupere de este cansancio, de un acoso que no es nuevo, que empieza tras la moción de censura de 2018. Estamos intentando que la decisión que tome el lunes sea la de continuar”, resumió Montero, que ha reconocido que se enteró por la red social X (antes Twitter), como los demás, de la carta que Sánchez envió a la ciudadanía. Sánchez le dio la carta al secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, para que la publicaran en redes, y fue así como el núcleo duro se enteró de las intenciones de su líder, sin ningún debate polémico. Algunos se olían que podía haber algo, porque por la mañana, en la zona de Gobierno del Congreso, antes de empezar la sesión, el presidente ya había comentado que tenía que reflexionar sobre lo que estaba pasando y varios le vieron muy afectado por el hecho de un juez abra diligencias contra su esposa por una denuncia de Manos Limpias, un grupo ultraderechista. Pero nadie imaginó lo que pasaría después. Tras hacerse pública la carta, se reunieron en La Moncloa Montero y otros integrantes del círculo de confianza de Sánchez como Bolaños; Santos Cerdán, secretario de Organización; Óscar Puente, ministro de Transportes; y Óscar López, su jefe de gabinete, acudieron a La Moncloa de manera informal para buscar una solución. Pero Sánchez no se vio con ellos, lo que da cuenta de que vive esto como una cuestión personal y una decisión que tomará en familia. “No va de farol. Está tocado anímicamente”, insisten en La Moncloa.

En La Moncloa y en el Gobierno tratan de seguir adelante con el ritmo habitual, aunque todos están en shock. Los ministros han mantenido su agenda y la maquinaria sigue en marcha. De hecho este jueves se produjo la habitual reunión de secretarios de Estado y subsecretarios. Bolaños, que preside esta comisión, hizo un discurso al principio de ánimo, señalando que el Gobierno tiene un proyecto ambicioso por delante que hay que continuar, pero también dijo que la decisión del presidente es personal, porque afecta a su familia, y hay que respetar lo que él quiera hacer y dejarle ese espacio de reflexión. Nadie más habló del tema, aunque en los corrillos obviamente todos comentaban el shock y especulaban con la posible salida.

Ahora la prioridad del PSOE es tratar de impedir la dimisión. “Nos merece la pena que estés ahí, presidente”, ha salido a defenderle en público José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del Gobierno considera que la renuncia de Sánchez como presidente “es una posibilidad cierta” y para evitar que el líder del PSOE dé ese paso ha instado a los “compañeros y simpatizantes” del partido a que “se movilicen en favor de la democracia del respeto, en favor de la justicia y en favor de la tarea de Sánchez” para convencerle de que no lo haga. “Hay que apoyarle, arroparle. Cada uno puede hacerlo de diversa manera, vale un tuit, vale ir a la agrupación, vale una carta, vale expresarse, pero reaccionemos ante la insidia con el coraje democrático”, ha apelado en una entrevista en la Cadena SER. “Confío, deseo, pido, y voy a trabajar, y se lo pido a él, con todo el aprecio y cariño, nos merece la pena que estés ahí presidente, no tanto por ti, sino por la gente que necesita políticas progresistas y por un orden internacional distinto”, le ha rogado.

En la cúpula del PSOE y las direcciones del partido de diferentes comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid o Castilla y León esperan que Sánchez sea receptivo y preste atención a las bases del partido, gracias a las que regresó a la secretaría general del PSOE en mayo de 2017, cuando se impuso en las primarias a la favorita, Susana Díaz, la candidata del establishment del PSOE.

El PSOE no está convocando formalmente nada, pero sí lo están haciendo los militantes socialistas a través de sus grupos de WhatsApp. La Delegación del Gobierno de Madrid confirma que ya ha recibido notificaciones de distintas “entidades sociales” para una concentración el sábado a la que asistirán afiliados y simpatizantes de toda España. El día escogido no es casual: coincidirá con la celebración del comité federal. El máximo órgano de decisión del PSOE entre congresos, al que no asistirá Sánchez, se ha fijado a las 10:30 para aprobar las listas para las elecciones europeas que encabezará Teresa Ribera.

Agrupaciones socialistas de todo el país ya han alquilado autobuses por su cuenta o han pedido ayuda a sus federaciones. “La gente está indignada y muy encendida, estamos canalizando sus peticiones”, indican en la secretaría de Organización de una de los territorios más potentes. La respuesta es similar en otras federaciones socialistas. La consigna es unánime: realizar una demostración de fuerza en Ferraz que transmita un mensaje de unidad y cierre de filas con el presidente del Gobierno para que no dimita.

Las direcciones autonómicas y provinciales están convocando entretanto reuniones extraordinarias a lo largo del día, mientras se suceden las muestras de ánimo y de respaldo a Sánchez. Juan Espadas, el secretario general del PSOE de Andalucía y los ocho secretarios generales provinciales han expresado en una carta “de forma unánime” su apoyo a Sánchez.En el escrito, los dirigentes socialistas de la federación más numerosa del PSOE llaman a “plantar cara a la derecha y la extrema derecha que, cuando no tienen mayoría parlamentaria para gobernar, intentan subvertir la situación deslegitimando y debilitando al gobierno de turno y a las instituciones, y, con ello, a la democracia”, informa Lourdes Lucio.

Salvador Illa, candidato del PSC, ha convocado esta tarde a la ejecutiva de su partido, justo antes del acto de arranque de campaña electoral del 12-M en Sabadell, para aprobar un compromiso colectivo en favor de la “resistencia” en defensa de la política como servicio público y en contra, ha dicho, de la que se basa en “destruir al adversario, deshumaniza las personas e instrumentaliza las instituciones”, informa Àngels Piñol.

Emiliano García-Page, de largo el barón del PSOE más crítico con Sánchez, también ha cerrado filas con el presidente. “Podemos hacer muchas cábalas, especulaciones, pero la realidad es que creo que esto es una reacción estrictamente personal, que ha querido comunicar a la sociedad española y que no veo, a priori, gato encerrado ni veo una dinámica estratégica. Simple y llanamente veo una reacción humana que hay que entender y que hay que respetar”, ha zanjado el presidente de Castilla-La Mancha. Su federación ha trasladado su “empatía, apoyo y confianza” a Sánchez para que “una denuncia falsa no provoque su renuncia”, en referencia a Manos Limpias, la organización que ha impulsado la vía penal contra Begoña Gómez, y que ha admitido la posibilidad de que su denuncia se base en informaciones falsas publicadas por algunos diarios digitales.

Óscar Puente ha resumido el sentir general que reina en el PSOE. Ya sea en su cúpula o a pie de calle en las agrupaciones. “Quien se sorprende con la falta de altura de miras, de empatía de la derecha en su respuesta a la carta del presidente, no ha entendido nada. Es esta derecha la que ha llevado al presidente al punto en el que se encuentra, y ahora que tienen cerca el objetivo no van a aflojar”, ha advertido el ministro de Transportes. “Todos seguimos trabajando, él también -por el presidente-, desde su despacho, desde su domicilio, pero lógicamente con unas horas y unos días de reflexión que todos vamos a respetar”, ha referido Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, que ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de practicar una estrategia de “de ataque y derribo y deshumanización” personalizada en Sánchez.

