Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

El joven es uno de los 16 sirios entrevistados por esta organización para elaborar un informe publicado este miércoles en el que denuncian que las autoridades libanesas y las chipriotas trabajan conjuntamente para evitar que los refugiados lleguen a Europa y llegan incluso a reenviarlos a Siria, pasando por alto el peligro que esto conlleva para sus vidas.

HRW subraya que estas expulsiones sumarias incumplen las obligaciones contraídas por “Líbano como parte en la Convención de la ONU contra la Tortura y, en virtud del principio de no devolución del derecho internacional consuetudinario, de no devolver a personas a países donde corren el riesgo de sufrir tortura o persecución”.

En el caso de Chipre, está obligado además por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe este tipo de expulsiones colectivas. Pero HRW denuncia que este país ha rechazado a los refugiados sirios desde 2020 y, desde finales de 2023, ha pedido a la UE que declare partes de Siria seguras para el retorno de los refugiados. En abril, Chipre anunció que había suspendido los procesos de asilo para todos los sirios que se encontraban en su territorio.

Además, la ONG denuncia que la Unión Europea “ayuda a pagar las facturas” de Líbano, otorgándole fondos destinados principalmente a mejorar su capacidad de frenar la migración irregular. En mayo, por ejemplo, le asignó un paquete de asistencia de 1.000 millones de euros para el periodo 2024-2027, que incluía equipos y formación para las “Fuerzas Armadas libanesas y otras fuerzas de seguridad para la gestión de fronteras y la lucha contra el contrabando”.

“La UE no puede seguir optando por financiar a las fuerzas de seguridad libanesas sin garantizar o sin monitorear que se respetan los derechos humanos y cerrando los ojos ante los abusos”, apunta a este diario Nadia Hardman, investigadora de HRW. Según la experta, en la elaboración de este informe han comprobado “flagrantes violaciones” de los derechos humanos, comenzando por impedir que las personas busquen protección en otro lugar y devolviéndolas al país del que huyeron, donde su vida corre peligro. “La UE no puede hacer recaer en terceros países esta responsabilidad y seguir financiándolos para que los refugiados se queden y no vayan a Europa”, insiste Hardman,

El informe defiende la necesidad de poner fin “a todas las medidas abusivas e ilegales que atrapan a las personas en el Líbano” y el establecimiento de “mecanismos directos e independientes para supervisar el cumplimiento de los derechos humanos en estas operaciones de control fronterizo”. Porque según la ONG, esta situación es un círculo vicioso: “un enfoque inhumano de contención de la migración solo exacerba los abusos de los derechos humanos que hacen que aumenten los viajes irregulares”.

Deportados a Damasco

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) calcula que en Líbano hay registrados 780.000 sirios refugiados. HRW apunta que desde que empezó la guerra en Siria en 2011 llegaron al país vecino 1,5 millones. Líbano es el país del mundo con mayor número de refugiados con respecto a su población, que ronda los 5,3 millones. Desde 2019, una grave crisis económica castiga al país y, según la ONU, un 80% de la población libanesa vive hoy en la pobreza. En el caso de los sirios, a la miseria se suman las trabas administrativas, ya que solo el 20% de ellos tiene residencia legal en Líbano. HRW considera que el país debe reformar las normas para que los sirios puedan regularizar su situación en el país.

Todo esto hace que la opción para muchos sea marcharse y las costas más cercanas son las de Chipre. Según cifras de ACNUR citadas en este informe, en 2021, este organismo registró 38 intentos de cruzar a Europa desde Líbano, en los que participaron unas 1.570 personas. En 2023, llegaron a 65 intentos con casi 4.000 personas. En estos barcos iban sobre todo sirios, pero también algunos palestinos y libaneses.

Los 16 sirios entrevistados por HRW intentaron salir de Líbano ilegalmente entre agosto de 2021 y septiembre de 2023. La ONG verificó fotografías y videos enviados directamente por los refugiados, accedió a datos de rastreo de aeronaves y embarcaciones para corroborar los relatos de los entrevistados.

Nawal huyó de Siria con su esposo y sus siete hijos en 2013. En julio de 2023, agobiados por las dificultades, se montaron en un barco clandestino con destino Chipre, pero las autoridades de este país les detuvieron y, después de mantenerlos retenidos dos días, los expulsaron a Líbano, donde el ejército de este país los deportó a Siria. “Diez años después de huir de la guerra, Nawal y su familia terminaron en Damasco, pero tuvieron la suerte de ser liberados días después y lograron pagar a los traficantes para que regresaran al Líbano en agosto de 2023″, explica el informe.

Antes morir que volver

Tras recibir las conclusiones de HRW, Francisco Joaquín Gaztelu Mezquíriz, director general de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación en la Comisión Europea, respondió admitiendo que eran “conscientes de los informes de posibles violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho internacional humanitario por parte de agentes de seguridad libaneses” y que “recordaba periódicamente a sus homólogos libaneses la importancia de respetar el principio de no devolución, así como las garantías procesales en los casos de refugiados”.

Ocho de los entrevistados por HRW se encontraban en un barco que transportaba a unos 200 pasajeros y que se hundió tras zarpar del norte de Líbano el 31 de diciembre de 2022. En el rescate participaron el ejército libanés y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en el Líbano.

Uno de los pasajeros era Marwán, de 43 años y nacido en la ciudad siria de Alepo. “No nos explicaron nada, no respondían a nuestras preguntas. Me obligaron a subir en un barco del ejército libanés, donde había gente gritando que prefería morir a volver. Dijimos que si nos deportaban a Siria saltábamos del barco, pero nos dijeron que no nos expulsarían”, recuerda. Pero varios de ellos, Marwán incluido, fueron enviados de vuelta a su país de origen, mojados y descalzos desde su detención, y los más afortunados pudieron pagar a mercenarios para regresar a Líbano.

Los entrevistados por HRW aseguran que las autoridades libanesas y chipriotas hacen uso excesivo de la fuerza, les golpean, insultan e inmovilizan contra el suelo. También algunos denunciaron que confiscaron sus documentos de identidad y teléfonos y no se los devolvieron.

El ministro del Interior de Chipre, Konstantinos Ioannou, respondió a las preguntas de HRW recordando que su país y Líbano firmaron un acuerdo mutuo “sobre la gestión de los casos de nacionales de terceros países que intentan entrar ilegalmente en Chipre”, confirmó que “se produjeron varios casos en los que se interceptaron embarcaciones y se enviaron de vuelta al Líbano” y que las instituciones europeas “fueron informadas de esta práctica”.

En respuesta a HRW, las fuerzas de seguridad libanesas argumentaron que las personas detenidas son informadas de sus derechos y “no hay malos tratos físicos ni verbales contra ellos” y que no recibieron “ninguna denuncia” en este sentido durante los arrestos que han realizado.

La Dirección General de Seguridad del Líbano, que controla las entradas y el estatus de residencia de los extranjeros, informó de la detención o devolución de 821 sirios en 15 embarcaciones que intentaban salir del país, entre enero de 2022 y agosto de 2024. Este organismo de inteligencia admitió que la última vez que se coordinaron con Chipre para una operación migratoria fue el 17 de abril de 2024, cuando recibieron de vuelta a 224 pasajeros de tres embarcaciones clandestinas. Un total de “65 personas que fueron devueltas a Siria en coordinación con el ejército libanés por haber entrado ilegalmente en Líbano”, explicaron.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

También en enero, Israel acusó a la agencia de tener al menos una docena de empleados palestinos que participaron o fueron de alguna manera cómplices del movimiento islamista Hamás en los ataques del 7 de octubre, que desencadenaron la guerra en Gaza. Lazzarini lleva desde entonces defendiendo la manera de actuar de UNRWA e intentando recuperar y mantener las donaciones para que la agencia siga funcionando. “Ahora tenemos fondos hasta octubre y me tengo que concentrar en cubrir los últimos meses del año. Todos los países, salvo Estados Unidos, han reanudado su financiación, y también hay nuevos países donantes”, explica el responsable suizo, en una entrevista con este diario en Santander, donde participó el jueves en un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Lazzarini insiste en que la presión del Gobierno israelí sobre UNRWA va en aumento: desde el riesgo de que Israel la declare organización terrorista hasta los obstáculos para que su personal obtenga visados. Desde octubre, esta agencia, que da trabajo a 13.000 personas en Gaza, calcula que 200 de sus empleados han muerto violentamente y dos tercios de sus escuelas están destruidas o muy dañadas. Prácticamente, todas sus estructuras en la Franja se han convertido en refugios para la población desplazada.

Pregunta. ¿Nos estamos acostumbrando al sufrimiento de los habitantes de Gaza?

Respuesta. El riesgo que corremos en este momento es banalizar el horror de Gaza. Antes nos sorprendía, pero ahora, 10 meses y 40.000 muertos después, con poblaciones enteras que se limitan a sobrevivir a la guerra, a las enfermedades y al hambre y que huyen de un lado a otro, el sufrimiento de los gazatíes se ha convertido en algo abstracto. Y eso nos hace perder parte de nuestra humanidad, y lo que es peor, nuestros valores universales, nacidos tras la Segunda Guerra Mundial, parecen irrelevantes. Si perdemos eso, ¿qué nos queda? Todo estará permitido.

P. ¿Dónde están los límites, las líneas rojas?

R. Yo también me lo pregunto. Incluso si hubiera un alto el fuego hoy, sería el inicio de un camino muy largo y doloroso para la gente de Gaza, una tierra convertida en un campo de ruinas. Es muy difícil imaginar un futuro en la Franja si no hay un deseo colectivo y real de decir: ‘basta, queremos una solución política’. Lo que pasó en los últimos 15 o 20 años es que no se ha dado prioridad a este conflicto y nos hemos acostumbrado al statu quo. Se han vivido varias guerras y todas se resolvieron de la misma manera. La pregunta ahora es si después de esta catástrofe tendremos la determinación de tener un proyecto político. Espero que sí, porque volver a caer en un nuevo statu quo será insostenible.

P. La inmensa mayoría de países han reanudado sus contribuciones a UNRWA. En este momento, ¿la agencia tiene capacidad financiera de seguir trabajando?

R. Hay poca visibilidad, vamos viendo mes a mes. Ahora tenemos fondos hasta octubre y me tengo que concentrar en cubrir los últimos meses del año. Todos los países, salvo Estados Unidos, han reanudado su financiación y también hay nuevos donantes, Estados del Sur como Sudáfrica o Brasil. Por ejemplo, ayer recibimos un cheque de Maldivas. Pero todo eso no colma la ausencia de Estados Unidos y además las necesidades son ahora mayores.

Creer que si UNRWA desaparece, se evapora la cuestión de los refugiados palestinos es ingenuo,

P. Paralelamente, el Parlamento israelí estudia declarar a UNRWA organización terrorista.

R. Imaginemos la situación: un país miembro de ONU que califica una agencia de la ONU de terrorista. Es algo sin precedentes, pero es posible que ocurra. No sería un ataque solo contra UNRWA sino contra el multilateralismo. Pero creer que si UNRWA desaparece se evapora la cuestión de los refugiados palestinos es ingenuo, porque aunque nosotros dejemos de existir, el estatuto de los refugiados palestinos permanecerá, ya que es una resolución de la ONU diferente. He instado a los Estados miembros a impedir que esto ocurra, porque si lo aceptamos, podría crear un precedente para otros conflictos en el mundo.

P. Usted ha denunciado que la presión sobre UNRWA y sus trabajadores en Jerusalén ha ido en aumento. ¿De qué manera?

R. Sentimos una especie de ahogo. Es como si se quisiera provocar una muerte lenta de la organización: nuestra sede de Jerusalén ha sufrido agresiones instigadas por autoridades municipales, en las redes sociales los ataques son constantes, los visados no se prorrogan o se dan para uno o dos meses... El objetivo es todo aquel que señala las violaciones del derecho internacional por parte del Gobierno de Israel.

P. Si UNRWA desapareciera, ¿quién puede asumir su trabajo?

R. Tenemos 600.000 niños y niñas profundamente traumatizados viviendo entre las ruinas. Hemos conseguido, desde principios de mes, que 10.000 pequeños regresen a una especie de entorno de aprendizaje en los refugios en los que están, gracias a nuestro personal, que también está desplazado. Queremos llegar a 200.000 niños a finales de septiembre. No estoy hablando de escuelas ni de lugares seguros, porque eso no existe en Gaza ahora, pero la idea es empezar a tratar sus traumas. ¿Quién puede hacer esto aparte de UNRWA? ¿Un gobierno? No hay gobierno en Gaza. ¿El Gobierno israelí, alguna ONG? No. No hay nadie que pueda facilitar servicios a esta escala.

P. ¿Tiene más esperanza en un alto el fuego en este momento, en las negociaciones en curso en Doha?

R. (Suspiro) No tengo ni idea. Me entero por la prensa, como usted. Un día hay señales positivas, otro día negativas...

P. ¿Cree posible una pausa humanitaria para poder llevar a cabo una campaña de vacunación contra la poliomielitis, tras los casos que se han empezado a registrar en Gaza?

R. Debería ser una prioridad. Hemos pedido una tregua para vacunar y no sé qué respuesta tendremos, pero me temo que nuestra campaña de vacunación deberá realizarse en las circunstancias actuales.

La presencia de prensa extranjera hubiera podido atenuar la guerra y también la guerra de propaganda en Gaza

P. Israel no deja que la prensa extranjera entre en Gaza. ¿Usted cree que si se hubiera permitido la presencia de periodistas extranjeros, no estaríamos hablando de 40.000 muertos en la Franja?

R. Ni en Afganistán, ni en Siria ha ocurrido algo así. La presencia de prensa extranjera hubiera podido atenuar la guerra y también la guerra de propaganda en Gaza. Con prensa internacional se habría documentado de otra manera la magnitud del desastre y habría habido en Europa y en Estados Unidos más imágenes de lo que ocurre en la Franja. Pero la tendencia es exactamente la contraria: no hay periodistas extranjeros en Gaza y a personas que trabajan en comunicación o en sensibilización en ONG y organizaciones humanitarias no se les renuevan los visados en Israel. Es significativo, ¿no?

P. ¿Y usted tiene visado?

R. Yo no he podido entrar en Gaza desde enero. Lo he intentado en vano. Y mi visado para ir a Jerusalén no se ha renovado desde hace cinco o seis semanas. La última vez que fui fue en junio. No me acuerdo de que haya habido otro Comisionado general al que se le haya impedido ir a su sede en Jerusalén.

P. ¿Hay una imagen que le ha marcado especialmente en estos 10 meses de guerra?

R. A finales de 2023 visité una escuela en Rafah convertida en refugio y una niña me suplicó que le diera agua y un pedazo de pan. Tengo hijos y es una imagen que me persigue. Es insoportable que eso esté pasando. Y después, la falta de luz en la mirada de la gente, que vive en modo automático. O un hombre que me dijo que se escondía para llorar para que su familia no le viera, o un empleado de UNRWA diciéndome que lo más duro de todo era que estaban perdiendo la dignidad.

P. Mientras miramos a Gaza, en estos 10 meses ha habido más de 500 palestinos que han muerto violentamente en Cisjordania, la mayoría a manos de colonos israelíes.

Subrayar el sufrimiento de unos, en el caso de UNRWA de los habitantes de Gaza, no implica negar el dolor de los israelíes. En absoluto

R. La situación en Cisjordania es más que explosiva, es un hervidero, una guerra silenciosa de la que no hablamos casi porque todo queda eclipsado por Gaza.

P. Hablando de otras guerras, Albert Camus escribió que a veces se “silencia un horror para poder combatir mejor otro”. ¿Usted cree que eso pasa en la sociedad israelí y en la sociedad palestina?

R. No hay empatía mutua. Los israelíes no entienden el sufrimiento palestino y los palestinos no imaginan el traumatismo que los terribles ataques del 7 de octubre crearon en la sociedad israelí. Y para nosotros, que no somos ni israelíes ni palestinos, subrayar el sufrimiento de unos, en el caso de UNRWA de los habitantes de Gaza, no implica negar el dolor de los israelíes. En absoluto.

P. Desde octubre, se ve obligado a pronunciar esta frase a menudo.

R. Sí, desgraciadamente, sí.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Maryam acepta hablar con este diario con la promesa de que su verdadero nombre no será publicado. “Si no, no podré expresarme libremente”, explica por teléfono desde Herat, en el oeste del país, donde vive con su madre y sus dos hermanos, aún menores de edad. La joven dejó de ir a la universidad en diciembre de 2022, cuando los talibanes prohibieron a las mujeres que acudieran a las aulas, meses después de haberles prohibido acudir a los institutos de secundaria. En este momento, ninguna niña de más de 12 años puede ir a clase en Afganistán, una situación única en el mundo, según la ONU.

“Intento encontrar clases online de Medicina y de Literatura y paso el día en casa leyendo, revisando viejos apuntes y libros de la universidad porque aspiro a terminar la carrera en algún lugar. La única manera de hacerlo será marcharme, porque ellos ni se van a ir ni van a cambiar”, explica.

En estos tres años, los talibanes han publicado unos 100 edictos que restringen la libertad de movimiento de las mujeres, limitan al máximo su derecho a la atención sanitaria y a la educación, les cierran las puertas del mercado laboral y las privan del ocio, desde hacer deporte hasta acudir a un salón de belleza. Esto ha hecho que las afganas se esfumen del espacio público, con los efectos colaterales que ello conlleva, por ejemplo, para su salud mental y la estabilidad financiera de las familias.

La escritura que salva

Maryam se ha refugiado en los libros y forma parte de un grupo de mujeres jóvenes que escriben clandestinamente novelas y poesía. “Describo la sociedad actual y lo que nos toca vivir a las mujeres. Primero, nos juntábamos en parques para compartir nuestros textos, pero los talibanes nos prohibieron ir. Después, nos dábamos cita en los patios de los hospitales, pero también nos tuvimos que ir de ahí. Ahora hacemos reuniones online”, explica.

Las restricciones han ido en aumento y los libros no religiosos, sobre todos los de autores extranjeros, son vistos como amenazas por los fundamentalistas. Maryam intercambia ejemplares con amigos y profesores y lee por internet. Acaba de terminar Viaje al fin de la noche, del francés Louis-Ferdinand Céline, traducido al persa. “Cuando salgo a la calle y llevo conmigo un libro sé que corro un gran riesgo. El otro día tomé un taxi sola, con una novela en el bolso. El conductor vio un control talibán más adelante y me hizo bajar en medio de la calle para no ser detenido por llevarme. Pasé mucho miedo”, cuenta. Maryam no tiene mahram o acompañante masculino porque en su casa no vive ningún hombre adulto, lo que limita aún más sus movimientos.

Cuando salgo a la calle y llevo conmigo un libro sé que corro un gran riesgo

Maryam, universitaria afgana

La ONU considera que los talibanes han instaurado un apartheid de género, un término que define el acoso y la progresiva reducción de los derechos más elementales por el simple hecho de ser mujer, y recomendó de nuevo en junio que se reconozca este delito como un crimen de lesa humanidad para que haya responsables que un día puedan rendir cuentas ante la justicia por estos abusos.

“Éramos un grupo de 10 amigas: cinco se han ido, dos se marcharán en los próximos meses y quedamos tres buscando la manera de salir de aquí. Es un buen reflejo de mi país hoy. Yo no puedo abandonar a mi madre y a mis hermanos. Además, quiero que mi hermana pueda estudiar también”, dice Maryam.

Dos abortos en dos años

Según cifras de la ONU, en Irán y Pakistán hay unos 7,7 millones de refugiados afganos, de los cuales al menos 1,6 millones llegaron después de agosto de 2021, aunque los números reales podrían ser mayores. Faizah está incluida en estas cifras. Tiene 35 años y llegó a Pakistán hace un mes. “He pasado tres años encerrada en casa, sin ningún plan más allá de seguir con vida. Metí mis sueños en un cajón y esperé. Decenas de miles de mujeres como yo, con formación y trabajos buenos hasta 2021, se han convertido en amas de casa, presas e invisibles en sus hogares”, explica por teléfono, pidiendo también que su nombre verdadero no se use en esta entrevista.

Metí mis sueños en un cajón y esperé. Decenas de miles de mujeres como yo, con formación y trabajos buenos hasta 2021, se han convertido en amas de casa, presas e invisibles en sus hogares

Faizah, fiscal afgana

Esta mujer era fiscal hasta el retorno de los talibanes. En los días que siguieron, recibió varias llamadas anónimas en su casa en Kabul. Decían su nombre, su oficio y colgaban. “He metido en la cárcel a varios criminales y sentí miedo así que mi marido y yo volvimos con la familia al norte, a Mazar-i-Sharif”, explica.

El otro delito de Faizah es haberse casado con un tayiko, siendo ella hazara, una minoría muy discriminada y perseguida por los talibanes. “Soy chií y mi marido es suní. Para los talibanes, nuestro matrimonio no es bueno. Un día, mi esposo quiso invitarme a tomar un helado. No siempre tenemos dinero para estos lujos y estábamos contentos. Lo compramos y nos sentamos en un banco a comerlo, pero llegaron dos policías. Le dijeron que tenía que divorciarse de mí, que no podíamos seguir viviendo juntos”, recuerda.

Esta fiscal ha pasado meses sin salir de casa y ha tenido que vender todo, “hasta el anillo de bodas”, para poder comer. “He sufrido dos abortos en los últimos dos años. Uno de ellos, tras un control talibán en la calle en el que me asusté mucho, y el otro hace ocho meses, cuando los fundamentalistas vinieron a registrar mi casa”, explica.

“Me sentía acorralada, sabía que me matarían si me quedaba en Afganistán, pero no teníamos los pasaportes en regla y yo no podía huir de cualquier manera. Tuve poliomielitis de pequeña y sufro una discapacidad en una pierna que me impide correr. Finalmente, conseguí renovar el pasaporte argumentando que debía recibir un tratamiento en Pakistán”, explica. Ahora, Faizah y su esposo esperan en Islamabad la confirmación de que podrán viajar a Alemania, el único país que aceptó su demanda de protección como fiscal en peligro.

El silencio del mundo

Mina vive en Kabul y en agosto de 2021 estudiaba Económicas en la universidad. En ese momento, la costura era solo un entretenimiento, pero ahora se ha convertido en un sustento necesario para toda la familia. Esta joven de 23 años cose en su casa y envía los encargos usando mensajeros. La mayoría de las veces no puede tomar medidas ni hacer pruebas a sus clientas. “Tienen miedo y yo también. Al principio, me negué a vestirme como ordenan los talibanes, totalmente cubierta de pies a cabeza, pero mi madre me suplicó que lo hiciera, por seguridad, y acabé cediendo”, explica.

