“El Estado no estaría garantizando el derecho del menor a formular una solicitud de protección internacional”, dice Gabilondo en sus duras conclusiones del 30 de julio, tan solo una semana después de su visita a Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria en la que vio de primera mano la presión migratoria. El Defensor recomendó hasta en cuatro ocasiones que las autoridades (estatales y locales) mejorasen la acogida de los menores migrantes no acompañados, especialmente los que superan los 16 años, puesto que a veces se les da un trato de adulto y su recorrido de acogida es el equivocado.

Específicamente, Gabilondo solicitó a la Subsecretaría del Ministerio del Interior “que facilite el acceso individualizado a la formalización de las solicitudes de protección internacional de los niños y niñas, mayores de 16 años, con el fin de garantizar el acceso al procedimiento establecido en los estándares de acogida previstos” en las directivas europeas. También se dirigió hace ya un mes a la Secretaría de Estado de Migraciones (dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y le reclamó que “se habiliten espacios adaptados a las necesidades de estos niños y niñas, mayores de 16 años, con el fin de garantizar los estándares de acogida”. Ninguna de las dos peticiones obtuvo respuesta.

El que sí ha recogido el guante ha sido el presidente canario, Fernando Clavijo. El jefe del Ejecutivo autonómico advirtió el martes de que, aunque Canarias garantizará la asistencia a los menores migrantes no acompañados, a partir de ahora los considerará competencia del Gobierno central. “Estamos preocupados por que los protocolos se respeten (...) porque son los que garantizan la identificación y la transferibilidad del menor”, declaró el martes. El presidente canario prometió que los menores seguirán teniendo una “atención inmediata”. Aunque añadió que lo relevante es que esos menores tengan “un proyecto de vida”. “Ahora mismo es imposible garantizar sus derechos”, se lamentó.

En su insistencia sobre una correcta identificación de los menores, el Defensor señala ―además de al Gobierno―, a la Fiscalía y hasta a la Policía Nacional. “Que se identifique a los niños y niñas que vayan a alcanzar la mayoría de edad en los próximos meses (...) a fin de agilizar los trámites para su documentación, consignando en cada uno de los casos de aquellos que no cuenten con pasaporte, la imposibilidad material de conseguirlo antes de que cumplan 18 años”, les pide. Según las autoridades de Fronteras, un número muy significativo de los menores que se encuentran en Canarias tienen 17 años. Esta circunstancia es relevante para el que solicita protección, ya que, al cumplir 18 años, pasarán a ser usuarios del sistema de acogida internacional, por lo que “deberían adoptarse medidas que permitan una transición a la vida adulta de estos jóvenes solicitantes, adaptadas a sus necesidades particulares”, recuerda Gabilondo quien asegura que “es consciente” de que la situación es de emergencia. Por eso, el Defensor sugiere valorar la posibilidad de “solicitar la colaboración de entidades especializadas en protección internacional, mediante la fórmula de contratación pública que resulte más ágil y adecuada”.

Y es que, según su informe anual, el Defensor del Pueblo venía al menos desde marzo pasado alertando fallos en la identificación y acogida de los menores que han arribado al archipiélago —más de 5.283 a día de hoy— y que son tutelados por las autoridades de Canarias. Unas autoridades que, junto las de la ciudad autónoma de Ceuta, se han declarado este verano desbordadas por la llegada de personas que huyen de las guerras y la pobreza y buscan alcanzar suelo español. Suelo europeo.

El Defensor alerta especialmente sobre la situación de los niños que provienen de Malí. “Se trata de niños y niñas que han huido de conflictos armados (...) que han sufrido violaciones de derechos humanos, violencia sexual y de género, incluida mutilación genital femenina o matrimonio forzoso y precoz, o que sufren persecución por pertenecer al colectivo LGBTIQ+, entre otras circunstancias”, alerta en su texto en el que desvela que más de 1.000 niños (y unas 10 niñas) malienses se encuentran bajo la tutela del servicio autonómico de protección de menores canario.

Tras su visita en julio al archipiélago, Gabilondo tuvo también palabras para las autoridades locales y recomendó a la Consejería canaria de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias reforzar el personal encargado de la identificación de las necesidades de protección internacional. Recordó que, según las normas europeas, hay que tener en cuenta cada situación específica de los menores o acompañados y que el interés superior del menor será la consideración básica para los Estados miembros para que tengan un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, psíquico, espiritual, moral y social.

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La princesa pone fin a sus vacaciones y a las siete de la tarde, vestida con el uniforme de la Armada de especial relevancia, modalidad B (todo blanco con chaqueta abotonada), y sola ―el Rey estará en Barcelona visitando el Nou Port Olimpic y la Reina en París con motivo de los Juegos Paralímpicos―, entrará en la academia pontevedresa en la que se incorporará junto a los alumnos de tercero. Su hermana menor, la infanta Sofía, se encuentra desde la semana pasada en Gales, donde cursa el segundo año de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College tal y como hizo ella misma. Después de visitar el Cuartel de Alumnos, la princesa saldrá con el uniforme de trabajo modalidad C (camisa blanca de manga corta y pantalón largo blanco). Estará acompañada siempre por el capitán de navío Pedro Cardona Suanzes, director de la Escuela Naval. La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará este miércoles la Escuela para revisar los preparativos del ingreso de la princesa y para conocer el plan de estudios del próximo curso.

Leonor no solo está llamada a ser la futura reina y jefa del Estado, sino que también ejercerá el mando supremo de las Fuerzas Armadas, según el artículo 62 de la Constitución. Por eso, el Gobierno aprobó en 2023 un Real Decreto por el que se regula la formación y carrera militar de la princesa con el fin de que tenga nociones en tierra, mar y aire. “El ingreso de Su Alteza Real la Princesa de Asturias en las academias militares refuerza el papel cada vez más relevante de la mujer en las Fuerzas Armadas, cuyas oficiales se forman en los mismos centros docentes militares”, dice el Real Decreto. Aún está por ver si su hermana, la infanta Sofía, tendrá algún tipo de formación militar siguiendo así los pasos de la princesa. “Todo a su tiempo”, se limitan a contestar desde La Moncloa.

El paso por la Armada es uno más en su formación militar que Leonor empezó en 2023. El pasado 3 de julio, la heredera se graduó en la Academia General Militar de Zaragoza, conocida como La General, recibiendo de manos de su padre, el rey Felipe VI, el despacho de alférez. Allí fue “una más”, asegura una persona que estuvo con ella y la instruyó en San Gregorio, donde se encuentra la academia del Ejército de Tierra. Este jueves, inicia sus estudios con la Armada. Y durante el curso 2025-2026, en una fecha aun sin determinar, Leonor finalizará sus estudios castrenses en San Javier (Murcia) con su paso en el Ejército del Aire y del Espacio como alférez alumna.

En su paso por la Escuela Naval Militar, que ahora cumple 300 años desde su fundación, Leonor compartirá habitación con otras cuatro mujeres guardiamarina de tercer curso, una promoción que vive en un edificio en el que los dormitorios se comparten con menos personas y donde hay cuarto de baño en su interior. Pero la rutina es la misma para todos: a las 06.45, la princesa y el resto de guardiamarinas se despertarán con el pertinente toque de diana. Tendrán un tiempo para arreglar el cuarto, asearse y desayunar en el comedor.

Horarios y vestimenta

El horario es meridiano, según las normas internas de la Escuela Naval. A las 08.00, izado de bandera y a las 09.00 empieza la jornada con educación física y otras actividades de instrucción. Leonor cursará materias de varios cursos elegidas cuidadosamente para ella en las que habrá asignaturas técnicas, científicas, militares y de otra índole. La comida se servirá a las 14.00 de la tarde y durará entre una hora y una hora y media. Las actividades formativas de la tarde se reanudan hacia las 15.30 con un parón a las 20.00 de la tarde para la oración. A las 22.30, silencio, según las normas internas de la Escuela Naval.

Además, la princesa y el resto de compañeros deberán seguir unas estrictas normas de vestimenta, que en su mayoría será de color blanco, azul y negro.

La de este jueves no es la primera vez que la princesa Leonor visita Marín. El pasado 16 de julio, acudió junto a sus padres, los Reyes, a la entrega de despachos de la Armada y allí pudo visitar de primera mano lo que a partir de ahora será su casa.

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El aumento de las llegadas de migrantes irregulares a Canarias de este verano (entre junio y agosto han desembarcado más de 2.600 personas, el 19,4% más que el año pasado) ha puesto en el foco la cuestión migratoria por la que se han enzarzado esta semana el Gobierno y el principal partido de la oposición con un cruce de acusaciones que han copado titulares de los medios de comunicación. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, inauguraba la semana con una gira por Mauritania, Gambia y Senegal ―países clave para España en la ruta migratoria― para intentar frenar la salida de cayucos hacia las costas españolas. Un viaje que el PP tachó de “falso humanitarismo” y con el que el Gobierno solo fomentaría la inmigración irregular y alentaría a las mafias a seguir enriqueciéndose con el negocio del tráfico de personas.

Por ello, el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, introdujo en el debate las “deportaciones masivas” de migrantes que ya están en territorio español. Ante las críticas por las duras declaraciones de Tellado, su colega de partido Borja Sémper intentó bajar el suflé: “Es inexacto”, dijo durante una entrevista en radio Euskadi. “Lo que [Miguel] Tellado hizo es decir que en Europa, como en Alemania, se plantean en este sentido las políticas migratorias”, aclaró en referencia a los retornos de migrantes a sus lugares de origen, ya sean forzados o voluntarios.

Esas expulsiones, en cumplimiento de la ley, ya se están llevando a cabo. De los tres países mediterráneos, los más expuestos a las llegadas de migrantes irregulares desde África, España fue el que más personas expulsó a principios de este año ―último dato disponible― con un total de 2.515, muy por delante de Italia (935) y Grecia (1.195). Sin embargo las llegadas de irregulares son diez veces más de los expulsados: 24.500 en los que va de año, según el Ministerio del Interior.

Casi el 70% de esas 2.515 expulsiones fueron “forzosas”, según la agencia comunitaria. El resto corresponden a ciudadanos extracomunitarios que de forma voluntaria y acogiéndose a programas específicos, por ejemplo de Frontex, decidieron volver a sus países. España no ha proporcionado información desagregada a Bruselas sobre los menores no acompañados, otra derivada por la que Gobierno y PP se han enfrentado, por lo que estos menores no han entrado en las estadísticas comunitarias.

Pese a los datos, el PP siguió vertiendo acusaciones de pasividad de Sánchez, e incluso del Ministro de Exteriores, José Manuel Albares y de la propia Unión Europea. “Albares no hace nada. Frontex no actúa”, dijo el diputado popular Borja Sémper en una entrevista en radio Euskadi. Frente a las acusaciones del PP de que el Gobierno facilita el trabajo de las mafias con su “efecto llamada” de la migración hacia España, Sánchez se defendió el jueves asegurando desde Senegal que la migración regular “vacuna frente a quienes hacen de la irregular un negocio, como las mafias, y frente a quienes la utilizan como excusa para extender el odio y la xenofobia en la sociedad”, dijo en alusión a la extrema derecha. Dos días antes, en su visita a Mauritania y Gambia, el presidente anunció como “imprescindible” los retornos de migrantes al tiempo que proponía programas de “migración circular” a través de contratos de trabajo para fomentar la migración regular.

Pero el concepto de “migración circular” no ha gustado a los socios de Gobierno que lo han tachado de eufemismo. La secretaria general de Podemos en Andalucía, Martina Velarde, ha señalado que lo que hay detrás de ese concepto es en realidad “sufrimiento, explotación laboral y sexual”. Por su parte, Sémper ha considerado este viernes en una entrevista en Onda Cero “materialmente imposible” llegar a entendimientos con el Ejecutivo en materia migratoria. Una materia que considera debe ser de Estado.

Precisamente en eso se ha centrado este viernes la ministra de Defensa, Margarita Robles, en unas declaraciones en una pausa en un consejo informal de ministros europeos de su área en Bruselas. “Es inaceptable por parte del PP, en un tema que es claramente de Estado, que pueda tratar de sacar tajada y hacer política en esta materia. Son temas humanitarios y afectan a la esencia de las relaciones internacionales”, ha remarcado Robles añadiendo que la inmigración tiene también que ver con temas económicos y culturales. Además, en sus declaraciones a los medios ha recordado también que “el yihadismo se está extendiendo por ciertos países africanos”, en referencia al Sahel, un punto clave para la seguridad de España, pero también de Europa. “No vale todo”, le ha espetado al PP en relación a los rifirrafes que oposición y Gobierno han mantenido esta semana.

Por otra parte, en el primer trimestre del año se emitieron 1.505 órdenes de expulsión, lo que sitúa a España en décimotercera posición entre los Veintisiete. En este caso, sí que se constata un fuerte descenso con respecto al mismo periodo de 2023, cuando se dictaron 4.160 órdenes para la salida del país de ciudadanos extracomunitarios. En total, en 2023 se emitieron 10.645 órdenes de expulsión mientras que en 2022 este dato fue de 10.920.

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Pese a que es su primer día con la Armada, la princesa se incorpora con los alumnos de tercero como parte de un plan de estudios que se creó el año pasado ad hoc a través de un real decreto y que le proporcionará conocimientos en tierra, mar y aire. Cuando termine su paso por la Armada, a Leonor solo le queda formarse en el Ejército del Aire y el Espacio, para lo que se trasladará a San Javier (Murcia) en el curso 2025-2026.

A diferencia de cuando ingresó el pasado octubre en la Academia General Militar de Zaragoza para instruirse con el Ejército de Tierra, de donde ya es alférez, Leonor ha llegado este jueves sola, sin la presencia de sus padres Felipe VI y Letizia Ortiz. El Rey se encuentra en Barcelona para visitar el Nou Port Olímpic y posteriormente asistirá a un acto de la America’s Cup mientras que la Reina Letizia se estará desplazando a París para asistir a los Juegos Paralímpicos hasta el próximo lunes.

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La batalla política está servida. Pese a la insistencia del PP en que el Gobierno “no tiene un plan migratorio”, fuentes del Gobierno aseguran que la gira africana del jefe del Ejecutivo está diseñada desde hace meses, antes del verano, y que “no se ha cambiado ni una coma” en los mensajes previstos. “Es una muestra de lo que representa una política integral en materia de inmigración”, explica el Gobierno, que en las tres jornadas del viaje ha secuenciado los mensajes: inmigración circular y formación en países de origen, el trabajo de las patrulleras de la Guardia Civil y lucha contra las mafias de tráfico de personas. Pese a esto, el PP sigue hablando de “improvisación” del Gobierno en esta materia.

Los socialistas insisten en situar al PP al lado de Vox en este asunto. “El PP ya es Vox. Ese es el legado de [Alberto Núñez] Feijóo”, aseguran, al tiempo que critican los cambios de posición de los populares en inmigración. Este jueves han distribuido un vídeo en el que la portavoz de migraciones del PP, Sofía Acedo, intervenía en el debate parlamentario sobre la regularización de inmigrantes que se está tramitando en el Congreso a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Resumía así su posición: “Mayor control de nuestras fronteras, promoción de la migración circular, mejorando y agilizando los procedimientos de llegadas ordenadas a nuestro país; impulso de acuerdos con terceros países de origen y tránsito para que la colaboración sea real y efectiva, y por supuesto un sistema ágil de colaboración internacional”.

Pero el PP se defiende y asegura mantener una línea intermedia: “Ni estamos con la irresponsabilidad en materia migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, ni con la postura más intransigente de otros partidos”, en clara referencia al partido de Santiago Abascal.

Tras el endurecimiento de la posición del PP sobre inmigración, fuentes de la Moncloa critican la “irresponsabilidad” de los populares por “fomentar el odio”. En esta línea, el portavoz en el Senado, Juan Espadas, ha criticado el “efecto llamada a la xenofobia y el racismo” que, en su opinión, ha realizado Feijóo con sus comentarios en las últimas horas respecto a la inmigración irregular, un fenómeno que el representante socialista ha defendido que hay que combatir, pero desde “la legalidad y el ordenamiento jurídico”.

Yolanda Díaz, máxima representante de Sumar en el Ejecutivo y vicepresidente segunda, se ha desmarcado, sin embargo, de las palabras de Sánchez. A través de la red social X ha señalado que “seguir las mismas recetas en migración que la derecha es un fracaso y un error”. Y ha continuado abogando por la “acogida” y la “solidaridad”, en contraposición a las “deportaciones masivas”, “empezando por apoyar la ILP en el Congreso y regularizar a cientos de miles de trabajadores esenciales”. La discrepancia no es nueva. El socio minoritario del Ejecutivo ha sido muy crítico con la actuación de Interior en numerosas ocasiones y Sumar es contrario al Pacto de Migración y Asilo, que los socialistas respaldaron en Europa.

Por su parte, el diputado popular Borja Sémper ha intentado rebajar esta mañana en una entrevista en radio Euskadi el tono de su propio partido respecto a aliento de las “deportaciones masivas que sugirió Tellado en la red social X. “Es inexacto”, ha remarcado Sémper durante le entrevista. Lo que Tellado hizo, ha proseguido el diputado vasco, es decir que en Europa, como en Alemania, se plantean en este sentido las políticas migratorias (en referencia a la deportaciones y expulsiones).

En este contexto, Sémper y Tellado han insistido este jueves en que Sánchez debe convocar cuanto antes la Conferencia de presidentes para atajar la cuestión migratoria, especialmente el reparto de menores no acompañados y la situación de las infraestructuras de acogida. Sémper ha remarcado que muchas comunidades autónomas están “saturadas” en sus sistemas de recepción de migrantes. El diputado ha retado pues a Sánchez a que visite las provincias para que vea de primera mano la situación y cómo es la capacidad real de acogida. “Si se dota a las Comunidades Autónomas de recursos, igual la acogida es mejor”, ha dicho. El popular también ha recordado que el presidente debe pedir ayuda a Europa. “[El ministro de Exteriores, José Manuel] Albares no ha hecho nada. Frontex no actúa]”, ha sentenciado.

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Estos siete generadores, por los que la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (Aecid) ―que depende de Exteriores― ha pagado 360.000 euros, serán enviados a Ucrania para ayudar a mitigar las graves carencias energéticas causadas por los recientes ataques a las infraestructuras del país, según ha avanzado el ministerio en un comunicado. Los equipos serán trasladados en los próximos días a Polonia, en la frontera con Ucrania, para posteriormente entrar al país, donde se utilizarán para garantizar la energía en los hospitales durante el invierno, añade Finanzauto. Un traslado que será asumido por el Mecanismo Europeo de Protección Civil. La distribución en el interior de Ucrania aún se desconoce y es una estrategia que marcará Kiev en función de las necesidades del momento y “siguiendo las prioridades marcadas por el plan de energía y preparación para el invierno” que están preparando las autoridades ucranias, según Exteriores.

Pogoreltsev, que acompañó en todo momento a Albares, sostiene que con sus ataques a las infraestructuras básicas para la población civil, como son las energéticas, el presidente ruso, Vladímir Putin, viola el derecho internacional. Y es que esos ataques han dañado la capacidad de Ucrania de no solo generar, sino también distribuir energía provocando cortes que afectan a millones de personas. El fabricante, por su parte, asegura que estos aparatos (grupos electrógenos Cat) son unidades autónomas e independientes diseñadas para proporcionar energía eléctrica de manera confiable en una amplia variedad de situaciones que incluyen tanto situaciones de emergencia como usos continuos. Con los siete aparatos que envía ahora España, que tienen una potencia total de 1.200.000 W, el Gobierno calcula que se puede abastecer de electricidad a aproximadamente 240 familias en condiciones normales.

Precisamente el lunes, Moscú bombardeó con más de 100 misiles estas infraestructuras generando cortes en el suministro eléctrico por todo el país y en ciertas partes de Moldavia, que está conectado a la red eléctrica del país invadido. El Gobierno ucranio había planeado volver a exportar electricidad tras dos meses en los que se habían reducido los ataques rusos a su red eléctrica. Pero esos planes se han truncado.

Desde que comenzó la agresión de rusa en febrero de 2022, se ha destruido el 70% de la capacidad de generación eléctrica del país, según ha comentado esta mañana Albares. Y el jefe de la oficina del presidente Volodímir Zelenski, Andrii Yermak, ya advirtió a Rusia en la red social Telegram de que Ucrania responderá a los ataques con la misma moneda: “La voluntad de destruir la industria energética [ucrania] le va a costar caro a Rusia: su propia infraestructura”.

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“La piratería está aumentando fuertemente”, anunciaba el vicealmirante Ignacio Villanueva, mandamás de Atalanta, la misión europea encargada de disuadir, prevenir y controlar la piratería, el tráfico de armas y drogas y asegurar el tránsito de alimentos por el Cuerno de África. Hasta 2019 la situación estaba relativamente en calma, pero ahora, prosigue Villanueva, los piratas, que siempre han tenido los medios, tienen el deseo de hacer más piratería.

Desde noviembre pasado, la fragata Canarias de la Armada ―relevada el 20 de junio, después de cuatro meses y medio de patrulla, por la Numancia, que tras estar atracada en el puerto de Yibuti, salió a la mar el 1 de agosto― fue testigo de 40 ataques de piratas en aguas del Índico, justo frente a las costas de Somalia. “Tuvimos un despliegue muy intenso, con mucha actividad”, describe al teléfono el capitán de la Canarias, el comandante Carlos Cordón Castosa. Son unas cifras que no se veían desde 2013. Y pese a que la situación es “complicada y difícil”, según dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles, hace semanas durante una conversación de puesta al día con Alvargonzález, la relación con las autoridades somalíes es buena. De hecho, “quieren ser parte de la solución”, asegura Villanueva.

“[Los piratas] secuestran embarcaciones más pequeñas y se van a alta mar para atacar a los buques mercantes”, explica el comandante Cordón. Suelen secuestrar dhows ―pequeñas embarcaciones de tipo pesquero muy comunes en esta zona― para mezclarse con el tráfico marítimo habitual y acercarse a buques más grandes que transitan por el Cuerno de África. “La situación es muy, muy, muy complicada”, describe preocupado Cordón, porque, con la crisis del mar Rojo, entre el 30% y el 50% (según la fuente) del flujo que iba por la ruta del Canal de Suez (Egipto) hacia Europa ha virado al sur para atravesar el cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica), con lo que los piratas tienen ahora muchos más buques que atacar; y Atalanta mucho más que vigilar. Además, como el riesgo es mayor, las aseguradoras han aumentado considerablemente las primas a los buques que quieran atravesar el mar Rojo, lo que hace que estos cambien de rumbo hacia el sur, contribuyendo al aumento de tráfico en la zona de Atalanta. Y Bruselas, de momento, “no ha aumentado los recursos”, explica Cordón. La operación tiene un presupuesto para este año de 6,36 millones de euros, una cifra en línea con las cuentas de los ocho años anteriores, aunque inferior a los ocho millones de 2010, apenas dos años después del inicio de la misión.

Una vez que los piratas secuestran un barco, lo habitual es que lo lleven a la costa de Somalia y lo retengan allí mientras se entablan las negociaciones de rescate, que es lo único que buscan los delincuentes. Eso mismo le ocurrió al mercante Abdulla, cuyos 23 tripulantes estuvieron el pasado abril 32 días secuestrados por piratas armados en aguas de Somalia, aunque finalmente fueron liberados. “Recibimos un aviso de que estaban siendo atacados y cuando llegamos, los piratas ya tenían tomados a los rehenes. Eso es un problema”, explica Cordón, que vivió de primera mano aquel secuestro. La fragata Canarias esperó a que se pagara el rescate ―cinco millones de euros que volaron en paquetes desde una avioneta, según el comandante― para apoyar a la tripulación con un reconocimiento médico y con la recopilación de pruebas que puedan implicar a los piratas somalíes en un potencial juicio: recogida de ADN, rastreo de móviles... Cordón revela que en este caso, a diferencia de en otras ocasiones en las que ha habido heridas de bala y violaciones, la tripulación no sufrió violencia física. Esta vez, la dotación sufrió de estrés postraumático y tenía ciertas infecciones atópicas derivadas de las condiciones de insalubridad en las que vivieron durante más de un mes, con animales muertos y excrementos por el buque.

La volátil situación geopolítica internacional, sobre todo a causa de la guerra de Israel en Gaza (se acaban de superar los 40.000 muertos en la Franja), los ataques hutíes de Yemen ―apoyados por Irán― y la influencia de Teherán en esa región, han hecho que los piratas campen a sus anchas en esa zona del mundo, con un alto tráfico marítimo: 20.000 buques al año y en aumento por la ya citada crisis del mar Rojo. Villanueva advierte de que incluso en ciertos foros africanos algunas autoridades están empezando a alertar de la connivencia y ataques conjuntos de los piratas tradicionales con el Estado Islámico y los hutíes de Yemen. De estos últimos se están produciendo al menos uno cada tres o cuatro días, según Defensa. “Hay momentos en los que actúan [los tres] juntos. A veces pasa”, confirma un alto mando de una de las operaciones multinacionales en la zona, que asegura que se están recabando evidencias de esta relación. Según la inteligencia que maneja el Ejército, los hutíes tienen bastante material e información sobre los buques que atraviesan la zona, sobre todo la del estrecho de Adén, que da paso al mar Rojo. Están bien armados y sus objetivos suelen ser buques que de alguna manera tengan relación con Estados Unidos, Reino Unido e Israel. De hecho, para vigilar la seguridad en el mar Rojo, la UE lanzó a principios de año una misión específica: Aspides.

España, que toma ahora el mando de Atalanta, alerta de que se están cumpliendo las mismas condiciones que hace 15 años para que se vuelva a dar un aumento de la presencia pirata en esta zona: la sequía, la hambruna y la falta de recursos. “No hay vida, ni gente, ni ganado”, describen oficiales españoles desplegados en el Cuerno de África y en relación constante con la Operación Atalanta. Esto también fuerza a muchos somalíes a lanzarse al mar y convertirse en piratas, algo que se intensificará aún más a partir de septiembre, cuando mejoren las condiciones climatológicas, cree Alvargonzález.

Rescates

Otro factor que hace que esté aumentando la piratería es el “efecto llamada” de los rescates económicos, explica Villanueva. El comandante Cordón, que ha sido testigo del pago de rescates, está convencido de que es una práctica que incentiva que los piratas ―que a menudo están drogados con una sustancia que se llama khat, parecida a la cocaína― continúen con su actividad delictiva.

La Operación Atalanta se puso en marcha en 2008, cuando los ataques y secuestros de piratas se contaban por centenares. Ahora, los Veintisiete Estados miembros están en conversaciones para renovarla o darla ya por terminada a finales de 2024. El mando español en la zona se prolongará hasta el próximo otoño, cuando está prevista una de las últimas rotaciones en una operación en la que participan 20 países (16 de ellos comunitarios). “Atalanta será lo que las naciones quieran”, resume Villanueva.

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Agüero se desplazó el pasado lunes a la base Miguel de Cervantes, en la localidad de Marjayún (en el sureste de Líbano), desde la que el contingente español lidera la misión de paz y estabilidad de Naciones Unidas (UNIFIL) en esta zona caliente del país de la mano del teniente general Aroldo Lázaro. “La guerra en Gaza ha cambiado drásticamente el escenario”, ha corroborado Agüero en referencia a que antes de octubre de 2023 ―cuando milicianos de Hamas atacaron por sorpresa Israel y mataron y secuestraron a cientos de personas― las violaciones en la frontera entre Israel y Líbano las solían llevar a cabo pastores o cazadores. Ahora eso ha cambiado, cuenta a través de una nota, y “el intercambio de fuego es constante”. La de esta semana ha sido la primera visita de Agüero a una misión en el extranjero desde que fuera nombrado hace un mes jefe del mando de operaciones.

En la brigada multinacional que lidera Lázaro desde 2022 (3.500 hombres y mujeres de nueve nacionalidades) “no se percibe tensión”, según el teniente general al frente de las operaciones de España en el extranjero, sí se respira, sin embargo, cierta resignación y “paciencia” para sobrellevar las “inconveniencias que implica elevar el estado de alarma”, algo que sucede con cierta frecuencia en las misiones de este tipo y que conlleva, por ejemplo, portar el chaleco antibalas, ponerse el casco, restringir movimientos fuera de las bases, o refugiarse en los búnkeres. “Con el tiempo, el sonido en la lejanía del lanzamiento de cohetes y explosiones de artillería se vive con cierta naturalidad”, ha remarcado Agüero. Ayer mismo se registraron ataques de Israel contra 10 objetivos de Hezbolá, según el Ejército de Benjamín Netanyahu.

Fortificación de bases

Hace menos de un mes el nivel de alerta en la base donde operan los militares españoles estaba en el uno (el menos grave), pero tras los asesinatos de Haniya y Shukr los militares españoles conviven con la tensión de estudiar constantemente si se eleva al nivel dos o tres, lo que significa “bunquerizarse”, según comentaban fuentes militares hace unos días. En la actualidad, Defensa se limita a responder que de momento “no hay novedades” en los niveles de alerta.

Pese a esta calma tensa y a estar en medio del fuego cruzado entre Israel y Hezbolá, Agüero asegura que los militares que forman parte de UNIFIL no son el objetivo y anuncia que previsiblemente su mandato, que ahora está en el ecuador, se renovará con el acuerdo de todas las partes. Hay una aparente normalidad, pero Agüero relata que las alarmas estos días son “frecuentes” y que los militares españoles ―unos 650―, especialmente los zapadores, se están centrando en mejorar la fortificación de las bases españolas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, que no viajó junto a Agüero a Líbano por motivos de seguridad, ya aseguró hace un mes que la situación era “complicada y difícil” y que el contingente español estaba tomando “todas las medidas de seguridad necesarias”. Después de 11 meses de ataques, más de 40.000 personas han perdido la vida en bombardeos israelíes en la Franja de Gaza como represalia a los 1.200 asesinados y casi 300 secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre.

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Tras 20 años de presencia occidental en el país centroasiático, Estados Unidos y los socios y aliados occidentales decidieron abandonar Afganistán, en unas evacuaciones caóticas y precipitadas desde el aeropuerto de Kabul, la capital del país de 41 millones de habitantes. “Es algo que no podremos olvidar nunca”, ha pedido Robles. De hecho, la misma unidad del Ejército del Aire y del Espacio (Ala 31) volvió a participar en otras evacuaciones posteriores en Sudán o en Gaza, donde lanzaron más de 22 toneladas de ayuda humanitaria el pasado marzo.

El escuadrón que participó en la operación de evacuación Neo Kabul entre el 17 y el 28 de agosto de hace tres años ―171 militares en cinco aviones consiguieron sacar a 1.901 refugiados― se hizo una fotografía al aterrizar en España con Robles. Una imagen que la ministra tiene ahora colgada en la pared de su despacho. “Es la más grande”, ha presumido antes de lanzar un recuerdo a las mujeres y niñas afganas que viven bajo el régimen talibán ―lo que le genera una “gran frustración”, según ha remarcado― y a los muertos españoles que han dado su vida durante 20 años de misión. Una operación que ha calificado de “complicada, difícil y arriesgada”.

Poco antes del encuentro con el escuadrón que participó en la evacuación de Afganistán, Robes asistió a un acto en homenaje a los 62 militares españoles que perdieron la vida en mayo de 2003 en el accidente del Yak-42 en Turquía, cuando el aparato se estrelló a su regreso, precisamente, de Afganistán.

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La de este lunes y martes ha sido la primera visita que Robles realiza a estos territorios estratégicos para España, aunque es la segunda que hace este año a Melilla, donde ya estuvo el pasado mes de abril. Estos peñones tienen la particularidad de que no pertenecen a Melilla, sino directamente al ministerio que dirige Robles, que debe velar por su mantenimiento y defensa. Pero con una excepción: la inmigración, una competencia que en 2017 fue transferida a la ciudad autónoma. Y es que estos territorios han sido durante la última década utilizados ―aunque de manera aislada y residual― como forma de entrada en España de migrantes irregulares, pero también han sido objeto de reclamos soberanistas por parte del vecino Marruecos.

En su segundo día de viaje, Robles visitó la isla Isabel II (en el archipiélago de Chafarinas), para conocer de primera mano el trabajo del destacamento de la Legión que custodia el islote, ubicado a unos 50 kilómetros de Melilla. Los militares le han trasladado, según una nota del ministerio, que desde hace tres años la zona está “muy tranquila” y que no se han registrado incidentes. “No nos olvidamos de los que están desplegados aquí ni del trabajo que realizan que es indispensable para la seguridad de nuestro territorio, más aún en un momento complicado como el actual”, ha señalado este martes la ministra.

Esta es una zona de gran importancia para los intereses de España. Se da la circunstancia de que el pasado 28 de julio, tras un mes con un aumento de llegadas de migrantes irregulares desde Marruecos, el buque de acción marítima (BAM) de la Armada Rayo salió de Canarias rumbo a esta zona ―el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán― con la misión de vigilancia y disuasión de la inmigración irregular hacia España y la Unión Europea. Pese a que el Rayo se encuentra patrullando esta zona caliente, Robles no se ha embarcado en él. Lo que sí ha visitado ha sido el patrullero Isla Pinto, que desde enero tiene base permanente en la ciudad autónoma.

El pequeño peñón de Vélez de la Gomera, de dos hectáreas de superficie, ha sido la primera parada de Robles, el lunes a medio día. El territorio, que pertenece a España desde el siglo XVI, según recuerda Defensa, está unido a Marruecos por una lengua de arena de unos 85 metros de ancho, lo que lo convierte en una de las fronteras más pequeñas del mundo, aunque de gran calado estratégico. En 2021, llegaron a Vélez de la Gomera, donde hay presencia del Ejército de Tierra de forma permanente, unas 125 personas de manera irregular y fueron inmediatamente devueltas a Marruecos. Años antes, en 2012, miembros del Comité de Coordinación para la Liberación de Ceuta y Melilla subieron a este mismo peñón y colocaron banderas marroquíes.

La ministra visitó el lunes al medio centenar de militares que residen y trabajan en Vélez de la Gomera y también el peñón de Alhucemas. “Sé que es un esfuerzo importante estar aquí y yo se lo agradezco en nombre de todos. Es una presencia muy adelantada de España, y un sitio muy bonito”, comentó Robles. Este martes hizo lo propio en las Chafarinas, donde el destacamento español es mayor. En la isla de Isabel II también hay personal de la universidad y organismo autónomo de parques nacionales que se encargan del estudio y conservación del ecosistema marino y terrestre.

Apoyo a Irak

Además, Robles hizo el martes un paréntesis en su ruta por los peñones para reunirse en Melilla con los 130 militares que en noviembre se desplazarán a Irak en una misión de apoyo a la coalición internacional contra el Estado Islámico. “Los militares españoles están muy reconocidos no solo por su profesionalidad sino también por su cercanía y trato personal”, les ha dicho la ministra, tras asistir a un ejercicio de adiestramiento para esta misión.

Más de 130 uniformados integran el contingente que viajará en noviembre para llevar a cabo tareas de mantenimiento de la seguridad y asesoramiento e instrucción a las Fuerzas Armadas iraquíes. Está previsto que retornen en mayo de 2025.

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Pese a ser la primera visita de la ministra a estos territorios de soberanía española frente a Marruecos ―es, sin embargo, la segunda vez que visita Melilla en 2024―, se trata de un viaje rutinario para visitar a los destacamentos destinados en estos territorios y “ver su trabajo diario”, según confirma un portavoz de Defensa. Y es que la particularidad de estos territorios está en que no pertenecen a la ciudad autónoma de Melilla ―aunque los militares allí destacados sí dependen de la Comandancia General de la ciudad autónoma―, sino que su titularidad es del ministerio que dirige Margarita Robles, que se encarga de su mantenimiento y defensa. Eso sí, con una excepción: las competencias migratorias en estos tres puntos estratégicos están desde 2017 transferidas a Melilla. Y es que estos territorios han sido recientemente utilizados como forma de entrada en España de migrantes irregulares, pero también han sido objeto de reclamos soberanistas por parte del vecino Marruecos.

Esta es una zona de gran importancia para los intereses de España. Se da la circunstancia de que el pasado 28 de julio, tras un mes con un aumento de llegadas de migrantes irregulares desde Marruecos, el buque de acción marítima (BAM) de la Armada Rayo salió de Canarias rumbo a esta zona ―el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán― con la misión de vigilancia y disuasión de la inmigración irregular hacia España y Europa. Pese a que el Rayo se encuentra patrullando esta zona caliente, no está previsto que Robles se embarque en él.

El diminuto peñón de Vélez de la Gomera, de dos hectáreas de superficie, ha sido la primera parada de Robles. El territorio está unido a Marruecos por una pequeña lengua de tierra de 85 metros de ancho, lo que lo convierte en una de las fronteras más pequeñas del mundo. Pese a su dimensión, estos territorios tienen una gran importancia estratégica para España. En 2021, llegaron a Vélez de la Gomera, donde hay presencia del Ejército de Tierra de forma permanente, unas 125 personas de manera irregular y fueron inmediatamente devueltas a Marruecos. Años antes, en 2012, miembros del Comité de Coordinación para la Liberación de Ceuta y Melilla subieron a este mismo peñón y colocaron banderas marroquíes tal y como ocurrió en el conocido incidente de la isla Perejil en verano de 2002.

La ministra ha visitado a la cuarentena de militares que residen y trabajan en este territorio entre los que se encuentran 28 oficiales del Ejército de Tierra, un oficial enfermero y tres marineros. “Sé que es un esfuerzo importante estar aquí y yo se lo agradezco en nombre de todos. Es una presencia muy adelantada de España, y un sitio muy bonito”, ha comentado Robles. Ya por la tarde, la titular de Defensa se desplazó a la isla de Alhucemas, frente a las costas de la ciudad homónima, cuna de las protestas sociales de 2018 que se extendieron por toda la zona del Rif, para visitar al destacamento español allí. Robles ha recorrido también las instalaciones, ha conversado con el personal, al que ha trasladado el mismo mensaje de agradecimiento por el trabajo complicado y exigente que desempeñan, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

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España es uno de los países que menos porcentaje aporta de su PIB a la Alianza —un 1,28%, muy lejos del 2% comprometido por los socios en la cumbre de Gales (Reino Unido), en 2014—, pero este nuevo movimiento refleja, según la ministra de Defensa, Margarita Robles, el compromiso “claro y firme” con la OTAN. La aportación de efectivos y el apoyo a otros aliados en primera línea de disuasión ―como las repúblicas bálticas, Eslovaquia, Rumania o Turquía―sirven con frecuencia a Robles para esquivar las críticas sobre el escaso presupuesto en Defensa que destina España en comparación con el resto de socios de la Alianza. “Los responsables de España son la mejor manifestación de ese compromiso con la OTAN”, zanjó la ministra hace unos días durante una videollamada con el destacamento liderado por Calvo en el país centroeuropeo.

El objetivo de este liderazgo español es, según el coronel, avanzar en la “consolidación” del flanco este de la OTAN frente a la amenaza rusa. “Tenemos la responsabilidad de coordinar todas las actividades de preparación, ejercicios, adiestramiento diario, proyección de fuerza y apoyo logístico de este embrión de brigada”, añade al teléfono desde la localidad de Lešt, en el centro de Eslovaquia. Y dice “embrión” porque una pequeña parte del contingente, formado por la brigada paracaidista y la brigada logística del Ejército de Tierra, permanece en España, preparada, a la espera de ser desplegada “si fuera necesario”, repite Calvo en varias ocasiones. Una situación que tendrá que ser valorada por la OTAN y por Defensa en función de cómo evolucione la guerra en Ucrania durante los próximos meses.

La mayoría de analistas prevé que la ofensiva rusa escale durante las próximas semanas, un temor que llevó a los aliados de la OTAN a aprobar 40.000 millones de euros y más armamento y munición para Kiev y el Ejército de Volodímir Zelenski en la última cumbre en Washington de principios de julio. Pese a que la situación es tensa y la amenaza rusa “está ahí”, continúa el coronel, el nivel de seguridad en Eslovaquia “es bueno” y, por el momento, no hay previsto ningún ejercicio disuasorio para este 2024, aunque sí para 2025 y años sucesivos. Tampoco está previsto un acercamiento a la frontera con Ucrania, en el este del país.

En total, Calvo lidera a 1.100 soldados de cinco países de los que solo 70 son mujeres. Se trata de la misión internacional en la que hay mayor presencia de españoles, incluso más que en la de Líbano, que se realiza en el marco de la ONU y que mantiene una “calma tensa” tras la escalada de tensión en la zona de los últimos días de julio. Además del batallón de infantería que lleva meses en Eslovaquia, a partir del pasado 1 de julio, la misión cuenta también con una unidad de ingenieros, una unidad de artillería de campaña, otra de artillería antiaérea, de logística y un escuadrón de caballería. “Todo esto permite que se lleven a cabo operaciones de más identidad. Es un cambio cualitativo”, ilustra el coronel.

Reto y oportunidad

Una de las dificultades que se encuentra el país que coordina una fuerza multinacional —España, en este caso—es la búsqueda de la “interoperabilidad”. Esto es, lograr trabajar de forma integrada y eficaz con la capacidad de fuerzas, medios y procedimientos diferentes de los diferentes países, ilustra Calvo. “La OTAN busca procedimientos comunes [...] para que cinco contingentes funcionen como una unidad operativa de combate”, dice. Y no es baladí. “Es un reto y una oportunidad”, opina.

El contingente desplegado desde el 1 de julio se ha estado preparando durante cuatro meses (normalmente la preparación para este tipo de misiones se extiende seis) antes de aterrizar en Eslovaquia, donde la acogida tanto de la población civil como de las autoridades políticas y militares ―que sí sienten más cercana la sombra de Moscú― ha sido “fantástica”, describe el coronel. “Todos nos han trasladado un enorme agradecimiento”, concluye.

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Acompañada de Collboni y de Salvador Illa, primer secretario del PSC, la reina ha llegado a la plaza de Sant Jaume, donde un centenar de personas esperaban frente al Ayuntamiento para saludarla. Luis García Montero, director de los institutos Cervantes, ha abierto la jornada, que se ha celebrado a puerta cerrada. Collboni ha agradecido poder acoger la reunión, “la primera desde 1991″, ha apuntado. “Quisimos que fuese precisamente aquí, en el Ayuntamiento, en la casa de todos”, ha añadido. El acto ha puesto el acento en el plurilingüismo con los ejemplos que han explicado los directores de los institutos de Dakar (Senegal), Viena (Austria), Budapest (Hungría) y Nápoles (Italia).

García Montero ha anunciado la creación de una nueva sede del Instituto en China, en la ciudad de Shanghái. Al finalizar el evento, la reina Letizia ha agradecido la invitación y reconocido el trabajo de las personas que se encargan de difundir el español y las lenguas oficiales por el mundo “navegando por tantas dificultades y con alguna alegría. “Con mis mejores deseos para esta convocatoria y con todo mi afecto”, ha escrito la Reina, en catalán, en el libro de honor del Ayuntamiento. La sesión ha con una ha incluido una fotografía de familia en la entrada del palacio municipal.

Tras esta parada en Barcelona, su agenda se desplaza como es habitual a Palma, donde mañana los Reyes tienen previsto asistir al encuentro con las autoridades de Baleares. De allí, ambos se trasladarán a Parías para el viernes acudir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Fuentes de la Casa del Rey confirman que tanto los Reyes como sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, planean viajar “sucesivamente” a la capital francesa para dar apoyo al equipo olímpico español.

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El pasado 18 de mayo fue el día en el que el último soldado español abandonó Malí después de 11 años de misión de la Unión Europea (EUTM). Este repliegue —que lideraba España— se suma al del Ejército francés, en agosto de 2022, y al del alemán y estadounidense en Níger, este último previsto para antes del 15 de septiembre. Francia abandonó también Burkina Faso el año pasado. Y este vacío que dejan las fuerzas de países aliados abre una puerta para que otras potencias pongan un pie en este territorio inestable, que está a las puertas de la UE, pero también de la OTAN. “Si nos vamos de África, esa zona la va a utilizar Rusia”, alertaba hace días la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y España, por su cercanía, es especialmente vulnerable.

Robles, de hecho, lleva meses alertando de esta situación. En diversos foros, públicos y privados, miembros del Gobierno hablan abiertamente de que no se puede abandonar el Sahel porque, en definitiva, si Occidente sale, Rusia entra. “Europa se ha ido del Sahel y la alternativa es Rusia”, se lamentaba Robles hace días ante una decena de embajadoras en Madrid. “Se está usando este relato [de la amenaza rusa] para justificar el interés en el flanco Sur”, opina Luis Simón, experto en la OTAN y director de la oficina en Bruselas del Real Instituto Elcano, porque se puede interpretar la presencia rusa allí como un “subteatro” de lo que ocurre en Ucrania. Aun así, la OTAN, aunque no sea su máxima prioridad ahora mismo ―tan solo nombró el Sur sin pronunciar la palabra Sahel en el punto 32 de los 38 que tenía la declaración conjunta―, aprobó en esta última cumbre de Washington el primer plan de acción que, entre otras iniciativas, contempla la creación de un enviado especial de la Alianza que vigilará esta zona desde Bruselas, una figura que España e Italia aspiran ocupar. “Hemos adoptado un plan de acción para un enfoque más sólido, más estratégico y orientado a resultados hacia nuestra vecindad del sur, que se actualizará periódicamente”, se lee en la declaración.

El vacío que dejan las tropas occidentales en el Sahel se debe a dos factores, explica Simón. El primero es la necesidad de los aliados de priorizar el Este debido a la amenaza de Rusia, lo cual deja sin recursos otras zonas del planeta. Y segundo, por la “fatiga intervencionista” de Occidente. Es decir, décadas de intervención militar, de inversión de recursos que han llevado a una gran frustración por la falta de resultados. Lo mismo ocurrió en Afganistán en verano de 2022 tras más de 20 años de presencia de tropas occidentales, ilustra el analista. Rusia, pues, se aprovecha del vacío con los llamados coloquialmente “paquetes de supervivencia de regímenes”, en referencia a las ayudas que ofrece Moscú para el asesoramiento, entrenamiento, oferta de armamento y de inteligencia “para ayudar a regímenes autoritarios a mantener su control”, explica Simón.

“La inestabilidad, los efectos del cambio climático, el auge de dictaduras en detrimento de democracias en una parte muy importante para España como es el Sahel está haciendo que la presencia rusa sea cada vez mayor”, aseguró Sánchez, quien lo relacionó con las organizaciones criminales que están detrás, por ejemplo, de los “flujos migratorios irregulares”. Es precisamente le “inmigración irregular descontrolada”, además del tráfico de drogas y de armas hacia Europa, lo que en el fondo preocupa al Gobierno, cree Simón. La misión de España en Mali, con el general Santiago Fernández Ortiz-Repiso al mando, concluyó en mayo de manera “satisfactoria”. Unos 8.300 militares españoles contribuyeron a la formación de 20.000 soldados malienses a lo largo de los últimos 11 años para intentar contribuir a cierta estabilidad regional.

Precisamente, el Sahel sufre ahora de retos demográficos, económicos y políticos que se ven agravados por el impacto del cambio climático, la fragilidad de las instituciones y la inseguridad alimentaria, expone el comandante de infantería y autor del informe El flanco sur de la OTAN: una nueva aproximación estratégica, editado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), Juan Carlos Andrés Herrero. Todo ello hace que la zona sea un caldo de cultivo de grupos terroristas y delincuentes que puedan ser utilizados “por otros competidores estratégicos” como Rusia y, en parte, China. “Los golpes de Estado y la consiguiente falta de democracia permiten a Rusia aumentar su influencia en la región mediante acuerdos diplomáticos, económicos y militares”, apunta el comandante.

Relación bilateral

Mientras tanto, España lleva ya un tiempo estudiando la posibilidad de mantener de alguna forma relaciones bilaterales con ciertos países clave, como Mali o Mauritania, tal y como han hecho otros socios europeos. Ortiz-Repiso destacó en una llamada de puesta al día con la ministra Robles la buena relación con Mali, lo que está bien para “futuras relaciones”. De hecho la OTAN “respeta” esa fórmula, dice Simón. “La OTAN no es la primera parada de la estrategia en el Sur [...] La OTAN puede contribuir en el marco de la cooperación militar o de defensa en la medida de lo posible”, continúa. Y los países como España, Italia, Francia y, en menor medida, Portugal, están planteándose una estrategia individual con países que consideran estratégicos. Y Mali es un país, dice Robles, que “quiere progresar” y en el que se necesita de la presencia comunitaria. “Debemos continuar a su lado [de las fuerzas malienses] preguntándoles qué necesitan y tratando de cooperar y apoyar en lo posible en el futuro”, añadió Ortiz-Repiso.

El comandante autor del estudio del IEEE concluye que “desatender un flanco tan relevante para el conjunto de la Alianza, y tan crítico para algunos socios, puede llegar a tener consecuencias negativas a medio y largo plazo”. En esa línea ya se posicionó el noruego Jens Stoltemberg, secretario general saliente de la OTAN ―ahora inicia su mandato el holandés Mark Rutte―, cuando dijo que “si los vecinos de la OTAN son más estables, la OTAN es más segura”.

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García ha hecho estas declaraciones después de que este martes El Español publicara que la directora del Instituto de las Mujeres recibió al menos 64 contratos públicos de Ayuntamientos gobernados por el PSOE para gestionar los puntos violeta contra la violencia de género y para actividades de igualdad y feminismo, con los que habría facturado alrededor de 250.000 euros con las empresas que comparte con su mujer, Elisabeth García. Los puntos violeta, una iniciativa del Ministerio de Igualdad lanzada en 2021, son lugares como comercios, empresas, negocios y también personas particulares que se identifican como seguros para que acudan a ellos las víctimas de violencia machista en busca de ayuda.

“Cuando en 2023 fui nombrada directora del Instituto de las Mujeres, me puse en contacto con la Oficina de Conflicto de Intereses para que me indicasen cómo proceder, al estar sometida a la normativa de altos cargos. Entonces se me indicó que debía actualizar mi situación profesional y que la ley me permitía mantener hasta un 10% de las empresas que compartía con mi mujer. Así procedí de forma inmediata, manteniendo a mi nombre un 8%. He cumplido y cumplo escrupulosamente la ley”, ha explicado García en una nota.

Según esa ley, si el alto cargo y su cónyuge están en régimen matrimonial de separación de bienes, no hay ilegalidad siempre que el alto cargo no posea más del 10% de la empresa. Fuentes cercanas a Isabel García confirman a este periódico que el matrimonio optó por esta modalidad. En el escrito del abogado, se explica que si Isabel García hubiera vendido sus participaciones a un tercero, Elisabeth García “habría ejercitado su derecho de adquisición preferente que le corresponde con arreglo a la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos de ambas compañías, porque la condición de cónyuge del alto cargo no hace perder a éste los derechos que le corresponden como socio. Por tanto, el resultado societario hubiera sido el mismo”.

Preguntada sobre el cese o la posible dimisión de Isabel García, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha rechazado de momento pedir su dimisión y ha señalado que “hay que darle tiempo” para que “se explique” y “ofrezca la información” que le sea requerida en los diferentes “ámbitos” y “foros”. “Hay que confiar en las personas y darles el tiempo que merecen para que puedan explicarse”, ha indicado la ministra a la entrada en uno de los cursos de verano que la Universidad Complutense imparte en el campus de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid. “Ella [Isabel] dijo que cumplió rigurosamente con las reglas de incompatibilidades y que consultó a la oficina de conflictos. Y que ella hizo lo que esta oficina le dijo”, ha contado la ministra en referencia a la conversación —en persona y en el Ministerio— que mantuvo este miércoles por la tarde con Isabel García.

Ante la petición de comparecencia de Isabel García en el Congreso por parte de Sumar, Redondo se ha mostrado a favor deslizando que debe presentar la información “en todos los foros en los que se pida”.

Tal y como ha explicado Isabel García en el comunicado, fue en 2022 cuando, “libre de responsabilidades políticas”, creó una consultoría de igualdad junto a su mujer. “En ese momento yo ya no ostentaba ninguna responsabilidad orgánica, institucional ni de ningún tipo en el PSOE y decidí centrar mi actividad profesional en proyectos enfocados a la igualdad real entre mujeres y hombres (planes de igualdad, conferencias, jornadas, punto violeta, talleres, formación, etcétera). Proyectos que se ofertaban tanto a empresas privadas o clubes deportivos, entidades públicas (ayuntamientos de todos los signos políticos, universidades…) e instituciones semipúblicas (federaciones deportivas)”, ha detallado.

Desde su nombramiento en diciembre de 2023—dentro de los tres meses que establece la ley para cumplir con las posibles incompatibilidades como alto cargo—, se desvinculó “no solo de la titularidad, sino de la gestión de las dos sociedades en las que tenía participación, asumiendo la gestión exclusiva de las mismas” su esposa, que era la administradora de Imber Consultoría de Igualdad S.L, desde su constitución en abril de 2023, y se encargó también de la gerencia de la otra sociedad, Elig consultoría política de igualdad y diversidad S.L. (en el origen, García poseía el 49% de Imber y el 51% de Elig).

“Ninguna de las empresas de mi pareja ha recibido un solo contrato del Instituto de las Mujeres, ni ahora que yo lo dirijo ni con anterioridad. Nunca he hecho ninguna gestión o recomendación directa o indirecta ante los posibles clientes de las empresas, sean públicos o privados, para favorecer ningún contrato. Los contratos que se han realizado con entidades públicas, de todos los colores políticos, y privadas son fruto del buen hacer profesional de mi esposa”, ha indicado García, que ha manifestado tener “la conciencia tranquila” y su disponibilidad para facilitar, siguiendo las instrucciones de la ministra, “toda la información que sea precisa”.

En un comunicado enviado por el abogado de Isabel García, en el que se pide a El Español una rectificación, se expone que Elig consultoría fue adjudicataria en 2022 de seis contratos para puntos violeta; ocho en 2023, y uno en 2024, más otros tres adjudicados que se ejecutarán en agosto y septiembre. Por otra parte, Imber fue adjudicataria de tres contratos en 2023 y uno en 2024. Todo ello con una facturación total de 84.082 euros y suscritos con ayuntamientos, en su mayoría del PSOE, y con presencia de algunos del PP.

Sumar y Podemos piden la dimisión

Tanto Sumar como Podemos han exigido el cese de García en la red social X y han insistido en el error de su nombramiento. “La transfobia es injustificable; usar una institución trascendental en la lucha contra las discriminaciones para el enriquecimiento personal, también”, han escrito en el partido que dirige la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A lo que la secretaria de comunicación de la organización, Elizabeth Duval, ha añadido que “tiene que dimitir o ser cesada”.

La directora del Instituto de las Mujeres nunca debió ser nombrada. La transfobia es injustificable; usar una institución trascendental en la lucha contra las discriminaciones para el enriquecimiento personal, también.

Debe ser cesada de inmediato.https://t.co/reirmXFEUP

— Sumar (@sumar) July 18, 2024

En la misma línea de acusaciones se ha expresado la líder de Podemos, Ione Belarra. “Primero transfobia y ahora hay que sumar corrupción. Es escandaloso y tremendamente doloroso ver en qué han convertido el Ministerio de Igualdad este último año. Están haciendo un daño irreparable al feminismo”, ha mencionado en su cuenta de X. La eurodiputada de la formación y exministra de Igualdad, Irene Montero, también ha incidido en que “no es más grave la corrupción que la transfobia”.

Primero transfobia y ahora hay que sumar corrupción. Es escandaloso y tremendamente doloroso ver en qué han convertido el Ministerio de Igualdad este último año. El presidente debe cesar a la directora del Instituto de las Mujeres. Están haciendo un daño irreparable al feminismo.

— Ione Belarra (@ionebelarra) July 18, 2024

El nombramiento de Isabel García como nueva directora del Instituto de las Mujeres se produjo el 28 de diciembre del año pasado y ese mismo día colectivos trans y políticos de Sumar o Más Madrid ya pidieron su cese por sus discursos “abiertamente transfóbicos”. En concreto, denunciaron que García “ha mantenido discursos abiertamente transfóbicos y antiderechos trans, durante la tramitación de la Ley Trans” e indicaron que “los recortes de derechos trans llevados a cabo por Ayuso, con la derogación de aspectos fundamentales de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid y los argumentos esgrimidos para ello, están en los mismos marcos ideológicos que defiende Isabel García”.

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Se da la circunstancia de que Marín (Pontevedra) es el siguiente destino de la princesa de Asturias en su formación militar. Allí, ingresará para estudiar materias de la Armada a finales de agosto y permanecerá hasta enero, cuando está previsto se embarque en el emblemático buque escuela, Juan Sebastián Elcano, que el pasado sábado hizo su entrada en Marín. Aún se desconoce la ruta del buque, que además de escuela, es un barco diplomático y las paradas en su periplo por el mundo son elegidas por el Ministerio de Exteriores según los intereses de España. A la entrega de despachos de este martes también han acudido la ministra de Defensa, Margarita Robles. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP), entregó el sable a Pedro Palacios Guerrero, el primero de la promoción. “Tenéis [en estos guardiamarinas] confianza en vuestra alteza, tal y como pedisteis en su discurso de jura de la Constitución”, ha dicho a la princesa el director de la Escuela Naval, el capitán de navío Pedro Cardona Suanzes.

Con el grito de “Viva España. Viva el Rey” se dio por finalizado el acto en el que los 111 alumnos cantaron la Salve Marinera. El Rey, con el uniforme de capitán general de la Armada, se unió desde el palco al cántico y también participó junto a Leonor cuando sonó La muerte no es el final, que marcó el inicio del homenaje a los caídos. El acto sirvió para rendir homenaje a Teodoro López Calderón, Jefe del Estado Mayor de la Defensa, que celebra 50 años de pertenencia a la Armada. “Es un marino dedicado al servicio de España. (...) El cariño, respeto y aprecio de sus subordinados y superiores son el mejor testimonio que lo convierten en ejemplo para los alumnos”, ha asegurado Pedro Cardona.

La de este martes es la tercera entrega de despachos a las que acude la princesa tras la suya en la Academia General Militar de Zaragoza (3 de julio) y la de Talarn, Llaida, (el 5 de julio) en la Academia General Básica de Suboficiales. Los Reyes llevan desde hace semanas dando bastante protagonismo a la heredera que hace apenas un mes superó su formación en el Ejército de Tierra y está a punto de iniciar su formación naval. Al terminar en Marín, Leonor deberá también pasar por San Javier (Murcia), donde se formará en el Ejército del Aire y el Espacio.

A esta exposición en el sector castrense, se le suma su representación institucional en solitario. Y como ejemplo, la víspera de los premios princesa de Girona, donde acudió junto a su hermana, la infanta Sofía, al estudio-taller Jaume Plensa en Barcelona. O la visita, también junto a la infanta, a la Galería de las Colecciones Reales en Madrid con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe de Borbón como Rey. Y, finalmente, con su primera visita oficial al extranjero, el viernes pasado, a Portugal, donde fue recibida con los máximos honores por el anfitrión, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

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La de este viernes es una visita especial. Se trata del primer viaje oficial de la princesa de Asturias. Un estreno en el extranjero que su padre, el rey Felipe VI, hizo mucho más joven ―con 15 años―, y mucho más lejos ―Cartagena de Indias (Colombia)― en representación de Juan Carlos I. Tras ser despedida con honores en el aeropuerto de Barajas, la princesa ha llegado esta mañana a la capital lusa acompañada del jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que hace apenas 24 horas asistía a la cumbre de la OTAN en Washington (EE UU).

La zona del monasterio de los Jerónimos, primera parada, estaba ya la víspera preparada con banderas de ambos países. “La visita de la princesa Leonor a Portugal ha sido noticia, pero será el viernes cuando se sienta la ilusión de tener aquí a la heredera al trono español”, decía el jueves por correo electrónico Carolina Carvalho, periodista del diario local Observador. De hecho este viernes, el diario Publico, uno de los más influyentes de Portugal, titulaba: “La visita a Portugal supone la afirmación de Leonor como futura reina de España”.