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El presidente envió la carta a sus colaboradores para que la publicaran, pero no quiso ver a nadie ni reunió a ningún gabinete de crisis, al contrario de lo que hizo cuando adelantó las elecciones en 2023. Esta vez tomó la decisión de forma personal con su familia, según explican fuentes de su entorno. Prácticamente nadie lo sabía, y sus principales colaboradores, pocas horas antes, eran completamente ajenos a lo que se estaba fraguando. Poco después de que la carta se hiciera pública, el núcleo duro del sanchismo —María Jesús Montero, Félix Bolaños, Santos Cerdán, Óscar Puente y Óscar López— se ha dado cita en La Moncloa de manera informal para buscar una solución, para intentar convencer al presidente de que siga, pero todos los consultados señalan que es una decisión absolutamente personal y que hay un factor humano difícil de controlar.

Sánchez ha pedido tiempo para pensar, y en su entorno están decididos a concedérselo. Aunque de momento hay consecuencias importantes. El líder del PSOE se pierde el arranque de campaña en Cataluña, donde tenía previsto un mitin con Salvador Illa, y también podría ausentarse del Comité Federal del PSOE previsto para este sábado, donde debe refrendarse la candidatura a las europeas que él ha controlado, con Teresa Ribera como número uno. El Comité Federal no se puede cancelar, pero podría celebrarse sin él, una anomalía que da cuenta de la situación de extrema gravedad que vive el PSOE en este momento.

Lo que se están planteando ya diversos dirigentes es organizar una gran movilización de apoyo al presidente y de rechazo a los métodos trumpistas de la derecha. Algunos confían en que Sánchez, al ver el respaldo, cambie de opinión y decida seguir. Sánchez siempre apela al espíritu de deportista para explicar algunas de sus decisiones. En 2016, el futbolista Lionel Messi, después de perder cuatro finales y recibir muchas críticas, anunció que dejaba la selección argentina. Se puso en marcha entonces un llamado “operativo clamor”, en la que buena parte del país le pidió que siguiera. Incluso los carteles con anuncios de tráficos de avenidas y carreteras se cambiaron para que pusiera “quedate Lio”. Messi decidió continuar después del apoyo recibido y en 2022 finalmente ganó el Mundial de Qatar. Algunos dirigentes confían en que después de una evidente muestra de respaldo que se dará este fin de semana, sobre todo en el PSOE, Sánchez tome una decisión similar.

En cuestiones políticas, y no deportivas, el presidente también ha reivindicado recientemente a otros políticos progresistas que han sufrido el acoso de la ultraderecha, como el estadounidense Joe Biden o el brasileño Lula. A los dos los visitó en Washington y Brasilia y les dijo que era fundamental unirse para enfrentar la “internacional ultraderechista”. Muchos dirigentes consultados quieren ver esperanza en la decisión de Sánchez de no anunciar directamente su dimisión, sino un tiempo de reflexión de unos días. Pero nadie sabe realmente qué hará el líder de los socialistas, que lleva al frente del partido 10 años y aún tiene por delante otros tres de legislatura.

La gota que ha colmado el vaso es el salto a los tribunales de un caso que en La Moncloa insisten que no tiene nada de irregular, y además por una denuncia de un grupo ultra como Manos Limpias. Sánchez siempre ha mostrado que los ataques a su familia le afectaban especialmente, aunque también había dicho recientemente a los periodistas que con él ya lo habían intentado todo y que le daba igual porque tenía la convicción de que debía seguir. Sin embargo, algo cambió este miércoles, y por primera vez en una carrera política construida alrededor de la resistencia, en la que siempre se ha destacado su fortaleza anímica y su fe inquebrantable en el éxito, Sánchez ha anunciado que está pensando en abandonar.

El líder del PSOE ha anunciado que cancela toda su agenda pública durante unos días, hasta el lunes, para reflexionar, hablar con su familia y tomar una decisión. La conmoción en el Gobierno y en el PSOE es total, y tanto los miembros del Ejecutivo como diversos dirigentes del partido se han apresurado a mostrarle su apoyo incondicional en redes sociales. En su entorno insisten en que no se trata de una cuestión solamente política, sino que hay que pensar en el factor humano porque los políticos son personas y cuando se toca a la familia la reacción es imprevisible.

Precisamente hace dos semanas el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que también sufrió un durísimo acoso de la oposición cuando estaba en el poder, decía en EL PAÍS que él aguanta mucho pero Sánchez es más duro que él, y señalaba que eso es algo fundamental en una política tan tóxica como la española. Pero esa resistencia no ha sido suficiente en este caso.

Sánchez responsabiliza directamente a Alberto Núñez Feijóo del acoso a su esposa. “Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. Por tanto, no me sorprende la sobreactuación de Feijóo y Abascal. En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias”, señala en su carta. Y prosigue: “De hecho, fue el señor Feijóo quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, pidiendo para mí de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. La denuncia fue archivada doblemente por dicho organismo, cuyos funcionarios fueron descalificados posteriormente por la dirigencia del PP y de Vox. Seguidamente, instrumentalizaron su mayoría conservadora en el Senado, impulsaron una comisión de investigación para, según dicen, esclarecer los hechos relacionados con este asunto. Como es lógico, faltaba la judicialización del caso. Es el paso que acaban de dar”.

“Como es lógico, Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia, como inexistentes”, insiste el presidente, que asegura que “la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referidas”. “Subrayo lo de supuestas informaciones porque, tras su publicación, hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que, sostenemos, son informaciones espurias”, añade el presidente.

El golpe recibido es muy duro, y la reacción, plantearse seriamente dimitir, es inédita. Pero aún no se ha escrito el final de esta historia. El PSOE tiene por delante un fin de semana dramático en el que harán de todo para convencer a su líder de que siga. Porque nadie tiene un plan B. Todo el proyecto está construido alrededor de él. Y precisamente de su resistencia, la que siempre ha tirado no solo de Sánchez sino de todo su entorno en los momentos más difíciles. Nadie pensó que el líder pudiera quebrarse. Ahora les toca a los suyos darle la vuelta a una situación impensable, un nuevo giro de la loca política española en la que hacer previsiones no es solo arriesgado, sino casi ridículo, dados los antecedentes.

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Félix Bolaños, ministro de Justicia, ha añadido abiertamente en los pasillos del Congreso: “Es una denuncia falsa más”. Y la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha remachado: “Estamos ante el peor PP de la historia, el señor [Alberto Núñez] Feijóo se confunde con las prácticas y los discursos de ultraderecha”, ha apuntado la ministra de Hacienda después de que los populares, a través de su vicesecretaria Esther Muñoz, se hicieran eco de la denuncia, exigieran explicaciones al presidente y amenazaran con la posibilidad de convocar a la esposa de Sánchez a la comisión de investigación abierta en el Senado sobre el caso Koldo.