La familia está especialmente preocupada por su hermana de 16 años, que está hundida en una depresión severa. “Habla muy poco y llora mucho. Pregunta por qué nuestro hermano puede ir a clase y ella no, por qué no puede ser médica o ingeniera, solo ama de casa. Y yo no tengo respuestas para ella”, explica Mina.

Llora todo el rato, pregunta por qué nuestro hermano puede ir a clase y ella no. Por qué no puede ser médica o ingeniera y solo ama de casa. Y yo no tengo respuesta para ella.

Mina, estudiante afgana

La organización humanitaria afgana Rawadari ha publicado esta semana un informe basado en testimonios obtenidos en prácticamente todas las provincias del país, en el que alerta de un aumento de la privación de derechos fundamentales para las mujeres debido a la “discriminación sistemática” por parte de los talibanes y de un incremento de los malos tratos y el acoso, sin que las víctimas puedan denunciar estos abusos ante un tribunal. Su fotografía general de la situación de las afganas es desoladora: Más de 1,4 millones de niñas están privadas de educación en este momento, y desde enero de este año se han cerrado varias escuelas clandestinas para chicas y se ha encarcelado a al menos 28 responsables y estudiantes de estos centros. Hay mujeres detenidas tan solo negociar el precio de un producto en un mercado, y afganas que no son admitidas en un hospital aunque estén muriéndose si no llevan un acompañante masculino.

“Cada día hay mujeres que sufren en sus casas, que son arrestadas, golpeadas o casadas a la fuerza, pero el mundo se queda en silencio. No solo eso. Los talibanes dicen que Afganistán es ahora un país más seguro y se les cree, cuando la realidad es otra”, denuncia Faizah. “Las vidas de millones de mujeres han sido destrozadas. Somos las víctimas de un perverso juego político. ¿Sabe la comunidad internacional quiénes son realmente los talibanes, saben cómo estamos viviendo? Porque estamos en 2024 y si quisieran podrían informarse de los crímenes y abusos que cometen. Pero nosotras no les importamos”, concluye Maryam.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

El mensaje que Ahmed, directora ejecutiva de proyectos en la Asociación biodinámica (EBDA), lleva a los campesinos se llama “Economía del Amor”, una expresión que puede sonar algo mística, pero que esconde una certificación clara para promover cadenas de suministro sostenibles, éticas y transparentes. El incentivo adicional para estos agricultores, además de tornar sus tierras más productivas, es obtener créditos de carbono por sus buenas prácticas, que venderán para poder reinvertir y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

EBDA, una organización creada en 1994, es el programa más importante del conglomerado egipcio de ONG y empresas llamado SEKEM, fundada hace 50 años en una zona desértica del país con el sueño de impulsar el desarrollo sostenible. Ambas iniciativas recibieron a mediados de julio en Lisboa el premio de la Humanidad que otorga anualmente la Fundación Calouste Gulbenkian, por su lucha por defender la agricultura y fortalecer los sistemas alimenticios de manera innovadora frente a los desafíos climáticos. El millón de dólares del galardón se lo repartirán a partes iguales con el edafólogo Rattan Lal y el proyecto de agroecología indio Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming (APCNF).

“El cambio climático afecta a todo Egipto y si no hay una solución, tal vez no los agricultores del momento presente, pero probablemente sus hijos deberán abandonar las tierras”, insiste Ahmed, que viajó a Portugal para recoger el premio. Hasta ahora, EBDA ha apoyado a 10.000 pequeños agricultores egipcios. La iniciativa y los buenos resultados corren ya de boca en boca y el objetivo es llegar a 40.000 campesinos en 2025.

Pregunta. ¿Cómo se convence a un agricultor de empezar de cero en su propia tierra?

Respuesta. Primero, yendo a su encuentro, hablando con ellos, mostrando que conocemos sus problemas y explicando de manera sencilla qué es la agricultura biodinámica y por qué es necesario un cambio. Además, yo ofrezco soluciones para mejorar su día a día. En este momento, recibimos ya más solicitudes de productores para iniciar la transición de las que habríamos imaginado.

P. Si estos agricultores no cambian su forma de trabajar, ¿están condenados a irse porque la crisis climática los dejará sin beneficios?

R. El cambio climático afecta a todo Egipto y si no hay una solución, tal vez no los agricultores del momento presente, pero probablemente sus hijos deberán abandonar las tierras, sobre todo por la falta de agua.

P. ¿En qué consiste exactamente la Economía del Amor?

R. Es una visión holística de nuestro trabajo y de nuestro futuro, que incluye cuatro dimensiones: sociedad, economía, medioambiente y cultura. La Economía del Amor es una certificación que reciben productos sostenibles, éticos y transparentes en toda la cadena de suministro. Es un sistema basado en el respeto a la naturaleza, a los productores y a los consumidores.

P. ¿Cómo se obtiene esa certificación?

R. Con la adopción de prácticas biodinámicas, es decir, plantando árboles, usando energías renovables o dejando de lado los productos químicos, entre otros. Y con formación, para saber qué métodos adoptar, cómo usar las técnicas y por qué. Y otra dimensión es el impacto en la sociedad, porque no nos dirigimos solo a los campesinos, sino que valoramos que sus empleados reciban un salario justo o que se ofrezca trabajo remunerado a las mujeres, por ejemplo. Es decir, que el agricultor sea una especie de factor multiplicador de los beneficios.

Es una agricultura conectada con la sociedad, con el medioambiente y con el entorno, para obtener alimentos saludables y naturales y ofrece, además, más productividad y beneficios

P. ¿Cuáles son los pilares de esta agricultura biodinámica?

R. Es realmente un sistema sencillo, que se aplica ya en numerosos países. Significa poner en el centro de todo al organismo vivo que late dentro del suelo, favorecer la biodiversidad, dejar de lado los pesticidas, las semillas transgénicas y todos los productos químicos que se han acumulado dentro del suelo. Es una agricultura conectada con la sociedad, con el medioambiente y con el entorno, para obtener alimentos saludables y naturales y ofrece, además, más productividad y beneficios. En Egipto los pequeños agricultores que la han adoptado están felices.

P. ¿Cuánto tiempo se tarda en limpiar la tierra?

R. Oficialmente, en el papel, un año, pero suelen ser más. Dos, tres... Depende de muchas cosas. El suelo no solo está contaminado por las prácticas tradicionales de los agricultores, sino por el aire o el agua. Además, lo más importante no es la conversión del suelo, sino la transformación de la mentalidad de los agricultores.

P. ¿Cómo se eligen las tierras?

R. No seleccionamos lugares, seleccionamos personas que tienen el deseo y la intención de trabajar y comprometerse con esta transición, que requiere paciencia.

P. Otro de los grandes incentivos para esta transición son los créditos de carbono. ¿Cómo funcionan?

R. Aunque el objetivo principal sea cambiar las prácticas agrícolas, estos créditos, logrados por ejemplo con proyectos de forestación, producción de compost, secuestro de carbono del suelo o uso de energías renovables, son claramente un incentivo. Al certificarlos y venderlos, estos créditos se transforman en dinero que pueden invertir en su familia o en otros proyectos de desarrollo sostenible. Es un beneficio adicional que la agricultura tradicional no da. Ahora hemos certificado un primer grupo de 2.000 agricultores. El proceso se hace por grupos, porque es complejo. Uno de los campesinos beneficiados, de una zona montañosa del Alto Egipto, en el sur, ha abierto ya un pequeño comercio de insumos orgánicos, para expandir esta forma de cultivar en su zona. Y estamos recibiendo solicitudes, sobre todo de asociaciones de mujeres de la región, que quieren adoptar la agricultura biodinámica. Este hombre es claramente un multiplicador.

Al certificarlos y venderlos, estos créditos se transforman en dinero que pueden invertir en su familia o en otros proyectos de desarrollo sostenible. Es un beneficio adicional que la agricultura tradicional no da

P. ¿Las mujeres son parte esencial de esta nueva cadena productiva?

R. Egipto es un país agrícola, las mujeres son indispensables en esta cadena y la “Economía del Amor” les ofrece más oportunidades de trabajo. Cuidan de la tierra, de las semillas que se van a plantar, de los animales que van a aportar el fertilizante natural... Además, son más pacientes que los hombres y en la agricultura biodinámica, sobre todo al principio, hace falta un poco de paciencia.

P. ¿En qué usará EBDA este premio?

R. Este reconocimiento es esencial, primero por el prestigio y por la visibilidad que nos da. Además, estamos queriendo llegar a 40.000 agricultores y eso necesita financiación, sobre todo para formación, y expandir este proyecto en otros países.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Casado y padre de cinco hijos, Khatib trabaja para la agencia de noticias France-Presse (AFP) desde hace 20 años y fue evacuado en abril a Doha. Durante meses, se debatió entre su oficio y el deseo de quedarse al lado de sus hijos para protegerlos. “Cuando un periodista trabaja en un lugar de conflicto, normalmente tiene a su familia en otro lugar, pero en el caso de Gaza, mi trabajo y mi familia estaban ahí”.

En la guerra ha perdido amigos y familiares, pero garantiza que su propio sufrimiento no le ha hecho perder la lucidez a la hora de contar. “No he aumentado ni rebajado ningún dolor, solo he tratado de describir la realidad”. Según Reporteros Sin Fronteras, el ejército israelí ha matado a más de un centenar de periodistas gazatíes desde octubre.

Pregunta. ¿Qué sintió al salir de Gaza?

Respuesta. Sentimientos encontrados. Llevo meses pensando que vivo lo mismo que vivieron mis padres cuando fueron expulsados de su aldea natal en 1948, que estaba muy cerca de Gaza, hoy en Israel. Ellos se refugiaron en la Franja, donde yo nací, y yo nunca pensé padecer el destierro. No me quería ir de mi tierra, pero mi empresa ya no podía protegerme más y salí por mis hijos y mi esposa, que habían logrado ser evacuados a Doha dos meses antes.

P. ¿Está justificándose porque se fue?

R. Hay un cierto sentimiento de culpa en los que se marchan. A mí no se me quita de la cabeza. Es como si siguiera viviendo en Gaza, aunque mi cuerpo está en otra parte. Pese a tener alimentos, no consigo comer más de una vez al día desde hace meses. Me he acostumbrado. Abro el grifo para lavarme, bebo agua y pienso con dolor en gente muy cercana y muy querida que está allá sufriendo y que no tiene ni agua sucia.

P. Como periodista, ¿cuál ha sido su mayor desafío desde que comenzó la guerra octubre?

R. Cuando un periodista trabaja en un lugar de conflicto, normalmente tiene a su familia en otro lugar, pero en el caso de Gaza, mi trabajo y mi familia estaban ahí. Yo salía a trabajar y no sabía si iba a volver y tampoco sabía si ellos estarían vivos a mi vuelta. Yo temía que mi oficio los expusiera a un peligro aún mayor. En esta guerra he sentido que Israel considera enemigos a todos los reporteros palestinos, aunque solo estemos haciendo nuestro trabajo.

Abro el grifo para lavarme, bebo agua y pienso con dolor en gente muy cercana y muy querida que está allá sufriendo y que no tiene ni agua sucia

P. Israel no está permitiendo la entrada de periodistas extranjeros en Gaza. ¿Qué efecto tiene esto en los periodistas gazatíes?

R. Creo que se duda más de lo que cuenta un periodista palestino que de lo que narraría un periodista extranjero. En general, se da menos credibilidad a las informaciones hechas por nosotros, pero nuestro desafío es seguir contando con honestidad.

P. ¿Qué transmite para usted la fotografía que ganó el premio Mingote?

R. La pérdida. La hice al este de la ciudad de Rafah, en noviembre, en una zona que habían bombardeado la noche anterior. Había familias que volvían para llevarse lo que podían y niños buscando ropa, cuadernos o juguetes entre los escombros. Toda la vida que habían conocido esos críos era pasado. Ya no había nada: ni casas, ni escuelas, ni amigos... Quise explicar esa pérdida a través de la mirada de las niñas que aparecen en la imagen.

P. ¿En algún momento sintió que necesitaba parar de hacer fotos?

R. Como periodista y como palestino no podía permitirme ese lujo, a pesar de mi sufrimiento. Somos reporteros y también víctimas de lo que está pasando, pero aun así, yo creo que no he perdido la lucidez y la neutralidad a la hora de contar. No he aumentado ni rebajado ningún dolor, solo he tratado de describir la realidad.

Somos reporteros y también víctimas de lo que está pasando, pero aun así, yo creo que no he perdido la lucidez y la neutralidad a la hora de contar.

P. Su ciudad natal, Rafah, ha recibido a decenas de miles de personas que se han desplazado desde octubre. Su casa se convirtió también en un refugio.

R. Sí, yo recibí en mi casa a parientes y a mis compañeros de la Agencia France-Presse. Éramos 80 personas en mi piso y los de mis hermanos. El edificio fue bombardeado el 19 de junio. No queda nada. Mis cinco hermanos están en Al Mawasi, una zona cercana a la ciudad de Jan Yunis, viviendo en tiendas de campaña. Pero han decidido permanecer separados unos de otros de manera consciente, de forma que si cae una bomba no mate a toda la familia y haya algún superviviente del clan.

P. Todo el mundo en Gaza ha perdido amigos, personas queridas. Usted también.

R. Sí. Recuerdo un momento especialmente duro: una mañana recibí una llamada de mi sobrino Ahmad, de 17 años. Estaba bajo los escombros de su casa, que había sido bombardeada, y me pedía desesperado que fuera a sacarlo de ahí. Fui rápidamente, ayudé a los equipos de rescate, que trabajan prácticamente con las manos y logramos liberarlo, muy malherido. Su madre y un hermano, Mohammad, murieron. Su padre y otra hermana resultaron heridos. En ese momento, dejas de ser periodista, sueltas la cámara y eres solo un ciudadano más, un ser humano.

P. Hay un puñado de periodistas que siguen contando lo que ocurre cada día en Gaza.

R. Su situación es durísima. Viven en tiendas, salen cada mañana a trabajar y no saben qué les puede pasar a ellos y si encontrarán a sus familias vivas al volver. Además, tienen que ocuparse de la logística: encontrar agua, comida... Y las conexiones son un desastre. Transmitir un vídeo, por ejemplo, requiere mucho tiempo debido a los cortes de internet decretados por Israel y eso les pone también en peligro.

P. ¿Hay alguna fotografía que haya tomado en estos meses que le haya marcado especialmente?

R. Soy incapaz de elegir una. Y finalmente creo que todas se parecen: niños perdidos, padres llorando, gente bajo los escombros, equipos de rescate trabajando, desesperación, pobreza, muerte... Es la misma película horrible que no termina nunca.

P. ¿Fue a la frontera con Israel el 7 de octubre de 2023, el día en que Hamás lanzó sus cruentos ataques en territorio israelí?

R. Sí. Llegué varias horas después a hacer fotos y tengo una imagen en la cabeza: la frontera abierta, sin ejército israelí y la valla de separación destrozada. La gente entrando y saliendo, un tanque israelí quemado y jóvenes gazatíes encima de él. Nunca hubiera imaginado escenas así.

P. ¿Temió desde ese momento la magnitud de la respuesta de Israel?

R. En aquel momento no. Creo que todos tardamos en darnos cuenta, el primero Israel, que nunca había sido agredido de esa manera. Luego, cuando comenzaron los bombardeos, pensé que sería como en otras ocasiones, que duraría algunos días o tal vez semanas. Pero muy pronto, escuchando a responsables israelíes, sentí que esto iba a ser diferente porque hablaban de ocupar Gaza y desterrar a sus habitantes.

P. ¿Cómo están sus hijos ahora?

R. Aparentemente bien, pero cuando pasa un coche rápido creen que es un misil y cuando oyen un avión piensan que sobrevuela la casa para bombardearla. Intento calmarles pero es difícil. Si a mí también me asaltan esos pensamientos, ¿cómo no les va a pasar a ellos? Tampoco logramos proyectarnos en el futuro. Gaza es hoy un lugar totalmente inhabitable. Hubo ministros israelíes que dijeron que lo convertirían en un lugar donde los palestinos no podamos vivir y así está siendo. Solo limpiar los escombros costará años.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

La semana pasada, esta campesina y madre de familia de 38 años cogió el avión por primera vez en su vida para recoger el premio a la Humanidad que otorga anualmente en la capital portuguesa la Fundación Calouste Gulbenkian en nombre del proyecto de agroecología Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming (APCNF). Este programa estatal ha logrado desde 2016 que un millón de pequeños agricultores de esta región, angustiados por el cambio climático, adopten un método natural para cultivar la tierra. Mediante el uso de residuos orgánicos, reducción del laboreo, reintroducción de semillas autóctonas y diversificación de cultivos, han logrado aumentar su productividad y han fortalecido el ecosistema.

“La gente no ve el suelo como algo vivo, pero yo sí. En él hay ya todo lo necesario. ¿Quién cuida de los bosques? Nadie, se cuidan solos, ¿verdad? La tierra tiene ya todo lo que necesita”, insiste Nettem, resplandeciente en un sari verde, morado y mostaza. La mujer emana una fuerza y una sabiduría auténticas, que la han convertido hoy en una formadora de otros agricultores y una líder de la comunidad. En un país en el que hay 120 millones de agricultores, el programa del que forma parte aspira a llegar a ocho millones de agricultores en los próximos 10 años y también va a empezar a expandirse fuera de India. El millón de dólares del premio Gulbenkian se lo repartirán a partes iguales con el edafólogo Rattan Lal y la iniciativa egipcia SEKEM, también pioneros en agricultura sostenible.

Pregunta. Vive en una región castigada sobre todo por la sequía. ¿La alternativa era cambiar de forma de cultivar o migrar?

Respuesta. Tal vez no para mí, pero para mis hijos sí. Los jóvenes del pueblo no ven la agricultura como una forma de vida próspera, pero desde que este proyecto de agricultura natural comenzó a implantarse hemos comprobado que los campos son más productivos y resistentes y nuestra esperanza es que los jóvenes se queden y sigan cultivando la tierra. Sé que lo vamos a lograr.

P. ¿Le costó empezar de cero y reaprender a cultivar?

R. Mi pueblo está en uno de los distritos más alejados de Andhra Pradesh. Cultivaba una huerta de 800 metros cuadrados y, al igual que mis vecinos, dependía del agua de lluvia. Las cosas no iban bien. Estábamos sufriendo constantemente sequías fuertes y a veces inundaciones. Las mujeres del pueblo estábamos ya organizadas desde hacía años para ayudarnos entre nosotras y un día llegaron al pueblo un grupo de personas y nos explicaron que podía haber otra forma de relacionarnos con nuestra tierra. Nos aseguraron que nuestros costes se reducirían, la producción aumentaría y sentiríamos rápidamente los efectos positivos en nuestra salud y en el ecosistema.

P. ¿La convencieron?

R. Bueno, pensé que por qué no intentarlo. No conseguía salir de ese círculo de pérdidas y me dije que igual podría cambiar algunas cosas. Lo que terminó de convencerme fueron los argumentos con respecto a la salud. Mi hija mayor, que tenía 11 años en ese momento, tenía un problema de baja hemoglobina en la sangre y también estaba perdiendo progresivamente la vista. Lo hice por ella, sobre todo. Fue un proceso lento, había que limpiar el suelo y necesitamos orientación y formación para hacerlo. En cuanto empezamos a consumir las verduras producidas de forma natural, comencé a sentir efectos positivos en la salud de mi hija, que hoy se encuentra muy bien.

En India, ya estamos presentes en 12 Estados y fuera de India hemos despertado interés en unos 45 países. Este año vamos a iniciar proyectos y formaciones en Zambia, Ruanda, Indonesia, México, Sri Lanka y Kenia.

P. ¿Otras familias del pueblo han adoptado esta nueva forma de cultivar?

R. Al principio solo unos pocos, pero ahora ya somos más de 100 familias. Algunos hemos ampliado nuestras tierras, yo, por ejemplo, siembro ya en dos hectáreas. Antes solo cultivaba cacahuetes, pero ahora tengo más de 12 variedades diferentes: mijo, lentejas, girasol, cacahuete y varias oleaginosas. La idea es que si falla una, por una plaga, una inundación o una sequía, siempre quedan las otras. Resiliencia, resiliencia.

P. ¿Y ha sido rentable?

R. Claro que sí. Vendo parte de mi producción o la intercambio y eso me ha permitido ampliar la superficie cultivada. Como media, los agricultores del pueblo ganamos un 50% más.

P. Este es un proyecto liderado fundamentalmente por mujeres.

R. En la agricultura natural participan mujeres y hombres, pero es verdad que las mujeres han tomado las riendas del programa en muchos lugares. No es algo que se haya decidido. Ya estábamos a cargo de las tierras antes y lo estamos ahora. Mi marido, por ejemplo, como veía que los campos no daban ganancias, buscó trabajo como conductor. Pero yo seguí adelante. Cuando empecé con la agricultura natural él era muy escéptico, pero ahora ha vuelto a trabajar conmigo. Toda mi familia está implicada en el trabajo de la tierra.

Los suelos resisten ahora a largos periodos de sequía. Aunque no llueva, la cosecha aguanta. Y si hay inundaciones, el agua se filtra, no se estanca, así que el cultivo sigue protegido.

P. ¿Por qué este programa, que aparentemente es tan simple y obvio, es una referencia?

R. Yo creo que justamente por eso, porque es sencillo. Cualquier agricultor en el mundo puede adoptarlo. No dependes de material o de técnicas que vienen de fuera. Todo está disponible en tu pueblo: estiércol y orina del ganado, por ejemplo, usados como fertilizantes, cuestan cero y están ahí al alcance de cualquiera. En resumen, nuestros costes bajaron, los riesgos disminuyeron y los rendimientos aumentaron. ¿Cómo no va a funcionar algo así? Y por encima de todo, es un proyecto vinculado a nuestra tradición, porque antes, el ganado y la agricultura iban de la mano.

P. ¿Cómo hace frente la agricultura natural a los embates climáticos?

R. Los suelos resisten ahora a largos periodos de sequía. Aunque no llueva, la cosecha aguanta. Y si hay inundaciones, el agua se filtra, no se estanca, así que el cultivo sigue protegido. Además, la fisiología de las plantas está transformándose y hay hojas capaces de absorber el agua del aire, como ocurre con los cactus. Por ejemplo, a finales del año pasado tuvimos un ciclón fuerte, el Michaung. Muchas cosechas se echaron a perder por los fuertes vientos, pero nuestros campos sobrevivieron. Es el poder de la armonía con la naturaleza: el tronco de nuestros árboles es más fuerte, las raíces son más profundas.