Portugal representa un destino cómodo para la princesa —el viaje no durará ni 10 horas―; y lógico para la familia Borbón. Portugal y España mantienen estrechos vínculos históricos desde hace siglos (”quiero brindar por estas magníficas relaciones”, dijo la heredera en portugués), pero además, los Reyes mantienen una estupenda relación con el presidente de la república, el conservador Rebelo de Sousa, desde que fuera investido en 2016, pero sobre todo desde que revalidó el cargo en 2021, según fuentes de La Zarzuela. Y esa relación se ha escenificado con el afectuoso saludo con el que el presidente, de 75 años, ha recibido a Leonor en la pista del aeropuerto de Figo Maduro.

Y es que en Portugal “hay un cariño especial [a la Familia Real]” sostiene Carvalho, que es especialista en Casas Reales. “Los vínculos que unen a la familia real española con Portugal son profundos. Los condes de Barcelona vivieron en Estoril durante mucho tiempo y fue aquí donde el rey Juan Carlos pasó parte de su infancia y juventud”, recuerda.

Una historia de 40 años, sin embargo, que Leonor ha obviado en su esperado discurso pronunciado en el Palacio de Belém, un oasis en lo alto de una colina con vistas a la desembocadura del Tajo que alberga la sede de la presidencia del país luso. “Portugal y España comparten una vecindad que va mucho más allá de la proximidad geográfica; es una vecindad que abarca múltiples dimensiones y que se traduce en una amistad sincera y un respecto profundo y mutuo entre nuestros dos países”, ha remarcado la princesa. Quien sí aludió al pasado de la familia Borbón fue el anfitrión de la visita, que aseguró a la princesa que, “como sus bisabuelos, sus abuelos y sus padres”, puede contar siempre con el “cariño” de los portugueses.

Poco antes, Rebelo de Sousa le impuso la banda que simboliza la Gran Cruz de la Orden de Cristo, la máxima distinción de Portugal que también tiene el rey Felipe VI. “Se la entrego como un homenaje a vuestra alteza, al reino de España y a la amistad entre los dos países”, ha dicho el jefe del Estado portugués.

La visita comenzó en el monasterio de los Jerónimos con la ofrenda floral ante la tumba del escritor y poeta luso Luis de Camões, autor de Os Lusíadas, considerado uno de los grandes de la literatura portuguesa del siglo XVI ―cuando Portugal aún era una monarquía― y que precisamente da nombre a los premios más importantes en lengua portuguesa. En este mismo templo descansan también los restos de figuras como Fernando Pessoa y Vasco da Gama. Y es tal el vínculo de la familia Borbón con Portugal que la infanta Pilar, hermana del rey emérito, se casó con Luis Gómez-Acebo en este mismo monasterio en 1967. “Y la infanta Margarita se casó en Estoril [a 27 kilómetros de Lisboa], donde hay una estatua en honor a sus bisabuelos [Don Juan y María de las Mercedes]”, añade Carvalho.

Medioambiente

Como es habitual en las visitas oficiales o de Estado, esta también ha tenido un espacio dedicado a una temática específica, lo que muestra la línea de la agenda de la Casa del Rey. En este caso, la princesa Leonor ha visitado esta tarde el Oceanario de Lisboa, un moderno edificio a orillas del Tajo. Allí, ha tratado temas medioambientales y científicos junto a otros jóvenes de su generación.

También ha participado en una mesa redonda sobre la defensa del océano, expediciones científicas y políticas oceánicas. Durante algo mas de una hora, la princesa ha escuchado atentamente varios proyectos científicos para mejorar el ecosistema marino.

Al finalizar el coloquio, la princesa ha pedido el micrófono y en un excelente inglés ha preguntado sobre los resultados actuales de los proyectos que se están implementando en aguas del Atlántico. Uno de los ponentes ha explicado que estos proyectos todavía son incipientes, pero con recorrido.

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La visita, que durará menos de 24 horas, ha empezado este viernes con el recibimiento a media mañana por parte del presidente Marcelo Rebelo de Sousa en el aeropuerto militar Figo Maduro. Tras el acto en la pista del aeródromo, las comitivas se trasladarán a uno de los lugares más simbólicos de Lisboa: el Monasterio de los Jerónimos y el Palacio de Belém, a orillas de la desembocadura el río Tajo. Este último es la residencia del presidente de la República con quien los Reyes mantienen una estrecha relación desde hace años.

En el monasterio, la princesa Leonor hará una ofrenda floral. Esta vez ante la tumba del escritor y poeta luso Luis de Camões ―autor de Os Lusíadas―, considerado uno de los grandes de la literatura portuguesa del siglo XVI ―cuando Portugal aún era una monarquía― y que precisamente da nombre a los premios más importantes en lengua portuguesa. En este mismo templo descansan también los restos de figuras como Fernando Pessoa y Vasco da Gama. Allí, Leonor conocerá a la directora del Monasterio, Margarida Donas, y al prior de Santa María de Belém, José Manuel Dos Santos, y firmará en el libro de honor, tal y como se suele hacer en este tipo de visitas oficiales.

Tras este encuentro, Leonor recorrerá los 500 metros que distan al Palacio de Belém escoltada por un escuadrón de caballería para reunirse con su anfitrión, el jefe del Estado portugués. Rebelo de Sousa impondrá a Leonor la banda que simboliza la Gran Cruz de la Orden de Cristo y la princesa dará un discurso, el primero fuera de las fronteras españolas.

Como cada viaje de la Familia Real, el de Leonor también está marcado por una temática específica: ciencia y medioambiente. Así pues, la princesa terminará su visita en el Oceanario de Lisboa donde asistirá, junto a otros jóvenes, a una mesa redonda sobre la defensa del océano, expediciones científicas y políticas oceánicas y economía.

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“Siempre con los jóvenes” es un compromiso que se mantiene “inalterable”, ha dicho el Rey, quien ha comenzado su discurso refiriéndose al joven del momento, el futbolista Lamine Yamal de 16 años: “Esta generación es la que nos hace tener tanta confianza en el futuro de nuestro país. Y ya si hablamos del destello que nos regaló anoche Lamine Yamal, ya queda todo dicho.”, ha comenzado. Felipe VI y la Reina crearon la Fundación en 2009 con el objetivo de ayudar a las nuevas generaciones a avanzar profesionalmente, además de crear puentes con Cataluña. “Yo tenía tres años cuando mis padres impulsaron este proyecto (...) y hoy, 15 años después, crece con fortaleza, determinación y resultados”, ha dicho Leonor en un discurso, en el que ha narrado una historia que entrelazaba las vidas de los premiados, intercalando castellano y catalán.

La de este miércoles es la quinta vez que la princesa asiste a la ceremonia ―la primera en la que es mayor de edad―, y tras sus palabras, Felipe VI se ha declarado orgulloso como Rey y emocionado como padre. “Os vemos, vuestra madre [la reina Letizia] y yo, cada día más responsables, más atentas e interesadas en lo que ocurre, en lo que hacemos como Institución y en cómo ayudar a hacerlo mejor y en cómo seguir mejorando en nuestro afán no solo de cumplir con los fines institucionales, sino de implicarnos en la sociedad de tantas maneras”, ha dicho. “Leonor, Sofía, ¡gracias!”, ha exclamado el Rey en un guiño a la improvisada intervención de sus hijas el día del décimo aniversario de su proclamación en el Palacio Real. El gesto de complicidad ha desatado la sonrisa de la reina y la princesa, y la carcajada de la infanta Sofía.

La actriz Victoria Luengo ha recibido el Premio Princesa de Girona 2024 de las Artes. Luengo ha compartido el protagonismo de la ceremonia, con decenas de jóvenes y con los otros cinco premiados: el empresario Antonio Espinosa de los Monteros (Empresa), el biólogo y genetista Moisés Expósito-Alonso (Investigación Científica), el arquitecto Daniel Millor Vela (Social) y la ingeniera química Susana Arrechea (Internacional CreaEmpresa), que concurre en la debutante categoría internacional con la investigadora Yarivith Carolina González (Internacional Investigación). Los galardonados han recibido el premio en una ceremonia en el Palacio de Congresos de Lloret de Mar.

“Estamos encantados de recibir tantos invitados especiales, también a los Reyes, por muy diversas que sean las opiniones de los 44.000 habitantes y 110 nacionalidades”, ha puntualizado el alcalde socialista de la localidad, Adrià Lamelas. Y es que volver a celebrar estos premios en Girona capital ―uno de los bastiones del independentismo catalán― “no beneficiaría a nadie” en estos momentos, según apuntan hace unos días fuentes de la Fundación. De hecho, el presidente (en funciones) de la Generalitat, Pere Aragonès, que además por su cargo es el vicepresidente de la Fundación, no ha acudido a la ceremonia. Tampoco lo hizo en la pasada edición. Ha acompañado a los Reyes y a sus hijas el ministro de Industria y turismo, Jordi Hereu.

La princesa Leonor y la infanta Sofía han celebrado esta mañana un encuentro con una treintena de jóvenes de los distintos programas de la Fundación, donde se ha proyectado el nuevo documental sobre los participantes en el programa Generación docente. Al mediodía, la princesa, la infanta y los Reyes se han reunido con el nuevo Consejo Asesor Joven de la Fundación. La decimoquinta edición arrancó, el martes con la visita de Leonor y Sofía al estudio-taller del escultor Jaume Plensa. Como es habitual, las hermanas visitan en solitario y sin la presencia de los Reyes un lugar de interés ―en 2023 fue el museo ElBulli1846 de Ferrán Adriá―.

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La princesa arrancará el mes vestida de uniforme militar, ya que el 3 de julio recogerá, de mano de su padre, el rey Felipe VI y mando supremo de las Fuerzas Armadas, su despacho de alférez después de haber pasado una formación de diez meses en La General de San Gregorio (Zaragoza), donde ha jurado bandera y ha participado en numerosos ejercicios militares. Pocos días después, el 9, Leonor viajará junto a su hermana, la infanta Sofía, a Barcelona. Allí, ambas visitarán en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), sin la presencia de sus padres, el estudio taller de Jaume Plensa, un escultor de renombre con obras en ciudades como Chicago, Nueva York, Madrid —con la cabeza blanca Julia en la plaza de Colón— o Río de Janeiro, ha informado este jueves la Fundación Princesa de Girona. El 10 de julio, la princesa entregará en Lloret de Mar (Girona) los Premios Princesa de Girona y hará un discurso ante las autoridades.

El 12 de julio, Lisboa recibirá a la princesa Leonor en su primer viaje oficial. El presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que mantiene una excelente relación con Los Reyes, invitó hace unos días a la princesa de Asturias, que será recibida con todos los honores. Leonor sigue así los pasos de su padre, que en 1983, con solo 15 años, realizó su primer viaje oficial en solitario a Cartagena de Indias (Colombia) con motivo del 450º aniversario de la fundación de la ciudad. “La elección de Portugal como destino del primer viaje oficial de Su Alteza Real la Princesa de Asturias al extranjero refleja y refuerza los lazos de fraternidad y cercanía que unen a ambos países”, subraya el comunicado conjunto de la Presidencia de Portugal y el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación español.

Pasado el viaje oficial a Portugal, la princesa acudirá junto a los Reyes a Marín (Pontevedra) con motivo de la entrega de despachos de los alumnos de la Escuela Naval Militar que coincide con el día de la Virgen del Carmen, patrona de la gente del mar, el 16 de julio. Es precisamente en Marín donde la princesa Leonor continuará con su formación castrense en los tres Ejércitos. Está previsto que ingrese en la Escuela Naval gallega a finales de agosto para, tras unos meses de estudio, embarcarse en enero en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, que el 12 de julio, cuatro días antes de la entrega de despachos, hará su entrada en el puerto pontevedrés.

Los Reyes tienen previsto asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, que se inician en París el 26 de julio y a los que es más que posible que también se una la princesa Leonor. A final de mes, la Familia Real ―excepto el rey emérito, Juan Carlos I―asistirá como es tradición a Palma de Mallorca para inaugurar el 28 de julio la Copa del Rey Mapfre de vela, aunque no se descarta que la heredera pase unos días antes en la isla balear con carácter privado. A principios de ese mes, tras las regatas que terminan el 3 de agosto, se espera se celebre el despacho de verano tradicional entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno en Marivent.

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La princesa Leonor, de 18 años, continúa con esta visita a Portugal, que durará apenas un día y se limitará a Lisboa, dando pasos en su formación para lo que está llamada a ejercer en un futuro: la jefatura del Estado. El destino elegido no es baladí. El presidente portugués, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, mantiene una excelente relación con los Reyes de España, especialmente desde su última toma de posesión, en 2021 (la primera fue en 2016) y recibirá a la princesa en el Palacio de Belém. Desde entonces, apuntan desde La Zarzuela, la idea de que Portugal fuera el primer destino internacional de un viaje oficial de la princesa rondaba ya en la cabeza de Felipe VI. Una idea que Rebelo de Sousa ha materializado con la “invitación expresa” a Leonor. “La elección de Portugal como destino del primer viaje oficial de Su Alteza Real la Princesa de Asturias al extranjero refleja y refuerza los lazos de fraternidad y cercanía que unen a ambos países”, subraya el comunicado conjunto de la Presidencia de Portugal y el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación español.

La visita de la princesa, que será recibida en el Palacio de Belém por el presidente portugués, tendrá una agenda centrada en la protección medioambiental y la conservación de los océanos, según la nota difundida por la Presidencia de la República en su web.

La princesa de Asturias, que arrancará el mes de julio con varios eventos en solitario, será recibida con todos los honores de una visita oficial en Lisboa y estará acompañada por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, según un comunicado, el cual se reunirá también con su homólogo luso, Paulo Rangel. Durante su visita, la princesa de Asturias tratará temas relacionados con la protección del medio ambiente y la conservación de los océanos. Leonor de Borbón Ortiz sigue así los pasos de su padre que en 1983, con solo 15 años, realizó su primer viaje oficial, en este caso a Cartagena de Indias (Colombia), con motivo del 450º aniversario de su fundación.

La geografía ibérica ha propiciado que la historia de los dos países se haya cruzado a menudo y atravesado distintas fases desde que Portugal declaró su independencia como reino en el siglo XII. Ese vínculo incluyó un período de unidad dinástica entre 1580 y 1640 bajo tres reyes de los Austrias (Felipe II, Felipe III y Felipe IV), finalizado por la rebelión lusa para recuperar su independencia. La casa de Braganza reinó desde entonces en Portugal hasta el 5 de octubre de 1910, cuando se proclamó la república desde el balcón del ayuntamiento de Lisboa.

En el siglo XX, España y Portugal vivieron acontecimientos en paralelo. Fueron los dos países de la Europa occidental con las dictaduras más largas. La lusa, que duró casi medio siglo, tuvo a Salazar y Marcelo Caetano como cabezas visibles de un régimen que persiguió a los opositores, alimentó tres guerras coloniales en África y propició una pobreza que causó la emigración de un millón y medio de personas. Esa dictadura cayó el 25 de abril de 1974 con la Revolución de los Claveles. Un año después falleció Francisco Franco en Madrid y se produjo, con la Transición, la llegada de la democracia a España.

La relación de la monarquía española con Portugal es también familiar, ya que Don Juan, el abuelo de Felipe VI, se estableció con su familia en Estoril, a unos 25 kilómetros de Lisboa, para estar cerca de España en su intento por reinstaurar la monarquía en el país. El ahora rey emérito, Juan Carlos I, pasó parte de su infancia en la ciudad portuguesa. Tras la democratización de ambos países, la relación se ha estrechado. Además de ingresar a la vez en la Comisión Europea, ambos han reforzado sus lazos económicos y mantienen una evidente sintonía entre sus dirigentes, incluso cuando existen diferencias entre las familias políticas que gobiernan. El primer ministro portugués, Luís Montenegro, viajó a España en su primera salida internacional tras ganar las elecciones el pasado marzo. Y el presidente Pedro Sánchez ha sido uno de los principales impulsores de la candidatura del portugués António Costa para presidir el Consejo Europeo.

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Europa está en una “situación de preguerra”, continúa el experto al teléfono. Es “la situación más peligrosa tras la Segunda Guerra Mundial”, decía la ministra de Defensa, Margarita Robles, hace unos días durante un evento con una decena de embajadoras mujeres en Madrid. Un duro mensaje que cada vez se escucha más alto en las capitales de los 27. Y los Bálticos es una región de lo más activa en este contexto, en el que Rusia representa una amenaza real casi diaria a través de su guerra híbrida: sabotajes, cambios de fronteras, ciberataques y propagación de noticias falsas.

Desde que Rusia se anexionó la península de Crimea hace ahora diez años, las tres repúblicas se pusieron en guardia frente a la amenaza de la vecina Rusia alertando a la Unión Europea y a la OTAN, organizaciones de las que forman parte, de lo que podía venir. Así pues, en febrero de 2022, Moscú dio la orden de seguir con su expansionismo hacia Occidente e invadir Ucrania. “Les entró miedo. Corría el riesgo de que entraran los rusos por allí hasta alcanzar el mar Báltico”, arguye el experto. Estonia, Letonia y Lituania (más a Polonia) empezaron a cobrar importancia en Bruselas y su voz se escucha ahora más que nunca. Tanto es así, que la primera ministra estonia, Kaja Kallas, aparece en todas las quinielas para ser la nueva Alta Representante de la diplomacia comunitaria. De confirmarse, Bruselas estaría, pues, mandado un claro mensaje de advertencia a Moscú.

Estonia, Letonia y Lituania son tres países que cumplen a rajatabla con el compromiso de los países miembros de la OTAN de aportar el 2% del PIB a la Alianza, algo a lo que España no llega ni de lejos, situándose a la cola de sus aliados con una aportación de tan solo el 1,28% de su riqueza. Sin embargo, estas repúblicas, con una población que apenas alcanza los cinco millones de habitantes en su conjunto, “no tienen apenas Ejército (...) y su aviación no tiene capacidad de combate”, explica Arteaga. Por eso España lleva años enviando efectivos a esta zona, que ahora se han vuelto permanentes, lo cual es una “novedad”, explica Arteaga al teléfono para añadir que “el trasfondo [de la presencia del Rey] no es tanto poner de relieve lo que hacemos [el Ejército de España], que también, sino mostrar la solidaridad” con estos países.

Felipe VI visitará, además de los lugares habituales en una visita oficial ―Parlamento, jefatura del Estado, ofrenda floral a los caídos―, el buque anfibio de la Armada Juan Carlos I, que tras efectuar unos ejercicios de disuasión en el Mediterráneo ahora se encuentra frente a Tallin (Estonia); la base militar de Adazi (Letonia), donde España tiene presencia en el marco de la OTAN; y la base aérea de Siauliai (Lituania), para conocer de cerca al contingente español que desde hace una década forma parte de la misión de Policía del Báltico de la Alianza Atlántica. Con esta visita, España “justifica que ha cumplido con la OTAN mostrando que también se le da importancia a esta zona, y que no solo le preocupa el Sur [en referencia al Sahel]”, revela el experto.

España tiene presencia en el Báltico desde hace años como línea fronteriza de la OTAN, pero la guerra en Ucrania ha hecho levantar las espadas y, según Arteaga, existe una necesidad de que las fuerzas desplegadas que van a recibir la presencia de su comandante en jefe (el Rey) por tierra, mar y aire estén a un nivel operativo “muy alto” en estos momentos en los que todo apunta a que Rusia se está rearmando y retomando posiciones de cara a una gran ofensiva de verano, según las informaciones de muchos analistas a las que una fuente comunitaria de máximo nivel le dan toda credibilidad. “La amenaza rusa es factible. Tampoco uno se creía que Rusia fuera a hacer lo que ha hecho”, sentencia Arteaga, doctorado en Relaciones Internacionales y miembro de la red del Real Instituto Elcano, en referencia a la invasión de Ucrania de hace dos años.

Ofrendas, flores y cenas

El viaje oficial comenzará el domingo en Tallin, la capital estonia. Allí se reunirá con el presidente del pequeño país báltico, Alar Karis. Después irá al Riigikogu (Parlamento), un pequeño edificio que corona una colina en el centro de la ciudad. Ya por la tarde, el Rey se embarcará en el Juan Carlos I, el buque insignia de la Armada, que continúa sus ejercicios Dédalo24 en aguas del mar Báltico en su estrategia común de disuasión a Rusia. La semana terminará para Felipe VI ―que el miércoles celebró por todo lo alto el décimo aniversario de su proclamación como jefe del Estado― con una cena en el Palacio Presidencial de Estonia, según ha informado el Ministerio de Exteriores.

El lunes, el Rey se dirigirá a primera ahora a Lituania, donde se reunirá, como es pertinente en una visita oficial, con el presidente de ese país, Gitanas Nauseda. Más tarde acudirá a la ofrenda floral en el memorial por los caídos por la independencia (de Rusia, precisamente) en el cementerio de Antakalnis, en el este del centro de Vilna, la capital del país. También hará un recorrido por la Seimas (Parlamento). La tarde está reservada para la visita a la Base Aérea de Siauliai, (en el norte del país), donde mantendrá un encuentro con el destacamento español (unas 150 personas) que participa en la misión de Policía Aérea del Báltico (BAP) de la OTAN que se encarga desde 2004 de vigilar el cielo de las tres repúblicas exsoviéticas. “Hay invasión del espacio aéreo constantemente y nuestros aviones [del Ejército de España], los cazas, salen a interceptar cada dos por tres”, añade Arteaga. Y es que la aviación de los tres países bálticos “no tiene capacidad de combate”, continúa.

Y finalmente, Letonia, el país con una enorme población rusoparlante (alrededor del 25%). También aquí mantendrá reuniones con el presidente, Edgars Rinkevics, y acudirá a la ofrenda floral en el Monumento a la Libertad en Riga. Allí mismo, Felipe VI se reunirá con la primera ministra, Evika Silina, y visitará la Saeima (Parlamento). Además, el Rey visitará el Museo de la Ocupación ―de Rusia primero, de la Alemania nazi y de la URSS después― como hacen muchos mandatarios de alto nivel que visitan este país. Ese mismo martes, antes de regresar a España, Felipe VI se encontrará con el contingente español en la base militar de Adazi (al norte de la capital), dentro de la misión de la OTAN Presencia Avanzada Reforzada (eFP, en sus siglas en inglés) en la que España cuenta con 650 efectivos. Es una fuerza terrestre muy importante, casi como la que tiene en Líbano, ilustra Arteaga. En definitiva, “son unidades preparadas para lo que se le venga encima”, cierra el experto.

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La cuenta de Instagram @casareal.es se ha activado hacia las 9.30 de la mañana aproximadamente con una galería de imágenes y un vídeo de los actos conmemorativos de este miércoles. Y llama la atención que La Zarzuela ha activado los perfiles, por este orden, el del Rey, la Reina, la Princesa Leonor ―en una imagen del día en que juró la Constitución al cumplir la mayoría de edad―, la Infanta Sofía y la reina Sofía. Ni rastro del rey emérito, Juan Carlos I, que pese a estar auto expatriado en Abu Dabi, aún forma parte de la Familia Real.

Con este gesto, se inaugura un canal más en el que los ciudadanos ―especialmente los jóvenes― podrán conocer de manera más directa el trabajo de la Familia Real. Y es que, según un reciente estudio de la Red para el Estudio de las Monarquías Contemporáneas (Remco), adelantado por EL PAÍS, los jóvenes sienten cierta desconexión con la institución que encarna la jefatura del Estado, además de cierto desconocimiento de sus funciones.

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Con este gesto, La Zarzuela, con un renovado equipo ―Camilo Villarino (de 60 años) al frente de la Casa y María Ocaña (51) como secretaria de la Reina, entre otros― busca visibilizar su labor entre los más de 23 millones de usuarios que tenía la red social en España en 2022 (últimos datos disponibles), la mayoría entre 18 y 35 años.

Casi el 30% de los jóvenes de ese estudio confesaba que tenía una baja información sobre la Corona y sus actividades y demandaba más comunicación y mayor explicación sobre su papel. Por eso, los autores del documento destacaban la necesidad de una “mayor presencia en las redes sociales y otros medios” de cara al futuro más inmediato.

La creación del perfil coincide con los actos conmemorativos por el décimo aniversario de la coronación de Felipe VI. Este miércoles, durante el almuerzo oficial en el Palacio Real, Leonor y la infanta Sofía leyeron un improvisado mensaje de felicitación a sus padres, los reyes, desde el móvil de la primogénita y heredera al trono. Más tarde, cuando hacia las 23.00 la Familia Real ―a excepción de los reyes eméritos― bajó a la Plaza de Oriente para visionar junto a cientos de ciudadanos un vídeo interactivo proyectado sobre la fachada del Palacio Real.

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“Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles”, ha dicho la infanta Sofía. “Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros Reyes, porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución de la Corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos.”, ha corroborado la princesa de Asturias, llamada a heredar en un futuro la jefatura del Estado, ante las miradas de los comensales y de un Felipe VI visiblemente emocionado.

“Mamá, papá. Gracias”, ha zanjado la infanta Sofía dando inicio a un almuerzo en el comedor de gala. Tras sus palabras, la princesa y la infanta se han acercado primero a la reina y luego a don Felipe para darles un beso y se ha repetido brindis.

Guiño a los jóvenes

Por la tarde, el protagonismo de los actos conmemorativos ha continuado también de la mano de la princesa Leonor y de su hermana, la infanta Sofía, que han querido hacer un guiño a jóvenes de su generación. A las 20.00 llegaron en coche oficial a la Galería de las Colecciones Reales, anexa al Palacio Real, donde junto a un grupo de 40 jóvenes de entre 17 y 20 años hicieron una visita guiada de la mano de la escritora María Dueñas. Un tour al que se sumaron los reyes, también de sorpresa.

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Hoy hace justo 10 años que Felipe VI fue proclamado Rey de España en una sesión conjunta de las Cortes Generales. En ella, el jefe del Estado prometió instaurar una “Monarquía renovada para un tiempo nuevo”, con la que pretendía poner un punto y aparte en el reinado de su padre, Juan Carlos I, que había anunciado su abdicación 17 días antes en medio de sus escándalos públicos y privados. “Mi compromiso fue de total entrega a España”, ha recordado Felipe VI este miércoles, reclamando la “coherencia” como un valor fundamental. Un valor que “implica esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es y en actuar de forma responsable, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar”, ha remarcado, con una aparente alusión a la delicada relación que mantiene con su hermana Cristina (juzgada y absuelta en el caso Nóos), pero, sobre todo, con su padre, Juan Carlos I, que se expatrió a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en verano de 2020 cuando estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por una causa que finalmente fue archivada.

La Familia Real —a excepción de los reyes eméritos— ha presidido todos los actos conmemorativos desde primera hora. Hacia las 11.30, Felipe VI, doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía se han asomado al balcón de la plaza de la Armería, frente a la catedral de La Almudena, para presenciar el solemne cambio de guardia y saludar a los ciudadanos congregados. Aproximadamente 2.000 personas, muchas de ellas ondeando pequeñas banderas de España que se repartían en las inmediaciones del Palacio Real, han acudido a la plaza para asistir a la celebración entre gritos de “¡viva España, viva el Rey!”. Horas antes, sin embargo, La Zarzuela ya calentaba los fastos con la publicación de un lema y un sello conmemorativo del décimo aniversario de Felipe VI como rey: “servicio, compromiso y deber”.

“El servicio es parte medular del propósito de la Corona, que está siempre en permanente proceso de adaptación”, ha dicho Felipe VI en un guiño a esa monarquía del siglo XXI que prometió hace 10 años. “El compromiso”, ha continuado, se traduce en la “continuidad [de la Monarquía] en la princesa de Asturias”, tal y como prometió ella misma el día que juró la Constitución al cumplir 18 años. El deber, ha dicho el Rey, hace referencia a la integridad y ejemplariedad que debe conllevar su cargo, ha explicado.

Los festejos de este miércoles comenzaron, sin embargo, con el desfile de varias compañías de la Guardia Civil y los tres Ejércitos, que hicieron un recorrido entre la Plaza Mayor hasta el Palacio Real asombrando a un público en el que la mayoría eran turistas que desconocían lo que estaba ocurriendo. Algunos balcones de la calle Mayor estaban engalanados con banderas rojigualdas, informa Diego Sánchez. “La monarquía es lo único decente que tenemos en España”, exclamaba Ricardo, pensionista, apostado en las inmediaciones de la Plaza de Oriente.

También había algunas excursiones escolares con alumnos que debatían si esta era “una buena excusa para perder clase” o “un acontecimiento histórico”. Unos turistas que estaban de visita guiada se han quedado perplejos cuando, sin esperarlo, se han topado con un desfile militar, soldados a caballo y el disparo de más de una decena de salvas. “¿Qué diablos está pasando?”, se preguntaba Thomas, británico de 31 años. La patrulla Águila del Ejército del Aire sobrevoló el Palacio Real, dejando tras de sí la estela con los colores de la bandera de España. Y Carmen, de 87 años, no podía ocultar la emoción: “Es la primera vez que veo los aviones, y fíjate que tengo años”.

Ya en el interior de Palacio y durante su discurso, que se produce en un momento de gran tensión y polarización política y con la calculadora de pactos para formar Gobierno en Cataluña echando humo, el Rey ha vuelto a aludir al respeto a la Constitución y a la defensa de la unidad de los españoles, y ha asegurado que la Corona “contribuye a la estabilidad del sistema institucional y a la cohesión de la sociedad”. Lo ha dicho delante de los poderes del Estado, empezando por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha sido de los primeros en llegar junto a su esposa, Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Semanas atrás, tras la aprobación en el Congreso de la Ley de Amnistía a los encausados del procés independentista catalán, algunos sectores de la extrema derecha cuestionaron que Felipe VI accediera a firmar la ley, algo a lo que está obligado por la Constitución.

Son esos valores de cohesión —que permiten que las sociedades sean “más sólidas y más fuertes”, ha dicho el monarca— lo que se ha premiado esta mañana en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid. La restauradora aragonesa María José Arbués Gracia (58 años), el gaitero Xosé Luis Foxo Rivas (74 años), la nutricionista catalana Gemma Salvador Castell (61 años) o la profesora navarra Arantxa Meca San Martín (53 años) son algunos de los 19 ciudadanos (nueve hombres y nueve mujeres) que han sido condecorados personalmente por el Rey. El más joven ha sido el manchego Francisco Bárcenas Gertrudix, de 35 años y responsable en una empresa de innovación tecnológica.

“El mérito que se os reconoce es valioso y nos lleva a reflexionar sobre cómo los ciudadanos, sin importar su origen, condición o profesión, sois tantas veces actores protagonistas del bien común (...) ayudando a construir un país mejor”, ha dicho Felipe VI ante los premiados, sus familiares y representantes de los órganos constitucionales.

La de este miércoles es la cuarta vez que el Rey condecora con la Orden Mérito Civil a ciudadanos anónimos de toda la geografía española. “Es un momento único”, ha declarado el condecorado Xosé Luis Foxo Rivas. La primera vez coincidió con su proclamación, la segunda con el quinto aniversario y la tercera con la pandemia de coronavirus. “La Corona se debe a la sociedad (...) Nos acompañáis 19 mujeres y hombres de diferentes lugares, distintas generaciones y vidas diversas, pero con algo muy importante en común: vuestro esfuerzo, trabajo y actitud nos mejoran a todos”, les ha agradecido el Rey.

Poco después, los invitados ―condecorados y representantes de las instituciones del Estado y sus familiares― han almorzado juntos en una distribución “original y distinta”, ha remarcado el Rey. Y es que por primera vez, las autoridades y los condecorados, visiblemente emocionados, se han sentado intercalados, también con los Reyes y sus hijas. “Vuestros actos nos inspiran y vuestro espíritu es un modelo a seguir por lo que hacéis, por cómo lo hacéis y todos juntos por España”, han sido las palabras del Rey al finalizar el brindis que daba paso a un almuerzo que ha consistido en crema de remolacha con binzas de tomate y bogavante, bonito en escabeche, al vinagre balsámico de moscatel con algas frescas y milhojas de chocolate con turrón de Jijona. Todo ello regado con vino blanco, tinto y cava.

Ha sido un emotivo brindis al que han puesto la guinda la princesa Leonor y la infanta Sofía. “Gracias, mamá y papá”, comenzó la heredera al trono, “y perdón por colarnos”, justificó su hermana Sofía en un gesto cargado de naturalidad El Rey, visiblemente emocionado, no tenía conocimiento de la improvisada felicitación de sus hijas que tenían apuntada en el teléfono móvil de la princesa Leonor..

“Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles”, ha dicho la infanta Sofía. Al finalizar la breve intervención, ambas han pedido un brindis por sus padres, los Reyes, que les han enseñado el valor de la institución. “Mamá, papá, gracias”, ha concluido la infanta Sofía.

La princesa Leonor y la infanta Sofía, protagonistas también de la tarde

La cita principal de la tarde era con la princesa Leonor y la infanta Sofía. A las 20.00 las hermanas llegaron en coche oficial a la Galería de las Colecciones Reales, anexa a la catedral de La Almudena, frente al Palacio Real, donde junto a un grupo de 40 jóvenes de entre 17 y 20 años harán una visita guiada por la escritora María Dueñas. El recorrido ha incluido las colecciones de la etapa de Isabel la Católica, Carlos I, Felipe VI y Carlos III, donde se han incorporado, por sorpresa ―la segunda de la jornada―, los reyes, informa EFE.

Mientras tanto, la Guardia Real amenizaba con un concierto gratuito en la plaza de Oriente. Desde uno de los balcones de palacio, el violinista de origen libanés Ara Malikian ha ofrecido otro concierto abierto al público. El broche final a la jornada de celebración consiste en la proyección de imágenes del reinado de Felipe VI sobre la fachada del Palacio Real.

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La dirección popular asegura no querer alimentar ninguna polémica con la Casa Real en un día tan señalado para Felipe VI y afirma que, pese a su sorpresa, la no invitación no va a cambiar su “respeto” hacia la Monarquía. “Nos sorprende, pero no vamos a alimentar polémicas en un día importante en lo personal para don Felipe. Seguiremos defendiendo a las instituciones del Estado, también a la Corona”, afirma un portavoz del PP.

La Casa del Rey se ha limitado a invitar a los actos conmemorativos del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI a 19 ciudadanos anónimos (y sus familiares) ―uno por comunidad autónoma más Ceuta y Melilla― más representantes de los poderes constitucionales actuales y de los últimos diez años. Así, han sido invitados los condecorados con la Orden del Mérito Civil, además de los poderes del Estado en ejercicio: los presidentes del Gobierno, Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial, así como el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en su calidad de gran canciller de la Orden del Mérito Civil. También se ha invitado a los órganos constitucionales (Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Fiscal General, Defensor del Pueblo y Consejo Económico y Social) y representantes de los poderes del Estado y órganos de relevancia constitucional desde 2014.

De esta forma, han acudido los presidentes del Congreso ―Francina Armengol (PSOE)― y Senado ―Pedro Rollán (PP) ― y los expresidentes del Congreso Patxi López y Meritxel Batet (PSOE) y Ana Pastor (PP). También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE) y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP), pero no los anteriores presidentes, porque no gobernaron en la última década, como José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o Felipe González. Tampoco han estado presentes en los actos del Palacio Real los presidentes autonómicos ni los miembros del Consejo de Ministros, a excepción del mencionado Albares por su cargo de gran canciller.

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A primera hora, La Zarzuela realizará un izado de bandera solemne para marcar un día cargado de celebraciones, que se trasladarán al Palacio Real y alrededores. Ya en pleno centro de Madrid varias compañías de la Guardia Civil y los tres Ejércitos formarán en la Plaza Mayor. Desde allí, y acompañados de una banda de música, recorrerán la calle Mayor hasta el Palacio Real, donde a las 11.30 harán un cambio de guardia en plena explanada de la Plaza de la Armería. Felipe VI y doña Letizia asistirán desde el balcón de Palacio al evento junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Ambas se han trasladado a Madrid por el aniversario, pues la princesa de Asturias está en la recta final de su formación militar en la Academia de Zaragoza en el Ejército de Tierra ―y a final de verano ingresará en la Armada en Marín (Pontevedra)― y la infanta Sofía cursa el bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido).

A media mañana, los actos se trasladarán al interior del Palacio Real. Allí, los Reyes y sus hijas impondrán a 19 ciudadanos —uno por cada comunidad autónoma más Ceuta y Melilla, de distintas edades y profesiones que representan la realidad del día a día en España— la condecoración de la Orden del Mérito Civil. Felipe VI hará un discurso ante todos los poderes del Estado. Será la cuarta vez que Felipe VI condecore a ciudadanos anónimos después de que lo hiciera en 2015, con motivo del primer aniversario como monarca; en 2019, en el quinto; y en 2021, cuando reconoció a los que estuvieron en primera línea de combate contra la pandemia de coronavirus.

La princesa Leonor y la infanta Sofía, protagonistas de la tarde

Por la tarde, sin embargo, el protagonismo será de la princesa Leonor y de su hermana, la infanta Sofía. A las 20.00, harán un recorrido por la Galería de las Colecciones Reales, anexa al Palacio Real, junto a un grupo de 40 jóvenes de entre 17 y 20 años que en su día ganaron el concurso ¿Qué es un rey para ti?. La persona que ejercerá de guía durante la visita será la escritora María Dueñas. Mientras tanto, la Guardia Real amenizará con un concierto gratuito en la Plaza de Oriente. Allí mismo, y desde uno de los balcones de Palacio, el violinista de origen libanés Ara Malikian ofrecerá otro concierto abierto al público. El broche final a la jornada de celebración consistirá en la proyección de imágenes sobre la fachada del Palacio Real del reinado de Felipe VI como hilo conductor. Los pases programados están previstos para las 22.45, las 23.00, 23.15 y 23.30 de la noche.

El jueves, los Reyes inaugurarán en la Galería del Príncipe del Palacio Real una exposición de 23 fotos ya conocidas, pero esta vez de gran tamaño, titulada Felipe VI 2014-2024. Una década de historia de la Corona de España. Esta muestra quiere reflejar los momentos “de gran calado institucional”, como la proclamación de Felipe VI o el homenaje a las víctimas del coronavirus. Estará abierta al público de manera gratuita hasta el 20 de octubre. A partir de entonces, se convertirá en una exposición itinerante que visitará otras ciudades de España como Zaragoza, Granada, Sevilla, Málaga o Valencia durante todo 2024 y el primer semestre de 2025.

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Superado los peores momentos de la crisis y enderezado el reinado de Felipe VI, “lo que preocupa y ocupa es el futuro de Leonor”, confirma una persona de confianza de la Casa del Rey. Y en ese futuro, mucho tiene que ver la reina Letizia, que se vuelca “mucho” en la formación de sus hijas, especialmente de Leonor. La princesa de Asturias, ahora en plena formación militar, sabe perfectamente cuál es su destino, según fuentes cercanas, y se implica en él. “Leonor tiene un horizonte claro”, cree Charles Powell, director del Real Instituto Elcano. “Se ha hecho un buen trabajo de consolidación del futuro”, añade el escritor Jordi Canal. Esto hace que a Letizia Ortiz se la esté empezando a situar más como madre que como Reina, y su popularidad ha crecido también, creen los expertos.

Además de ser la madre de la que está llamada a ser Reina —y pese al difícil inicio como esposa del entonces príncipe―, Letizia Ortiz “se complementa bien con Felipe, son un tándem espectacular”, sostiene una persona que les visita con cierta regularidad. Letizia aporta a los conocimientos de Felipe la parte más social, la visión feminista de los temas que tratan, de salud, de educación, de solidaridad o de juventud, tal y como refleja su agenda semanal. Es una “vieja y nueva monarquía”, resume Powell.

Los viajes de cooperación, por ejemplo, son un elemento que la Reina ha impulsado y modernizado, según los expertos. “Hay un cambio de página que consiste en no solo hacerse la foto en países en desarrollo, sino en cambiar el paso y llenar de contenido las visitas”, continúa el director del think tank. En definitiva, “Letizia [Ortiz] tiene un papel grande e importante para dar un aire moderno a la institución”, continúa Canal. Y el mismo Rey lo vaticinó en su discurso de proclamación, prometiendo trabajar para los retos del siglo XXI.

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Una de las personas más cercanas al entonces príncipe de Asturias sentencia que el primer decenio de Felipe VI ha consistido fundamentalmente en escapar de la espiral de crisis que afectaba a la Familia Real y al conjunto del país, con cinco elecciones generales en nueve años (2015-2023) y un referéndum ilegal de secesión organizado por la Generalitat de Cataluña, sumado todo ello a la conducta “reprobable” de los últimos años de reinado de Juan Carlos I, que llegó a ser investigado por la Fiscalía del Supremo.

El desafío catalán ha sido, hasta ahora, el más grave del reinado. Superior, coinciden los analistas consultados, al que tuvo que afrontar el rey emérito ante el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. “Los independentistas eran una minoría a punto de convertirse en mayoría”, resume el socialista Juan José Laborda, expresidente del Senado. El escritor Jordi Canal, autor de La Monarquía en el siglo XXI, apostilla por teléfono: “[El procés] es lo más gordo que le ha tocado lidiar al Rey en estos diez años. El resto han sido, quizás, las constantes repeticiones electorales”.

El plan rupturista de la Generalitat ocupó gran parte del trabajo diario en La Zarzuela. La semana previa al referéndum del 1 de octubre de 2017, un exclusivo grupo de analistas, académicos y expertos asesoraron al Rey, según personas familiarizadas con el tema, y los debates sobre la consulta ilegal calentaban las mesas y sobremesas de Palacio. Hubo llamadas nocturnas, debates. Los Reyes estaban preocupados, había angustia y ansiedad, describen algunos, porque las informaciones daban a entender que el Rey se estaba jugando la Corona. En cambio, el catedrático en Derecho Constitucional Juan José Solozábal, de la Universidad Autónoma de Madrid asegura que el Rey, al que conoce personalmente, “estaba sereno”.

Pero ante la inacción del entonces Gobierno popular de Mariano Rajoy, según apuntan una docena de expertos —algunos de dentro de Palacio—, La Zarzuela decidió que Felipe VI debía coger las riendas y hablar a la ciudadanía. El 3 de octubre, dos días después del referéndum del 1-O, hizo una solemne alocución televisiva que obtuvo un77% de audiencia. Fueron seis minutos que iban a marcar su reinado. “El discurso fue correcto en términos globales. Pero le faltó cariño a Cataluña. Habría hecho falta tan solo una línea”, lamenta Laborda. En un jefe de Estado que cierra cada 24 de diciembre su discurso de Navidad con un “Eguberri on, bon Nadal y boas festas”, algunos echaron de menos un guiño al nacionalismo catalán. Otros, sin embargo, opinan que fue un discurso muy medido y que iba dirigido a los españoles en su conjunto, según fuentes cercanas. “Su intervención fue proporcionada, necesaria y justificada”, dice Solozábal. Emilio Lamo, como muchos otros, considera que la intervención debería haberla hecho Rajoy, no el Rey. “Felipe fue más allá del deber”, dijo el sociólogo el pasado martes en el evento Monarquía Parlamentaria y Democracia organizado por Remco, la Red para Estudio de las Monarquías Contemporáneas y la Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la que forma parte.

Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, cree que existía “cierto riesgo de que el procés triunfara”. Por eso. el discurso del Rey fue decisivo, “no para dar órdenes, sino para dar consejos y advertir. Para ejercer su autoritas”, afirma. Una autóritas que sale de la Constitución, pues Felipe VI es el primer Rey que juró la Carta Magna —la heredera Leonor la juró en 2023 al cumplir la mayoría de edad—, no como Juan Carlos, que tan solo la sancionó. Y es que, como sostiene Charles Powell, director del Real Instituto Elcano, a cada Rey le toca vivir su tiempo. “El de Juan Carlos fue el de la normalización, la proyección exterior y la democratización. El de Felipe es el de consolidar lo anterior y demostrar día a día la importancia de la continuidad de la institución”.

Decisiones dolorosas

Pero independientemente de cuestiones políticas e ideológicas, para superar esos momentos convulsos y levantar la monarquía parlamentaria del estado comatoso en la que la había dejado el rey emérito, Felipe VI se vio obligado a tomar decisiones “dolorosas”, según personas cercanas a él, como apartar a su hermana la infanta Cristina de la institución —a cuenta del Caso Nóos— y encontrar un débil equilibrio en la nueva relación con su padre —que en verano de 2020 se expatrió a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)—. Y es que, parafraseando a la reina Isabel II —que salió airosa de todas las crisis europeas y mundiales desde los años 40 del siglo pasado—, el principal problema de una monarquía es la familia.

“Fueron años duros. Durísimos. Uno no se lo puede ni imaginar”, sostiene un exempleado de La Zarzuela. Y es que “el caso de Juan Carlos I nos advierte del peligro de identificar la Monarquía con la figura del Rey”, dice Jaime Terceiro catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid. Y la institución se empezó a tambalear sumándose a lo anterior voces antimonárquicas, como los nacionalismos y Podemos, muy fuerte en aquellos primeros años de reinado. El movimiento 15M había estallado apenas tres años antes y en las elecciones europeas de mayo de 2014 la joven formación morada irrumpió en el Parlamento Europeo con cinco diputados. “Los políticos son los que peor se lo han puesto al Rey”, dice Canal en referencia a las constantes repeticiones electorales y las rondas de consultas ―en las que Felipe VI sufrió ciertas presiones― para formar Gobiernos con mayorías estables en el Congreso.

Así las cosas, el flamante Rey no solo tenía que montar un reinado nuevo, sino que al mismo tiempo tenía que apagar los fuegos que dejó el anterior. Y esa idea de hacer borrón y cuenta nueva que deslizó Felipe VI en su discurso de proclamación ante los representantes de todos los poderes del Estado; sus hijas Leonor —actual heredera— y la infanta Sofía; y su esposa Letizia Ortiz Rocasolano, puede resultar, sin embargo, una entelequia: “Felipe VI no puede romper con el pasado porque él está ahí por eso precisamente”, ilustra Laborda, muy cercano al entonces príncipe. En la misma línea está el historiador Powell, amigo del rey Felipe VI desde principios de los años noventa: “Él [Felipe] no puede romper con el pasado porque la Monarquía es hereditaria”, asevera al teléfono, aunque “es algo nuevo dentro de la continuidad”, matiza Powell. Felipe VI es un rey constitucional, lo ha hecho todo en democracia, coinciden los expertos, a diferencia de su padre, que fue más bien constituyente.

Pero lo que sí pudo hacer Felipe VI, con el apoyo de su esposa —que “juega un papel muy relevante” en La Zarzuela, según Canal y otras personas muy cercanas a La Zarzuela—, es darle un buen lavado de cara a la institución. “La Monarquía hay que ganársela día a día porque cuando uno se relaja, ocurre lo que le ocurrió a Juan Carlos al final de su reinado”, dice Canal.

Lavado de cara

Así que aquel 19 de junio de hace 10 años, Felipe prometió tres cosas: honestidad, integridad y transparencia. Y para continuar ocupando la Jefatura del Estado debe imperar el sentido de “ejemplaridad”, dice Laborda. Máxime cuando la sombra del rey Juan Carlos, carismático, campechano, arrollador, irrepetible y de carácter difícil —”daba la sensación de que estaba por encima de la ley”, opinan muchos que le conocen bien—, era tan alargada. En Felipe, coinciden, predomina la racionalidad. “El Rey es consciente de que es mortal y que al mismo tiempo encarna una institución con vocación de eternidad”, reflexiona Laborda.

Así que, en línea con otras casas reales europeas, Felipe VI redujo a de 16 a seis (los dos eméritos Juan Carlos y Sofía; Letizia Ortiz y él; y la princesa Leonor y la infanta Sofía) los miembros de la Casa del Rey, convirtiendo a la española en la Familia Real más pequeña de todas las del Viejo Continente, solo por delante de Noruega, que cuenta con cinco miembros.

“Es una familia que está más expuesta al escrutinio que antes, y eso afecta a su privacidad, lo cual no es necesariamente malo cuando no tienes nada que esconder”, opina Powell. Por eso, en 2022 se impulsó un real decreto por el que la Casa iba a seguir unas normas de transparencia hasta ahora nunca vistas en La Zarzuela: auditorías sometidas al Tribunal de Cuentas; publicación de presupuestos y de asignación de los miembros de la Familia Real; y publicación de los regalos recibidos. Felipe VI también renunció a la herencia de Juan Carlos ante las dudas sobre su origen ilícito habida cuenta de las investigaciones judiciales ―hoy todas archivadas― que se cernían sobre el rey emérito. “Tienen un modelo de transparencia que ojalá tuvieran otras instituciones del Estado”, arguye Lamo.

Pese a lo anterior, aun quedan ciertos aspectos por renovar, como el artículo 57 de la Constitución, que prima al varón sobre la mujer en la sucesión al trono. O la Ley de la Corona, de la que tanto se habló en legislaturas pasadas, especialmente en los partidos progresistas y de izquierdas. Algunos expertos opinan, sin embargo, que no hace falta, pues la actual ley fundamental ofrece el marco necesario para regular las actividades de la Jefatura del Estado.

Horizonte tranquilo

El horizonte de Felipe VI y de la Monarquía se vislumbra tranquilo a día de hoy. El Rey, sin embargo, debe ganarse su puesto cada día porque “necesita aparecer visiblemente en una sociedad que en el fondo no es monárquica”, según Laborda. Un reciente estudio de Remco. adelantado por EL PAÍS, desvela que los jóvenes españoles, pese a considerar que un sistema republicano es moralmente superior, aceptan a Felipe VI como jefe del Estado porque aporta cierta estabilidad en medio de la polarización que experimentan otras instituciones, como los partidos políticos. El Rey está “por encima del sistema de partidos”, opinan los expertos consultados, y por ello su figura está, o debería estar, más protegida de los populismos de toda índole.

“El Rey está muy bien visto en el extranjero. Se expresa muy bien, tiene un excelente inglés y muy buen francés. Tiene mucha más sustancia que otros monarcas de su generación”, dice sin tapujos Powell, que también ha sido biógrafo de Juan Carlos I. “Tiene una sensibilidad extraordinaria para los temas complejos”, señala Laborda, que desvela que el Rey sabe que, para mantenerse, tiene que respetar dos cosas: la democracia y Europa, aunque su conocimiento “enciclopédico”, según personas que le acompañaban en sus viajes, es de América Latina, como consecuencia de las innumerables tomas de posesión de los presidentes latinoamericanos desde su época como príncipe.

Varias empresas demoscópicas y compañías privadas de otros sectores suelen tomar la temperatura de la aceptación de la institución por parte de la ciudadanía. Y el resultado que arrojan en estos últimos años es bueno para Felipe VI. Pese a que el CIS no pregunta directamente por la Monarquía, si la incluye como opción a las preguntas sobre la preocupación de los ciudadanos. ¿El resultado? Solo al 0,5% de los encuestados le parece una preocupación, comparado con el 26% del paro o el 24,8% de la situación económica, según el último barómetro. “La Monarquía ha recobrado popularidad”, cree Canal. ¿La respuesta? El lanzamiento de la heredera: la princesa Leonor, coinciden los expertos.

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La jornada comenzará por la mañana con un desfile de tropas por la calle Mayor de unidades de los tres Ejércitos y la Guardia Civil que relevarán a la Guardia Real formada en el Patio de la Armería. Don Felipe, doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía presenciarán el relevo desde el balcón del palacio que da a la Armería, situada enfrente de la catedral de la Almudena, en una imagen inédita hasta ahora.

En las imágenes difundidas se ve al Rey trabajando en su despacho y leyendo varios documentos mirando por la ventana. Estas fotografías se unen a las que publicó la Zarzuela el pasado 24 de mayo cuando se cumplieron 20 años del matrimonio de los Reyes. En aquellas instantáneas se podía ver a Don Felipe y Doña Letizia junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, de 18 y 17 años respectivamente, en los jardines del Campo del Moro de Madrid.

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El premio, que se suele entregar el 9 de mayo, coincidiendo con el Día de Europa, se ha retrasado este año a causa de las elecciones europeas, que se celebraron el pasado fin de semana. Tras unos resultados en los que la extrema derecha ha salido reforzada en países clave de la Unión ―como los fundadores Francia, Alemania, Italia―, el Rey ha querido mandar un claro mensaje: “Europa se juega su futuro, y si el futuro es nuestro mayor reto, el presente es nuestra principal tarea, en la que no caben la inacción o parálisis, ni la improvisación irreflexiva”. Y Draghi lleva más de una década en primera fila de la política europea ―a través del BCE, del palacio Chigi (fue primer ministro de Italia (2021-2022), o como autor de un informe económico que Bruselas espera como agua de mayo, entre otros―.

Draghi “supo afrontar, con enorme valentía, una de las mayores crisis que ha vivido la Unión, poniendo en marcha una serie de medidas contundentes y sin precedentes que lograron, en plena recesión, mantener la fortaleza del euro y la autonomía del BCE”, ha reconocido el Rey en la XVII edición de estos premios en plena naturaleza extremeña, donde en 1558 pasó sus últimos días el emperador Carlos V.

Y es precisamente sobre la autonomía y la soberanía de los Estados miembros ―especialmente en el campo económico e industrial― sobre lo que versará el esperado informe que el economista italiano hará público a final de mes. Un estudio que le encargó hace meses la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con la intención de que marcara las directrices para que el club comunitario no pierda competitividad de cara a Estados Unidos y China. “Europa debe recuperar la competitividad, buscar una posición preeminente en el tablero geopolítico y geoeconómico internacional”, ha corroborado el Rey, que a su llegada junto al premiado, Mario Draghi, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha saludado a decenas de niños que coreaban “¡Felipe, Felipe!”.

A pocos días de la publicación de su informe, Draghi ha ido este viernes deslizando ideas sobre cómo afrontar los desafíos económicos, demográficos, energéticos, industriales y sociales que debe encarar Europa en los próximos años. “Necesitaremos crecer más rápido y mejor”, ha dicho el italiano. La Inteligencia Artificial, ha continuado, es el factor por el cual Europa se está quedando rezagada respecto de Estados Unidos. “Necesitamos una serie de medidas para cerrar esa brecha”, ha sentenciado Draghi en un discurso cargado de tecnicismos.

“Comparado con EE UU, no tener un presupuesto europeo nos pone en una situación de desventaja”, ha dicho Draghi, que abogará en su informe por una Europa mucho más federalista, según fuentes comunitarias. Pero el hecho de hacer más gasto público “no será suficiente”, ha continuado, para añadir que se necesita fomentar la economía verde y digital a través de una movilización de fondos privados a una escala “sin precedentes”. Pese a la expectación sobre la publicación de su documento de trabajo, está por ver ahora el humor y la actitud con la que lo toman los diferentes Estados miembros, inmersos en el día a día de las políticas nacionales y otros, como Francia ―segunda economía de la Unión―, que se encuentra en una voraz campaña electoral tras la victoria arrolladora de Le Pen en las europeas. Preguntado sobre el futuro de la UE, Draghi ha sido claro: “Europa no necesita ser salvada. Europa se salvará a sí misma”, ha declarado tras la ceremonia. “Tengo fe en que juntos encontraremos la energía, la solidaridad y la responsabilidad para afrontar los años que vienen. Es un periodo de cambios”, ha sentenciado.

En un discurso cargado de mensajes reivindicativos de los valores europeos ―”dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho, respeto de los derechos humanos, pluralismo, no discriminación, tolerancia, justicia, solidaridad e igualdad entre hombres y mujeres”, ha enumerado―, el Rey ya ha vaticinado que en la próxima legislatura europea, que echará a andar el próximo otoño, habrá que hacer frente a “desafíos muy grandes” y ha advertido sobre la “reformulación de estrategias” dentro del club comunitario. De hecho, el premiado, aunque afirma que Europa no debe ser proteccionista, sí ha aconsejado que Europa reduzca su dependencia de países en los que ya no se puede confiar. “No podemos ser pasivos si los actos de otros [países] amenazan nuestra prosperidad”.

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ―que preside el Rey Felipe VI― premia desde hace casi 30 años la labor de personas, organizaciones y proyectos o iniciativas que hayan contribuido a los valores culturales, sociales y científicos de Europa, así como al proyecto de integración de la Unión.

El jurado ―entre los que se encuentran políticos en activo como la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (PP), y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; o expresidentes como José María Aznar y Felipe González, además de catedráticos y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola― ha considerado que el premiado de este año “permitió afrontar una de las mayores crisis que ha vivido la Unión desde su creación”.

La de este viernes es la 17ª edición a la cual se habían presentado 28 candidatos de seis países (Andorra, Bélgica, España, Francia, Italia y Rumania), aunque solo quedaron 16 nominados, según explica la Fundación. En anteriores ediciones, la Fundación ha premiado a figuras europeas como Angela Merkel o António Guterres.

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El testimonio de estas dos adolescentes es el de decenas de miles de mujeres que sufren violencia machista en Guatemala, un país, de 17 millones de habitantes, en el que en 2022 hubo una media de 19 violaciones diarias, según Naciones Unidas. Y la precaria situación de la mujer es una realidad que la reina Letizia, con su noveno viaje de cooperación de la mano de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid), ha querido poner encima de la mesa.

Uno de los ejes principales de la cooperación exterior de España está enfocada precisamente en erradicar la discriminación y violencia contra la mujer y promover la igualdad de género, explica Cristina Aldama, responsable de la Aecid en Guatemala. “Hay mucha violencia económica, política, física y psicológica” contra las mujeres, describe desde el renovado parque del Centenario de la capital en el que España invirtió hace un par de años unos 225.000 euros para hacerlo más seguro para la mujer a través, por ejemplo, de un sistema de alumbrado. “Antes [en este parque] había mucha delincuencia y atracos. Era muy feo”, corrobora Claudia, una vecina de la capital que ha salido a dar un paseo por la zona que, pese a estar en plena recuperación, aún está muy deprimida y la inseguridad es evidente. Pero el hecho de “dignificar el espacio público hace que disminuya la violencia”, asegura Luis Mozas, responsable de restauración de Patrimonio de la Aecid en Guatemala. “[Con la mejoría] Se ven cambios de comportamiento del individuo y de la sociedad”, cierra no sin antes deslizar que la ayuda ha sido algo limitada.

Guatemala es un país en el que casi el 50% de la población es indígena, una parte de la sociedad en la que las mujeres y niñas sufren aún más la violencia del machismo. Imelda Petronila Estacuy, de 58 años y alcaldesa de la comunidad de Santa Lucía de Utatlán, lo sabe bien. Vestida con ropa tradicional maya y con una dentadura forrada en oro, cuenta que lleva toda una vida formando a hombres y mujeres en la igualdad, y por ello ha sufrido acoso. “Muchos hombres dicen que no tenemos derechos, ni voz, ni voto. La mujer está muy intimidada todavía. El machismo nunca termina en este país”, explica desde la plaza principal de San José Chacayá, una localidad remota encajada en las montañas del centro del país y que este jueves ha recibido a la Reina Letizia. Una visita con la que se pretende dar a conocer los desafíos de las comunidades más remotas y con menos acceso a los servicios más básicos como el agua y el saneamiento para, a su vez, acabar con la desnutrición, una lacra que afecta al 46% de los niños menores de cinco años.

Es precisamente aquí donde la Aecid ha hecho una de sus mayores inversiones ―seis millones de euros― para llevar un sistema de saneamiento e higiene a más de 200.000 personas de la zona y del que a día de hoy ya se ven los resultados. “Se están consiguiendo vidas de niños más sanas” gracias a las rutinas de higiene, ha remarcado la Reina en su visita. El tema del agua es clave para el desarrollo y la seguridad de la mujer. Rosa Díaz Vázquez, de 53 años, recuerda cómo hace años su vida, y la del resto de mujeres de la zona, era el río. Allí lavaban la ropa, se bañaban, se lavaban, bebían. “Todo, al río”, resume. Ahora, cuenta emocionada que dispone de agua las 24 horas.