La denuncia de Manos Limpias, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se encuentra fechada el 8 de abril y la firma Miguel Bernad, secretario general de este autodenominado “sindicato de funcionarios”. El escrito se dirige contra Begoña Gómez por “recomendar o avalar con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas”, “prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno”. Pero, según admite el propio Bernad en el documento, sus acusaciones se sustentan en informaciones publicadas por “varios diarios digitales y de papel, y posteriormente en tertulias televisivas”. De hecho, de seguido, enumera una serie de titulares de El Confidencial, Vozpopuli, Libertad Digital y The Objective.

Tras procederse al reparto de la denuncia, esta recayó en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, encabezado por el magistrado Juan Carlos Peinado —quien en 2019 ya citó como imputados a varios periodistas por informar sobre el sumario abierto por terrorismo contra miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), aunque a los pocos días dejó sin efecto la medida después de un informe en contra de la Fiscalía—. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha detallado este miércoles que Peinado, tras recibir el escrito de Manos Limpias, abrió diligencias de investigación contra Begoña Gómez el 16 de abril, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Además, el magistrado ha decretado la causa secreta y ha citado a declarar a varios testigos, según ha avanzado El Confidencial. En su denuncia, Miguel Bernad pedía que se interrogara a Gómez y se recogiera también el testimonio de los “responsables de los medios digitales que han publicado las notitias criminis”. Fuentes de La Moncloa han asegurado que a la esposa del presidente del Gobierno no se le ha notificado nada. Y fuentes del ministerio público aseveran que la Fiscalía no se ha posicionado en ningún sentido en la causa porque el juez instructor no le ha informado.

“Primero intentaron inhabilitar al presidente en la Oficina de Conflictos de Intereses. Luego manipularon al Senado creando una comisión falsa, como falsa fue la denuncia ante la Oficina de Conflictos. Y ahora también utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la Presidencia del Gobierno”, ha afirmado este miércoles la vicepresidenta María Jesús Montero. El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha ido más lejos: “Uno empieza a estar un poco harto. Este es un país donde hay que demostrar la inocencia. Se lanzan acusaciones sin datos o información veraz, sin pruebas. Solo para hacer daño, para difamar. Ayer lo volvió a hacer el PP. Trae una información de un [diario] digital y pide explicaciones al Gobierno, no al digital, para que presente las pruebas. Hablamos de una persona a la que se ensucia porque sí”, ha protestado, mostrando el ambiente de indignación que se vive en el Gobierno y el PSOE.

“Indefensión absoluta”

Fuentes de La Moncloa denuncian la “indefensión absoluta” en la que se encuentra Begoña Gómez, porque se ha enterado de estas actuaciones judiciales por la prensa, en concreto por El Confidencial, y no ha sido ni siquiera notificada. Además, anuncian que se recurrirá de inmediato cualquier actuación. “No todo vale en política. La derecha y la ultraderecha han cruzado una línea nunca antes traspasada en la política española”, aseguran estas fuentes gubernamentales.

“Resulta de extrema gravedad que se conozca una actuación judicial por un medio de comunicación sin que haya sido ni siquiera notificado a la parte interesada, lo que provocaría una indefensión intolerable para cualquier ciudadano”, señala La Moncloa. “Podemos afirmar con rotundidad que la actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno es intachable. Se trata de una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias basada en bulos y noticias falsas, por lo que carece de toda base legal y responde a una estrategia de la derecha y la extrema derecha y sus terminales. La Oficina de Conflicto de Intereses ya archivó en dos ocasiones sendas denuncias del PP. Begoña Gómez ha ejercido el derecho de rectificación ante la publicación de falsedades en varias cabeceras digitales”, rematan fuentes del Ejecutivo.

El PP ha decidido esta vez no llevar el asunto a la sesión de control, donde curiosamente ha sido Sánchez quien lo ha sacado en una respuesta a Gabriel Rufián (ERC), que se solidarizaba con él y trataba de convencerle de que decisiones judiciales como esta demuestran que en España existe “lawfare [guerra jurídica]”, algo que el presidente ha rechazado para mantener su respeto a la independencia judicial. Los populares han optado así por un cierto perfil bajo, al hacer que su líder no lleve directamente la cuestión al debate con el jefe del Ejecutivo, aunque otros dirigentes sí están manteniendo vivo este tema, que ha concentrado en las últimas semanas buena parte de la estrategia de oposición del PP. “Todo es muy grave y todo se acabará sabiendo”, ha resumido el portavoz de los conservadores, Borja Sémper. Los populares parecen decididos a seguir adelante con este asunto, mientras en el entorno del presidente están desolados porque consideran que se ha cruzado una línea roja que en la política española siempre se respetó.

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La carta que envió este marte el presidente del CGPJ, el conservador Vicente Guilarte, al Congreso, al Senado y al Gobierno para concretar su propuesta alternativa de renovación, un plan que avanzó el pasado diciembre, en una tribuna en EL PAÍS, y que pasa por una reforma legal que reste atractivo al CGPJ como instrumento político de los partidos, sirvió para que el Ejecutivo redoblara la presión al PP a través de su principal negociador, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. En la carta, Guilarte habla en términos especialmente dramáticos del inédito retraso en la renovación ―el récord anterior estaba en casi dos años, también con el PP en la oposición― y este tono fue utilizado por Bolaños para mostrar que todas las instituciones implicadas están señalando que el bloqueo de los populares es inasumible.

Fuentes del Gobierno señalan que de momento, el Ejecutivo sigue optando por la presión por todas las fórmulas posibles, usando no solo a la Comisión Europea, que ha mostrado su malestar por el retraso en las negociaciones y que ha visto como su tarea de mediación ha sido inútil en los dos plazos que ella misma se fijó ―primero marzo y después abril― sino también al propio Guilarte, que amenaza con dimitir en julio, e incluso a los jueces conservadores, que a través de la Asociación Profesional de la Magistratura han vuelto a reclamar una renovación urgente.

Bolaños dijo expresamente en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que él aún “confía en el acuerdo” y no quiere “hablar de posibles planes B en el caso de que el PP decida no cumplir con la Constitución”. Esto es, planteó la idea de que podría haber un plan B, aunque fuentes del Ejecutivo insisten en que no es inminente. La posibilidad de recuperar la reforma que se presentó en 2021 con la que se permitiría una renovación del CGPJ por mayoría absoluta del Congreso, y no de dos tercios como está ahora, dejando así fuera al PP, parece muy lejana, porque el varapalo que se llevó el Ejecutivo entonces de la Comisión Europea le hizo retirarla. Pero el Gobierno se muestra abierto a estudiar otras fórmulas, incluida la que plantea Guilarte, que implica retirar al órgano su principal competencia, que son los nombramientos discrecionales de la cúpula judicial; de esta forma, augura, los partidos tendrían menos interés en controlar el CGPJ y no pondrían tantos problemas para su renovación.