P. Usted tiene el título de “campeona en agricultura” dentro del programa. ¿Qué significa eso?

R. Ahora formo a otras personas, les acompaño cuando inician el cambio a la agricultura natural. Porque nuestro proyecto se expande. En India, ya estamos presentes en 12 Estados y fuera de India hemos despertado interés en unos 45 países. Este año vamos a iniciar proyectos y formaciones en Zambia, Ruanda, Indonesia, México, Sri Lanka y Kenia.

P. ¿Por qué este premio es importante?

R. Nosotros queremos inspirar a otros y este premio sin duda nos ayudará. Además, el dinero del galardón nos facilitará la expansión a estos seis países en los que hay ya planes de trabajar juntos. Los premios en sí no son importantes, pero sí sus efectos. Ojalá haya muchos agricultores que adopten este método y la madre naturaleza siga fortaleciéndose. Porque es un sistema que funciona. La gente no ve el suelo como algo vivo, pero yo sí. La tierra tiene ya todo lo que necesita. ¿Quién cuida de los bosques? Nadie, se cuidan solos, ¿verdad? Pues en nuestras tierras pasa un poco lo mismo.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

De Farida Benlyazid, pionera del cine marroquí, hasta la camerunesa Cyrielle Raingou, que tardó siete años en rodar su documental que tituló El espectro de Boko Haram, hay décadas de lento avance en el cine africano hecho por mujeres. Los testimonios de éstas y de varias directoras del continente, junto con la directora del Festival de Cine Africano FCAT, sirven para reconstruir cómo ha cambiado el significado de ser creadora y qué frenos se mantienen: el machismo ante su autoridad y la mirada que permanece entre los espectadores de Occidente, que aún esperamos una visión maniquea de África, contra la que ellas se rebelan.

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Seguir leyendo

Garrido, nacida en Costa Rica de madre malagueña hace 39 años, lamenta —pero minimiza— el hecho de que España esté aún lejos del 0,7% de su PIB dedicado a ayuda al desarrollo, ya que el país tiene un compromiso claro en luchar contra la pobreza y la desigualdad. Para ella, la cooperación es como las mareas, “que suben, pero de repente bajan”, debido a las crisis geopolíticas, a los cambios en los gobiernos o a una pandemia mundial. “Por eso hace falta ser resiliente y optimista”, recalca.

Desde el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE, compuesto por 32 países, entre ellos España, que son los principales donantes del mundo, y por varios organismos multilaterales, la responsable admite que hay que repensar algunas de las bases de la cooperación, aprender de países que tejen eficaces redes de solidaridad Sur-Sur e incluir otras voces y otros donantes.

Pregunta. ¿Las crisis del mundo actual nos obligan a centrarnos en atender emergencias y la cooperación al desarrollo pasa a un segundo plano?

Respuesta. Vivimos una tensión permanente entre las crisis que exigen una respuesta inmediata, muchas de ellas conflictos, y la visión de atender necesidades más a largo plazo en los países que más lo necesitan. La guerra en Ucrania ha movilizado recursos y ha ayudado a que batamos un récord en ayuda al desarrollo, que ha rozado los 224.000 millones de dólares [207.000 millones de euros] en 2023, una cifra nunca vista. Pero también es verdad que en 2023 se han dedicado más recursos, un 3% más, a los países de menor desarrollo, fundamentalmente en África. Es una tendencia correcta que tiene que ir en aumento, porque estas inversiones son las que influyen de manera más directa en las posibilidades que tenemos como mundo de poder avanzar juntos.

El desafío es salir de la eterna dualidad entre cambio climático y desarrollo. La lucha contra el cambio climático es también la lucha contra la pobreza y desigualdad

P. Dentro de la ayuda al desarrollo, ¿la lucha contra el cambio climático ocupa ya un lugar central?

R. Hay más conciencia y más contribuciones, pero nos hace falta ambición. Creo que el desafío es salir de la eterna dualidad entre cambio climático y desarrollo. La lucha contra el cambio climático es también la lucha contra la pobreza y desigualdad. Hay que romper algunas brechas estructurales que tenemos; las prioridades climáticas deben enfocarse en las personas con mayor vulnerabilidad.

P. En abril, el CAD de la OCDE, que usted dirige, publicó las cifras provisionales de 2023, en las que se calcula que España dedicó a cooperación un 0,24% de su PIB. La ley aprobada el año pasado aspira a llegar al 0,7% en 2030. ¿Es posible?

R. España es un país profundamente solidario y mantiene un compromiso con la ayuda humanitaria y con la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Que la ley de cooperación recoja la ambición del 0,7% es muy significativo. La cifra actual del 0,24% creo que se explica sobre todo por presiones domésticas en los presupuestos. En la OCDE, estamos a punto de lanzar nuestro informe de pobreza y desigualdad y hay números que nos llaman a reflexión: por ejemplo, solamente el 9% del total de la ayuda oficial al desarrollo se destina a luchar contra la extrema pobreza. Hay muchísimo trabajo que hacer de parte de todos los donantes y llegar a un 0,7% del PIB en 2030 es también una forma de medir el liderazgo global de un país, de su responsabilidad con los países en desarrollo.

España es un país profundamente solidario y mantiene un compromiso con la ayuda humanitaria y con la lucha contra la pobreza y la desigualdad

P. ¿No es un gasto, es una inversión?

R. Claro, es una buena decisión económica, la cooperación es una inversión inteligente porque implica tener nuevos socios comerciales a largo plazo. Y es una inversión profundamente responsable, diría yo, con vistas a una prosperidad compartida.

P. Al mismo tiempo, hay una reflexión en el seno de las ONG sobre la manera de cooperar desde nuestros países y sobre la necesidad de tejer relaciones más horizontales. ¿En la OCDE también?

R. Sí, y es en primer lugar un ejercicio de humildad, de reconocer que nos hemos equivocado y de que se puede hacer mejor. Hay que reinventar y reestructurar la forma en que hemos venido trabajando, hablar de asociaciones y de relaciones de confianza y no de estructuras verticales entre donantes y receptores. ¡Qué horrible palabra es receptor!, ¿no? Habría también que descolonizar el lenguaje de la cooperación.

P. Estos días, la comunidad internacional tiene una cita en Nueva York para medir cómo se está avanzando con respecto a la agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Todos suspendidos?

R. Suspendidos. Particularmente en el tema de lucha contra la pobreza. Juntos podemos erradicar la pobreza, está demostrado. No es un tema de escasez de recursos, solamente de desalineamiento. Tenemos que recordarnos que es importante no perder el foco y que si hay algo en lo que merece la pena invertir es justo en esto.

P. Pero, ¿es una utopía seguir hablando de la agenda 2030?

R. No. Es algo que ahora nos mantiene caminando y nos hace acelerar el paso. Y además, los países en desarrollo no se olvidan de estos objetivos. Nos comprometimos todos juntos, es una agenda mundial para hacer las cosas mejor, incluso los países de la OCDE que están en estadios superiores de desarrollo sostenible.

P. Aunque la Agenda 2030 se convierta en Agenda 2040.

R. Sí, aunque todo llegue un poco después hay que seguir avanzando. Es verdad que todas estas tensiones geopolíticas no ayudan mucho a avanzar en una agenda de desarrollo sostenible. Esto es un proceso lento y no es una línea recta, hace falta ser resiliente y optimista.

Hay que hablar de asociaciones y de relaciones de confianza y no de estructuras verticales entre donantes y receptores

P. Está en Madrid para participar en una reunión de miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE con responsables de países de América Latina y del Caribe. ¿Qué aporta la experiencia de América Latina?

R. Uno de los elementos más importantes de nuestra estrategia es cómo nos acercamos a la comunidad de donantes, que es mucho más amplia que los miembros del CAD. Esta reunión se enmarca en esta tendencia y nos ayuda a ver cómo podemos apoyarnos para avanzar en los objetivos de desarrollo que compartimos. Y por ejemplo, el caso de Brasil es interesantísimo, por su compromiso con el fin de la pobreza y su sistema de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular, no solamente dentro de la región, sino también con países de África.

P. Dentro de un año exactamente, España albergará la 4ª Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. ¿Por qué esta reunión es crucial?

R. Es muy importante porque redefinirá el pacto de financiación destinado a los países de menor desarrollo y la forma de acompañarnos mutuamente para que las sociedades puedan seguir avanzando en su agenda de desarrollo sostenible. Estamos ya inmersos en las reuniones previas, en Etiopía y en México, para poder repensar y replantear bien cómo estructurar esa financiación.

P. ¿La voz del Sur Global se escucha en los pasillos de la OCDE?

R. En mi Comité siempre. Y alto, porque es lo que motiva que lo hagamos mejor y que sepamos acompañar mejor, cuando los países necesitan nuestra ayuda y cuando ya no la necesitan, pero siguen siendo vulnerables y no se les puede dejar a la deriva.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Hoy, es uno de los codirectores del centro de reflexión Ofek (horizonte, en hebreo), que aborda las causas fundamentales de la violencia y aspira a trazar un marco para un futuro de respeto y dignidad. En tiempos en los que pensar diferente, humanizar a los palestinos y hablar de paz son actos de valentía en Israel, la voz de Shaul, que se escucha con atención en los despachos oficiales de Estados Unidos y Europa, encarna una poco conocida zona de grises en este conflicto, en el cual todo parece ser blanco o negro. “No siento que vivo en una ilusión. Creo que quienes piensan que la solución es bombardear a los palestinos, someterlos, desplazarlos o privarles de derechos viven en un mundo irreal. Ellos, no yo”, asegura.

Pregunta. ¿Cómo es ser activista y pacifista en Israel después de los cruentos ataques de Hamás del 7 de octubre?

Respuesta. Es un territorio inexplorado. Cuando una sociedad pasa un trauma como el que vivimos el 7 de octubre, con masacres de familias y de comunidades, siente que le perforan el estómago y el alma. Pero luego tienes que elegir si te quedas en esa rabia y en ese deseo de venganza u optas por la humanidad, la compasión y el anhelo de paz. Lamentablemente, la mayoría de la sociedad israelí ha optado por lo primero y estamos haciendo cosas impensables.

P. Escuchando a algunas autoridades israelíes, pareciera que todo esto comenzó ese fatídico 7 de octubre.

R. El 7 de octubre es una nueva fase de este conflicto, mucho más agresiva y trágica. Pero la deshumanización de los palestinos no empezó ahí. Nosotros veníamos advirtiéndolo, temíamos que algo así se produjera, aunque nunca pensamos que fuera de estas dimensiones. Lo que estalló el 7 de octubre fue toda la estrategia de Israel frente a los palestinos. No se puede apretar las tuercas y empujar a una demografía creciente, es decir, a los palestinos, hacia un espacio geográfico cada vez más reducido, mientras expandimos paralelamente nuestro proyecto colonial y creer que nuestra superioridad tecnológica o militar nos permitirá la permanencia y dominación. Nunca un pueblo ha logrado la estabilidad y la seguridad pasando por encima de millones de personas.

P. ¿Ve en el ataque de Hamás una evidencia de su razonamiento?

R. Cuando basas tu seguridad nacional solo en la fuerza, necesitas estar y ganar 24 horas al día, siete días por semana. Entonces, basta que una mañana las cosas no funcionen bien para que pase lo que pasó. Nada justifica la carnicería que vivimos en Israel aquel día. Nada. Pero no se puede gestionar el conflicto, hay que buscar el fin del conflicto. De lo contrario, volveremos a vivir otro 7 de octubre.

P. Se cumplen nueve meses de ese día y los israelíes no han logrado sus objetivos en Gaza.

R. Exactamente. Hay una frustración extrema que se acumula y se manifiesta de dos maneras opuestas: Una parte del país, el centro y la izquierda, culpa al Gobierno por no buscar una salida negociada, sobre todo para los rehenes, y la derecha y extrema derecha culpan a los militares, a los que acusan de no ir tan lejos como es necesario, porque para ellos, la violencia es la única respuesta.

P. Tras los ataques de Hamás, en Israel parecía haber un discurso único y un enemigo común. Era difícil tolerar opiniones como la suya. ¿Eso ha cambiado?

R. Bueno, mis opiniones siguen siendo marginales, pero creo que la sociedad israelí no está en el mismo punto que hace cuatro o cinco meses. Por tres razones. Primero, está claro que los rehenes no van a volver gracias a una operación militar. Segundo, esto se ha convertido en una guerra política. El Gobierno está esperando las elecciones estadounidenses con la esperanza de que Joe Biden pierda. ¿Alguien cree que cuando los responsables israelíes dicen que la guerra va a durar varios meses más lo dicen porque están estudiando la situación militar? Es un calendario político. Y tercero, las encuestas dicen que el 50% de los israelíes opina que la opción militar no va a terminar con Hamás y hace falta un movimiento diplomático.

No estamos tratando de lograr una solución pacífica en la que tratemos de separar al terrorista del resto de la sociedad palestina. Estamos intentando mantener nuestro dominio sobre ellos.

P. Mientras tanto, la guerra prosigue.

R. Sí. La estrategia se ha llamado cortar el césped. Es una imagen reveladora: Israel corta el césped. Algo que si quieres mantener a raya tienes que hacer todo el rato. Y cuando se corta el césped, se corta todo, malas hierbas, flores... Eso es exactamente lo que estamos haciendo. No estamos tratando de lograr una solución pacífica en la que tratemos de separar al terrorista del resto de la sociedad palestina. Estamos intentando mantener nuestro dominio sobre ellos. Por eso tenemos que seguir cortando el césped, aunque no sea el camino hacia la estabilidad, la seguridad y la paz.

P. ¿Atisba una solución diplomática, un alto el fuego?

R. Está claro que Benjamin Netanyahu no quiere un alto el fuego, porque romperá el Gobierno e impulsará más las protestas contra él. Pero no podemos guiarnos por los intereses de Netanyahu y necesitamos que esto pare ya. Solo la intervención y presión internacionales pueden conducirnos al alto el fuego. La pregunta es si existe esa voluntad política. No lo sé. ¿Quiere que le diga la verdad? Estamos metidos en un buen lío.

P. ¿Qué significa para usted el reconocimiento de España del Estado palestino?

R. La gente como yo está muy animada por el tipo de medidas que ha tomado España y otros países europeos como Eslovenia, Irlanda y Noruega. Es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Cualquiera que defienda la solución de dos Estados, tiene que reconocer al segundo Estado, es decir, a Palestina. Porque esto ya no se trata de ser proisraelí o propalestino. Esto va más allá. Cualquier que se preocupe por la región y por proteger las vidas humanas tiene que ir en esa dirección.

P. Cuesta pensar en el día después de un alto el fuego en Gaza.

R. Con esta cantidad de víctimas civiles, con este uso desproporcionado de la fuerza, estamos sembrando las semillas del odio en las generaciones venideras de Gaza. Ya había grupos salafistas en la Franja, a la derecha del islamismo de Hamás, y ahora tenemos 17.000 niños que han perdido a sus padres en esta guerra. Israel está impulsando un nivel de radicalización nunca visto en Gaza.

P. Y Hamás sigue existiendo.

R. El desafío es mostrar al palestino de a pie que el camino hacia la liberación también puede pasar por la diplomacia y la no violencia. Los jóvenes han visto que la Autoridad Palestina abandonó el terrorismo y la violencia hace 30 años, pero lo único que se ha obtenido es triplicar el número de colonos en Cisjordania. Hay que mostrarles que puede haber otro camino, otro patrón. En ese contexto, actitudes como la de España son alentadoras. Ojalá más gobiernos europeos sigan su ejemplo.

Solo la intervención y presión internacionales pueden conducirnos al alto el fuego. La pregunta es si existe esa voluntad política.

P. Se han cruzado muchas líneas en esta guerra.

R. Muchas. No todas, pero muchas. Ya hay testimonios de soldados que están saliendo e informaciones terribles sobre las torturas y abusos en los centros de detención. En 2002, Israel mató a Salah Shehadeh, jefe del aparato militar de Hamás. Murieron 14 inocentes en ese bombardeo. Hubo indignación en Israel, una investigación, una revisión interna en el ejército. Ahora estamos hablando de daños colaterales de tres dígitos.

P. En la web de su organización se lee que su objetivo es la autodeterminación de israelíes y palestinos. Suena ingenuo en este contexto.

R. Yo no siento que vivo en una ilusión. Creo que quienes piensan que la solución es bombardear a los palestinos, someterlos, desplazarlos o privarles de derechos viven en un mundo irreal. Ellos, no yo. Las dos partes necesitan derechos y dignidad y la sostenibilidad de la autodeterminación israelí está directamente interrelacionada y entrelazada con el logro de la autodeterminación palestina.

P. Mientras miramos a Gaza, en Cisjordania se están tomando decisiones que aceleran la apropiación de tierras por parte de Israel.

R. Sí. A la sombra de Gaza, tenemos una anexión que se acelera en Cisjordania. Desde que asumió este Gobierno israelí ha habido un aumento de la aprobación de construcción de casas en los asentamientos. Además, en las últimas semanas, se tomaron decisiones que traerán consecuencias, como declarar como tierras del Estado un volumen importante de tierras palestinas, concepto que es un eufemismo para decir robar. Además, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha adquirido nuevas atribuciones y tiene, por ejemplo, la potestad de reclamar propiedades judías previas a 1948 en Cisjordania. Es decir, mañana puede empezar a echar familias del centro histórico de la ciudad de Hebrón. Esto ya no es una prerrogativa del ejército, como ocurría antes, y puede haber mucha sangre.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.

Seguir leyendo

El responsable fue uno de los participantes en un debate celebrado el lunes en Casa Árabe, en Madrid, sobre la necesidad de seguir dando importancia al desarrollo sostenible en Gaza, sobre todo en este escenario de guerra, aunque a primera vista no parezca una prioridad. “En las zonas de conflicto es donde se produce la mayor deconstrucción de los ODS. Hoy en Gaza no está solo en juego el futuro de la población palestina, sino nuestros principios como humanidad. Si no se aplican los derechos humanos o no se respetan a los organismos jurídicos internacionales, los principios que hemos forjado desde la Segunda Guerra Mundial serán papel mojado”, alertó Raquel Martí, directora ejecutiva del Comité español de UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que también participó en el acto.

Hoy en Gaza no está solo en juego el futuro de la población palestina, sino nuestros principios como humanidad

Raquel Martí, UNRWA España

Según la responsable, en Palestina no se podrán concretar los ODS mientras sea un territorio ocupado y desprovisto de derechos. “Por eso hay que trabajar por una Palestina libre de ocupación y violencia, a la que se le permita integrar la alianza mundial para el desarrollo”, pidió.

En 2015, los Estados de la ONU aprobaron 17 objetivos para un mundo más justo, más limpio y en paz, que van desde el hambre cero hasta el fin de la pobreza, pasando por la igualdad de género, el trabajo decente o la defensa de la vida submarina, y se dieron un plazo de 15 años para lograrlos. Ha pasado el ecuador de ese tiempo y estos objetivos están lejos de cumplirse debido, entre otros, a la crisis climática, las fluctuaciones económicas, los conflictos y las secuelas de las pandemias. El año pasado, en la Cumbre sobre los ODS en Nueva York, se subrayó que el desarrollo sostenible no puede hacerse realidad sin paz y seguridad y que, a su vez, la paz y la seguridad están en la cuerda floja sin desarrollo sostenible.

“Lo que plantean los ODS no es otra cosa que las condiciones que deben darse para que haya un cumplimiento eficaz de los derechos humanos. Lo que vemos hoy en Gaza no afecta solo al pueblo palestino, prefigura lo que será un mundo donde el derecho internacional haya perdido su fuerza y eficacia, un mundo regido por la violencia, el enfrentamiento y el conflicto”, dijo Bustinduy a este diario, al margen del encuentro. Para él, estos objetivos de desarrollo sostenible “ofrecen un horizonte para construir una alternativa”. “Un mundo donde se hagan efectivos los derechos universales de vivir en paz, sin temer a la guerra o a la enfermedad, en sociedades donde se garantice la libertad y la igualdad de los diferentes pueblos”, agregó el ministro.

La embajadora sudafricana en España, Sankie Mthembi-Mahanyele, cuyo país presentó en diciembre una demanda contra Israel por presunto delito de genocidio en Gaza, estimó que en este tipo de contextos, la simple inacción provoca la erosión del derecho humanitario y de las instituciones multilaterales. La diplomática recordó que los derechos más básicos mencionados en los ODS son inexistentes en este momento en Gaza. “La salud, el agua, la comida, la higiene, la protección de los niños...”, citó. “Por eso, en Sudáfrica no daremos un paso atrás. Porque en Gaza, en Palestina, no se está respetando la vida. Impera un sistema que identifica a la gente en función sus diferencias: religión, lengua, raza, procedencia; e Israel ignora todos los protocolos y la ley internacional. Los que tienen poder discriminan oprimen al más débil, como ocurrió en Sudáfrica, y lo que está en juego es el derecho de los palestinos a existir”, insistió.

Todos los actores económicos deben asegurarse que su actividad no contribuye directa o indirectamente a las violaciones de los derechos humanos que se cometen en Palestina. Es una cuestión de legalidad y de ética.

Pablo Bustinduy, ministro Asuntos Sociales

“En Gaza no solo se asesina de forma indiscriminada a la población civil, sino que se está destruyendo toda la infraestructura para garantizar su vida ahora y en el futuro, cuando se logre un alto el fuego”, opinó Martí. Además, la directora ejecutiva del Comité español de UNRWA lamentó que Israel esté “tergiversando la aplicación del derecho internacional humanitario” y haya líderes y medios de comunicación que lo acepten. “Hablo, por ejemplo, de los ataques a hospitales —que no se pueden agredir bajo ninguna circunstancia—, ataques a instalaciones con bandera de la ONU —que son inviolables—, o de usar la ayuda humanitaria como arma de guerra”, enumeró,

Derechos para blancos de ojos azules

Presente en el debate, el embajador palestino en España, Husni Abdel Wahed, pidió “coherencia” y “universalidad” a la hora de aplicar los derechos humanos recogidos en los ODS. “Este mundo eurocéntrico tiene que ser consecuente con lo que predica porque se defienden valores hermosos, pero luego la práctica no tiene nada que ver. Todo el mundo conoce la respuesta a la gran pregunta y todos la esquivan. ¿Cómo implementar los derechos humanos? Pues implementándolos, para todos por igual”, zanjó.

El diplomático recordó que los europeos “celebran la derrota del fascismo en su territorio, pero lo financian y protegen en otros lugares”. “Hay una incongruencia y falsedad en los valores. Los defendemos para nosotros mismos, pero no para los demás. Entonces no los llamemos derechos universales, sino derechos europeos o derechos de blancos de ojos azules”, lanzó. Además, pidió que el reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno español “no sea un objetivo, sino un paso previo para que lo que debe de venir después”.