Leonicia Pocop Saló, de 57 años, cuenta cómo antes de las infraestructuras levantadas con apoyo de la Aecid las mujeres tenían que caminar kilómetros con el bidón en la cabeza, el bebé en la espalda y, en algunos casos, embarazadas, para llevar el agua potable a casa. “La visita de la reina es una oportunidad para que se vea la realidad, para denunciar que aún hay mucha desigualdad, pero también para dar a conocer nuestro trabajo” de incidencia y educación política, dice Pocop delante de un mercadillo de artesanía maya. Y es que ha habido un cambio de mentalidad generacional respecto a los roles de género para lo que España también ha apoyado económicamente. Pese a que los jóvenes están más coincienciados, aún queda mucho por hacer en Guatemala: “Hay que perder el miedo y la vergüenza”, apostilla la alcaldesa Imelda.

Estos viajes de cooperación de la Reina no son solo una oportunidad para dar a conocer el trabajo de la cooperación española en el exterior, sino también una forma diferente de hacer “alta diplomacia”, opina Iliana Olivié, investigadora del Real Instituto Elcano. En su intenso viaje de dos días ―en el que ha estado acompañada por la secretaria de Estado de Cooperación, Eva Granados Galiano―, la Reina no solo se ha reunido con autoridades locales, responsables de ONG, cooperantes y beneficiarios de los proyectos financiados por España, sino que también ha mantenido reuniones con la primera dama, Lucrecia Peinado, y con varios ministros. “Queremos mostrar nuestro compromiso con Guatemala”, ha valorado al final del viaje Granados Galiano. “Viajar con la Reina es una oportunidad para explicar a los españoles lo que hace España con los países socios”. “Con estos viajes se refuerzan las relaciones políticas, económicas y sociales, que se consolidan a través de la ayuda al desarrollo”, tercia Olivié.

Escuelas-Taller para evitar las maras

La vida de las mujeres es más complicada en contextos de pobreza, sostienen los expertos, y pese a que los riesgos a los que se enfrentan día a día han ocupado gran parte de la agenda del viaje, la Reina Letizia ha querido también visibilizar el trabajo de la cooperación española en otro tema que le despierta un gran interés: la juventud.

Como cada día, Zaida Guzmán, de 16 años, se levantó el miércoles por la mañana y cogió un autobús para salir de la peligrosa zona 2 de Ciudad de Guatemala, donde vive con su hermana Sara, de 13 años, y su madre Liria, de 42, para ir a la escuela-taller en la aún mas peligrosa y precaria zona 18, donde impera la criminalidad que deja la pobreza y la falta de oportunidades. Pero la del miércoles fue una jornada especial que, dice, recordará siempre. Zaida recorrió la escuela taller ―centros de formación técnica donde los jóvenes aprenden haciendo― y pudo explicar su trabajo de primera mano a la Reina.

En menos de 48 horas, Letizia Ortiz, pues, ha podido ver conocer y dar visibilidad a algunos de los 51 proyectos en los que la Aecid ha invertido 140 millones en los últimos cuatro años. “Con esta visita podemos mostrar que todos los esfuerzos [económicos] están dando sus frutos. Esto hace que seamos mejores personas”, dice un sonriente José Esquivel, de 17 años, que hace dos horas de viaje al día en autobús para acudir a la escuela-taller.

Junto a él, Zaida y otro centenar de jóvenes de entre 16 y 21 años trabajan bajo un sol abrasador en una zanja que formará parte del sistema de aguas del centro, un lugar alternativo donde pasarán dos años de formación y que al mismo tiempo les alejarán de las maras, la criminalidad y el narcotráfico que todavía asola al barrio, y a gran parte del país.

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Doña Letizia inicia este miércoles una intensa ruta que la llevará a conocer de primera mano proyectos financiados con fondos españoles. Y es que la cooperación es una de las vías “más eficaces y baratas para tener relaciones y diálogo político con otros países”, explicaba la semana pasada al teléfono Iliana Olivié, investigadora principal del Real Instituto Elcano y experta en desarrollo internacional.

A primera hora, mantendrá en el Palacio Presidencial un desayuno de trabajo con la primera dama, Lucrecia Peinado, al que más tarde se unirán distintas autoridades ―todas mujeres― para tratar en una reunión privada la situación y los retos de la salud mental en Guatemala, un tema en el que se vuelca en su día a día la primera dama, pero que también es de gran interés para la Reina, tal y como se puede ver en su agenda semanal en España.

La del miércoles será una jornada en la que la Reina ―en todo momento acompañada, entre otros, por la secretaria de Estado de Cooperación, Eva Granados Galiano― visitará proyectos donde España ha puesto financiación en la capital del país. Como ejemplo: la recuperación del centro histórico para que sea más seguro para las mujeres a través de un urbanismo más adaptado como una mayor iluminación nocturna; y el centro cultural de España, que representa otra forma de hacer diplomacia a través del fortalecimiento y la promoción de la cultura española en Guatemala y que lleva en funcionamiento poco más de un año. De hecho, uno de los objetivos de estas pseudoembajadas es el de “proyectar una imagen moderna, plural y comprometida con los valores democráticos”, según la propia Aecid, además de “promover el derecho a la cultura y la participación ciudadana de colectivos con difícil acceso a la cultura”. Más de 50.000 personas, en general jóvenes urbanitas y menores de 35 años, se benefician de las facilidades y actividades del centro cada año.

Por la tarde, la Reina visitará una escuela-taller en la zona 18 de Ciudad de Guatemala, una de las más desfavorecidas de la capital del país de casi 18 millones de habitantes. La de este distrito se levantó en 2021 gracias al medio millón de euros que aportó la Aecid, pero representa una programa que empezó en 1999 como consecuencia del devastador huracán Mitch. Desde entonces, más de 800 personas de entre 16 y 21 años se han beneficiado de las escuelas-taller, cuyo objetivo principal es el de mejorar las condiciones de vida de los jóvenes en riesgo de exclusión y marginalidad.

La visita de la Reina continuará el jueves en Antigua y en localidades cercanas al lago Atitlán y donde podrá el foco en proyectos de saneamiento de agua y de mitigación de la violencia contra la mujer.

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Estos viajes son clave para la cooperación española y para el Gobierno que busca mantener buenas relaciones con países que considera prioritarios o estratégicos en su política exterior. “La cooperación es una de las vías más eficaces y baratas para tener relaciones y diálogo político con otros países”, explicaba la semana pasada al teléfono Iliana Olivié, investigadora principal del Real Instituto Elcano y experta en desarrollo internacional. Y con este gesto, España está mostrando que tiene un gran interés por Guatemala.

Doña Letizia saldrá de Madrid el martes por la mañana rumbo a Ciudad de Guatemala, la capital del país, donde visitará algunos de los 51 proyectos en los que la Aecid está implicada desde 1987. Durante dos días, la Reina podrá conocer de primera mano programas en los que la Agencia española invierte actualmente más de 30 millones de euros destinados a la desnutrición infantil, a la violencia de género y al apoyo a la juventud a través de la educación y la formación profesional. La ayuda de España en su conjunto a Guatemala entre 2016 y 2019 asciende a 80 millones.

Con su viaje, la Reina pretende dar visibilidad a temas sociales como es la violencia de género y la desnutrición infantil ―también tratará brevemente con la primera dama, Lucrecia Peinado, la situación de la salud mental de la población en Guatemala, un tema que le despierta un gran interés―, y un espaldarazo a las más de 65 organizaciones españolas que trabajan en el terreno codo con codo con las autoridades guatemaltecas. “Las relaciones [entre ambos países] se consolidan a través de la ayuda al desarrollo”, continúa Olivié. Es una idea que Felipe VI ya deslizó la semana pasada en el 25º aniversario de la Fundación Euroamérica: “Las cumbres iberoamericanas, las tomas de posesión de los presidentes, los viajes de Estado y de cooperación, la presencia intensa y estable de nuestras empresas y ONG (...) demuestran el papel activo de España en la región”. Los guiños de la Casa del Rey hacia Guatemala han sido constantes en el último mes. Y como prueba, el premio internacional 2024 de la Fundación Princesa de Girona a Susana Arrechea, una guatemalteca ingeniera química que, con su empresa New Sun Road Guatemala, implementa centros comunitarios digitales en comunidades rurales guatemaltecas sin acceso a electricidad de la red nacional.

La desigualdad en el país centroamericano es de las mayores en Latinoamérica. El 46% de los menores de cinco años sufre desnutrición crónica, según datos de la Aecid, y los retos en esta materia representan “obstáculos importantes” en el desarrollo, según alerta Naciones Unidas en su informe Análisis Común de País publicado en 2019. En este viaje de dos días, la reina Letizia podrá visitar uno de los 29 proyectos que España apoya para el saneamiento de agua y desnutrición en San José de Chacayá (Cerca del Lago Atitlán, en el centro del país). También conocerá uno de los nueve programas de autonomía y atención de violencia de mujeres en Chimaltenango (cerca de Antigua, en el centro del país) que la agencia mantiene en el país. “La violencia contra la mujer es un continuo y se perpetúa como una herramienta de subordinación y control de la vida y cuerpo de las mujeres”, explica la Aecid, que cifró en 2020 las denuncias por los delitos de violencia contra la mujer, violencia sexual y feminicidios en un total de 78.787 víctimas.

País prioritario

El país centroamericano, de 17 millones de habitantes en el que casi el 45% es indígena, es un lugar “prioritario” para España. Se trata de una categoría de la OCDE que implica que ese país es apto para ser receptor de ayuda humanitaria y al desarrollo por parte de otros países donantes como es España. Pero además, Guatemala es especialmente relevante porque está contemplado en los 12 Marcos de Asociación y Alianzas País, en los que también se encuentran entre otros Mauritania, Colombia, Paraguay y Senegal.

Pese a que la juventud, la nutrición y las mujeres son temas que toca casi a diario en su agenda en España ―y también en el extranjero cuando va en viaje de Estado con el Rey―, Doña Letizia se ha estudiado la realidad y el contexto de Guatemala durante las últimas semanas con reuniones con expertas en La Zarzuela, algo habitual en los días previos a algún viaje con cierta relevancia de Estado. La Reina viaja acompañada por la secretaria de Estado de cooperación, Eva Granados Galinano y en esta ocasión, se estrenará también en un viaje internacional María Dolores Ocaña Madrid, su nueva secretaria desde el pasado 30 de abril.

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“Para las generaciones jóvenes, la monarquía tiene mucho pasado, no suficientemente conocido y valorado; un sólido presente, que necesita tiempo y mayor visibilidad, y, sobre todo, un futuro que requiere cambios para que cuente con una mayor adhesión”, concluyen los autores del estudio, los académicos Francisco Llera Ramo ―director del Euskobarómetro, entre otros cargos― y José Manuel León Ranero, doctor en Ciencia Política de la Universidad del País Vasco. El informe, de 83 páginas y titulado La juventud española dialoga sobre la Monarquía, se ha elaborado a partir de más de 15 horas de entrevistas con jóvenes de toda España durante todo el mes de octubre de 2023.

Los entrevistados tienen la percepción de que el reinado de Juan Carlos I fue una especie de continuación de ciertos aspectos del régimen de Franco. Casi el 50% considera que la reinstauración de la monarquía durante la Transición fue una opción no democrática como continuación del franquismo. Pese a ello, “dentro de las alternativas, la monarquía fue la mejor”, dice una madrileña de 19 años, estudiante de Formación Profesional y afín a Sumar. “Cuando era más joven no lo veía muy bien [la Monarquía], pero viendo cómo van ahora los tiros por España, pues no lo veo tan mal”, apostilla un gallego, ingeniero industrial y cercano al Partido Popular, en referencia al clima de tensión que se palpa en el resto de las instituciones del Estado.

Ese conformismo con la Corona se respira a lo largo de todo el estudio, que se hará público a mediados de junio. Y es que la desafección política y el malestar democrático hacen que actualmente los jóvenes acepten un sistema ―la monarquía parlamentaria― al que no son intelectualmente afines. “Aunque se reconoce una superioridad democrática de la forma de gobierno republicana, [a los jóvenes] no les parece una alternativa frente al papel de la Corona y la figura del Rey. El déficit hereditario de la Monarquía no compensa los riesgos de una república en manos de una clase política muy cuestionada y polarizada, que puede hipotecar la necesaria neutralidad de la jefatura del Estado”, concluyen los autores. Además, “pesa la experiencia de unas repúblicas fallidas”, resume un economista de 26 años afín al PP. “Te vas a lo menos malo... o lo conocido”, concluye.

Ese debate entre monarquía y república refleja una variedad muy amplia de opiniones entre los jóvenes que han participado en el estudio. “Mientras algunos ven la Monarquía como una fuente de estabilidad, tradición y neutralidad, otros critican su carácter hereditario y la falta de elección democrática, pero, al mismo tiempo, plantean interrogantes sobre la viabilidad y hasta deseabilidad de una república como alternativa”, continúan los expertos.

Jordi Canal, historiador y profesor en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París (EHESS), explica al teléfono que en este debate hay que tener en cuenta las circunstancias y las experiencias del país. “Las dos repúblicas no son dos experiencias que se puedan decir favorables”. En cuanto a las circunstancias, explica: “Existe una fragmentación y polarización política altísima. Y el Rey tiene que estar por encima del sistema de partidos”, añade, en referencia a que el jefe del Estado en una monarquía parlamentaria es, en cierta manera, impermeable a las oleadas populistas que salpican desde hace años a las democracias liberales.

Pese al desconocimiento sobre los 40 años de reinado de Juan Carlos I, hay un momento que sí valoran los jóvenes: su actuación en el intento de golpe de Estado de 1981. El 65% de los jóvenes entrevistados reconoce el “papel clave” del Rey en el 23-F. Después, critican los escándalos personales de su última etapa de reinado. “Este señor no se ha cortado un pelo”, se lamenta de manera clara un camarero de 24 años afín a Sumar en alusión al comportamiento del rey emérito. Lo anterior, añadido a la falta de transparencia en las cuentas en los últimos años de su reinado, “ha causado una profunda decepción” entre los jóvenes, afirman los académicos Llera y León.

Con estos antecedentes, los entrevistados reconocen que el contexto en el que Juan Carlos I abdicó en su hijo en 2014, hace justo 10 años, “no era fácil”. Y que, paradójicamente, eso favoreció al entonces Príncipe de Asturias: “Los escándalos del rey Juan Carlos ayudan a ver a Felipe VI mejor que a su padre”, opina una auxiliar de enfermería de Bilbao de 25 años.

Los autores del estudio han identificado un tono “amable” y de “esperanza” hacia Felipe VI y su labor por modernizar la institución, aunque demandan más. El Rey está bien valorado por su mayor formación y preparación en comparación con su padre, del que muchos resaltan su carácter campechano. En el aspecto negativo, la juventud continúa sin ver a la institución unas funciones relevantes. Un hombre en el paro de 24 años y original de las Islas Canarias confiesa desconocer las actividades del Rey y añade: “No sirve para nada. Está como puesto porque sí, porque toca”.

El papel actual de la mujer

Frente a la “distancia” que transmite Felipe VI para algunos de los entrevistados, la reina Letizia desprende más “cercanía”, según el informe. Los autores destacan su “papel activo en cuestiones sociales y su capacidad de representación y comunicación, derivadas de su pasado profesional”, en referencia a su época como periodista. La agenda de la Reina está repleta de actos para visibilizar la salud mental, las enfermedades raras, la alimentación y nutrición y el papel de los jóvenes y las mujeres. “La importancia de que sea una mujer en una posición tradicionalmente ocupada por un hombre es percibida como un potencial punto de inflexión hacia una mayor modernidad y aceptación social”, creen los autores del estudio.

El matrimonio de Felipe de Borbón y Grecia y Letizia Ortiz Rocasolano ― del que se acaban de cumplir 20 años― es visto como un “factor positivo que rompe con la tradición”. Más del 40% de los preguntados valora el “origen social humilde” de la reina consorte. Pese a ello, la mayoría (30%) cree que sus funciones no son relevantes.

La princesa de Asturias es vista “con optimismo y buenas expectativas”, según los dos autores. Los jóvenes creen que es “un paso adelante en la representación de las mujeres en posiciones de liderazgo” y que puede reforzar el papel de la mujer en la sociedad, así como “fomentar la igualdad de género dentro y fuera de la institución monárquica”. De hecho, la Casa del Rey nombró en abril a la primera secretaria de la reina mujer, María Ocaña Madrid, desde que se reinstauró la monarquía, un gesto al que le seguirán otros similares, según fuentes que conocen bien el funcionamiento de la Casa del Rey. En la Constitución española permanece la prevalencia del varón sobre la mujer en la línea de sucesión al trono.

Pese a esta visión positiva de Felipe VI y su heredera, Leonor, los jóvenes entrevistados muestran una “falta de visibilidad y conexión con la Casa del Rey” y su funcionamiento en su conjunto. Y por tanto, los autores del estudio destacan la necesidad de una “mayor presencia en las redes sociales y otros medios” de cara al futuro más inmediato. Casi el 30% de los jóvenes del estudio confiesa que tiene una baja información sobre la Corona y sus actividades y demanda más comunicación y mayor explicación sobre su papel. Esta modernización, sumada a una mayor transparencia y adaptabilidad a los tiempos, será necesaria, según se desprende del informe, para que la institución mantenga el apoyo popular de cara a conseguir su principal objetivo: subsistir.

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Los actos de este martes marcan la etapa final de Leonor en La General, donde dentro de cinco semanas se graduará y recibirá su despacho de alférez del Ejército de Tierra. “Ya os echo de menos”, ha dicho la princesa en su discurso en una solemne Seo, el lugar en el que tradicionalmente eran coronados los reyes de Aragón. Culminar la jornada allí, ha escrito Leonor en el libro de Honor, “es un privilegio y un honor” que va a “recordar siempre”. Las ceremonias, en las que han trabajado desde hace semanas conjuntamente La Zarzuela y las autoridades regionales, están cargadas de simbolismo y de referencias históricas del país del que Leonor está llamada a ser la futura reina y jefa del Estado. “Les puedo decir que lo que he vivido aquí supera con creces lo que pensaba hace 10 meses [cuando ingresó en la Academia]. En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida”, ha afirmado la princesa de Asturias en la Seo ante más de 100 invitados, entre los que se encontraban las máximas autoridades —pasadas y actuales― de Aragón.

A las 10.30, Leonor ha acudido al histórico Palacio fortaleza de la Aljafería ―se utilizó como sede del Santo Oficio (Inquisición), fue palacio de los Reyes Católicos y actualmente acoge la sede de las históricas Cortes de Aragón―, donde ha recibido muy sonriente la medalla de las Cortes. Este galardón premia la labor de personas físicas o jurídicas, o de organizaciones, centros o colectivos de pública y reconocida identidad social, en la defensa de los valores e identidad aragoneses. Las Cortes han querido mostrar el “cariño” a la princesa de Asturias, tras su estancia en Zaragoza con motivo de su formación militar, y transmitirle el “sentimiento de lealtad y respecto hacia la Corona y hacia el ideal de servicio que esta institución simboliza”. Leonor continúa, pues, con otra tradición más, ya que su padre fue el primer condecorado con esta medalla del Parlamento aragonés en 1986. “Hemos hablado mucho de ello estos días”, ha dicho la princesa, que ha añadido que seguir los pasos de su padre significa mucho para ella.

Poco después, Leonor se dirigió al Ayuntamiento de Zaragoza, donde fue nombrada hija adoptiva de la ciudad. “Muchas gracias por concederme la Medalla de las Cortes, la Medalla de Aragón y también agradezco mucho que me hayáis otorgado el título de Hija Adoptiva de Zaragoza, una ciudad que conozco y quiero más después de vivir estos meses aquí y recibir el cariño de sus ciudadanos”, ha escrito la princesa en el Libro de Honor del Ayuntamiento. En el exterior, en plena plaza de El Pilar, la recién condecorada saludó en su paseo de 300 metros hasta la Seo del Salvador —que fue foro romano, mezquita y ahora catedral— a los cientos de personas que han acudido a verla pasar. La capital aragonesa ya había hecho un gesto hacia la heredera al trono al anunciar que, con los votos a favor del PP y Vox y la abstención del PSOE, el auditorio cambiará su nombre actual (Auditorio de Zaragoza) por el del Auditorio Princesa Leonor.

La princesa, que está en la última fase de formación militar del Ejército de Tierra en La General, se quiso involucrar personalmente en los actos de este martes. “Está muy interesada en que todo salga bien”, decían hace días desde La Zarzuela. La de hoy ha sido una jornada frenética, con tres actos muy seguidos en los que por primera vez la princesa ―con el uniforme de gala de dama cadete― ha pronunciado un discurso sin la presencia de sus padres, Felipe VI ―que tiene compromisos en Madrid― y Letizia Ortiz. Tampoco ha asistido su hermana, la infanta Sofía, que ahora estudia en el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido), como hiciera la princesa hasta el verano pasado. Sí estaba Camilo Villarino, jefe de la Casa del Rey, y todas las autoridades de la comunidad autónoma, así como la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Final de etapa en San Gregorio

La estancia de la dama cadete Borbón Ortiz en el centro de adiestramiento de San Gregorio está a punto de concluir: a principios de julio recibirá el despacho de alférez del Ejército de Tierra. Durante el acto en la Seo, Leonor ha querido homenajear su paso por La General: “Aquí he conocido a jóvenes de mi generación y he convivido con ellos. Les aseguro que lo que vivimos mientras nos formamos en la Academia nos une para siempre y nos hace madurar y crecer”.

Su instrucción militar no finaliza, sin embargo, en Zaragoza. Está previsto que en verano la princesa ingrese en la base de Marín (Pontevedra) para iniciar su formación con la Armada. En enero de 2025 se embarcará en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, donde convivirá con otros compañeros durante unos cuatro meses y visitará diferentes países. Finalmente, Leonor se desplazará a San Javier (Murcia) para concluir su formación castrense en el Ejército del Aire y el Espacio.

Una vez terminada la instrucción militar, la princesa iniciará su carrera universitaria que, previsiblemente, irá compaginando con actos institucionales. Leonor cumplió la mayoría de edad en octubre pasado y poco a poco va asumiendo el trabajo diario de representación de la Casa del Rey que por ahora solo llevan a cabo Felipe VI, Letizia Ortiz y, de vez en cuando, la reina emérita, Sofía.

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La pareja ha vivido en estos años en una montaña rusa. En los altos: el nacimiento de las infantas Leonor y Sofía ―la primera es ahora princesa de Asturias y heredera al trono― y una proclamación de Felipe VI como jefe del Estado, en 2014, que dio una nueva oportunidad a la institución para intentar convencer a la ciudadanía de su utilidad, sobre todo en tiempos de inestabilidad y polarización. Expertos de dentro y fuera de La Zarzuela coinciden: “La Monarquía tendrá continuidad en la medida en que [sus miembros] sepan demostrar que es útil”.

Los momentos de zozobra: primero la corrupción del caso Nóos, que condenó al cuñado del Rey, Iñaki Urdangarin, y llegó a sentar en el banquillo a su hermana, la infanta Cristina; y, después y sobre todo, los escándalos sucesivos del rey emérito, que acabaron rompiendo la relación entre padre e hijo. En marzo de 2020, Felipe VI renunció a la herencia de Juan Carlos I y le retiró la asignación económica. Fue un punto de inflexión en una fractura que no haría sino agravarse en los meses y años siguientes.

Los inicios de la pareja de Felipe VI y Letizia no habían sido fáciles. Después de varios noviazgos frustrados ―Isabel Sartorius o la modelo noruega Eva Sannum― y de unos meses de relación secreta con la periodista asturiana, presentadora de TVE, el entonces príncipe comunicó a su familia que ella era la definitiva. También lo fue él para ella, que cinco años antes se había divorciado del escritor Alonso Guerrero Pérez, con quien había estado casada un año. El anuncio del compromiso llegó, por sorpresa, en noviembre de 2003. Y el 22 de mayo de 2004 Letizia, que ese día tenía fiebre, llegó al altar del brazo de su padre, Jesús Ortiz. Más de 1.700 invitados procedentes de todas partes del mundo, incluidas 12 casas reales en activo, asistieron al enlace. No se dio una cifra oficial del coste de los fastos.

Hubo dos lunas de miel: la pública, que les llevó a distintos puntos de España durante unos días, y la privada, que tuvo como destinos Fiji, Camboya, Samoa y Jordania, entre otros lugares. Viajes, vacaciones, su agenda como príncipes de Asturias, el inicio de la convivencia en una casa de 1.800 metros cuadrados en el complejo de La Zarzuela... Y, el 31 de octubre de 2005, Leonor. La línea sucesoria directa quedaba asegurada. Año y medio más tarde, el 29 de abril de 2007, llegaría su hermana Sofía.

Poco antes, sin embargo, el matrimonio tuvo que enfrentarse a una desgracia: en febrero de 2007, estando doña Letizia embarazada de Sofía, la hermana menor de la princesa, Erika Ortiz Rocasolano, fue hallada sin vida en su domicilio del barrio de Valdebernardo (Madrid). Una casa que antes había pertenecido a la periodista y que había sido escenario de los primeros meses de noviazgo con don Felipe. Un golpe para la familia y un shock que removió a toda la institución. En noviembre de ese mismo año, por otro lado, la infanta Elena, hermana de Felipe VI, y Jaime de Marichalar anunciaron el “cese temporal de la convivencia”.

Los siguientes dos años fueron tranquilos, sin sobresaltos. Una tregua antes de lo que estaba por llegar: los años más duros para la Corona, según fuentes cercanas a la familia. En 2010, Iñaki Urdangarin, entonces duque de Palma y esposo de la infanta Cristina ―confidente de Felipe y Letizia durante los primeros meses de relación secreta―, fue imputado en el caso Nóos. Esa trama de malversación, tráfico de influencias y fraude fiscal llevaría a Urdangarin muchos años después, en 2018, a ingresar en la cárcel de Brieva (Ávila) para cumplir una condena de cinco años y tres meses de prisión. La propia infanta fue procesada en el caso como presunta colaboradora de un delito fiscal y declaró ante el tribunal, aunque finalmente fue absuelta.

Como consecuencia de ese “comportamiento no ejemplar”, la Casa del Rey primero apartó de todo acto oficial a los duques de Palma y después, ya siendo monarca Felipe VI, revocó el título a la infanta Cristina. En la actualidad, los hermanos Felipe y Cristina solo coinciden en actos privados, como fiestas de cumpleaños y funerales. La infanta y Urdangarin se separaron en 2022 y firmaron el divorcio en enero de este año.

Aquel fue quizá el escándalo más largo ―la entrada y salida del exduque de Palma en los juzgados de la capital mallorquina fue retransmitida durante meses― pero no el único ni el fundamental. En 2012, un viaje a Botsuana del aún jefe del Estado, Juan Carlos I, puso en entredicho 40 años de institución. El monarca viajó al país africano a un safari de caza mayor con su amante, Corinna Larsen. Pero una caída precipitó su regreso. Se había roto la cadera y le tenían que operar de urgencia. Los entresijos de ese viaje han copado años y años de crónica rosa dentro y fuera de España.

“Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”. Con estas 11 palabras comenzaba el inicio del fin del reinado de Juan Carlos I, que culminó dos años después con la abdicación en su único hijo varón. Fue un momento delicadísimo, reconocen fuentes del entorno. Felipe VI fue proclamado nuevo rey de España el 19 de junio de 2014, en una ceremonia solemne y sobria que vivió junto a sus hijas, Leonor y Sofía, y su esposa Letizia, que se convirtió en reina consorte. Fuentes cercanas a la familia admiten que la abdicación tenía un objetivo: salvar la institución. Una encuesta del CIS en abril de 2014, cuando Juan Carlos aún reinaba, preguntó a la ciudadanía por el grado de confianza que sentían hacia ciertas instituciones del Estado: la monarquía obtuvo tan solo un 3,72 en una escala del 0 al 10. El príncipe, pues, era llamado a levantar una institución cuya reputación había caído por los suelos.

Aquella decisión seguía una tendencia que habían comenzado en 2013 Beatriz de Holanda y Alberto II de Bélgica, que abdicaron en sus hijos Guillermo y Felipe, respectivamente. La última en abdicar ha sido la reina Margarita de Dinamarca en su hijo Federico. Tan solo seis meses después de la proclamación de Felipe VI en 2014, su figura comenzó a escalar en popularidad en las encuestas. Así, después de diez años en los que el matrimonio había sido cuestionado por algunos sectores de la sociedad por el origen no aristocrático de doña Letizia, los nuevos Reyes pasaban a primera fila.

Pero los problemas no habían cesado. Al escándalo de Botsuana le siguieron años de investigaciones judiciales a Juan Carlos I en Suiza, España y el Reino Unido por presunta evasión fiscal y cobro de comisiones. Todas esas investigaciones fueron finalmente archivadas, en unos casos por la condición constitucional de inviolable (no juzgable) del rey emérito y en otras por falta de indicios suficientes o prescripción. En 2020, en pleno verano de la pandemia de coronavirus, La Zarzuela comunicó el traslado de residencia habitual de Juan Calos I a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). Poco antes, Felipe VI —que en su discurso de proclamación había anunciado “una monarquía renovada para un tiempo nuevo”— y la reina Letizia ya habían comenzado a tomar decisiones que suponían una ruptura, al menos en cuanto a imagen, con el reinado de Juan Carlos.

Junto a una serie de tímidas medidas de transparencia, Felipe VI decidió renunciar a su herencia para disipar cualquier atisbo de duda sobre el origen de sus bienes. Y desde hace casi cuatro años, cada vez que el emérito regresa a España para actividades privadas ―ya que no tiene actos públicos de ningún tipo―, el matrimonio Borbón Ortiz evita coincidir con él. Además, el padre de Felipe VI se hospeda siempre con amigos, nunca en dependencias que pertenezcan a Patrimonio Nacional, y mucho menos en el palacio de La Zarzuela. Juan José Laborda, expresidente del senado, director de la Cátedra sobre la Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos y muy cercano al Rey durante su época de estudiante de Derecho, sostiene que Felipe VI actuó “poniendo por delante su condición de institución”, lo que supuso que “su condición de hijo y hermano quedase sometida al imperativo de la ejemplaridad”.

Veranos en Mallorca

Un lugar simboliza esa sucesión de crisis en el entorno familiar que han marcado el matrimonio entre Felipe VI y doña Letizia: el palacio de Marivent, en Mallorca. En esta residencia de principios del siglo XX solían juntarse los miembros de la familia real en los meses de verano desde principios de los años setenta del pasado siglo. Era habitual verlos a todos ―desde los entonces Reyes y luego eméritos, Juan Carlos y Sofía, hasta las familias Marichalar y Urdangarin al completo― paseando por Palma, participando en regatas, saliendo en yate o posando informales en los jardines de palacio ante los medios de comunicación. La espiral de escándalos de los últimos lustros hizo que aquella tradición de vacaciones compartidas dejara de existir.

El año 2007 es el último en el que toda la familia ―16 personas, entre abuelos, tíos y sobrinos― posó junta ante los fotógrafos y cámaras de televisión en Marivent. Desde entonces, con excepción de 2012, tan solo cuatro personas hacen el pertinente posado: el rey Felipe, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. El resto ha ido saliendo, no solo de la foto estival sino directamente de la Casa del Rey: en 2014 todo el que no sea ascendiente o descendiente de Felipe VI dejó de formar parte de la familia real, con los cortes presupuestarios y de representación que ese cambio conlleva.

Esta reducción en miembros de las familias reales es la tónica ahora en Europa, y las razones son diversas: “Un interés claro en la racionalización de la institución, un mayor control que solo es viable sobre un grupo reducido de personas, un indisimulado ahorro económico para el contribuyente, la preocupación por la imagen, la transparencia y la fiscalización de la actividad de sus miembros”, subraya el periodista y experto en monarquías Eduardo Álvarez en el estudio Familias reales europeas menguantes, publicado por REMCO (Red de Estudio de las Monarquías Contemporáneas). En esta línea, la familia real española, con seis miembros, es la más pequeña de Europa, solo por delante de la noruega, con cinco.

Después de 20 años de alegrías, tristezas y crisis, Felipe y Letizia afrontan un futuro que hoy por hoy se dibuja más tranquilo. El debate público se ha ido alejando de la dicotomía monarquía o república ―muy viva hace más de una década, cuando Podemos irrumpió en el tablero político― y ahora se centra en la complicada gestión de la relación con el rey emérito y su vida a caballo en Abu Dabi, donde reside, y España, adonde viaja de visita cada vez más a menudo. En todo caso, es difícil conocer la percepción que tiene la ciudadanía de la institución monárquica: el CIS, por ejemplo, no pregunta por ello desde 2015. Mientras, la pareja que selló su compromiso hace 20 años se centra en trabajar por un futuro que tiene un nombre: Leonor.

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Zelenski tenía previsto reunirse este viernes con Felipe VI en la que iba a ser su primera visita oficial a España, aunque ya estuvo en octubre pasado en Granada en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE). El Rey iba a recibir en audiencia a Zelenski en el Palacio Real, según había anunciado La Zarzuela, confirmando así la visita del presidente de Ucrania, anticipada el pasado lunes por EL PAÍS. A continuación, los Reyes tenían previsto ofrecer un almuerzo al mandatario ucranio en el propio Palacio Real.

La Zarzuela anunció cerca de la medianoche la cancelación de los actos previstos con el líder ucranio, que había anunciado a primera hora de la tarde con una ampliación de la agenda de la Familia Real, generando cierta confusión, ya que en ese momento ni La Moncloa ni Exteriores confirmaban oficialmente la visita de Zelenski. Finalmente, todo el programa quedó anulado.

Durante su estancia en España, Zelenski también tenía previsto suscribir con el presidente Pedro Sánchez un acuerdo en materia de seguridad similar a los que Kiev ya ha firmado con Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Dinamarca o Canadá. Su objetivo es garantizarle un apoyo militar sostenido a largo plazo y servir de puente hasta que pueda convertirse en miembro de pleno derecho de la OTAN y la UE. Las negociaciones para suscribir este acuerdo, que está previsto sea aprobado por el Consejo de Ministros, pero no se someta a ratificación del Congreso, al no tener categoría legal de tratado internacional, se iniciaron a principios del mes de marzo y ya han concluido, según las fuentes consultadas. Sánchez y Zelenski hablaron por última vez el pasado 7 de mayo, en una conversación telefónica en la que ambos repasaron la negociación del acuerdo bilateral de seguridad y el primero anunció, en un mensaje a través de la red social X, su propósito de acudir a la cumbre por la paz en Ucrania convocada el mes próximo en Suiza.

El acuerdo bilateral de seguridad entre España y Ucrania vendrá a dar estabilidad y previsibilidad al apoyo militar que España ya viene brindando a Kiev a través de la entrega de armamento, la instrucción de más de 4.000 combatientes por el Toledo Training Coordination Center (TTCC) o la atención de decenas de heridos en el hospital militar de Zaragoza. El pacto compromete a España a prestar a largo plazo asistencia militar, suministrar armamento, colaborar en el adiestramiento de sus Fuerzas Armadas, colaborar al desarrollo de la industria de defensa ucrania o intercambiar información en las áreas de inteligencia y ciberseguridad.

Los acuerdos bilaterales suscritos por Kiev con varios países europeos responden al llamamiento que hizo en julio del año pasado el G-7, el club de los países más ricos del mundo, en compensación por el hecho de que la cumbre de la OTAN en Vilna (Lituania) diese largas a la petición de ingreso de Ucrania.

Aunque España no forma parte del G-7 se adhirió a su llamamiento y puso en marcha la negociación de un acuerdo que no incluye una garantía de seguridad y asistencia mutua ante una agresión exterior, como el previsto en el artículo 5º del Tratado de Washington, pero sí el compromiso de celebrar, “en caso de un futuro ataque armado ruso” (nada dice de la invasión iniciada por Moscú en febrero de 2022) consultas con Ucrania para determinar “los pasos apropiados a dar”. Además, España se compromete a mantener las sanciones económicas a Rusia y colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI) en la persecución de los crímenes de guerra. Las fuentes consultadas señalan que el acuerdo cuantificará probablemente el monto de la ayuda militar que el Gobierno español está dispuesto a prestar a Kiev en los próximos años, aunque la cantidad concreta deberá plasmarse cada ejercicio en los presupuestos generales del Estado.

Podemos ha acusado al Gobierno de eludir al Congreso en la aprobación de este acuerdo militar que tenían previsto suscribir los presidentes Zelenski y Sánchez, sin someterlo a la aprobación parlamentaria. El diputado Javier Sánchez Serna ha denunciado este martes que el Gobierno pretende que “ese acuerdo bilateral sea aprobado exclusivamente por el Consejo de Ministros. De este modo, se usurpa una vez más a esta Cámara la capacidad de debatir y decidir sobre un asunto que tiene gran envergadura para nuestro país, un asunto que compromete a España tanto económicamente como en materia de seguridad”, ha añadido.

España se ha apuntado un tanto con el suministro de media decena de misiles Patriot para reforzar la defensa antiaérea de Kiev ante los ataques rusos contra sus infraestructuras críticas. Aunque se trata de una cantidad muy modesta, las autoridades ucranianas han agradecido la rapidez: los misiles llegaron a su destino pocos días después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmara la entrega, adelantada por EL PAÍS. En contraposición, buena parte de la ayuda militar anunciada por muchos países puede demorarse semanas o meses, lo que Rusia está aprovechando para ganar posiciones en el frente.

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La fractura se produjo al golpearse la Reina el pie con una mesa hace unos días. El sábado pasado, doña Letizia acudió a la jura de bandera de Felipe VI en la academia general de Zaragoza y, pese a que se movía con normalidad, ya sentía dolor, según fuentes de la Casa del Rey. La lesión ha sido diagnosticada como “fractura en la falange proximal del dedo central del pie derecho”. Los médicos han recomendado aplicar hielo y descanso, pero la voluntad de la Reina es mantener su agenda —tiene una entrega de premios el martes y el bicentenario de la Policía Nacional el miércoles— aunque deberá hacerlo con ese calzado diferente al habitual. El tratamiento durará unas seis u ocho semanas.

Este lunes doña Letizia ha asistido, acompañada de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a un concierto por la salud mental organizado por la Fundación Princesa de Girona en el Teatro Real de Madrid. Además, el de hoy ha sido el primer acto oficial en el que se ha estrenado María Dolores Ocaña como nueva secretaria de la reina. Ocaña, que tomó posesión del cargo el 30 de abril, cuando su nombramiento se publicó en el BOE, sustituye al general de división José Manuel Zuleta, que llevaba 17 años junto a Letizia Ortiz, siete como princesa y 10 como reina.

Jóvenes y salud mental son dos de los asuntos más presentes en el trabajo de la Reina, que no dudó en acudir a este evento en cuanto la organización se lo propuso. Tan solo puso una condición: saludar y hablar con los jóvenes del público. Y así fue. Tras más de una hora de conciertos y vídeos con historias reales de jóvenes con problemas de salud mental, la Reina saludó en persona a unos 1.300 jóvenes de 21 colegios de Madrid, Córdoba, Sevilla, Barcelona, Salamanca y Zaragoza, según la organización. Con esta iniciativa “se pretende explorar el poder de la música como herramienta para trabajar el bienestar emocional del alumnado”, dice la organización.

El de este lunes es un acto enmarcado en el llamado “tour del talento” de la Fundación Princesa de Girona que impulsa la carrera de jóvenes promesas y dota de un espacio para tratar el bienestar emocional de la juventud. Este tour termina mañana martes en Madrid, después de haber pasado por Lleida, Salamanca, Cádiz y Santander, con la proclamación de los ganadores del Premio Princesa de Girona Internacional 2024, que entregará Felipe VI, y que están dotados de 20.000 euros.

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Felipe VI, vestido con uniforme de capitán general del Ejército de Tierra, y la reina Letizia han llegado a la academia a las 11.30 horas, donde les ha recibido su director, el general Manuel Pérez López. Felipe VI ha pasado luego revista acompañado del jefe de Estado Mayor del Ejército (Jeme), el general Amador Enseñat, y el jefe del Cuarto Militar, Emilio Gracia Cirugeda. Los Reyes han presenciado el acto desde el palco del patio de Armas reservado a las autoridades y desde allí el Rey se ha unido al resto de compañeros de promoción para jurar la bandera.

Junto a Felipe VI, renuevan el juramento ante la enseña nacional algo más de 200 miembros de la 44 promoción, que en la actualidad son mandos de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil. Al tratarse de un acto de carácter interno y familiar, no han asistido ni la ministra de Defensa, Margarita Robles, ni ninguna autoridad autonómica o local. Con la de hoy, es la tercera vez que el jefe del Estado jura la bandera en la AGM: la primera fue en octubre de 1985 y la segunda, a los 25 años de haberse graduado en el Ejército de Tierra, en febrero de 2010. El juramento se renueva por última vez a los 50 años.

Es la segunda vez en seis meses que el núcleo de la familia real confluye en La General, como se conoce a la Academia de Zaragoza. En octubre de 2023, la dama cadete Leonor de Borbón Ortiz ―pidió llevar sus dos apellidos en el uniforme― juraba bandera por primera vez junto a sus compañeros de promoción y frente a su padre, actual jefe de las Fuerzas Armadas, lugar que ocupará ella misma cuando herede la corona. La princesa de Asturias cursa ahora el segundo año de Academia del Ejército de Tierra en Zaragoza, donde tiene previsto graduarse el próximo 15 de julio. De ahí, continuará con su formación militar en la Armada, en Marín (Pontevedra), donde permanecerá tres años. Finalizará su formación en San Javier (Murcia) formándose como piloto del Ejército del Aire y el Espacio.

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“El objetivo es mostrar el compromiso de España con la disuasión y defensa de la OTAN, de la Unión Europea y del Mediterráneo, el Atlántico y el Báltico”, dice desde la cubierta intermedia el comandante de Dedalo-24, el contralmirante Gonzalo Villar, escoltado por dos de los siete aviones Harriers y junto a un despliegue espectacular de armamento y equipo militar de todo tipo custodiado por docenas de infantes de marina; la mayoría de ellos, con acento andaluz. Del otro lado, otros tantos infantes convierten el otro extremo de la cubierta en un gimnasio improvisado. La actividad en el buque es constante.

Desde que las tropas rusas invadieron Ucrania en febrero de 2022, los socios de la Alianza han sacado músculo militar por tierra mar y aire ―sobre todo en el flanco Este de Europa―, como parte de una estrategia de defensa común y de disuasión ante una Rusia que se encamina con fuerza a una gran ofensiva de verano, según los analistas, para la que Ucrania aún no se considera preparada. Pero mientras llega la ayuda comprometida por Washington y Bruselas a Kiev, España y otros socios de la OTAN como Italia, Francia, Turquía, Albania y Macedonia del Norte ya están mandando señales de aviso con su presencia y sus ejercicios anfibios en esta línea marítima de la Alianza: “Estamos aquí para evitar [con la disuasión] una confrontación con Rusia”, declara Villar.

Mientras el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, dibujaba un futuro para Ucrania con cierto optimismo ―”todavía no es demasiado tarde para que Ucrania gane [la guerra a Rusia]”, vaticinaba el noruego―, la Armada española sacaba músculo en esta parte del Mediterráneo. A primera hora de la tarde y bajo un sol de justicia, un sonido atronador señalaba que los cazas Harriers estaban calentando motores. Cinco de estas aeronaves de fabricación estadounidense despegaban desde una cortísima pista de la cubierta del buque (232 metros) en una demostración de la “capacidad militar que España puede aportar a los socios de la Alianza Atlántica”, en palabras del contralmirante. Y, llegado el momento, a Kiev. Y es que “Ucrania será miembro de la OTAN cuando el momento sea el adecuado”, advirtió Stoltenberg en su visita el lunes a la capital del país invadido. Pero hasta entonces, la línea de Occidente sigue siendo la de apoyar a Kiev militar y económicamente sin que las tropas aliadas entren directamente en combate con las de Moscú. De hecho, la semana pasada, España anunció el envío de una cantidad no determinada de misiles Patriot de defensa antiaérea como parte de esa ayuda al Ejército de Volodímir Zelenski.

Tras un buen rato de exhibición aérea atronadora, el silencio. El aterrizaje en vertical de los Harriets ―un descenso complicado y asombroso por el absoluto silencio que se produce una vez sus ruedas tocan la pista―, el ejercicio NEST-24 daba inicio a la fase anfibia. Es decir, desembarco para la toma de una playa del territorio enemigo. Tras bajar varias cubiertas en unas escaleras de vértigo y entre una mezcla de olores de alquitrán y papas con choco (el menú del día) el portaeronaves Juan Carlos I se hunde unos dos metros para que entre el agua. Con un sistema de diques en la popa, las cuatro lanchas LCM comienzan a salir a mar abierto. Este tipo de transporte, que consiste en unas plataformas de unos 100 metros cuadrados de superficie, se encarga de surcar las olas trasladando a los vehículos semi blindados y hasta 175 infantes de marina con toda su equipación ―misiles y baterías anticarro, morteros, equipos de visión nocturna, todo el material de los zapadores (detección y desactivación de minas), de comunicaciones, equipos para afrontar ataques nucleares, biológicos, químicos y radioactivos, y hasta una perra, Lika, experta en la detección de explosivos― hasta una playa con el objetivo de tomarla. Y es que lo relevante de este buque es su “versatilidad”, como repite Ricardo Gómez Delgado, comandante del Juan Carlos I en un viaje organizado por el Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa al que EL PAÍS ha sido invitado.

Presencia española en el Adriático y el Báltico

España no solo tiene presencia en esta parte del Egeo. Otro grupo Dédalo de la Armada efectúa maniobras similares frente a las costas de Albania. En el Adriático están presentes el buque Galicia y la fragata Reina Sofía. Ambos ejercicios NEST-24, a los que se sumarán un portaaviones francés, otro italiano y otro turco, terminarán el 10 de mayo. Entonces, el Juan Carlos I, después de alguna escala en España (Rota y Gijón), continuará el rumbo hacia el Atlántico y Báltico como parte de ese compromiso con la defensa común.

Allí, el Juan Carlos I será protagonista y testigo de la última ampliación de la OTAN. El próximo junio, coincidiendo con otro ejercicio de fuerza militar, el BALTOPS-24, el Juan Carlos I albergará un helicóptero y varios pilotos y oficiales suecos. Dicho ejercicio terminará con una demostración de la Marina finlandesa en Helsinki. Suecia ingresó formalmente en la OTAN apenas hace un mes y Finlandia lo hizo un año antes como consecuencia de la amenaza que representa su cercanía con Rusia. “Estamos cubriendo todo el frente marítimo de la Alianza”, resume el contralmirante Villar.

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New York Times. “El líder español dice que considera dimitir mientras su esposa se enfrenta a una investigación”. El rotativo estadounidense de referencia ha amanecido este jueves con la noticia en su portada de la edición digital, aunque en un lugar discreto.

Bloomberg. El medio estadounidense, esencialmente económico y financiero, destaca en su edición de Europa la intención de Sánchez de dimitir. Bloomberg, sin embargo, va más allá deslizando la idea de que puedan convocarse elecciones anticipadas. “Sánchez amenaza con dimitir poniendo a España en una senda electoral”, dice.

BBC. “El primer ministro español para su actividad pública mientras su esposa se enfrenta a una investigación”, titula la cadena pública británica. La BBC ha decidido no dar la noticia en un lugar demasiado destacado y subraya la necesidad de reflexión del presidente español.

Financial Times. “El primer ministro español considera dimitir mientras su esposa se enfrenta a una investigación por corrupción”. El medio económico británico recoge la noticia que cayó como una bomba en España y la sitúa en un lugar destacado de su edición digital. Introduce la palabra “corrupción” en el titular.

The Guardian. También en el Reino Unido, The Guardian cuenta, en un lugar bastante destacado de su edición digital, el “acoso” a Begoña Gómez: “El primer ministro español considera dimitir culpando al acoso político que está sufriendo su esposa”, afirma.

The Telegraph. El medio británico conservador The Telegraph lleva la noticia a su portada, aunque en un lugar mucho más discreto. “El primer ministro español suspende su actividad a causa de una investigación contra su esposa”, titula.

Le Monde. En el rotativo francés la noticia sobre la posible dimisión de Sánchez no está en un lugar especialmente visible, aunque sí en portada: “Tras la apertura de investigaciones contra su esposa, Pedro Sánchez amenaza con dimitir”.

Le Figaro. En un lugar no muy destacado, comparte titular con otros medios: “Por una investigación a su esposa, Pedro Sánchez dice que reflexionará sobre una dimisión”, titula el corresponsal en Madrid del medio conservador.

La Repubblica. El medio italiano no ha resaltado la noticia, que lleva en su sección de Internacional, en un lugar menor: “Sánchez amenaza: ‘Fango contra mi esposa, estoy listo para dimitir”, titula.

La Stampa. El medio de Turín tampoco lo destaca especialmente, aunque sí ha llevado su noticia a portada: “Sánchez valora la dimisión tras las acusaciones por corrupción a su esposa”.

Il corriere della sera. El otro medio de referencia italiano, sin embargo, sí tiene en su portada la noticia sobre la posible dimisión del presidente del Gobierno. Resalta en primer lugar, sin embargo, el presunto caso de corrupción de la esposa del presidente y continúa después que “Sánchez valora dejarlo [el cargo]”.

Süddeutsche Zeitung. “Ira, resignación y autocompasión”. Así ha titulado la noticia el rotativo alemán, uno de los más relevantes del país y de Europa. Califica la Carta a la Ciudadanía publicada ayer por Sánchez de “emotiva”.

Frankfurter Allgemeine. Este periódico alemán, que también resalta el tema del día en España, ha amanecido con una pregunta a sus lectores: “¿De verdad dimite Pedro Sánchez?”.

Público. El medio portugués destaca en su portada de este jueves la cancelación de la agenda de Pedro Sánchez “para poder valorar si continúa en el Gobierno”.

POLITICO. La edición europea del medio estadounidense, considerado uno de los más relevantes dentro de la burbuja comunitaria, recoge también en un lugar destacado de su portada la carta del presidente español, y titula: “Pedro Sánchez amenaza con dimitir como primer ministro”.

En el resto de continentes, los principales medios de comunicación, ya sea prensa o televisión, se han hecho también eco de la posible dimisión de Sánchez. La cadena catarí Al Jazeera lleva a la portada de su web la cancelación de la agenda del presidente español “después de que su esposa sea acusada de corrupción”. En Asia, en el China Morning Post, es difícil encontrar la noticia en portada; pero en su sección Internacional se lee: “El primer ministro español, Pedro Sánchez, amenaza con dimitir culpando a ataques de la extrema derecha a su esposa”. El medio turco Hurriyet relaciona, como tantos otros, la amenaza de dimisión de Sánchez con la investigación a Begoña Gómez: “Su esposa está acusada de corrupción... El presidente del Gobierno de España suspende sus funciones públicas”.

En la portada del brasileño Folha do Sao Paulo se puede leer que “el primer ministro de España sugiere dejar el cargo en medio de una investigación a su esposa”. En la cadena, también brasileña, O Globo hay que rebuscar para leer la noticia: “El primer ministro de España amenaza con dimitir después de una investigación contra su esposa”. Los argentinos La Nación y Clarín recogen las razones dadas por Sánchez en su carta. En Chile, el diario El Mercurio lleva la noticia, también en su edición impresa.

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Felipe VI, en su primera visita de Estado de este año, ha viajado a las ciudades neerlandesas de Ámsterdam ―donde hoy se han quedado las reinas visitando proyectos de inclusión social― y La Haya para impulsar la independencia de sectores estratégicos. Tal y como dijo el miércoles en la cena de gala, “el mundo necesita una Europa fuerte y unida”. Para ello, el monarca español ha escenificado junto a su homólogo neerlandés, el rey Guillermo Alejandro, el inicio de uno de los proyectos clave no solo para esa autonomía estratégica que marca Bruselas, sino para la transición energética de ambos países: el corredor de hidrógeno verde, que comunicará los puertos de Bilbao y Ámsterdam y en el que se espera que empiece a fluir este combustible verde a partir de 2030, según José Ignacio Zudaire, adjunto a la dirección de Petronor, filial de Repsol encargada de aterrizar el macroproyecto energético.

“[La presencia de los monarcas] Es un espaldarazo” al programa, añade Zudaire, quien sostiene que España “se ha subido a tiempo a esta ola” de búsqueda de fuentes alternativas de energía. Con un sol intermitente, lluvia y mucho frío, ambos reyes visitaron el miércoles la inmensa explanada en la que se construirán las instalaciones, pioneras en Europa, aseguraron los responsables. España y Países Bajos se unen, pues, para trasladar hidrógeno verde a una zona con un altísimo consumo de combustible fósil, aunque el principal destino será Alemania, desvela Zudaire, cuya dependencia del gas ruso es casi absoluta. Ignacio Urbasos, investigador de Energía y Clima del Real Instituto Elcano, explica por correo electrónico que esta situación es beneficiosa para España puesto que, como socio “fiable” de la UE, es un buen candidato para proporcionar hidrógeno verde para que una zona que aún utiliza mucho combustible fósil pueda prescindir de los combustibles fósiles.

En esta visita que termina hoy, Países Bajos y España no solo han apostado por impulsar el sector energético comunitario. También el económico y el de la ciberseguridad. “Debido a las tensiones geopolíticas, la colaboración es más necesaria que nunca”, ha señalado la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, en el foro empresarial España y Países Bajos, Seguridad Económica a través de la Tecnología y la Innovación al que también han acudido este jueves en La Haya los dos jefes de Estado. Palabras recogidas también por el rey Felipe, a las que se ha sumado un discurso muy político en el que ha dado importancia esta vez a la ciberseguridad. “Es una preocupación global que requiere una atención permanente” y en la que “la cooperación es la única manera de aumentar la resiliencia colectiva”, ha remarcado ante 200 empresarios, entre los cuales estaban el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. También ha acudido a esa cita la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Debido a la alta tensión en el plano internacional ―con dos guerras a las puertas de la UE o la delicada relación con China―, a Europa ya no le vale solo con buscar la autonomía energética sino que debe extenderla a otros sectores como el de la economía y el de la ciberseguridad, explicaba esta mañana José Rosell, experto en la materia. “Las amenazas vienen de países hostiles como Rusia, China, Irán o Corea del Norte (...). Y tienen el punto de mira en todo aquel que valga algo. Es decir, todo aquel que tenga dinero o activos como patentes”, explicaba este empresario en el foro de La Haya. Rosell sostiene que Europa depende mucho de Estados Unidos e Israel ―a veces incluso de Rusia― en materia de ciberdefensa, por lo que defiende que debe avanzar en el desarrollo de su propia tecnología. El foro, ha dicho Felipe VI, es un ejemplo de cómo “esquivar los desafíos externos” que afronta Europa como sociedad.

Y como avanzó el monarca en el almuerzo posterior con el viceprimer ministro en funciones, Rob Jetten ―el primer ministro, Mark Rutte, estaba en Bruselas en el Consejo Europeo, precisamente para abordar con el resto de socios la compleja situación internacional―, “Países Bajos y España, como miembros de la UE y aliados de la OTAN, están comprometidos con la unidad y la autonomía comunitaria al servicio de la paz, la estabilidad, la prosperidad y la sostenibilidad”. Como se leía allí mismo, en una inscripción centenaria en el majestuoso comedor: Concordia Res Parvae Crescunt.

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Felipe VI se ha referido claramente la invasión de Rusia de Ucrania y el conflicto de Gaza ―extendido a toda la región de Oriente Próximo― como uno de los “desafíos” más recientes que afronta ahora Europa como sociedad “libre y democrática, que cree en el Estado de derecho y en las normas basadas en el orden internacional”. De hecho, el tema estrella de la agenda de Felipe de Borbón es la autonomía estratégica de Europa, para lo que ha visitado hoy el puerto de Ámsterdam, donde está previsto en 2030 empiece a llegar hidrógeno verde desde el puerto de Bilbao a través del segundo corredor marítimo en Europa ―el primero conectará Algeciras con Róterdam en 2026― de este tipo impulsado por Bruselas precisamente para romper su dependencia de Moscú.

La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto las necesidades que algunos socios, especialmente las repúblicas bálticas, Alemania y los países del Este, continúan teniendo con Rusia y el monarca descubre en sus discursos el camino a seguir como socios y aliados. “Nuestra prosperidad y paz descansan en [el hecho de pertenecer] a la UE y a la OTAN”, ha dicho el Rey en un discurso íntegramente pronunciado en inglés.

El monarca ha querido también tener unas palabras para reivindicar la labor del jefe del Estado en una monarquía parlamentaria como la neerlandesa y la española. “La tarea de los monarcas en nuestras sociedades modernas y democráticas es algo que también compartimos, como lo hacemos con nuestros objetivos y esfuerzos en favor de la estabilidad, la continuidad, la neutralidad política y el bien común de nuestro pueblo; ahora tan estrechamente vinculados por nuestros grandes intercambios bilaterales y nuestra membresía común en la UE y la OTAN”, ha sostenido.

Lesión de la reina Letizia

En el besamanos con las autoridades neerlandesas previa a la cena y al discurso, la reina Letizia ha dado la sorpresa apareciendo sentada debido a una dolencia en el pie izquierdo. Se debe a un neurema de morton, que se le añade a una metatarsalgia que sufre desde hace tiempo. Además, esta noche la heredera Amalia de Orange ha ocupado un papel prominente ya que ha sido su debut en un evento de este calibre como futura jefa del Estado neerlandés.

A las 10.24 de la mañana, comenzó oficialmente la primera visita de Estado del año de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz. Ha sido en la céntrica Plaza Dam de Ámsterdam, donde han sonado los himnos nacionales y se ha llevado a cabo el tradicional pase de revista a la Guardia de Honor por parte de ambos monarcas, mientras sus esposas ―que tienen una gran sintonía― esperaban en la tribuna con el resto de autoridades. El primer ministro en funciones neerlandés, Mark Rutte, y el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, han acompañado también a la comitiva de ambas jefaturas del Estado. A la breve ceremonia le ha seguido la tradicional ofrenda floral en el monumento nacional a los caídos en la Segunda Guerra Mundial, en el otro extremo de la plaza, en el que los monarcas españoles han aguantado impertérritos bajo una fuerte lluvia el pertinente minuto de silencio.

Después de la ofrenda floral en la Plaza Dam, de Ámsterdam, Felipe VI y el rey Guillermo se han trasladado a uno de los campos de deporte de la Fundación Cruyff, situado en el barrio natal de la leyenda neerlandesa del fútbol, Johan Cruyff. Es el emplazamiento tal vez más emblemático de la obra social emprendida por el jugador, hijo de una familia de origen humilde. El futbol le hizo famoso y millonario pero supo ver el poder integrador del deporte.

Ambos monarcas han seguido alrededor de un ahora los juegos de niños con discapacidades, necesitados de un andador o con problemas neurológicos. Arropados por sus monitores, han disputado un partido con un entusiasmo que ha contagiado a los reyes. Don Felipe y el soberano neerlandés han hecho un saque de honor, han intentado encestar una pelota de baloncesto y chocado el puño sin parar con los menores, bajo una lluvia intermitente, informa Isabel Ferrer.

Creada en 1997, la Fundación Cruyff cuenta hoy con más de 300 de estos campos deportivos en el mundo integrados en la vida del barrio. Una parte están diseñados para las necesidades especiales de los usuarios, y Jordi y Susila Cruyff, hijos del futbolista, han recibido a los dos jefes de Estado. “Hemos visto que el deporte no solo une a los niños sino también a los países”, ha dicho ella. “Mi padre jugó en Países Bajos y en España y nació aquí al lado: este es un lugar muy especial”. Guus Hiddink, exfutbolista, exentrenador del Real Madrid, Corea del Sur, entre otros, y uno de los embajadores de la fundación, ha añadido que estas iniciativas son muy importantes para inculcar valores y para fomentar la integración social”.