En la carta, Guilarte explica su idea: que los presidentes de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de justicia y de sus salas no sean elegidos directamente por el CGPJ, como hasta ahora, sino por los propios miembros de esas salas o tribunales (como se elige ya a los jueces decanos de cada partido judicial); a los del Supremo, por su parte, los elegiría un tribunal, dependiente del CGPJ, integrado por magistrados de la sala a la que aspire el candidato, vocales del Consejo y “profesionales cualificados” de la especialidad de la que se trate. La idea, según el presidente, es “objetivar” la designación de estos puestos para “disipar” la “eventual contaminación política derivada de la que se pueda atribuir a quienes hasta ahora los designaban”. “Ello refuerza sin duda la constitucionalidad de la fórmula”, sostiene.

“Agradezco al señor Guilarte su compromiso por recuperar la normalidad, es una aportación positiva al debate”, aseguró Bolaños. “Lo fundamental es el clamor que existe en la justicia para que se renueve el Poder Judicial. La asociación conservadora, la carrera judicial casi en su totalidad lo están pidiendo. Ahora también lo dice la Comisión Europea, que ya sabe de primera mano cuál es el problema”, insistió apuntando al PP. “El dilema del PP es decidir si quiere la renovación o está por la descomposición total del CGPJ”, remató. “Nosotros aceptamos negociar en Bruselas porque lo pidió el PP, asumimos el dónde, con quién, y cuando que propusieron. Y ahora La Comisión Europea no tiene duda de quién es el responsable del bloqueo y participa del clamor para que se renueve”, insistió el ministro.

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Estos contactos al máximo nivel confirman la inminencia de la decisión del reconocimiento de Palestina, algo que Sánchez no necesita votar en el Congreso, porque es potestad exclusiva del Consejo de Ministros. Aún así, el presidente se ha comprometido a acudir a las Cortes para explicar la decisión y tratar de atraerse el máximo apoyo posible. El PP ya ha dicho que respalda el reconocimiento de Palestina, algo que aprobó en 2014 en el Congreso en una proposición pactada con los socialistas, pero no el momento en el que Sánchez va a tomar la decisión, que ven precipitada. Sánchez ha asegurado además que informará a los portavoces de los grupos sobre esta decisión.

Según La Moncloa, estas conversaciones telefónicas de este lunes “dan continuidad a la ronda de contactos que el presidente del Gobierno realizó con los principales actores de la región, así como con otros países europeos, para impulsar una salida diplomática que ofrezca un horizonte de paz, seguridad y prosperidad a la región mediante el reconocimiento de Palestina como Estado”.

Sánchez y su equipo estaban muy pendientes del debate en la ONU, en Nueva York, donde también han buscado aliados que defiendan el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho. El presidente español se acercó mucho al primer ministro de Malta, Robert Abela, que tiene una posición en este asunto muy similar a la suya y además cuenta con la ventaja de que su país preside este mes el Consejo de Seguridad de la ONU. Abela, en coordinación con Sánchez y otros líderes europeos que apoyan esta salida, aprovechó ese privilegio para llevar a votación la semana pasada la entrada de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho, y no como estado observador, el rango que tiene ahora. Como estaba previsto, EEUU vetó la decisión, pero se vio un apoyo muy importante a este salto —12 votos a favor y dos abstenciones— que según la visión española avala la decisión de Sánchez de reconocer a Palestina en breve. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, fue rotundo en la defensa de la entrada de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho y ya dijo oficialmente que la decisión del reconocimiento unilateral por parte de España ya estaba tomada y se ejecutaría en el momento oportuno.

Sánchez siempre defiende que lo ideal sería que a cambio de que países occidentales como España reconozcan a Palestina, los países árabes hagan lo mismo con Israel, algo que solo han hecho unos pocos, entre ellos Jordania y Egipto, dos protagonistas de las conversaciones. Pero no parece que se haya avanzado nada en ese sentido en las últimas semanas, y menos mientras sigue el bombardeo indiscriminado sobre Gaza, y sin embargo La Moncloa está decidida a dar el paso del reconocimiento de Palestina de forma inminente, tanto que podría ser un elemento importante de la campaña de las europeas.

Según la nota de La Moncloa, en las conversaciones “el presidente ha reafirmado el compromiso de España con la materialización de la solución de los dos Estados y ha agradecido también el esfuerzo realizado por estos países para mediar en el conflicto y hacer llegar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. En este sentido, el presidente les ha transmitido la necesidad de trabajar juntos para impulsar a las partes hacia el proceso político que traiga paz, seguridad y prosperidad a la región”.

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La calma que ha transmitido la política vasca en estas semanas, lejos de la tensión que se respira en Madrid, es justo lo que Sánchez necesita para consolidar la legislatura y despejar esa idea que instala la oposición de que está a punto de caer. Las catalanas, confían en La Moncloa, terminarán de refrendar esa idea de que España es un país muy complejo donde no se pueden sacar conclusiones rápidas.

El resultado del PNV y EH Bildu también es bueno para la estabilidad del Ejecutivo, lo que más preocupa en La Moncloa. El PNV se ha salvado por los pelos y sale reforzado de la noche, lo que más deseaba Pedro Sánchez, que siempre defiende su “alianza estratégica” con los nacionalistas. Ese pacto de hierro se consolida y los nacionalistas seguirán atados a él, en Euskadi y en Madrid. Bildu no es un problema para el Gobierno, porque su apuesta de apoyo a Sánchez es de fondo y no dependía de lo que pasara en Euskadi, pero es que además se ha quedado sin argumentos para reclamar un apoyo del PSE: no ganó. Por si esto fuera poco, el PP sigue siendo irrelevante en Euskadi, y eso también es importante para el Gobierno, porque no hay ningún incentivo para un acercamiento PP-PNV.

Lo más complicado para el Ejecutivo es la situación del espacio a la izquierda del PSOE. Sumar le ganó la batalla por poco a Podemos, en una tierra donde los de Ione Belarra tenían mucha más implantación que el grupo de Yolanda Díaz, y logró un escaño. Eso es un alivio para la coalición, porque al contrario habría sido un golpe duro. Pero la debilidad territorial de ese espacio se consolida y deja en evidencia que la división, que ya fue desastrosa en las elecciones municipales y autonómicas de 2023, hunde a la izquierda. En las generales de 2023, la candidatura unitaria de Sumar, con Podemos dentro y Yolanda Díaz como gran marca, llegó al 11%. Ahora, entre los dos no han llegado al 6%, con Sumar un punto por encima del grupo de Ione Belarra.

Los socialistas, pese a su debilidad en varios territorios, están demostrando que en Euskadi y Cataluña, dos feudos históricos, siguen teniendo una gran resistencia. Sumar, por el contrario, no logra consolidarse en territorios difíciles, mientras Podemos no frena su hundimiento hacia la irrelevancia. Ahora vienen las catalanas, también buenas para el PSC pero con un gran riesgo de aumentar la inestabilidad del Gobierno, en función del resultado de Junts y ERC. Y después las europeas, donde el PP aspira a dar la campanada. Pero de momento, el PSOE, que en los últimos años ha tenido pocas buenas noches electorales, va a disfrutar una que le beneficia desde muchos puntos de vista, aunque demuestra una debilidad a su izquierda que es decisiva para el futuro.