“Efectivamente, el reconocimiento es una decisión importante y valiente, pero es evidente que es un gesto que debe ser dotado de contenido”, respondió Bustinduy. “No hemos reconocido una bandera o un Estado hipotético, sino que nos hemos comprometido con el derecho a la libre autodeterminación del pueblo palestino”,

Hay una incongruencia y falsedad en los valores. Los defendemos para nosotros mismos, pero no para los demás. Entonces no los llamemos derechos universales, sino derechos europeos o derechos de blancos de ojos azules.

Husni Abdel Wahed, embajador palestino

El ministro quiso detenerse en el ODS número 16, que habla de sociedades pacíficas e inclusivas, de facilitar el acceso a la justicia para todas las personas, que deben vivir sin miedo, sea cual sea su raza, religión u orientación sexual. “Este objetivo nos implica a todos: instituciones, gobiernos, empresas... Todos los actores económicos deben asegurarse que su actividad no contribuye directa o indirectamente a las violaciones de los derechos humanos que se cometen en Palestina. Es una cuestión de legalidad y de ética”, subrayó, refiriéndose, sin citarlas, a las inversiones de empresas españolas.

“Todos debemos hacer lo que esté en nuestra mano para detener esta atrocidad que nos va a perseguir durante generaciones”, insistió. “La agenda 2030 quiere dotar a esta época convulsa de un horizonte de paz, justicia e igualdad”.

Pero la igualdad solo figura en el papel, dentro del conflicto entre israelíes y palestinos, subrayó Husni Abdel Wahed. “Israel convierte en ley la discriminación y la segregación”, aseveró el embajador palestino, citando como ejemplo la ley aprobada en 2018 que establece que Israel es un Estado para los judíos, cuando casi el 20% de su población es palestina. “¿Cuál sería la reacción del mundo si esta ley fuera aprobada en otro país?”, preguntó.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

En estos dos años, más de 10.000 estudiantes y educadores murieron violentamente, resultaron heridos o fueron secuestrados, una cifra que representa un aumento del 10% con respecto al periodo 2020-2021. Además, se identificaron al menos 6.000 ataques contra escuelas, universidades, alumnos y profesores, y casos de uso militar de establecimientos educativos, es decir un 20% más que en los dos años previos, según esta organización, formada en 2010 por diversas entidades dedicadas a la docencia en contextos de emergencia y conflicto.

En 2022 y 2023, los lugares con mayor cantidad de ataques contra la educación fueron Palestina, Ucrania, la República Democrática del Congo (RDC) y Myanmar. “En total, hemos analizado 28 países en conflicto. Este es el séptimo informe que hacemos y el aumento de agresiones ha sido globalmente más significativo que en los anteriores”, explica a este diario Jerome Marston, uno de los autores de la investigación.

En 2022 y 2023, más de 10.000 estudiantes y educadores murieron violentamente, resultaron heridos o fueron secuestrados, una cifra que representa un aumento del 10% con respecto al periodo 2020-2021

País por país, los Estados que registraron un mayor aumento de los ataques contra la educación con respecto a los dos años anteriores fueron Ucrania, donde la guerra se agudizó; Sudán, donde el conflicto estalló en abril de 2023; Palestina, debido a la guerra en Gaza; Siria, donde hubo estudiantes reclutados y aumentaron ataques contra los centros, y Nigeria, donde creció el número de escuelas convertidas en cuarteles, bases o depósitos de armas. En total, la GCPEA registró 1.000 casos en que los centros educativos se usaron con fines militares, una cifra en claro aumento con respecto al periodo anterior. Además de Nigeria, se registraron un número importante de estos incidentes en Afganistán y Myanmar.

¿Qué se califica como ataque a la educación? El estudio identifica varios tipos: agresiones contra los centros educativos, contra estudiantes y docentes, uso militar de los centros de enseñanza, reclutamiento de niños y niñas en las escuelas, violencia sexual en las aulas y mujeres atacadas en el ámbito educativo por el simple hecho de ser mujeres. “En más de 10 países, estudiantes y profesoras de sexo femenino fueron directamente atacadas por ser mujeres. Las chicas son las primeras que faltan a clase y las últimas en regresar tras los ataques, lo cual convierte estos hechos en una cuestión de género”, afirman sus autores.

Escuelas atacadas en Afganistán, Ucrania y Gaza

“Ella siempre dijo: ‘Si me matan, que sea por ir a clase”, dice el padre de una afgana de 19 años que murió en un atentado con explosivos contra un centro de formación privado de Kabul, en septiembre de 2022, que dejó un total de 54 víctimas mortales y más de 100 heridos, la mayoría mujeres de la comunidad hazara.

A mediados de junio se cumplieron 1.000 días desde que los talibanes cerraron a las mujeres las puertas de la educación secundaria, tras haberles ya negado la posibilidad de seguir estudiando en la universidad. La presencia femenina en los espacios públicos y laborales de Afganistán es prácticamente insignificante, menos de tres años después del retorno de los fundamentalistas al poder, en agosto de 2021.

Solo entre octubre y diciembre de 2023, la ONU informó que al menos 352 escuelas resultaron dañadas en la franja de Gaza, lo que representa más del 60% del total.

Informe GCPEA

Según este informe, Afganistán es también uno de los países donde las mujeres o los centros educativos en los que estudian o trabajan fueron especialmente atacados. La GCPEA identificó más de 140 agresiones en 2022 y 2023, periodo en el que al menos 98 afganas, alumnas y profesoras de educación superior fueron detenidas. “El estudio contabiliza ataques concretos a estudiantes o centros, pero no puede reflejar, por ejemplo, que a las mujeres se les han cerrado las puertas de la universidad, que es una ofensa inmensa”, explica Marston.

“Me daba miedo ir a clase cada día en Afganistán, pero más miedo me daba no ir. Las escuelas eran blanco frecuente de ataques y sabíamos que nos exponíamos cada día a que sucediera una tragedia. Era un acto de coraje (...) Pero en una sociedad dominada por los hombres, la escuela era mi refugio”, contó Mina Bakhshi, refugiada afgana en Estados Unidos, durante la presentación del informe, refiriéndose a los meses previos al retorno de los talibanes. “Ahora, las niñas en Afganistán son más vulnerables porque no tienen la escuela como refugio. No tienen opción. Miles de jóvenes encerradas en su casa sueñan con volver a estudiar”, agregó.

Palestina también registra preocupantes resultados en ataques a escuelas (640 registrados en el periodo estudiado). Marston advierte que el estudio se detuvo el 31 de diciembre de 2023 y desde entonces la educación en Gaza, donde la guerra continúa, ha sufrido nuevos ataques. “Solo entre octubre y diciembre de 2023, la ONU informó que al menos 352 escuelas resultaron dañadas en la franja de Gaza, lo que representa más del 60% del total”, dice el informe.

En Ucrania, entre 2022 y 2023 se registraron 700 ataques a escuelas, sobre todo en las regiones meridional y oriental, que implicaron el uso de armas explosivas, incluidos ataques aéreos. Pero los ataques a las escuelas ocurren en muchos otros lugares del mundo. “Estábamos aterrorizados, la mayoría de los estudiantes que estaban allí quedaron traumatizados debido a que la bomba estalló justo sobre el techo de la escuela”, contó a los investigadores de la GCPEA un estudiante de una escuela afectada por enfrentamientos entre ejército y un grupo armado en Filipinas en marzo de 2023. Las clases presenciales se suspendieron en muchos colegios y los enfrentamientos afectaron a 112 centros y más de 30.000 estudiantes.

Las niñas en Afganistán son más vulnerables porque no tienen la escuela como refugio. No tienen opción. Miles de jóvenes encerradas en su casa sueñan con volver a estudiar.

Mina Bakhshi, refugiada afgana

Informar, proteger, juzgar

Paralelamente, hubo algunos países donde las embestidas contra la educación se redujeron gracias a un apaciguamiento de los conflictos. El informe destaca los casos de República Centroafricana, Libia, Malí y Mozambique.

Para reducir el número de agresiones, la coalición recomienda firmar y poner en práctica la Declaración sobre Escuelas Seguras, un acuerdo político intergubernamental dedicado a proteger la educación en los conflictos armados que nació en 2015, liderado por Noruega y Argentina y que ya ha sido suscrito por 120 países. Además, se aconseja a los Estados informar más de estos ataques, juzgar a sus responsables, brindar asistencia a las personas sobrevivientes y hace especial hincapié en el deber de anticipar y mitigar el impacto de las agresiones, de garantizar en la medida de lo posible su funcionamiento durante los conflictos armados y de proteger los centros educativos y a los menores.

Por último, el informe también alerta de las repercusiones a largo plazo que tienen las interrupciones en la educación debido a conflictos y ataques. En 2022, el conflicto en Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo (RDC), obligó a Muhawe Wimana a huir de la aldea en la que vivía con su hijo Isaac, de siete años, que no pudo terminar el año escolar. En 2023 se establecieron centros de aprendizaje temporales en el campamento de desplazados de Bushagara para que niños y niñas pudieran seguir aprendiendo. “Durante el día, los niños y las niñas estarán ocupados en la escuela. Luego regresarán a sus casas, harán sus deberes y se irán a dormir. Esta rutina nos da un poco de normalidad y mantiene a los niños y las niñas fuera de peligro”, se felicitó el padre.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Every day, an average of eight attacks against education are recorded globally. These range from assaults against students or teachers, to the military use of schools. This is according to the Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), which has just published its report for 2022 and 2023.

Over the course of those two years, more than 10,000 students and educators died violently, were injured, or were kidnapped, a figure that represents an increase of 10% compared to the 2020-2021 period. In addition, at least 6,000 attacks against schools, universities, students and teachers — as well as cases of military use of educational establishments — were identified. That is, 20% more than in the previous two years, according to the GCPEA, which was formed in 2010 by various entities dedicated to education in contexts of emergency and conflict.

In 2022 and 2023, the countries with the highest number of attacks against education were Palestine, Ukraine, the Democratic Republic of the Congo (DRC) and Myanmar. “In total, we’ve analyzed 28 countries in conflict. This is the seventh report we’ve done and the increase in global attacks has been more significant than in previous ones,” says Jerome Marston — one of the authors of the research — in an interview with EL PAÍS.

The countries that recorded the greatest increase in attacks against education compared to the previous two years were Ukraine, where the war worsened; Sudan, where conflict broke out in April 2023; Palestine, due to the war on Gaza; Syria — where students were recruited by armed groups and attacks against educational centers increased — and, finally, Nigeria, where the number of schools converted into barracks, bases, or weapons depots increased. In total, the GCPEA recorded 1,000 cases in which educational centers were used for military purposes — a figure that clearly increased compared to the previous period. In addition to Nigeria, a significant number of these incidents were recorded in Afghanistan and Myanmar.

What qualifies as an attack on education? The study identifies several types: attacks against educational centers, against students and teachers, the military use of educational centers, recruitment of boys and girls to be used as child soldiers, sexual violence in classrooms and women attacked in the educational field for the simple act of being women. “Female students and educators were directly targeted because of their gender in more than 10 countries. Girls are the first to drop out and the last to return to classes after attacks on education, making these attacks a gender equality issue,” the authors emphasize.

Schools attacked in Afghanistan, Ukraine and Gaza

“She always said, ‘Even if I am killed, let it be in the name of education,’” says the father of a 19-year-old Afghan woman. She died at a private educational center in Kabul, in September 2022, when an attacker detonated an explosive belt. The bombing left a total of 54 fatalities and more than 100 injured. Most of the victims were young women from the Hazara minority community.

Recently, in mid-June, 1,000 days passed since the Taliban closed the doors of secondary education to women, after having previously denied them the possibility of continuing to study at university. Less than three years after the return of the fundamentalists to power, in August 2021, women have practically no presence in public and professional spaces in Afghanistan.

According to this report released by the GCPEA, Afghanistan is also one of the countries where women — along with the educational centers where they study or work — are especially targeted. The GCPEA also identified more than 140 attacks in 2022 and 2023, a period in which at least 98 Afghan women and girls — both students and higher education teachers — were also detained. “The study counts specific attacks on students or centers, but it cannot reflect, for example, that the doors of the universities have been closed to women, which is an immense offense,” Marston explains.

“I was afraid to go to class every day in Afghanistan, but I was even more afraid not to go. Schools were frequent targets of attacks and we knew that we were exposing ourselves to a tragedy every day. It was an act of courage. But in a society dominated by men, the school was my refuge,” said Mina Bakhshi, an Afghan refugee in the United States, during the presentation of the report, in reference to the months before the return of the Taliban, who last held power in Afghanistan between 1996 and 2001. “Now, girls in Afghanistan are more vulnerable, because they don’t have school as a refuge. They have no choice. Thousands of young women locked in their homes dream of going back to school,” she added.

Palestine also recorded disturbing results as a result of the Israeli bombardment and razing of schools and universities. At least 640 attacks were registered in the period that was studied. Marston warns that the study concluded on December 31, 2023. Since then, education in Gaza — where the war continues — has come under renewed attack. “Between the escalation of hostilities in October and December 2023, the U.N. reported that at least 352 schools were damaged in the Gaza Strip, representing more than 60% of all schools,” the report states.

In Ukraine, 700 attacks on schools by Russian forces were recorded between 2022 and 2023, mainly in the southern and eastern regions, involving the use of explosive weapons, including airstrikes. But this is not unusual: attacks on schools occur in many other places around the world.

“We were terrified because it was the first time it happened, and most of the students there were traumatized because the bomb exploded right on the roof of the school,” a student from a school affected by clashes between the army and an armed group told GCPEA investigators in the Philippines, in March 2023. In-person classes were suspended in many schools. The clashes affected 112 educational centers and more than 30,000 students.

Informing, protecting and prosecuting

At the same time, there were some countries where the attacks against education were reduced, thanks to the calming of conflicts. The report highlights the cases of the Central African Republic, Libya, Mali and Mozambique.

To reduce the number of attacks, the coalition recommends signing and putting into practice the Safe Schools Declaration, an intergovernmental political agreement dedicated to protecting education in armed conflict. Started in 2015 and led by Norway and Argentina, it has already been signed by 120 countries. In addition, states are advised to report more on these attacks, prosecute those responsible, provide assistance to survivors and place special emphasis on the duty to anticipate and mitigate the impact of attacks. The Declaration also asks that states guarantee the operation of schools to the greatest extent possible during armed conflicts, while protecting educational centers and minors.

Finally, the report warns of the long-term repercussions of disruptions to education due to conflict and attacks. In 2022, the conflict in North Kivu — a province in the Democratic Republic of the Congo (DRC) — forced Muhawe Wimana to flee the village where she lived with her seven-year-old son, Isaac. He was unable to finish the school year. In 2023, temporary learning centers were established in the Bushagara displacement camp, so that boys and girls could continue learning.

“The children will be busy at school during the day. They will come home, do their homework and then go to bed. This routine gives us a bit of normalcy and it keeps the children out of harm’s way,” the mother said, with a sigh of relief.

Translated by Avik Jain Chatlani.

Sign up for our weekly newsletter to get more English-language news coverage from EL PAÍS USA Edition

Seguir leyendo

Sin embargo, las necesidades en este país, inmerso en una guerra civil desde 2014, van en aumento y la compleja crisis humanitaria del país sigue siendo calificada como una de las peores del mundo. Según la ONU, 4,5 millones de personas (el 14% de la población del país) han debido desplazarse, 18,2 millones necesitan urgentemente ayuda humanitaria y más de 17 millones padecen inseguridad alimentaria. Casi la mitad de los niños yemeníes menores de cinco años registran un retraso en el crecimiento de moderado a grave.

La ONU previó para 2024 un plan de respuesta humanitaria para Yemen de 2.700 millones de dólares para atender a más de 11 millones de personas, de los que se han logrado alrededor de un cuarto. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha reunido solo el 7% del dinero que necesita para el periodo de junio a noviembre de este año, que eran 1.290 millones de dólares (1.200 millones de euros). Zaid Al-Alaya, responsable de Relaciones con los Medios y Comunicaciones de la ONU en Yemen, garantiza que los organismos de ayuda están haciendo esfuerzos significativos para entregar ayuda vital a millones de personas en todo el país. “A lo largo de 2023, estas agencias proporcionaron ayuda humanitaria a una media de 8,4 millones de personas al mes”, apunta a este diario.

Casi la mitad de los niños yemeníes menores de cinco años padecen un retraso en el crecimiento de moderado a grave

La situación en el país se ha deteriorado aún más desde la escalada militar en el Mar Rojo a finales de 2023, cuando el movimiento Huthi, cuyo nombre verdadero es Ansar Allá (Partidarios de Dios), atacó buques mercantes que se dirigían a Israel como respuesta a los incesantes bombardeos de este último sobre la Franja de Gaza. En represalia, Estados Unidos y el Reino Unido atacaron en enero más de 60 objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen y Washington lanzó una misión naval internacional que incluye a una veintena de países, para defenderse de los ataques, que han interrumpido las rutas comerciales mundiales cerca del golfo de Adén.

Cuando en enero, EE UU volvió a incluir a los hutíes en la lista de grupos terroristas y les impuso sanciones para evitar que sigan financiándose, los dirigentes hutíes dieron un mes para que el personal estadounidense y británico de la ONU y de las organizaciones humanitarias con sede en Saná salieran del país. A finales de febrero, diversas organizaciones humanitarias trasladaron sus proyectos de las regiones del sur gobernadas por los hutíes a zonas bajo el control del Gobierno reconocido internacionalmente con sede en Adén, a instancias de este Ejecutivo y porque no lograban un entendimiento con los insurgentes para seguir prestando ayuda a la población. Otras organizaciones locales no tuvieron opción e interrumpieron por completo sus operaciones al cortarse la financiación extranjera.

La situación, ya de por sí inestable, se vio agravada en estos días con la detención de unos 13 trabajadores de Naciones Unidas. Entre ellos, según la ONU, se encuentran miembros del PMA, la Organización Mundial para la Salud (OMS), el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Unesco, Unicef y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Esta inquietante noticia aumenta la preocupación sobre el compromiso de los hutíes en una solución negociada al conflicto”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres. El responsable se refería a los compromisos asumidos por las partes beligerantes en diciembre, entre ellos un alto el fuego en todo el país y un proceso político inclusivo bajo los auspicios de la ONU. Pero estas detenciones, sumadas a los anuncios del movimiento Huthi de ampliar la envergadura de los ataques contra la navegación en el Mar Rojo, obstaculizan estos esfuerzos y erosionan la confianza.

Daños colaterales

La situación no siempre ha sido así, afirma Al Hakami, el padre de familia que no logra alimentar a sus hijos. Hasta 2016, cuando una coalición liderada por Arabia Saudí lanzó una intervención militar en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente liderado por el entonces presidente, Abdrabbuh Mansour Hadi, Al-Hakami era director general de la editorial Al Thawra, que editaba el periódico oficial yemení Al Thawra, en la provincia de Amran, a 50 kilómetros al norte de Saná. Ganaba el equivalente de unos 1.000 euros al mes. Cuando el Gobierno de Hadi trasladó el Banco Central de Saná a Adén, tras la toma de la capital por los hutíes, estos ya no pudieron pagar los salarios públicos a personas como Al-Hakami. Durante años, este hombre, al igual que millones de personas, dependió en gran medida de la ayuda que recibía de organismos humanitarios locales, hasta que se impusieron las sanciones.

“Muchas organizaciones locales han cerrado sus sedes en las zonas controladas por los hutíes, y otras han comenzado a reducir sus operaciones y han despedido a muchos empleados”, explica Angela Abu Asba, directora de Angela por el Desarrollo y la Respuesta Humanitaria, una iniciativa de ayuda local financiada por organizaciones de Naciones Unidas. “Si las organizaciones internacionales están pasando apuros, imagínense la situación de las locales. Muchas han cerrado, y sus fundadores se han dedicado a pequeños proyectos privados para ganarse la vida”, agrega la responsable, explicando que ella también ha tenido que detener proyectos de ayuda en provincias controladas por los hutíes debido a la falta de financiación.

“El PMA ha recortado su apoyo y financiación a proyectos en Yemen, especialmente en el norte, ”, explica Dunia Al-Anssy, directora de seguimiento y evaluación de la Fundación Benéfica, Social y de Desarrollo Mozn, una organización sin ánimo de lucro creada en 2015. “Esto ha provocado graves déficits en algunas organizaciones internacionales y locales asociadas con el PMA”, explica

Contactado por este diario, el PMA subrayó que este año ha prestado ayuda a un total de cinco millones de yemeníes. La institución suspendió temporalmente en noviembre de 2023 el programa de asistencia alimentaria en las zonas controladas por el Gobierno con sede en Saná “debido a la falta de fondos y de acuerdo con las autoridades sobre a quién debía beneficiar dicho programa. Esto afectó a la prestación de asistencia a 9,5 millones de personas, la mayor interrupción de la asistencia en los 56 años de historia del organismo en Yemen, lamenta la institución de la ONU en su informe anual de 2023.

“Se están celebrando deliberaciones con las autoridades y los principales donantes sobre el camino que hay que seguir para reanudar la ayuda”, informa el PMA en su informe del mes de abril. Paralelamente, y “para mitigar los impactos más graves de la pausa en la asistencia alimentaria, el PMA ha diseñado una Respuesta Rápida de Emergencia dirigida a 1,7 millones de personas en ocho gobernaciones del norte de Yemen, en zonas donde se ha observado un grave deterioro de la seguridad alimentaria”.

El PMA alerta de que también en el sur del país, “el empeoramiento de la situación económica está ejerciendo una presión al alza sobre los precios de los alimentos y el combustible”.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

But after more than seven months of war, the team has been shattered and the lives and circumstances of its swimmers have become a reflection of the destinies of the majority of the 2.2 million inhabitants of the Strip. “They were a very good team. We tried to qualify for Tokyo 2020, but we couldn’t due to the pandemic, and then for Paris 2024, the few chances we had disappeared with the war,” says Amjed Tantish, coach and founder of the northern Gaza swimming school, to this publication.

Two of the swimmers in the photograph have died since October. 17-year-old Yazan Al Kaseeh took a bullet to the neck, and 14-year-old Hamoudi Mossalem died in a bombing with his father in northern Gaza. His brother Bakir, also a member of the team, was wounded in the same attack. Another two swimmers are trapped with their families in the north, five are displaced in Rafah, in the south, and three have managed to flee the Strip.