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El foco iba a estar puesto este miércoles en Amalia de Orange, primogénita de los reyes Guillermo y Máxima de los Países Bajos, que se estrenaba en este evento como futura jefa del Estado neerlandés. Sin embargo, el gesto de la reina española ha acaparado toda la atención mediática. La recepción se ha celebrado en el Palacio Real de Ámsterdam, donde se hospedan los monarcas y ha dado comienzo por la mañana la visita de Estado con el tradicional desfile y pase de revista a la guardia de honor. En esa ocasión, sin embargo, Letizia Ortiz sí ha aguantado de pie toda la ceremonia junto a su homóloga —y amiga— Máxima Zorreguieta frente a la fachada principal de un palacio oportunamente rodeado de tulipanes rojos y amarillos. Poco después, los monarcas españoles han recorrido bajo una lluvia atroz los aproximadamente 300 metros que separan el Palacio Real del monumento nacional a los caídos en la Segunda Guerra Mundial para llevar a cabo la ofrenda floral y mantener el pertinente minuto de silencio.

El banquete de esta noche se celebra en la conocida Sala Civil del Palacio Real, en el que desde esta mañana ondeaba la bandera española. Un espacio que recibe a jefes de Estado de todo el mundo desde 1808 desde el presidente chino, Xi Jinping, en 2014, hasta los reyes de los Belgas, en 2016. Esta sala se viste de gala ―manteles de lino blanco, centros de flores y, desde 2017, una vajilla fabricada específicamente para los reyes Guillermo y Máxima― para recibir a unos 200 invitados. Entre otros, este miércoles estaban la artista Lita Cabellut, el jugador de fútbol Ronald Koeman y la empresaria Esther Alcocer Koplowitz. El menú: cóctel de gambas y espárragos con mouse de parmesano y vinagreta de langosta, consomé de tomate y gnocchi de rabo de buey, cordero con hierbas y polenta frita, berenjenas y otras verduras al horno y, para finalizar, tartaleta de caramelo con crema picante y salsa de chocolate. Durante la cena de gala, los monarcas españoles han lucido la distinción de la Orden del León, la más alta de la monarquía neerlandesa equivalente al Toisón de Orol español.

En la ceremonia de bienvenida de la mañana, que da el pistoletazo de salida a un viaje de Estado marcado por la autonomía estratégica de Europa, también han estado el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y el primer ministro neerlandés en funciones, Mark Rutte, además de otras autoridades. Está previsto que ambos se marchen a Bruselas, donde se celebra hoy y mañana un Consejo Europeo extraordinario en el que los Veintisiete abordarán precisamente los “persistentes ataques de Rusia contra civiles e infraestructuras críticas de Ucrania, incluido el sector energético”, según el presidente, Charles Michel.

Como parte del viaje de Estado, los monarcas se han acercado a conocer de cerca la Fundación Cruyff, que trabaja por la cohesión social de niños con discapacidades en todo el mundo a través del deporte. En España hay proyectos en Cataluña, La Rioja, Aragón, País Vasco, Castilla y León, Baleares y Madrid. De allí, y bajo una intensa lluvia, ambos jefes del Estado se han trasladado al puerto de Ámsterdam para ver in situ las instalaciones que a partir de 2030 recibirán hidrógeno verde español a través del segundo corredor europeo de este tipo que conectará la capital neerlandesa con el puerto de Bilbao.

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La visita a Países Bajos se produce en un contexto de “amistad” entre ambos países y con una relación que fuentes diplomáticas califican de cada vez más intensa a todos los niveles: político, económico, comercial, civil y cultural. Estas fuentes quitan peso al rifirrafe por el traslado de la sede de Ferrovial al país de los tulipanes por sus beneficios fiscales.

Uno de los sectores en los que la cooperación es más estrecha es el energético. España y Países Bajos firmaron a mediados de 2023 un acuerdo para potenciar el uso en Europa del hidrógeno verde, un gas renovable que se utiliza para descarbonizar sectores de difícil electrificación. El Rey visitará en este viaje el puerto de Ámsterdam, punta del proyecto para crear un corredor que traslade hidrógeno verde desde el puerto de Bilbao hasta la capital neerlandesa; será el segundo corredor de este tipo, tras el anunciado el año pasado entre Algeciras (Cádiz) y Róterdam.

Desde los puertos neerlandeses el gas renovable se distribuirá al noroeste y centro de Europa, una zona que por su actividad industrial aún consume una gran cantidad de hidrógeno de origen fósil. “Para reducir sus emisiones, han estimado que necesitarán importar alternativas a los combustibles fósiles. Y España es un candidato para proporcionar parte de esta energía descarbonizada en forma de hidrógeno y derivados producidos en los polos de Bilbao y Algeciras”, explica Ignacio Urbasos Arbeloa, investigador en Energía y Clima del Real Instituto Elcano.

El proyecto es un paso más hacia la independencia energética que busca insistentemente Europa desde 2020, cuando estalló la pandemia de coronavirus, pero sobre todo desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 instalando una guerra a las puertas de la Unión Europea. El hidrógeno verde fue identificado por Bruselas, señala Urbasos, como una “posible alternativa descarbonizada al gas ruso” (...) y por ello “su desarrollo se considera estratégico”.

Además del impulso a las relaciones comerciales, para lo que le acompaña la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez Bértolo, Felipe VI presidirá un foro empresarial en el que estarán representadas un centenar de compañías españolas (como Inditex, Santander, FCC o Celnex) y otras tantas del lado neerlandés (como ING, Philips o Heineken).

En su visita a La Haya, reservada para el jueves y que tiene un carácter más político, el jefe del Estado se reunirá con los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes del país anfitrión. Pese a que el Gobierno neerlandés está aún en funciones, Felipe VI tendrá un almuerzo de trabajo con el viceprimer ministro, Rob Jetten, y participará después en un coloquio organizado por el Real Instituto Elcano y el think tank Clingendael. El tema estrella será la autonomía estratégica de la UE y las perspectivas de futuro, aunque también se abordarán asuntos de actualidad como los conflictos de Gaza y Ucrania.

Historia común

Hace 23 años que no se producía una visita de Estado española a Países Bajos, pese a los vínculos históricos entre ambos países, que se remontan a hace cuatro siglos. El viaje de los Reyes, que incluirá un encuentro con miembros de la comunidad española residente allí, está lleno de simbolismo: Felipe VI y Letizia Ortiz se estrenaron como reyes en un viaje oficial (que no de Estado) al extranjero precisamente en Países Bajos en octubre de 2014.

España y Países Bajos representan la cuarta y quinta economía de la Unión Europea respectivamente, por detrás de Alemania, Francia e Italia. Los dos países son monarquías parlamentarias y sus jefes de Estado ―Felipe de Borbón y Guillermo Alejandro de Orange-Nassau, ambos de 56 años― pertenecen a una nueva generación de monarquías en las que las reinas provienen de la sociedad civil y no de la aristocracia. Además, el futuro de las dos casas reales recae sobre mujeres: la princesa Leonor y la princesa Amalia, de 18 y 20 años respectivamente. Está previsto que esta última debute en un acto de máximo nivel institucional como heredera y futura jefa del Estado neerlandés en la cena de gala que sus padres ofrecerán a Felipe VI y la reina Letizia el miércoles en el Palacio Real de Ámsterdam.

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Felipe VI ha querido visitar a su madre, y a su salida ha asegurado ante el corrillo de periodistas que aguardaba a las puertas del hospital que se encuentra “muy bien, animada y con ganas de volver lo antes posible”. Al ser preguntado por cuándo podría recibir el alta, el Rey no ha respondido y se ha limitado a hacer un gesto con las manos tras arrancar la marcha. Ante la buena evolución de la enfermedad de la emérita, el monarca ha mantenido su agenda y ha celebrado dos audiencias con mandos militares en el Palacio Real este mediodía.

A diferencia de don Juan Carlos, quien ha sido sometido en los últimos años a varias intervenciones, la última vez que doña Sofía ingresó en un centro sanitario fue el 30 de enero de 1968 para dar a luz a su hijo pequeño, el rey Felipe.

La última aparición en público de la madre del rey Felipe VI fue el pasado lunes, cuando asistió a la misa funeral de su sobrino, Fernando Gómez-Acebo —quien falleció a los 49 años el pasado 1 de marzo—, en la iglesia del Sacramento de Madrid. Un acto en el que coincidió con los Reyes, así como también con Juan Carlos I y sus dos hijas, las infantas Elena (que acudió con sus hijos, Felipe y Victoria de Marichalar) y Cristina.

El sábado pasado, la reina Sofía asistió también a la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Teresa Urquijo, aunque la reina emérita no asistió a la ceremonia, que tuvo lugar en la parroquia San Francisco de Borja en el madrileño barrio de Salamanca, y solo fue al convite en la finca El Canto de la Cruz (Colmenar Viejo, en el norte de Madrid). Se da la circunstancia de que la abuela materna de la ya esposa del regidor madrileño es prima hermana del rey Juan Carlos, quien sí acudió a la ceremonia religiosa y también al posterior convite.

En las últimas semanas, la reina emérita ha sido vista en público de manera habitual. Como es una tradición, pasó unos días de vacaciones de Semana Santa en Palma. Una escapada habitual a la capital mallorquina que este año interrumpió para viajar a Málaga, donde se dio un baño de masas junto a su hermana Irene de Grecia, y asistió por primera vez al desembarco del Cristo de la Buena Muerte. Al día siguiente, Viernes Santo, también estuvo en la procesión del Cristo de los Alabarderos, en Madrid, en la que además de su hermana, la acompañaba también la infanta Cristina. Madre e hija recibieron entonces la medalla de la popular cofradía durante un acto celebrado en el Palacio Real. A finales del pasado mes de febrero, doña Sofía coincidió de nuevo con Juan Carlos, Felipe y Letizia en la misa que se celebró en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor en recuerdo de su hermano, Constantino de Grecia, fallecido en enero de 2023 a los 82 años.

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María Dolores Ocaña Madrid era desde 2020 jefa de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, con la ministra Pilar Alegría. Entre 2018 y 2020, fue subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas. Como abogada del Estado, trabajó en Zamora, en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y en la delegación de Gobierno en Madrid. Con esta nueva designación, Ocaña se convertirá en la tercera mujer en ocupar un puesto en la cúpula de la Casa del Rey tras la reinstauración de la Monarquía, junto a la actual interventora, Beatriz Rodríguez Alcobendas, y a Asunción Valdés, que fue jefa de Comunicación durante el reinado de Juan Carlos I. Será, sin embargo, la primera mujer en ocupar la Secretaría de la reina, ya que durante el etapa de la reina Sofía esa responsabilidad correspondió solo a hombres.

Además, se llevarán a cabo otros dos cambios adicionales en la Casa Real. La Jefatura del Gabinete de Coordinación y Planificación, que en la actualidad está a cargo de Emilio Tomé de la Vega, de 70 años, recaerá en el general de división Juan Carlos González Díez. En los próximos días, la Zarzuela también relevará a Isaías Peral Puebla, de 71 años, que ocupaba hasta la fecha la Jefatura de Administración, Infraestructuras y Servicios. El general Zuleta y Alejandro, duque de Abrantes, llevaba tres décadas en diferentes puestos al servicio de la Familia Real.

Los nombramientos hechos públicos este viernes, que se harán efectivos una vez se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, corresponden a Felipe VI. Se trata de una designación contemplada en el artículo 65.2 de la Constitución, cuyo texto recoge: “El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa”.

A comienzos de este año, el Rey ya relevó al jefe de la Casa del Rey y su más directo colaborador, Jaime Alfonsín Alfonso, de 67 años, y nombró en su lugar a Camilo Villarino Marzo, un diplomático de 59 años, que hasta ahora era jefe de Gabinete del Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell. Este relevo se habían estado esperando un tiempo, ya que Alfonsín había manifestado su deseo de dejar el cargo después de tres décadas en La Zarzuela. Los de este viernes son los primeros cambios que se llevan a cabo con Villarino al frente de la Casa del Rey.

Nueva visita del rey emérito

Poco después del anuncio de estos cambios en la cúpula de la Casa Real, el rey emérito llegaba a Madrid a bordo de un avión privado. Ha volado desde Abu Dabi, su lugar de residencia desde 2020, hasta Ginebra (Suiza), donde tenía previsto recoger a su hija, la infanta Cristina. Juan Carlos I está invitado a la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con Teresa Urquijo Moreno, cuya abuela materna, Teresa de Borbón Dos-Sicilias, es prima hermana del rey emérito. En la ceremonia, que se celebrará este sábado en la iglesia San Francisco de Borja de Madrid y la posterior celebración, en la finca El Canto de la Cruz (Colmenar Viejo), el padre del Rey coincidirá con la plana mayor del Partido Popular. A la boda tienen previsto acudir también la reina Sofía y las infantas Elena y Cristina, pero no los reyes Felipe VI y Letizia.

Además, Juan Carlos I acudirá el lunes próximo al funeral de su sobrino Fernando Gómez Acebo, hijo menor de la infanta Pilar -su hermana-, que murió a principios de marzo a los 49 años en Madrid a causa de una insuficiencia respiratoria crónica.

Durante su visita, Juan Carlos I se quedará “en la casa de un amigo” próxima a Madrid, según fuentes de su entorno, y probablemente acuda a La Zarzuela, pero en ningún caso pernoctará en la residencia del Jefe del Estado ni en ningún inmueble que pertenezca a Patrimonio Nacional, algo a lo que se comprometió cuando fijó su residencia en Emiratos. La Casa del Rey, consultada por este diario, se limitó a decir que no comenta la actividad privada del rey emérito.

Tras permanecer en la capital hasta el lunes o martes, don Juan Carlos baraja la posibilidad de viajar a Vitoria, para someterse a una revisión médica, y Sanxenxo (Pontevedra), para participar en los entrenamientos de las regatas. Desde que se expatrió, en agosto de 2020, esta es su cuarta visita a Madrid, aunque ha estado una decena de veces en España.

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Pese a haberse formado en leyes, Kallas (Tallin, 44 años) ya tenía un destino claro marcado por la política. Su padre, Siim Kallas, lideró el Partido Reforma, formación en la que ingresó su hija hace 11 años y que logró ser el más votado en las últimas elecciones generales, en marzo de 2019. Pese a haber conseguido 34 escaños (de 101), Reforma se quedó en la oposición. Siim Kallas también fue primer ministro del país, como ahora su hija, y fue también vicepresidente de la Comisión Europea con el portugués José Manuel Durão Barroso.

Kaja Kallas también ha saboreado la vida comunitaria como eurodiputada entre 2014 y 2018. Dividía su tiempo a partes iguales entre Bruselas, Estonia y Estrasburgo, dice en la biografía de su página web. Y así lo plasmó en su primer, y hasta la fecha único, libro: MEP (siglas de Member of the European Parliament, Miembro del Parlamento Europeo). En él, Kallas narra las aventuras de una joven proveniente de una de las esquinas más remotas de la UE al aterrizar en la capital de las instituciones comunitarias con un par de maletas y un hijo de apenas dos años. El medio Politico la situó durante varios años entre las mujeres más influyentes de la “burbuja”, como se conoce popularmente a ese ecosistema que conforman funcionarios, técnicos y políticos de las instituciones europeas que conviven en Bruselas.

Kallas es una europeísta convencida -desde 2004 forma parte de la Asociación Europea de Abogados Anticarteles- y quiere devolver esos valores a la república báltica, después de dos años y medio de Gobierno de su socio de coalición, EKRE, abiertamente en contra de la UE y de la convergencia de los países, en línea con otros partidos ultras de su entorno como los Verdaderos Finlandeses. De hecho, cuando la jefa del Estado Kaljulaid le propuso formar Gobierno tras la dimisión de Ratas, Kallas dejó meridianamente clara su única línea roja: con EKRE, no.

La primera ministra ha cumplido al no incluir a los ultras en su nuevo Gabinete que, paradójicamente, ha conformado con el partido Centro, al que tanto criticó por corrupción. “¿Cuál ha sido mi ventaja sobre mi predecesor? No, no es que [yo] sea mujer. Tampoco es que la mitad de los [nuevos] ministros sean mujeres. La ventaja es que tengo un mejor socio de coalición, y eso me deja con más tiempo y energía para dedicarme a mantener el país”. El nuevo Gobierno de Kallas tendrá 14 ministerios, siete de los cuales estarán dirigidos por mujeres.

Casada por segunda vez con el empresario Arvo Hallik, en 2018, Kallas, apasionada del golf y los deportes de invierno -como el patinaje o el esquí- ha puesto la lucha contra el cambio climático en el centro de su mandato, que expira en 2023. Quiere que Estonia, un país altamente digitalizado, cumpla rigurosamente con los objetivos del Acuerdo del Clima de París y alcance la neutralidad de emisiones en 2050. Pero la pandemia y la profunda crisis económica que azota al país se han cruzado en su camino.

Prioridades

En su discurso en el Riigikogu el 25 de enero avanzó que su Gobierno se centrará primero en resolver la crisis sanitaria causada por la covid-19, una enfermedad que ha matado a 422 estonios e infectado a 44.575, según la Universidad John’s Hopkins. Cifras discretas en comparación con la vecina Letonia: 1.202 fallecidos; o Lituania: 2.825.

Recuperar los valores cívicos que aseguren una convivencia pacífica en la sociedad, como la unidad y la no confrontación, es otra de las prioridades de Kallas. “Es hora de abandonar la idea de que el ganador se lo lleva todo y al perdedor no le queda nada”, declaró. Asimismo, la primera ministra defiende el “respeto mutuo”, en contraposición a las salidas de tono de EKRE cuando la joven Sanna Marin, de 35 años, tomó posesión como primera ministra de Finlandia. “Hasta una dependienta puede ser premier”, dijo el ministro del Interior, de la formación ultra. Fue un golpe para un país que los estonios consideran, además, su segunda casa.

Su perfil internacional se completa con el manejo de cinco idiomas: finlandés —que no dista mucho del estonio, su lengua natal—, inglés, francés y ruso. Pero su verdadera afición, deportes aparte, es la lectura. Desde hace años, comenta en su página web los libros que lee, entre tres y cinco al mes, con reseñas a sus pasajes preferidos y un breve resumen. En ellos destaca una infinidad de ensayos de política estadounidense, pero también estonia.

Con menos tiempo para leer, y para comentar, ha pedido casi disculpas a sus seguidores y les ha advertido de que sus recomendaciones sobre novelas, ensayos, poesías, audiolibros y hasta libros infantiles serán cada vez menos frecuentes por su nuevo trabajo al frente del país. No se puede tener todo.

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Para que Iván, que es un nombre ficticio, pueda hoy hablar de lo que le gusta de Sevilla, primero tuvo que aceptar que se había convertido en un enemigo del Gobierno ruso. Él se fue antes de que empezara la guerra en Ucrania. Hoy es uno de los muchos objetores de conciencia que abandonaron su país porque el servicio militar es obligatorio. Ahora ha pedido asilo en España, estudia Arqueología y vive de la ayuda humanitaria.

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Como Alí, este año más de 84.500 personas se han jugado la vida intentando cruzar las aguas del canal de la Mancha ―o canal inglés, para los británicos― en embarcaciones de goma, de las que algo más de 44.000 lo han conseguido, según datos de la Comisión Europea. Las llegadas al Reino Unido por esta vía irregular, y peligrosa, significan un incremento del flujo migratorio tan brutal (en 2020 tan solo cruzaron 8.400, según cifras oficiales) que ha hecho que París, Londres y Bruselas empiecen a tomar cartas en el asunto endureciendo la vigilancia y el control fronterizo en estos escasos 50 kilómetros que separan Francia del Reino Unido. A esto se le une que Londres acaba de retomar un polémico plan de deportaciones de migrantes sin papeles a Ruanda. Será en el país africano, a 9.600 kilómetros de Londres, donde deben iniciar el proceso de solicitud de asilo.

Ante el aumento de las llegadas por esta gélida vía ―la temperatura del agua estos días no supera los 0° centígrados―, las autoridades francesas han aumentado la presencia policial en sus aguas y en sus playas, desde donde las mafias efectúan los embarques de migrantes en paupérrimas pateras de goma, a veces incluso en kayaks. Alí cuenta sin tapujos cómo funciona. “Pagué a un kurdo 3.000 euros para que me dijera dónde ir. Me mandó la ubicación, era una zona cerca de la playa donde estuvimos esperando cinco, seis, siete horas, hasta que nos confirmó que la situación era segura”, recuerda con todo detalle. “Nos señaló un punto donde había una barca enterrada en la arena. Tuvimos que sacarla de allí entre todos, ponerle el motor, etcétera. Tardamos unas dos horas. Después, cargamos la patera a hombros y la sacamos a la orilla”. Alí cuenta que eran 26 personas, entre las que había seis mujeres y dos niños. “No sabíamos qué esperar ni adónde ir. Desconocíamos la ruta, estábamos en medio de la nada, sin saber navegar”, resume. Uno de los migrantes, recuerda Alí, tenía ciertas nociones de náutica e inmediatamente se alzó como una suerte de capitán de la patera y el resto hacía lo que podía, como consultar Google Maps para confirmar que se dirigían hacia las costas británicas.

“En ese momento estás tan estresado que solo estás callado. Nos mirábamos los unos a los otros, los niños dormían, nadie hablaba. Necesitábamos silencio”, recuerda Alí, que detalla que huyó de Irán “por motivos religiosos”. Vivía en Shiraz, en el sur de Irán, con sus padres y su hermana, que estudia Medicina. Tenía de todo: un trabajo como ingeniero civil, un coche… “No tenía ningún problema”, recuerda. Hasta cuando decidió abandonar el islam y convertirse al bahaísmo, hecho por el cual las autoridades iraníes comenzaron a perseguirlo.

Una historia parecida cuenta por videoconferencia Jaleel, un sirio de 32 años que ahora puede presumir de que ha retomado “el control” de su vida en Liverpool, donde estudia el último curso de Ingeniería Mecánica y reside como refugiado. Después de la travesía habitual a través de Turquía, Grecia, Alemania y, en su caso, Países Bajos, terminó recalando “como todo el mundo”, dice con seguridad, en las playas de Dunkerque, en el norte de Francia. Era julio de 2020.

“Allí ves gente como yo, preguntas a cualquiera por un traficante que te pueda ayudar a cruzar al Reino Unido y la gente te facilita un contacto”, continúa con toda naturalidad. Como en el caso de Alí, el traficante de Jaleel era también kurdo y le pidió 2.500 libras (2.850 euros) para asegurarle un puesto en una barca de, a lo sumo, cuatro metros. “Éramos 16 adultos y dos niños. No nos podíamos ni mover”, recuerda. Jaleel, natural de Afrin, en el Kurdistán sirio ocupado por Turquía, motivo principal por el que en febrero de 2016 huyó a Europa, cruzó el canal una noche de verano, así que se podían ver unas lucecitas en el horizonte. Eran faros avisando de la costa británica: “Aquello nos indicaba que ahí estaba el Reino Unido. Sabíamos que nos teníamos que dirigir allí”. Y de esta forma no perdían el rumbo. Sabía nadar, así que eso le daba cierta seguridad.

Pero la travesía de Jaleel bien podría haber acabado en una tragedia más, como la del 14 de diciembre, en la que el naufragio en plena madrugada de una de estas pateras que cruza el canal de la Mancha casi a diario dejó cuatro muertos; o la de un año antes, en la que se ahogaron 27 personas. “A las cuatro de la madrugada las olas eran tan altas que el agua entraba en la barca. Íbamos a naufragar. La gente empezó a llorar y a pensar que esto iba a ser el final. Fue terrorífico”. Finalmente, Jaleel y los otros 15 migrantes fueron rescatados y trasladados a Dover, en el condado de Kent, conocido como El Jardín de Inglaterra.

Última opción

Los cruces por este corredor hacia el Reino Unido, en los que se ven cada vez más a ciudadanos albaneses, afganos e iraníes, según cifras del Gobierno británico, están en general motivados por la desesperanza. “No es nuestra preferencia. Es la última opción”, aclara Jaleel, visiblemente frustrado. Cuenta que intentó durante más de un año estudiar y trabajar en Grecia ―lugar en el que, según las normas de la UE, debe permanecer para tramitar su solicitud de asilo, ya que es el primer país comunitario de llegada―, integrarse en la sociedad, pero no funcionó. Fracasó también en Alemania y Países Bajos. “Fue imposible integrarse y poder construir una vida”, se lamenta.

Tanto Alí como Jaleel culpan a la UE de su situación. “Las normas de Bruselas [en referencia al reglamento de Dublín, que obliga a los migrantes a permanecer en el primer país de llegada para solicitar allí el asilo; y que avala a otros países a devolverlos a aquellos países de primera fila] son el principal problema. Países como Alemania, Francia, Países Bajos o Bélgica evitan la responsabilidad de acogida, que recae sobre los países del sur, que tienen más dificultades”, ilustra Jaleel, para insistir después en que un migrante como él, sin dinero, no tiene otra oportunidad en otro sitio que no sea un país mediterráneo. “Sin dinero no hay vías legales de entrada en el Reino Unido”, explica una y otra vez. Un argumento al que recurre también el iraní.

Alí cuenta que a nadie le importa su situación. Que el discurso del respeto a los derechos humanos que pregona Europa es “una mierda” (bullshit). Y vive frustrado. Se pasa el día en la calle o viendo vídeos en el sofá de su casa compartida. El Gobierno le da 40 libras (45 euros) semanales, pero dice que no le sirve de mucho. “No pido dinero, pido que me dejen vivir y encontrar un empleo [ahora no puede por no tener los papeles en regla]”. Cree que si lo dejaran trabajar contribuiría a la sociedad, pagaría sus impuestos y el Gobierno ahorraría porque podría dejar de darle esa paga. “Sería mejor para todos”, opina.

De enero a julio de este año, casi 30.000 migrantes habían solicitado el asilo en el Reino Unido. Solo 46 personas lo obtuvieron.

— ¿Ha merecido la pena cruzar el canal?

— Creo que sí. Al menos durante casi dos años he vivido con menos preocupaciones y temores, responde Alí.

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El nombramiento de Leijtens, que pasó la preceptiva audiencia en el Parlamento Europeo a finales de noviembre ―en la que se impuso a la candidata de Croacia y de Letonia―, pone fin a un periodo de interinidad que ha estado comandado por la letona Aija Kalnaja que, al igual que su predecesor Leggeri, ha terminado colocándose bajo los focos de la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) por algunas informaciones publicadas en medios europeos sobre la presunta violación de derechos humanos por parte de trabajadores de la agencia a migrantes que intentaban entrar de manera irregular en territorio comunitario. Pero poco ha trascendido de este último episodio negro en Frontex. La OLAF se ha limitado a informar de que Kalnaja ha pasado a convertirse en una “persona de interés”, una expresión que significa que está siendo investigada. Y ella, por su parte, no se ha pronunciado, ya que quiere “mantener la confidencialidad” de las pesquisas, según ha declarado.

Tras el nombramiento de Leijtens, la comisaria de Interior, la sueca Ylva Johansson, le ha felicitado a través de su cuenta de Twitter al tiempo que agradecía la “excelente” labor de la letona Kalnaja “en tiempos difíciles”, en referencia a las constantes sospechas de ilegalidades cometidas por Frontex en diferentes puntos del Viejo Continente. Johansson ha reiterado también en esta misma red social que la UE “está comprometida con la mejora de la gobernanza de Frontex para proteger las fronteras exteriores [de la UE] de la mejor manera posible”, en clara referencia a un cambio de rumbo ―ahora militar― en la organización de la agencia, con sede en Varsovia.

Leijtens, comandante de la Koninklijke Marechaussee (Policía Militar Real de Países Bajos), donde tiene a unos 7.000 hombres y mujeres a su cargo, ha sido condecorado varias veces por sus méritos militares con la OTAN y también ha recibido medallas por haber participado en misiones de paz. Tiene experiencia en conflictos como los de Afganistán y Ucrania, país al que ha viajado recientemente junto a un pequeño equipo para investigar posibles crímenes de guerra.

Pese a llevar representando a Países Bajos en Frontex desde 2011, ahora llega a la cúspide de la agencia con un mensaje diametralmente opuesto al de sus dos predecesores: tolerancia cero ante la mínima sospecha de violaciones de derechos humanos o de cualquier ilegalidad. “Estoy preocupado porque Frontex no está utilizando su potencial, porque me preocupa la legalidad de las operaciones y la falta de confianza y legitimación que presencio dentro y en torno a la agencia. Necesitamos otro Frontex en estos tiempos tan exigentes”, declaró Leijtens en su audiencia en la Eurocámara, informa Efe.

Pasión

El comandante ya declaró en una columna publicada el pasado julio en JenV, una revista del Ministerio de Justica neerlandés, su “compromiso” con el trabajo. “Creo que tener pasión por el trabajo y contribuir mejor a la seguridad de Países Bajos es una condición básica para todos los empleados de la gendarmería real. Solo así podremos estar a la altura de lo que prometemos en nuestro lema todos los días: ‘estar allí cuando sea necesario”, escribió Leijtens.

Su “pasión”, continuaba el comandante en lo que hoy podría interpretarse como toda una declaración de intenciones, “radica en administrar una organización que realmente puede marcar una diferencia inmediata en el campo de la seguridad”.

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Las historias de Vilen (25 años), María (35 años), Dimitri (29 años) e Iván (22 años) son el testimonio de la realidad que vive la población rusa que ha huido de la guerra. Sus historias hablan por sí solas. Han huido de su país para evitar “formar parte del crimen en Ucrania”, según afirma uno de ellos en el reportaje audiovisual, y ahora, a pesar de no tener forma de subsistir, afirman sentirse más protegidos que antes. Todos ellos recuerdan cada detalle del día en que definitivamente tomaron la decisión de huir de la Rusia de Vladímir Putin, en guerra contra Ucrania y abiertamente homófoba.

El periplo del viaje desde Rusia a España centra parte del vídeo porque en algunos casos ha sido una travesía muy complicada y da una idea de lo difícil que es dejar tu país cuando no tienes visado internacional o tarjetas de crédito que te permitan comprar billetes extranjeros. Pese al dolor de dejar el hogar, a la familia, los amigos y sus empleos, estos solicitantes de asilo sienten un profundo alivio de haber dejado Rusia. Vilen y María ya no se sienten peores personas (en palabras de la activista) por ser homosexuales, o por gritar en contra de la guerra en Ucrania. Dimitri e Iván, de momento, han dejado de sentir el aliento en la nuca de los empleados de las oficinas de reclutamiento militar. Ahora los cuatro, como tantas decenas de rusos que huyen del régimen de Putin cada día, intentan empezar de cero en algún lugar que les ofrezca una posibilidad de futuro.

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Vilen lleva desde los 19 años “luchando contra la política rusa y la política de Putin”, recordaba el lunes desde un parque en la zona norte de Madrid al que llegó algo ruborizado. Original de Krasnodar, en el suroeste de Rusia, este solicitante de asilo tiene hoy 25. Aterrizó en España junto a su novio en junio, huyendo del ejército, pero también superado por la homofobia que sufría en Rusia. “El día que me fui [12 de junio] fue muy triste. Fui a ver a mi abuela; mi madre no me soltaba la mano. Se preguntaba por qué me tenía que ir tan lejos. También me despedí de mis hermanos. Hubo lágrimas y muchos abrazos”, recuerda el joven con una sonrisa nerviosa. Aunque entendía los motivos que movían a Vilen a dejar Rusia, su madre lo agarraba mientras le suplicaba que se marcharan a un país un poco más cercano, como Armenia o Georgia, pero él no quería. “Allí hay una homofobia muy fuerte”, se lamenta. Por eso, con la ayuda económica de la madre de su novio, eligió para empezar una vida Madrid, ciudad a la que llegó en avión a través de Ereván, la capital de Armenia, y Varsovia. “Fue un día muy duro. Entendí que a partir de entonces ya no sabría cuándo podría volver a ver a mi familia”, recuerda resignado, pero agradecido del apoyo que ha encontrado a su llegada. Por ejemplo, por parte de un activista que los acogió en su casa o de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que los ayuda, como a otros solicitantes de asilo, con la burocracia para conseguir la protección internacional y que ha facilitado la elaboración de este reportaje.

Pese a que Vilen —moreno, barba de tres o cuatro días y unos inocentes ojos color miel— salió de su país antes de la movilización general de reservistas decretada por Putin el 21 de septiembre, el joven ya se olía lo que estaba por llegar. Huye del servicio militar obligatorio desde que es mayor de edad. Consiguió que le concediesen el servicio civil alternativo (servicios en entidades públicas como hospitales o residencias), pero nunca se llevó a la práctica, así que los funcionarios de Defensa continúan buscándolo. “Soy pacifista”, dice, “y cualquier comentario o protesta contra la narrativa oficial puede acarrear penas de hasta 15 años de prisión”. Así que Vilen, coordinador de un movimiento de objetores de conciencia, empezó a temer por su futuro por la postura contra la guerra de Ucrania de su organización. “Renuncio a pertenecer al ejército ruso. No quiero entrar a filas”, sentencia. A su compatriota María, lesbiana de 35 años exiliada en Barcelona, esta ley, sin embargo, no la amedrentaba y ha ido publicando en sus redes sociales sus críticas contra la guerra. “Creo que eso también es activismo”, ilustraba María el viernes desde una cafetería de Barcelona, donde reside desde julio.

Algo parecido le ocurre a Dimitri (nombre falso para preservar su privacidad), de 29 años. Él sí pudo hacer el servicio civil alternativo, según acredita durante la entrevista, el lunes en el centro de Madrid, donde llegó el pasado 18 de noviembre. Pudo salir de Rusia tan solo una semana después de la movilización a filas para que los hombres en edad de luchar fueran al frente de Ucrania. El 20 de octubre, un mes después, el abuelo de Dimitri recibió la notificación para que su nieto se presentase en la oficina de reclutamiento. Por suerte, el joven ya estaba fuera del país, una huida que llevaba ya mascando desde abril. “Tras el inicio de la guerra [en febrero], la situación en Rusia se iba a complicar y decidí que yo no quería formar parte de este crimen contra Ucrania. Ya estábamos participando a través de los impuestos, pero no quería que esto sucediera de una manera más directa. Ese fue mi mayor temor”, relata este diseñador de moda, delgadísimo, alto, que también pertenece al colectivo LGTBI.

Una Rusia en retroceso

Dimitri, que aún no ha solicitado oficialmente el asilo en España, no solo cree que la guerra es un crimen del Gobierno ruso contra Ucrania, sino también contra su propia nación. “Todo lo que se ha construido [en Rusia] durante los últimos 30 años como negocios, etcétera, ahora está en retroceso”, asegura. María, activista feminista —y mucho más combativa—, coincide plenamente: “Rusia se está convirtiendo en un país medieval”, bromeaba el viernes en Barcelona. “Ahora está sumida en una tremenda crisis. Hay que pagar muchísimo dinero por la comida, que es de una calidad de mierda. Y el transporte público cuesta cada año un poco más”, se lamentaba.

El diseñador, como todos los entrevistados para este reportaje, recuerda cada detalle del día en el que tomó la decisión de huir de la Rusia de Putin, de la Rusia en guerra, de la Rusia homófoba y en retroceso. “Era la tarde del 28 de septiembre, estaba en la oficina y fui a hablar con mi encargada. Le dije que me iba, que cogía las vacaciones antes de lo previsto. Mis compañeros lo entendieron y con lágrimas en los ojos se despidieron. Me marché a mi casa y recogí mis cosas”. Al día siguiente, dejó su apartamento de Moscú —que a día de hoy sigue pagando— y cogió un avión a San Petersburgo, desde donde se subió a un autobús que en siete horas le llevó a Helsinki. “El ejército ya entendía que muchos estábamos huyendo [de la movilización a filas] e instaló controles fronterizos [para interceptar a los hombres en edad de ir al frente], pero el conductor del autobús se fue por carreteras alternativas para evitarlos”, cuenta. “Intentábamos adelantarnos al Gobierno”, presume. En Helsinki estuvo unos días en un hostal “abarrotado de rusos”, ilustra con cierto humor. Desde allí teletrabajaban mientras se informaban en la prensa de las novedades de la guerra.

Dimitri, que acude a la entrevista en Madrid con um aspecto muy cuidado (impolutos zapatos negros de charol y pantalones beis perfectamente planchados), cuenta su periplo: de Helsinki a Tampere, también en Finlandia; de ahí a Ámsterdam, donde se reunió con unos amigos. La siguiente etapa fue la isla portuguesa de Madeira, donde ya había estado —”El océano me ayudará a bajar toda esta tensión”, pensó—, para después pasar unos días en las Azores. De ahí, quiso visitar a unos amigos en Georgia, pero se le complicó la cosa. Cuando se dirigía a Tbilisi vía Bucarest y Tel Aviv, los israelíes lo pararon y lo devolvieron a Rumania. “¿Sabes cuántos rusos que entran como turistas salen luego de Israel? Cero”, asegura que le increpó un funcionario del aeropuerto de Tel Aviv. Así que Dimitri fue deportado a Bucarest, desde donde embarcó en otro vuelo a Madrid. “Paradójicamente, me sentaron al lado de una señora ucrania con la que me entendí muy bien. Acabó dándome su comida porque me dijo que yo la iba a necesitar más”, recuerda.

Pese a todo, no pierde la esperanza de volver a su país. Asegura que este es un periodo más tranquilo, antes de que el Gobierno vuelva a movilizar a filas después de las fiestas de Navidad, a principios de 2023. “Tengo miedo de volver porque puede ser que luego no me dejen salir o que llamen a la policía y me lleven a un centro de reclutamiento. Esos riesgos existen”, asegura.

Persecución

Esa sensación de persecución acompaña desde hace años también a Iván (nombre falso para proteger su identidad), un joven de 22 años de San Petersburgo que estudia Arqueología en la Universidad de Sevilla. “Sé que me están buscando porque tienen el contacto de mi madre y le envían SMS para que vaya a actualizar mis datos. Pero es una trampa. ¡Nos están buscando a todos!”, exclama. Salió de Rusia el año pasado, antes de la guerra, por ser pacifista y querer escapar de las campañas de reclutamiento para el servicio militar obligatorio. Reniega también de la alternativa civil (que sí hizo Dimitri) porque cree que es una suerte de “esclavitud legalizada” en la que se trabaja por menos del salario mínimo.

Iván recuerda que cuando salió de Rusia, la noche del 18 al 19 de septiembre de 2021, estaba muy nublado. Cogió un vuelo de San Petersburgo a Moscú, de allí otro a Madrid y luego a Sevilla. “Fui muy feliz, no me lo podía creer”, exclama desde uno de los parques más emblemáticos de la capital andaluza. “Fue duro dejar a mi madre y a mi hermana, aunque ambas entendían mi situación”, dice. Tras un prolongado silencio, zanja emocionado: “Fue una elección sin elección”. En su mirada azul se percibe la resignación de quien sabe que nunca más recuperará todo lo que dejó atrás.

El joven estudiante —pelo largo, rizado, manos en los bolsillos y una sonrisa contagiosa— cuenta que la situación en Rusia llevaba siendo “demasiado tensa” desde 2014, cuando Putin se anexionó ilegalmente la península ucrania de Crimea. “Era mejor vivir callado”, relata en referencia a cualquier atisbo de contestación contra el Gobierno. Iván también es un pacifista declarado y creció, dice, con la mente abierta. “Yo no encajaba en Rusia, en la sociedad rusa”. Le gustaría regresar y ver a su madre y a su hermana ―con su padre no se habla porque apoya la guerra en Ucrania—, pero no cree que pueda vivir en la sociedad actual del país euroasiático. “Es bastante tóxica. Hay homofobia, militarismo, fascismo, sexismo. Yo no encajo en esa sociedad”. Iván prevé que no va a poder volver a su país “al menos en los próximos cinco o seis años”.

María es más pesimista y está segura de que nunca más volverá a San Petersburgo, su ciudad natal. O “al menos en una década” porque “antes no va a haber cambios”. Esta música profesional —toca la batería, instrumento que tiene tatuado en su antebrazo izquierdo junto a la N, la incial de una antigua novia que ahora es pro-Putin— llegó en julio a Barcelona, donde la ONG Accem le ayuda con el papeleo relacionado con el asilo. “Empezar toda una vida desde abajo, casi desde cero, es muy loco para mí”, cuenta con una gran sonrisa.

María recuerda dos momentos que marcaron su vida para siempre y que la hicieron darse cuenta del cambio tan radical que estaba a punto de emprender. El primero fue el 27 de febrero. Ella se estaba manifestando pacíficamente en San Petersburgo contra la guerra en Ucrania y fue detenida varias horas. “Mientras protestaba haciendo una cadena humana me dije: ‘¡Que le den! Me quedo aquí hasta que vengan los cosmonautas [referencia a la policía rusa, por la impresionante indumentaria antidisturbios que suelen vestir]”. Finalmente, la policía rompió la cadena humana y María fue retenida violentamente.

El segundo hito, que realmente “fue la gota que colmó el vaso”, sucedió cuando los medios de comunicación informaron sobre la matanza de Bucha, a finales de marzo. “Recuerdo esa mañana levantarme en mi cuarto, en mi casa en Rusia, lo leí y me puse a llorar. Mientras tanto, mi madre y mi abuela estaban en la cocina riéndose, como si nada hubiera pasado. Recuerdo mi sentimiento de querer correr, de querer huir en ese instante. No salí de mi habitación en todo el día, era incapaz. No podía soportar esta hipocresía: que se estuvieran riendo mientras ocurría un genocidio en Bucha”, relata. María confiesa que antes de la masacre de Bucha —en la que se hallaron unos 350 cadáveres en fosas comunes— fantaseaba con salir de Rusia, pero aquel día se dio de bruces contra la realidad. “Solo quería coger mis cosas y largarme. No podía soportar lo que estaba viviendo y sintiendo. Fue muy duro”.

Pese al dolor de dejar el hogar, a la familia, los amigos, empleos, estos solicitantes de asilo sienten un profundo alivio de haber dejado Rusia. Vilen y María ya no se sienten peores personas (en palabras de la activista) por ser homosexuales o por gritar contra la guerra en Ucrania. Dimitri e Iván, de momento, han dejado de sentir el aliento en la nuca de los empleados de las oficinas de reclutamiento militar. Ahora los cuatro, como tantos otros rusos que huyen del régimen de Putin cada día, intentan empezar de cero en algún lugar que les ofrezca un futuro. “La historia no ha enseñado nada”, resume Iván.

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González está especialmente preocupado por “la normalización” de las devoluciones en caliente, más recientemente en América Latina, donde el éxodo masivo de venezolanos está poniendo a prueba la buena vecindad del resto del continente. Es en Perú y en Chile, en su frontera con Bolivia, donde el experto ha identificado un aumento considerable de estas expulsiones que se realizan sin seguir un procedimiento legal. El relator ve con preocupación cómo en una gran cantidad de países, incluidos los europeos, “las deportaciones [retornos, en la jerga migratoria comunitaria] se han colocado en el centro de la agenda para la inmigración”. Denuncia que con estas prácticas se impide, entre otros, “el ejercicio del derecho de asilo”.

González ha seguido también de cerca los acontecimientos ocurridos en la frontera entre Marruecos y Melilla del 24 de junio, cuando al menos 23 personas —otras 70 están desaparecidas― murieron en una estampida después de que cientos de migrantes intentaran entrar en la ciudad autónoma a través de uno de sus puestos fronterizos.

“Es lamentable que no se haya aclarado la tragedia después de cinco meses”, afirma el hispano-chileno durante una entrevista en la sede de EL PAÍS, en Madrid, el día 23. El relator explica que la ONU pidió información a España sobre una situación que considera de “extrema gravedad”. Recibió, asegura, una respuesta genérica, por lo que todavía se pregunta: “¿Cuántas personas murieron?, ¿Fueron atendidas aquellas que estaban vivas después de sufrir las lesiones?, ¿En qué lugar se hallaban?”. Además, el relator rebate la tesis del Ministerio del Interior de que la tragedia sucedió en una especie de tierra de nadie. “Está esta afirmación de que habría una especie de zona intermedia, un limbo entre España y Marruecos, no es una cuestión aceptable desde el punto de vista del derecho internacional. No puede usarse para eximirse de responsabilidad”. El relator también cuestiona los rechazos en frontera que se realizaron en ese día: “Y si efectivamente se devolvió a 470 personas a Marruecos sin que pudiesen solicitar asilo, eso es contrario al derecho internacional. Una persona no tiene menor nivel de protección a su derecho humano porque haya recurrido a determinados medios para cruzar una frontera. Hasta el peor delincuente tiene derecho a un debido proceso y a no ser torturado”.

Políticas de externalización

Es en Níger, donde Bruselas está poniendo ingentes esfuerzos económicos y logísticos para frenar la inmigración irregular hacia el Viejo Continente, donde González pudo constatar un “agravamiento de la situación de los derechos humanos como consecuencia de las políticas migratorias” de la UE. “El énfasis está claramente en la seguridad, y el enfoque de [el respeto a] los derechos humanos está en un plano secundario”. Sería también el caso de España, que se centra en la seguridad, lo que es “complicado” porque al final acaba habiendo “violación de derechos humanos”. Un extremo que González atribuye a la izquierda y a la derecha indistintamente.

“Las políticas de externalización [de fronteras, migratorias] impiden que haya un ejercicio del derecho de asilo”, declara en referencia a los acuerdos bilaterales del Reino Unido con Ruanda y Dinamarca con países de los Balcanes con el objetivo de enviar a esos países a personas que, según consideran, no tienen el derecho de quedarse allí. El hecho de que se presente como “tendencia” las prácticas anteriores representa “un problema mucho más complicado que va a ser mucho más difícil de resolver”, vaticina.

El relator, en la misma línea que critican muchos expertos, cree se está incrementando el uso de la migración como arma política y de presión. Lo hizo Turquía en 2020 y Bielorrusia y Marruecos en 2021. En todos los casos como arma de presión a Europa. Ante este fenómeno, González defiende que esa politización de la inmigración “no exime de responsabilidad al Estado receptor” de migrantes. Precisamente el próximo junio, González y su equipo publicarán un informe sobre la situación migratoria en Bielorrusia y en Polonia.

La crisis económica se acentúa y las guerras persisten. Ante este panorama, el relator advierte de que se puede esperar un aumento en los flujos migratorios. También como consecuencia del cambio climático. González admite que no existe la figura de “refugiado climático” reconocida como tal y defiende que a las personas que huyen de las drásticas consecuencias del calentamiento global se les pueda garantizar el derecho de asilo. “Pero todavía no hay una pauta común global y clara al respecto” pese a que en África, por ejemplo, el mayor flujo migratorio es interno y responde a causas climáticas, explica.

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Líbano reactivó el 26 de octubre el plan de retorno que comenzó por oleadas en 2017 y había frenado la pandemia. Medio millar de sirios salió en buses fletados ex profeso desde distintas partes del país. Otros 330 lo hicieron el pasado sábado, según la Agencia Nacional de Noticias. El objetivo de las autoridades es repatriar a 15.000 personas al mes.

Mientras, Turquía, que según su presidente, Recep Tayyip Erdogan, ya ha devuelto a más de 526.000 sirios desde 2016, amenaza con empezar una estrategia similar para sacar del país a un millón más. Esto hace que en Bruselas empiecen a saltar las alarmas ante un más que probable aumento de llegadas irregulares a territorio comunitario. Un total de 31.000 sirios han sido detectados por Frontex, la agencia de protección de fronteras exteriores de la Unión Europea, queriendo entrar en territorio comunitario de manera irregular entre enero y junio de 2022, el doble que en el mismo periodo que el año anterior.

Desde el pasado agosto, la ruta migratoria más oriental del Mediterráneo empezaba ya a ser la preocupación número uno para la UE en el ámbito migratorio, principalmente por el considerable aumento de las salidas de ciudadanos sirios desde Líbano y Turquía por temor a ser devueltos a su país. Las condiciones de vida en algunos países de acogida de Oriente Próximo, la crisis económica y política, y las iniciativas de retorno acordadas con el régimen de Damasco de cientos de miles de refugiados sirios que llevan años en Turquía y Líbano han hecho que Bruselas vuelva a poner la lupa sobre esta región.

En un documento interno fechado el pasado 26 de agosto al que ha tenido acceso EL PAÍS, Frontex ya advertía de que la devolución de sirios aumentaría los flujos migratorios hacia la UE. “Las medidas de repatriación pueden sumarse a la grave situación económica en el Líbano y hacer que aumenten los factores de empuje para la migración a través del Mediterráneo oriental”, advirtió la agencia comunitaria. La mayoría de migrantes hoy desde la costa libanesa son refugiados sirios. El porcentaje de los que viven en condiciones de pobreza extrema ha pasado del 55% en 2019 al 88% en 2021, según la ONU. Al calor del desplome del país, ha empeorado también el trato que reciben y ha aumentado el discurso de odio contra ellos. Pese a ello, un 67% no se plantea siquiera visitar Siria en las actuales circunstancias, según una investigación difundida por la Asociación Siria por la Dignidad de los Ciudadanos (SACD), una organización de exiliados. Un 35% tampoco lo haría aunque mejorasen.

El pasado septiembre, naufragó en las costas sirias una patera que había salido del norte de Líbano. Murieron 89 migrantes, muchos de ellos sirios que intentaban huir a Europa (vía Chipre) movidos precisamente por esa política de retornos que Líbano lleva meses negociando con Damasco. Un mes antes de la tragedia, otra patera que había salido de la ciudad libanesa de Trípoli se hundió con decenas de personas a bordo.

Poco antes de estos sucesos ―que ponen rostro a la tragedia humana de la guerra y la inmigración irregular por vías no seguras―, Siria “supuestamente se había comprometido ante Beirut a permitir que sus ciudadanos regresaran con pasaportes caducados para renovarlos en la frontera y ofrecer alojamiento a aquellos que volviesen”, según le consta a la UE. Damasco incluso prometió indultos a los críticos con el régimen de El Asad que quisieran volver a Siria, pero el escepticismo reina en las instituciones comunitarias, que añaden la preocupación por el devenir de los sirios que desertaron a Líbano cuando fueron llamados a filas para combatir en el ejército regular. Las organizaciones de exiliados sirios, como la SACD, llevan años advirtiendo de los obstáculos a los que se enfrentan quienes regresan, pues en muchas ocasiones se les acosa, extorsiona o terminan detenidos, pese a las promesas de Damasco.

Para la UE, estas repatriaciones tienen objetivos claros. De un lado, Beirut “pretende apaciguar el descontento popular” por la grave recesión económica y la devaluación brutal de su moneda, además de un “estancamiento político” que dura ya más de tres años, indica Frontex. De otro, Damasco busca transmitir cierta “normalización y estabilidad” en un país que ha sufrido una guerra civil de una década y que ahora sigue bajo el férreo control de El Asad ―a excepción de algunas zonas rebeldes―.

Cambio de paradigma

En el caso turco, las autoridades comunitarias han visto un cambio de paradigma. El Gobierno de Erdogan pasó de una política de brazos abiertos durante los primeros años de la guerra, allá por 2011, a denunciar que la UE está usando su país como “depósito de refugiados” y querer devolverlos a Siria. De hecho, en 2016 Bruselas y Ankara firmaron un millonario acuerdo (6.000 millones de euros para los primeros cuatro años, que luego se han ido ampliando) por el que Turquía se encargaría, con esos fondos comunitarios, de la manutención de los refugiados en su territorio a cambio del compromiso de Ankara de mantenerlos dentro de su territorio. El documento de Frontex sugiere que “la cooperación [de Bruselas] con Turquía debe ser reconsiderada”.

La raíz de este cambio de postura de Erdogan ―que en un inicio calificaba a los refugiados de “hermanos sirios” y “huéspedes”― son las elecciones a las que se enfrentará en los próximos meses (a más tardar, en junio de 2023) y para las que las encuestas prevén un resultado muy ajustado. Debido a la crisis económica, la opinión sobre los sirios de la mayoría de los turcos se ha tornado negativa, hecho que ha sido espoleado por los partidos de la oposición, quienes han presentado planes para devolver a todos los refugiados previa reconciliación con el régimen de El Asad.

Esto ha llevado al Ejecutivo turco a mover ficha y se han entablado conversaciones con Damasco, si bien por el momento se limitan a contactos entre los jefes de inteligencia. Por ello, los retornos se están llevando a cabo a las zonas del norte de Siria bajo control turco, donde se ha iniciado la construcción de miles de viviendas e infraestructuras. Ankara ha pedido apoyo a las organizaciones internacionales para llevar a cabo estas repatriaciones e incluso ha solicitado a la UE que el dinero que destina a Turquía para la manutención de los refugiados sirva para financiar esta iniciativa, algo a lo que Bruselas se ha negado, según explicó a EL PAÍS una fuente conocedora de las negociaciones.

La zona a la que Turquía está devolviendo a los sirios en el norte de Siria está caracterizada por la inestabilidad: Ankara ha tratado de crear instituciones locales directamente vinculadas a agencias turcas y de unificar a las milicias, pero estas siguen campando armadas y a sus anchas en un ambiente de caos y violencia.

Debido a esta situación, la mayoría de los sirios refugiados en Turquía no quieren oír ni hablar de regresar a estas zonas, que en muchos casos ni siquiera son sus regiones de origen. Aun así, las autoridades turcas han multiplicado las redadas en los últimos meses en busca de sirios que no tengan en regla los papeles o se hayan desplazado fuera de las localidades de residencia que les habían asignado. Una vez detenidos son enviados a centros de deportación y trasladados luego a la frontera con Siria, donde se les obliga a firmar, bajo amenazas o palizas, un documento en el que aceptan el regreso a Siria de forma “voluntaria”, según denunció la ONG Human Rights Watch (HRW) en un reciente informe en el que recoge decenas de casos. “En violación de los derechos humanos, las autoridades turcas han detenido a cientos de refugiados sirios, incluidos menores no acompañados, y los han obligado a volver (…) Parece que ahora Turquía está convirtiendo el norte de Siria en un vertedero de refugiados”, dijo Nadia Hardman, experta de HRW. Amnistía Internacional insiste además en que los refugiados “no están en posición de tomar una decisión libre e informada” sobre regresar o no a su país. Pero Erdogan continúa con su plan y ha trascendido que los retornos se realizarán en varias fases, empezando por las localidades con mayor presencia de sirios.

También las autoridades de Líbano, el país del mundo con más refugiados per cápita (casi un tercio de la población, entre sirios y palestinos), insisten en la insostenibilidad de la situación. “Su abrumador número sobrepasa nuestros medios. Líbano no quiere ni que sean ayudados [por la comunidad internacional] en su territorio ni ser ayudado”, dijo el pasado mayo su titular de Exteriores, Abdallah Bou Habib.

Beirut cifra en 1,5 millones los sirios en su territorio y asegura que colabora con la agencia de la ONU para los refugiados, Acnur, en las devoluciones, aunque esta matiza que ni las promueve ni confecciona las listas. Solo “asesora a los refugiados, cuando es posible, para que tengan toda la información necesaria a la hora de tomar esa decisión” y despliega personal en los puntos de partida, dice la agencia. “Acnur respeta el derecho humano fundamental de los refugiados a regresar libre y voluntariamente a su país de origen en el momento que elijan, siempre de conformidad con los principios internacionales de retorno voluntario, digno y seguro y de la no devolución”, señala su portavoz en Líbano, Paula Barrachina.

El director de la Seguridad General Libanesa, Abbas Ibrahim, respondió a las críticas el pasado martes en una rueda de prensa en la que insistió en que los retornos son “voluntarios” y “seguros”. “No cederemos a la presión [de organizaciones humanitarias] porque los intereses del pueblo libanés son más importantes”, indicó.

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Durante 13 horas y 19 minutos, las autoridades maltesas ignoraron los hasta 14 emails y llamadas de auxilio que ambas organizaciones de rescate desplegadas en el canal de Sicilia, en plena ruta que conecta Túnez y Libia con Italia, enviaron a Malta ―también a Roma, que tardó seis horas en contestar― desde que identificaron la patera. Pasado ese tiempo, la única respuesta que recibió el Geo Barents (operado por MSF) fue, eso sí, clara y concisa: “El responsable [del MRCC de Malta] de guardia está ocupado. Llame en una hora”. A los cuatro días, finalmente, esa patera fue remolcada por un mercante hasta las costas egipcias.

La isla de Malta, un Estado de 316 kilómetros cuadrados (algo más que la isla canaria de El Hierro), a medio camino entre el continente africano y el europeo, lleva meses ignorando el problema migratorio como estrategia para evitar ofrecer un puerto seguro de desembarco y ver cómo los solicitantes de asilo e inmigrantes llegan a sus costas. Italia —y el resto de países mediterráneos— se está sumando poco a poco a estas prácticas, sobre todo tras la victoria en las urnas el pasado septiembre de la ultraderechista Giorgia Meloni, de Hermanos de Italia.

La semana pasada, el Ocean Viking (operado por la ONG SOS Méditerranée), el Geo Barents (MSF) y el Humanity 1 (Humanity), lanzaron decenas de llamadas de auxilio que quedaron sin responder. Los tres llevaban desde el 22 de octubre vagando por el Mediterráneo en búsqueda de un puerto seguro en el que desembarcar al total de 985 personas que llevan a bordo. A fecha 5 de noviembre, 16 días después de los rescates, Roma y La Valeta habían dado la callada por respuesta a los tres buques sin ofrecer ninguna solución de desembarco: “Las naves se encuentran en aguas territoriales italianas (…). Se apunta a que los eventos [rescates] a los que se refiere [las ONG] han discurrido fuera del área SAR [Search and Rescue, búsqueda y rescate] italiana, y que los mismos no fueron coordinados por este centro”, se lee en los correos internos de las autoridades italianas y comunitarias a los que ha tenido acceso este diario. Italia echa balones fuera. Hasta que al filo de la medianoche del sábado, el Gobierno de Meloni dio un paso al frente y aceptó un desembarco selectivo de aquellos rescatados más vulnerables del Humanity 1, un total de 155 personas. Ayer ya estaban en el puerto de Catania, en Sicilia. El cuarto buque, el Rise Above, continúa también en alta mar con 91 personas a bordo.

Las ONG implicadas alertan de que las condiciones de salubridad son cada día peores con casos de gripe, fiebres e infecciones; y que el clima empieza a ser peligroso con amenaza de temporal y mar gruesa ―se registran vientos de 30 nudos (55,5 kilómetros por hora) y olas de más de dos metros―. Además, las provisiones tanto de medicamentos básicos como de comida se están acabando, y en alguna ocasión las organizaciones han tenido que empezar a racionar el agua potable, explica MSF, que admite que no pueden garantizar los estándares de higiene a bordo del Geo Barents “porque no hay espacio en el barco”, lo que hace que las infecciones respiratorias y de la piel se propaguen rápidamente.

Harto de la situación y de ser ignorado tanto por Roma ―al que contactó al menos 10 veces― como por La Valeta, el Ocean Viking extendió hace días la llamada de auxilio también a Francia, Grecia y España, a cuyas autoridades solicitó el desembarco en un puerto seguro. La respuesta de Madrid, según ha comprobado EL PAÍS, fue muy clara: “Su barco no tiene bandera española. Los rescates ocurrieron fuera del SRR [Sea Rescue Region, Región de Rescate Marítimo] español y fuera de la coordinación del MRCC español. No somos el puerto seguro más cercano. Sugerimos que dirijáis las peticiones a las autoridades competentes”.

Amnistía Internacional ya advirtió en 2020 de esta tendencia, sobre todo de Malta, de ignorar los rescates e instaron a los Estados del Mediterráneo a priorizar los desembarcos en puertos seguros.