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La situación es similar a la que se vivió en las elecciones municipales de 2023: Sánchez, desde la Casa Blanca, en Washington, justo después de reunirse con el presidente de EE UU, Joe Biden, reprochó con dureza a Bildu que hubiera colocado a siete terroristas con delitos de sangre en las listas municipales —algo que finalmente los abertzales rectificaron—, pero mantuvo la relación con este grupo para aprobar normas en el Congreso, contó con sus votos en la investidura e incluso les permitió gobernar en Pamplona con los votos del PSN, que sin embargo no entró en el Gobierno municipal. El salto de gobernar con Bildu aún parece lejano y episodios como el de esta semana lo retrasan aún más. De nuevo, como en 2023, y en plena campaña, Sánchez y su equipo vuelven a mostrar una evidente distancia con Bildu y exigen una rectificación, pero no llegan al punto que les exige el PP, esto es, la ruptura total.

Desde Bruselas, Sánchez fue muy claro a la hora de apretar a Bildu, especialmente a Sortu, el principal partido de la coalición —que deriva de Batasuna y donde están los dirigentes que nunca condenaron el terrorismo de ETA—, liderados por Arnaldo Otegi, para que rompa de una vez con ese pasado, condene el terrorismo y “llame a las cosas por su nombre”. Al presidente le preguntaron si eran suficientes las excusas de Otxandiano, que pidió perdón si había ofendido a las víctimas, pero sigue negándose a llamar a ETA “banda terrorista”. “Evidentemente no” contestó el presidente.

Sánchez, que ya tenía presión del PP, que está aprovechando esta polémica para recuperar la campaña de las elecciones municipales de 2023, en las que centró toda la estrategia en acorralar a los socialistas por sus pactos con Bildu, aprovechó la misma respuesta para criticar tanto a los abertzales como a los populares, recordándoles que José María Aznar llegó a llamar “movimiento de liberación nacional vasco” a la banda cuando estaba negociando con ellos desde La Moncloa. “A las cosas hay que llamarlas por su nombre, ETA no fue una banda armada, ni tampoco un movimiento de liberación nacional como dijo Aznar en su momento. Fue una banda terrorista derrotada por la democracia española”, arrancó el presidente, que también reivindicó la historia del PSOE precisamente como respuesta al PP. “Hace más de 10 años que ETA no existe. Fue derrotada gracias a la unidad de todas las fuerzas y del conjunto de las sociedad vasca y española con un acuerdo [el pacto antiterrorista] impulsado por cierto por un ex presidente del Gobierno, entonces jefe de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, y luego con él de presidente, con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior y con Patxi López como lehendakari, esa también es la contribución del PSOE”.

Mientras Sánchez cargaba contra Bildu, Zapatero valoraba la rectificación de Otxandiano. “Pedir perdón, reconocer el dolor y que faltan pasos por asumir es una rectificación necesaria y positiva. La paz debe ser lo más auténtica posible”, señalaba el expresidente a EL PAÍS. Zapatero ha sido siempre uno de los grandes defensores del acercamiento a Bildu y sobre todo de contar con sus votos para sacar adelante reformas. En una entrevista en EL PAÍS la semana pasada, señalaba que “el futuro dirá” si el PSE llega algún día a gobernar con Bildu, pero en cualquier caso “la democracia puede sentirse satisfecha consigo misma por haber derrotado a la violencia política y por haber permitido la participación de los que han cuestionado nuestra democracia”.

El mensaje de fondo que va calando, y que dejan estas elecciones vascas de forma clara, es que mientras Bildu no dé más pasos, y ni siquiera sea capaz de llamar a ETA banda terrorista, como se ha visto con Otxandiano, es muy difícil pensar en un gobierno conjunto con el PSE o con el PSN, no solo en las autonomías sino en los ayuntamientos. Fuentes de Bildu señalan que ese paso puede llegar en el futuro, pero en Sortu aún pesan los presos de ETA y el miedo a que se pudiera producir una escisión que hasta ahora se ha evitado, al contrario de lo que ha sucedido en otros procesos de final de la violencia.

Pero esta distancia que marca el PSOE, y que reforzó Sánchez, no implica que no pueda haber acuerdos para sacar adelante votaciones o incluso, el salto más fuerte hasta ahora, que con los votos del PSN se permita que Bildu se haga con Pamplona. En este difícil equilibrio se mueve la estrategia dirigida desde La Moncloa. Desde Bruselas Sánchez trató de justificarla como algo que ya estaba fijado en la campaña de las elecciones de 2023, y por tanto sin engaños a nadie: “Ya lo dije el 23 de julio, nosotros para para aprobar la revaloración de las pensiones, o la subida del SMI, la gratuidad del transporte público, vamos a hablar con todas las formaciones políticas. Somos un gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar, vamos al Congreso donde estamos en minoría y hablamos con todos salvo con Vox para acordar medidas que benefician a la mayoría del país”. La relación con Bildu, que dirige sobre todo Santos Cerdán, el secretario de organización, se mantiene igual, pero con esta dura llamada de atención en plena campaña para diferenciarse de posiciones inasumibles para el PSOE.

El lunes, cuando pasen las elecciones vascas, los números en el Congreso seguirán siendo los mismos. Y Bildu seguirá siendo imprescindible. Las fuentes de este grupo consultadas insisten en que la apuesta por apoyar a Sánchez es de fondo, sobre todo para sacar adelante medidas sociales y evitar un gobierno del PP y Vox, así que no se presumen cambios por ninguno de los dos lados.

Pero el PP y Vox sí han visto un espacio abierto para recuperar uno de los elementos centrales del ataque al PSOE, centrado alrededor del lema que triunfó en el mundo conservador en 2023: “¡Que te vote Txapote!”. Feijóo señaló en San Sebastián que “las políticas del PNV y el PSOE son una fábrica de votantes de Bildu”. Feijóo insistió en el “rechazo” del PP a que Bildu “esté en las instituciones mientras no tenga clara la diferencia entre los que matan y los que mueren”. El líder del PP cargó contra Sánchez, “el primer presidente que lo es con los votos de Bildu”. “Que el PSOE se ría del pueblo vasco e intente engañarle diciendo que hay que romper con Bildu cuando gracias a este partido tenemos a un presidente del Gobierno es una falta de respeto al pueblo vasco”, remató. El PSOE ha dejado ese campo abierto al PP con sus críticas a Bildu, pero en La Moncloa creen que tenían que dejar muy claras sus diferencias con algo tan duro para las víctimas como negar que ETA fue una banda terrorista. Las posiciones están fijadas, y todos conocen los límites. El lunes no se romperá nada. Pero Bildu ya sabe que no será tan fácil pasar página y mucho menos llegar al poder sin dar los pasos que todos los demás grupos le están exigiendo.