“Swimming is my escape, the moment I feel free.” The gruff voice of 22-year-old Abed Raboo Kilany sounds in a humble tent in Rafah, in the southern Gaza Strip, where tens of thousands of displaced people have been dodging death for months. It is the fifth place this young man and his family have taken refuge in since October. “Being in the water gives me energy, it makes me feel good, physically and mentally. I let my imagination run wild and I see myself representing Palestine in important championships,” he says.

But today, Kilany’s dreams seem further away than ever. The young man is a great swimmer, but his pool has often been the Mediterranean Sea, as splendid as it is polluted and almost always full of conflict and death. That blue immensity provided the inhabitants of the Strip with a false sense of freedom after the 17 years of an Israeli blockade that has isolated them by land, air and sea. Young people under 25 like Kilany, who represent 65% of the population, have never known a Gaza with doors open to the world. Their lives are marked by the onslaught of the conflict.

“I don’t see any future for Gaza or for myself. The war has destroyed everything,” sighs the swimmer. “I have my sights set on the 2028 Olympic Games, but will I be able to practice? Will I be able to leave to train somewhere else if there’s no place here?” he asks.

A swimming pool in the ocean, built with debris

Who hasn’t felt that pleasant lightness upon entering the sea, floating, looking up at the sky or diving underneath the waves? In Gaza, that feeling is even more intense and liberating. Tantish, 47, experienced it at a very young age, but had to wait years and go to Egypt to study before he was able to practice in a real 50-meter-long competition pool. His other dream was to go to the Olympics, having won several championships in the backstroke, but he did not achieve the necessary time. So, he returned home and began teaching children in Gaza, where few people knew how to swim despite living by the sea. That first summer, now some 20 years ago, classes were held in the fishing port and five kids attended. Months later, there were 40, and after some years there were more than 400, including an increasing number of girls.

The obstacles for Tantish’s school have been many: the second Intifada (2000-2005), the arrival of the Islamist Hamas government, the blockade and successive Israeli military offensives. Over the years, the Gazan coach has built several pools and, above all, improvised to keep the program going. For example, in 2015, after the pool in which they were training was destroyed during a violent Israeli offensive, he moved cement blocks from bombed houses into the ocean to create barriers and be able to teach his classes in calm waters. “The kids needed to swim and I am a determined man,” he says. Since 2020, his best male swimmers, the ones in the photograph, trained in the Jabalia pool, which once stood in a Gaza amusement park, now a pile of ruins.

“These swimmers are like my children. I’m in touch with all of them, but this war has decimated and separated the team. Still, I want to think that this is not the end, that the dream doesn’t end here,” Tantish says, thinking aloud.

The Gazan tells his story and that of his team via WhatsApp messages, text and voice communications, and in short videos, which arrive from the Strip with no small degree of difficulty. Tantish, his wife and five children have been displaced to a tent in Rafah since January. They fled their home in Beit Lahia, in the north, days after the October 7 Hamas attack on Israel, in which some 1,200 people were killed and some 120 taken hostage, according to official figures. Since, the Israeli offensive in Gaza has killed more than 37,000 Palestinians.

“I have to look for a place for my family again because we are in too much danger here,” says Tantish. It is May 11 and he fears an Israeli ground offensive in Rafah. Messages are interrupted for several days and then he reappears in Khan Younis, north of Rafah, in another refugee camp. “We have little food and almost no water, you have to walk quite a distance to get it,” he says, appearing in a video to be visibly faded. His muffled voice cracks. “Nothing will ever be the same after this, none of our children and young people will come out of this war unscathed,” he says.

Bakir Mossalam, another swimmer from the team, is a clear example of his words. He is 17 years old and has had to grow up fast after seeing his father and brother Hamoudi die in a bombing that left Mossalam with a neck wound. Now, he is the head of his family, which has sought refuge in a U.N. shelter in northern Gaza.

A few miles from the U.N. camp where Mossalam’s family is sheltered, another devastated mother, Afifa Al Kaseeh, recalls, her son’s passion for the sea. Yazan was shot dead in January. “He loved the water ever since he was a kid. He loved big waves. He had many qualities and excelled quickly, he trained a lot. I was scared when he swam far out to sea, but he didn’t listen to me and went out every day, no matter if the weather was bad,” says the university professor via WhatsApp voice messages.

Waters that heal

Abdel Rahman Tantish, who is 21 years old and one of the team’s best swimmers, was able to leave Gaza three months ago thanks to his Egyptian passport and is training in a Cairo swim club. “I left by myself and I am really suffering from seeing how my family is living in Gaza. I can’t sleep for thinking about them. Everything looks black, I don’t see any future in Gaza. I only leave my suffering behind when I get into the water,” says the young man, who is Tantish’s nephew.

Compared to many of his teammates he’s been lucky, although his daily life in Cairo is complicated and above all, expensive. The young man counts every penny he spends and tries to stay motivated by remembering his goal. “I aspire to become one of the best swimmers in the Arab world and to get to the 2028 Olympic Games in Los Angeles. That’s why I left Gaza. I want to represent Palestine in the championships and tell the world that the people of Gaza love life and only want to live like other people in other places in the world,” he says.

Tantish is still driven to make his dreams a reality. From his flimsy tent in Khan Younis, the trainer reiterates that he will resume swimming lessons in the sea “as soon as possible,” just like “it happened before.” Still, he knows that this time, everything will be much more difficult. He doesn’t even know what will happen tomorrow, if they will have to flee again, and if so, where they will go. “Our children have suffered too much. Swimming will make them laugh again and give them hope. They need, more than ever, to feel that. They need a chance,” he says.

The Mediterranean Sea waits, less than a one and a quarter miles from the place where Tantish sends his messages, but the distance seems insurmountable at the moment. The last time he swam was January 18, when his family arrived in Rafah. He entered the water late in the afternoon, feeling like if he didn’t, he would explode. “It was wonderful, the only good moment from all these months. After weeks of war, the ocean water cleaned and healed my soul. I felt my determination return.”

Sign up for our weekly newsletter to get more English-language news coverage from EL PAÍS USA Edition

Seguir leyendo

El protagonista de su cortometraje es Ahmed Tchiche, un marroquí que lucha durante un año contra la interminable burocracia para poder recuperar los restos mortales de su hijo Yahya, cuyo cadáver apareció en una playa de Murcia en 2022, con el fin de enterrarlo cerca de su casa, en la ciudad de Oudja. “Hasta que no vuelva, no estaremos bien”, anuncia este padre en los primeros minutos del documental.

Baylon, que actualmente vive en España, lleva años investigando y escribiendo sobre migraciones porque es un drama que le toca muy de cerca. A los seis años, atravesó el Río Grande y llegó con su madre clandestinamente a El Paso, en Estados Unidos, donde creció. “Cuando cruzas un río, te persigue la policía y te echan de un lugar, aunque seas una niña, eso te marca para siempre”, asegura la directora.

Pregunta. ¿De dónde nace la idea de este documental?

Respuesta. Todo empezó al leer un perfil sobre Martín Zamora, un embalsamador que trabaja en la zona de Algeciras y que se ha ocupado de decenas de cadáveres de migrantes marroquíes que no pudieron cumplir su sueño de llegar a España. Me llamó la atención ese cuidado y respeto hacia quienes han muerto y comencé a visualizar el documental. Logré el apoyo de la televisión Scripps News, para la que trabajo, y empezamos a rodar escenas con él, pero teniendo en mente que el tema central tenía que ser una familia que estaba buscando a un hijo o a un hermano porque quieren decirle adiós.

P. ¿Y cómo llega a la familia de Yahya?

R. Habíamos contactado con ONG que ayudan a las familias a localizar a sus allegados desaparecidos y estábamos rodando en Marruecos cuando aparecieron tres cadáveres en Murcia, uno de ellos el de Yahya. A partir de ahí pasamos un año acompañando a su padre. Fue una apuesta, porque no sabíamos cómo iba a acabar y si lograría repatriar el cuerpo de su hijo. Porque no siempre lo consiguen, muchos migrantes fallecidos terminan incinerados o enterrados en España. El camino para las familias está lleno de obstáculos.

P. El drama de la familia Tchiche sirve para contar la magnitud de la crisis migratoria en esta zona.

R. Sí, por eso las imágenes que describen el camino para repatriar el cuerpo de Yahya se van alternando con un rescate de una barca con varias decenas de migrantes que pudimos grabar junto a la ONG Open Arms y que me parecía importante mostrar.

P. ¿Hay alguna imagen del rodaje que le impactó especialmente?

R. Cuando la familia está esperando a que llegue el coche con el ataúd del chico a la casa para que las mujeres lo velen durante unas horas, había unos jóvenes que estaban allá para despedir al fallecido y hablaron entre ellos de la posibilidad de montarse a escondidas en el coche, que volvía a España, y huir. Todo el mundo se quiere marchar, piensan en eso todo el tiempo, incluso en un funeral. Y rodando también me sorprendió el negocio de la repatriación de cadáveres, que cuesta unos 3.500 euros, una cantidad enorme para estas familias mayoritariamente pobres. Con el factor agravante de que los chicos que mueren ya han pagado entre 3.000 y 5.000 euros para subirse en una patera.

P. La migración es un tema que usted ha vivido en carne propia porque también ha tenido que marcharse y empezar clandestinamente y de cero en otro país.

R. Todo esto me toca muy de cerca. Cuando tenía seis años crucé clandestinamente el Río Grande con mi madre. Pagamos a un coyote porque ella quería darme una vida mejor y llegamos a El Paso. Varias veces nos pilló la policía de inmigración y nos devolvieron, pero todo eso era antes del 11 de septiembre de 2001 y era más fácil. Se podía pagar 100 dólares a alguien y volver a cruzar. Ahora cuesta 10.000 dólares atravesar esa frontera, es una locura.

P. Desde entonces ha vivido en Estados Unidos.

R. Sí, cuando yo tenía nueve años ya legalizamos mi situación. Pero cuando cruzas un río, te persigue la policía y te echan, aunque seas una niña, eso te marca para siempre. Yo me acuerdo de una vez, que los agentes de inmigración nos estaban buscando, a nosotras y a varias familias, y mi madre y yo nos escondimos en un parking. Mi madre empezó a ver si había algún coche abierto y finalmente encontró uno, pero dentro había una mujer, que entró en pánico al vernos. Yo también empecé a llorar de miedo y mi madre intentando calmarnos a las dos para que no nos descubrieran.

P. ¿Hay algo de esas vivencias personales que ha quedado plasmado en su película?

R. Sí. Allá o aquí, en el estrecho de Gibraltar, los migrantes no siempre nos queremos ir de casa. No queremos dejar amigos, familia, nuestras costumbres, nuestra comida... pero se hace por necesidad y eso a mucha gente se le olvida.

P. Su documental se estrenó en Estados Unidos, donde ganó el premio al mejor corto documental en el Big Sky Documentary Film Festival de Montana. ¿Cómo está siendo el recorrido en Europa y concretamente en España?

R. En Estados Unidos ha tenido muy buena acogida, pero estoy extrañada de que en Europa, y más concretamente en España, no haya suscitado por ahora mucho interés. Lo han rechazado en varios festivales y me ha sorprendido, porque es una historia que en mi opinión se debe conocer.

P. ¿La familia Tchiche ha visto la película?

R. Sí, la han visto y se han sentido muy respetados y representados. Es lo que el padre quería y a mí me llegó al corazón que nos permitieran llegan tan dentro, que nos permitieran grabar momentos tan familiares.

P. ¿Tiene ya en mente otro documental?

R. Me gustaría contar la historia de mi familia mexicana, que está en Ciudad Juárez, aunque aún no sé cómo. Mi madre tiene ocho hermanas y todas están allá. Tengo unos primos que han sido coyotes y quería contar su historia: cómo alguien decide trabajar en esto sin necesariamente ser mala persona, solamente porque tienen que comer y allá es difícil encontrar un trabajo.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Pero después de más de siete meses de guerra, el equipo está roto y las vidas y circunstancias de los nadadores son un reflejo de los destinos de la mayoría de los 2,2 millones de habitantes de la Franja. “Eran un equipo muy bueno. Intentamos clasificarnos para Tokio-2020, pero no pudo ser por la pandemia y luego para París 2024, las pocas posibilidades que teníamos se esfumaron con la guerra”, explica a este diario Amjed Tantish, entrenador y fundador de esta escuela de natación del norte de Gaza.

Dos de los nadadores de la fotografía han fallecido desde octubre. Yazan Al Kaseeh, de 17 años, recibió un disparo en el cuello y Hamoudi Mossalam, de 14, murió en un bombardeo junto a su padre en el norte de Gaza. Su hermano Bakir, también miembro del equipo, resultó herido en ese mismo ataque. Otros dos nadadores más siguen bloqueados junto a sus familias en el norte, cinco están desplazados en Rafah, en el sur, y tres consiguieron huir de la Franja.

“Nadar es mi escapatoria, el momento en que me siento libre”. La voz recia de Abed Raboo Kilany, de 22 años, llega desde una pobre tienda de campaña en Rafah, en el sur de la franja de Gaza, donde decenas de miles de personas desplazadas llevan meses esquivando la muerte. Es el quinto lugar en el que este joven y su familia se refugian desde octubre. “Estar en el agua me da energía, me hace sentir bien, física y mentalmente. Echo a volar la imaginación y me veo representando a Palestina en campeonatos importantes”, continúa.

Pero los sueños de Kilany parecen estar hoy más lejos que nunca. El joven es un gran nadador, pero su piscina ha sido a menudo el mar Mediterráneo, tan espléndido como contaminado e impregnado casi siempre de conflicto y muerte. Esa inmensidad azul proporcionaba a los habitantes de la Franja una ficticia sensación de libertad después de 17 años de un bloqueo israelí que los ha aislado por tierra, mar y aire. Jóvenes de menos de 25 años como Kilany, que representan el 65% de la población, no han conocido una Gaza con las puertas abiertas al mundo y sus vidas están marcadas por las embestidas del conflicto.

“No veo futuro ni para Gaza ni para mí. La guerra lo ha destruido todo”, suspira este nadador. “Tengo la vista puesta en los Juegos Olímpicos de 2028, pero ¿podré practicar? ¿Podré salir a entrenar a algún lugar si aquí no hay dónde?”, se pregunta.

Tengo la vista puesta en los Juegos Olímpicos de 2028, pero ¿podré practicar? ¿Podré salir a entrenar a algún lugar si aquí no hay dónde?

Abed Raboo Kilany, nadador de Gaza

Escombros para construir una piscina en el mar

¿Quién no ha sentido una placentera levedad al entrar en el mar, flotar mirando al cielo o sumergir la cabeza en el fondo de una piscina? En Gaza esa sensación es aún más intensa y liberadora. Tantish, de 47 años, la experimentó desde muy joven, pero tuvo que esperar años y salir a Egipto a estudiar para poder practicar en una verdadera piscina de competición de 50 metros de largo. Su sueño también era ir a unos Juegos Olímpicos porque había ganado varios campeonatos en la categoría espalda, pero no logró la marca necesaria. Entonces volvió a su casa y comenzó a dar clases a niños en Gaza, donde poca gente sabe nadar pese a vivir a orillas del mar. El primer verano, hace ahora unos 20 años, los cursos fueron en el puerto de pesca y acudieron cinco chavales. Meses después ya eran 40 y ha habido años que han superado los 400, en los que se incluye un número creciente de chicas.

Los obstáculos de la escuela Tantish han sido muchos: la segunda Intifada (2000-2005), la llegada del gobierno del movimiento islamista Hamás, el bloqueo y las sucesivas ofensivas militares israelíes. A lo largo de los años, este entrenador gazatí ha construido varias piscinas y sobre todo ha improvisado para seguir adelante. Por ejemplo, en 2015, después de que la piscina en la que se entrenaban quedara destrozada durante una violenta ofensiva israelí, introdujo en el mar bloques de cemento procedentes de las casas bombardeadas, con el fin de crear una barrera e impartir sus clases en un agua tranquila. “Los chicos necesitaban nadar y yo soy un hombre determinado”, explica. Desde 2020, su mejor equipo masculino, el de esta fotografía, se entrenaba en la piscina de Yabalia, que pertenecía a un parque de diversiones de Gaza, hoy convertido en una montaña de ruinas.

“Estos nadadores son como hijos. Estoy en contacto con todos ellos, pero esta guerra ha diezmado y separado al equipo. Aun así, quiero pensar que esto no es el fin, que el sueño no termina aquí”, piensa en voz alta Tantish.

Este gazatí va desgranando su historia y la de su equipo en mensajes de WhatsApp, escritos y de voz, y en pequeños videos, que llegan desde la Franja con mucha dificultad. Tantish, su esposa y sus cinco hijos llevan desde enero desplazados en una tienda de campaña en Rafah. Huyeron de su hogar en Beit Lahia, en el norte, días después del ataque perpetrado por Hamás en Israel el 7 de octubre, en el que murieron unas 1.200 personas y unas 250 fueron tomadas como rehenes, según cifras oficiales.

“Tengo que buscar de nuevo un lugar para mi familia porque aquí corremos demasiado peligro”. Es 11 de mayo y Tantish teme una ofensiva terrestre israelí en Rafah. Los mensajes se interrumpen durante varios días hasta que reaparece en Jan Yunis, al norte de Rafah, en otro campo de desplazados. “Tenemos poca comida y casi no hay agua, hay que caminar bastante para conseguirla”. Tantesh aparece en los videos visiblemente desmejorado y con una voz apagada que se quiebra por momentos. “Nada volverá a ser igual después de esto, ninguno de nuestros niños y jóvenes saldrá indemne de esta guerra”, asegura.

Bakir Mossalam, otro nadador del equipo, es el claro ejemplo. Tiene 17 años y ha crecido de golpe desde que vio morir a su padre y a su hermano Hamoudi en un bombardeo en el que él resultó herido en el cuello. Ahora es el responsable de su familia, que está refugiada en un albergue de la ONU en el norte de Gaza.

“No sé qué va a ser de mí, ni qué futuro me espera, pero nada volverá a ser lo mismo. Me siento solo y triste y echo mucho de menos nadar, pero no sé si podré volver a entrenarme debido a mi herida, si cumpliré mi sueño y el de mi hermano, que es ir a unos Juegos Olímpicos. Ahora, mi prioridad es salir cada día a buscar comida y agua y que mi familia esté en un lugar seguro”, describe.

Lo veo todo negro, no veo ningún futuro en Gaza. Solo dejo atrás mi sufrimiento cuando entro en el agua

Abdel Rahman Tantish, nadador de Gaza

A pocos kilómetros del refugio de UNRWA donde se cobija la familia Mossalam, otra madre, Afifa Al Kaseeh, recuerda, desolada, la pasión por el mar de su hijo Yazan, que murió tiroteado en enero. “Le gustaba el agua desde niño. Le encantaban las olas grandes. Tenía cualidades y destacó rápidamente, aunque también entrenaba mucho. A mí me daba miedo cuando nadaba lejos, en el mar, pero él no me escuchaba e iba cada día, daba igual si hacía mal tiempo”, explica esta profesora universitaria en mensajes de voz de Whatsapp.

El agua que sana

Abdel Rahman Tantish, de 21 años, uno de los mejores nadadores del equipo, pudo salir de Gaza hace unos tres meses gracias a su pasaporte egipcio y está entrenándose en un club de natación de El Cairo. “Me fui solo y sufro mucho al ver cómo está viviendo mi familia en Gaza. No puedo dormir pensando en ellos. Lo veo todo negro, no veo ningún futuro en Gaza. Solo dejo atrás mi sufrimiento cuando entro en el agua”, explica este joven, sobrino de Amjed Tantish, el entrenador del equipo.

Para sus compañeros de equipo, ha tenido suerte, aunque su vida diaria en El Cairo es complicada y sobre todo costosa. Este joven cuenta cada céntimo que gasta e intenta motivarse recordando cuál es su objetivo. “Aspiro a convertirme en uno de los mejores nadadores del mundo árabe y llegar a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Por eso salí de Gaza. Quiero representar a Palestina en los campeonatos y decir al mundo que la gente de Gaza ama la vida y solo quiere vivir como otras personas en otros lugares del mundo”, explica.

Tras semanas de guerra, el agua del mar limpiaba y sanaba mi alma. Sentí que mi determinación volvía

Amjed Tantish, entrenador y fundador del equipo

Amjed Tantish cree que tiene cualidades para poder lograr sus sueños. Desde su endeble tienda de campaña en Jan Yunis, este entrenador reitera que reanudará “en cuanto se pueda” las clases de natación en el mar “como ocurrió otras veces”. Sin embargo, sabe que en esta ocasión todo será mucho más difícil: ni siquiera sabe qué pasará mañana, si tendrán que huir de nuevo, y si llega el caso, adónde lo harán. “Nuestros hijos han sufrido demasiado. Nadar les hará volver a reír y les dará esperanza. Necesitan más que nunca sentirse así. Necesitan una oportunidad”, afirma.

El mar Mediterráneo espera a menos de dos kilómetros del lugar en que Tantish envía estos mensajes, pero parece estar demasiado lejos. La última vez que nadó fue el 18 de enero, cuando llegó con su familia a Rafah. Se metió en el mar a última hora de la tarde porque sintió que si no lo hacía iba a explotar. “Fue maravilloso, el único buen momento de todos estos meses. Tras semanas de guerra, el agua del mar limpiaba y sanaba mi alma. Sentí que mi determinación volvía”.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Omar representa a decenas de miles de niños de Gaza, donde, según trabajadores humanitarios y representantes de organizaciones internacionales, todos los pequeños, es decir, un millón, necesitan apoyo psicológico tras ocho meses de guerra en los que han perdido todo lo que les hacía sentirse seguros: familia, casa, escuelas, amigos...

Pensamientos suicidas, temblores incontrolables, pérdida de memoria, autolesiones, incapacidad de proyectarse en el futuro o incontinencia nocturna son algunos de los síntomas que muestran el grave deterioro de la salud mental de los niños. En una tienda de campaña en Rafah, en el extremo sur de la Franja, Ghada Oudah, extrabajadora de una ONG internacional, cuida de sus tres sobrinos huérfanos, de entre 3 y 13 años. Los cadáveres de sus padres permanecen atrapados bajo los escombros en el norte. “Desde su muerte, los niños tienen incontinencia nocturna, se les cae el pelo y experimentan dificultades para hablar”, explica la mujer.

El 40% de la población de Gaza tiene menos de 14 años, según fuentes oficiales palestinas. El ministerio de Salud en Gaza, donde gobierna el movimiento islamista Hamás, calcula que de los 37.000 palestinos que han muerto violentamente en esta guerra, unos 15.000 eran niños. La ONU ha identificado a casi 8.000 menores muertos y advierte de que hay más de 10.000 víctimas sin identificar o bajo los escombros.