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La opinión de Meloni es parecida a la que mantuvo su socio de la Liga, Matteo Salvini, durante su turbulento periodo como ministro del Interior. Básicamente, solo se quiere dejar entrar a los barcos cuyo pasaje haya sido previamente redistribuido con los socios comunitarios. La primera ministra italiana ha aprovechado su primera visita a Bruselas, este jueves, para reafirmar la postura del nuevo Gobierno sobre la migración: “Hemos hablado de flujos migratorios, de un cambio de la posición italiana a algo previsto por las normas europeas, que es la protección de las fronteras exteriores”. “Esta es una materia muy delicada en la que he encontrado oídos receptivos a la escucha”, ha añadido. Meloni ha afirmado que en su primera jornada en la capital comunitaria como primera ministra, tras verse con las presidentas del Parlamento (Roberta Metsola), de la Comisión (Ursula von der Leyen) y el del Consejo (Charles Michel), ha encontrado un buen clima e interlocutores dispuestos a escuchar sus posiciones como si no fueran “marcianos, sino gente que defiende sus posiciones”, informa Manuel V. Gómez.

La líder italiana también ha expresado su opinión en un libro que todavía no se ha publicado —saldrá el 4 de noviembre— y cuyas declaraciones se recogieron hace tres días, cuando el SOS Humanity ya estaba en alta mar. “Hay que recordar qué es el Derecho del Mar, muchas veces invocado incorrectamente. Si uno encuentra en el mar un barco con problemas, estás obligado a salvar quien está a bordo. Pero si hace de ferri entre las costas africanas y las italianas para transportar migrantes, está violando abiertamente el Derecho del Mar y la legislación internacional”, apuntó para el libro del periodista Bruno Vespa. “Si, además, una nave de una ONG tiene una bandera alemana, hay dos opciones. O Alemania la reconoce y se hace cargo de ella, o se convierte en un barco pirata”.

Meloni explica en la entrevista para el libro sus planes, que pasan por impulsar un plan de desarrollo en África y, al mismo tiempo, animar a esos países a que impidan la salida de este tipo de barcos. Es lo que ella llama plan Mattei (por el fundador de la compañía energética ENI, que impulsó el desarrollo en dichos países a cambio de explotar sus recursos energéticos). Meloni pide también la reactivación de la operación Sophia, nacida en 2015, y que en su tercera fase preveía lo que ella llama “bloqueo naval”, que implicaría impedir la salida de los puertos de buques de ONG para realizar rescates. Un modo de ver este punto algo distinto que su socio de Gobierno, Matteo Salvini, que durante su periodo como ministro del Interior se limitó a cerrar los puertos italianos a barcos que llegaban con náufragos.

La competencia en esta materia en Italia ha quedado algo diluida. Salvini es titular de Transportes e Infraestructuras, que tiene control sobre los puertos. Pero se ha creado un nuevo Ministerio del Mar, que también tiene voz en el asunto. Y el de Interior sigue canalizando los decretos que tengan relación con la seguridad. Su actual titular, Matteo Piantedosi, defendió esta semana: “No podemos traer migrantes que son rescatados en el mar por barcos extranjeros que operan sin ningún tipo de coordinación con las autoridades”, según publicó el diario Corriere della Sera. Piantedosi alegó que los migrantes que llegan al país tras ser rescatados por estos buques de ONG suponen el 16% de las llegadas. “Italia no abandonará su deber de rescatar a la gente en el mar, pero la solidaridad europea se tienen que convertir en una realidad”, insistió.

Se duplican las llegadas

Mientras, en el Mediterráneo central sigue sonando la misma música. Miles de migrantes abandonan Libia jugándose la vida en pateras para intentar alcanzar suelo europeo. Pese a que las llegadas de migrantes que salen desde Libia en ruta hacia Italia se han duplicado este año (de unos 23.000 en 2021 a 40.000 en lo que va de 2022, según fuentes europeas), Giorgia Meloni acaba de renovar el polémico acuerdo que su antecesor Paolo Gentiloni firmó en 2017 con las autoridades libias para frenar la inmigración irregular y que ha sido duramente criticado por ONG de derechos humanos, think tanks y hasta Naciones Unidas. Meloni tenía hasta la medianoche del miércoles para revocar el pacto, pero con su silencio la recién estrenada dirigente vuelve a dejar clara su línea migratoria ―y de paso la de la UE― en el Mediterráneo central para los próximos tres años: que sea Libia quien controle que los migrantes no lleguen a Italia.

El país magrebí es fundamental en la estrategia migratoria de la UE, e Italia, país con el que mantiene vínculos estratégicos por su pasado colonial, lo sabe. No es solo un lugar de tránsito para los subsaharianos que se juegan la vida en precarias pateras para buscar una oportunidad en Europa, sino que también es un país repleto de mafias a las que los migrantes pagan miles de euros por un sitio en una barca.

Libia es también un país de retornos. Desde 2016, más de 100.000 personas han sido interceptadas en alta mar y devueltas a Libia con su posterior internamiento en centros de detención donde permanecen hacinados y bajo unas condiciones higiénicas y de salubridad pésimas durante meses.

Kouassi (nombre ficticio) relató a Médicos sin Fronteras (MSF) que pasó tres meses en uno de estos centros de detención con grilletes en los tobillos. “Tengo muchas cicatrices. Nos pegaron con barras de madera y de metal. Era una prisión en el desierto, una casa que no estaba terminada a la que nos habían vendido. Éramos unos 10 en la habitación y había varios cuartos. Nos quitaron todo lo que llevábamos encima”. En un informe de octubre de 2021, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que estas prácticas llevadas a cabo por Libia constituían “crímenes contra la humanidad”. Estos centros, según el polémico acuerdo, están “bajo exclusivo control” del Ministerio del Interior libio, pese a que se financian con fondos italianos y de la Unión Europea, según el propio acuerdo, que se acaba de renovar.

Naciones Unidas y ONG como MSF, Oxfam o Amnistía Internacional, entre otras, opinan que Libia no es ni un puerto ni un lugar seguro para los migrantes, y que la política de devolución que llevan a cabo los guardacostas del país magrebí, gracias en parte al marco legal del acuerdo con Italia (el llamado Memorandum of Understanding, MoU, en sus siglas en inglés), se debería romper de inmediato.

El acuerdo, firmado en 2017 por Fayez Mustafá Serraj (representante del Gobierno libio de reconciliación nacional, reconocido por la ONU) y el entonces primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, consiste en externalizar la gestión migratoria a Libia. A cambio, los guardacostas libios y las autoridades migratorias del país africano reciben formación y entrenamiento, además de dinero ―que en parte sale del Fondo Europeo para África―, por lo que las ONG señalan a la UE como cómplice de las tragedias en el Mediterráneo. De hecho, las autoridades italianas acaban de aprobar el envío a los guardacostas libios de 14 lanchas rápidas con el objetivo de vigilar la actuación de las mafias y las salidas de pateras en la ruta del Mediterráneo central, la más mortífera de los últimos tiempos y donde han muerto 18.841 personas desde 2014, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Otro polémico punto del MoU es que se crearon ad hoc una zona SAR (Search and Rescue, búsqueda y rescate) libia y un MRCC (Centro de Coordinación de Rescate Marítimo) en Trípoli, que no existían con anterioridad. A cambio, el MRCC de Roma, que antes coordinaba los rescates con cualquier barco que estuviera cerca de una patera en apuros en la vasta zona del canal de Sicilia, dejó un vacío que, impulsado por este acuerdo, fue ocupado por el MRCC libio.

La semana pasada, la ONG alemana Sea Watch captó con las cámaras de uno de sus aviones de vigilancia cómo guardacostas libios interceptaron una patera con decenas de migrantes a bordo en aguas internacionales ―la organización asegura que estaban en aguas maltesas― y los llevaban de vuelta al país magrebí. Al verse sorprendidos, los guardacostas libios amenazaron a Sea Watch: “Si no os marcháis del territorio libio, os dispararemos con misiles”. Cuando la ONG informó de que en realidad estaban en aguas de un país comunitario, los guardacostas libios respondieron con un disparo al agua, según se aprecia en un vídeo publicado en Twitter por la propia organización.

Medio centenar de ONG se reunieron la semana pasada en el centro de Roma para protestar por la continuidad de este pacto migratorio entre Roma y Trípoli que marcó y marcará una clara línea migratoria en Europa: formar a la guardia costera libia y dotarla del poder, los medios y la legitimidad para que, a su modo y forma, pero con recursos comunitarios, evite la entrada de migrantes y refugiados en aguas de países de la UE.

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La odisea de Hakim, de 268 páginas y editado en España por Bruguera, relata lo que movió a este joven, aquella semilla que le impulsó a emprender una travesía que con 25 años cambió su vida para siempre. El protagonista del cómic explica en este primer tomo cómo Siria, antes de la revolución de 2011 y su consiguiente represión por parte del régimen alauí —la minoría chií del régimen de los Asad—, era un país árabe normal en el que los jóvenes como él solían salir por la noche los fines de semana a bailar y tomar algo con los amigos. “Puede que los franceses no se imaginen que los árabes o los musulmanes hagamos eso, pero nos encanta ir de marcha, conocer chicas…”, explica Hakim a su interlocutor, el dibujante Toulé, al inicio del libro.

De esta forma, desde las primeras páginas el lector se empieza a hacer una idea de que está a punto de sumergirse en un relato de destrucción, abandono, torturas, desesperación y huida que describe la involución de derechos de todo tipo en un país que lleva 11 años sumido en un complejo conflicto. “Esta gente parte de su tierra por razones diversas. La idea no es venir a la Unión Europea, sino salir de su país y volver a él. Pero [Hakim] se iba cada vez más lejos”, dice Toulé, de 42 años, por videoconferencia desde le habitación donde trabaja en su casa de Burdeos (Francia) y en la que, entre risas, presume de pasar “23 horas al día”.

El periplo de Hakim, con el que Toulé mantuvo un año y medio de entrevistas, es también la odisea de millones de sirios que huyeron ­—y aún hoy huyen— de unas condiciones de vida insostenibles, dejando atrás familias, amistades, negocios y empleos. Pero quizás lo que más llame la atención es el hecho de que él, en cada paso que le aleja de su familia, se intente convencer de que era temporal. “Me quedo aquí [en Líbano, primer país al que huye desde su Siria natal] hasta que la situación mejore”. “Volveré cuando todo esté más calmado”. Son frases que se leen constantemente, aunque el lector sabe que Hakim no vuelve. La odisea del joven sirio —que Toulé ha intentado dibujar lo más cercano a la realidad (pelo ondulado y nariz aguileña)— despierta empatía, interés. Engancha.

Después de Líbano, Hakim dará el salto a Turquía, país donde confluyen millones de migrantes venidos de otras rutas huyendo de realidades dispares. Allí nacerá el primer hijo del protagonista, pero la vida sigue siendo dura para inmigrantes como él y, tras un viaje interior, toma la decisión de subir a una barca improvisada rumbo a la Unión Europea. Para leer en español la vida de Hakim en Turquía y su salto a Grecia, el público tendrá que esperar a 2023. El año siguiente, en 2024, Penguin Random House en España tiene previsto publicar el tercer y último tomo: la larga caminata de Macedonia a Francia a través de la ruta de los Balcanes.

Toulé, que visitó Siria antes de las revueltas, es un dibujante acostumbrado a crear tanto ficción como realidad. Incluso se retrató a sí mismo en una autobiografía en la que iba contando el día a día de la paternidad de un niño con síndrome de Down. Esta ha sido la primera vez que se ha acercado a un tema tan social y de tanta actualidad. “Cada vez intento hacer algo nuevo”, cuenta. Su intención, después de esta trilogía, es seguir viajando y contar las historias detrás de luchas sociales. Y pone como ejemplos Benin y Chile. “[Las personas] Nos acostumbramos al horror”, critica en alusión a la forma en la que la prensa generalista tiende a cubrir y contar desgracias y catástrofes humanas de gran magnitud. Por eso él decidió encontrar a una persona y narrar su periplo. “Lo importante es conocer las historias porque eso permite poner cara a los acontecimientos”, explica el viñetista.

Como Hakim, 13 millones de sirios han abandonado sus hogares. De ellos, 5,6 lo han hecho cruzando fronteras y convirtiéndose en refugiados o solicitantes de asilo, fundamentalmente en países vecinos como Turquía, Jordania y Líbano, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Como dice Toulé: “[La historia de Hakim] es verdadera. Pero también es un símbolo”.

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Palabras como “humillación”, “acoso” y “abuso” laboral contra sus propios trabajadores, “intimidación” y “devoluciones en caliente” de migrantes se repiten a lo largo de las 129 páginas del documento, al que han tenido acceso el semanario alemán Der Spiegel y las ONG Lighthouse Reports y FragDenStaat, y que han compartido con cuatro medios europeos, entre ellos EL PAÍS.

Pese a que la investigación está fechada en abril del pasado año, aún no se ha hecho pública, salvo para unos pocos eurodiputados que investigan el papel de Frontex en la inmigración hacia la UE. El informe de la OLAF se centra especialmente en las devoluciones en caliente en alta mar, denunciadas sobre todo desde 2020, bajo el mando en Frontex del francés Fabrice Leggeri, quien finalmente dimitió como director ejecutivo de la agencia con más presupuesto de toda la UE: 754 millones de euros solo en 2022. La OLAF destaca una decena de devoluciones en caliente en las que la policía fronteriza griega expulsa de manera violenta a pateras con decenas de migrantes a bordo a aguas turcas y los “abandonan” a su suerte, en ocasiones quitándoles previamente el motor a las lanchas. Todo ello, a ojos de los agentes de Frontex, que tiene desplegados en el mar Egeo 600 policías en el marco de la Operación Poseidón, además de otros 170 del Cuerpo Permanente (los conocidos como Standing Corps).

Unas 43.000 personas han sido devueltas a terceros países con este método desde enero de 2020, según Front-LEX, una organización que pretende “desafiar las políticas migratorias de la UE a través de litigios estratégicos”, según su página web. De hecho, el pasado septiembre anunciaron la intención de llevar a los tribunales a Aija Kalnaja, la directora ejecutiva interina de Frontex.

La investigación hace hincapié en que Frontex ha descafeinado o ignorado desde mediados de 2021 lo que ella misma denomina “incidentes serios”, que involucran a personas migrantes (naufragios, expulsiones, registros, etcétera) y a integrantes de la propia agencia, y que pueden afectar a violaciones de derechos fundamentales. La OLAF ha certificado que la estructura de Frontex dejó al margen de toda actuación y control a la persona encargada de velar por los derechos fundamentales en las misiones migratorias. Fuentes de la misma Frontex reconocen ese ostracismo. El documento de la OLAF concluye que el motivo de que Frontex apartara a su responsable de velar por los derechos fundamentales en las misiones es “evitar que haya testigos de incidentes [serios] en el mar Egeo”.

La OLAF incluso habla de que en ocasiones Frontex eligió voluntariamente no reportar incidentes en los que algunos de sus agentes fronterizos se veían involucrados por “miedo” a repercusiones negativas en los Estados miembros. Algunos altos mandos de Frontex, continúa la OLAF, consideraban que Bruselas era demasiado lenta y burocrática, demasiado centrada en el respeto a los derechos fundamentales y que, por tanto, restaba operatividad a los desafíos que implica la gestión de las fronteras exteriores de la Unión. “Mi percepción personal es que los derechos fundamentales eran vistos como algo cosmético, sin un contenido específico. Poco esencial. (...) La persona encargada de velar por los derechos fundamentales no era tratada con la categoría suficiente” y se la excluía de la toma de decisiones, señala un testigo a la agencia antifraude de la UE.

La OLAF certifica que Frontex evitó analizar hasta en tres ocasiones la denuncia que le hicieron llegar las autoridades turcas con un USB de imágenes de expulsiones de pateras repletas de migrantes de vuelta a las costas de Turquía. “La regla general era dejar al responsable de derechos humanos fuera del foco de los pushbacks”, relata otro testigo.

Falta de transparencia

La investigación habla también de “falta de transparencia” de la agencia durante el mandato de Leggeri a la hora de trasladar información a las autoridades comunitarias (como la Comisión o el Parlamento Europeo) sobre incidentes que tuvieran un componente de violación de derechos fundamentales. Frontex no garantizó los estándares de “imparcialidad y objetividad” que caben esperar de una institución de este tipo, presentando una “descripción incorrecta o sesgada de los hechos”, dice la OLAF en referencia a las devoluciones en caliente.

La investigación, que no ha hallado ningún indicio de fraude económico, señala una falta de lealtad por parte de Frontex hacia la Comisión Europea debido a “conflictos de intereses políticos”, especialmente en el capítulo de nombramientos de puestos clave. La OLAF ha tachado en negro los nombres y datos de las personas involucradas en la investigación, aunque señalan a “altos cargos” de la agencia.

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Los primeros pasos de esa fuerza incipiente, creada en 2019 a raíz de la sistémica crisis migratoria que vivía el Viejo Continente, han estado marcados por la polémica. Según esta auditoría interna, hay deficiencias en los pagos de los gastos del personal, falta de coordinación, ausencia de conocimiento, insuficiencia en el seguimiento de los análisis psiquiátricos y psicológicos y toda suerte de defectos que “ponen en alto riesgo la reputación de Frontex”, repiten los auditores hasta en 14 ocasiones.

El documento, elaborado por el servicio de auditoría interna de la Comisión Europea y fechado el 23 de septiembre de 2022, detalla a lo largo de 69 páginas las “debilidades” e “inconsistencias” en varios ámbitos laborales dentro de este cuerpo permanente: en las misiones, en el reclutamiento de los agentes, en las evaluaciones psiquiátricas y psicológicas, en los procesos de planificación de operaciones —como la intervención rápida en fronteras—, y en la monitorización de todo lo anterior. Actualmente, este cuerpo está desplegado en España, Italia, Grecia y Bulgaria, que son los primeros países de llegada de extranjeros de forma irregular, pero también en otros Estados extracomunitarios como Serbia, Montenegro y Albania, considerados países de tránsito y donde hay una alta concentración de mafias de tráfico de personas.

“En el momento de los exámenes médicos [psicológicos y psiquiátricos], Frontex no estipula ningún criterio por el cual una persona es apta o no para el puesto”, se lee en el documento, y a veces estos agentes desempeñan labores para las que no están capacitados y se encuentran confundidos. El hecho de que este cuerpo vaya armado, implica un “alto riesgo” no solo para la reputación de la agencia, sino también para sus integrantes y los ciudadanos. Además, prosigue la auditoría, cuando una persona es descartada para un puesto, no existe ningún tipo de explicación sobre los motivos de tal negativa, de tal forma que no se hace un seguimiento adecuado de cada recluta.

En el caso de las operaciones de intervención rápida en fronteras —cuando un país pide ayuda a Frontex para contener entradas masivas de personas en un periodo de tiempo relativamente corto— los auditores, que no especifican los lugares que han sido objeto de esta investigación, que se ha llevado a cabo en la primera mitad de 2022, no han encontrado evidencias de que la agencia haya evaluado la situación previa al despliegue, ni que haya planes trazados junto al Estado miembro involucrado. Los investigadores creen que esta “deficiencia” puede afectar a la “efectividad” de la gestión de fronteras exteriores de la UE. “Los Estados miembros deben aclarar el valor añadido de los policías desplegados de manera rápida y cómo deben ser evaluados estos”. El 41,6% de los agentes declararon no estar debidamente informados, ni con la antelación necesaria, de las misiones en las que iban a participar, según una encuesta anexa a la auditoría. El 32,4% de los sondeados incluso declaró no tener claro el puesto que iba a desempeñar en las misiones.

Pagos con retraso

Pese a tener uno de los presupuestos más abultados de todas las agencias comunitarias —754 millones de euros tan solo este año—, su cuerpo permanente suspende en cuanto al pago de algunos gastos de sus oficiales. El 50% de los encuestados declaró que el sistema de pagos no funciona bien, especialmente los referentes a los de fin de semana y otros más corrientes, aunque no especifica cuáles. Incluso muchos de los policías han “necesitado pagar y adelantar el importe por su cuenta”, según el documento. Contactado por este diario, un portavoz de Frontex declara a través de un correo electrónico que esta auditoría está solo “en fase preliminar” y que, por tanto, es “difícil hacer ningún comentario” sin entrar en más detalles.

En opinión de los auditores, Frontex debe ahora subsanar todas esas deficiencias, en un momento en el que las presiones migratorias en la Unión Europea son cada vez más intensas. Para hacer frente a esas llegadas, Bruselas incrementa cada año la magnitud —y el presupuesto— de este cuerpo permanente. En 2023 ya habrá 7.500 policías incorporados y el objetivo es alcanzar los 10.000 agentes para 2027, en un intento por blindar las puertas de entrada a la Unión a la inmigración irregular.

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Para la ONU, el peligro no solo está en la travesía de ida, sino también en el retorno de los migrantes a países como Libia. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos fundamentales, criticó a mediados de mayo en un durísimo informe que la UE, Frontex y países como Malta e Italia dejan a merced de la guardia costera libia a los migrantes y los devuelven al país magrebí, donde su vida corre un serio peligro. Sara Prestianni, experta en migración y asilo de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos, sostenía en una conversación telefónica hace semanas: “La UE, a través de fondos [económicos] para África, entrena, arma y financia a la guardia costera libia, que devuelve a la fuerza a los migrantes que intercepta en medio del mar”. Prestianni, incluso, engrosaba a “más de 70.000″ la cifra de personas devueltas a Libia desde 2017.

La ruta del Mediterráneo central, que conecta Túnez y Libia con Malta e Italia, es la más mortífera hacia la UE. Por allí navegan barcos de ONG, guardacostas, mercantes y buques militares. Los aviones de Frontex sobrevuelan sus aguas en búsqueda de las mafias que trafican cada año con la desesperación de decenas de miles de personas que se embarcan en una peligrosa travesía. Desde el pasado enero, 920 personas han perdido la vida en estas aguas, la inmensa mayoría del África subsahariana, aunque 2021 es el primer año desde 2014 que registra muertes de personas del sudeste asiático, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Después de huir de la guerra en Siria, de la hambruna en Sudán, del terrorismo en Somalia, del avance talibán en Afganistán o de la propia desesperación en Libia; después de atravesar el desierto del Sáhara y caer bajo el control de las mafias; después de arriesgar su vida —y en ocasiones la de sus hijos— en una patera a rebosar y sin comida ni agua ni chalecos salvavidas, más de 30.000 personas se han topado desde 2019 con la Guardia Costera Libia, a veces a punta de pistola, y se han visto obligados a volver a aquel infierno que creían haber dejado atrás. “Nadie debe ser devuelto a Libia después de ser rescatado en el mar. Bajo el derecho internacional del mar, los rescatados deben ser desembarcados en un lugar seguro, y Libia no lo es”, declaró hace días la ONU.

Lisa Macheiner, que hasta el mes pasado trabajaba en Libia con la ONG Médicos Sin Fronteras, narra al teléfono desde Túnez cómo durante lo que va de 2021 ha notado un aumento del retorno de migrantes a los centros de detención en Libia. “Aumentan las interceptaciones en el mar [Mediterráneo central] y eso hace que aumente el número de detenidos. Las estructuras no tienen capacidad y hay hacinamiento, violencia, falta de comida y las provisiones de medicamentos son extremadamente limitadas”, alerta.

Las organizaciones humanitarias e incluso la ONU reiteran las paupérrimas condiciones de vida en Libia. Macheiner asegura de primera mano que allí los migrantes “no tienen derecho a tener derechos”. La mayoría de centros de detención gestionados por las autoridades libias tienen un régimen cerrado —”de auténtica prisión”, apostilla la trabajadora humanitaria—; en otros, los migrantes reciben solo una comida al día en la que escasean la verdura y las proteínas. Pasta con salsa de tomate, arroz y pan, enumera Macheiner. “Es muy, muy básica. Y en algunos centros, incluso, no hay siempre acceso a agua potable”.

Centros de detención

Médicos Sin Fronteras pudo documentar las condiciones de vida en 30 centros de detención gestionados por las autoridades libias en la costa oeste, cercana a Zwara y Misrata; y en la costa este, en los alrededores de Bengasi. La mayoría de los migrantes tenían un “acceso limitado” a espacios al aire libre, mientras que en una decena de ellos solo gozaban de cierta libertad durante “menos de medio día”. En el mismo documento, se detalla cómo en la mayoría de estas “prisiones”, como los llama Macheiner, no existe ventilación alguna y los cortes de electricidad son el pan de cada día.

Además, a los migrantes —separados hombres de mujeres, pero no adultos de niños— se les tiene completamente vedado el acceso a apoyo legal y psicológico, a internet, a la televisión e incluso a los periódicos. La mayoría de internos tienen entre 19 y 59 años, según documenta la ONG. Lo más habitual es que reciban comidas entre dos y tres veces al día, aunque en cuatro de los centros visitados las autoridades solo ofrecen una comida diaria. En la inmensa mayoría, según la documentación basada en entrevistas con trabajadores de los centros, las letrinas están separadas entre hombres y mujeres, pero en muchísimas ocasiones no funcionan.

Ante estas calamidades, Macheiner revela al teléfono una “tendencia” que ha observado estos meses: las autoridades libias cierran algunos centros de detención en la costa —los más visibles y evidentes—, pero abren otros “en el interior del país”, lo que hace pensar, sostiene, en que se esconde el problema. De esta forma “nadie ve tan fácilmente qué sucede allí”, apostilla.

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El anterior es uno de los 295 casos de expulsiones en frontera -los ahora llamados pushbacks (retrocesos)- en el mar Egeo que las autoridades turcas atribuyen a la policía griega y que han ido documentando a través de vídeos, fotografías y entrevistas a las víctimas entre el 28 de febrero de 2020 y el 6 de enero de 2021. Todos estos casos reposan ahora en un USB. EL PAÍS ha tenido acceso a la descripción del contenido del dispositivo que Frontex ha analizado a través de su Oficina de Control e Inspección (ICO, por sus siglas en inglés), ya que Europol, la policía europea, rechazó colaborar con Frontex para verificar ese contenido calificado como “sensible”.

El pasado 17 de febrero, Turquía, a través de su embajada en Varsovia (Polonia), sede de Frontex, envió un sobre con el famoso dispositivo a la oficina del director ejecutivo de la agencia de la UE, el francés Fabrice Leggeri, junto a una carta en la que le advertían de situaciones de “violación de derechos humanos y de [omisión de] obligaciones de protección internacional en el mar Egeo”. Corrían malos tiempos para la reputación de la agencia comunitaria: varias ONG, organismos internacionales y reportajes en prensa escrita ya empezaban a criticar la mala praxis en el Egeo y a denunciar episodios de violación de derechos humanos en los que agentes de Frontex, en su mayoría pertenecientes a la Guardia Costera Griega, se veían involucrados.

“Frontex abandona [el lugar del incidente en el Egeo] sin hacer ningún rescate”, “Se aprecia cómo los guardacostas helenos devuelven en caliente [a aguas turcas] una patera”, “quitan el motor”, “pinchan la patera”, “les quitan [a los migrantes] sus pertenencias de valor”… Son frases que se repiten a lo largo de las 31 páginas del documento que detalla —con hora militar, geolocalización y tipo de embarcación, entre otros— qué sucedió en los 295 pushbacks que, según las autoridades turcas, efectuó la policía helena gracias, también, a la vista gorda de Frontex.

08.58 de la mañana del 23 de mayo de 2020. Sábado. “Se informó de que había un grupo de migrantes irregulares en cuatro botes salvavidas que habían sido empujados de vuelta hacia aguas territoriales turcas por parte de los guardacostas griegos. 72 personas fueron rescatadas después de pasar 5-6 horas en el mar. Se les quitaron sus pertenencias”, relata otro episodio.

Pese a que las instituciones comunitarias (el Parlamento y la Comisión) conocían de la existencia —no del contenido— del USB desde la pasada primavera, y pese a la reiterada insistencia de los funcionarios de Inmigración a Leggeri para que enviase una copia a Bruselas, no ha sido hasta el 5 de julio cuando Leggeri desveló por primera vez el contenido “sensible” del USB al Comité Ejecutivo de Frontex, que fue descargado en los ordenadores de Varsovia el 29 de marzo, según las misivas a las que ha tenido acceso este diario. Poco después, el 14 de julio, justo cuando se hizo pública la investigación de la Eurocámara por la que de alguna forma se eximía a Frontex de la “responsabilidad directa” respecto de las devoluciones en caliente, la agencia por fin compartió el dispositivo con las instituciones comunitarias. La ICO admite en el documento que en los vídeos Frontex se ve “indirectamente involucrado” porque aporta recursos humanos (agentes) y equipo técnico a los guardacostas griegos para apoyar sus operaciones en el mar Egeo.

“Los vídeos [por cómo están montados] han sido manipulados y por tanto hay que ser cautos”, avisaba Leggeri en una misiva a los miembros directivos de Frontex el 5 de julio. El USB contiene imágenes de expulsiones en frontera correspondientes en su mayoría a verano de 2020. Y el modus operandi que Ankara atribuye a los guardacostas griegos es prácticamente el mismo en casi todos los casos: pateras hinchables con decenas de personas (grupos de 13, 28, 40, 70, a veces 130 como máximo) son interceptadas por agentes griegos —en ocasiones asistidos por Frontex—, los migrantes son rescatados y posteriormente trasladados a barcas sin motor y de menor tamaño que, a veces con violencia, son remolcadas por el barco patrulla hasta aguas turcas, donde los migrantes son “abandonados”.

“Apaleados”

Una de las situaciones más extremas, según el documento, sucedió el pasado 19 de diciembre. Al amanecer, los guardacostas comunitarios recibieron el aviso de que un grupo de migrantes había salido de las cosas de Esmirna (Turquía) y que se encontraba en esos momentos a la deriva repartidos en tres pateras de goma. Se inició una operación de rescate y 31 migrantes fueron salvados. Sin embargo, según sus testimonios que están incluidos en el USB, “fueron apaleados por agentes griegos” y “sus posesiones de valor fueron requisadas”. Las 31 personas rescatadas por los guardacostas fueron embarcadas poco después en otro bote hinchable más pequeño que fue remolcado y abandonado en aguas turcas. Este caso, sin embargo, se complicó. Cinco migrantes se cayeron al mar después de que los agentes pincharan el bote. “Tres [migrantes] perdieron la vida”, dice el documento que reproduce el contenido del USB.

El pasado 14 de julio, una investigación del Parlamento Europeo concluyó que la agencia no era “directamente responsable” de las decenas de expulsiones en caliente entre Grecia y Turquía, pero afirmó que había “deficiencias” en la protección de los derechos humanos en las operaciones conjuntas con otros Estados miembros, en clara referencia a Grecia y los episodios de pushbacks que, casi a diario, se sucedieron a lo largo de 2020 y principios de 2021. Según los expertos, junto a las restricciones de movimiento impuestas en el mundo a causa de la pandemia de coronavirus, este tipo de devoluciones en alta mar es una de las razones por las que las cifras oficiales del flujo migratorio por esta ruta —que solía ser de las más concurridas— descendió un 58% en la primera mitad de 2021, según datos de Frontex.

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Según Vilnius, más de 1.716 migrantes —de Oriente Próximo, pero cada vez más del África subsahariana— han entrado desde el pasado 1 de junio ilegalmente a través de Bielorrusia, en lo que los analistas creen que es un “uso político” de los migrantes como “arma de presión” para desestabilizar Occidente por parte del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko. La cifra contrasta con el apenas centenar de migrantes que anualmente cruzaban desde Bielorrusia.

“Lo sucedido en la frontera entre Lituania y Bielorrusia es algo sin precedentes”, comenta Ricardo Lenoir-Grand Pons, doctorando en Defensa y Seguridad. Con cierta inquietud, Lituania alerta en una carta a Bruselas del carácter “impredecible” de Lukashenko y no ha tardado en reaccionar. La primera ministra, Ingrida Šimonyte, declaró el 2 de julio el estado de emergencia. Esta semana, anunció la construcción de una valla de espino a lo largo de los 679 kilómetros de frontera que comparte con Bielorrusia, el levantamiento de un campamento con capacidad para 500 solicitantes de asilo y la más que probable suspensión del espacio Schengen (de libre circulación de personas) con sus vecinos letones y polacos.

Vilnius y Bruselas achacan el “inusual” aumento de llegadas de migrantes desde Bielorrusia a una “contramedida” de Lukashenko a las sanciones que le impuso la UE como respuesta, a su vez, al desvío —“secuestro”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen— del avión de Ryanair en el que viajaba Roman Protasevich, un periodista critico con Lukashenko que vivía exiliado en Lituania, al igual que la opositora Svetlana Tijanóvskaia. Protasevich fue arrestado en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Minsk. Tras unas semanas detenido, en las que se especuló con que podría haber sido torturado, ahora está, junto a su novia, Sofía Sapega, en arresto domiciliario en la capital bielorrusa.

Gabrielius Landsbergis, ministro de Exteriores lituano, alertó hace días al mundo que “Lukashenko intenta utilizar como armas a los migrantes”. Así lo confirma al teléfono Teija Tiilikainen, directora del Centro de Excelencia de Amenazas Híbridas de la UE y la OTAN, con sede en Helsinki, quien añade que “no es la primera vez” que se utiliza a los solicitantes de asilo para desestabilizar Europa. “En 2015, Rusia dejó pasar a migrantes como forma de presión por las fronteras de Noruega y Finlandia. Turquía lo ha hecho con Grecia. (…) Y hay similitudes en lo que ocurrió hace semanas en Ceuta”. Lenoir-Grand Pons, responsable de seguridad en International SOS, explica la estrategia: “Se trata de desestabilizar al enemigo mediante medios no violentos o no armados (…) buscan lograr el máximo impacto con la menor inversión, y este caso [el lituano] lo demuestra”.

Aunque sea el elefante en la habitación, nadie se atreve a señalar directamente al presidente ruso, Vladímir Putin, de maniobrar a través de Lukashenko, su principal valido en Europa, pero para Tiilikainen “hay un efecto del Kremlin directa o indirectamente” en lo que está pasando en este confín de la UE.

Desde las pasadas elecciones en Bielorrusia y los posteriores paquetes de sanciones de Occidente contra el entorno de Lukashenko, Minsk se ha acercado más a Moscú, del que depende económica y políticamente, dice la finlandesa. Tiilikainen asegura que ambos gobiernos tienen un enemigo común: la UE y Occidente. “No sabemos si es que Bielorrusia copia las estrategias [de desestabilización] de Rusia, o si ambos países están cooperando”, desliza la jefa del Centro de Amenazas Híbridas. En la misma línea, y sin querer responsabilizar al Kremlin, Lenoir-Grand Pons sostiene que “socavar el ánimo de los dirigentes y población de un país es una estrategia clásica rusa” y que “el fin último de Rusia es desestabilizar Occidente”.

Egle Samuchovaite, directora de Programas de la Cruz Roja lituana, asegura que lo que está viviendo Lituania en la frontera es “inédito”. Describe cómo los migrantes —en su mayoría iraquíes, pero también cameruneses, guineanos...— atraviesan el bosque a pie, entran por las zonas de la frontera que están menos vigiladas y automáticamente piden el asilo en suelo lituano, que es suelo comunitario. Samuchovaite alerta, además, del creciente rechazo de la población hacia los migrantes, especialmente por parte de los vecinos de localidades fronterizas.

Contrabando

Lituania es un país que no está acostumbrado a un panorama migratorio equiparable al del sur de la UE, con cruces ilegales, vallas y operaciones de Frontex. “Aquí estábamos acostumbrados al contrabando de tabaco de Bielorrusia. Todo esto es nuevo”, lamentó a Reuters Povilas Vitkus, un guardia fronterizo.

Lukashenko, por su parte, niega que esté utilizando los flujos migratorios como arma de desestabilización. Y lejos de amedrentarse ante una represalia de Occidente, advirtió: “No vamos a retener a nadie. No vienen a Bielorrusia, sino que van a la cálida, cómoda e iluminada Europa”, dijo el mandatario en tono de mofa en unas declaraciones recogidas por la BBC. Como indican los expertos, “esto no es un problema entre Lukashenko y Lituania, sino entre Lukashenko y la UE”, dice Tiilikainen.

De hecho, la tensión entre ambos bloques se ha ido elevando hasta tal punto que Washington, aliado en la OTAN de Lituania, se ha mostrado “preocupado” y ha asegurado que está siguiendo la situación “muy de cerca”, según informa Reuters.

Tiilikainen no duda a la hora de decir que Minsk “convierte en armas a los migrantes” y asegura que estos cruces masivos y puntuales de fronteras entran dentro de las “amenazas híbridas” para Occidente. Por eso, opina, tanto la UE como la OTAN “deben lanzar un mensaje común que diga que la respuesta será conjunta”. De hecho, recuerda Tiilikainen, hay un debate en el seno de la Alianza Atlántica sobre si este tipo de actos híbridos pueden invocar el artículo 5 de la OTAN, que estipula la defensa mutua. “Es difícil decidir esto. La OTAN lo está estudiando”, cuenta. Lenoir-Grand Pons opina, sin embargo, que “la posible respuesta occidental se puede esperar en el marco de las sanciones y, en el caso de la OTAN, con un batallón disuasorio en cada país báltico [Estonia, Letonia, Lituania] más Polonia”.

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La investigación, encabezada por la holandesa Tineke Strik, de Los Verdes, se centra en las decenas de denuncias por parte de ONG, artículos de prensa y organismos internacionales de malas prácticas, a veces con violencia, y devoluciones en frontera en alta mar —lo que ahora se denomina pushbacks— por parte de agentes de Frontex pertenecientes a la policía de Estados miembros. Unos actos que en el último año han convertido a Frontex en el objetivo de todas las críticas y han situado a su máximo responsable, Fabrice Leggeri, bajo la lupa de eurodiputados, ONG, la Oficina Antifraude (Olaf) y hasta el Tribunal de Cuentas de la UE. El pasado 20 de junio, coincidiendo con el día mundial del refugiado, varias ONG y activistas pusieron en marcha una campaña coordinada en diferentes puntos de la UE para exigir la abolición de la agencia.

El esperado documento, de 21 páginas, corrobora que estas actuaciones ilícitas sí se produjeron, pero estipula, a petición expresa del Partido Popular Europeo (PPE), que la agencia europea no es “directamente” responsable de ello; y achaca lo sucedido a la ausencia de medios, como oficiales expertos en derechos humanos y la falta de coordinación en las operaciones de vigilancia y rescate con las autoridades del Estado miembro donde se llevan a cabo, en referencia a Grecia. Hay “deficiencias en los mecanismos de Frontex para monitorear, informar y evaluar situaciones de derechos fundamentales”, han consensuado los europarlamentarios. Pero para algunos analistas como Mariana Gkliati, experta en inmigración de la Universidad de Leiden, el hecho de que por un motivo u otro Frontex no cumpliera con sus obligaciones de proteger los derechos humanos significa que “ha violado los derechos humanos en sí”, explica.

La investigación ya nació a principios de año rodeada de polémica ante la negativa de ciertos grupos de la Eurocámara, fundamentalmente de la derecha, de poner a Frontex bajo el escrutinio y con unas acusaciones tan graves. Sin embargo, la presión de ONG y organismos internacionales -como por ejemplo Amnistía Internacional o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)- forzó a la Eurocámara a crear un grupo de expertos para dirimir responsabilidades ante la opinión pública. “Recuerdo que Frontex tiene que rendir cuentas ante el Parlamento europeo”, advirtió este jueves la maltesa Roberta Metsola, del PPE, en la presentación del informe este jueves en la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) de la Eurocámara en Bruselas.

Tras meses de entrevistas, visitas al terreno y audiencias a las partes, el informe ha visto por fin la luz con notables divisiones. La izquierda lo tacha de tibio, pero fuentes del grupo de investigación consideran que “dadas las circunstancias” y las dinámicas parlamentarias, las conclusiones son “honestas”. Las conclusiones fueron aprobadas por mayoría, pero cada grupo tiene una opinión muy perfilada y marcada respecto a Frontex y su director, Fabrice Leggeri.

La eurodiputada Strik, cuyo grupo parlamentario ha sido uno de los más duros contra la agencia bajo el mando de Leggeri, dijo antes de la publicación del informe que ya no confiaba en el directivo francés. “¿Podemos tener confianza en este director ejecutivo para aplicar las recomendaciones [del informe] y realmente convertirlo en una agencia sensible para con los derechos humanos? Mi grupo [Los Verdes], ya no confía en él. Creemos que sería sensato que [Frontex] comenzara la búsqueda de un nuevo director ejecutivo”, declaró al diario británico The Guardian.

Críticas al director ejecutivo

Pese a que el francés no es nombrado directamente con nombre y apellido ni una sola vez en el documento, el grupo de expertos dedica todo un capítulo a volcar crítica tras crítica contra él. “Ha quedado claro que el director ejecutivo [Fabrice Leggeri] en repetidas ocasiones no respondió a recomendaciones, opiniones, consejos, evaluaciones o solicitudes de información tanto de la oficial de derechos humanos como del consejo consultivo”. El grupo lamenta que Leggeri “no haya respondido o dado seguimiento a las numerosas expresiones de inquietudes, recomendaciones, opiniones u observaciones presentadas por la oficial de derechos humanos en el transcurso de cuatro años”.

De hecho, durante estos últimos meses, la Comisión Europea instó a Leggeri hasta dos veces por carta a que enviase información relevante —un dispositivo USB con contenido grabado por las autoridades turcas que contiene imágenes de alto voltaje de decenas de devoluciones en caliente en el Egeo— para que el grupo de investigación pudiera efectuar sus pesquisas. Matsola ha anunciado este jueves que han sido las autoridades turcas las que finalmente han hecho llegar ese dispositivo al Parlamento Europeo, y que su contenido ya ha sido descargado en los ordenadores del grupo que investiga a Frontex.

Además, los 15 eurodiputados, asistidos durante estos meses por analistas y expertos en materia migratoria internacional, dicen que han observado “con preocupación” que Leggeri “está retrasando la contratación de los tres directores adjuntos”, como táctica para no delegar poder, aseguran fuentes comunitarias. Estos nombramientos de los tres directores estaban previstos para la pasada primavera.

Dado que los fondos económicos de Frontex aumentan exponencialmente y que los Estados miembros son extremadamente celosos a la hora de delegar la gestión de sus fronteras y de la inmigración, especialmente los países Mediterráneos, las luchas de poder por una dirección adjunta en la agencia llevan semanas librándose en los pasillos, con España peleando por uno de los puestos. En este sentido, el grupo de la Eurocámara dice estar “muy preocupado por la insuficiencia de controles y equilibrios [de poder] dentro de la Agencia”.

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Löfven ha recibido el apoyo de 116 diputados, 60 abstenciones y 173 votos en contra en el Riksdag (Parlamento de 349 escaños). El sistema sueco estipula que un primer ministro puede ser investido siempre y cuando no tenga una mayoría en contra con lo que, por la mínima, el antiguo sindicalista, de 63 años, vuelve a los mandos del país de diez millones de habitantes. El voto imprescindible se lo ha dado Nina Lundström, que ha decidido en el último momento romper con la disciplina de su partido (Liberales), que ha votado en contra, y abstenerse.

“Sacaremos a Suecia de la crisis”, dijo el mandatario en una rueda de prensa posterior a la votación en el Parlamento. En el acto, el socialdemócrata ha delimitado el futuro más inmediato del país: más gente trabajando con mejores condiciones laborales, lucha contra el crimen, lucha contra el cambio climático y mejora del Estado de bienestar. Löfven hará público este viernes su Gabinete de ministros, aunque la expectación y el interés ha bajado considerablemente: se esperan las mismas caras (del partido Socialdemócrata y el partido Verde), según los medios suecos, aunque hay lugar para las sorpresas, según escribe el Aftonbladet. Marja Lemne, politóloga de la Universidad de Södertörn citada por aquel medio, cree sin reparos que habrá un “claro giro a la izquierda” en el Ejecutivo.

La crisis empezó el 21 de junio, cuando una moción de censura tumbó, por primera vez en la historia, a un político en Suecia. La iniciativa había sido presentada por la extrema derecha de los Demócratas Suecos, pero fue apoyada, además de por la oposición conservadora (Moderados, Liberales y Demócrata Cristianos), por sus socios externos de investidura del partido La Izquierda. La espita fue un intento de reforma del mercado del alquiler para liberalizar los precios en las viviendas de nueva construcción, línea roja insalvable para La Izquierda, un partido con raíces comunistas. Löfven perdió la moción y durante una semana estuvo valorando si dimitir, pasando así la pelota al tejado del Riksdag para que encontrase un nuevo primer ministro, o convocar elecciones anticipadas, lo que a su juicio era innecesario debido a las condiciones de provocadas por la pandemia de coronavirus -con 14.633 fallecidos y 1.091.730 contagios, según la Universidad John’s Hopkins- y a que en poco más de un año había agendada otra cita electoral.

Löfven, que está considerado como un gran estratega y negociador por los analistas, finalmente presentó su dimisión para evitar elecciones el 28 de junio -”no es lo mejor para Suecia”, dijo- y para mantenerse en el candelero. Sabía ya de antemano que la aritmética parlamentaria jugaba a su favor y que las encuestas de intención de voto no se habían movido ni un ápice: todas le seguían dando como favorito. El presidente del Riksdag, el conservador Andreas Norlén, dio paso inmediatamente al talmansrunda, un proceso de rondas de contacto con los líderes de los grupos con representación parlamentaria para intentar que alguno formase un Gobierno alternativo hasta las elecciones de septiembre de 2022. Norlén quería que el proceso fuera rápido y dichas rondas duraron tan solo una mañana.

El líder de la oposición conservadora, Ulf Kristersson (Moderados), fue el primero en intentar sacar adelante una alternativa a Löfven, pero la semana pasada no consiguió los apoyos suficientes en el Riksdag. Norlén encargó después a Löfven volver a intentarlo. Este, en el segundo intento (la Constitución otorga hasta un máximo de cuatro votaciones antes de ir a elecciones anticipadas obligatoriamente), ha conseguido recuperar la confianza necesaria para volver a coger los mandos del país y evitar unos comicios. Nada cambia, salvo que durante todo este proceso La Izquierda se apuntó una “gran victoria”, según los expertos, al forzar a Löfven y sus socios liberales de investidura (Centro), capitaneados por Annie Lööf, a retirar inmediatamente su propuesta de liberalizar el mercado del alquiler de vivienda de nueva construcción.

Pese a los contratiempos, el único primer ministro varón en la región nórdica sigue inamovible al frente del país desde 2014. Pero ahora camina por arenas movedizas hasta las elecciones del año que viene. Y es que ha asegurado -o más bien amenazado- que si no consigue el apoyo suficiente para aprobar los presupuestos en otoño, volverá a dimitir.

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Para el director del StratCom, centro abierto en la capital de la república báltica en 2014 cuando el Este de la UE puso las espadas en alto ante el avance de Rusia a raíz del conflicto en Ucrania, “los datos [su manejo] serán en el futuro una de las amenazas a la seguridad nacional” de las democracias occidentales. El directivo explica que a veces es difícil identificar si las amenazas exteriores vienen de los Gobiernos o de grupos afines, pero sí deja claro que es un problema en el que están implicados “Rusia y, hasta cierto punto, China”, y a los que se están sumando cada vez más países. “Irán, Venezuela, México y Brasil”, enumera. Mientras se baja levemente la mascarilla azul para dar un sorbo a un café, Sarts, de 48 años, añade a la lista a Filipinas. El país del sudeste asiático no solo se está haciendo un hueco en esa lista de “actores estatales” que actúan con fines maliciosos en el ciberespacio, sino que se está convirtiendo en el “kilómetro cero de la desinformación” en el mundo por su amplio uso del inglés como idioma; conocimientos informáticos y tecnológicos decentes, y un Gobierno, el de Rodrigo Duterte, que es “tímido” a la hora de atajar estas actividades, dice el experto.

El letón, de visita en España para tratar temas de seguridad nacional con Exteriores y Defensa, está preocupado por el “rápido avance de la tecnología” a nivel global, que ha implicado una mayor polarización política y social. “Hay más desacuerdos internos y más pronunciados, hasta el punto de que casi no existe la posibilidad de encontrar un término medio de entendimiento [entre dos partes enfrentadas]”, lamenta. Sarts, que lleva años observando actos “hostiles” en el ciberespacio, a través de intentos de manipulación de la opinión pública o procesos electorales, considera que ahora la atención debe dirigirse a otra amenaza: la manipulación y la desinformación a través de la compra de big data con fines maliciosos. “Con la compraventa de grandes cantidades de datos personales [big data] ahora cualquiera puede saber cómo pensamos, cómo nos movemos, qué nos gusta... De esa manera se puede manipular de forma mucho más sofisticada nuestro comportamiento en un sentido u otro”, explica. Eso es justo lo que puso de manifiesto en 2019 el comportamiento del soldado John, recuerda. Y es que “nadie está preparado para esta amenaza”.

“En China ya se está controlando todo a partir de los datos, la vigilancia constante, la inteligencia artificial. Esto es el máximo control de los comportamientos y de los pensamientos”, algo que ve peligroso.

El equipo de 14 nacionalidades que pilota Sarts puso recientemente en marcha un experimento para ver hasta qué punto el manejo de datos personales es realmente un arma y representa una amenaza para la seguridad de los Estados. “Compramos a un broker datos de 100.000 vecinos de Riga. Miramos qué tipo de información había y si potencialmente podía ser utilizada con objetivos malignos. Hicimos microfocalización [el llamado microtargeting] a cada uno de ellos para saber dónde vivían, qué familia tenían, qué les gustaba o cómo se movían”, ilustra. Finalmente, el StratCom llegó a la conclusión de que el mercado europeo está legalmente mejor protegido que el estadounidense; que los usuarios que se mueven por la red en varios idiomas están más expuestos, y que la información comprada al broker era suficiente para que un criminal pudiera entender quién es esa persona y manipular sus comportamientos. “O sea que sí. El manejo del big data representa una amenaza a la seguridad nacional”, insiste Sarts. Pese a todo, el experto argumenta que Europa está a la vanguardia en cuanto a la protección de información personal gracias al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) de 2018, por delante incluso de Estados Unidos.

Frente a las nuevas amenazas, menos reconocibles por el público, también se siguen produciendo ciberataques contra instituciones o empresas estratégicas, como ha sucedido en las últimas semanas en Estados Unidos con el caso de un oleoducto y una firma cárnica. “Aún es pronto para sacar conclusiones [de esos ataques], pero resulta interesante el momento en el que han sucedido”, desliza en referencia a la cercanía en el tiempo de la esperada reunión entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, que tuvo lugar en Ginebra (Suiza) el 16 de junio.

Elecciones en Alemania y Francia

En este sentido, y ante dos citas democráticas muy importantes —las elecciones en Alemania el próximo septiembre y las presidenciales francesas en 2022—, Sarts reconoce estar “preocupado”. Admite que Rusia tiene un interés por desestabilizar y polarizar a la sociedad en la UE. En cambio, considera que China no tiene interés alguno en estos comicios.

El director del StratCom, que colabora con la OTAN aunque formalmente no depende de ella ―lo financian Estados adscritos al centro, pero no todos están la Alianza Atlántica―, asegura que tanto Francia como Alemania llevan un tiempo preparándose para una posible injerencia electoral, pero insiste en que “será difícil” identificar a posibles responsables. En el caso de Rusia, o de actores cercanos a la órbita del Kremlin, es especialmente complicado, dice, porque su modus operandi consiste en mimetizarse lo más posible con la sociedad, con grupos y fuerzas desestabilizadoras internas del propio país afectado. De todas formas, continúa Sarts, “hay signos de que Europa está reconociendo que existe un problema y que hay algunas soluciones en el frente tecnológico que está liderando, como la GDPR. Pero no es suficiente”, insiste.

El experto apunta a la combinación de tres factores para que Europa y Occidente afronten estos desafíos futuros: más educación, más regulación y mayor capacidad de los Estados para identificar quién y para qué se utilizan los datos de los ciudadanos. “Nadie lo está controlando bien”, advierte.

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Durante 2020, los diferentes países de recepción de migrantes tuvieron que hallar una fórmula equilibrada entre las restricciones contra el coronavirus -fundamentalmente de movilidad- y el respeto al derecho al asilo para personas que necesitan protección internacional. De hecho, la EASO matiza en su informe, de 32 páginas, que “la caída en las solicitudes se debe principalmente a las restricciones de movilidad y no a que haya habido un descenso en el número de personas que necesitan protección internacional”. Esa falta de movilidad también se tradujo en un estancamiento en el número de reasentamientos, es decir, el traslado de refugiados de un país de acogida a otro Estado que se compromete a otorgarles residencia permanente. Pese a todo, indica la EASO en su informe, “los países continuaron sus esfuerzos a través de entrevistas en remoto”.

Como consecuencia de la disminución de solicitudes, las autoridades se vieron algo más liberadas para ir adelantando trabajo atrasado y dar salida a casos que estaban a la espera de una decisión oficial. Pero pese a que la cantidad de casos pendientes se redujo en un 18%, la cantidad de expedientes (773.600) que todavía espera respuesta supera los niveles alcanzados antes de la crisis de 2015. Por primera vez desde 2017, las resoluciones de las demandas de asilo emitidas por los países de la UE (más Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) superaron en número a las solicitudes presentadas, de acuerdo con el documento de la agencia Europea que en 2020 cumplió 10 años.

Pese al desplome general en las demandas de asilo, algunos países de la UE registraron un fuerte aumento de ellas, como en Rumania y Bulgaria, donde en 2020 aumentaron un 138% y un 64% respectivamente. Y es que pese a que la ruta en el mar Egeo que conecta Turquía con las islas griegas se haya prácticamente desactivado, cientos de miles de migrantes permanecen aún varados en los Balcanes. El cruce de fronteras en esta zona del Viejo Continente va en aumento y los primeros países de la UE a los que acceden estas personas son precisamente Bulgaria y Rumania, aunque ninguno de los dos forma parte del espacio Schengen, que consagra la libre circulación de personas en algunos Estados miembros. Hungría, que tiene frontera con Serbia, ha levantado durante el último lustro una gran valla fronteriza; y Croacia aplica, con la colaboración de agentes de Frontex (la Agencia Europea de Fronteras y Costas) una dura política de vigilancia en su límite territorial, también con Serbia.

En 2020 no solo hubo una disminución generalizada en el número de llegadas a las fronteras exteriores de la UE, sino que además se puso de relieve un cambio de tendencia en las diferentes rutas hacia Europa. La travesía del Mediterráneo oriental (Grecia) tuvo menos llegadas en comparación con 2019, mientras que las rutas de África occidental, el Mediterráneo central y los Balcanes occidentales experimentaron un aumento. Pese a que las llegadas de migrantes afectan siempre a los países de primera recepción -los ribereños del Mediterráneo: España, Italia y Grecia, principalmente-, dos tercios de todas las solicitudes de asilo en 2020 se presentaron en solo tres Estados: Alemania (122.000), Francia (93.000) y España (89.000).

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Löfven, animado por sus socios liberales de investidura, el partido Centro, había abierto hacía un par de semanas la posibilidad de liberalizar el mercado del alquiler -extremadamente regulado en el país- para los casos de viviendas de nueva construcción. Desde el auge del modelo sueco de bienestar, impulsado por el desaparecido Olof Palme en los ochenta, el mercado inmobiliario del país escandinavo estaba totalmente encorsetado por el Estado y ha formado una burbuja, especialmente en Estocolmo, la capital, que sufren millones de inquilinos que se ven obligados a aguantar unas interminables listas de espera para acceder a una vivienda.

Esta cuestión es una de las principales preocupaciones de la sociedad y de la clase política en Suecia. Tanto es así, que Löfven prometió en su campaña electoral de 2018 que la afrontaría. Aunque no detalló cómo. En enero de 2019, cuatro meses después de las elecciones en las que se proclamó vencedor, Annie Lööf, líder del Partido Centro (liberal), decidió romper con la alianza de derechas opositora para desbloquear la situación de ingobernabilidad y finalmente ofrecer su apoyo externo a Löfven para que pudiera ser investido primer ministro, revalidando así su mandato por otros cuatro años más. Pero había un precio: liberalizar el mercado de las viviendas, al menos el de las casas de nueva construcción. Y Löfven cedió.

Tan solo abrir ese debate a consultas de expertos representaba una línea roja para los socios externos de Löfven de La Izquierda, con raíces comunistas, y así se lo habían advertido durante meses. Finalmente, el lunes pasado, y viendo una oportunidad de debilitamiento de Löfven, la extrema derecha de los Demócratas Suecos (tercera fuerza parlamentaria) presentó una moción contra el líder socialdemócrata que fue respaldada ampliamente por la Cámara: 181 votos favorables, seis más de los estrictamente necesarios. “Es un momento histórico porque nunca un primer ministro, ni siquiera un ministro, había caído en una moción de censura”, analiza al teléfono el politólogo Ulf Bjereld, de la Universidad de Gotemburgo. En su comparecencia de este lunes, un serio Löfven ha atribuido la responsabilidad del nuevo escenario de inestabilidad política a La Izquierda: “Ellos votaron [en la moción de censura] para tumbar al Gobierno sin tan siquiera tener preparada una alternativa”, ha lamentado.

Durante los últimos siete días, el antiguo sindicalista ha mantenido intensos contactos con el resto de fuerzas parlamentarias para evitar lo que ya es un escenario inédito en Suecia. Incluso Lööf, ante este terremoto político, y para evitar elecciones, dio su brazo a torcer retirando la exigencia de reforma del mercado del alquiler de viviendas de nueva construcción. “Eso ha sido una gran victoria para La Izquierda”, interpreta Bjereld, reputado comentarista político en Suecia. Pero era ya demasiado tarde y el cronómetro corría a toda velocidad en contra del único primer ministro hombre de la región nórdica.

Calificado por los analistas como un gran negociador, Löfven mantenía algún resquicio de esperanza para poder convencer al resto de grupos de que no había ninguna alternativa factible -es decir, dejando fuera a la extrema derecha sobre la que tradicionalmente se ha impuesto un cordón sanitario, aunque poco a poco se vaya aflojando- a su Gobierno de coalición rojiverde (por su alianza con los ecologistas) en un Riksdag muy fragmentado. Quería convencer también de que unas elecciones anticipadas tampoco era lo ideal en un momento como el actual y que él no las iba a facilitar. “A un año de las elecciones [previstas para septiembre de 2022] y en medio de una pandemia, unos comicios extraordinarios [anticipados] no son lo mejor para Suecia. He pedido la dimisión como primer ministro”, ha declarado solemne Löfven en una rueda de prensa en la que ha confesado que la de este lunes ha sido “la decisión más difícil” que ha tomado.

Rondas de negociación

Norlén, del partido conservador Moderados, abrirá mañana mismo el talmansrunda, un periodo sine die -se puede alargar, incluso, hasta las elecciones agendadas para septiembre de 2022- de rondas de negociación con líderes de otras fuerzas para intentar formar un Ejecutivo que sea aceptado por el Riksdag. Mientras, Löfven seguirá al mando del país en funciones. “[El primer ministro en funciones] Puede seguir haciendo casi de todo, excepto convocar elecciones”, explica el politólogo de la Universidad de Gotemburgo. De hecho, la Constitución sueca prohíbe que en estas circunstancias nadie convoque elecciones. Esto obliga a que el Parlamento tenga que votar hasta un máximo de cuatro veces las propuestas de candidato a primer ministro de Norlén. Si ninguna es aceptada, Suecia irá a sus primeras elecciones anticipadas desde 1958. Los analistas, sin embargo, no creen que llegue la sangre al río y estiman que todo el proceso, hasta que Suecia alumbre un nuevo Gobierno, durará entre dos y cuatro semanas.

Pero Bjereld y otros expertos citados por la prensa local apuntan a que Löfven, con un 24% de apoyo en las últimas encuestas y 100 diputados (de 349), seguirá en la palestra de cara a formar un nuevo Gobierno. Y tanto es así que será el primer líder en reunirse con Norlén. La alternativa más evidente se llama Ulf Kristersson, líder de los Moderados, cuyo apoyo es del 22% en las encuestas de intención de voto y cuenta con 70 escaños en el Riksdag. Pero lo tendrá difícil porque las cuentas no le salen. “Si existen las mínimas condiciones, estaré dispuesto a aceptar [formar un Gobierno]”, declaró Kristersson horas después de la dimisión de Löfven.