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Sumar planteó su rechazo formal a través de observaciones durante la preparación del Consejo de Ministros, en la llamada comisión de subsecretarios o CGSEyS, que es la que ordena los trabajos y decide qué va a la reunión de los ministros. El representante de Díaz en esta reunión, el secretario de estado Joaquín Pérez, trasladó varias observaciones para una partida que supone el 8% del gasto anual en Defensa y que sin embargo, como es habitual, se aprueba de forma muy discreta. Como es habitual, ni siquiera compareció en La Moncloa la ministra de Defensa, Margarita Robles, para explicarla.

Según fuentes de Sumar, la vicepresidencia segunda primero protestó en la comisión porque se apruebe de forma urgente una cantidad tan grande, y reclamó que se explique con detalle los motivos de esta premura. También criticó el gran aumento del gasto en armamento. La OTAN, explica sumar, recomienda gastar un 20% en armamento y el resto a personal o tecnología. España ya está, según estas fuentes, en un 28% del gasto en armamento y con este acuerdo marco aprobado el martes aumenta ese sesgo, porque se trata de partidas muy centradas en municiones, morteros, estaciones de armas, torres antidrones. Además reprochó que se aprueben de esta manera, por créditos extraordinarios, aumentos de gasto en armamento tan significativos, que escapan así a cualquier votación y distorsionan el gasto real en defensa. Además Sumar criticó que en la argumentación solo se dan criterios económicos, y no otros que marquen la línea de la acción exterior del Gobierno. Además, la vicepresidencia segunda cree que se invaden competencias de su ministerio, Trabajo. “Por estos motivos, se señaló expresamente que los ministerios que competen a Sumar en el Gobierno no comparten el gasto en armamento que se aprobó en el Consejo de Ministros”, señalan estas fuentes. Las observaciones se hicieron en la fase de preparación, donde quedó claro el rechazo de Sumar, pero no llegaron al Consejo de Ministros, donde no hubo discusión sobre el asunto. Desde el sector socialista minimizan la discrepancia, que ven como una forma de Sumar de diferenciarse, pero lo cierto es que esta vez no fueron solo palabras, se hizo constar formalmente el rechazo.

En 2022, cuando se estaban elaborando los Presupuestos de 2023, sí hubo discusiones importantes y hubo un Consejo de Ministros en julio de ese año donde se vivió tal vez la tensión más fuerte de la coalición en cinco años precisamente alrededor de la política de defensa y la OTAN. Finalmente la coalición siguió adelante, pero la fórmula que se encontró fue sacar el gran aumento del gasto en Defensa de los Presupuestos, porque Unidas Podemos amenazaba con votar en contra, y llevarlo a estas fórmulas extraordinarias.

Mientras, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defiende de forma tajante el aumento del gasto. Para ella, al contrario de lo que piensa Sumar, esto supone “invertir en paz con mayúsculas”. Robles, como hizo Sánchez en el Congreso la semana pasada, defiende que hay que aumentar el gasto en un contexto marcado por la guerra de Ucrania y la de Gaza. “Cuando yo oigo algunas veces a gente decir queremos la paz... naturalmente los que invertimos en defensa lo hacemos porque creemos firmemente en la paz. Y eso hay que decirlo claramente y sin complejos”, aseguró la ministra de Defensa durante su intervención en el foro “Wake up Spain”, organizado por El Español.

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Bolaños fue contundente este miércoles al desautorizar abiertamente al grupo parlamentario socialista, que, junto a sus socios, había aprobado 24 horas antes solicitar la comparecencia de varios fiscales —el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y dos fiscales europeos— en esa comisión. “No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo, y el mismo principio vale para los fiscales: tampoco tiene sentido que vayan a declarar sobre causas que están instruyendo en su condición de fiscales”, dijo el ministro. Esa declaración se sumaba al malestar trasladado por la propia Fiscalía General del Estado, que el martes pidió por carta al presidente de la comisión que reconsiderara la decisión de llamar a declarar a Luzón. La comisión parlamentaria votará ahora, en una fecha aún por determinar, que se excluyan esas citaciones, según confirman fuentes parlamentarias. Los letrados de las Cortes, en todo caso, habían determinado que no había nada irregular en ellas, y existen precedentes.

La petición de comparecencias de fiscales no fue una iniciativa del PSOE, que no los incluyó en su listado inicial con 84 peticiones. Pero, tras una negociación con sus socios, los socialistas acordaron y firmaron una lista definitiva que sí los incluía. La reclamación de llamar a los fiscales y en concreto al fiscal anticorrupción venía incluida en la propuesta de EH Bildu, según fuentes parlamentarias, y el PSOE acabó aceptándolo.

Los siete grupos que forman el bloque de investidura presentaron diferentes propuestas y los socialistas optaron por sumarlas todas, con lo que finalmente se pactó un listado de 134 comparecientes. Fue así como se llegó al acuerdo de convocar, además de a muchos políticos de diferentes partidos, cargos y expertos, a tres fiscales: Alejandro Luzón, jefe de Anticorrupción; Ignacio de Lucas, fiscal de la Fiscalía Europea que ha asumido el caso Koldo; y Codruta Kovesi, fiscal jefe de la Fiscalía Europea. Esos son los tres nombres que serán suprimidos ahora de la lista.

Los socialistas ya habían rechazado con firmeza, en otros casos de comisiones de investigación, la exigencia de Junts y otros grupos de llevar a jueces a las comisiones de investigación, y Bolaños se había comprometido a que el PSOE no lo apoyaría nunca. Pero sobre los fiscales no fueron tan tajantes. El martes, en la sesión de la comisión del Congreso sobre las compras de material sanitario en pandemia, EH Bildu pidió la presencia de Luzón para que ofreciera una visión global de los problemas que se encuentran en esa Fiscalía al investigar casos de corrupción, según subrayan fuentes socialistas y también del grupo abertzale. Junts señaló, por su parte, al fiscal De Lucas. Los letrados de la comisión no pusieron ningún problema legal.

El criterio general de los expertos jurídicos del Congreso es que todas las personas citadas a una comisión de investigación tienen la obligación de comparecer, aunque en este punto existen discrepancias conocidas con el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Cosa distinta es que esos comparecientes estén obligados a responder cuando se les pregunta por investigaciones concretas que conocen. En el caso específico de las citaciones a fiscales no existe ninguna salvaguardia especial que les proteja, y de hecho ha habido precedentes de exposiciones suyas en comisiones de investigación, como sucedió con Eduardo Fungairiño en la del 11-M.

En cualquier caso, esa situación se corregirá de inmediato y más después de tomar conciencia en la comisión del enfado de la Fiscalía General y del toque de atención de Bolaños, que se puso del lado de Álvaro García Ortiz. El fiscal general, en su carta al presidente de la comisión de investigación del Congreso, alegaba que Anticorrupción está directamente involucrada en muchos procedimientos objeto de la comisión y esa comparecencia “podría perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal, que es el ejercicio de la acción penal pública”, señalan fuentes del Ministerio Público. “La comparecencia podría constituir un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada o, incluso, para las alegaciones al derecho de defensa que pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones”, añaden estas fuentes.