Según Mustafá Al Masri, psiquiatra gazatí especializado en trauma, que ha trabajado como consultor para diversas organizaciones internacionales, “los niños de Gaza, desde los cuatro o cinco años, viven en un estado permanente de miedo, se sienten abandonados por los adultos que ya no pueden protegerlos”. “Ven el mundo como un lugar muy peligroso”, explica a este diario.

“Mis hijos ya no pueden concentrarse en tareas sencillas. Olvidan inmediatamente lo que les he dicho y tampoco recuerdan acontecimientos recientes. Están psicológicamente destrozados, devastados”, explica Amal, una madre de cuatro hijos desde el centro de la Franja de Gaza, que prefiere no dar su nombre completo. “Nuestros hijos ya han sufrido varias guerras, por lo que carecen de resiliencia. Están llenos de miedo, ira y lágrimas constantes, reflejando la angustia que sentimos nosotros, los adultos”, detalla Dalia, otra madre de familia desplazada en el centro de la Franja.

Los niños de Gaza, desde los cuatro o cinco años, viven en un estado permanente de miedo, se sienten abandonados por los adultos que ya no pueden protegerlos.

Mustafá Al Masri, psiquiatra palestino

Los menores que sobreviven a los ataques israelíes están hacinados en campos de desplazados o en albergues de la ONU, han tenido que cambiar de refugio en varias ocasiones, están desnutridos y apenas tienen agua limpia para beber o lavarse, lo que les expone a numerosas enfermedades. Desde que comenzó la guerra en octubre, han presenciado escenas horribles y la muerte, la suya y de la de sus seres queridos, es una posibilidad real cada día.

“Los niños han sido testigos de todo y no podemos protegerlos. Por ejemplo, mi hijo sabe identificar por el sonido el tipo de explosivo que ha caído cerca del lugar en el que vivimos. No es normal”, afirma Waseem, desplazado con su familia en el centro de Gaza.

Capas y capas de trauma

“Muchos de los niños que he conocido recientemente en Gaza son inexpresivos, a menudo tienen la mirada perdida. Están sentados en el servicio de urgencias, observando en silencio, mientras las escenas de horror se suceden frente a ellos”, explica la pediatra de Médicos Sin Fronteras (MSF), Tanya Haj-Hasan, en un informe reciente de la ONG. “Todos los mecanismos de protección de la infancia han quedado destruidos”, agrega esta experta. Y a eso se une, según la doctora, que muchos tienen que aprender a vivir con una discapacidad o un miembro amputado. “Son varios círculos de pérdida y de dolor y es, sinceramente, un dolor insoportable. A muchos niños les va a afectar toda su vida”, agrega.

Un estudio publicado por la ONG Save The Children en enero calculaba que una media de 10 niños al día perdían en aquel momento una extremidad en Gaza. Desde entonces, la situación humanitaria se ha deteriorado, pero es muy complicado seguir haciendo estadísticas en una Franja en ruinas pero bombardeada de manera incesante.

Un reciente reportaje de la cadena de televisión catarí Al Jazeera, uno de los pocos medios internacionales que tiene periodistas dentro de la Franja, mostraba a un niño convaleciente tras la reciente amputación de un brazo. “Me pregunta si el brazo va a volver a crecer, porque necesita tener los dos para seguir jugando al balón. Y no sé qué responderle”, decía, llorosa, su madre.

Un estudio publicado por la ONG Save The Children en enero calculaba que una media de 10 niños al día perdían en aquel momento una extremidad en Gaza

“Ahora mismo, Gaza no es un lugar para niños. Es un espacio de muerte, destrucción y enfermedad. Y desde luego no es un sitio donde los niños puedan empezar a recuperarse de sus inmensas cicatrices mentales”, opina Elder, portavoz de Unicef.

El bloqueo israelí sobre la Franja, en vigor desde 2007, las sucesivas guerras entre Israel y los movimientos armados de la Franja y la asfixia que se siente al vivir en este pequeño territorio, donde antes del 7 de octubre de 2023 había poquísimas posibilidades de empleo o de ocio, han multiplicado desde hace tiempo los problemas mentales de sus habitantes, sobre todo de los más jóvenes, que son la mayoría de la población y solo han conocido una Gaza aislada y miserable. “Los niños se enfrentan a capas y capas y capas de trauma. Y ya estaban traumatizados antes de octubre”, recalca Audrey McMahon, psiquiatra de MSF.

Un estudio de 2020 publicado en la revista médica The Lancet concluía que el 53,5% de los niños de Gaza sufría síndrome de estrés postraumático en aquel momento. Dos años después, una investigación de Save The Children mostró el impacto negativo del bloqueo y la violencia omnipresente en la salud mental de los menores de Gaza.

“Antes del 7 de octubre de 2023, nacer en Gaza ya era nacer sin futuro. La vida era una especie de lotería porque había que enfrentarse a muchos límites y condicionantes que escapaban al control de la gente”, opina Vicente Raimundo, director de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria de esta ONG.

Con la guerra, la situación ha caído en picado. Hay niños que comienzan a experimentar alucinaciones y entablan conversaciones con seres queridos fallecidos; otros se autolesionan para manifestar su angustia y muchos tienen comportamientos que despiertan la zozobra de sus padres, enumera el psiquiatra gazatí Al Masri. “Hace unos días, mi marido vio desde la calle a mi hijo Qusai, de cinco años, subido al tejado de un edificio cercano y mirando al vacío. Nos asustamos mucho. Tengo miedo de perderlo. Está muy extraño, solo habla de las bombas y vive aterrorizado por el ruido de los aviones”, explica su madre, desde el centro de Gaza. Su otra hija, de siete años, tiene pesadillas muchas noches y sueña que está atrapada en los escombros de la casa y muere. “Grita, se despierta y corre desesperadamente por la casa”, describe la mujer.

Payasos contra la tristeza

“Frente a esta situación, nuestro apoyo psicosocial a niños es insignificante y poco eficaz. Es imposible programar cualquier tipo de actividad con los chavales debido a las condiciones de acceso y de seguridad y a que las familias se desplazan continuamente. Y además, por encima de todo, nuestro trabajo principal ahora en Gaza es salvar vidas”, admite Raimundo.

“Muchos de los niños que he conocido recientemente en Gaza son inexpresivos, a menudo tienen la mirada perdida. Están sentados en el servicio de urgencias, observando en silencio, mientras las escenas de horror se suceden frente a ellos”

Tanya Haj-Hasan, MSF

Este experto recuerda que uno de los mejores ejemplos que describen la situación dramática de los niños en Gaza es la invención de las siglas WCNSF (Wounded child, no surviving family), niño herido sin familia sobreviviente, en español, acuñado desde prácticamente el inicio de la guerra en octubre. “Este término revela qué estamos viviendo. Hemos tenido que crear una categoría específica porque no se encuentra ningún familiar vivo de un niño. Esto es algo rarísimo en un conflicto. Clanes enteros de Gaza han desaparecido, han sido erradicados en una noche de bombardeos”, lamenta.

En un campo de desplazados del sur de la Franja, una veintena de niños contemplan absortos a dos payasos mal maquillados y vestidos con cuatro trapos coloridos que hacen malabarismos con una fingida torpeza. Los pequeños, sucios, despeinados y casi todos descalzos, lanzan una carcajada al unísono. La luz anaranjada del atardecer embellece esta escena que, sin embargo, está rodeada de ruinas, basura, tiendas de campaña, muerte y tristeza.

Mohammed Khader fundó en 2018 el Free Gaza Circus, convencido de sus beneficios para el bienestar mental de los niños, en medio de la abrumadora desesperación que impregnaba Gaza. Sus modestas instalaciones han sido destruidas por las bombas, pero estos payasos voluntarios han intentado seguir organizando espectáculos en los campos de desplazados y refugios, en medio de grandes riesgos y dificultades. “En las circunstancias actuales, el peso de la depresión puede llegar a ser insoportable. El circo ofrece un rayo de esperanza, una razón para que los niños sonrían, aunque solo sea unos minutos”, explica Khader.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Esta chica, que finalmente escapó, es una de las 82 supervivientes con las que Amnistía Internacional habló entro 2019 y 2024 para elaborar un informe que publica este lunes en el que denuncia la esclavitud, violencia sexual y trata que sufren estas jóvenes durante su cautiverio, que puede durar años. Hace una década que el conflicto armado entre el ejército nigeriano y Boko Haram ha provocado unos 40.000 muertos y dos millones de desplazados en el noreste de Nigeria. Desde el secuestro de las niñas de Chibok en 2014, cuando 276 estudiantes fueron raptadas por el grupo yihadista, un hecho que atrajo la atención internacional, esta región del país se ha visto sacudida periódicamente por este tipo de actos criminales. El pasado marzo, por ejemplo, varios grupos armados secuestraron a unas 500 mujeres y niños en el norte de Nigeria en una semana.

Pero la investigación de Amnistía va más allá y subraya los delitos que perpetran las fuerzas nigerianas contra estas jóvenes, cuando huyen o son liberadas. Muchas terminan detenidas ilegalmente por el ejército o abandonadas a su suerte en campos de desplazamiento, donde a veces se encuentran de nuevo con sus esposos de Boko Haram y vuelven a ser víctimas de abusos. Además, el informe también critica el abandono total que sufren estas mujeres por parte de las autoridades locales, lo que impide su reinserción en una sociedad que las señala con el dedo por haber sido esposas de un yihadista.

“Queremos visibilizar a estas mujeres, mostrar que su liberación no significa un final feliz para ellas, ya que empieza un capítulo nuevo con muchos obstáculos”, explica a este diario Olatz Cacho, portavoz de Amnistía Internacional España. “Porque hay varios niveles de abusos: primero Boko Haram, luego los delitos que sufren durante la custodia militar, aunque la situación ha mejorado algo en este aspecto, y finalmente la falta de apoyo especializado por parte del Gobierno para ayudarlas a sobrellevar todo lo que llevan encima”, agrega.

Según este informe, “todas las partes en el conflicto han cometido crímenes de derecho internacional y otras violaciones y abusos de los derechos humanos”, pero “la impunidad reina”.

Queremos visibilizar a estas mujeres, mostrar que su liberación no significa un final feliz para ellas, ya que empieza un capítulo nuevo con muchos obstáculos.

Olatz Cacho, Amnistía Internacional

En abril, Amnistía Internacional entregó las conclusiones principales de su investigación a las autoridades estatales y federales de Nigeria, a la oficina de Unicef en Abuja y al coordinador humanitario de la ONU en el país. Las fuerzas armadas nigerianas “negaron todas las acusaciones, dijeron que respetan los derechos humanos en sus operaciones y calificaron las fuentes de Amnistía Internacional de no fiables”.

“La reacción del Gobierno muestra la falta de respeto que sienten hacia estas mujeres, que han vivido situaciones terroríficas. Nos queda claro que no las toman en serio, que piensan que su situación está solucionada con la liberación y asunto cerrado”, lamenta Cacho.

“Nos casaron a todas”

Presenciar el asesinato de sus padres, ser violadas cada noche, ver cómo otras compañeras de cautiverio eran torturadas o ejecutadas por no respetar las “normas” del grupo terrorista, dar a luz sin ninguna asistencia y ver morir a sus bebés, pasar hambre y sed durante meses o años, quedar viudas y volver a casarse por la fuerza con otros combatientes, ser usadas como kamikazes en los atentados. Los testimonios descritos en este informe muestran sin tapujos la vulneración de los derechos más básicos de estas mujeres, la sordidez y violencia de su cautiverio y la falta de oportunidades que sufren si logran sobrevivir.

“Llegaron a nuestro pueblo y fueron casa por casa. Nos juntaron a todas en una vivienda, éramos unas 100. Yo tenía seis años y pasé dos años encerrada. Después nos casaron a todas.”, explica S. D. una de las jóvenes secuestradas.

“Pasó mucho tiempo sin lograr quedar embarazada. La ataron y le arrojaron piedras hasta que murió. Nos explicaron lo que la mujer había hecho y dijeron: si descubrimos a otra mujer tomando estas pastillas la mataremos también“, explica GH refiriéndose a una mujer que tomó a escondida píldoras anticonceptivas. “A veces sueño con los cadáveres que vi, o las lapidaciones de mujeres a las que asistí. Cuando abro los ojos, ya no puedo volver a dormirme”, agregó esta chica, que pasó 10 años secuestrada.

Cuando los soldados traían comida nos daban una porción en la mano y sopa en un cuenco para compartir entre todas. Usábamos una bolsa de plástico como retrete.

Superviviente de Boko Haram

En el informe de Amnistía no hay nombres, ni fotografías de frente, ni mucho menos videos de las mujeres que han dejado atrás el cautiverio. Ni siquiera la mayoría de las iniciales usadas para identificarlas corresponden a su verdadera identidad. También se han cambiado detalles para que sea imposible reconocerlas. “No ha sido fácil que hablen, pero al mismo tiempo ellas quieren que su historia se conozca porque necesitan mucha ayuda”, explica Cacho.

Casi 50 niñas y mujeres jóvenes contaron a Amnistía Internacional que habían arriesgado su vida y la de sus hijos para huir de Boko Haram. Muchas tuvieron que realizar viajes de hasta 12 días, sobreviviendo con la escasa comida y agua que podían encontrar. Algunas fueron “rescatadas” por las fuerzas armadas nigerianas o por milicianos respaldados por el Estado, y pasaron largos periodos detenidas de manera arbitraria. “Cuando los soldados traían comida nos daban una porción en la mano y sopa en un cuenco para compartir entre todas. Usábamos una bolsa de plástico como retrete”, cuenta N.V., que tenía 20 años cuando huyó en 2021 tras ocho años de cautiverio y pasó dos meses en detención ilegal en la localidad de Madagali, en el Estado de Adamawa.

Un total de 31 niñas y mujeres jóvenes contaron que habían permanecido detenidas durante periodos que oscilan entre varios días y casi cuatro años entre 2015 y mediados de 2023, casi siempre por sus relaciones con el grupo yihadista. Algunas contaron que los soldados las insultaban y las llamaban “esposas de Boko Haram” y varias describieron palizas y otros malos tratos. Ninguna de las entrevistadas tuvo acceso a un abogado ni fue acusada de ningún delito.

GN era una niña cuando Boko Haram atacó su aldea en Bama, en el noreste de Nigeria, en 2015 y la secuestró. Fue obligada a casarse, fue violada y obligada a presenciar las torturas contra las niñas que intentaban escapar. Tenía 16 años cuando los soldados la encontraron, al atacar el poblado en el que vivía. Terminó en una prisión y luego en un campo de desplazados donde se volvió a casar. “Después, mi marido de Boko Haram, me llamó para que volviera, pero me negué”. Un vecino la denunció por supuestas relaciones con el grupo terrorista y volvió a ser detenida y torturada por los soldados pese a estar embarazada. Regresó a casa con su hijo un año después y se enteró de que su primer marido los había denunciado ante un tribunal islámico, que les condenó a pagar unos 200 euros. La mujer, su segundo esposo y su hijo viven de nuevo en un campo de desplazados y están pagando a plazos esta multa.

“Una carga”

“A estas niñas, muchas de las cuales ya son mujeres, les robaron la infancia y las sometieron a un sinfín de crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros abusos contra los derechos humanos”, afirma en la presentación de este informe Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central. “Ahora, estas mujeres están enviando un mensaje muy claro al Gobierno nigeriano y sus socios internacionales. Necesitan con urgencia más ayuda especializada para rehacer su vida”, agrega.

Esta ayuda va desde la atención sanitaria y el acceso a la educación para sus hijos, hasta la protección social para luchar contra el estigma y el rechazo. Muchas entrevistadas dijeron que miembros de su comunidad las insultaban, las miraban con recelo y extendían el rumor de que podían matarlos y contagiarles enfermedades. “Siempre nos insultan y no nos dan nada, sentimos todo el tiempo que somos una carga para ellos”, explicó Z. C., de 19 años, que vive en un campo de desplazados.

Estas mujeres están enviando un mensaje muy claro al Gobierno nigeriano y sus socios internacionales. Necesitan con urgencia más ayuda especializada para rehacer su vida.

Samira Daoud, Amnistía Internacional

Amnistía Internacional recalca que el acceso a servicios de salud mental y apoyo psicosocial es sumamente limitado en todo el noreste de Nigeria. Esta carencia se ve agravada por las restricciones impuestas por el gobierno del Estado de Borno, en el noreste, a los agentes humanitarios desde 2021 para prestar asistencia a las personas necesitadas, lamenta el informe.

La ONG pide al Gobierno de Nigeria, los organismos de la ONU y los gobiernos donantes que habiliten con urgencia unos servicios de reintegración a medida para estas niñas y mujeres jóvenes. Además, la organización de derechos humanos reclama a las autoridades nigerianas que garanticen a estas mujeres una alternativa real, que no sea volver con sus maridos yihadistas.

“Junto con sus socios internacionales, las autoridades nigerianas deben apoyar a estas niñas y mujeres jóvenes en su reintegración social, dando prioridad a su acceso a asistencia médica, educación y formación profesional. Deben recibir la ayuda que necesitan para rehacer su vida en condiciones dignas y seguras”, pide Daoud.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

En el largometraje, en competición en el Festival de Cine Africano de Tarifa, donde fue proyectado el miércoles, se respira la urgencia de rescatar los recuerdos, poner sobre la mesa las heridas y unir diferentes capítulos de la historia familiar antes de que sus protagonistas desaparezcan. “Cuando filmo a mi abuela estoy filmando a muchas mujeres con historias similares que no se han contado. Quería capturar esa memoria y transmitirla”, explica Soualem, cuya primera película, Leur Algerie, giraba en torno a la familia de su padre, el actor Zinedine Soualem.

La guerra en Gaza, que estalló en octubre, un mes después del estreno del documental de Soualem, se ha convertido en un telón de fondo inesperado en la andadura internacional de Bye Bye Tiberias, que representó a Palestina en la última edición de los Oscar y que empezará a ser distribuida este otoño.

View this post on Instagram

A post shared by Hakka Distribution (@hakkadistribution)

Pregunta. ¿Cree que su película adquiere una mayor resonancia debido al contexto actual?

Respuesta. Entiendo que en este momento haya gente que le conceda una atención particular y que despierte un interés que tal vez en otro momento no hubiera tenido. Pero lo que está ocurriendo no es nuevo para nosotros. Empecé a escribir el guion de este largometraje en 2017 y en él ya hablaba de la fuerte deshumanización y estigmatización que sufren los palestinos y el hecho de que su historia no está reconocida. Solo nos interesamos por los palestinos en los momentos de tragedia, que son reales y forman parte de su historia, y no miramos sus vidas cotidianas o su resistencia diaria, que consiste en sobrevivir y en vivir.

P. ¿En qué momento decide contar la historia de su madre y de otras mujeres de la familia?

R. Creo que siempre quise hacer esta película, pero tuve que dirigir primero Leur Algerie, sobre mi familia argelina y su exilio. Sin ella, no habría podido encarar Bye Bye Tiberias porque para mí era más duro hablar de Palestina que de Argelia. La historia de mi familia palestina es un relato fragmentado y lleno de dolor, que se enmarca en una tragedia colectiva aún en curso. En mi primera película aprendí mucho, sobre todo a tratar la transmisión del exilio a través del cine, porque es algo invisible y a menudo indecible que se puede contar gracias a la reflexión que nos aportan las imágenes.

P. Sus dos primeras películas son sobre su familia. ¿Es un círculo que ya ha cerrado?

R. No lo sé. Tenía muchas ganas de llevar al cine estas dos historias familiares. Pienso en mis abuelos argelinos y palestinos y siento que su historia íntima es mucho más que eso: es una historia colectiva, de personas que han sido invisibilizadas y marginadas. Cuando filmo a mi abuela estoy filmando a muchas mujeres con historias similares que no se han contado. Quería capturar esa memoria y transmitirla.

Pienso en mis abuelos argelinos y palestinos y siento que su historia íntima es mucho más que eso: es una historia colectiva, de personas que han sido invisibilizadas y marginadas

P. En un momento de la película usted dice: “Detrás de nuestras sonrisas, sé que el miedo está latente en nuestro interior. ¿Y si todo lo que nos queda de este lugar desaparece? Nací lejos de este lago, pero me siento muy cercana”.

R. Yo nací en París, pero ha habido cosas que me han sido transmitidas desde siempre, por ejemplo, el miedo a la pérdida. Por eso nos aferramos a la memoria, a las huellas que tenemos y tal vez haya sido necesario saltar varias generaciones para poder hacer esta película.

P. Su largometraje está protagonizado por mujeres, delante y detrás de las cámaras.

R. He crecido con ellas. En la familia de mi madre son las guardianas del templo de la memoria familiar y quería retratarlas en su complejidad y autenticidad porque creo que la mujer árabe, sobre todo en el cine occidental, bien se representa como una persona tradicional y conservadora, bien como un ser libre que abandona todo, a menudo para ir a Europa, como si eso fuera el modelo de la libertad. Y las mujeres de este lugar que yo conozco no son ni uno ni otro, sino una mezcla de muchas cosas: aprecian las tradiciones y valores culturales, pero son muy modernas y han logrado hacer realidad muchas de sus aspiraciones, a veces creando un conflicto con su familia pero sin separarse de ella.

P. ¿Se le han cerrado puertas, sobre todo desde el pasado octubre, por haber dirigido una película que habla sobre la expulsión de la familia de su madre en 1948 y la nostalgia de la diáspora?

R. Seguro hay cosas que no sé, pero me siento privilegiada porque desde septiembre, cuando se estrenó, la película ha sido mostrada en muchos lugares, y no ha sido censurada o retirada de ningún festival. Se ha proyectado en Estados Unidos, Francia, Alemania... Y yo he tenido la posibilidad de presentarla y de poner mi voz para defenderla.

P. Estamos en un festival de cine donde hay varias directoras y guionistas del mundo árabe que han sido pioneras en un mundo muy masculino.

R. Nos han abierto camino y ahora, cuando hacemos cine, no estamos aisladas y solas. Ha habido mucha transmisión de conocimiento de parte de cineastas más experimentadas. Cuando hice mi primera película hubo profesionales mujeres del mundo árabe que me apoyaron mucho, como por ejemplo Azza Chaabouni. Yo tenía 27 años, no había hecho nada antes... Respaldos como el suyo me permitieron existir. Actualmente, hemos creado un colectivo de cineastas jóvenes del mundo árabe llamado Rawiyat, que significa contadoras de historias. Nos damos consejos sobre las producciones, los contratos, los festivales... Me gusta esa solidaridad en un medio tan competitivo como este.