El líder conservador, junto a los demócrata cristianos, ha mostrado en los últimos años señales hacia una ruptura del cordón sanitario contra la extrema derecha de los Demócratas Suecos, y este lunes Kristersson lo ha confirmado: “Los Moderados y los demócratas cristianos estamos listos para formar un Gobierno que pueda hablar con todos en el Riksdag de Suecia”. Pero ni siquiera con un potencial apoyo de los ultras -que sería algo histórico en Suecia- tienen el apoyo suficiente en la Cámara para formar un Gobierno alternativo al del bloque de la izquierda liderado por Löfven. Desde que el socialdemócrata revalidó en las urnas su mandato en 2018 hasta que pudo formar un Gobierno pasaron 134 días. Suecia ha vuelto hoy a activar el cronómetro político.

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El principio del fin de Löfven empezó a finales de la semana pasada, cuando su Gobierno, junto a Annie Lööf, la líder liberal de Centro -gracias a la cual Löfven pudo ser investido en enero de 2019, después de cuatro meses de bloqueo político-, anunció que se disponía a liberalizar las rentas de los alquileres en las casas de edificios de nueva construcción. Esta medida “fue una de las contrapartidas del socialdemócrata para granjearse el apoyo de Lööf en su investidura”, aclara al teléfono Ulf Bjereld, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo. Para La Izquierda, sin embargo, el tema de la vivienda es una línea roja que el Gobierno socialdemócrata no debía cruzar, y así lo advirtió varias veces en el pasado. El mercado regulado del alquiler, dice la formación de raíces comunistas, es la base del modelo sueco del Estado de bienestar. Con la propuesta de liberalizarlo para las viviendas de nueva construcción, los socialdemócratas “han abandonado al pueblo sueco”, ha lamentado la líder de la formación, Nooshi Dadgostar, en su discurso de este lunes en el Riksdag.

Löfven ya llevaba en su programa electoral de 2018 la intención de resolver el problema del acceso a la vivienda -con listas de espera de décadas- con la construcción de más casas. Lo que no especificaba, sin embargo, era que iba a liberar ese mercado de una rígida estructura levantada en los años del auge del modelo sueco de la mano del desaparecido primer ministro Olof Palme. “La peor burbuja inmobiliaria”, llegó a escribir el medio financiero estadounidense Bloomberg sobre la situación del acceso a la vivienda en el país nórdico más poblado (10,2 millones de habitantes). Las intenciones de liberalizar este mercado llegaron en enero de 2019, cuatro meses después de que los ciudadanos acudieran a las urnas, con el pacto de investidura junto al partido liberal Centro de Lööf. “El primer ministro no apoya la medida, pero fue un compromiso”, afirma el profesor de Gotemburgo.

Paradójicamente, explica Bjereld, la reforma del mercado del alquiler aún no se había presentado como tal en el Riksdag. Lo que había hecho el Ejecutivo, animado por sus socios de investidura, era abrir un debate con expertos sobre la liberalización de los alquileres que para La Izquierda era intocable. El jueves pasado, tras el rifirrafe entre los socios del Ejecutivo socialdemócrata, los ultras Demócratas Suecos (SD) avistaron una oportunidad para debilitar aún más a Löfven y se apresuraron a presentar una moción de censura en la Cámara, según cuenta la Radio Sueca. El socialdemócrata “nunca debía haber ocupado el poder”, ha dicho el líder ultra, Jimmie Åkesson. Después de duras negociaciones durante todo el fin de semana entre las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria, este lunes, poco antes de las 11.00 y con todas las medidas de seguridad a causa de la pandemia de la covid-19, el Riskdag ha terminado por quitarle la confianza a Löfven con 181 votos a favor de un total de 349 diputados. La moción hubiera prosperado con 175 votos favorables.

“Lo que estamos haciendo hoy [por este lunes], no lo hacemos a la ligera. Hemos hecho todo lo posible para resolver la situación. Pero cuando nadie más quiere contribuir a una solución, terminamos aquí. Está en línea con lo que prometimos [a nuestros votantes]“, ha dicho la líder del Partido La Izquierda, Nooshi Dadgostar, en un discurso en el Riksdag antes de la votación, refiriéndose a un ultimátum sobre el cambio en las normas que regulan los alquileres. Dadgostar recordó que a la hora de apoyar el Gobierno rojiverde, ya tenían como línea infranqueable la subida de los precios del alquiler: “Ya dijimos entonces [2019] que un límite para nosotros era el punto de las rentas de mercado y las rentas elevadas (...) No se pueden implementar rentas de mercado”, ha remarcado hoy en su discurso, hecho público en su cuenta de Facebook. La líder, que pese a lo acontecido hoy continúa tendiéndole una mano al primer ministro, se reafirma y asegura que solo han “mantenido su palabra” frente a sus votantes, y frente a más de tres millones de arrendatarios.

Entre la espada y la pared

El histórico sindicalista, de 63 años, se ve ahora entre la espada y la pared. Según la ley sueca, se abren dos caminos para el primer ministro, que desde ahora está en funciones. O renuncia a su cargo, o convoca elecciones anticipadas, algo que no ocurría en la potencia escandinava desde 1958, según Reuters. Pese a que las últimas datan de la semana pasada, las encuestas siguen dando como favorito al partido de Löfven. “Está en cabeza, pero su apoyo no crece”, matiza Bjereld.

Si el socialdemócrata se inclinara por dimitir, el presidente del Riksdag, Andreas Norlén, de los Moderados (conservadores), el único partido cuyos apoyos sí están aumentando tímidamente, tendría que iniciar el proceso conocido como talmansrunda. Consiste en mantener varias rondas de negociación para encontrar un Ejecutivo que sea mínimamente aceptado por la Cámara.

Valorado por los analistas como “excelente negociador”, a Löfven se le podría abrir también un tercer camino. Todavía tiene siete días para convencer a los diferentes diputados y grupos parlamentarios de que no existe ninguna alternativa posible a su Gobierno y que debería ser él el que lidere el país, aunque sea en funciones, hasta las próximas elecciones generales, agendadas para septiembre de 2022. “Durante esta semana [Löfven] debería encontrar un compromiso que una a Centro y a La Izquierda. Será difícil”, vaticina el profesor de Gotemburgo.

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“Detrás de cada número hay una persona forzada a dejar su hogar y una historia de desplazamiento, desarraigo y sufrimiento. Merecen nuestra atención y apoyo, no solo mediante la ayuda humanitaria, sino también con la búsqueda de soluciones a su difícil situación”, ha declarado Filippo Grandi, jefe de ACNUR, a través de un comunicado. El documento, además, hace mención especial al número de venezolanos que, sobre todo desde 2018, han abandonado el país sudamericano huyendo de las consecuencias del régimen de Nicolás Maduro: 3,9 millones de personas. Son un 8% más que el año anterior, que en la mayoría de los casos se han asentado en otro país sudamericano o España.

En la actualidad, el 1% de la humanidad está desplazada. El grueso de esas decenas de millones de almas que se han visto obligadas a dejar atrás sus ciudades, sus campos, sus casas, sus familias, lo ocupan los desplazados internos: 48 millones. Le siguen los refugiados: 26,4 millones de personas que han tenido que cruzar fronteras y pedir protección en otros países.

El extenso informe señala que Turquía continúa siendo el país que más presión migratoria soporta en cuanto a la acogida de refugiados: 3,7 millones de personas. Le sigue Colombia (1,7 millones que incluyen a venezolanos desplazados), Pakistán (1,4 millones), Uganda (1,4 millones) y Alemania (1,2 millones). Y es que, según la organización, que depende de la ONU: “La gran mayoría de los refugiados del mundo, casi nueve de cada 10 (86%), están acogidos en países vecinos a las zonas de crisis y en países con recursos medios o bajos”.

Alemania es el único país europeo en el ranking de ACNUR de los 10 países que más personas acogen. Con todo, el número de refugiados en Europa aumentó un 3%, entre otros motivos, por los desplazados que huyeron en 2020 del enquistado conflicto del territorio en disputa del Nagorno-Karabaj (o Alto Karabaj), que enfrenta a Armenia y Azerbaiyán desde hace décadas.

Después de 10 años de guerra en Siria, sus ciudadanos continúan encabezando los lamentables rankings de personas refugiadas: 6,7 millones en 2020. Les siguen aquellos ciudadanos que han huido de Venezuela (cuatro millones); de Afganistán (2,6 millones); de Sudán del Sur (2,2 millones); y de Myanmar, antigua Birmania (1,1 millones), posiblemente la mayoría de la minoría rohingyá, que se refugia en la vecina Bangladés.

El grueso del conjunto de desplazados tiene entre 18 y 58 años y está casi igual repartido entre hombres (29%) y mujeres (25%). Llama la atención, sin embargo, que hasta un millón de niños nacieron ya como refugiados en otro país. ACNUR estima que entre 2018 y 2020, unos 290.000 y 340.000 bebés han nacido de media cada año. La organización es pesimista y asegura que muchos de estos niños “pueden seguir siendo refugiados durante años”. Este es un punto especialmente sensible y en el que Grandi pone el acento al exigir a los países revertir la situación: “La tragedia de tantos niños y niñas nacidos en el exilio debería ser razón suficiente para maximizar los esfuerzos para prevenir y acabar con los conflictos y la violencia”. Pese a que los niños representan el 30% de la población mundial, cuando se trata de la población desplazada, representan el 42%.

Menos concesiones de asilo

Paradójicamente, mientras el número de personas que huyen de sus casas en busca de protección internacional aumenta, las concesiones de asilo descienden. Las solicitudes de asilo pendientes de respuesta a nivel mundial se mantuvieron casi en los mismos niveles de 2019 (4,1 millones), pero los Estados y ACNUR registraron conjuntamente alrededor de 1,3 millones de solicitudes individuales de asilo, un millón menos que en 2019 (43% menos).

Las regiones en las que más solicitudes de asilo se registran son Estados Unidos ―que cada año, desde 2015, va in crescendo―; y Europa, continente que lidera estas solicitudes desde al menos 2010, según datos de ACNUR. EE UU encabeza las solicitudes individuales de protección internacional con 250.800 tan solo en 2020. Le siguieron, muy de lejos, Alemania (102.000), España (88.800); y Francia (87.700). Venezolanos, afganos y sirios son los que más solicitudes de asilo registraron en 2020.

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El ministro Fernando Grande-Marlaska es parte de esta campaña y así se lo transmitió al director de Frontex, el francés Fabrice Leggeri, en una carta enviada el pasado 23 de mayo a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La misiva, además de rechazar el ofrecimiento de apoyo por parte de la agencia ante la crisis en Ceuta, abría una vía de persuasión para ganar poder en Frontex: “Continuaremos negociando, a nivel operativo y técnico, para encontrar el espacio idóneo que nos permita elevar nuestra participación en el futuro de la agencia, en sus distintos niveles de toma de decisiones y ejecución de acciones. Estoy seguro de que el valor que añade España a los desafíos comunes que nos afectan será tenido en cuenta para satisfacción de todos”.

Leggeri, sin embargo, no es quien elige a sus segundos. Por eso la presión que ejercen varios departamentos del Gobierno español se dirige a los miembros del Consejo de Administración de la agencia, donde altos mandos policiales de los Veintisiete —entre ellos dos españoles, uno de la Policía y otro de la Guardia Civil— defienden los intereses de las capitales y donde hay también dos representantes de la Comisión Europea. Fuentes conocedoras del proceso señalan, sin embargo, que España podría presionar más de lo que lo está haciendo.

España, a pesar de ser una de las principales puertas de entrada de la UE para la inmigración irregular, lleva años perdiendo influencia en la mayor agencia europea en términos de personal y presupuesto. Desde finales de 2015, cuando Gil Arias dejó el cargo de director adjunto, hay que bajar al cuarto escalón de mando para encontrar un representante español. La aspiración ahora es ocupar una dirección adjunta crucial, la que ostenta la gestión y el mando operacional de los 10.000 agentes armados que la agencia, con sede en Varsovia, pretende reclutar hasta 2027.

El candidato español es el inspector jefe de Policía Ramón Navarro Franch, experto en cooperación policial internacional que ejerció de enlace del Ministerio del Interior en Níger y Libia, países cruciales en las rutas migratorias hacia Europa. En la actualidad, Navarro, que al teléfono ha rechazado hablar con El PAÍS, ocupa el puesto de oficial de enlace de Frontex en Senegal, otro país estratégico en la ruta migratoria desde el continente africano hacia España, especialmente hacia el archipiélago canario, donde desde 2019 han llegado más de 30.000 migrantes. Pese a que la negociación sigue abierta, fuentes de la agencia ven muy complicado el nombramiento del español, ya que compite con otros candidatos de grandes socios como Alemania, los países nórdicos o el grupo de Salzburgo (Austria, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia). Los otros dos puestos directivos, ahora vacantes, están en liza entre Italia y Portugal, según las mismas fuentes. El proceso de selección, no obstante, no comenzará hasta septiembre, según un portavoz de Frontex.

Recelo español

Con el movimiento de Interior, España busca influir en las decisiones que se toman desde la agencia y que, aunque la afectan directamente, no siempre tienen en cuenta los intereses del país. La relación de España con Frontex no es fácil y arrastra desencuentros por espacios de poder desde hace años. La agencia, que está en plena fase de crecimiento e influencia en la política migratoria europea, quiere, por su lado, un papel más relevante en las fronteras exteriores de España —como en Ceuta o Melilla y Canarias—, pero las fuerzas de seguridad españolas se resisten a que oficiales extranjeros se inmiscuyan en sus competencias. Los agentes españoles se quejan a menudo del desconocimiento de la realidad migratoria española que los enviados de Frontex —oficiales jóvenes, en ocasiones con poca experiencia y de países con realidades y culturas tan diferentes como Letonia, o Finlandia— demuestran sobre el terreno, y su falta de operatividad. Esto último acaba de ser constatado por el Tribunal de Cuentas de la UE en un durísimo informe en el que tacha a la agencia de “ineficaz”.

El recelo español, reflejado en parte en ese informe, se traduce en el limitado despliegue que Frontex tiene en sus fronteras. De los grandes países mediterráneos, España es el que menos presencia de la agencia mantiene. Hay tres operaciones, una en el Estrecho y el mar de Alborán (Operación Indalo), otra menor en Canarias, y la que se pone en marcha cada año por estas fechas con la Operación Paso del Estrecho (Minerva), aun cuando Marruecos excluye a los puertos españoles. Frontex despliega para todas ellas alrededor de 200 efectivos, dos aviones, un helicóptero y un barco y un presupuesto superior a los 16 millones de euros en 2020.

La agencia atraviesa la peor crisis de reputación de su historia. Entre los frentes que tiene abiertos hay una investigación del Parlamento Europeo sobre posibles violaciones de derechos humanos en el mar Egeo y está previsto que el informe final que elabora un reducido grupo de eurodiputados y expertos sobre estas presuntas malas prácticas de miembros de la agencia vea la luz a finales de mes o a principios del que viene. Con todo, Leggeri renovó hace poco su mandato y es previsible que se quede al frente hasta 2025. Eso, si consigue esquivar cada escándalo que prácticamente cada mes aparece contra la agencia.

Con información de Guillermo Abril.

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El “escándalo”, como lo han calificado algunos políticos europeos de países afectados como Alemania, Suecia, Noruega y Francia, empezó en 2014. Fue aquel año cuando Thomas Ahrenkiel, jefe del Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca (FE, por sus siglas en danés), comenzó a investigar internamente si EE UU, donde gobernaba la Administración de Barack Obama, llevaba tiempo abusando de su acuerdo de colaboración con Dinamarca en asuntos de espionaje. De hecho, justo un año antes, en 2013, Merkel ya había expresado su malestar al líder estadounidense, por lo que tachó de “inaceptable espionaje entre amigos”.

Las pesquisas del FE, llevadas a cabo por cuatro hackers, continuaron su curso y se centraron en escuchas telefónicas, interferencias en los cables submarinos de conexiones a internet y mensajes de texto, a los que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés) de EE UU pudo tener acceso gracias a ese pacto con Copenhague. Las informaciones obtenidas por la NSA afectaban a socios y aliados del más alto nivel en la escena internacional, como la canciller Merkel, el entonces ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier (actual presidente de la república federal) o líderes de los vecinos escandinavos cuyos nombres no han trascendido a la prensa, entre otros. Tras un año de investigación, Ahrenkiel demostró en 2015 que ese espionaje de la NSA a través del FE fue real y que sucedió entre 2012 y 2014. Así lo constató en un informe llamado Operación Dunhammer (junco, en danés) que ahora copa toda la atención mediática de Escandinavia y Alemania y que también ha llegado hasta Bruselas.

“El caso se remonta a hace años. Pero si la información es cierta, no es aceptable, menos aún entre aliados europeos”, afirmó Macron, tras las consultas intergubernamentales en formato virtual con Merkel que este lunes mantuvieron los dos dirigentes, quien su expresó su “confianza” en que el Gobierno danés “aclare” lo ocurrido. Entre socios, más entre europeos, “no puede hacer espacio para la sospecha”, insistió Macron, quien indicó que su país ha pedido ya “información completa” a Dinamarca y que está a la espera de respuestas.

“Es extremadamente escandaloso y sorprendente”, ha lamentado este lunes Jens Holm, diputado en el Riksdag (Parlamento sueco). Holm ha insinuado también que la NSA ha podido interceptar comunicaciones no solo de los políticos de primera línea, sino de personas que contactan con ellos, como miembros de la oposición, grupos de presión y periodistas. “Es una violación de todos”, sostiene, según informa DR. Peer Steinbrück, del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y también víctima del espionaje estadounidense, ha calificado esta situación de “grotesca”. Steinbrück, que durante aquellos años fue candidato a la cancillería de la primera potencia económica europea, ha declarado sentirse dolido personalmente porque su familia materna es danesa y siente una profunda simpatía por este país. Francia también ha reaccionado y, a través de su secretario de Estado para Asuntos Europeos, Clément Baune, ha calificado lo ocurrido de “extremadamente grave”, según la agencia France Presse.

Además, el presidente galo, Emmanuel Macron, pidió tras una videoconferencia con Merkel que se esclarezca lo ocurrido de manera “inmediata”.

El Ejecutivo alemán, cuyos nombres son los únicos que de momento han salido a la luz en relación con este escándalo, se ha mostrado tibio en sus reacciones: “Sobre temas y actividades de espionaje no se habla públicamente, sino que se tratan en las correspondientes comisiones en el Parlamento”, dijo el portavoz del Gobierno, Steffen Seibert, que se limitó a un breve “tomo nota” sobre la responsabilidad de Copenhague en el espionaje estadounidense, apunta Reuters. Peter Hultqvist, ministro de Defensa sueco, pidió inmediatamente explicaciones al Gobierno danés: “Exigimos estar plenamente informados sobre los asuntos que conciernen a los ciudadanos, empresas e intereses suecos”. Esa línea ha adoptado también su homólogo noruego, Frank Bakke-Jensen.

Ante este aluvión de críticas y reacciones, la ministra de Defensa danesa desde 2019, Trine Bramsen, ha salido a capear el temporal y en un mensaje de calma ha declarado públicamente que “la escucha sistemática de aliados cercanos es inaceptable”. Pese a sus palabras, la investigación avala que los sucesivos Gobiernos, especialmente el Ministerio de Defensa, conocían la Operación Dunhammer al menos desde agosto del año pasado. Un dato significativo es que Bramsen frenó en seco el nombramiento de Ahrenkiel como embajador de Dinamarca en Berlín.

Thomas Wegener Friis, una eminencia en el sector de la inteligencia y la seguridad y profesor en la Universidad del Sur de Dinamarca, explica al teléfono que EE UU y Dinamarca mantienen en este ámbito una relación “histórica”. El país escandinavo tiene una relevancia especial para Washington por su situación en el mapa: en medio de la UE y bañado por las aguas del Báltico, un mar estratégico y militarizado por la cercanía de Rusia. Ilustra que desde los años cuarenta del siglo pasado, la cooperación con Washington ha sido fluida en cuanto al espionaje. El problema, cuenta, es que la información que circulaba hace décadas era sobre enemigos, pero que ahora es sobre “estrechos aliados”, dice en referencia a Alemania, Noruega, Suecia y Francia.

La información desvelada este domingo “muestra que ese pacto de colaboración [entre Washington y Copenhague] no era solo por los ‘chicos malos’, como Rusia o China, sino también por los países vecinos”, continúa Friis. El experto opina que el acuerdo de cooperación era fundamental para Dinamarca como nación pequeña, pero que este escándalo no solo muestra lo “problemático” que es compartir información con los estadounidenses, sino que abre ahora un “dilema genuino” en todo el sector del espionaje en Europa: “¿Tenemos que ayudar a Estados Unidos en detrimento de nuestros propios vecinos?”, se pregunta, para luego añadir que no se trata de acabar con las cooperaciones de este tipo, sino de dibujar “líneas rojas”.

Balones fuera

Ante este panorama que se abre ahora entre los Veintisiete, la Comisión Europea, sin embargo, ha echado este lunes balones fuera: “Los asuntos de los servicios nacionales de inteligencia son una competencia nacional, corresponde a las autoridades nacionales supervisar a sus propios servicios”, comentó en rueda de prensa un portavoz de la presidenta del brazo ejecutivo de la Unión, Ursula von der Leyen.

Pero es precisamente en el seno de la UE, y no en la OTAN, en cuya órbita caen todos los países, víctimas y verdugos, involucrados en este escándalo, donde Friis ve una amenaza. “En este marco, o todo se olvida hasta que en cinco, 10 ó 15 años salte un caso similar; o se abre definitivamente una discusión en Bruselas sobre si todo esto [espiar] es realmente necesario entre socios”, apunta. El otro escenario complicado se levanta ahora en Escandinavia: “Escándalos como estos rompen la confianza [un valor fundamental en la cultura política nórdica]. La gente está muy decepcionada”, avanza. De hecho Audun Lysbakken, líder del Partido de la Izquierda Socialista en Noruega, describe a la prensa local lo sucedido como un “abuso de confianza profundo, grave y perturbador”.

Pese a que en Dinamarca escándalos aparentemente menores al destapado este domingo provocan las dimisiones de ministros y responsables políticos, Friis no cree que este vaya a ser el caso. Los involucrados en él “eran otros políticos de otros Gobiernos que ahora están bien colocados en el sector privado”, apunta.

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“Libia no es un lugar seguro para el regreso o el desembarco de los inmigrantes rescatados en el mar”, alerta en su contundente informe Desprecio letal: búsqueda y salvamento y protección de los migrantes en el Mediterráneo central, de 37 páginas, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Desde enero de 2019, casi 27.000 personas han sido devueltas desde aguas internacionales —exactamente desde la zona llamada SAR (Search and Rescue, Búsqueda y Rescate)— a las costas libias. Expertos como Sara Prestianni, responsable de migración y asilo de EuroMed Rights, critican que sean países como Italia y Malta los que efectúen devoluciones en la frontera marítima —llamadas pushbacks— a través de “agentes externos” como la Guardia Costera de Libia, un cuerpo “entrenado, equipado y financiado por instituciones y países de la UE”, dice.

Cada vez son más los migrantes que quedan a expensas de la Guardia Costera libia en medio del mar. En 2019, 8.403 personas fueron interceptadas por estos guardacostas, con la violencia que conlleva, y devueltas a los puertos del país magrebí. En 2020, año en el que las llegadas a la UE por mar descendieron notablemente (95.031 frente a 123.663 del año anterior, según la ONU), este tipo de retornos, sin embargo, se hicieron más frecuentes: 10.352, según la misma fuente. En lo que va de 2021, ya son alrededor de 8.000, según denuncia en Twitter Safa Msehli, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Ginebra y experta en Libia.

Un grupo de migrantes bangladesíes relata en el informe publicado este miércoles: “Libia es horrible, no hay palabras para describir nuestro sufrimiento allí (...). La situación es tan insegura que uno debe arriesgar su vida en el agua”. La ONU les ha servido de altavoz: “Libia no es puerto seguro”, repite el documento.

Pero no solo para aquellos que transitan el Mediterráneo central. La llamada de atención del Alto Comisionado es un aviso para Gobiernos como el de Grecia, donde varias ONG documentan casi a diario, expulsiones de migrantes hacia Turquía por parte de los guardacostas helenos en el mar Egeo. Y, aunque en menor medida, también sucede en Chipre, que devuelve de manera forzosa a migrantes sirios a Líbano y Turquía, desliza Prestianni, autora de varios estudios al respecto. Ante esta situación, Bachelet ha dado un puñetazo encima de la mesa y ha pedido un giro radical en estas políticas migratorias que la UE y los países mediterráneos llevan a cabo contra los migrantes desde hace ya al menos tres años, cuando los retornos empezaron a tomar mayor relevancia.

Las travesías hacia Europa por el Mediterráneo, confirma el informe, están caracterizadas por “embarcaciones superpobladas y no aptas para navegar, que van a la deriva sin comida ni agua y donde el riesgo de volcar o ahogarse es constante”. Manjou (nombre ficticio), una mujer embarazada de Burkina Faso, perdió a su pareja cuando cayó por la borda durante una tempestad. Otros tres hombres murieron en su bote cuando, al cabo de los días, ya no quedaba más comida ni bebida. Algunas personas tenían tanta sed, cuenta la mujer según la ONU, que bebían agua del mar. Dos niños murieron por ello. “La verdadera tragedia es que una gran parte del sufrimiento y de las muertes en la ruta del Mediterráneo central son evitables”, lamentó Bachelet, quién ha urgido a Trípoli y a Bruselas a encontrar soluciones para poner fin a estos retornos.

En su informe de este miércoles, la ONU ha puesto el foco en el Mediterráneo central, una ruta que por otra parte es la más letal hacia la UE, con 2.739 fallecidos desde 2019. Solo en lo que va de año, unas 630 personas han perdido la vida en estas aguas, en su intento desesperado —después de meses varados en diferentes puntos de África, caminando por el desierto del Sáhara, y siendo víctimas de las mafias— por alcanzar suelo europeo. Esta cifra contrasta con las cinco muertes en el Egeo, y las 107 en el Mediterráneo occidental, según la OIM.

Basándose en entrevistas con víctimas y visitas al terreno, la ONU saca los colores a Bruselas y a los Veintisiete destapando fallos en los rescates por, entre otras razones, falta de transparencia y coordinación —”cada año, el socorro llega demasiado tarde, o no llega”, reconoce Bachelet—; obstáculos al trabajo de las ONG con la incautación de barcos y denuncias en juzgados contra miembros de la tripulación humanitaria; y torpezas en los desembarcos, con una atención muy precaria en los centros de recepción de migrantes. “Lo que les está sucediendo a los migrantes a lo largo de la ruta del Mediterráneo central es el resultado de un sistema fallido de gobernanza migratoria”, resume Bachelet.

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Sin contar con la entrada masiva desde Marruecos a Ceuta (España) el pasado lunes —entre 8.000 y 10.000 personas cruzaron de manera irregular por el espigón del Tarajal, aunque se devolvieron poco después forzosa o voluntariamente unas 7.500, según el Ministerio del Interior español—, de enero a abril de este año 36.100 migrantes han traspasado ilegalmente las fronteras exteriores de la UE, según el último informe de Frontex, que indica que esa cifra representa un tercio más que la registrada durante el mismo periodo de 2020: algo más de 24.000, según la misma agencia, aunque otras fuentes como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lo rebaja a unas 17.000. Tan solo el pasado abril, la agencia de control de fronteras exteriores de la UE registró 7.800 cruces ilegales, lo que cuadruplica el mínimo histórico alcanzado ese mismo mes del año anterior.

Este aumento no altera, sin embargo, la discreta tendencia a la baja respecto a dramáticos veranos como los de 2016 y 2017 que expertos como Gerald Knaus, fundador y presidente del centro de debate European Stability Initiative (ESI), han ido observando en la ruta del Mediterráneo Central, sobre todo desde 2018. “Desde hace tres años, la situación es estable desde un punto de vista histórico”, explica al teléfono desde Alemania Knaus, quien subraya que los 2014, 2015, 2016 y 2017 fueron años “excepcionales” con cientos de miles, a veces incluso superando el millón, de llegadas a causa, principalmente, de la guerra en Siria. Sara Prestianni, responsable del programa de migración y asilo de EuroMed Rights, una organización paraguas bajo la que operan 65 ONG, añade al teléfono desde Roma que, pese a que las llegadas han aumentado tímidamente por esta ruta, “Frontex no cuenta que la cifra más trágica son los retornados a Libia: 8.000 personas en 2021”.

La mortífera ruta del Mediterráneo central (573 ahogados en 2021, según la ONU), que conecta el norte de Libia y Túnez con Italia ha sido en la que Frontex, junto con la vía canaria, ha visto mayor actividad durante los cuatro primeros meses de 2021: las llegadas irregulares han aumentado allí un 153% con un total de 11.602 personas, sobre todo ciudadanos tunecinos y costamarfileños. Prestianni lo achaca, además de al buen tiempo ―un factor que siempre ha existido y por el que este verano se prevén más pateras―, a la utilización de la migración por parte de los países del Magreb y Turquía como arma de “chantaje” hacia la Unión Europa cuando se avecinan negociaciones. “A Lampedusa llegaron más de 2.000 migrantes justo dos días antes de una reunión del Consejo Europeo”, ilustra. “Aumentan las salidas desde Túnez y Libia por la lógica de presión política a la UE. Lo mismo acaba ahora de hacer Marruecos”, sostiene en referencia al aluvión de migrantes, muchos de ellos menores, que las autoridades marroquíes permitieron cruzar a Ceuta en lo que los analistas creen es una respuesta a la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Mariana Gkliati, investigadora en la Universidad de Leiden (Países Bajos) y experta en Frontex, reconoce que en los últimos tiempos se ha observado una “instrumentalización” de la situación de los refugiados.

En esa misma línea, un enérgico Knaus explica que, pese a que el número de llegadas a la UE esté aumentando, especialmente en el Mediterráneo central y en el Atlántico hacia Canarias, no es excesivamente elevado. Lo que existe, continúa, es la sensación de que hay constantemente una “guerra” en las fronteras europeas a causa de lo que él llama “momentos de pánico”, como lo ocurrido recientemente en Lampedusa y el pasado invierno en Canarias. “El peligro es que estos hechos son aprovechados por la extrema derecha, que nos insiste en que hay una guerra permanente en nuestras fronteras exteriores”, ilustra el experto para poner el ejemplo del éxito del discurso xenófobo de Marine Le Pen, en Francia; y de Matteo Salvini y Giorgia Meloni, en Italia.

Excepción

De todas las rutas migratorias hacia la UE cuyos flujos aumentan, la frontera entre Grecia y Turquía representa ahora una excepción. Pese al buen tiempo que suele imperar en esa zona en la que escasos kilómetros separan dos realidades tan distintas como son la Unión Europea y Oriente Próximo, las llegadas a Grecia desde territorio turco han descendido en lo que va de año un 58%, según Frontex. En los cuatro primeros meses de 2021, la agencia de fronteras ha identificado solo 4.828 cruces ilegales de personas que buscan refugio en suelo comunitario. Knaus admite que es sorprendentemente poco.

Sin embargo, la ONG Aegean Boat Report, que documenta semanalmente las devoluciones en frontera en este límite oriental de la UE, asegura que entre el 10 y el 16 de mayo, 11 embarcaciones con 273 personas a bordo iniciaron su viaje desde Turquía hacia las islas griegas del mar Egeo. De ellas, 10 embarcaciones fueron devueltas a la fuerza y solo 28 personas consiguieron alcanzar Grecia a bordo de una sola barca. Aunque las cifras nada tienen que ver con el dramático periodo entre 2014 y 2017, sí muestran una tendencia al alza, ya que la semana anterior no llegó ni una sola barca a las costas griegas.

“La explicación [al descenso de llegadas] está en la política de devoluciones que ha decidido emprender la policía griega”, asegura Knaus. Estos retornos en alta mar han sido documentados por diversas ONG y el Ministerio del Interior turco, que cada día publica las devoluciones de migrantes a su territorio. El escándalo ha llegado, incluso, al Parlamento Europeo, que a principios de año abrió una comisión de investigación para determinar el grado de responsabilidad de Frontex en toda esta cuestión y cuyo informe final se dará a conocer a principios de verano. “Desde 2016, Frontex tiene un mandato claro para las devoluciones, pero lo hace en colaboración con los Estados miembros. La agencia no decide las políticas de los países”, defiende Gkliati al teléfono. Para Prestianni, sin embargo, la organización que dirige el francés Fabrice Leggeri “era conocedora” de algunos retornos que violaron los derechos fundamentales de los migrantes. Knaus insiste, notablemente indignado al otro lado del teléfono, en que no es ningún secreto: “Grecia devuelve migrantes a Turquía, Croacia a Bosnia y Hungría a Serbia”.

El fundador de ESI resume el funcionamiento de los flujos hacia la UE en la paradoja a la que se enfrentan los Veintisiete, aunque de manera mucho más dramática los países del sur, de cara a la gestión migratoria. Según él, cuando las democracias respetan los convenios y las leyes internacionales, los cruces ilegales de migrantes en las fronteras aumentan porque hay terceros países ―como Marruecos, Turquía o Rusia― que “chantajean” con una apertura de fronteras. Al final es un quid pro quo, como dice Prestianni: “Los terceros países abren y cierran las puertas [hacia la UE] en función de cómo vayan sus negociaciones (…) El riesgo de la UE de sufrir chantaje es muy grande y lo domina todo”.

Pero si los Estados miembros comienzan a saltarse de facto las leyes recurriendo a la “brutalidad”, como con las devoluciones en Grecia (unos 10.000 en 2020) o en Libia (20.000 en todo 2020), aquellos terceros países ya no tienen margen para el chantaje en una negociación y, por tanto, el flujo migratorio desciende. “A nadie le importa ya romper las reglas”, se lamenta Knaus.

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De los 32.537 encuestados ―todos ellos mayores de 16 años―, los hombres son a los que más para la policía en la UE, un 18%, frente al 10% de las mujeres. La franja de edad más escrutada por las autoridades es la comprendida entre los 16 y los 29 años (21%); y los que menos, los mayores de 65 (6%). Pero los datos más contundentes son los respectivos a la apariencia: el 22% de los que se declaran pertenecientes a una minoría étnica afirman haber sido parados en la calle alguna vez por la policía. Le siguen el 20% de los musulmanes y los que se declaran “no heterosexuales”, con otro 20%.

“La policía puede detener legítimamente a personas por una variedad de razones (...) Pero la elaboración de perfiles discriminatorios, donde, por ejemplo, la raza o la etnia es la única base para detener a alguien es ilegal”, dicen los autores del primer estudio Your rights matter: Police stops, Fundamental Rights Survey (Sus derechos importan: detenciones policiales, encuesta sobre derechos fundamentales) que compara por primera vez estas prácticas en los Veintisiete países de la UE, el Reino Unido y Macedonia del Norte, según el FRA, con sede en Viena (Austria). Por ejemplo, en los países del sur como España o Malta, las fuerzas del orden tienden a parar menos a la gente por la calle: un 4% y un 7% de los encuestados, respectivamente. En el norte del Viejo Continente son más estrictos: paran al 21% de los encuestados en Irlanda y al 24% en Estonia, según la encuesta realizada entre 2018 y 2019 y en la que se basa el estudio.

La policía austriaca es la que más personas registra por la calle dentro de la UE: 25% de la muestra. Es el país de los Alpes el que alcanza máximos discriminatorios con el 49% de migrantes o descendientes de subsaharianos a los que se da el alto. Llaman la atención las diferencias halladas en las formas que tiene la policía austriaca de parar a un ciudadano para pedirle la documentación. El estudio revela que el 87% de la población general es interceptada por las autoridades en coche, mientras que el 72% de los subsaharianos o descendientes de subsaharianos lo son mientras caminan. Además, a estos últimos les piden más los carnés de identidad que a los que son considerados por el estudio como “población general”.

La etnia gitana es la que mayor discriminación sufre por la calle respecto a la población general en Croacia ―un 33% de los que pertenecen a esta comunidad han sido parados por las autoridades frente al 10% del resto de ciudadanos― y también en los Países Bajos, donde esa relación es de 29% a 10%. En Italia, sin embargo, el grupo más registrado por las fuerzas del orden en la calle son los provenientes del Norte de África. El 29% de ese grupo de población ha sido parado alguna vez por las fuerzas de seguridad, frente a solo el 12% de la población general. En países como Francia y Alemania la discriminación a la hora de efectuar un registro policial en plena calle es la menor de la UE.

Llama la atención, además, que el nivel educativo no parece influir en el resultado de la encuesta. De hecho, son las personas con mayor nivel educativo las que más han sido paradas por la calle por las fuerzas del orden (15%), frente a un 11% de los que declaran tener solo educación secundaria o menos. Los registros policiales tampoco diferencian entre parados o empleados. Se sitúan en el 17% entre ambos grupos.

Respeto en la UE

El 80% de los encuestados en los 27 países de la UE afirma que siempre que la policía les ha parado para un registro les han tratado de manera respetuosa. Eso sí, solo en los casos en los que iban dentro del vehículo. En contraste, el 60% de aquellos que fueron parados mientras iban caminando por la calle sostienen que fueron tratados de manera correcta. Este porcentaje baja hasta el 46% cuando se trata de personas que pertenecen a una minoría étnica.

El grado de respetuosidad percibido por los ciudadanos cuando son atendidos por la policía varía considerablemente entre el norte y el sur de la UE. En Suecia, Finlandia y Dinamarca, la satisfacción con el trato de los agentes supera siempre el 86%, mientras que en países como Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía, ese grado de satisfacción de la ciudadanía con el trato de los agentes ronda el 47%. Los ciudadanos pertenecientes a la etnia gitana que han sido parados alguna vez en la calle por la policía son los que menos confianza muestran hacia las autoridades con una puntuación de 2,8, donde el 10 es el nivel más alto. Una cota no alcanzada por ningún grupo.

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“Nuestros peores temores se han hecho realidad”, ha lamentado la ONG en un duro comunicado en el que carga contra “la ausencia” de autoridades de rescate en esta zona del mar Mediterráneo. La organización cuenta que la tripulación del Ocean Viking, compuesta por unas 32 personas entre personal de rescate, médico y tripulación, fue alertada el miércoles a través de la organización civil Alarm Phone -y no a través del centro de coordinación de alertas de Roma, el canal oficial en estos casos- de que tres barcazas se encontraban a la deriva después de haber dejado las costas de Libia. “Todas [ellas] estaban a unas 10 horas [de navegación] de nuestra posición”, lamenta SOS Méditerranée, que actualmente es la única organización que tiene un barco de rescate en aguas del Mediterráneo Central.

Con la ayuda de un avión de Frontex, la agencia de control de fronteras Exteriores de la UE, que en su labor de vigilancia consiguió avistar lo que desde el aire parecía ser una barcaza de goma destrozada, el Ocean Viking llegó el jueves al lugar del naufragio. La tripulación se quedó en shock, explica Beau: “Tres barcos mercantes [desconoce la nacionalidad] estaban realizando la labor de rescate en esa zona, en cuyas aguas estaban ya flotando, tristemente, más de 10 cuerpos sin vida”. SOS Méditerranée calcula que en la patera iban otras 120 personas más a las que continúan buscando sin cesar desde ayer. La posibilidad de que estén muertos se hace cada vez más evidente.

En palabras de su portavoz, Chris Borowski, Frontex dice en un correo electrónico estar “profundamente entristecido” por este último naufragio. La agencia comunitaria pone el foco, sin embargo, en los traficantes de personas y criminales que “anteponen las ganancias a la vida”. Borowski asegura también que, por lo que pudo ver el avión patrulla, el barco no era apto para navegar en unas condiciones climáticas “terribles”. Las imágenes, distribuidas por el personal a bordo del Ocean Viking, muestran que la barca de goma gris está semihundida y pinchada y cómo el oleaje, animado por un fuerte viento, la va arrastrando y sumergiendo poco a poco.

Alessandro, a bordo del Ocean Viking, cuenta en una especie de diario de a bordo que la ONG publica en su página web, que el temporal era tal que estuvo varias horas vomitando en el baño. Todas las medicinas, y los tres años de trabajo en el mar no fueron suficientes, dice. “Estaba agotado, deshidratado y casi no podía volver a la cama. Y eso que estaba protegido en un barco”, cuenta. Mientras tanto, “en algún lugar en medio de ese mismo oleaje, una barca de goma transportaba a 120, 100 o 140 personas. Nunca lo sabremos porque están todos muertos”, auguraba.

Prioridad

La dimensión del naufragio es tal, que la ONG no es capaz de determinar cuántos hombres o mujeres hay entre la decena de fallecidos, ni de qué nacionalidad son. Tampoco si hay niños. Y es que el Ocean Viking, al conocer a raíz de la alerta del miércoles que había al menos dos pateras más a la deriva, tuvo que abandonar los cadáveres flotando en el agua. “Teníamos que priorizar la búsqueda de posibles supervivientes”, se lamenta Beau al teléfono. “Este es el resultado de no tener autoridades [que hagan el trabajo de rescate]”, insiste.

El anterior es un reclamo al que se ha sumado también Naciones Unidas: “La falta de un sistema de patrullaje eficiente es innegable e inaceptable. Las cosas deben cambiar”, tuiteó Flavio Di Giacomo, coordinador del Mediterráneo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Safa Msehli portavoz de esa misma organización ha criticado este viernes desde Ginebra que “los países se mantuvieron desafiantes y se negaron a actuar para salvar las vidas de más de 100 personas”, según recoge Reuters. “Que quede claro que es responsabilidad del Estado responder a las llamadas de socorro en el mar”, zanjó Msehli.

Al menos 453 migrantes han muerto ahogados en el Mediterráneo desde principios de 2021, la gran mayoría (357) en la ruta central que conecta las costas de Túnez y Libia con las de Italia, según la OIM. El número de personas que han perdido la vida intentando cruzar el Mediterráneo hacia la UE desde el pasado 1 de enero supera ya al de todo 2020, año en el que se registraron 278 fallecidos.

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Tras casi dos años en el poder, la primera ministra propuso hace unos días dos medidas de calado para afrontar un debate que lleva dominando la política desde la década de los setenta. Por un lado, deshacerse del término gueto para sustituirlo por la expresión “sociedades paralelas”. Por otro, bajar del 50% al 30% el máximo de residentes “no occidentales” que pueden residir en estas zonas en 2031, con el objetivo de que haya más mezcla. “Es estúpido. Cambian el nombre, pero las políticas siguen siendo las mismas”, se lamenta al teléfono Mohammed Aslam (54 años), presidente de la asociación de vecinos de Mjølnerparken, uno de los guetos más “duros” de Copenhague, según el Gobierno, con 1.493 habitantes.

La limitación del 30% propuesta para estas áreas implica que muchos de los vecinos de origen inmigrante se tengan que marchar de sus hogares, por los que pagan una renta muy baja en comparación con el resto de barrios, para asentarse en otras zonas donde casi con toda probabilidad los alquileres son mucho más caros. Pero también que haya casas vacías a la espera de nuevos vecinos. De las 560 que hay en la barriada de Mjølnerparken, 50 están vacías. El Gobierno permite que los nuevos inquilinos sean “no occidentales” siempre y cuando demuestren un mínimo poder adquisitivo y que su estancia sea temporal con un límite de dos años. Para los occidentales, en cambio, no hay requisitos. Mia Nyegaard, presidenta de la comisión de asuntos sociales del Ayuntamiento de Copenhague, del partido Izquierda Radical, dice estar de acuerdo en promover un grupo más mixto de residentes en áreas desfavorecidas, pero discrepa del enfoque del Gobierno. “Es nuestra responsabilidad como sociedad asegurarnos de que las áreas sean atractivas para que más personas con más recursos quieran vivir allí”, dice por correo electrónico.

Kristina Bakaer Simonsen, profesora en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Aarhus, incide, junto a media docena de expertos consultados, en que, “pese a que el Gobierno no quiera usar la palabra gueto, continúa implementando las mismas políticas que su antecesor [de tinte conservador]” y que fueron criticadas por xenófobas, ilustra en conversación telefónica, en la que insiste en la complejidad de un debate que está “lleno de paradojas y contradicciones” y que afecta directamente a unas 73.000 personas en un país de casi seis millones. “La definición del Gobierno para que un área sea un gueto es complicada porque requiere que un porcentaje de la población sea “no occidental” [que incluye población original de los Balcanes], y ahí es donde está el estigma”, ilustra la experta. “El hecho de poner el foco en los guetos hace pensar que lo que hay fuera funciona, pero los problemas de integración van en dos direcciones”, dice para luego añadir que el gran problema es que la definición de “no occidental” se aplica también a los hijos de los inmigrantes, incluso los nacidos en suelo danés.

Es el caso de Aslam. Él llegó a Mjølnerparken desde Pakistán cuando solo tenía siete años, pero sus cuatro hijos, todos hoy mayores de edad, nacieron en el país escandinavo, hablan danés y se sienten occidentales. “Pero para el Gobierno siguen siendo ciudadanos no occidentales”, dice al teléfono. Y sufren el estigma.

Aslam ha visto cómo desde hace cinco años su barrio de edificios de ladrillo rojo de cuatro plantas conectados por parques y zonas comunes ha acaparado la atención de los políticos de todo signo. “Parece que hay una competición por ver quién es más cruel contra los extranjeros. La gente está cada vez más frustrada y muy nerviosa por lo que pueda pasar”, explica. Y asegura que muchos diputados hacen de la realidad de estas áreas un problema para “manipular a la opinión pública y ganar votos”.

Noa Milman, investigadora Marie Curie en Sociología en la Universidad de Copenhague, piensa que las políticas referentes a los guetos son solo “simbólicas”. En su opinión, en este debate “domina el discurso antinmigración”, que más tiene que ver con la cultura, la clase y la etnia que con la integración. “El verdadero problema que el Gobierno debe atajar es la pobreza, la educación… pero de todos. Cualquier política debe ser implementada para todo el mundo, de manera universal. Así que señalar a los guetos es solo algo simbólico”, concluye. Morten Dahlin, diputado de Venstre (Liberales), ahora en la oposición, admite por correo electrónico que los problemas de estas áreas son múltiples. “Demasiadas personas están desempleadas, demasiadas no hablan danés y demasiadas no están dispuestas a seguir las reglas que hemos acordado en Dinamarca. Negar que esto tiene algo que ver con la cultura o la religión sería mentir: por supuesto que hay un elemento cultural”, reconoce Dahlin. La experta Bakaer Simonsen está de acuerdo con él, pero insiste en que para atajar esos problemas “no es constructivo centrarse solo en esas zonas, ni guiarse por la etnia de sus vecinos”.

Lise-Lotte Duch, que trabaja con mujeres ahogadas en la marginalidad, todas inmigrantes y con poco conocimiento de la lengua danesa, cuenta al teléfono que ha observado un aumento significativo de la xenofobia en la sociedad. Reconoce que los guetos son áreas vulnerables y cree que el objetivo de integración del que alardea el Gobierno es bueno, pero tiene serias dudas de cómo se aplica: “Quitar la palabra gueto y renombrar a estas zonas ‘sociedades paralelas’ sigue siendo una forma de estigmatizar. Lo que hay que hacer es trabajar con estas personas, ayudarlas. Y no hablar mal de ellas”, opina. Noa Milman es mucho más categórica: “Sociedades paralelas no son, porque en muchos aspectos están integrados. Sí hay daneses blancos que viven en los guetos, así que son áreas mixtas. Hay que tener en cuenta que son zonas específicas dentro de otras zonas más grandes”, concluye. Lo cierto es que al caminar por Nørrebro, el barrio donde se encuentra Mjølnerparken, la multiculturalidad, la multietnia y la presencia del islam son evidentes; pero también la convivencia entre vecinos de diferente origen.

Sentimiento de pertenencia

Torben Trataes, director ejecutivo de VIVE, el centro danés para el estudio de las ciencias sociales, esgrime otro concepto, el de la pertenencia. Este experto asegura que Dinamarca tiene un problema real de integración, especialmente como consecuencia de un “bajo sentimiento de pertenencia de los inmigrantes no occidentales” que hace que se concentren en áreas con bajos salarios, altas tasas de desempleo y de criminalidad. Duch, que vive cerca de una de estas áreas, asegura sin embargo que siempre se ha sentido “a salvo”. En cualquier caso, Trataes, parco en explicaciones, no entra a valorar si las políticas de los guetos son buenas o malas, pero asegura que en los últimos años, la situación de estas zonas “ha mejorado”, sin especificar en qué.

Mientras tanto, los residentes de guetos como el de Mjølnerparken esperan ansiosos el devenir de un futuro incierto. Aslam ha visto cómo familias enteras han decidido en los últimos meses abandonar Mjølnerparken por el miedo a que la administración les eche “en el último minuto”. “Pedimos que nos traten como el resto de la población, con los mismos derechos. ¡No hagan de la ciudadanía una clase A y clase una clase B!”, concluye.

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Tras estos anuncios en cascada, la EMA ha recomendado seguir administrando la vacuna de AstraZeneca mientras sigue investigando los casos de trombosis. “La posición del comité de seguridad de la EMA es que los beneficios de la vacuna continúan superando los riesgos y pueden continuar administrándose mientras se investigan los casos de eventos tromboembólicos”, asegura el organismo en un comunicado difundido por la tarde, en el que apunta que hasta el 10 de marzo se han registrado 30 de estos eventos entre un total de cinco millones de vacunados. Se trata de una cifra no superior a la que se suele dar entre la población general. En febrero murieron en España por covid casi 800 personas por cada cinco millones de habitantes.

Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología, incide en que, tal y como dice la EMA, “nada indica” que los eventos tromboembólicos hayan sido causados por la vacuna. “La frecuencia de estos casos no es mayor de la esperada en población no vacunada, así que, mientras siga así, podemos estar seguros. Esperamos que no se produzca rechazo a la vacuna porque no hay motivo para no utilizarla”, señala.

La nota de la EMA intenta calmar las aguas tras el anuncio en Twitter del ministro de Sanidad danés, Magnus Heunicke, de que su país suspendía las vacunaciones con las dosis anglo-suecas. “Como medida de precaución, las autoridades sanitarias han suspendido la vacunación de AstraZeneca tras una señal de un posible efecto secundario grave en forma de coágulos de sangre mortales. Actualmente no es posible concluir si existe una conexión [con la vacuna]. Actuamos temprano, [el caso] debe ser investigado a fondo”, ha anunciado Heunicke. Horas después, la vecina Noruega también suspendía la vacunación con AstraZeneca alegando los mismos motivos de precaución. “Hemos decidido suspenderla hasta que tengamos más información”, ha confirmado por correo electrónico un portavoz del Instituto Noruego para la Salud Pública (FHI), que asegura la decisión está basada en lo sucedido esta mañana en Dinamarca. Islandia ha sido el tercer país en echar el freno de mano con la farmacéutica.

La drástica decisión de Copenhague responde a una actitud de prevención ante la muerte de un ciudadano danés por un coágulo en la sangre tras haber recibido una dosis de la fórmula de Oxford-AstraZeneca. Una portavoz de la Agencia de Salud danesa insiste en conversación telefónica con EL PAÍS en que “no se puede relacionar esta muerte con la vacuna de AstraZeneca”, pero que, a modo de prevención, el país escandinavo ha decidido “suspender” las inoculaciones durante los próximos 14 días para iniciar una investigación sobre lo sucedido. Por el momento, no se han hecho públicos ni la edad ni el sexo del fallecido, como tampoco cuántos días pasaron desde el pinchazo hasta que la persona en cuestión murió. En total, 142.102 personas han sido vacunadas en Dinamarca con la dosis de AstraZeneca. En Noruega, 121.820 personas han recibido este fármaco, que se suspende “hasta nuevo aviso”, según un comunicado. Islandia había inmunizado a 9.000 personas con esta vacuna, según la radiotelevisión pública, RUV. Órólfur Guðnason, el epidemiólogo estatal islandés, calcula que la suspensión en el país no durará más que unos días.

Geir Bukholm, el epidemiólogo estatal noruego, ha insistido en que la suspensión de la vacunación “no significa que no se recomiende la vacunación con AstraZeneca en el futuro”. Pero pese a que las autoridades noruegas creen que el medicamento tiene “buena documentación”, en referencia a los datos de los análisis previos, y a los mensajes de calma a la ciudadanía que las autoridades lanzan en sus ruedas de prensa, el comunicado noruego revela que “se han notificado algunos casos de coágulos de sangre poco después de la vacunación” que ocurren “principalmente en ancianos”.

El Gobierno danés, sin embargo, prefiere mantener el foco fuera de sus fronteras: “En toda Europa, se ha notificado un número reducido de casos graves de coágulos de sangre en relación con la vacunación de AstraZeneca”, asegura las autoridades a través de un extenso comunicado, que exige a la EMA que inicie una investigación al respecto. “Es inaceptable [que las vacunas tengan] efectos secundarios. (…) Por eso, respondemos temprano [para ver] si existe la menor señal de un posible riesgo con la vacuna”, concluye.

La suspensión, explica la Agencia de Salud danesa, se aplica a toda la población del país (casi seis millones de habitantes), hayan recibido la primera dosis o no. Aquellos que hayan sido vacunados recibirán en los próximos días una carta oficial en la que se explica cómo actuar ante la posible presencia de efectos adversos, según la prensa local. Casi un millón de personas entre 65 y 84 años deberían ser inmunizadas cuanto antes en Dinamarca, para las que las autoridades van a dedicar las otras vacunas que por ahora existen en el mercado: Pfizer y Moderna. Noruega ha tomado la misma medida.

AstraZeneca defiende su vacuna

La farmacéutica en cuestión ha dicho que es conocedora de la decisión del Gobierno danés, y ha considerado que “no es apropiado” comentar sobre “casos individuales específicos”, según el diario de mayor tirada en el país, Jyllands-Posten. “La seguridad del paciente es una de las principales prioridades de AstraZeneca. Las autoridades tienen estándares claros y estrictos de eficacia y seguridad al aprobar cualquier medicamento nuevo, y esto también incluye la vacuna covid-19 de AstraZeneca. La seguridad de esta vacuna se ha estudiado ampliamente en los ensayos clínicos de fase 3 y los datos revisados por pares confirman que la vacuna en general fue bien tolerada“, ha respondido la empresa en un comunicado.

Fuentes de la compañía han explicado a EL PAÍS que entra dentro de los protocolos habituales parar la administración de un fármaco cuando se detectan efectos secundarios imprevistos. Pero se remiten a la nota de la EMA en la que explica que por el momento solo hay una relación temporal, pero no causal. Es decir, los trombos se produjeron tras la administración de la vacuna, pero no como consecuencia de esta, que se sepa. AtraZeneca, continúan estas fuentes, han procedido a una revisión de calidad de los lotes de la vacuna y no han encontrado defecto alguno.

Otros cinco países europeos (Austria, Letonia, Estonia, Lituania y Luxemburgo) ya habían decidido suspender la administración de un lote, a los que se ha sumado este jueves Italia, tras detectar las autoridades austriacas dos trombos graves tras la inoculación. Uno tuvo como consecuencia la muerte de una persona 10 días después de la vacuna y el otro fue hospitalizado con embolia pulmonar (bloqueo de las arterias en los pulmones) después de ser vacunado, según informa la EMA. Posteriormente se han detectado otros dos casos de trombos en este país. Se desconoce si estos casos están relacionados con la vacunación. Asimismo, el Gobierno de los Países Bajos también investiga un posible caso de trombosis por la vacuna de AstraZeneca, en el que el paciente no necesitó ser hospitalizado, informa Isabel Ferrer. El Centro Nacional de Evaluación de los Medicamentos del país sostiene que hay pocas posibilidades de que la vacuna haya producido el problema de coagulación. El ministerio de Sanidad holandés ha señalado ese jueves que seguirá usando la inmunización de AstraZeneca.

Italia, por su parte, investiga la muerte de dos personas, un militar de 43 años y un policía de 50, que habían sido vacunados con el mismo lote de Astra Zeneca. El primero murió 24 horas después de que se le administrase la dosis. La fiscalía que investiga el caso ha pedido que no se caiga en la “psicosis” “Evitemos el alarmismo y crear un clima de psicosis colectiva. Puede ser una coincidencia. Solo la autopsia esclarecerá lo ocurrido”, señaló. La fiscalía de Catania investiga también el fallecimiento de un policía a quien se había administrado la misma vacuna de idéntico lote 12 días antes del deceso. El ministerio de la Salud ha enviado a sus inspectores para estudiar ambos casos, informa Daniel Verdú. En Francia, el ministro de Salud, Olivier Véran, ha dicho que no hay razones para suspender el uso de AstraZeneca: “Los beneficios son mayores que los riesgos”.

Este mismo lote, de un millón de dosis, ha sido repartido en 17 países, entre los que figura España. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha mandado este jueves un mensaje de tranquilidad en una entrevista en La Sexta: “En España no ha habido ningún caso y todavía no se ha acreditado la relación entre la vacuna y la muerte de una persona por haberla recibido. En España no hay ningún caso de trombo relacionado con la vacuna, solo efectos menores. Prudencia y tranquilidad, estamos en buenas manos”.

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“Las niñas en nuestro país ya no se preguntan si pueden llegar a ser mandatarias, esa cuestión está ya fuera de debate y estoy muy contenta de que sean conscientes de dónde pueden llegar”, explicaba este lunes durante una breve entrevista con EL PAÍS, Día Internacional de la Mujer, en un céntrico hotel de Madrid. La mandataria se encontraba en España para conmemorar el centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

Pese a la mascarilla negra que cubría buena parte de su rostro, se percibía la seriedad de Kaljulaid en su mirada cuando se le preguntaba sobre un tema recurrente en Europa y, sobre todo, en su región: Rusia. “Somos vecinos y nos comunicamos. Pero al hablar de ciertas cuestiones como el comercio o el transporte, hay otros asuntos como Ucrania, Georgia y Bielorrusia que tienen que estar encima de la mesa. No se pueden esquivar”, sentencia Kaljulaid.

Estonia, Letonia y Lituania, las tres repúblicas bálticas, han sido desde 2014, en año en que Moscú se anexionó la península ucrania de Crimea mediante un referéndum no reconocido para la comunidad internacional, la voz más dura contra Rusia en el seno de la UE. El último escándalo, a raíz del envenenamiento en verano pasado y la posterior detención del opositor extraparlamentario a Vladímir Putin, Alexéi Navalni, ha hecho que los tres países bálticos —que aún tienen muy presente sus años de ocupación soviética— endurezcan el tono con Bruselas exigiendo unas sanciones que finalmente se impusieron de manera coordinada con la nueva Administración de Estados Unidos la semana pasada.

“Las sanciones son principalmente una señal. Hay que seguir y tener paciencia estratégica” con Rusia, explica. Reconoce que, pese a las medidas restrictivas contra el Kremlin, la península de Crimea continúa estando desde 2014 bajo el mando de Moscú, pero insiste en que los resultados llegarán y que para verlos es necesario esperar. “Nosotros estuvimos ocupados durante más de 50 años”, desliza con cierto optimismo para luego hacer autocrítica: “Las sanciones siguen ahí; no hemos sido capaces de encontrar ninguna salida a la crisis con Ucrania, y Georgia está parcialmente ocupada”, se lamenta.

Especialmente defensora de unas elecciones libres en Bielorrusia, Kaljulaid se niega a aceptar el hecho de que, por tener un vecino más poderoso como Rusia, haya que someterse a él. “Hemos de aceptar que tenemos un vecino que no ve el mundo como un lugar donde cada nación tiene la libertad y el derecho a elegir democráticamente lo que quiere. No podemos cerrar los ojos a lo que está pasando, pero por otro lado tenemos la obligación de negociar e intentar solucionar los problemas”, explica.