En el grupo socialista han constatado la posición clara y “fundamentada” de La Moncloa, del ministro y de la Fiscalía, y van a tomarla en cuenta, aunque insisten en que no había nada ilegal en la pretensión inicial de llamar a los fiscales. El presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler, “atenderá esos argumentos”, según fuentes parlamentarias, y ya está estudiando en qué reunión planteará una nueva votación para revertir la registrada el martes. La lista de comparecencias aprobada ese día salió adelante con el voto del PSOE, Sumar y todos sus socios habituales, y el voto en contra del PP y Vox, que descalificaron la comisión como un “paripé”.

Las primeras citaciones ya están fijadas: el próximo lunes, por la mañana, comparecerá la presidenta del Tribunal de Cuentas; y por la tarde, a partir de las 16.00, el exministro de Sanidad y candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa.

Feijóo censura “desprestigiar” a la Fiscalía

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado el intento de “desprestigiar” a la Fiscalía con las citaciones a fiscales en el Congreso tras la campaña del PP contra el fiscal general. El líder popular ha criticado este miércoles que los socialistas aceptaran este martes, a petición de sus socios parlamentarios, la citación de varios fiscales —entre ellos el fiscal Anticorrupción— en la comisión de investigación del Congreso sobre las compra de material sanitario en pandemia, aunque este miércoles han dado marcha atrás y no serán citados. “Es lamentable que el señor Sánchez y el señor Bolaños hayan dicho por activa y por pasiva que no iban a aceptar la comparecencia del Fiscal General del Estado ni de los fiscales y ayer [este martes] hayan firmado la comparecencia de los fiscales. Si la palabra del presidente no tiene ningún valor, el Gobierno deja de tener valor. Vivimos en una anomalía democrática constante”, ha censurado Feijóo, antes de concluir: “Es lamentable que llevemos a un fiscal a comparecer porque hay una serie de diputados que quieren desprestigiar a la Fiscalía”. El líder del PP ha cargado contra los intentos de desprestigio de la fiscalía, pero el PP lleva meses en una campaña de ataques contra el fiscal general del Estado, de quien el propio Feijóo ha llegado a pedir la dimisión, informa Elsa García de Blas.

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Se refería Alegría a las declaraciones que realizó Otxandiano la noche del lunes en el programa Hora 25 de la SER. Durante esa entrevista, el político abertzale fue preguntado sobre si, en su opinión, ETA fue un grupo terrorista. “ETA fue un grupo armado”, respondió. “Las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas”, añadió. Ante la insistencia del periodista, el candidato de EH Bildu —una coalición cuyo núcleo duro es Sortu, la marca heredera de Batasuna— respondió: “No me parece que esa sea una cuestión fundamental”.

“En este país todos sabemos bien que ETA fue una banda terrorista”, ha zanjado la portavoz del Gobierno cuando le han preguntado por este asunto, con una respuesta que llevaba preparada. Fuentes del Ejecutivo señalan que este giro en su discurso hacia EH Bildu no implica que vaya a cambiar la relación con este grupo, que no solo apoyó la investidura de Pedro Sánchez sino que es decisivo en cada votación en el Congreso y ha mantenido un respaldo al Ejecutivo en los últimos seis años incluso más estable que otros aliados como ERC. Como colofón de ese acercamiento a EH Bildu, el PSOE fue, a su vez, decisivo para que la coalición abertzale se hiciera con la alcaldía de Pamplona el pasado diciembre, una decisión que fue muy polémica.

En Euskadi, tanto el PSE como el propio presidente Pedro Sánchez ya habían dicho que las cosas son diferentes y que ellos tienen intención de mantener su “alianza estratégica” con el PNV, y por tanto ni gobernarán con EH Bildu ni darán el gobierno a EH Bildu. Los ministros consultados señalan que seguirán negociando con el grupo abertzale las iniciativas en el Congreso para sacarlas adelante, y que la relación no se va a romper ni mucho menos, pero alegan que tenían que dejar muy claro que no comparten en absoluto la posición de Otxandiano porque la consideran un desprecio absoluto a las víctimas.

Además, en plena campaña, al PSE le interesa alejarse de EH Bildu, un rival electoral que no para de subir en las encuestas. Varios sondeos lo colocan ya como primera fuerza, aunque eso no quiere decir que vaya a gobernar, porque los socialistas, en principio, volverán a aliarse con el PNV y le darán la lehendakaritza aunque quede segundo.

El PP, no obstante, ha aprovechado las declaraciones del candidato de EH Bildu para atacar al Gobierno. Fuentes de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo tacharon de “hipócrita” al Ejecutivo de Sánchez por “criticar ahora a Bildu tras blanquearlo con sus pactos”. “Si el PSOE quiere ser creíble, debería seguir el ejemplo del PP y poner un cordón sanitario contra Bildu y dejarse de proclamas en campaña que luego incumple. Si Sánchez necesita pactar con los de Otegi, lo hará”, añadieron.

El PSE-PSOE y Sumar ya habían arremetido contra Otxandiano a primera hora de este martes por sus declaraciones de la víspera. A primera hora, el candidato socialista a lehendakari, Eneko Andueza, ha contestado a Otxandiano en la SER: “La única verdad [de lo que Otxandiano dijo] es que ETA ya no existe. Es un absoluto cobarde. Estas declaraciones son de una bajeza tremenda”, ha afirmado el socialista. La candidata de Sumar, Alba García, ha dicho en TVE que es “evidente” que ETA fue una “banda terrorista” y ha pedido a EH Bildu que “esté a la altura” de la sociedad vasca. “Hay que poner a las víctimas en el centro”, ha reprochado.

EH Bildu, que en los comicios autonómicos de 2020 obtuvo 21 escaños y el 27,6% de votos, puede convertirse el domingo en la primera fuerza política del País Vasco: la última encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la SER apunta a que superará al PNV, por primera vez, logrando 30 diputados y casi un 36% de los votos.

Esta es la conversación que se produjo entre el periodista Aimar Bretos y el candidato Pello Otxandiano el lunes por la noche en la SER:

―¿ETA fue un grupo terrorista?

―ETA fue un grupo, eh... armado. Bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea la cuestión. Evidentemente, hay diferentes puntos de vista de lo que han supuesto los GAL, la tortura por parte de las fuerzas y cuerpos policiales, ETA... Hay diferentes puntos de vista. Yo creo que hay un consenso fundamental hoy en la sociedad vasca, después de ya más de 15 años de la desaparición de ETA, que es que ese ciclo ya lo hemos dejado atrás. Afortunadamente, ETA no existe, y que, a partir de aquí, podemos construir el futuro de una forma mucho más compartida y también la memoria en torno a lo que ha sido el pasado de una forma plural y basándonos en el respeto de todas las víctimas.

―¿No pasa de ahí, de considerarlo grupo armado? ¿No pasa a considerarlo grupo terrorista, una banda terrorista?

—No me parece que esa sea una cuestión fundamental.

―Es una cuestión muy importante considerar si ETA fue una banda terrorista o no.