Cuando una mujer afronta un proyecto sobre algo distante, una película histórica, por ejemplo, es inmediatamente cuestionada, mientras que un hombre recibe felicitaciones. A las mujeres se las deslegitima rápidamente

P. Una de estas mujeres que ha abierto camino, la marroquí Farida Benlyazid, decía en este festival que las mujeres cineastas cuentan las historias del alma. ¿Está de acuerdo?

R. Creo que las mujeres se centran en historias muy íntimas, como si hubieran entendido perfectamente que lo íntimo es lo más universal y llega a más gente. Y muchas veces optan también por esa subjetividad porque cuando una mujer afronta un proyecto sobre algo distante, una película histórica, por ejemplo, es inmediatamente cuestionada, mientras que un hombre recibe felicitaciones. A las mujeres se las deslegitima rápidamente.

P. ¿Usted se ha sentido deslegitimada?

R. Sí. Siempre tenemos que hacer más para convencer. En primer lugar, contamos con menos financiación. Y eso hace que cuando hacemos la primera película no ganamos lo suficiente y nos cuesta mucho hacer la segunda, porque tenemos que hacer otro trabajo en el medio para lograr fondos. La realidad es que hay muchas mujeres que dirigen su primera película y nunca hacen la segunda, aunque hayan tenido éxito.

P. En el inicio de la película, su madre se muestra reticente a sumergirse en la historia de la familia y le pide que no reabra “el sufrimiento del pasado”. ¿Ahora qué opina del resultado?

R. Para mi madre fue muy duro mostrarse, pero al final me dijo que siempre había querido contar las vidas de su madre y de su abuela y que incluso había escrito poemas sobre su abuela, pero no sabía cómo encarar esta tarea. Ahora, al ver que sus memorias están ahí para siempre, siente una especie de alivio y de orgullo, porque la historia que tanto le ha marcado es palpable, está ahí.

P. ¿Cuál es su próximo proyecto?

R. Por ahora, estoy dedicada a la presentación de Bye Bye Tiberias en diferentes países y festivales. Para mí es importante estar ahí, explicar las cosas yo, con mi voz, y no que hablen en mi lugar. Es una manera también de luchar contra la estigmatización de los palestinos.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

La película, dirigida por Begoña Piña y Pedro Mambrú, enlaza testimonios de mujeres de diversos países para describir su proyecto Science by Women/Ellas investigan, que desde hace nueve años quiere impulsar las carreras de científicas africanas y visibilizar sus logros y para ello les ofrece estancias de seis meses en centros de investigación españoles.

“Empezamos con este proyecto hace 10 años. El primer año logramos cuatro becas y el apoyo de cuatro centros. Había mucho escepticismo sobre el valor de las científicas africanas. Diez años más tarde, 160 mujeres brillantes y comprometidas han pasado por este programa”, se felicitó María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de Mujeres Por África, en el estreno del documental, al que asistió la reina Letizia, presidenta de honor de la Fundación.

La exvicepresidenta socialista, que fundó esta entidad privada sin ánimo de lucro en 2012, destacó que hoy hay 32 centros de investigación españoles que acogen a estas científicas. “Y cada año hay más universidades o institutos que llaman a nuestras puertas porque estas mujeres están construyendo modernidad y progreso con una mirada ética y sostenible para dejar un legado a las generaciones futuras”, agregó.

Soluciones concretas

Las dificultades que describen estas científicas en el documental podrían muy probablemente aplicarse a cualquier otro gremio y a otros países fuera de África, pero en este continente la falta de oportunidades, de visibilidad, de financiación y de reconocimiento del liderazgo de las mujeres que investigan es especialmente flagrante, coincidieron las investigadoras presentes.

Sus líneas de investigación son muy aplicadas, muy prácticas y muy centradas en buscar soluciones concretas a problemas que les tocan muy de cerca: El tratamiento de la malaria durante el embarazo y los primeros años de vida, el impacto del cambio climático en una comunidad rural concreta, la creación de un filtro para limpiar aguas de riego, la concepción de un hormigón sostenible o el control de los parásitos que provocan diarreas mortales en niños.

“No sé si es una particularidad africana, pero a veces me ha tocado participar en congresos fuera de mi país en los que se habla de moléculas, de masa... Y yo me digo ¿Cómo va a ayudar esto al ser humano?,” se preguntó en una entrevista con este diario Joy Ifunanya Odimegwu, nigeriana y profesora en el Departamento de Farmacognosia de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Lagos.

Esta científica de 49 años lleva desde marzo en la Universidad de Castilla la Mancha, en Ciudad Real. Su proyecto es la nanotecnología para perfeccionar fórmulas de fármacos naturales especialmente destinados al cáncer y a paliar el dolor. Para su investigación usa extractos de plantas que trajo de su país.

Ellos “van más rápido en sus carreras”

Odimegwu, autora de varios libros para el público general sobre salud, alimentación u hormonas, explica sus retos científicos tan llanamente como la discriminación que sufre al intentar alcanzarlos. “Por ejemplo, mientras investigo en España, me han olvidado en las promociones de mi universidad. Quien ha tomado la decisión es un hombre y además de otra etnia, que en Nigeria es muy importante”, cita.

“Pero creo que en mi país, al menos en Lagos, la capital, las cosas están mejorando algo para las mujeres científicas. En mi universidad, la rectora es mujer y la decana de mi facultad es mujer”, dice esta científica, que asegura que el hecho de estar soltera y no tener hijos le ha ayudado a avanzar en sus investigaciones.

A su lado, Birtukan Atinkut Asmare asiente. Esta etíope de 39 años, tiene cuatro hijos y un marido que han venido con ella a Bilbao para pasar juntos los seis meses que dura su beca. Amhara, su región en Etiopía, es escenario de un conflicto desde hace un año, la escuela de sus hijos cerró y no quiso dejarlos durante su estadía en España. “Creo que mi marido habría hecho lo mismo”, sonríe. “Pero yo he tenido muchas más dificultades que él, porque las normas sociales les libran de todas las tareas del hogar y van más rápido en sus carreras y proyectos. Tienen más tiempo, participan en más congresos, solicitan más becas y el sistema también favorece que se las concedan a ellos”, considera.

Tienen más tiempo, participan en más congresos, solicitan más becas y el sistema también favorece que se las concedan a ellos”

Birtukan Atinkut Asmare, científica

Asmare hizo su doctorado en Austria y es profesora en el Instituto de Gestión del Riesgo de Desastres y Estudios de Seguridad Alimentaria de la Universidad de Bahir Dar, capital del Estado de Amhara. Su investigación en el Basque Centre for Climate Change de Bilbao se centra en la vulnerabilidad al cambio climático y la forma en que entre los hogares rurales de la zona en la que vive pueden adaptarse a él.

“En Amhara, la agricultura depende de las lluvias y ahora son muy erráticas. Hay sequías e inundaciones, nuevas enfermedades e insectos... La gente no está informada de las opciones que tiene para hacer frente a estos estragos del clima. Ese es mi proyecto y también tiene un enfoque de género, porque las mujeres se ven afectadas y pueden adaptarse de manera diferente a esta emergencia climática”, explica a este diario.

Las frustraciones de Asmare y Odimegwu coinciden con las de la mayoría de mujeres científicas de diversos países que estuvieron presentes en el estreno de este documental: La falta de fondos, la escasez de medios materiales en comparación con los países del Norte o la desconfianza de los gobiernos locales hacia los científicos del país. “En la pandemia, por ejemplo, nuestro Gobierno no confió en algunos remedios que se estaban desarrollando con plantas y que podían ayudar a sanar algunas patologías. Prefirieron importar todos los medicamentos. No nos apoyaron”, lamenta Odimegwu. “Dentro y fuera de nuestros países, muchas veces se piensa que nuestra manera de hacer ciencia no es suficientemente buena”, concluye.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Estrada Tanck, nacida en México hace 47 años y actualmente presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación de mujeres y las niñas, confía en que ese informe allane el camino para que el Estado de Afganistán y algunos dirigentes talibanes de su gobierno de facto rindan cuentas ante la Justicia. Afganistán “es una llamada de atención a la comunidad internacional” porque lo que ocurre allí puede repetirse en otros lugares, advierte la jurista, que es profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Murcia, desde donde respondió por videollamada a las preguntas de este diario.

Pregunta. En su informe afirman que la situación de las mujeres en Afganistán es la peor del mundo.

Respuesta. Sin duda lo es. Nosotros tenemos una lista de indicadores que nos ayudan a valorar si los derechos de las mujeres se respetan o no. Hay países que fallan en algunos y Afganistán falla en todos. Por ejemplo, no hay otro Estado donde se prohíba la educación de las mujeres mayores de 12 años. Pero hay lugares como Irán, donde vemos que ciertas prácticas, como el uso del velo o la necesidad de que las mujeres salgan de casa acompañadas, pueden convertirse en ley. Afganistán debe ser una señal de alarma para otros países y para el resto del mundo, es una llamada de atención a la comunidad internacional, porque si esto no se para, lo que pasa en Kabul va a ocurrir en otros lugares. Es más, ya está pasando. Hay que crear herramientas jurídicas para prevenir y contrarrestar estas situaciones.

P. Cuando se entrevista a una afgana, dentro y fuera del país, su sentimiento es que el mundo las ha olvidado y ha normalizado el régimen talibán.

R. No las vamos a olvidar. Y tampoco vamos a dejar que los Estados, que son quienes toman las decisiones, las olviden. Con este informe, documentamos y damos una cierta categoría jurídica para que se activen las herramientas de mayor peso contra abusos de este tipo. Hemos puesto la voz de las mujeres en el centro y las afganas están hablando muy claro: no quieren una legitimación internacional del régimen talibán ni una nueva intervención extranjera. No desean que, con el pretexto de defender los derechos de las mujeres, se justifique un nuevo conflicto peor que la situación que ya viven. Porque son personas que han sufrido mucho. Por eso hay que encontrar la estrategia certera: poner a las mujeres en el corazón de cualquier conversación sobre Afganistán y encontrar soluciones pacíficas y en clave de derechos humanos. Será la única garantía de solución sostenible en el tiempo.

Las afganas sortean de maneras insospechadas las normas en vigor para poder seguir saliendo de casa o trabajando. Porque resistir no es solo la protesta en la calle.

P. ¿Cuesta escribir la rotunda acusación de apartheid de género en un informe de la ONU?

R. Por supuesto, hubo muchas conversaciones y comprobaciones antes de tener seguridad de poder utilizar este término. Lo que estamos viendo en Afganistán no son solo algunas normas o prácticas que discriminan a las mujeres y niñas, sino un sistema institucionalizado con reglas cada vez más opresivas que está consiguiendo eliminarlas de la vida pública y quitarles la posibilidad de ejercer cualquier derecho en cualquier ámbito, también en el privado. Lo hemos documentado con decenas de entrevistas a distancia y posteriormente hemos comprobado en el país cómo los edictos de los talibanes afectan gravemente a las afganas en su vida diaria.

P. En su informe también mencionan la persecución de género. ¿En qué se diferencia jurídicamente del apartheid de género?

R. Ambos son violaciones graves de los derechos humanos y ambos están presentes en Afganistán. La persecución de género es ya un crimen contra la humanidad porque está específicamente contemplado en el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional. Es una privación de derechos fundamentales a un grupo de la población a través de métodos punitivos y restrictivos por razones de género. El apartheid también es un crimen de lesa humanidad, pero no el apartheid de género, que necesita aún desarrollarse más jurídicamente. Esta es una de nuestras recomendaciones. Porque cuando un abuso se califica de crimen contra la humanidad, los individuos concretos (por ejemplo, un ministro) pueden rendir cuentas ante la justicia.

P. Ustedes no quisieron hacer el informe a distancia, desde un sillón en Ginebra.

R. El primer paso para demostrar que no vamos a abandonar a las afganas fue viajar a Kabul. El informe estuvo a cargo de dos mandatos: el relator especial y nosotras. Es algo poco frecuente y fue muy interesante combinar la visión profunda del país que tiene el relator con nuestra perspectiva de género más global. Las mujeres quieren que su voz sea escuchada, querían contar las cosas en persona, aunque eso supusiera un riesgo para ellas. Los talibanes no pusieron ninguna traba a la libertad de movimiento de la misión, pese a que sabían cuál era nuestro trabajo y que el resultado sería crítico con ellos. Hubo momentos en que un vehículo de los talibanes tenía que abrir paso a nuestro coche de la ONU. Yo veía aquello y decía: pero ¿en qué planeta estoy? Era surrealista.

P. ¿Hubo algún testimonio que le impresionó especialmente?

R. En primer lugar, ver cómo las afganas sortean de maneras insospechadas las normas en vigor para poder seguir saliendo a la calle o trabajando. Porque resistir no es solo la protesta en la calle. Y me conmovió mucho escuchar a una chica que iba a empezar la universidad cuando los talibanes decretaron que las mujeres no podían acudir a las aulas y finalmente tuvo que quedarse en casa. Ella nos decía: “Me pongo un velo, me cubro entera, lo que sea. También puedo ir con mi hermano a clase si es necesario, pero quiero seguir estudiando”. Y yo pensaba en mis alumnas, en mi hija... La fuerza de esa chica y su valentía al hablar eran impresionantes.

Las depresiones o los intentos de suicidio de las mujeres afganas quedan totalmente invisibilizados. Son la última preocupación de la lista

P. En su informe se insiste en problemas colaterales menos conocidos derivados de esta discriminación masiva contra las mujeres: muertes en hospitales por falta de doctoras, aumento de problemas mentales, más violencia doméstica...

R. Sí. Quisimos usar el término feminicidio y esto llamó la atención de los Estados. Si las mujeres no pueden estudiar, en unos años no habrá doctoras y esto condena a las afganas a una muerte lenta por problemas de salud totalmente banales y por enfermedades prevenibles, porque no las pueden atender médicos varones. Durante nuestro viaje visitamos un hospital de ginecología dirigido por una mujer, ya que la salud es uno de los sectores donde aún se permite que haya trabajadoras femeninas. Nos contaba que si esto sigue así, pronto no habrá quien pueda atender un parto, por ejemplo. Por otra parte, los problemas mentales han aumentado, sobre todo entre las afganas, que están condenadas a quedarse en casa y sin perspectivas de futuro. Pero las depresiones o los intentos de suicidio de las mujeres quedan totalmente invisibilizados. Son la última preocupación de la lista. Es decir, en Afganistán están presentes hoy todos los ingredientes para un gran desastre.

P. En este contexto, la acusación de apartheid de género, más allá de lograr titulares llamativos en la prensa, ¿puede contribuir a algún cambio concreto en Afganistán?

R. El informe servirá para que en septiembre, en su periodo de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decida si sigue nuestra recomendación y encarga un informe sobre el apartheid de género, para buscar vías para su prevención y erradicación, incluyendo la de proponer convertirlo en un crimen contra la humanidad. Es un camino largo, pero es una posibilidad abierta. Hoy por hoy, con los instrumentos que tenemos, también podría haber un juicio contra el Estado de Afganistán por apartheid de género, porque la marginalización extrema de las mujeres viola la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW (por sus siglas en inglés), de la que Afganistán es parte. Para ello se necesitaría que otro Estado tome la batuta y presente un caso ante la Corte Internacional de Justicia. Ya hay un precedente: en 2019 Gambia presentó un caso contra Myanmar por presuntos actos genocidas contra la minoría rohinyá.

P. Entonces, jurídicamente sí pueden darse pasos.

R. Ya están pasando cosas. Por ejemplo, la fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) está estudiando abrir casos de persecución de género contra personas del Gobierno de facto. Otra opción podría ser la jurisdicción universal: cuando se dan violaciones que afectan a la humanidad en general, un tribunal nacional puede activar esta posibilidad aunque los supuestos crímenes se hayan cometido en otros lugares del mundo. En España existen precedentes. La lista de posibilidades para que exista rendición de cuentas es más larga y no estamos en la situación vivida en el anterior régimen de los talibanes (1996-2001). Hay más información y una mayor movilización, dentro y fuera de Afganistán.

Puedes seguir a Planeta Futuro en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“El arte es mi única arma de resistencia”, afirma, en una entrevista con este diario a su paso por Madrid esta semana, invitada por la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA). Su visita coincide con el 76º aniversario del inicio de la Nakba, la “catástrofe” en árabe, término usado para recordar la expulsión de más de 700.000 palestinos tras la creación del Estado de Israel. También con una intensificación de los ataques israelíes al sur de la Franja de Gaza y un nuevo desplazamiento masivo de personas hacia lugares más seguros. “Ahora mismo, mientras nosotras hablamos, hay mujeres y niños muriendo bajo las bombas. Gente que no conozco, pero que son palestinos como yo”, dice, refiriéndose a esta guerra de más de siete meses que ha provocado el deceso de al menos 35.000 palestinos.

Sidawi, nacida en el campo de refugiados de Burj Barajneh, a las afueras de Beirut, ha dirigido Four Wheels Camp (2016) y The Wall (2019), la historia de cuatro jóvenes de un campo de refugiados que ruedan una película para enviársela a Roger Waters, exlíder de Pink Floyd, para que visite el lugar. Ser palestina y además refugiada limita su trabajo y “estigmatiza” su existencia, lamenta. “Me pregunto cada día qué es ser refugiado. Superman era refugiado, yo también lo soy”, ironiza Sidawi.

Pregunta. ¿Cómo se ve la guerra en Gaza desde un campo de refugiados en Líbano?

Respuesta. No lo quiero llamar ni guerra ni conflicto. Esto es, primero de todo, una ocupación. Y lleva 76 años sucediendo, desde 1948. O sea, no empezó en octubre del año pasado, aunque ahora sí ha comenzado a ocurrir algo mucho más grande y más fuerte: un genocidio. La gente en los campos de refugiados está enfadada y rabiosa porque ve que no hay salida. Y también siente mucho miedo por su seguridad. Lo que está ocurriendo asusta y traumatiza. A mí también.

P. Sus películas transcurren en las callejuelas caóticas, peligrosas y sucias de estos campos, que se tornan cómicas y hasta bonitas.

R. Soy refugiada palestina y el arte es mi única arma de resistencia. No hablo en términos militares, soy profundamente pacifista. Crear belleza en una película a partir de lo que es la vida en un campo de refugiados ayuda a que sus habitantes vean y sientan esa belleza. Y esa transformación del lugar en el que vivimos nos da poder y dignidad. Somos una historia, no somos números.

Crear belleza en una película a partir de lo que es la vida en un campo de refugiados ayuda a que sus habitantes vean y sientan esa belleza

P. Usted salió de Burj Barajneh hace algunos años, pero sus películas siguen ancladas en ese campo. ¿Concibe hacer otro tipo de cine?

R. Campos de refugiados como el mío son una fuente de inspiración y de creatividad. Son también lugares llenos de gente de la que nadie habla y que no puede contar sus historias. Gente que mira de lejos lo que ocurre en Palestina. Y eso es peligroso. Por ejemplo, ahora la gente está viendo en directo lo que pasa en Gaza. Estas imágenes se quedan en nuestro subconsciente. ¿Qué genera esto en muchas personas? Rabia. Deseo de venganza. Por eso es urgente e importante transformar esa rabia. Es una obligación. Yo podría quedarme llorando en un rincón viendo lo que pasa, pero no puedo. Por eso cuento historias sobre el lugar de donde vengo y en el que vive mi familia. Me gustaría contar otras, pero primero tengo que terminar estas y espero que mi trabajo sirva para algo.

P. En Four Wheels Camp pregunta a los habitantes del campo dónde quieren ser enterrados. ¿Cuál es el mensaje de esta película?

R. Que nos merecemos una oportunidad. No elegimos dónde nacemos y tampoco dónde seremos enterrados. Mis padres están enterrados sobre mis dos hermanos, que murieron antes, porque en el campo no hay sitio para enterrar de otra manera. Muertos sobre muertos. Me asusta no tener opción y terminar así. Le dije a mi madre que no quería eso para mí, y de ahí nació la película.

P. Es un cortometraje que se concibe como un homenaje a su padre.

R. Mi padre huyó de Acre sin nada, no llevaba ni zapatos. Construyó una tienda en el campo, conoció a mi madre, que también era de Acre, y se casaron. La guerra civil libanesa nos obligó a huir a las montañas. Mi padre hizo una casa de hojalata y piedras, en la que hacía mucho frío en invierno y nos asfixiábamos en verano. Éramos muy pobres. Yo le ayudaba a limpiar baños de otros escuchando música de Umm Kulthum. Era un hombre fascinante, que quiso ser escritor, pero no pudo. La ocupación cortó su historia. Es imposible saber qué hubo antes, con quién jugaba o con qué soñaba. No sabes qué dejó allá, en esa primera parte de su vida. Y yo nunca he podido ir a Acre, claro. Soy refugiada, no tengo permiso.

P. Su condición de refugiada es algo omnipresente.

R. Hay muchas formas de ser palestino, pero todas son complicadas, hoy más que nunca. Naces político, aunque no quieras. Y cuando eres refugiada aún más. Yo tengo documentos de identidad que dicen que soy refugiada, que me estigmatizan y me limitan. Y también me preguntó cada día qué es ser refugiada. Superman fue refugiado, yo también lo soy... Pero si soy refugiada para todo el mundo, ¿por qué no puedo ir a cualquier lugar, por qué estoy bloqueada en este campo?

P. Hacer cine cuando se es palestina y mujer, ¿es el ‘más difícil todavía’ de los espectáculos del circo?

R. No es fácil ser palestino y hacer películas, está claro. Creo que es un acto de valentía, porque te puede costar tu futuro profesional y hasta tu vida. Como palestinos tenemos que encontrar la manera correcta e inteligente de contar la historia que queremos contar. Pero no siento que el hecho de ser mujer me corte las alas. La sociedad palestina se apoya en las mujeres, que sostienen y defienden a sus familias. Son mujeres poderosas, lleven o no lleven velo, sean o no musulmanas. Creo que en mis películas se ve a estas mujeres. Yo quiero ser una de ellas.

P. Sin embargo, al escucharla, está claro que ser refugiada sí es un obstáculo para producir y dirigir películas.

R. Es diferente estar atrapado en un campo de refugiados que estar en Cisjordania o ser palestino en Londres. Yo, por ejemplo, cuando hago una película, necesito a alguien que esté fuera, una especie de productor, que luche por mí desde otro lugar, que defienda la película, reúna los fondos... Porque yo estoy muy limitada.