Kaljulaid, sin embargo, rechaza la manera binaria en que muchos pueden ver el tablero geopolítico bielorruso: Moscú contra Bruselas, y viceversa. “Es muy anticuado pensar que la Unión Europea quiera expandir su zona de influencia en Bielorrusia”, explica la mandataria. “Lo que pedimos es que [los bielorrusos] hablen por sí mismos”, dice en referencia a la represión sufrida en las calles durante las manifestaciones que pedían más democracia tras las elecciones del pasado agosto en las que, una vez más, el mandatario cercano al Kremlin, Aleksandr Lukashenko, se proclamó vencedor después de 26 años en el poder.

Pese a que para ella Rusia es una amenaza clara en el Viejo Continente y especialmente en su región, sobre todo después de la anexión de Crimea en 2014, la presidenta estonia entiende que existen otras fuentes de conflicto que chocan con los “valores democráticos” de Occidente, una órbita a la que le enorgullece pertenecer.

Estonia es el cuarto país entre los que más aportan de su producto interior bruto (PIB) a la OTAN, con un 2,1%, después de Estados Unidos (3,4%), Bulgaria (3,2%), Grecia (2,2%) y en el mismo nivel que el Reino Unido (2,1%). “Somos un país tan pequeño que no creo que esa cantidad cuente”, ríe modestamente. Los anteriores países, junto a Polonia, Rumania, Letonia y Lituania, son los únicos de los 30 miembros de la OTAN que destinan el 2% de su PIB a la alianza militar. Sin embargo, Kaljulaid ve necesario que cada país miembro cumpla ese compromiso de gasto al que se llegó en la cumbre de Gales de 2014 —invertir hasta el 2% del PIB para 2024— para ser “más fuertes” a la hora de hacer frente a otras amenazas. Y cita algunas: guerras híbridas, autarquías que utilizan datos personales con impunidad, desarrollo de nuevas y sofisticadas tecnologías, el uso de la inteligencia artificial, la lucha por el Ártico y, los desafíos más cruciales que tiene Europa en este momento, en su opinión: el cambio climático y la gestión de la pandemia de la covid-19. Una enfermedad que en su país ha acabado con la vida de 653 personas e infectado a 75.003, según las cifras de la Universidad Johns Hopkins. “Las amenazas son ahora de 360 [grados]”, resume.

La mandataria recuerda que su región, el Báltico, y la frontera oriental de la UE, siempre ha sido de gran importancia para un socio tan potente como Estados Unidos. “Pese al ruido, la Administración de Donald Trump [y enfatiza la palabra “Administración”], siempre tuvo mucha consideración por nuestra región. También [Barack] Obama dejó muy claro que Tallin, Riga y Vilna eran tan importantes como París, Londres o Berlín para la Alianza”. Y con Joe Biden la relación será fluida: “Nos cuidaremos mutuamente y no solo por el artículo 5 [del tratado de la OTAN, que estipula la defensa mutua], que es simplemente un tecnicismo, sino por la defensa de los valores democráticos”.

Unidad

Cada frase, cada comparecencia de la mandataria está cargada de mensajes. En el discurso de investidura de la nueva primera ministra el pasado febrero, la presidenta Kaljulaid se detuvo a hacer un llamamiento a la unidad en una sociedad que se estaba polarizando cada vez más, en parte por la presencia de la extrema derecha (EKRE) en el Ejecutivo anterior, explica. “Había grupos en la sociedad que se sentían claramente descuidados, y creo que esto es algo que no es único en Estonia. Estaba mal”, admite.

La presidenta describe cómo durante el anterior Ejecutivo, elegido en 2019, “había un sentimiento de que solo se dirigían a sus votantes”, a la gente que pensaba igual, algo que critica con fiereza: “Se debe gobernar para todos, incluidos los que están en la oposición (...) La responsabilidad democrática de un Gobierno es y debe ser esa”, sentencia.

El próximo mes de octubre, el Riigikogu (Parlamento estonio) deberá elegir a un nuevo jefe de Estado para los próximos cinco años. Kaljulaid, aunque no desvela claramente si volverá a presentar su candidatura, reconoce que siempre estará dispuesta a servir a su país, del que se siente muy orgullosa, siempre que se la requiera.

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Poco antes de las 15.00 de este miércoles, la policía regional recibía varias llamadas de ciudadanos informando de un suceso con heridos en las inmediaciones de la céntrica calle de Bangårdsgatan, en la localidad de Vetlanda (13.000 habitantes). Los agentes desplegaron rápidamente una patrulla que tardó en llegar poco más de 10 minutos, según la propia cronología de las fuerzas de seguridad. Los agentes utilizaron sus armas reglamentarias y dispararon contra el agresor, que fue inmediatamente detenido.

Se trata de un hombre de 20 años del que nada más ha trascendido, ya que la investigación continúa su curso y la policía, en una rueda de prensa a las 20.00, ha arrojado poca luz a los interrogantes. Las autoridades no han desvelado ni el lugar de residencia del agresor, ni su nacionalidad, ni si hay menores entre los heridos, ni la naturaleza del arma homicida, más allá de que es un “objeto afilado”, según ha dicho por teléfono un portavoz de la policía a este diario. La agencia Reuters, por su lado, recoge que se trata de un cuchillo. Las autoridades han emplazado a los medios a otra rueda de prensa para ofrecer más detalles este jueves y han anunciado que están en estrecha colaboración con la Säpo, los servicios secretos suecos.

Poco después de ser disparado, el agresor fue arrestado y trasladado en una ambulancia, herido de bala en una pierna, según relata el agente al teléfono, al hospital donde será interrogado, cuando su estado de salud lo permita. Allí permanece bajo custodia policial. La situación está “bajo control”, aunque, según ha dicho este miércoles por la tarde la policía local Malena Grann, cinco áreas de la ciudad cercanas al lugar de los hechos han sido acordonadas y calificadas como “escenas del crimen” en conexión con la investigación. “El hombre atacó a estas ocho personas en cinco puntos diferentes cercanos a la estación de Vetlanda”, corroboró el policía al teléfono.

Debido a la dimensión del ataque ―pese a que no hay fallecidos―, hasta 15 patrullas se desplazaron al lugar de los hechos para acordonar las calles y pedir a los ciudadanos colaboración y que no se acercaran. La estación de tren de Vetlanda, que fue clausurada durante unas horas, ha reanudado sus servicios.

Una hora y media después del ataque, la policía calificaba el suceso como “un intento de asesinato” porque en ese momento no había “sospechas de delitos terroristas”. Sin embargo, a las 18.47, después de las inspecciones forenses y varios interrogatorios, el caso ha sido reclasificado: “Ahora el título es presunto delito terrorista”, asegura la policía en su página web. Por la noche, sin embargo, volvían a ser dos las vías de investigación: asesinato y ataque terrorista.

El primer ministro sueco, el socialdemócrata Stefan Löfven, ha lamentado el suceso. “Respondemos a estas espantosas acciones con la fuerza conjunta de la sociedad (...) Quiero pedirles a todos que envíen sus pensamientos a los afectados por la violencia y a los hombres y mujeres que trabajan en la salud, la policía y en el municipio que atienden a los heridos y restablecen la seguridad”, ha dicho el mandatario, según recoge la prensa local.

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A Stojberg, que ostentó la cartera de Integración entre 2015 y 2019 y hoy es diputada del principal partido de la oposición (Venstre, liberales), se le acusa de haber separado al menos a 22 parejas de migrantes jóvenes pese a que los servicios jurídicos y numerosos abogados se lo desaconsejaron porque no medió una investigación ad hoc y carecía de base legal. La exministra alegó en su momento que tomó la decisión de las separaciones, siempre y cuando la mujer fuera menor de 18 años, para evitar que estas fueran forzadas a contraer matrimonio, algo prohibido en Dinamarca.

Este jueves, tras conocer el futuro judicial que le espera al anunciar al menos 113 diputados (de 179) que votarán a favor del impeachment el próximo mes, Stojberg volvió a defenderse en un elocuente comentario en su página de Facebook a una noticia que publicaba la cadena pública DR sobre un matrimonio forzado entre una adolescente de 14 años y su primo de 28. “Me duele el estómago y me pongo triste cuando leo esto. Una niña se casa con su primo (...) Realmente espero que todos los ministros de Relaciones Exteriores, independientemente del color del partido, intervengan. No podría perdonarme a mí misma si mi intervención en 2016 hubiera sido un fracaso [en referencia a las separaciones de parejas jóvenes]. Las niñas-novias son un fenómeno terrible y haré, como habría hecho entonces, todo lo que pueda, dentro de la ley, para proteger a las niñas”, escribió.

El problema no viene de la separación de parejas migrantes en sí, sino de que no había base legal para hacerlo, señala al teléfono Kasper Moller Hansen, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Copenhague. “Si se hubiera disculpado o reconocido el error en su momento, el impeachment no hubiera pasado. No estaríamos en esta situación. El problema es que ella sigue creyendo firmemente en que no ha hecho nada malo”, continúa. Y pone de ejemplo la dimisión el pasado noviembre del ministro de Agricultura, Mogens Jensen, por el escándalo de la matanza de 17 millones de visones (sin base legal ni debate en el Parlamento) como medida para atajar una variante del coronavirus. “Él se disculpó, asumió su error y dimitió”, argumenta Moller Hansen.

El largo proceso de impeachment, que en Dinamarca lo puede activar exclusivamente el Folketing o la Corona, llevaba siendo estudiado desde 2017, cuando el Defensor del Pueblo danés criticó las separaciones de parejas a raíz de la denuncia de una de estas. Pero el Gobierno socialdemócrata de la primera ministra, Mette Frederiksen, y los propios compañeros de filas de partido de Stojberg, con quienes la relación empeoró en diciembre porque la obligaron a dejar la vicepresidencia de la formación, han terminado por dar el golpe de gracia. “Sobre la base de evaluaciones legales claras, el grupo parlamentario socialdemócrata ha optado por acordar que el Folketing inicie un caso judicial nacional”, anunció el jueves Frederiksen a través de un comunicado. “El Folketing ha sido claro: ‘Necesitamos aplicar la ley. Ningún ministro está por encima de ella”, ilustra el politólogo en conversación telefónica.

Los expertos apuntan al próximo verano como la fecha en la que se iniciará formalmente el proceso. Lo juzgará una corte especial del Tribunal Supremo creada en 1849 para actos ilegítimos de ministros, y que ha sido activada solo cinco veces en la historia de Dinamarca: tres en el siglo XIX y dos en el siglo XX. La última vez fue en 1995, cuando a Erik Ninn-Hansen, exministro de Justicia, se le impuso una pena de prisión condicional de cuatro meses por su responsabilidad en la prohibición de la entrada al país de refugiados tamiles de Sri Lanka.

Camino complejo

La exministra encarará ahora un camino judicial largo —probablemente de más de un año— y muy “complejo”, señala Mikael Rask Madsen, profesor de Derecho en la Universidad de Copenhague, que sería un híbrido entre un juicio político como el que estos días se está viendo en Estados Unidos contra Trump y un juicio legal al uso en el que, sin embargo, el Folketing actúa como fiscal. “De todas formas, la vertiente política está ahí”, enfatiza.

Esta corte consta de un máximo de 15 jueces del Supremo y un número igual de personas designadas por el Parlamento. Estos no son diputados, sino “por lo general expolíticos que actúan de forma independiente” y que aportan su experiencia profesional. “No actúan como políticos, sino como jueces legos con experiencia en política”, aclara el profesor.

La polémica siempre ha acompañado al nombre de Inger Stojberg quien, de ser declarada culpable, podría afrontar desde una pena de prisión a una multa económica o la absolución. “[Ella] Ha representado una línea dura en temas de inmigración y también defendía llevar las convenciones internacionales al límite cuando era ministra de Integración”, explica Rask Madsen a través de un correo electrónico.

Fue ella quien ideó la ley que obligaba a las autoridades a requisar los objetos personales —joyas incluidas— de los refugiados con el fin de que se costearan sus gastos de manutención; la que orquestó una campaña mediática contra la inmigración libanesa; la que puso a los llamados “guetos” en la diana; la que quiso desterrar a los migrantes que iban a ser deportados a una isla en el Báltico; incluso la que celebró su 50ª ley antinmigración soplando las velas de una tarta, una estampa que subió a las redes sociales alimentando la bronca migratoria que ha imperado en la UE durante el último lustro. El ex primer ministro Lars Lokke Rasmussen, que dirigía el Ejecutivo del que formaba parte Stojberg y que ahora se declara independiente, ha sido, sin embargo, exculpado.

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El martes, el fiscal general de Estonia, Taavi Pern, aseguró que el Partido del Centro, así como su secretario general, Mihhail Korb, son sospechosos de haber participado en el desvío de 39 millones de euros de dinero público a través de la empresa estatal de préstamos KredEx para las obras de un proyecto inmobiliario privado llamado Porto Franco, que pretende recuperar una zona estratégica en el centro de la capital, Tallin, a cambio de financiación para el partido antes de las elecciones municipales del próximo otoño.

El escándalo rompe la estabilidad de una legislatura que apenas había llegado a su ecuador, pero no ha sorprendido a la mayoría de la gente. “El Partido del Centro ya tiene cargos criminales anteriores por corrupción y este nuevo es el siguiente en la fila. Sus prácticas de financiación han sido bastante corruptas durante años y si bien había una esperanza inicial de que Jüri Ratas, cuando asumió el liderazgo del partido hace más de cuatro años, cambiaría estas prácticas, ahora vemos que esa esperanza fue en vano”, explica a través de mensajes de WhatsApp Kristina Kallas, líder de Estonia 200, formación que se enfrentó a Ratas en las elecciones de 2019 y que quedó fuera del Riigikogu (Parlamento).

Entre los sospechosos en la supuesta trama también está Kersti Kracht, asesora ya cesada del ministro de Finanzas, Martin Helme, del ultraderechista Partido Popular Conservador de Estonia (EKRE), socio en la coalición de Gobierno), y otras dos personas cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades “por el bien de la investigación”, según fuentes oficiales. Los Servicios de Seguridad Interna, un cuerpo específico que se encarga de proteger la Constitución del pequeño país báltico, de 1,3 millones de habitantes, han descartado, sin embargo, que una de ellas sea el propio Ratas.

La Fiscalía sospecha que los cuatro detenidos acordaron con Hillar Teder, promotor de Porto Franco, el pago de hasta un millón de euros al Partido del Centro a cambio de que el Gobierno designara a dedo a través de su agencia estatal de préstamos, KredEx, los 39 millones a Porto Franco. Algunas fuentes sugieren que el origen de esos 39 millones estaría en el fondo de recuperación europeo, creado para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus y que por tanto iba a ser destinado a las empresas que peor lo estaban pasando como consecuencia de la crisis sanitaria.

“Hay cientos de compañías similares que se han ido a la bancarrota. El problema es que esta inmobiliaria [Porto Franco] no necesitaba el dinero. [La adjudicación del préstamo] Ha sido a dedo y con unas condiciones muy ventajosas”, explica al teléfono Aimar Altosaar, corresponsal político del diario de mayor tirada en el país, Postimees. Ratas, sin embargo, justifica el préstamo: es una empresa que “ayuda a mantener empleo en el sector de la construcción y recaudará muchos impuestos”. Lo cierto es que el de Porto Franco es un proyecto de recuperación estratégico para la economía del país, equiparable conceptualmente al de la bahía de Helsinki, en Finlandia; o al del fiordo de Oslo, en Noruega. Lugares de encuentro en los que se integra más vida cultural, gastronómica, comercial y empresarial a un espacio que antes era meramente industrial.

Fin de la coalición

Con la salida de Ratas al frente del Ejecutivo se pone también fin al Gobierno de coalición tripartito que el Partido del Centro formaba con EKRE y la formación Isamaa. Dada la situación de emergencia sanitaria, la presidenta del país, Kersti Kaljulaid, no ha tardado en encargar a Kaja Kallas, líder del partido Reforma (centro derecha) y primera fuerza política en número de escaños (34 de 101), formar un Gobierno, pese a que la Constitución le daba 14 días para sondear a las diferentes fuerzas parlamentarias. “La credibilidad del Estado debe ser preservada y en muchos lugares también debe ser reconstruida a los ojos de nuestros aliados y socios”, dijo Kaljulaid a través de un comunicado.

Kallas aún no ha contestado, pero ya ha advertido que en ningún caso contará con los ultraderechistas de EKRE, algo que en Estonia se ve con cierto escepticismo, pues el propio Ratas aseguró no incluir a la formación xenófoba y eurófoba en su coalición, y finalmente les acabó dando la cartera de Exteriores y Economía, por ejemplo.

Kallas necesita el apoyo de alguno de los partidos que ahora están en la coalición del Gobierno porque los 10 de los Socialdemócratas son insuficientes para alcanzar los 51 sitios necesarios para formar Gobierno. Todas las opciones están encima de la mesa y el resultado puede ser “impredecible”, sostiene Altosaar, pero si sale adelante la propuesta de la presidenta, Kaja Kallas se convertiría en la primera mujer en liderar el Ejecutivo de la república báltica.

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Dobrowolska reaccionó en la televisión nacional: “Si yo fuera un hombre, no estaría bajo tal escrutinio”. Para Jolanta Reingarde, experta en El Instituto Europeo para la Equidad de Género (EIGE, en sus siglas en inglés), con sede en Vilna, “la diferencia de estándares para hombres y mujeres es muy grande”. Lituania dejó atrás en octubre a un Gobierno formado exclusivamente por hombres que posicionó al país en el vigesimosegundo puesto en el Índice Europeo de Equidad de Género 2020, muy por debajo de la media de la UE, incluso por detrás de Letonia (17º) y Estonia (18º). “Aquel Gobierno fue un escándalo”, exclama al teléfono Ieva Giedraityte, investigadora en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Vilna. Pero tras unas elecciones que ganó Ingrida Simonyte, vieja conocida por su mano austera como ministra de Finanzas del partido conservador Unión Patriótica entre 2009 y 2012, el país ha visto cómo puestos clave de las instituciones han sido ocupados por mujeres jóvenes en cuestión de semanas.

“Quiero mostrar, con mi ejemplo y el de mis colegas, que no solo los hombres pueden estar en la cima, sino también las mujeres”, declaró a Reuters Simonyte. En el Ejecutivo hay ocho hombres y siete mujeres. Los tres partidos que conforman la actual coalición de Gobierno tienen como cabeza a una mujer. Bajo la batuta de Ingrida Simonyte, de 46 años, se encuentran la ajedrecista Viktorija Cmilyte, de 37 años, que lidera Movimiento Liberal y además preside la Seimas (Parlamento); y Ausrine Armonaite, de 31 años, líder del también liberal Partido de la Libertad y ministra de Economía. Además, el 27% de los 141 escaños de la Seimas están ocupados por mujeres, lo que representa cinco puntos más que en la legislatura pasada. “Es un gran cambio para nosotros. La gente claramente quería algo diferente”, opina Reingarde.

Muchos entusiastas de los aires de feminismo que soplan en Lituania se han apresurado a proclamar que el país báltico se acerca al modelo finlandés de igualdad de género. Otros analistas, algo más prudentes, sostienen que aún hace falta tiempo. “Es maravilloso que haya mujeres en primera línea, pero hay que esperar a ver qué políticas diseñan”, repite Reingarde al teléfono.

Como primer gesto, es posible que el nuevo Gobierno ratifique la Convención de Estambul, que condena la violencia contra las mujeres. “Tengo esperanza también en que aprueben alguna ley que facilite la conciliación [laboral y familiar]”, añade la experta de EIGE, quien, sin embargo, opina que el otro lado de la moneda de este Gobierno es que “sigue siendo conservador”. Por la ideología del partido, “habrá luchas que no serán fáciles. Como por ejemplo los derechos reproductivos y el matrimonio homosexual”, continúa. La experta cree que la primera ministra y su Gabinete están a favor de avanzar en ambos caminos, pero que al fin y al cabo, el partido al que pertenece —y sobre todo sus votantes— estarían en contra. “Además, en la Seimas aún no hay una masa crítica de mujeres” como para impulsar este tipo de reformas.

Ieva Giedraityte, algo más escéptica, duda que el Gobierno vaya a ratificar la Convención de Estambul porque asegura que “el partido conservador está dividido en cuanto a los derechos humanos” y no cree que ”exista el suficiente apoyo en la sociedad”. A todo aquello se le une la tremenda influencia de la Iglesia católica en la sociedad (casi un 80%), y algunos vestigios de la época soviética, en la que la homosexualidad estaba criminalizada. “No existía”, explica Reingarde con cierta ironía. “Parte del cambio es gracias a la entrada en la UE [2004]. Lituania tuvo que incluir en política mucha perspectiva de género. Hubo mucha voluntad de entrar en Occidente”, explica Giedraityte.

Acantilado de cristal

El debate está abierto y pese a los avances sociales, cristalizados en el Gobierno más igualitario de la historia, muchas analistas creen que en realidad lo que está viviendo el país es el fenómeno conocido como glass cliff (acantilado de cristal). “Cuando hay crisis y las posibilidades de fracaso son muy altas, los partidos políticos suelen poner al frente a una mujer”, ilustra Reingarde. De esta manera, si falla, lo hace ella. “Como por ejemplo pasó con Theresa May y el Brexit”, ilustra.

La credibilidad de los socios liberales de la coalición estaba en entredicho por varios casos de corrupción, pero ahora “la gente piensa que esas dos mujeres van a salvar a sus partidos”, opina Reingarde. Lituania atraviesa una crisis sanitaria (1.254 muertos y unos 130.600 contagios de la covid-19, según la Universidad Johns Hopkins) y se adentra en una profunda crisis económica que alienta los fantasmas de la austeridad, aunque la primera ministra haya alejado esa posibilidad.

Lituania, pues, se enfrenta a una multicrisis, pero como sentenció en Facebook la que es la figura femenina más icónica de la historia reciente del país, Dalia Grybauskaite, que presidió la república báltica durante un decenio (2009-2019): “Las mujeres (...) no tienen miedo de asumir el liderazgo en tiempos difíciles”.

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Que las granjas de visones están siendo escrutadas con lupa por su propensión a la expansión del coronavirus ―debido en parte a las condiciones de hacinamiento en las que viven estas criaturas― es un hecho en toda Europa. Pero en Dinamarca, un país con casi seis millones de habitantes, la medida fue un jarro de agua fría porque es el primer productor y criadero de visones del mundo, con China casualmente como principal cliente. Su millar de granjas emplea directamente a 3.000 personas que, como Peder Elbek Pedersen, de 65 años, se quedaron en paro de la noche a la mañana. “La decisión [del sacrificio] fue estúpida, se tomó demasiado rápido”, cuenta al teléfono este veterinario de Aarhus, en el norte del país. Ni sus colegas ni él entienden en qué se basó el Gobierno para ordenar el exterminio de toda la población de visones, y no solo de aquellos que habitaban las 284 granjas infectadas, según datos de FurEurope, una organización paraguas que engloba a los productores de pieles de animales, lo que representan entre el 25% y el 30% del total del país. “Los visones que se infectaron tuvieron el virus entre tres y cuatro días. Después ya no quedaba rastro [de la enfermedad]”, asegura Pedersen, que lleva 20 años tratando con visones, un negocio por el que ganaba unos 8.000 euros al mes, según cuenta él mismo. “La primera ministra ha hecho un gran trabajo [respecto a la pandemia], pero el #minkgate es demasiado”, continúa en referencia a la celeridad e ilegalidad con la que actuó presuntamente el Gobierno. Los datos avalan la dimensión del escándalo. Según un estudio de la Universidad de Aarhus citado por medios locales la popularidad de la líder socialdemócrata, Mette Frederiksen, se desplomó 20 puntos (desde el 75%) justo después de ordenar el sacrificio de visones y tras hacerse público que el Gobierno lo hizo sin debatirlo en el Folketing (Parlamento) y sin una base legal.

El pasado 4 de noviembre, las autoridades ordenaron sin miramientos el exterminio de 17 millones de visones en todas las granjas danesas, que se encuentran principalmente en la península de Jutlandia, con menos densidad de población, porque habían hallado una mutación de la covid-19 llamada “clúster 5” que había saltado a al menos 12 personas. El Gobierno entró en pánico —“Esto es extremadamente serio y es una amenaza para el mundo entero”, llegó a decir Frederiksen— porque la futura vacuna peligraba incluso antes de ver la luz. La socialdemócrata, haciendo una vez más gala de su pragmatismo ―muchos analistas afirman que tiene aires thatcherianos―, optó por atajar el problema de raíz justificando la drástica medida en la urgencia que requería para la salud. “Por supuesto la salud pública es una prioridad, pero hubiera sido mejor sacrificar solo a los visones de las granjas afectadas, no a la totalidad del país”, dice al teléfono el portavoz de los Liberales, Michael Aastrup Jensen.

La oposición en bloque —que hasta el momento había cerrado filas con el Gobierno en minoría de Frederikesen y su aplaudida gestión de la pandemia (802 fallecidos en total)—, denunció que la medida carecía de base legal para llevar a cabo el cometido y que, por tanto, la premier debía dimitir. “Va en contra de la Constitución y alguien que viola la ley no puede ser primer ministro”, alega al teléfono el diputado conservador Naser Khader. El profesor de Derecho en la Universidad de Copenhague Mikael Rask Madsen explica a través de un correo electrónico que la urgencia que tenía el Gobierno no le legitima para actuar de forma ilegal. “No es una cuestión de legitimidad, sino de legalidad. La única forma en que el Gobierno podría haber justificado en un sentido legal sus acciones fue considerándola una medida de emergencia bajo la ley constitucional. Sin embargo, nunca reclamaron esta base para su acción y en su lugar actuaron como si tuvieran una base legal (...). Actuaron al margen de la ley y la legalidad”, sostiene en un tono visiblemente molesto.

Jakob Ellemann-Jensen, líder de la oposición conservadora (en Dinamarca, los partidos que apoyan al Gobierno incluso de manera externa, en este caso verdes y socio-liberales, no forman parte de la oposición), aseguró que existen informes técnicos que alertaban desde hacía semanas de la ausencia de base legal para llevar a cabo el exterminio de todos los visones del país. “La Constitución prohíbe que la Policía, el Ejército vaya de granja en granja pidiendo sacrificar a tus animales. La Constitución dice que no puedes hacer nada con la propiedad privada sin una ley”, ilustra Aastrup Jensen. La agencia estadounidense Bloomberg asegura que los documentos circulaban en los grupos de expertos donde se toman las decisiones desde octubre, un mes antes de la matanza; y la televisión pública DR señala que hasta seis ministros fueron advertidos del vacío legal que suponían los sacrificios masivos. El Gobierno, sin embargo, lejos de debatir la medida en el Folketing, continuó con el plan.

Después de meses de riguroso compromiso con el Gobierno la oposición, en fin, ha vuelto a hacer oposición. El Ejecutivo “ha cruzado los límites”, dice el portavoz liberal. Y así, la semana pasada llegó la primera víctima: el responsable de Agricultura, Mogens Jensen, de 57 años. “Me gustaría decir que está claro que mi ministerio ha cometido un error en relación al sacrificio de visones anunciado por el Gobierno. He pedido disculpas por ello, las vuelvo a pedir y asumo mi responsabilidad por ello”, dijo el titular en un comunicado. Pese a este mea culpa (que por otro lado no resulta extraño en estas sociedades), muchos sostienen que es Frederiksen la que sostiene la pistola humeante. “Ella centraliza todo el poder”, añade Khader.

El Ejecutivo socialdemócrata se defiende ahora diciendo que la propuesta de matar a los visones era una mera recomendación, mientras que toda la oposición asegura que el extitular de Agricultura, cuando anunció la drástica medida en rueda de prensa, fue imperativo. “Ahora el exministro dice que solo recomendó. Eso no es verdad”, apunta el conservador Khader, quién avecina una batalla legal por el significado de “recomendar” u “ordenar” fuera o dentro del Folketing. Pese a que el profesor de Derecho comprende la presión bajo la que se encontraban las autoridades, cree que el Gobierno debería dimitir, incluso en medio de una pandemia con los peligros y la inestabilidad que ello podría conllevar para la sociedad: “El costo real es que se socava la democracia y el Estado de derecho si los que están en el poder no están dispuestos a aceptar su responsabilidad”, zanja.

Mientras tanto, el Ejecutivo arregló a principios de semana el desaguisado legal sacando adelante una norma que daba cobertura legal a la matanza de forma retroactiva. Además, todos los partidos con representación parlamentaria están estos días negociando con el Gobierno ayudas económicas para la industria del visón en Dinamarca y aunque no es oficial, ya se habla de unos 20 billones de coronas danesas (unos 2.700 millones de euros). “La gente tiene que encontrar un nuevo trabajo”, justifica Michael Aastrup Jensen. El veterinario Pedersen es mucho más pesimista y asegura que la industria del visón en Dinamarca “se ha terminado en un 99,9%”.

Investigaciones

Pese a que el exministro Jensen fue inmediatamente sustituido por Rasmus Preh, hasta el momento al frente del área de Cooperación, su retirada no parece suficiente para toda la clase política a derecha e izquierda, que ha anunciado ya hasta tres investigaciones sobre qué ocurrió, quién sabía qué, desde cuándo y si fue una orden o una mera recomendación. Una investigación será liderada por abogados independientes; otra entrará dentro de una comisión parlamentaria impulsada por la oposición conservadora; y la última se trata de una suerte de audiencia pública a lo estadounidense que piden los partidos a la izquierda del Gobierno. Esta última, sin embargo, no tiene ningún futuro, ya que no está contemplada en las leyes del país.

“La primera ministra continuará luchando”, asegura el portavoz liberal, quien coincide con el diputado conservador en que las investigaciones durarán “máximo un año” y en que es poco probable que haya una moción de censura en su contra sin esperar a las conclusiones de las pesquisas. El Gobierno de Frederiksen, de momento, sobrevive en silencio al #minkgate.

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“La situación en nuestro país es complicada y a la vez sencilla: vivimos en un tiempo de pruebas. Y [esto] va a empeorar. Cumple con tu deber, asume tu responsabilidad para frenar la propagación. No vayas al gimnasio, ni a la biblioteca, ni a cenar, ni a fiestas. Quédate en casa”, dijo la semana pasada el primer ministro, el socialdemócrata Stefan Löfven, durante una rueda de prensa virtual. El Ejecutivo deja ahora entrever que durante la primera ola, en primavera, imperó la responsabilidad individual. Pero ahora “hay menos cumplimiento”, lamenta Löfven, quien añadió que ese hastío de la población era una actitud “comprensible” dada la larga duración de la pandemia y las consecuentes recomendaciones para atajarla: teletrabajo, restricción de aforos en lugares públicos, limitaciones a las visitas en las residencias de ancianos, clases universitarias online, barras de bares y restaurantes cerrados, etcétera.

Tras nueve meses de una especie de laisser-faire, en los que el uso de la mascarilla no se ha hecho obligatorio —aunque poco a poco se ven más por la calle—, no se han cerrado fronteras, ni se ha decretado ni un solo estado de alarma, el Gobierno ahora ha sorprendido a muchos dando este puñetazo encima de la mesa. “Al principio parecía que en Suecia no pasaba nada, pero ahora [la pandemia] ha escalado mucho”, sostiene Arlette Garduño, mexicana de 32 años afincada desde hace años en Lund (en el sur del país), donde ejerce de maestra. “La verdad, las medidas parecen seguir siendo bastante blandas, aunque el primer ministro ahora fue más duro en su comunicación”, continúa.

Las autoridades no solo han impuesto la obligatoriedad por ley de esas dos medidas, sino que ha establecido multas de hasta seis meses de prisión para quienes no las cumplan. “La regla básica debe ser renunciar a todo lo que no sea absolutamente necesario”, remarcó la semana pasada también Johan Carlson, director de la Agencia de Salud Pública, según recogieron los medios locales. Pero para Garduño, la vida no ha cambiado mucho. Su novia, que sí trabaja en una empresa, ahora lo hace desde casa. Y está un poco “harta”, dice. Pero nada más. “Comparado con el resto de Europa, acá la vida sigue más o menos normal”, cuenta Garduño al teléfono.

La llamada segunda ola del coronavirus, que desde verano azota a toda Europa, ha llegado comparativamente algo más tarde a Suecia, que está ahora empezando a sufrir sus consecuencias. La incidencia acumulada en los últimos 14 días supera los 500 por 100.000 habitantes (511,9, según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, el doble que en Dinamarca y superior a España, uno de los países europeos más tocados); y solo el viernes pasado se registraron 6.000 contagios y 42 muertes, las mayores cifras en un día en este país de algo más de 10 millones de habitantes desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia el pasado marzo. Un estudio publicado por la Radio Sueca desvela, además, que la covid-19 fue la tercera causa de muerte más común en el país (después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer) durante los seis primeros meses de 2020, con la excepción de abril, que fue la primera.

Excepciones

Pese al aparente giro radical en la estrategia de lucha contra la pandemia, la ley que entrará en vigor este martes y que fija un máximo de ocho personas en reuniones en espacios públicos se limita, sin embargo, a teatros, exposiciones, conciertos y eventos deportivos. Y aunque ha copado titulares, está llena de excepciones porque gimnasios, piscinas, bibliotecas, escuelas, transporte público y centros comerciales, por citar solo algunos espacios, quedan exentos. Y también los restaurantes, pues su única obligación es que no se sienten más de ocho comensales en la misma mesa.

Analistas de la prensa sueca, como Ewa Stenberg, que escribe en el diario nacional Dagens Nyheter, opinan que lo que revela este cambio es que el Gobierno “ha perdido el control” de la situación. Lo cierto es, sin embargo, que Löfven siempre había dejado la puerta abierta a la posibilidad de endurecer las medidas.

“No creemos en un confinamiento total (…) creemos que estas medidas que hemos tomado… son adecuadas”, dijo el líder socialdemócrata, respaldado por el epidemiólogo nacional (el homólogo de Fernando Simón), Anders Tegnell, quien avanzó que el país seguirá por un camino intermedio entre las recomendaciones y algunas obligaciones puntuales según la evolución de la situación: “Así es como funcionamos en Suecia”, dijo Tegnell. Garduño está de acuerdo: “Con el tiempo, creo que ha sido mejor así”.

Información sobre el coronavirus

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El Gobierno del país escandinavo ha anunciado este jueves el confinamiento estricto de siete municipios del norte de la península de Jutlandia por casos de contagios con esta variante del virus. Las medidas afectan a 280.000 habitantes. Durante al menos cuatro semanas cerrarán restaurantes y bares, centros culturales y deportivos e institutos, mientras las escuelas infantiles se mantendrán abiertas.

Esta nueva variante del virus “podría tener consecuencias devastadoras para la pandemia en el mundo entero”, ha advertido la primera ministra danesa Mette Frederiksen en una comparecencia virtual. “Un virus mutado corre el riesgo de propagarse a otros países. La situación es muy seria”, ha añadido. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado en Twitter que está al tanto de las informaciones sobre la mutación de virus en los visones de Dinamarca y que están en contante comunicación con las autoridades del país.

El Gobierno ha puesto en marcha un programa para que los granjeros de visones maten a sus animales con la ayuda si es necesario de la policía y el ejército. En total se calcula que hay que aniquilar a 17 millones de ejemplares, la totalidad de los que se crían cada año para abastecer la industria peletera del país, la primera productora mundial. Más de mil granjas se reparten por todo el país y al menos en 207 de ellas se ha detectado transmisión del coronavirus entre visones.

Hace unos meses los Países Bajos detectaron que el nuevo coronavirus podía pasar de los cuidadores de las granjas de visones a los animales y después de estos a los humanos, lo que llevó al sacrificio masivo de ejemplares. En España, un brote de coronavirus obligó a acabar con los casi 100.000 de estos animales de una granja de La Puebla de Valverde, en Teruel, por las mismas razones.

Una de las cosas que puede hacer a un virus más peligroso es que salte de una especie a otra. Un solo virus que entra en una célula es capaz de producir decenas de miles de copias de sí mismo. El virus necesita la maquinaria biológica de su nuevo huésped para leer y copiar su secuencia genética —en este caso compuesta por casi 30.000 letras de ARN—. En este proceso suceden errores de copia, mutaciones, que pueden cambiar la fisonomía del virus. Si estas nuevas variantes vuelven a saltar a otra especie puede que el sistema inmune no sepa identificarlo y combatirlo con efectividad incluso aunque alguien se haya vacunado antes contra una versión previa del mismo virus. Esto es lo que podría suceder en Dinamarca, según las autoridades del país.

Las autoridades danesas creen que este brote comenzó antes de verano, probablemente cuando algún trabajador de una granja de visones contagió a un animal

El Gobierno cree que esta nueva variante del virus se sigue expandiendo entre personas y que en torno a la mitad de todos los infectados de Jutlandia del norte son ya portadores de esta nueva variante del patógeno, según un informe del Instituto Serológico de Dinamarca. El mismo trabajo explica que el nuevo virus procedente del visón tiene hasta siete mutaciones nuevas. Todas están en la espícula, una proteína con forma de pincho que sobresale del virus y que realmente es una llave con la que puede abrir la cerradura de las células humanas y entrar a infectarlas. Hasta ahora se han identificado al menos 12 personas infectadas con una variante del virus procedente del visón que tiene cuatro mutaciones nuevas en esta proteína. Cuatro de estas personas están relacionadas con al menos tres granjas de visones, según ha informado el instituto serológico. Este organismo cita “estudios de laboratorio” en el que se ha comprobado que las personas infectadas con este virus desarrollarían anticuerpos menos efectivos contra esta nueva variante del virus. “Esto es preocupante, ya que podría afectar potencialmente a la eficacia de una futura vacuna contra la COVID-19”, alerta el documento. Muchas de las vacunas que se están desarrollando actualmente se basan en que el sistema inmune aprenda a reconocer a la proteína S del nuevo coronavirus, por lo que existe la posibilidad de que un nuevo virus con una proteína S ligeramente diferente pudiese infectar incluso a gente que ha sido vacunada.

Las autoridades danesas creen que este brote comenzó antes de verano, probablemente cuando algún trabajador de una granja de visones contagió a un animal. La infección se ha expandido rápidamente por las granjas de Jutlandia hasta afectar a hasta casi 200 explotaciones. También en junio el virus volvió a saltar de los visones a los humanos y provocó varios brotes en la población local, incluido uno en una residencia de ancianos. El Instituto Serológico considera que continuar con la explotación de estas granjas supone un grave riesgo para la salud pública, por lo que recomienda la eliminación de todos los animales.

El Ministerio de Agricultura ha publicado un mapa con todas las granjas afectadas y ha puesto en marcha un plan de ayudas para los granjeros que deben exterminar a sus animales. El sacrificio costará a las arcas públicas unos 700 millones de euros, informa Reuters.

El país escandinavo no ha publicado detalles sobre las mutaciones en el virus y si estas tienen algún efecto, por ejemplo una mayor virulencia o propagación. “Las implicaciones de estos cambios en la proteína de la espícula no han sido evaluadas por la comunidad científica internacional y aún es demasiado pronto para decir que pueden provocar que las vacunas o la inmunidad natural no funcionen”, advierte James Wood, jefe del departamento de veterinaria de la Universidad de Cambridge en declaraciones para Science Media Centre. El ministro de Salud danés ha dicho que la mitad de los 783 casos de covid detectados en el norte del país “están relacionados” con los visones, informa AP. Si esto es así, “es probable que la variante se haya transmitido de persona a persona, más que de visones a personas, por lo que matar a los visones no hará que la variante desaparezca”, ha advertido Wood.

Emma Hodcroft, genetista de la Universidad de Berna (Suiza), es una de las responsables del proyecto NextStrain que analiza y rastrea el genoma completo de las diferentes variantes del SARS-CoV-2 que se están expandiendo por todo el mundo. Ella fue una de las científicas que la semana pasada ayudó a identificar la nueva variante del coronavirus surgida en España durante el verano que después se ha expandido por varios países de Europa hasta ser una de las más frecuentes. Es un virus mutado surgido gracias a los brotes masivos entre trabajadores agrícolas en Huesca y Lleida. Al igual que con la variante danesa, por ahora no hay evidencias de que sea más virulenta o transmisible. “La decisión de sacrificar a los visones puede ser válida para contener el virus en Dinamarca, pero mantener que esto puede afectar a la mayoría de vacunas causa mucha alarma sin que los científicos dispongamos de los datos para evaluarlos como es debido”, ha escrito la investigadora en Twitter. Según un análisis preliminar, dos de las mutaciones observadas en Dinamarca ya se habían dado en otros países europeos, tanto entre personas como entre visones de Holanda. Las otras dos serían totalmente desconocidas hasta el momento.

“Aunque no lo sabremos hasta que no tengamos todos los datos y se hagan los estudios necesarios, lo más probable es que estas cuatro mutaciones no afecten al funcionamiento de las vacunas y lo que es seguro es que no afectará a todas ellas”, explica Fernando González Candelas, catedrático de la Universidad de Valencia y coautor del estudio sobre la nueva variante hallada en España. Averiguar si las cuatro mutaciones de Dinamarca confieren más virulencia o si tienen algún otro efecto es trabajoso y lleva tiempo, explica el científico. Para ello es necesario crear una nueva variante del coronavirus con esas mutaciones y probar su capacidad infectiva, su cantidad de replicación y el resto de capacidades, detalla. “Esta es una decisión muy prudente respecto a la salud pública, pero afecta a una industria de manera muy grave”, resalta sobre la situación en Dinamarca. “Es una decisión política, pero científicamente me gustaría ver los datos para evaluar el posible riesgo y saber si este movimiento ha evitado tomar decisiones mucho más serias más adelante”, concluye.

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Con una inversión en la isla mediterránea de 2,5 millones de dólares (2,1 millones de euros) por petición, al menos 2.500 personas y sus familiares de 70 países diferentes, decenas de ellas con antecedentes penales y muchos de ellos bajo el yugo de las sanciones de Bruselas, obtuvieron el pasaporte chipriota -por tanto, europeo-, entre 2017 y 2019, según reveló en agosto Al Jazeera en base a una enorme filtración de hasta 1.400 documentos. Pese a que en los últimos dos o tres años “solo se hablaba de esto” en la política interna de la isla (poco más de un millón de habitantes), según cuenta Mavrou, la traca final ha retumbado esta semana en el resto de Europa, cuando el escándalo salpicó a políticos de primera fila.

La cadena catarí reveló el lunes la supuesta implicación del presidente del Parlamento chipriota, Dimitris Siluris, y otros diputados nacionales en la venta de pasaportes a inversores con antecedentes penales que no cumplirían los criterios necesarios para poder moverse y trabajar libremente por la UE por estar bajo investigación criminal o, incluso, condenados por algún delito.

Sven Giegold, europarlamentario alemán y portavoz de política económica y financiera del grupo de los Verdes, añade en esa misma línea que ha habido un “mal uso” de los derechos de la UE y una “violación” en el principio de cooperación que rige en los Estados miembros. “Perderemos el proyecto europeo si la ciudadanía se convierte en una mercancía. La Comisión [Europea] debe abrir ya un procedimiento de infracción contra Chipre y otros países que utilizan no solo los visados dorados, sino también la venta de ciudadanía [que se hace] indirectamente a través de pasaportes”, explica al teléfono. Es el caso de Chipre, pero también de Malta y de Bulgaria (entre otros), países que llevan años bajo la lupa de Bruselas y de organizaciones anticorrupción como Transparencia Internacional.

Bajo la presión de varias investigaciones, Nicosia endureció en julio la ley de adquisición de ciudadanía (por la que ni siquiera se exigía un examen lingüístico o residir en el país), pero resultó “demasiado tarde”, se lamenta Mavrou. Ahora Giegold cree satisfecho que la Comisión abrirá “pronto” ese procedimiento de infracción, que se iniciará con una carta de aviso a Nicosia, seguirá con una denuncia en el Tribunal de Justicia de la UE y terminará, ansía este europarlamentario alemán, con una sanción financiera para el país mediterráneo. “Comprar una identidad es inadmisible”, exclama. De hecho, Christian Wigand, portavoz de Justicia de la Comisión, confirmó el martes en una rueda de prensa en Bruselas que están “estudiando de cerca” abrir ese procedimiento contra Chipre, aunque, de momento, Wigand se limita a pedir a las autoridades nacionales que hagan su trabajo en las pesquisas.

El último episodio que ha hecho a Nicosia mover ficha y suspender definitivamente este programa, por el que el país ha recaudado unos 7.000 millones de euros desde su puesta en marcha en 2013, es un vídeo en el que el propio presidente del Parlamento, Dimitris Siluri, se ve implicado de lleno en la trama de compraventa de pasaportes. En las imágenes, grabadas con cámaras ocultas, se ve a Siluris reunido con periodistas que se hacen pasar por representantes de un ficticio empresario de éxito chino que habría escapado del país y habría sido condenado en ausencia a siete años de prisión por cohecho y lavado de dinero. Los reporteros se reunieron con Siluris y el parlamentario de AKEL Christakis Giovanis, así como con abogados y agentes inmobiliarios, para negociar un pasaporte chipriota para él dentro del esquema Ciudadanía por Inversión, informa Efe. “Le podéis decir, sin mencionar mi nombre ni el de ningún otro, que tendrá el apoyo total de Chipre. A cualquier nivel. Político, económico, social, todo ¿vale?”, asegura Siluris en el vídeo.

La misma cadena había puesto en verano bajo la lupa este programa en su investigación The Cyprus Papers (Los Papeles de Chipre), un trabajo en el que se revelaron las identidades de aquellos inversores que se estaban presuntamente comprando pasaportes comunitarios: oligarcas rusos, ricos empresarios chinos, vietnamitas, estadounidenses, británicos, israelíes, palestinos, saudíes, camboyanos, afganos y hasta el hermano del ex primer ministro libanés Najib Mikati, uno de los hombres más ricos de Líbano. Muchos de ellos, bajo la calificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP, en sus siglas en inglés), estaban acusados de lavado de dinero, corrupción y malversación de fondos en sus países y encontraron en esta isla una suerte de escondite. “Chipre ha sido la puerta trasera hacia la UE para criminales y gente con antecedentes penales”, dice convencida Mavrou, que además, citando un informe del Ministerio de Finanzas chipriota de 2019, revela que esos 7.000 millones de euros no han repercutido en la economía del conjunto del país, sino que buena parte de lo recaudado ha ido a parar a manos de unos pocos. “En la costa de Limasol [en el sur de la isla], por ejemplo, se ven rascacielos que son parte de las inversiones inmobiliarias que un extranjero podía hacer para obtener la ciudadanía (…) Ahí suele haber más rusos”, ilustra.

Ava Lee, jefa de campañas anticorrupción en Global Witness, una de las organizaciones que, como Transparencia Internacional, llevan años denunciando estas prácticas, ve con buenos ojos la frenada de Nicosia al esquema de Ciudadanía por Inversión, pero opina que “mientras otros Estados miembros de la UE continúen ofreciendo visas, pasaportes y ciudadanía a cualquiera que tenga dinero de sobra, toda la UE seguirá en riesgo”, escribe en un correo electrónico. “Es hora, de una vez por todas, de que toda Europa se una para acordar que la ciudadanía es más que, a menudo, dinero sucio”.

Modelo de negocio

Muchos países golpeados por la Gran Recesión vieron en los programas de concesión de ciudadanía una oportunidad legal para mejorar su economía. Fue el caso de Malta, que junto a Bulgaria y Portugal, continúa bajo la lupa de Bruselas y de ONG anticorrupción. En España, sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013 una ley por la que los extranjeros podían conseguir visado y residencia a cambio de la compra de viviendas de más de 500.000 euros. Es la llamada golden visa que, a diferencia del caso chipriota, no hace saltar las alarmas en Bruselas ya que la nacionalidad no se utiliza como un activo de compraventa.

“Al final son modelos de negocio para obtener dinero, pero eso no es una excusa para aceptar esto y convertirse en un criminal”, dice el eurodiputado alemán. En un reciente informe, Giegold también añade a países del norte como Letonia como lugares habituales donde ciudadanos extracomunitarios se dedican al lavado de dinero. “Durante demasiado tiempo, el dinero negro ha estado fluyendo hacia Europa a través de los programas de residencia y ciudadanía de algunos Estados de la UE que no han sido cuidadosos y ponen en peligro la seguridad interna [de la UE]”, ha lanzado este miércoles este europarlamentario en un comunicado en el que urge al Consejo Europeo y al Gobierno alemán, que ostenta la presidencia de turno de la UE hasta 2021, a tomar medidas más severas.

Por el momento nadie ha sido imputado oficialmente en Chipre, aunque el diputado Giovanis dimitió el mismo martes por la noche, convirtiéndose en el primer y, por el momento, único que ha asumido su responsabilidad política en la trama. “Estamos pidiendo la imputación de todos aquellos que hayan tenido algo que ver en este esquema”, insiste Mavrou. “Esto va más allá de la reputación [del país]. Se trata de que nos tomen en serio. De que nos respeten como Estado”, concluye.

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Engström nació en Bombay en 1934. De padres suecos, volvió al país escandinavo cuando tenía 12 años. Fue un mal estudiante ya en la primaria y, como no es extraño con los niños rezagados, ingresó en una escuela militar. Allí pudo labrarse una carrera hasta llegar a sargento. Autodefinido en varias entrevistas en la prensa sueca como “extremadamente tímido”, aunque seguro de sí mismo, abandonó la carrera castrense y acabó trabajando como diseñador gráfico en la empresa de seguros Skandia, en la que acabó jubilándose. En sus oficinas, cercanas a la escena del crimen, fue visto por última vez justo antes de que Palme agonizara en la acera sobre un charco de su propia sangre.

Pese a que al día siguiente del asesinato tenía planificado un viaje de esquí, el ya autor oficial del magnicidio de Palme le dijo a su esposa que debía volver ese viernes a la oficina a terminar unos asuntos. Entró y salió varias veces del edificio, pero minutos antes del suceso, hacia las 11 de la noche del viernes 28 de febrero de 1986, Engström se marchó en dirección al metro de Estocolmo. Vestía abrigo oscuro, gorro y gafas, según las imágenes de las cámaras de seguridad, que han sido revisadas una y otra vez por los investigadores. Especialmente desde 2017, cuando el equipo del fiscal Krister Petersson decidió reabrir el caso, cerrado anteriormente por falta de pruebas.

Ese abrigo, ese gorro y esas gafas son una estampa casi familiar en la bibliografía del magnicidio. El propio Engström, que tenía problemas económicos y estaba en tratamiento por beber demasiado, según la prensa local, llamó a la policía al día siguiente del asesinato, el sábado, con la voluntad de reconocer que él estuvo allí pero que no fue el responsable del crimen. El Hombre de Skandia se acercó al punto donde Palme fue disparado, cerca del Grand Cinema para, según su versión, darle los primeros auxilios.

Eso fue lo que contó en un primer momento, que fue el primero en intentar reanimar a Palme, que yacía en la acera donde hoy hay una placa en su memoria, y que señaló a los demás viandantes con el dedo la dirección por donde el autor de los disparos se había esfumado. Nadie le vio. Ningún testigo de la veintena de ellos que los investigadores han situado en la escena ha respaldado la coartada de El Hombre de Skandia. Todos los testimonios aseguraron, sin embargo, que un hombre de similar apariencia a la de Engström desapareció en la noche, corriendo por un callejón, tras disparar por la espalda y a quemarropa a Palme y dejar herida a su esposa Lisbet, que murió hace dos años. Los testigos aseguraron que el hombre a la fuga llevaba abrigo oscuro, gorro y gafas.

Ideología

Stig Engström era un hombre conservador. En los años ochenta llegó a militar en el Partido Moderado (los conservadores tradicionales y en la actualidad líderes de la oposición) y era muy crítico con las políticas del progresista Palme. Gente de su entorno ha declarado a la prensa local que hablaba muy mal del socialdemócrata, considerado por muchos dentro y fuera de Escandinavia como el padre del Estado de bienestar, pero que tampoco le veían capaz de asesinar. La fiscalía ha reconocido que el móvil del magnicidio no es claro, pese a que Palme y Engström estuvieran en las antípodas ideológicas.

Tras revisar los más de 700.000 folios de sumario (la prensa local asegura que ocupan 250 metros de estantería), cuestionar a más de 10.000 personas, imputar a 130 y acusar a otra (Christer Pettersson, un delincuente que fue encarcelado y liberado poco después por falta de pruebas contundentes), la Fiscalía ha llegado hasta donde ha podido. Las autoridades creen que los indicios que apuntan a El Hombre de Skandia son suficientes para cerrar la herida. “Aunque la escena era un caos, él [Engström] claramente no actuó como dijo en un primer momento que actuó”, sostiene el fiscal.

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“Hemos llegado lo más lejos que hemos podido”, ha dicho Petersson en una comparecencia virtual –a causa de la prohibición de reuniones de más de 50 personas para prevenir los contagios de coronavirus– que ha sido seguida en directo por más de medio millar de periodistas en diferentes países al estar interpretada en inglés. El asesinato de Palme, un hombre controvertido, defensor de los derechos humanos e incómodo para muchos Gobiernos a los que criticó abierta y duramente –como al de Estados Unidos por la intervención en la guerra de Vietnam; al sudafricano por el régimen del apartheid contra la mayoría negra; y a la dictadura franquista, entre otros–, representó un trauma para Suecia y conmocionó a toda la socialdemocracia europea la noche del 28 de febrero de 1986. Palme, primer ministro de Suecia entre 1969 y 1976 primero, y entre 1982 y 1986 después, murió antes de entrar en el hospital en la madrugada del 1 de marzo.

Pese a que los investigadores no han sido específicos a la hora de desvelar el móvil del asesinato, se sabe que Engström, de padres suecos pero nacido en la India en 1934, había mostrado su rechazo al discurso político progresista de Palme días antes de pegarle dos tiros por la espalda. Los investigadores han señalado que los testimonios de algunos testigos han sido “de gran importancia” para acabar responsabilizando, ya definitivamente, a El Hombre de Skandia. Las declaraciones de esos testigos han insistido durante años en que un hombre con abrigo oscuro y sombrero se esfumó de la escena del crimen por unas escaleras aquella fría noche. Engström estuvo ese viernes del crimen hasta tarde en la oficina en la que trabajaba como diseñador gráfico, según las imágenes recogidas por las cámaras del edificio. Eso le dijo también a su esposa ya que al día siguiente, sábado, se iba a esquiar y no pudo preparar el viaje. Poco antes de la hora del asesinato, el sospechoso salió del edificio de Skandia vistiendo precisamente un abrigo oscuro y un sombrero, tal como aparece en las imágenes de prensa de aquellos años. “Se dirigía al metro”, han sentenciado los investigadores. Justo el mismo camino que Palme y su esposa Lisbet recorrieron –sin guardaespaldas– aquel día, después de ver la película Los hermanos Mozart en el Grand Cinema de Estocolmo.

El fiscal Petersson, frío, tranquilo y bastante impasible pese a la expectación que había despertado su comparecencia, sostiene como prueba del asesinato que Engström tuvo acceso a un revólver del mismo tipo y modelo con el que Palme fue tiroteado: un Magnum .357 Smith&Wesson. Pese a las últimas conjeturas en redes sociales y en la prensa local —que se añaden a la larguísima lista de hipótesis y teorías conspirativas que acarrea el caso Palme—, el fiscal ha insistido este miércoles varias veces en que, después de 34 años, el arma sigue en paradero desconocido.

Otro indicio, quizás más llamativo que el de la pistola, es la revelación de que Engström era miembro de un club de tiro, según el fiscal. Las autoridades están prácticamente seguras de que él no era el propietario de la ya mítica Magnum .357 Smith&Wesson, pero que “alguien en su vecindario” de Estocolmo tenía una habitación de su casa “llena” de pistolas y que una de ellas coincide con el calibre utilizado para matar a Palme. Engström “tenía una [pistola] que parece que coincide con la del crimen”, ha dicho Petersson. “Creemos que Engström llevaba consigo una pistola aquella noche”, ha añadido.

El Hombre de Skandia era ya un viejo conocido, pues fue él mismo quién a la mañana siguiente llamó a la policía para avisar de que él fue a la escena del crimen para socorrer a Palme y que estaba preocupado por que le pudieran confundir con el asesino. Tras años de estudio milimétrico y de vaivenes en la investigación, Petersson ha podido confirmar que la versión que dio Engström como testigo primero, y sospechoso después, no coincide con la información que revelan las cámaras de seguridad de su empresa, la declaración de su esposa y varios testimonios de otros testigos.

Las esperanzas de que el enigma se iba a resolver hoy eran altísimas en el país escandinavo de alrededor de 10 millones de habitantes, pero han resultado en un “anticlímax”, describe por correo electrónico Ulf Bjereld, reputado politólogo de la Universidad de Gotemburgo y simpatizante del Partido Socialdemócrata, la formación de Palme. “Las expectativas de que el fiscal iba a presentar pruebas nuevas y sustantivas eran altas. Pero no, no había arma homicida, ni ADN, ni confesión, ni nuevos testimonios cruciales”, resume. “Sí, Stig Engström es realmente un sospechoso. Pero no hay evidencia clara de que él también sea el asesino”, opina. El actual primer ministro, el también socialdemócrata Stefan Löfven, espera que con esta última comparecencia de los investigadores se cierre la herida que el asesinato de Palme supuso para la sociedad sueca, recoge Reuters. Aunque reconoce que hubiera sido más deseable obtener evidencias más determinantes sobre el caso. Martin, uno de los hijos de Palme y Lisbet, cree que el resultado de la investigación es “correcto”, pero también reconoce que no hay una certeza absoluta que vincule a Engström con el crimen, según la radio sueca.

El caso queda hoy, tras 12.522 días de misterio, cerrado, y el único responsable, El Hombre de Skandia, ya no puede ser juzgado pese al ánimo del fiscal Petersson, que reabrió el caso en 2017, de arrojar un poco de luz en un magnicidio equiparado al del mítico presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1963.

Investigación

Varios tertulianos políticos y algunos medios suecos habían avivado estos días el debate previo a una comparecencia oficial que ahora pone fin a 34 años de una investigación llena de descuidos y torpezas. Por ejemplo, no se acordonó con suficiente rapidez la escena del crimen, que fue contaminada; una de las dos balas fue hallada por una persona ajena a la investigación, entre otros descuidos.

La vía de investigación que iba tomando más fuerza era la sudafricana. Palme era un hombre abiertamente crítico con el régimen del apartheid y una semana antes de su muerte no solo pidió su abolición, sino que mostró su apoyo al Congreso Nacional Africano. “Apoyaba a los países del tercer mundo y su derecho a la independencia”, recuerda Bjereld. Pero el fiscal ha sido contundente: “No hay nada específico. Desafortunadamente no hay pruebas suficientes [para inculpar a los servicios secretos de Sudáfrica]”.

Palme era incómodo, incluso polarizador, recuerda el politólogo. “Mucha gente lo amaba, algunas personas lo odiaban. Era muy inteligente, un excelente retórico y su lenguaje político era muy ideológico”. Por eso, desde el principio, las hipótesis sobre la autoría -material e intelectual- se multiplicaron. El partido kurdo PKK, el KGB (servicios secretos soviéticos), Yugoslavia y hasta la CIA (servicios secretos de EE UU). Incluso un delincuente común, Christer Pettersson, pasó unos meses en la cárcel, pero fue liberado por falta de pruebas. Meses después, quedó en libertad por falta de pruebas. Todos habían sido sospechosos alguna vez de estar detrás de un magnicidio que conmocionó a la sociedad europea de finales del siglo pasado. “Las especulaciones continuarán, pero a nivel social creo que habrá una aceptación de que ahora sabemos lo que es posible que sepamos y que tal vez nunca obtengamos la respuesta absoluta sobre la pregunta sobre quién mató a Olof Palme”, sentencia Bjereld.