―Pero ¿qué es terrorismo hoy en día? ¿Lo que está haciendo Israel contra Palestina es terrorismo? Bueno, pues podemos discutir sobre las consideraciones en torno al terrorismo. ¿Qué es terrorismo? ¿Qué no es terrorismo? Me parece que la cuestión principal es diagnosticar en términos políticos cómo se superan los conflictos políticos, y yo creo que en este país hemos avanzado muchísimo.

Otxandiano reivindicó también “la aportación que ha hecho la izquierda independentista para sacar de la ecuación política vasca la violencia de ETA”, y añadió: “Hay personas en EH Bildu que han pagado con más de seis años y medio de cárcel su empeño por desactivar la violencia de ETA. Y esas personas, cuando fueron encarceladas, fueron catalogadas como terroristas. Y esas personas han pasado seis años en la cárcel y después han sido absueltos. Y hoy, todavía, hay gente en el Estado español que los considera terroristas. Por lo tanto, yo creo que este debate lo tenemos que superar. Estamos en otro ciclo político y estos debates hay que superarlos”.

El candidato se refería a Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu y antes de Batasuna, a quien el Tribunal Supremo condenó en 2012 a seis años y medio de prisión, que cumplió casi en su totalidad. No es que luego fuera “absuelto”, sino que posteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Otegi no había tenido un juicio justo, por la falta de imparcialidad de una de las magistradas, y el Supremo anuló la condena. No obstante, Otegi ya había sido condenado anteriormente por secuestro y enaltecimiento del terrorismo.

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La Moncloa aún está buscando el momento adecuado para llevar esta decisión al Consejo de Ministros y después informar al Parlamento ―no necesita una votación, es una prerrogativa del Ejecutivo que el presidente ha prometido que explicará al Congreso, pero sin necesidad de que la apruebe― pero la sensación que trasladan las fuentes de La Moncloa y Exteriores consultadas es que nada ha cambiado tras los ataques de Irán y la decisión es inminente. Sánchez ha sido muy claro: al revés, lo ocurrido con el ataque de Irán “reafirma a España en su posición de defensa de la diplomacia, la legalidad y la paz. Hay dos caminos, uno el de la escalada bélica, que nos puede llevar al abismo, y otro el del alto el fuego, la paz, y el reconocimiento mutuo de los dos estados, Israel y Palestina”.

Los planes se mantienen y este jueves tendrán un momento especialmente relevante, al menos desde el punto de vista simbólico. La presidencia del Consejo de Seguridad, que este mes corresponde a Malta, uno de los cuatro países europeos que firmó con España en Bruselas el compromiso del reconocimiento de Palestina, ha decidido llevar la cuestión al encuentro de este organismo este jueves en Nueva York. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha solicitado intervenir ―España tiene voz, pero no voto― para defender el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU. No hay prácticamente ninguna posibilidad de que la iniciativa prospere, porque EEUU ya ha apuntado que vetará cualquier paso en este sentido, pero desde el punto de vista político será el momento más claro en el que España se comprometerá formalmente con ese reconocimiento, como harán otros países. El siguiente hito sería llevar esta solicitud a votación a la Asamblea General, donde España sí podría votar y lo haría a favor, con un grupo muy grande de países. Como ha explicado Albares en TVE, ya hay 139 países en el mundo que reconocen a Palestina, nueve de ellos europeos. “Hablaré a favor de la entrada de Palestina como un estado soberano de Naciones Unidas. Es lo mejor para la paz en Oriente Medio. Es lo mejor para la estabilidad en la región”, ha asegurado.

De nuevo, el efecto jurídico sería nulo, porque el veto de EE UU en el Consejo de Seguridad ya impediría a la iniciativa tener fuerza legal, pero simbólicamente puede ser importante y Sánchez está especialmente interesado en que se vea que España no está sola en esta posición, sino que cuenta con varios aliados europeos y sobre todo con más de un centenar de países en la misma línea en todo el mundo.

A partir de la reunión del jueves del Consejo de Seguridad, cuando la cuestión pase de una mera declaración política del presidente a una posición formal de España en la ONU, Sánchez ya estará preparado para llevar el reconocimiento al Consejo de Ministros en cualquier momento. En La Moncloa no quieren hablar de fechas concretas, pero los mensajes que llegan hacen pensar que no tardará, aunque el equipo del presidente está muy pendiente de la evolución de los acontecimientos en Naciones Unidas, que le darían el colchón político para lanzarse. El debate de la semana pasada en el Congreso ya dejó claro que el PP no puede rechazar de plano el reconocimiento, porque su posición histórica está a favor, como admitió Alberto Núñez Feijóo, pero sí se opondrá al momento, que según el líder de la oposición es precipitado y podría ser perjudicial para los propios palestinos. Sánchez, por el contrario, defiende que este es un movimiento que reclaman no solo los palestinos y los países árabes sino muchas naciones en el mundo y puede ser un gesto importante de presión a Israel, a la que España reclama hace tiempo un alto el fuego.

Sumar, que también ha hecho bandera con este asunto, insiste en que ese paso se dé cuanto antes en el Consejo de Ministros. “El riesgo de escalada bélica lo que debe hacer es apremiarnos a reconocer el Estado palestino aún más deprisa. Entre otras cosas, porque hasta que no tengamos resuelta la cuestión palestina el riesgo de escalada regional siempre estará ahí”, ha justificado este lunes en rueda de prensa el ministro de Cultura y portavoz de la coalición que lidera Yolanda Díaz, Ernest Urtasun. “La suerte del pueblo palestino es la suerte de la paz en el mundo. Y por lo tanto si queremos garantizar la paz en el mundo lo que tenemos que hacer es reconocer el estado palestino lo antes posible como una contribución esencial a la paz”, ha incidido Urtasun, informa Paula Chouza.

Sánchez en cualquier caso ha condenado de forma clara el ataque de Irán a Israel ―en La Moncloa reivindican que, al contrario de lo que dice el PP, Sánchez publicó su mensaje de condena en la mañana del domingo un poco antes que Macron y Meloni, aunque más tarde que Olaf Scholz y Josep Borrell y después de publicar un primer mensaje en el que no había condena― e insiste en exigir la liberación incondicional de los rehenes israelíes en manos de Hamás y reivindicar el derecha a la defensa de Israel, pero siempre que respete el derecho humanitario internacional, algo que La Moncloa cree que Tel Aviv ha violado de forma clara. Sánchez ya trasladó en su reciente viaje a la región una clara inquietud por la posible extensión regional del conflicto. Ahora en La Moncloa confían en que EE UU ejerza su labor de presión sobre Benjamín Netanyahu y evite una respuesta brutal que derive en una guerra regional. En el Ejecutivo hay mucha preocupación con el líder ultraconservador israelí, enfrentado claramente con Sánchez después de su reunión en Jerusalén, pero el presidente y su equipo confían en que la presión no solo de EE UU sino de otros países europeos, cada vez más escandalizados por los bombardeos indiscriminados en Gaza, surta efecto sobre el primer ministro israelí y pueda así cambiar el curso de la guerra.

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