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El enigma alrededor de la muerte de Palme, considerado un símbolo del estado de bienestar, aquella fría noche del 28 de febrero de 1986 ―murió de hecho durante la madrugada del 1 de marzo― a la salida del cine en el centro de Estocolmo, la capital del país, nunca se ha despejado. Y ahora, a pocas horas de que se hagan públicos importantes detalles de la investigación, archivada primero y reabierta en 2016, el ruido es cada vez mayor. “Durante 34 años la pregunta ‘¿Quién mató a Olof Palme?' y '¿Por qué?’ ha invadido a la gente en Suecia. Sea cual sea la respuesta mañana veremos cómo muchos suecos sienten un gran alivio”, señala por correo electrónico Ulf Bjereld, reputado politólogo en la Universidad de Gotemburgo y simpatizante del partido Socialdemócrata, la formación de Olof Palme.

Algunos medios locales como el diario Aftonbladet han llegado a asegurar que el Gobierno del también socialdemócrata Stefan Löfven ha sido ya informado de que lo que mañana miércoles va a mostrar al mundo entero el fiscal Petersson es el arma con el que Palme fue doblemente tiroteado, a quemarropa, por la espalda: un revólver Magnum .357 Smith&Wesson que nunca fue encontrado. Cuando el fiscal anunció en febrero que había obtenido nuevas pistas que le iban a permitir resolver el caso Palme, muchos expertos pensaron entonces que solo el hallazgo de una nueva prueba, que hasta ahora había escapado a los investigadores, le permitiría realizar una afirmación tan contundente. Varios medios apuntaron entonces a que se trataba del arma del crimen, pero hasta el momento no se ha filtrado ningún detalle de la investigación.

El Aftonbladet cita un tuit de Daniel Suhohen, tertuliano político cercano a los socialdemócratas, en el que sostiene que una fuente anónima le asegura que el Palme Group (el grupo policial designado tras el suceso para resolver el caso) ha encontrado el revolver. Ningún otro medio local se ha hecho eco del supuesto hallazgo. Suhohen añade, además, que otra fuente ―también anónima― le ha asegurado que las autoridades van a revelar el nombre del asesino y apunta al servicio secreto sudafricano. “Tengo una fuente de que el Palme Group tiene el arma. Otra fuente dice que es Sudáfrica. Confío en estas dos personas. Será emocionante ver el miércoles lo que Krister Petersson va presentar”, ha dicho en su cuenta de Twitter.

La teoría sudafricana ha sido siempre una vía abierta en la investigación del asesinato de Palme cuando salía del Grand Cinema y volvía caminando a casa ―y sin guardaespaldas― con su esposa Lisbet. El que fuera primer ministro de Suecia entre 1969 y 1976 primero, y 1982 y 1986 después, era un grandísimo defensor de los derechos humanos y se había opuesto fervientemente al régimen del apartheid sufrido por la mayoría negra en Sudáfrica. Una semana antes de su muerte, pidió públicamente la abolición del sistema de apartheid y mostró su apoyo al Congreso Nacional Africano. “Apoyaba a los países del tercer mundo y su derecho a la independencia”, recuerda Bjereld.

El diario británico The Guardian publicaba este lunes una investigación en la que aseguraba, citando fuentes anónimas, que los servicios secretos suecos se habían reunido con sus homólogos sudafricanos el pasado 18 de marzo en Pretoria; y que estos le entregaron un dosier a los escandinavos. Se desconoce su contenido, pero podría tratarse de nuevas evidencias que inculpan de la muerte de Palme a los espías sudafricanos de aquella época, o simplemente podría ser más información de lo ya recabado durante más de 30 años.

Pero también hay quién dice que las autoridades podrían mañana dar carpetazo al caso responsabilizando de la muerte de una vez por todas a Stig Engström, conocido como el hombre de Skandia (nombre de la empresa en la que trabajaba). Engström había mostrado su rechazo el discurso político de Palme días antes de su asesinato y la investigación sostiene que tuvo acceso a un revólver del mismo tipo y modelo con el que Palme fue tiroteado. Murió, sin embargo, hace 20 años. Engström ya fue señalado en el pasado como sospechoso, aunque nunca llegó a ser procesado.

Suhohen y algunos medios suecos han avivado estos días el debate previo a una comparecencia oficial que podría poner fin a 34 años de una investigación llena de descuidos y torpezas. Por ejemplo, no se acordonó con suficiente rapidez la escena del crimen; una de las dos balas fue hallada por una persona ajena a la investigación. Pero la realidad es que impera la incertidumbre.

Muchos analistas, como el columnista del Aftonbladet Oisin Cantwell, sostienen que lo más lógico es que el anuncio tenga algo de sustancia. Apunta, en este sentido, a que las autoridades podrían mostrar el arma del delito y descarta, por otro lado, nuevas inculpaciones pues Cantwell sostiene que en ese caso ya habría habido detenciones, algo de lo que no tiene constancia. Hasta ahora, y pese a las innumerables pistas y 130 inculpados, solo una persona, un vagabundo sin mucho que perder, ha pasado brevemente por prisión. Fue reconocido por la esposa de Palme, pero poco después de su entrada en la cárcel, fue liberado por falta de pruebas.

Lo que está claro es que el magnicidio de Palme, un hombre incómodo para muchos ―también fue crítico con la intervención estadounidense en la guerra de Vietnam y con la dictadura franquista―, puede cerrar una herida que ha envenenado la sociedad sueca durante más de 30 años. El magnicidio de un político carismático, tan popular como controvertido, tan respetado como detestado, supuso un trauma colectivo en Suecia porque la violencia política parecía algo totalmente ajeno a este país, cuna del estado de bienestar, donde un primer ministro podía ir en metro al cine un viernes por la noche sin escolta. La incapacidad de la policía sueca para resolverlo, la multiplicación de las hipótesis y de las teorías de la conspiración, han mantenido abierto un caso, que incluso llegó a investigar a fondo antes de su muerte el célebre novelista y periodista Stieg Larsson. Quedan horas para que el fiscal aclare quién cometió el asesinato, añada una vía más a la investigación, o cierre el caso sin más.

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El país escandinavo, que cuenta ya con 4.468 muertos y 38.589 contagiados, dejó con la boca abierta al mundo entero por su actitud frente a la pandemia. Mientras sus vecinos nórdicos, sus socios europeos y Estados Unidos confinaban a sus ciudadanos y la actividad económica sufría un parón en seco, en Suecia se seguía bebiendo en las terrazas de los bares, comiendo en los restaurantes y viajando en transporte público. Las autoridades, que confiaron en el civismo de la población y en su responsabilidad individual, se limitaron a hacer ciertas recomendaciones como restringir las visitas a residencias, limitar las reuniones a 50 personas —los demás países nórdicos pusieron el límite en 10; Islandia en 20―, cerrar universidades y pedir el distanciamiento social. El resultado, por ahora, es que en Suecia hay muchas más victimas mortales que en Noruega (237), Dinamarca (580) y Finlandia (320), que sí impusieron restricciones y medidas mucho más estrictas a través de mecanismos como el estado de alarma.

Tegnell, que hasta ahora había defendido la laxitud de medidas para precisamente hacerlas sostenibles a largo plazo, ha admitido públicamente por primera vez que el país debería haber adoptado restricciones más duras para reducir la tasa de mortalidad, que está a día de hoy entre las mayores per cápita de todo el mundo. El homólogo de Fernando Simón reconoce que ha muerto demasiada gente demasiado pronto y ahora cree que lo mejor hubiera sido encontrar una estrategia a medio camino entre el aperturismo sueco y las limitaciones de movimientos y otras libertades como en Dinamarca, Noruega, Italia, Francia, España y el Reino Unido, que al principio coqueteó con la misma estrategia del país escandinavo. “Si nos encontramos con exactamente la misma enfermedad, con todo lo que sabemos ahora, creo que llegaríamos a medio camino entre lo que hizo Suecia y lo que hizo el resto del mundo”, reflexiona.

Tegnell, de 64 años y que ha desempeñado cargos en la OMS, es el epidemiólogo nacional de la Agencia de Salud Pública que, pese a que es independiente del Ejecutivo ―condición sacrosanta en la cultura política escandinava―, este tiene la obligación moral de acatar sus directrices. Durante meses, el respaldo del Gobierno de socialdemócratas y verdes —y buena parte de la oposición— a Tegnell ha sido total. Todos han cerrado filas con la estrategia nacional contra el coronavirus. Pero ahora, tres meses después, esa aparente unión se empieza a hacer añicos con la intención del primer ministro Löfven de abrir una comisión de investigación de la gestión de la emergencia sanitaria, según ha anunciado él mismo en una entrevista con Aftonbladet. “Necesitamos adoptar un enfoque general para ver cómo ha funcionado [la gestión] a nivel nacional, regional y local”, ha dicho. “Debemos admitir que la parte que se ocupa del cuidado de ancianos, en términos de propagación de la infección, no ha funcionado. Es obvio. Tenemos demasiadas personas mayores que han fallecido”, reconoce. Alrededor de la mitad de fallecidos por la covid-19 en el país escandinavo lo ha hecho en residencias de ancianos.

La estrategia sueca, un país de unos diez millones de habitantes, se ha enfocado siempre en evitar un colapso del sistema sanitario, lo cual se ha conseguido, según admiten muchos sanitarios en la prensa local. Pero varios expertos insistían, en cambio, en que lo que en realidad buscaba el epidemiólogo era la inmunidad de grupo. Él siempre negó que quisiera que el virus penetrara silenciosa y paulatinamente en la población para fomentar la inmunidad y erradicar poco a poco la enfermedad. Pero aunque así fuera, los últimos datos muestran que el 7,3% de los habitantes de Estocolmo, el principal foco, ha pasado el virus, una cifra muy lejana para siquiera pensar en una posible inmunidad masiva. “Es menor de lo esperado”, señaló el epidemiólogo. En Dinamarca, este indicador es solo del 1% a nivel nacional, según un reciente estudio serológico. Y en España, con más de 27.000 fallecidos, del 5%.

Frenazo económico

En el frente económico, la estrategia a contracorriente tampoco deja buenos augurios. Suecia tampoco se va a librar de una recesión, pese a haber mantenido abierto el país. La ministra de Finanzas, Magdalena Andersson, advirtió recientemente que Suecia se enfrenta a su peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial, con un PIB que se desplomará un 7% en 2020, recuerda Bloomberg. El dato es parecido al 7,5% que vaticinan los expertos respecto al conjunto de la UE. Y, según las últimas previsiones, el paro subirá hasta rozar la tasa del 10%. Suecia se aleja por tanto se los países que presumían (o casi) del pleno empleo.

Y es que una gran parte de la riqueza del país depende de unas exportaciones, con gigantes como Volvo o Scania en cabeza, que se han visto paralizadas debido a la hibernación del mundo entero. Suecia exporta principalmente a sus vecinos nórdicos, Alemania, el Reino Unido y EE UU. Pero con las limitaciones al transporte transfronterizo, y la desconfianza que ha generado la estrategia sueca ―que ha provocado que Finlandia, Dinamarca y Noruega valoren el cierre de sus fronteras—, la potencia escandinava se ve ahora atrapada en su propia gestión.

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La última semana de marzo, mientras el país escandinavo estaba inmerso en el confinamiento decretado el 12 de marzo, se detectó un pico en los contagios en la población de cinco a 19 años (Andersen no incluye en su estudio a los menores de cinco años porque la escuela no es obligatoria para ellos). “Este pico estaba relacionado con que empezaron a realizarse más test”, explica. Unas semanas más tarde, cuando el 15 de abril el Gobierno de la socialdemócrata Mette Frederiksen inició una tímida reapertura y permitió la vuelta a las aulas, Andersen observó un nuevo aumento de casos entre los estudiantes. “Fue durante la primera semana de apertura. A partir de ahí, siempre ha ido en descenso en todas las edades”, revela. Hace un mes, los nuevos casos de la covid-19 en jóvenes eran de alrededor de 40 semanales; hace dos semanas, 20 y esta semana, pese a que aún no tiene las cifras exactas, rondan los cinco.

Según el estudio serológico realizado en el país hace un par de semanas, solo un 1% de la población ha desarrollado inmunidad frente al virus, frente por ejemplo al 5% de españoles. “Es una cifra muy baja y revela que en Dinamarca no hay inmunidad”, reconoce el experto. “Pero si los nuevos casos y muertes siguen bajando es correcto decir que Dinamarca da por controlado el virus”, dice en referencia a las declaraciones de Frederiksen hace días en las que anunció que el país, que ahora cuenta con 565 fallecidos, tenía domada la pandemia.

Primeros en retornar

Dinamarca fue el primer país que volvió a las aulas durante la pandemia. Fue el 15 de abril para los alumnos de hasta 10 años y el 18 de mayo a partir de los 11, quienes se consideraba que tenían más autonomía para quedarse en casa mientras sus padres teletrabajaban. “Los niños fueron los primeros en volver, de forma voluntaria, antes incluso de que abrieran los comercios. Al principio muchas familias tenían miedo, y la primera semana en mi cole faltó como un 30% de los niños, pero se pensó que si se volvía de forma segura, el país podría reactivarse, con los niños en casa era impensable”, explica por teléfono la periodista pamplonesa Michelle Unzué, madre de dos niñas de cuatro y cinco años y que viven desde hace dos años en Dinamarca. A diferencia de lo ocurrido en España, en Dinamarca la conciliación ha sido clave en todo este proceso. Durante las cinco semanas que sus hijas estuvieron sin ir a clase, el colegio se ofreció a cuidar a los niños cuyos padres trabajasen en sanidad o en trabajos en los que su presencia era esencial y no podían teletrabajar. Así ocurrió también en Finlandia, donde durante el confinamiento, las aulas permanecieron abiertas para hijos de policías y sanitarios. Noruega, incluso, reconoce ahora que quizás no fue necesario cerrar los colegios durante el pico de la enfermedad, según la primera ministra, Erna Solberg.

Unzué decidió llevar a sus hijas al colegio porque, dice, les inspiraron confianza las medidas propuestas. “La primera semana los profesores de Secundaria apoyaron a los de Primaria para adaptarse a la nueva situación. Contrataron antiguos alumnos para supervisar las medidas de seguridad. En mi clase, por ejemplo, hay dos profesores y dos antiguos alumnos para 27 niños, y a diferencia de España aquí no llevan mascarilla y la mayoría del tiempo escolar lo pasan al aire libre, incluso la comida que la hacen cada uno con su tupper”, explica esta madre que analiza las medidas propuestas en su blog Velas y Vikingos. Entre otras normas, impusieron el lavado de manos frecuente, redujeron la jornada escolar, separaron las mesas entre sí dos metros, priorizaron la docencia al aire libre, suprimieron las asignaturas en las que tenían que compartir materiales -como música o informática- prohibieron a los padres el acceso a la escuela y escalonaron los horarios de entrada y salida.

Cinco semanas después de este retorno inicial algunas medidas se han relajado, la separación de las mesas es ahora de un metro, el horario ha pasado de ocho de la mañana a una de la tarde a ser de ocho de la mañana a tres de la tarde, aunque siguen manteniendo el personal de refuerzo, el lavado de manos, y la estancia en el exterior. El patio lo han adaptado con carpas y toldos porque los niños hacen sus tareas allí en sillas separadas, aunque pueden utilizar los columpios después de desinfectarse las manos. Lo que sí han eliminado son los deportes de grupo.

A diferencia de España, Michelle explica que allí nunca se ha planteado que los niños fueran más contagiosos aunque cree que la cultura danesa condiciona mucho la evolución de la enfermedad: “No hay tanto contacto ni convivencia entre abuelos y niños, y aquí si el Gobierno da una instrucción, los ciudadanos son muy rigurosos. Pero creo que se ha gestionado muy bien porque ha permitido reactivar la vida económica del país sin que haya habido más contagios”, concluye. El experto Andersen señala que la actitud de la ciudadanía de mantener la distancia y un constante lavado de manos ha sido crucial para contener la pandemia en el país escandinavo.

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Suecia, de 10 millones de habitantes, se despertaba esta semana con la trágica noticia de haberse convertido en el primer país de Europa en muertes per cápita a causa de la covid-19 con 6,5 fallecimientos diarios por millón de habitantes durante los últimos siete días consecutivos, según el sitio ourworldindata.org citado por Reuters. La nación escandinava ha registrado un total de 3.831 muertes por coronavirus, un número considerablemente más bajo que el resto de países europeos como el Reino Unido (35.704) —que le sigue en decesos diarios per capita con 5,75 por millón de habitantes—, Italia (32.330), Francia (28.132) o España (27.888).

Sin embargo, el número de muertes en este país, el más grande y poblado de su región, es considerablemente más alto que el registrado en Noruega (234), Finlandia (304), Dinamarca (554) e Islandia (10). ¿Por qué? Suecia se ha diferenciado desde el principio de la pandemia de sus vecinos siguiendo una estrategia diametralmente opuesta y calificada de laxa en la que, supuestamente, el virus se extiende de forma lenta entre la población dejando que el sistema sanitario asuma las emergencias sin sufrir un colapso —que por ahora, no ha ocurrido— y mientras se intenta ganar inmunidad en la población, un extremo que por ahora resulta una incógnita, según los expertos. Klara Bergmark, jefa de la UCI en el hospital Danderyd (al norte de Estocolmo), reconoce que, pese al cansancio, los sanitarios suecos están preparados para trabajar a un nivel más elevado durante el verano y potencialmente todo el año, según declaraciones recogidas por AFP.

El epidemiólogo detrás del plan de acción sueco, Angels Tegnell, insiste una y otra vez en que de lo que se trata es de no colapsar el sistema público de salud y de luchar contra el virus con la vista puesta en el largo plazo. Una carrera de fondo en la que, de momento, han perdido la vida cinco veces más personas que en la vecina Dinamarca. Una carrera de fondo que solo acaba de empezar y en la que el final se vislumbra aún muy lejano. Pero una carrera de fondo que, por otro lado, ha puesto ya al país en una situación en la que la sociedad está más preparada para vivir en el distanciamiento social, con los bares y restaurantes a medio gas y en la que los alumnos acuden a clase a través de una pantalla, según las autoridades. “Si queremos volver a una sociedad libre de confinamiento, entonces la sociedad tendrá que adaptarse necesariamente [a medidas tibias] durante un largo periodo de tiempo”, revela la OMS.

Y es que la bajísima densidad de población (25 habitantes por kilómetro cuadrado frente a 234 de Alemania), la alta tasa de personas que viven solas (casi dos millones de personas) y el bajo nivel de enfermedades como la diabetes (6,5% frente al 9,4% de España) o la obesidad (13% frente al 40% de Estados Unidos), según datos oficiales recogidos por el New York Times, hacen que el país cuente, casi por defecto, con unas condiciones prácticamente únicas para sobrellevar esa nueva normalidad con mayor naturalidad.

El demógrafo Martin Kolk, de la Universidad de Estocolmo, recuerda a través de un correo electrónico que la Agencia de Salud Pública sueca —independiente del Gobierno, aunque este sigue sus recomendaciones— dejó claro desde el principio que no iba a establecer políticas que no fueran sostenibles durante un largo periodo de tiempo, en referencia al confinamiento extremo de algunos países europeos. Por eso Estocolmo ha querido evitar a toda costa un confinamiento total. “Una vez cierras [el país], es difícil salir del confinamiento. ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo?”, se preguntaba el propio Tagnell, quien advirtió hace semanas de que la sociedad no aguanta medidas demasiado extremas.

Johan Strang, del Centro de Estudios Nórdicos de la Universidad de Helsinki, asegura ver signos de que al menos Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia se están acercando en el día a día al nuevo modo de vida sueco, en el que los comercios han permanecido abiertos con leves restricciones (en los bares, por ejemplo, hay que sentarse en la mesa, no en la barra) y en el que las reuniones se limitan a medio centenar de personas. “Ahora el enfoque nórdico está convergiendo, escuelas y restaurantes abren gradualmente en toda la región”, explica.

Fronteras cerradas

Pero pese a que Noruega, Finlandia, Dinamarca e Islandia continúan en la cabeza europea de la desescalada, aún miran de reojo a Suecia e incluso anuncian que mantendrán cerradas las fronteras que comparten con este país. Se trata de una medida que, salvo en 2015 con la crisis de los refugiados, nunca se había tomado en la región desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. “Es una verdadera pérdida de prestigio en la idea de una comunidad nórdica”, se lamenta Strang. El experto cree que el cierre de fronteras en la región es uno de los“signos de desglobalización”, aunque confía en que será una medida “pasajera” y que las fronteras abrirán en cuestión de semanas o meses, como por ejemplo ya lo han hecho Estonia, Letonia y Lituania, creando la llamada “burbuja báltica” de tránsito.

La estrategia sueca, pues, aún plantea demasiados interrogantes para sacar lecturas claras. Al menos en lo que se refiere a conclusiones sanitarias. En cuanto a las económicas, la estrategia aperturista sueca muestra sus sombras. Entre enero y marzo de 2020, el país experimentó un decrecimiento del 0,3%, frente al 3,8% de la eurozona. El Banco Central Sueco estima que el PIB caerá entre el 7% y el 10% (la caída del PIB comunitario se estima en 7,5%). "Lo peor está por llegar”, añadía la ministra de Finanzas, Magdalena Andersson.

Pese a que el consumo se mantuvo en niveles previos a la pandemia en el primer trimestre del año, las previsiones no son alentadoras: se calcula que el paro aumentará en 2020 un 6,8% hasta rozar el 10%. El empleo de 1,5 millones de suecos está en la cuerda floja porque depende de las exportaciones, que representan una buena parte del PIB del país, especialmente gracias a empresas como Volvo y Scania. “La crisis [de la covid-19] nos ha mostrado una vez más lo dependientes que somos del comercio exterior”, se lamentaba esta semana Axel Josefson, alcalde de Gotemburgo, en el diario Politico. Y es precisamente en sus principales destinatarios donde Suecia encuentra ahora la puerta cerrada.

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Nacido en Reikiavik en agosto de 1972, se licenció en Derecho en la Universidad de Islandia, de la que más tarde, tras doctorarse en Derecho Europeo Comparado por la prestigiosa Universidad de Oxford (el Reino Unido), fue profesor. “No estoy aquí para hacerte ganar dinero. Sino que quiero enseñarte que un abogado es una parte muy importante de la democracia”, suele decirle a sus alumnos el primer día de clase, según relató él mismo en una entrevista con la facultad de Derecho de Bergen (Noruega) hace tres años.

Spáno, que habla cinco idiomas (islandés e italiano por descontado, pero también inglés, francés y alemán), ha llamado la atención por ocupar puestos de gran relevancia mucho antes de cumplir los 50. Fue asesor del Defensor del Pueblo islandés; jefe de sección en el propio TEDH, del que hasta ahora fue vicepresidente; e investigador de abusos sexuales por parte de la Iglesia en Islandia en los años 50 del siglo pasado. Esta última fue una experiencia “extremadamente difícil, peor gratificante”, según calificó. “Los niños deben ser siempre el foco de nuestra sociedad a la hora de hacer política”, opina.

El respeto a la ley, para él, es el respeto a la democracia, algo que ha defendido públicamente desde muchos frentes. Uno de ellos es, por ejemplo, un posicionamiento claramente a favor del derecho a no revelar la fuente de un periodista. “El papel de la prensa es crear una dinámica en la democracia donde la discusión puede suceder y donde se crea opinión pública. Y esto significa que los periodistas necesitan obtener la información (…) Si la fuente no tiene garantizado el anonimato, la información no saldría a la luz y esto dañaría el papel de la prensa en su importante función pública para el interés general”, defendía arduamente el juez en una entrevista publicada por el canal de YouTube del propio Tribunal de Estrasburgo. La nueva cabeza del TEDH cree que en Europa, en general, se ha progresado durante los últimos 50 años en cuanto al respeto a los derechos humanos, pero cree también que ese progreso se puede destruir fácilmente.

Para Spáno, es importante la visión desde el exterior que el Tribunal hace de las normas de cada Estado miembro. Señala a Turquía, Rusia, Ucrania, Rumania y Hungría como los países con más casos abiertos. Y es que en estos países Spáno ve problemas sistémicos. No así en los países nórdicos, por ejemplo, que son los que cuentan con menos casos y normalmente se debe a una supuesta violación de derechos menos graves que no atentan directamente contra la integridad física de las personas, como puede ser la tortura. “En los países nórdicos tenemos una buena cultura de respeto a los derechos humanos. Eso es algo de lo que debemos estar orgullosos”, dice. Sin embargo, él se muestra siempre alerta y advierte del peligro que supone caer en la autocomplacencia.

Este italoislandés moreno de ojos claros tiene ahora el reto inmediato de reabrir un tribunal, con sede en Estrasburgo (Francia), al que cada año llegan entre 40.000 y 50.000 peticiones, aunque solo pasan el filtro y siguen adelante entre el 5% y el 10% de ellos. “[Al TEDH] puede acudir cualquier ciudadano de los 47 países que conforman el Consejo de Europa y que sienta que un derecho fundamental ha sido violado. Aunque tiene que agotar todas las vías judiciales de su país en cuestión”, explica. La covid-19, que ya ha matado a más de 307.000 personas en todo el mundo y contagiado a 4,5 millones, obligó a la corte a paralizar durante seis meses los recursos que le llegaban; y aquellas vistas que ya estaban programadas —miles— habían quedado suspendidas. De hecho su elección también ha tenido que ser digital por primera vez debido a la pandemia.

Spáno, que se define como una persona muy organizada, alude al “trabajo duro”, la “pasión”, el “interés” (entendido como curiosidad), la “meticulosidad” y el “respeto” como las principales cualidades para haber desarrollado su brillante carrera como juez, pero también como ser humano. Es consciente de que ha sacrificado mucho de su vida personal, de la que poco ha trascendido, en favor de su vida profesional. Y reconoce, sin embargo, que en realidad sin el apoyo de su esposa, con la que tiene cuatro hijos, no hubiera llegado donde está. Cree también que el hecho de haber crecido en Islandia, el país atlántico con 320.000 habitantes, ha contribuido a su éxito. Es un lugar con una atmósfera particular, según ha dicho en público, en el que uno puede conseguir los propósitos que persigue. Y así ha sido.

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Apertura

Después de un mes cerrada a cal y canto, desde el 14 de marzo, en Dinamarca ya han salido a respirar la primavera. El país, de 5,8 millones de habitantes, fue el primero en su región en decretar un estado de emergencia y cerrar escuelas, lugares de culto religioso, negocios y fronteras cuando apenas tenían casos confirmados y la pandemia se cebaba principalmente con Italia y España. Temeroso de que las imágenes del caos que llegaban del sur de la UE se repitieran en su territorio, Copenhague impuso, junto a Noruega y Finlandia, un límite de reunión de 10 personas y obligó a sus ciudadanos a trabajar desde casa. Hoy, con 8.643 contagiados (contando con los de las Islas Feroe y Groenlandia) y una curva de casos activos claramente descendente, el país escandinavo ya puede decir que está saliendo del túnel.

Los niños de primaria (menores de 12 años) llevan 10 días yendo a la escuela. Eso sí, con un horario de entrada escalonado y haciendo una rigurosa fila colocándose en unas marcas pintadas en la acera para respetar la distancia de seguridad y limitando sus juegos a un grupo muy reducido de amigos, según las recomendaciones de los centros escolares. Desde el pasado lunes, los ciudadanos también han podido ir a las peluquerías e incluso hacerse un tatuaje, según las imágenes que mostraban los medios locales.

El Gobierno danés de la socialdemócrata Mette Frederiksen, en minoría, está día tras día levantando uno de los confinamientos más estrictos de la UE, aunque por detrás del de España o Italia. Incluso parte de la oposición ya pide que en la segunda fase de apertura se priorice la economía abriendo centros comerciales y bares para fomentar el consumo. “Debemos empezar a devolver [ingresos] al Estado de bienestar”, señaló el liberal Jakob Ellemann-Jensen. La primera ministra, sin embargo, se apresuró a frenar esas ansias de normalidad y anunció que el Gobierno no entrará en la segunda fase hasta al menos el 10 de mayo. “Entiendo bien la impaciencia y espero que no se convierta en desánimo (…) Pero si vamos demasiado rápido, corremos el riesgo de perder el control”, dijo Frederiksen, según recoge el diario Jyllands-Posten. Las autoridades danesas recuerdan que el distanciamiento social perdurará al menos un año.

Los Gobiernos finlandés y noruego, también liderados por mujeres —la socialdemócrata Sanna Marin, y la conservadora Erna Solberg, respectivamente— apenas tardaron dos días en copiar las medidas de sus vecinos daneses: limitar las reuniones a menos de 10 personas; impulsar el teletrabajo; cerrar fronteras; restringir las visitas a residencias de ancianos, considerados lugares de alto riesgo de contagio; y decretar el cierre de escuelas y universidades. En definitiva, limitar los movimientos. Finlandia, incluso, fue mas allá cercando la dinámica región de Uusimaa, donde se encuentra Helsinki, por ser el mayor foco de contagio de la covid-19 del país. Pero así como siguieron la huella del confinamiento danés, están siguiendo la estela del camino a la normalidad.

Sin juguetes ni ‘pack-lunch’

En Noruega, 275.000 niños volvieron el lunes a la guardería aunque, como en Dinamarca, con mucha precaución: sin comida (el famoso pack-lunch), ni juguetes traídos de casa; a partir de ahora deben sólo entretenerse con los que les ofrece el centro porque están desinfectados y más controlados. Los niños de primaria volverán al colegio la semana que viene. Pequeños negocios como las peluquerías, también abrirán esta semana en el país nórdico. Los bares que sirven alcohol aún permanecen cerrados, pero ya se estudia una apertura paulatina a partir de mediados de mayo. Las autoridades, sin embargo, no deja de repetir ante los medios que en cualquier momento el Gobierno podría echar marcha atrás.

Pero sin duda el elefante en la habitación en Noruega es el Día Nacional. El 17 de mayo el país se envuelve en la famosa bandera de cruz azul sobre un fondo rojo como símbolo de unión entre todos los noruegos. Los niños suelen desfilar a ritmo de música tradicional, visten trajes regionales y lucen flores en el pelo. Este año, sin embargo, el Gobierno trabaja contra el reloj para que, pese a las medidas de distanciamiento social que aún permanecen —y permanecerán mucho tiempo—, el país esté de fiesta para mediados de mayo. Una fiesta que será digital, ha avanzado el Ejecutivo sin desvelar más detalles.

Mientras tanto, la primera ministra, la conservadora Erna Solberg, ha marcado una novedosa práctica por la que fue aplaudida dentro y fuera de sus fronteras: dos ruedas de prensa solo para niños, donde los adultos no podían entrar. Solberg les explicó a los más pequeños que “está bien” que tengan miedo en esta situación. A esta iniciativa se han sumado también las primeras ministras danesa, Mette Frederiksen, y finlandesa, Sanna Marin, que con sus 34 años dejó en el armario la habitual chaqueta oscura y lució un vestido de colores para contestar las dudas de los más pequeños.

Modelo híbrido

Finlandia —donde la educación es la joya de la corona—, pese a que permitió que los hijos pequeños de médicos y policías pudieran seguir yendo a la guardería, aún se está pensando si ha llegado o no la hora de que el resto de niños se reincorpore a las clases. La decisión se tomará a finales de mes, según el Ejecutivo de Marin. Helsinki, por ejemplo, ya ha avanzado que la prohibición de que se junten en un mismo lugar más de 500 personas permanecerá hasta julio, lo que afectará a los festivales de verano, muy extendidos en el país. “Tendremos que convivir con estas medidas hasta [que llegue] la vacuna”, advirtió Marin.

Lo que sí ha hecho el Gobierno de coalición progresista de cinco partidos es pasar del estado de emergencia a una estrategia “híbrida”, según anunciaron las autoridades el jueves. De esta forma, el país irá poco a poco disminuyendo las restricciones —aunque las que queden serán más duraderas en el tiempo— mientras aumenta los controles y los test a la población.

Pruebas

Son precisamente en esas pruebas masivas por lo que Islandia —y en parte Noruega, donde se realizan 20.000 test diarios— ha destacado durante las pasadas semanas. La isla atlántica, de 360.000 habitantes —y gobernada por otra mujer, Katrín Jakobsdóttir—, empezó desde el 31 de enero a realizar test de la covid-19 a todo aquel que lo quisiera, tuviera síntomas o no, estuviera en contacto con un positivo o no, fuera personal sanitario o no. Y lo que ha llamado más la atención: gratis.

Así, las autoridades de Reikiavik pudieron identificar mejor y más rápido a la población en riesgo y tomar medidas preventivas como la cuarentena, incluso cuando no había síntomas evidentes de coronavirus (tos, fiebre, falta de aire al respirar…). Dinamarca ha tomado nota y, como parte de su estrategia de salida del confinamiento, ha anunciado ya la realización de 20.000 test diarios.

“Las pruebas pueden reducir la propagación de la infección durante el período de incubación de dos semanas a través de la cuarentena”, repetían las autoridades sanitarias islandesas a la televisión sueca. En Suecia, como en tantos otros países, las autoridades se limitan a realizar los test a personas con síntomas, personal médico o policías.

La excepción

Es Suecia, junto con Islandia, el país que más laxo está siendo en la toma de medidas restrictivas para intentar frenar la pandemia dentro de sus fronteras, que permanecen abiertas. El Gobierno rojiverde del socialdemócrata Stefan Löfven no ha decretado el estado de alarma, pese a que los muertos superan superan los 2.100, sino que se ha limitado a ampliar sus competencias sin, por ahora, hacer uso de ellas.

El país, de 10,2 millones de habitantes, el más poblado al norte del mar Báltico, ha mantenido durante todo este tiempo abiertas las guarderías y escuelas —“las universidades están cerradas”, se ha justificado el primer ministro en rueda de prensa ante las acusaciones de pasividad en la emergencia. El teletrabajo está solo recomendado y la prohibición de aglomeraciones se extiende a un máximo de 50 personas. Muy por encima de los 10 que estipularon Finlandia, Dinamarca y Noruega, y los 20 que marcó Islandia. Pero lo que más ha levantado cejas es que los negocios, bares y restaurantes permanecen abiertos. Eso sí, solo para clientes que se sienten en mesa, y no en barra.

El responsable de la peculiar estrategia sueca es Anders Tegnell, un epidemiólogo laureado con experiencia en laboratorios, en el terreno (Laos) y en oficinas de la OMS. Ahora dirige la Agencia Pública de Salud sueca —independiente del Gobierno aunque este acata sus indicaciones—, y niega las acusaciones de que su estrategia se base en un contagio masivo de la población para generar inmunidad en los ciudadanos, e insiste en que su objetivo es evitar el colapso y el largo plazo: “El enfoque de [contagio de] baja escala es más sostenible en el tiempo”, explica y opina, que la estrategia de cerrar fronteras es “ridícula”. “La covid-19 ya está instalada en cada país”, dijo el martes a la revista Nature.

Pese a las explicaciones diarias de Tegnell, tras reunirse con un grupo de 15 expertos cada mañana, el primer ministro Löfven aguanta la presión. La semana pasada, 22 científicos de renombre del país escandinavo escribieron un manifiesto en el Dagens Nyheter, el periódico de mayor tirada en Suecia, en el que instaban al Gobierno a intervenir en las decisiones de la Agencia Pública de Salud, que es independiente, una cualidad sacrosanta en la cultura política nórdica. La estrategia no solo no ha cambiado, sino que paradójicamente, la popularidad del primer ministro Löfven ha escalado hasta el primer puesto con el 30,4% de simpatía, según una encuesta de Novus para la la Televisión Sueca (SVT). Son 4,8 puntos más que hace dos meses, cuando estalló la crisis.

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“Con esta buena noticia se confirma que nuestro trabajo de consolidar una relación constructiva con Estados Unidos da sus frutos”, ha dicho el primer ministro groenlandés, Kim Kielsen. El Gobierno socialdemócrata de Dinamarca, en minoría, ha aplaudido también la inversión de Washington en su territorio del Ártico, en cuyas negociaciones ha estado involucrado desde el pasado otoño. Y es que Groenlandia, pese a gozar de una amplia autonomía —de hecho pertenece a Dinamarca, pero no a la Unión Europea (UE)—, sigue siendo Copenhague el único interlocutor válido en cuestiones de Exterior y Defensa. “No es un secreto que hemos trabajado con Groenlandia para asegurar que se beneficie de la presencia de Estados Unidos”, ha explicado a los medios locales el ministro de Exteriores danés, Jeppe Kofod, quién intentó rebajar la crispación en Copenhague calificando el acuerdo económico de “completamente natural”.

Los fondos estadounidenses, según el acuerdo, irán destinados a proyectos relacionados con la extracción de materias primas, turismo y educación y serán los groenlandeses, junto con los estadounidenses, los que decidan exactamente cómo y cuándo gastar el dinero. Pero las voces que señalan una doble intención de Trump en un territorio en el que China y Rusia reclaman su parte del pastel no dejan de crecer.

Nada más hacerse público el acuerdo entre Washington, Nuuk y Copenhague, la oposición danesa, a derecha e izquierda, estalló en tropel. Los ultraderechistas del Partido del Pueblo Danés (DPP) creen que el pacto es “insultante”, según declaró el diputado Soren Espersen al diario Altinget. Los socialistas, también en la oposición, creen que el acuerdo es “extremadamente provocativo” y que lo único que persigue es generar crispación en las relaciones entre Copenhague y Nuuk por las que, si bien hay una gran autonomía política, económicamente hay cierta dependencia.

Groenlandia, cuya economía se basa casi exclusivamente en la pesca, recibe anualmente 576 millones de euros de Copenhague, lo que representa dos tercios de sus finanzas. Con el pacto con EE UU, algunos diputados en el Folketing (Parlamento nacional) han lanzado la voz de alarma y vaticinan que Groenlandia poco a poco se irá alejando de Copenhague para alinearse con sus nuevos socios estadounidenses. “Tenemos que aclarar si ellos [EE UU] pagan ahora y nosotros [daneses] estamos en deuda mañana”, dijo la diputada groenlandesa en Copenhague Aaja Chemnitz Larsen. Muchos en el Folketing opinan que nadie da un cheque en blanco y que Washington acabará imponiendo sus condiciones. Un alto funcionario de la Casa Blanca citado por el Financial Times aseguró, sin embargo, que EE UU ya no planea comprar Groenlandia.

Poco después de aquella crisis diplomática desatada el pasado verano entre ambos socios de la OTAN en la que Trump llegó a cancelar de la noche a la mañana una visita oficial a Copenhague, Washington inició una serie de discretos movimientos para seducir a Groenlandia. Mandó a una delegación al territorio helado —el 80% de su superficie está cubierta de hielo— para proponer ciertas inversiones en infraestructuras como carreteras y aeropuertos.

En noviembre, Copenhague dio luz verde la reapertura en Nuuk por primera vez desde los años 50 del consulado estadounidense, un movimiento que se acaba de hacer oficial. La oficina diplomática se alojará en una base militar en la capital groenlandesa —EE UU cuenta ya con otra base aérea en Thule, al noroeste del territorio— y el nuevo cónsul se trasladará desde Copenhague una vez que las medidas para evitar la propagación del coronavirus lo permitan. Groenlandia tiene una representación diplomática en Washington desde 2014.

Rusia y China

El interés por la influencia en el Ártico crece entre las principales potencias mundiales. La embajadora estadounidense en Dinamarca, Carla Sands, ha alertado en un comunicado esta semana que, pese a la política de “baja tensión” que ha mantenido desde los años 90 el Consejo Ártico (la asamblea con presencia de los países del Norte) en el territorio, ahora surgen “nuevos desafíos”. Y pone a China y Rusia como ejemplo.

Moscú está dando mucho peso a su estrategia militar en el Ártico reabriendo bases de la Guerra Fría y estableciendo un nuevo comando Ártico, revela la diplomática. Y Pekín, continúa, se llama a sí mismo “un Estado cercano al Ártico”, pese a la distancia que les separa. “China busca establecer la Ruta de la seda polar” a través del desarrollo de rutas marítimas que emergen en el polo Norte como consecuencia del calentamiento global.

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Rusia, país con el que comparte una larguísima frontera de 1.300 kilómetros, ocupó el país nórdico en 1939. Ya con el telón de acero, los finlandeses quedaron del lado occidental, pero decidieron no formar parte de la Alianza Atlántica (OTAN), aunque están de facto alineados con ella. El país nórdico —en el que el servicio militar es obligatorio, al igual que en sus vecinos escandinavos y bálticos—, lleva décadas desarrollando y entrenándose en extensos planes de contingencia ante cualquier tipo de crisis; bélica, climática, informática e incluso sanitaria. Pese a que normalmente esos ejercicios militares estaban principalmente enfocados a una potencial invasión o injerencia de una fuerza extranjera —sin decirlo directamente se refieren al vecino ruso, al cual ven como una amenaza, sobre todo tras la anexión de la península de Crimea en 2014—, ha sido un virus el que finalmente ha activado toda esa maquinaria de supervivencia que llevaban cuidando con mimo desde hace más de 30 años.

“Hemos tomado una decisión histórica”, dijo Päivi Sillanaukee, directora general del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud, el pasado 23 de marzo, cuando anunció que el Gobierno socialdemócrata recurriría a la infraestructura del Centro Nacional de Abastecimiento de Emergencia (NESA, por sus siglas en inglés) en esta crisis mientras se confinaba a la población para luchar contra la Covid-19. El país ha decidido abrir así por primera vez los almacenes del centro —lugares que se parecen a puntos de recogida de muebles de una conocida marca sueca, según las imágenes cedidas por ellos— para que a los más de cinco millones de habitantes (2.605 infectados por coronavirus y 42 fallecidos) no les falte lo básico durante la pandemia. Son tiempos de economía de guerra en la que algunos Gobiernos —como los de España, Italia y EE UU— han decretado la producción nacional del material que más escasea en el mercado global: respiradores, mascarillas, guantes. No es el caso finlandés. “NESA existe para ayudar a construir y mantener la resiliencia de la sociedad y la economía finlandesas”, describe el propio centro en su página web, en la que explica que cuenta con un presupuesto aproximado de 1.200 millones de euros. Se financia mayoritariamente de los impuestos a la energía.

Jyrki Hakola, jefe del NESA, presume en una reciente entrevista al diario Helsingin Sanomat que esta red de material de emergencia es única en Europa. Suecia, que tampoco forma parte de la OTAN y que igualmente desarrolla con regularidad planes de contingencia ante una potencial amenaza extranjera, también tuvo este tipo de infraestructuras durante la Guerra Fría, pero en los años noventa, tras la caída de la Unión Soviética (URSS), se deshizo de ellas. Finlandia, sin embargo, continuó llenando estos almacenes con productos de todo tipo: petróleo para subsistir durante al menos cinco meses; cereales —de producción nacional— para alimentar a toda la población durante al menos medio año; agujas y jeringas desechables; cánulas intravenosas; dispositivos de transfusión de sangre y otros líquidos, vías para intubación; catéteres de todo tipo, etcétera, según una enumeración que hace el propio centro al periódico finlandés.

Pese a que el NESA se creó formalmente en 1993, el Gobierno de Finlandia decidió ya en los años cincuenta de que el país necesitaba hacer acopio de recursos básicos para afrontar amenazas. Primero eran básicamente militares, pero más tarde se tuvieron en cuenta otras posibles crisis, como la climática, las sanitarias o por ataques informáticos. Poco a poco, el Ejecutivo estableció que cada cinco o seis años se revisarían las necesidades de almacenamiento y así se fueron añadiendo productos como el petróleo, el cereal y los productos sanitarios. Para ello, Finlandia acude al mercado internacional para las compras a través del sector público y privado.

China y Corea del Sur son sus principales proveedores, pero también países europeos como Polonia, República Checa o Francia, según datos oficiales. “En este momento, existe tal situación que es difícil obtener ciertas cosas del mercado”, reconoció Hakola al diario Helsingin Sanomat. Por eso ahora, dice, se alegran de haber mantenido este sistema. “El objetivo es administrar y mantener una reserva crítica de existencias”, indica la página web del centro que, contactado por este periódico para solicitar una entrevista, dice estar “desbordado” estos días.

Pero que el acopio de material en el mercado exterior para incrementar las reservas en tiempos de crisis no está exento de fiascos quedó claro este viernes, al dimitir el consejero delegado de NESA, Tomi Lounema, por una compra millonaria de equipos de protección que han resultado inadecuados para los hospitales. El Gobierno aceptó la renuncia y destacó que es necesaria para mantener la confianza en el sistema.

Tiempo y distancia

“La regla básica es que el almacenamiento amortigua principalmente el factor tiempo”, ha afirmado también el jefe del centro. Es decir, que mientras el Ejecutivo finlandés va cerrando otros contratos de compra de material imprescindible, las autoridades echan mano de sus existencias para evitar problemas de suministro como los que afrontan otros países.

Los almacenes de suministro de emergencia, además, están repartidos por todo el país para descentralizar la distribución de material sensible. Según lo poco que se ha dado a conocer a través de la prensa local, estos lugares suelen estar en las inmediaciones de los grandes hospitales. Así, el tiempo y la distancia recorrida desde que el material sale del almacén hasta que llega a manos del paciente o médico es el menor posible. Por ahora, cinco hospitales universitarios ya tienen material que hasta ahora estaba en un lugar clasificado como secreto por considerarse que forma parte de la estrategia de seguridad nacional.

Y mientras otros países compiten en un mercado desbordado por la demanda de productos sanitarios, en Finlandia, “los equipos de protección personal no se acabarán”, asegura el Ejecutivo.

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“Hay momentos en la vida donde uno tiene que hacer sacrificios por uno mismo, por el de al lado y por el país. (…) Ese momento es ahora. Está aquí. Y debe pertenecer a cada uno de nosotros”. Son las palabras del primer ministro sueco, Stefan Löfven, en un discurso a la nación emitido en la televisión el domingo 22 de marzo. La escritora sueca Lisa Bjurwald describe en POLITICO esa actitud como un “pequeño Lutero” que cada sueco lleva sobre los hombros desde que nace. Esa suerte de Pepito Grillo que señala el deber, la responsabilidad, la disciplina individual para conseguir un fin común en momentos de crisis: evitar el colapso de hospitales ralentizando los contagios por la Covid-19, según el Ejecutivo, que ya se ha cobrado la vida de más de 50.000 personas en el mundo, más de 300 en Suecia. Muchos opinan que la estrategia de la Agencia de Sanidad —que es independiente del Gobierno— consiste en que poco a poco el virus se instale en la sociedad y que esta vaya generando cierta inmunidad para evitar ese colapso en los hospitales, algo parecido a lo que predicaba el premier británico, Boris Johnson, antes de haberse contagiado él mismo por la Covid-19 y haber decretado el confinamiento del Reino Unido.

Cuando ya casi todo el continente llevaba un tiempo viviendo confinado en sus casas, en Suecia se limitaban a prohibir por ley las aglomeraciones de más de 500 personas (desde este domingo se ha reducido ese número a 50, frente a los 10 de Dinamarca) y a recomendar —solo recomendar— no visitar residencias de ancianos, el teletrabajo y, en fin, el distanciamiento social. “Parece una apuesta muy arriesgada, están jugando con fuego”, opina Giulia Mariani, profesora de políticas en la Universidad de Uppsala, al norte de Estocolmo. Este esfuerzo no parece mayúsculo en un país con una bajísima densidad de población (22 habitantes por kilómetro cuadrado, la segunda más baja de la UE, después de Finlandia) en la que la distancia social, en parte por el carácter frío de los habitantes, es la norma; y en el que cada vez más, y gracias a buenas conexiones a Internet, la población se apoya en la tecnología para su día a día. Medidas que han tomado otros gobiernos de la UE, como evitar que circule el dinero en efectivo por considerarse una superficie de contagio, ya estaban en práctica en Suecia mucho antes de la llegada del coronavirus. La agencia estadounidense Bloomberg incluso denominó al país escandinavo The cashless society (La sociedad sin dinero en efectivo) en uno de sus artículos en los que alertaba hace dos años de la constante caída desde 2010 del flujo de billetes y monedas en el país. “La verdad, mi vida no ha cambiado muchísimo”, dice Mariani, quién ha decidido sorpassar las decisiones de las autoridades voluntariamente y confinarse en casa con su pareja.

Las autoridades suecas creen que “el país no puede tomar medidas draconianas que tengan un resultado limitado en la epidemia y que, sin embargo, dejan tocadas a la sociedad”, explica Johan Carlson, jefe de la agencia pública de sanidad, según The Finacial Times. El temor a un colapso en la economía es, por el momento, mayor al miedo al coronavirus en una región que puede presumir de tener una de las menores tasas de mortalidad del mundo, por debajo del 1%, ante esta enfermedad respiratoria que está asolando al planeta. Un estudio de este martes del Ministerio de Finanzas sueco estima una caída del PIB de cuatro puntos porcentuales para este año y un aumento de la tasa de paro del 7,2% al 9,2%. Aunque Löfven llama insistentemente a la “responsabilidad de cada individuo”, en cada rueda de prensa advierte de que en cualquier momento puede tomar más medidas restrictivas a la libertad de movimiento. “Es muy probable que las malas noticias lleguen antes que las buenas”, subrayó este miércoles.

Pese a que la hasta ahora “(in)actividad” del Gobierno de Löfven, según Mariani, ha sido muy criticada —“¿Por qué [el virus en] Suecia se va a comportar de una manera diferente a los países de su entorno?”, se preguntaba el epidemiólogo Joacim Rocklov en The Finacial Times—, hay datos que señalan que la población sí ha tomado nota: los usuarios del metro, tranvía y trenes han bajado en un 50% en los últimos días y la mitad de los habitantes de Estocolmo, la capital, ya trabaja desde su casa, según datos de la agencia pública de transportes recogidos por la BBC. La paradoja es que mientras el mundo considera que Suecia toma relativamente pocas medidas contra el coronavirus, la confianza de los ciudadanos en el sistema sanitario sueco ha aumentado del 26% al 39%, según una encuesta de Novus.

Por el momento, Suecia, un país con 10 millones de habitantes, registra 6.078 infectados por la Covid-19 y 333 muertes, la mayoría en Estocolmo. Aún así, para el director de emergencias sanitarias (el homólogo de Fernando Simón), Anders Tegrell, “el futuro parece manejable”. Las cifras, sin embargo, distan de las de sus vecinos nórdicos: en Noruega han muerto 56 personas, 20 en Finlandia, y 139 en Dinamarca. Los tres, con menor número de fallecidos, han tomado medidas mucho más restrictivas que Suecia y en línea con el resto del continente.

Fondo noruego

Para E. L. de 39 años, analista de datos en una start-up en Oslo, el Gobierno conservador de Erna Solberg lo está haciendo “correctamente”, aunque quizás con unos días de retraso. Allí, con 56 fallecidos y 5.296 contagiados, no ha llegado el confinamiento total, si bien los colegios y las universidades permanecen cerrados y las fronteras están selladas. También se ha prohibido la venta de alcohol en bares y restaurantes con el fin de evitar promover “la movida” por las noches, explica este italiano afincado en Noruega desde hace más de 15 años. “En general la vida no ha cambiado mucho, se ve menos gente por la calle, pero más en los bosques” que rodean la ciudad, dice, aunque admite que la gente respeta las distancias de seguridad que han pedido las autoridades.

A Belén García Castropol, profesora de 34 años, y a su marido, lo que les sorprende es la ausencia de policía y controles en Noruega, pero sí que ven muchos carteles informativos por la calle. “En general no hay crispación. Mis alumnos no están demasiado preocupados. (...) La cosa no se ha desmadrado por ahora”, reconoce. Dice que se sentirá más segura cuando endurezcan las medidas porque le inquieta lo que está pasando en España, Italia y Estados Unidos. Incluso le impacta la manera de gestionar esta crisis de la vecina Suecia.

El Ejecutivo noruego va anunciando paquetes económicos semanales en función del sector de la economía: restauración, ocio, servicios, transporte, innovación… Para los trabajadores como L., con dos hijos de seis y dos años, la ayuda económica del Gobierno es fundamental. Se ha acogido a un programa por el que, si uno se ve obligado a abandonar el trabajo para hacerse cargo de los hijos, el Estado asume el 100% del sueldo durante 20 días. “Trabajar bien desde casa con niños es absolutamente imposible. Sin esta ayuda tendríamos que haber trabajado mi pareja y yo y al final se resiente la calidad de lo que uno hace”, recalca.

Pero sin duda, la medida más trascendental que está considerando el Ejecutivo noruego para afrontar el agujero que la Covid-19 puede dejar en la economía está en fase de estudio: echar mano del fondo de pensiones estatal (el mayor fondo soberano del mundo cuyas ganancias provienen directamente de las ganancias del petróleo). Jamás ha sido tocado por encima del 3%, pero esta pandemia ha merecido un estudio por parte de las autoridades.

Reservas finlandesas

Al igual que Noruega o Dinamarca —este país tiene restricciones más parecidas a las del resto del continente—, Finlandia ha cerrado también sus fronteras y vive bajo estado de emergencia desde el 25 de marzo y hasta el 13 de abril; y la región de Uusimaa (en la que se encuentra Helsinki) permanecerá cerrada hasta el 19 de este mes. Copenhague también cree que podrá empezar a levantar las restricciones después de Semana Santa.

Los colegios y universidades finlandeses están cerrados. Las guarderías, sin embargo, permanecen abiertas con el fin de que el personal sanitario y policial pueda contar con algún lugar seguro donde dejar a sus pequeños. Como la población allí “obedece” y hay un alto nivel de confianza en las instituciones, explica Elena P., una española de 41 años que vive en Helsinki, la gente puede salir a pasear guardando las distancias y evitando aglomeraciones. “Hay responsabilidad individual. Y viendo lo que está sucediendo en España, aquí la gente se lo está tomando en serio”, sostiene al teléfono.

Además, el Gobierno ha tomado la decisión “histórica”, según Päivi Sillanaukee, director general del Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad finlandés, de hacer uso del material de emergencia —aparatos quirúrgicos, medicinas, mascarillas, batas, gasolina y hasta alimentos— que el país venía acumulando desde 1993 en lugares secretos cercanos a hospitales por si venían mal dadas. Finlandia y Suecia, al no formar parte de la OTAN —y mantener una relativa cercanía con Rusia, considerada por ellos una gran amenaza—, tienen unos extensísimos planes de respuesta y contingencia ante crisis de todo tipo. Helsinki, por ejemplo, cuenta con una amplia red de galerías subterráneas donde en caso de ataque extranjero cabrían todos los habitantes de la ciudad.

P. añade que Finlandia está mucho más preparada que España a la hora de poder hacer un confinamiento. Al igual que en otros países del norte de Europa, la baja densidad de población, la innovación tecnológica y el carácter nórdico —“no nos abrazamos”, ríe— contribuyen a que la gente se quede en casa de manera voluntaria. Además, el Ejecutivo de la socialdemócrata Sanna Marin, como en Noruega, ha puesto en marcha un sistema de desgravaciones fiscales en los gastos del material laboral y escolar que, debido a esta crisis, las familias tengan que afrontar. Preguntada sobre la actitud relajada del vecino escandinavo, P. recuerda que en ocasiones, habitualmente en cuestiones internacionales, Suecia suele salirse de la norma. “Su actitud preocupa, pero no sorprende”, sentencia.

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Se trata de la primera vez desde que se inició el brote en España que Sanidad informa sobre niños con coronavirus. El patógeno, por razones que aún estudian los investigadores, no afecta de la misma manera a los pequeños que a los adultos. “Por la experiencia de miles de casos en China, a los niños les afecta menos. En general tienen una evolución clínica más benigna y la tasa de mortalidad es muy baja", ha confirmado Simón. Según el mayor estudio epidemiológico desarrollado hasta el momento sobre los infectados en China, a 11 de febrero, de los más de 44.000 casos confirmados en el país, solo el 0,9% correspondía a niños de entre cero y nueve años, y el 1,2% a menores de 10 a 19 años. Sin embargo, “como cualquier enfermedad que afecte a los niños, estos pueden suponer un núcleo de transmisión en sus familias”, ha recordado el portavoz de Sanidad. “Algunas aulas deben ponerse en cuarentena, se ha comunicado a los colegios”, ha dicho, aunque “no es necesario cerrar los colegios”.

El padre de la niña que ha dado positivo en Madrid había vuelto de Bérgamo, ciudad situada en Lombardía, la región italiana más afectada por el coronavirus y foco principal de su expansión en Europa, el sábado 22 de febrero, según ha explicado la propia familia en un mensaje de WhatsApp a otros padres y madres del centro y al que ha tenido acceso este diario. “Estamos en casa y bien. Nos sentimos aterrados y en shock (...), espero que nadie más se vea afectado”, escribió la madre. Tras regresar su marido de Italia, ella se empezó a encontrar mal, con “dolor de garganta, paliza, diarrea, dolor de pecho”, cuenta en su mensaje. Su marido, sin embargo, estaba asintomático, por lo que los trabajadores del 112 le dijeron que ella acudiese a su médico. El sábado 29, ya con fiebre, las autoridades sanitarias decidieron hacer las pruebas a la pareja. “Se negaron a hacérselas a la niña porque, según ellos, los niños no lo pillan”, continúa el mensaje.

Finalmente, el lunes, la pareja recibió la noticia: habían dado positivo por Covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus. Las autoridades sanitarias les sugirieron que llevaran a la niña con algún familiar, pero que continuara asistiendo al colegio porque no presentaba ningún síntoma. “Les pido, les ruego que le hagan la prueba porque me parece inmoral mandarla a algún sitio sin saber su estado”, cuenta la madre en un mensaje a los otros padres. Finalmente, la niña dio también positivo este martes, día en el que empezó con tos, según su madre. Según la Consejería de Sanidad, "los tres están en casa y evolucionan bien”. Los dos niños de Castilla-La Mancha, de los que Simón no ha querido dar más detalles, se han contagiado también de un conocido infectado por el virus.

El centro Paraíso Sagrados Corazones, en la zona norte de Madrid, informó a través de un email el martes a las diez de la mañana a los padres y madres de los alumnos de que el Centro estaba siguiendo los protocolos que establece el Ministerio de Sanidad. Más tarde, hacia las 16.30, los padres recibieron otro correo electrónico de la directora informando de que uno de sus alumnos de educación infantil había dado positivo por coronavirus, según informa una madre cuyos hijos pequeños acuden a ese mismo colegio. A media tarde del martes, según estas mismas fuentes, y a través de la plataforma Educamos -que utilizan varios centros educativos para la comunicación entre el colegio y los padres y madres del alumnado-, la dirección informaba del positivo de la alumna. “Y nada más”, se queja esta madre.

Durante la mañana, la dirección del centro ha guardado silencio a preguntas de los periodistas. Ha convocado una reunión con los profesores y ha derivado cualquier tipo de cuestión a la Consejería de Sanidad. “Seguimos recabando información”, confirma un portavoz. Los profesores, mientras tanto, salen a fumar a la puerta o a tomar café. “Estamos nerviosos, claro”. “Nada. Nada. No podemos decir nada”. “Hombre, pues un poco de miedo sí que hay. Las cosas como son”.

En las instalaciones del colegio reina la tranquilidad. Amparo, la portera, cuenta que no para de recibir llamadas de padres y de medios de comunicación. “Todo está muy tranquilo” Tanto es así que los niños pequeños pasan por su lado de camino a las aulas. “Estamos en contacto permanente con la consejería”, dice Carmen, la enfermera del centro. “Estamos más tranquilos que otros días. Hay que tener tranquilidad”. María, la cocinera, está muy tranquila: “Hoy los niños van a comer garbanzos y pollo”.

El colegio, de dos plantas, cuenta con una pista de baloncesto rodeada de vallas visible desde el exterior a la que los alumnos llaman “La Jaula”. Allí se agolparon decenas de niños durante el primer recreo al observar una cámara de TVE. No pedían ningún balón. “Coronavirus, coronavirus”, coreaban algunos. “Mamá, salgo en la tele”, gritaba otro.

Jaime, de 46 años, se presentó sobre las 13.00 de la tarde para recoger a sus hijas de seis y cuatro años. “He oído que ha habido padres que han decidido que no llevar a sus hijas. Entre los grupos de WhatsApps de padre se habla mucho. Yo creo que hay que tener tranquilidad. Nosotros en casa nos lavamos las manos continuamente”.

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