P. Su nuevo proyecto también transcurre en un campo de refugiados.

R. Sí. Se llama The bulldozer y es sobre una excavadora enorme que llega y se queda parada a las puertas del campo de refugiados. Hay un niño, Alí, que la ve y empieza a jugar sobre el vehículo. Las mujeres también comienzan a tender su ropa ahí. Es una situación cómica. Pero un día se pone en marcha y destruye el campo. ¿Qué hace Alí? Es un niño con gran imaginación y quiere salvar el campo.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

World Vision lleva más de 20 años trabajando en Afganistán sobre todo en la parte occidental del país, pero desde el retorno de los talibanes al poder en 2021 han tenido que repensar su estrategia en el país. “Con una línea roja muy clara: nuestro personal femenino podrá seguir trabajando y somos nosotros los que elegimos a nuestros beneficiarios”, insiste Monbiot.

Pregunta. ¿Qué sorprende al aterrizar en Afganistán hoy?

Respuesta. La aparente mejora de las condiciones de seguridad. Antes de 2021, se sentía mucha tensión y fragilidad. Por ejemplo, había muchos retenes. Para ir del aeropuerto de Kabul a la ciudad habría unos diez puntos de control. Cuando se entraba en zonas rurales bajo control talibán, los veías apostados en cada colina. También había áreas del país a las que no se podía ir por seguridad y ahora se puede llegar a cualquier lugar de Afganistán. Las infraestructuras en las ciudades también han mejorado: las carreteras están en mejor estado, hay semáforos, las calles están más limpias y las tasas de criminalidad bajaron, Pero, claro, es el Gobierno de las contradicciones, porque paralelamente se ha dejado fuera del mercado de trabajo y de la educación al 50% de la población, a las mujeres.

P. ¿Cómo ponen sobre la mesa este tema, que la ONU ha calificado de apartheid de género, cuando se reúnen con las autoridades?

R. Cuando hablamos con el Gobierno, que lo hacemos regularmente, insistimos en que jamás lograrán el desarrollo que desean excluyendo a las mujeres del mercado laboral y de la educación. Usamos el argumento económico y el humanitario. Nosotros dejamos muy claro que no seguiríamos trabajando sin nuestro personal femenino y lo hemos mantenido. Mis compañeras dicen que la oficina es el lugar en el que más seguras se sienten y en el que pueden ser ellas mismas. Pero cuando salen vuelve el miedo.

P. ¿Ese miedo se siente en cada mujer con la que se conversa?

R. Sin duda. Una activista me dijo en estos días que tenía miedo desde que abría los ojos por la mañana hasta que los cerraba por la noche porque no sabía qué podía pasar. Pueden pasar días o meses incluso sin que nada ocurra, pero nunca sabes quién va a llamar a tu puerta, y cuando eso sucede, no hay nadie a quien pedir cuentas. Eso es lo que asusta. Las mujeres también tienen miedo de la calle, no solo de los arrestos sino de los acosos o venganzas. Es tan fácil vengarse de alguien ahora... Y entre las pocas mujeres que trabajan aún, hay un miedo atroz a perder su puesto, con el que alimentan a todo un clan.

P. ¿Cuántas mujeres trabajan en World Vision en Afganistán?

R. Solo puedo decir que empleamos a más mujeres que antes de que las autoridades de facto retomaran el control y que nuestro personal femenino supera el 30%.

He visto a un padre llorar diciéndome: ‘Tengo seis hijos y están hambrientos, si vendo uno puedo mantener a los otros cinco con vida durante algunos meses’

P. En 2023, sus programas beneficiaron a 2,8 millones de personas, casi la mitad de ellos niños y niñas. ¿Se ha reducido mucho la financiación desde 2021?

R. Sí y no. En 2021 los donantes suspendieron los fondos para programas de desarrollo a largo plazo y solo se mantuvo la respuesta humanitaria de emergencia, es decir, actividades puntuales que son en general más caras. En las últimas semanas, ha habido donantes que volvieron, diciendo que estaban preparados para asumir proyectos de mayor alcance, para fomentar por ejemplo el sistema de salud. Pero ha habido otros que no han regresado.

P. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, 23,7 millones de afganos necesitan ayuda humanitaria en 2024, es decir la mitad de la población y cuatro millones sufren ya desnutrición aguda, incluidos 3,2 millones de niños menores de 5 años. Desde 2021, ¿la situación se ha deteriorado más?

R. Ayer estuve en una clínica en una zona afectada por el terremoto donde había un niño de siete meses que parecía que tenía siete semanas, del nivel de desnutrición que presentaba. Hay pequeños como él que necesitan urgentemente que les vea un médico, pero eso, en algunos lugares, significa horas y horas de caminata. Es decir, es imposible. Varias madres me dijeron que no tenían cómo conseguir comida porque perdieron los pequeños ingresos que tenían. También hay heridos por el terremoto que no han recibido la atención adecuada y ya no pueden trabajar.

P. ¿Y no es posible organizarse entre ONG y agencias de la ONU para llevar periódicamente doctores a estas zonas?

R. Lo intentamos, pero el Gobierno quiere clínicas fijas donde se necesita al menos un doctor varón y una mujer, un enfermero y una enfermera, pero no hay bastante personal formándose y muchos profesionales se fueron del país. Además, Afganistán es un país inmenso, con distancias inabarcables. Ahora el Gobierno está trazando mapas para identificar estas zonas de vacío sanitario y distribuir la presencia de ONG. Pero ahí entra en juego el factor dinero. Nuestro desafío es cómo llegar al mayor número de gente con menos fondos.

P. La pobreza también hace aumentar el matrimonio de niñas o el tráfico de menores.

R. Nos llegan historias devastadoras de familias que tienen que vender a sus hijos porque necesitan dinero. No tenemos datos, pero está claro que está aumentando. Esta semana estuve con un líder religioso en la provincia de Faryab, en la frontera con Turkmenistán, y admitía que muchas familias han perdido el 50% de sus ingresos debido a que las mujeres no pueden trabajar. Tambén he visto a un padre llorar diciéndome: ‘Tengo seis hijos y están hambrientos, si vendo uno puedo mantener a los otros cinco con vida durante algunos meses’. Nosotros insistimos en que la solución es traer desarrollo económico a las comunidades, porque si no hubiera esa presión del dinero, esto no ocurriría. Pero en los últimos tres años no hemos sido capaces de lograrlo porque los donantes solo querían entregar fondos para la respuesta humanitaria y han estado cortando y cortando recursos. En este momento, hay muchas familias que no saben si van a poder tener asistencia humanitaria la semana que viene.

Hay afganas increíblemente fuertes y creativas que están innovando y levantando negocios desde sus casas, pero el problema es obtener la licencia de las autoridades para comerciar cuando eres una mujer

P. Otro de sus grandes proyectos en Afganistán es la educación, un derecho del que se ha privado a las niñas mayores de 12 años.

R. Además de esta exclusión, ha habido escuelas destruidas por la violencia de la última década y por fenómenos naturales como inundaciones y terremotos. Por otra parte, muchos niños dejaron el colegio debido a la situación económica catastrófica desde 2021, hubo maestros que salieron del país y las profesoras no se sienten seguras para seguir enseñando. Nos reunimos a menudo con líderes de las comunidades y, créame, su primera petición es la educación para sus hijas. Ahora algunas provincias han permitido la educación privada para las niñas y también existen cursos online, pero solo las familias ricas pueden permitírselo. Estamos intentando lograr más fondos para entrenamientos técnicos y formaciones para mujeres. La situacion es especialmente grave en las ciudades, donde hay muchas mujeres preparadas que están presas en casa y eso tiene un coste profesional y psicológico para ellas muy alto.

P. ¿Pueden reunirse con estas mujeres?

R. Sí. En esta oficina, en lugares muy públicos o en pisos, discretamente. Hay afganas increíblemente fuertes y creativas que están innovando y levantando negocios desde sus casas, pero el problema es obtener la licencia de las autoridades para comerciar cuando eres una mujer.

P. Menos proyectos duraderos y un Gobierno talibán. ¿Logran cumplir sus objetivos en Afganistán?

R. Hemos tenido que ser muy creativos. Hay sectores en los que las autoridades toleran la ayuda, pero otros más complicados, como la protección infantil o aspectos relacionados con las mujeres. Así que nos hemos replanteado nuestros programas, rediseñado, pero con una línea roja muy clara: nuestro personal femenino podrá seguir trabajando y somos nosotros los que elegimos a nuestros beneficiarios.

P. Usted está en Herat, una de las zonas afectadas por el terremoto del pasado octubre. ¿Cómo ha sido el invierno para los damnificados?

R. He visitado comunidades remotas que ya eran muy vulnerables antes, donde no hay carreteras ni señal telefónica. Estuve en varias aldeas en las que no quedaba nada de las casas. Nada. La gente vive en tiendas, si es que a esos pedazos de lona se les puede llamar tiendas... En una de esas aldeas murieron 120 niños en el terremoto y la ayuda tardó días en llegar. El trauma de los supervivientes es terrible. Además, el seísmo ocurrió al final de la cosecha. Lo perdieron todo.

P. Afganistán es un país muy afectado por el cambio climático. Tras años de sequías, vemos ahora inundaciones terribles.

R. Este invierno parecía clemente, pero la nieve llegó tarde y la pasada semana, hubo fuertes riadas. Mucha gente ya había plantado y los campos se echaron a perder. El cambio climático es un factor más en esta crisis humanitaria.

P. El terremoto fue el 7 de octubre, el mismo día en que comenzó la guerra entre Israel y los movimientos armados en Gaza. Pasó prácticamente desapercibido para el mundo.

R. Así fue. No se lograron los fondos de emergencia y en diciembre de 2023 se aprobó el llamado plan de respuesta humanitaria para Afganistán para 2024. Hasta el momento se ha obtenido un 7% de la cantidad de dinero necesaria y estamos en mayo. La cifra habla por sí sola.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Las circunstancias hacen que la comida enlatada sea el menú diario de gran parte de los habitantes de la Franja. Eso cuando hay suerte, porque ha habido momentos desde que empezaron los bombardeos israelíes en octubre pasado que muchos palestinos han pasado días sin ingerir alimentos y han recurrido a hierbas salvajes o a pienso para animales para llenar el estómago.

La ONU lleva semanas advirtiendo de que todos los gazatíes pasan hambre, que la hambruna, el nivel más catastrófico de la inseguridad alimentaria, es inminente en el norte de Gaza y que las deficiencias nutricionales, después de meses comiendo poco y mal, son evidentes en toda la población. ¿Cómo comenzar a dar la vuelta a la tragedia sin un alto el fuego a la vista?

“Nuestra idea es alimentar a los animales para que las personas puedan volver a comer correctamente. Por eso apostamos por proteger al ganado superviviente introduciendo forraje en Gaza, concretamente cebada, para reanudar una mínima producción local de alimentos frescos y nutritivos como la leche y la carne”, explica a este diario desde El Cairo Abdulhakim Elwaer, subdirector General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y representante de la entidad para Oriente Próximo y el Norte de África.

Por primera vez desde que comenzó la guerra en octubre, las primeras 150 toneladas de forraje entraron en Gaza este mes y ya están beneficiando a más de 1.600 familias en la zona de Rafah, en el sur. La FAO, que ha contado con el apoyo financiero de Bélgica, Italia y Noruega para esta operación, espera poder introducir un total de 1.500 toneladas próximamente. Esta cantidad sería suficiente para alimentar al ganado y abastecer de leche durante unos 50 días a todos los niños menores de 10 años en Gaza, es decir, de suministrarles un 20% de las calorías mínimas diarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Apostamos por proteger al ganado superviviente introduciendo forraje en Gaza, concretamente cebada, para reanudar una mínima producción local de alimentos frescos y nutritivos como la leche y la carne

Abdulhakim Elwaer, FAO

Para la distribución, la FAO ha trabajado con ONG locales de confianza que conocen mejor el terreno y tienen más personal. “Lo importante ahora es que el proceso no se interrumpa, que las familias sigan recibiendo este forraje. Por ahora y por razones de seguridad no podremos ir más al norte”, explica Elwaer, que afirma que el objetivo final es llevar en los próximos meses a la Franja 5.000 toneladas de cebada.

Gaza era prácticamente autosuficiente en huevos, leche, carne, pescado, verduras y frutas hasta el pasado 7 de octubre. Ese día, milicianos de Hamás, grupo islamista palestino que gobierna de facto en la Franja desde 2007, se infiltraron en Israel, mataron a unas 1.200 personas y tomaron como rehenes a 250, según cifras oficiales. Israel lanzó una ofensiva militar que ha provocado más de 34.000 muertos en Gaza, la destrucción de gran parte de las viviendas e infraestructuras y el desplazamiento de 1,7 millones de gazatíes, sobre una población total de 2,2 millones, según el Ministerio de Sanidad palestino.

“La gente en Gaza está prácticamente suicidándose al correr hacia la comida que se arroja desde los aviones. Pueden recibir un disparo o heridas mortales debido al impacto de los bultos lanzados. Todos estamos viendo esas imágenes. Pero ellos necesitan llevar algo de comida a casa, algo que sea comestible. Da igual que sea alimento para animales o para seres humanos. Lo importante es que les llene el estómago. Es una desgracia”, explica, apesadumbrado, Elwaer.

Un camino de obstáculos

En este momento, en la Franja siguen vivos el 45% de los pequeños rumiantes, lo que corresponde a unas 30.000 cabezas, estima la FAO. “Pero no hay nada para alimentarlos y muchos burros y vacas han muerto de hambre”, matiza Zaqut.

“Nos han preguntado si dar de comer a los animales es más importante que dar de comer a la gente. No es eso. La FAO cree que enviar forraje es luchar contra el hambre y la desnutrición de las personas. Pensamos que la cebada sería más fácil de introducir en Gaza que fertilizantes o vacunas para los animales, debido a los controles de seguridad israelíes”, agrega Elwaer. Aun así, ha costado semanas lograr los permisos necesarios para que los camiones con forraje entraran en la Franja. Los cargamentos esperaron durante días bajo la lluvia a las puertas de Gaza, tuvieron que volver a El Cairo y fue necesario fumigar el cereal antes de volverlo a transportar.

Elwaer admite que existe un riesgo de que esa cebada, debido al hambre general, termine sirviendo de alimento para las personas. “La gente está desesperada y puede convertir el forraje en harina para hacer pan. Es totalmente posible y comprensible. Pero es una imagen que debería resultar inaceptable para el mundo, que se ha marcado unos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 que incluyen que todo el mundo tenga qué comer”, subraya.

La gente está desesperada y pueden convertir el forraje en harina para hacer pan. Es totalmente posible y comprensible.

Abdulhakim Elwaer, FAO

Cuesta sostener la mirada ante los múltiples rostros del hambre que llegan desde Gaza: Un grupo de palestinos y un burro comiendo del mismo balde, pan ennegrecido fabricado con pienso para animales, cabras y gallinas muertas al lado de casas bombardeadas, niños aletargados y sin fuerza debido a la falta de alimentos, jóvenes a los que se les cae el pelo y sufren importantes diarreas por comer poco y mal...

En marzo, la última Clasificación Integrada de las Fases (CIF, en español; IPC, en inglés), una herramienta mundialmente reconocida para el análisis de la seguridad alimentaria y la nutrición, concluyó que el 50% de los 2,2 millones de habitantes de Gaza se enfrenta a una falta extrema de acceso a los alimentos. La intensidad del hambre y el número de personas afectadas en un periodo corto de tiempo, sumadas a la imposibilidad de que entre la ayuda humanitaria necesaria, hacen que Gaza sea un caso único.

Además, el informe CIF recordó que los gazatíes no solo necesitan consumir una cierta cantidad de calorías por día, sino que hay que preocuparse por el tipo de alimentos que ingieren. “Nuestra prioridad es evitar la hambruna y para ello no basta con comer pan. Hay que comer verduras, proteínas y leche”, insiste Elwaer.

“Pero hay muy pocas hortalizas en el mercado y casi nadie puede pagarlas. Hoy, por ejemplo, un kilo de cebollas costaba 20 séqueles (unos cinco euros), aunque llegó a costar 70 (17 euros). Así que la gente come comida en lata día tras día. La mayoría viene de Egipto y es realmente muy mala. A esto ya no se le puede llamar vida, es otra cosa”, lamenta Zaqut.

Hierbas salvajes

En algunos casos, las familias también recurren a hierbas salvajes para poder engañar al hambre. “Estamos cocinando una planta llamada khobiza por primera vez en la vida. No es que sea mala, pero en nuestra familia siempre fue vista como un alimento delicioso para el ganado”, explica a este diario Talal Abu Ahmed, un profesor universitario de Gaza. Esta especie de espinaca crece con las lluvias en invierno y se cocina rehogada con aceite de oliva, sal y limón o hervida para hacer sopa.

“Es difícil de entender desde la mentalidad europea que alguien no tenga nada. Absolutamente nada que comer y nadie que le pueda ayudar porque todo el mundo está igual. En Gaza mucha gente era ya pobre antes del 7 de octubre. Esas personas son las que ahora están muriendo de hambre”, insiste Imán Um Nasser, una enfermera refugiada en Rafah junto a su esposo y cuatro hijos.

La gente come comida en lata día tras día. La mayoría viene de Egipto y es realmente muy mala. A esto ya no se le puede llamar vida, es otra cosa.

Samir Zaqut, Al Mezan

A principios de abril, Israel se comprometió, ante la presión de Estados Unidos, a abrir el paso de Erez, en el norte de la Franja, para que la ayuda humanitaria llegue a esa zona especialmente necesitada de comida, y a permitir el desembarco de suministros en el puerto de Ashdod, pero, según fuentes de la ONU, estas medidas no se han concretado.

“Nuestro plan es llegar a todo el mundo en Gaza, pero eso no es posible ahora mismo. Queremos enviar gente al terreno, reactivar la producción de pescado y hacer entrar semillas y vacunas para los animales con el fin de evitar enfermedades, sobre todo las que puedan transmitirse a los humanos, Todo eso solo podrá hacerse si hay un alto el fuego inmediato. Sin eso, ningún esfuerzo puede sostenerse”, insiste Elwaer.

Zaqut admite que en las últimas dos o tres semanas sí ha entrado más harina en Gaza e incluso algunas panaderías han vuelto a abrir con el apoyo de organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos (PMA). “Pero no hay gas para cocinar y el que hay es muy caro. Así que la gente hace fuego y sigue comiendo conservas”, explica este trabajador humanitario.

Otros problemas acuciantes son el acceso al agua limpia y la gestión de la basura. En el momento de hacer esta entrevista, el pasado miércoles, Zaqut no recibe agua en su precaria casa desde hace 15 días. Tiene que comprarla o andar varios kilómetros para llenar un bidón. El responsable de Al Mezan también envía fotos de las enormes montañas de basura que se apilan en las calles. “Este desastre está durando demasiado y nadie es capaz de pararlo”.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Concretamente, la investigación independiente encargada por Better Cotton estudió tres granjas brasileñas que producen algodón certificado y “no encontró ninguna relación” entre sus actividades y las afirmaciones de Earthsight “relativas al impacto en las comunidades locales”, por lo que concluyó que “no hubo incumplimiento de las normas”.

Contactados por este periódico, los autores de la investigación de Earthsight consideraron que la auditoría de Better Cotton es “extremadamente insatisfactoria e incompleta”, sobre todo porque se centra únicamente en tres fincas que no son relevantes y porque cae en grandes contradicciones en sus afirmaciones. En su informe publicado a mediados de este mes, esta ONG se había enfocado en dos casos de acaparamiento de tierras y de deforestación en el oeste del Estado brasileño de Bahía (noreste), los de las macrohaciendas Estrondo y Capão do Modesto, que incluyen decenas de pequeñas fincas.

La organización rastreó 816.000 toneladas de exportaciones directas de algodón de dos productores brasileños, el Grupo Horita y SLC Agrícola, entre 2014 y 2023. Estas firmas trabajan en Bahía, en la región del Cerrado, la sabana tropical con más biodiversidad del planeta, y las dos han recibido multas por deforestación ilegal y están envueltas en acusaciones de acaparamiento de tierras y acoso a las comunidades locales. Solo en esta región, SLC Agrícola posee 44.000 hectáreas de plantaciones de algodón, equivalente a más de 60.000 campos de fútbol, y el Grupo Horita controla por lo menos 140.000 hectáreas de cultivo.

Earthsight subraya que ninguna de las tres fincas analizadas por la auditoría de Better Cotton está ubicada en Estrondo, uno de los casos más notorios de acaparamiento de tierras en la historia de Brasil. “También ignora el hecho de que dos de las fincas fiscalizadas, Sagarana (Horita) y Paysandu (SLC), tienen reservas legales dentro de las tierras tradicionales de Capão do Modesto y son objeto de una demanda del Fiscal General de Bahía por acaparamiento de tierras”, agregan los investigadores. “El Grupo Horita y SLC Agrícola dicen que todo su algodón tiene la certificación Better Cotton. ¿Por qué Better Cotton solo se centra en tres explotaciones?”, se preguntan estos expertos.

Falta de claridad

En su investigación del 11 de abril, Earthsight calculó que unos 20 millones de prendas teóricamente elaboradas de manera sostenible han llegado a España en un periodo de 12 meses, entre 2022 y 2023, de la mano de H&M e Inditex, que engloba marcas como Zara, Bershka y Pull&Bear.

Estas empresas de moda argumentaron que ellos no compran algodón directamente, sino que negocian con intermediarios y trabajan con proveedores, muchos de ellos asiáticos, que les venden ya las prendas acabadas, una parte importante de ellas con el sello Better Cotton. H&M e Inditex son los mayores usuarios de la certificación Better Cotton, una iniciativa coimpulsada por H&M en 2005 y con sede en Suiza. Brasil es el origen de casi la mitad del algodón certificado por BC, más que ningún otro país del mundo.

En las conclusiones de su auditoría, Better Cotton recuerda que su socio estratégico en el país sudamericano es la Asociación Brasileña de Productores de Algodón (ABRAPA) y que su programa Algodón Brasileño Responsable (ABR) “es reconocido como equivalente al estándar de Better Cotton”.

“Pero también admite que este último necesita fortalecerse en cuestiones relacionadas con la ley de uso de la tierra, los derechos de las comunidades, la conservación de la biodiversidad, el impacto comunitario y la corrupción. Esto demuestra la falta de claridad en cómo se aplican en Brasil las normas de Better Cotton, que en sí mismas son erróneas”, zanjan los investigadores de Earthsight.

Además, la auditoria de Better Cotton concluye que las imágenes obtenidas vía satélite han confirmado que estas tres fincas “no han contribuido a la deforestación desde al menos 2008″, pero admite que “estos estudios no siempre detectan si estas tierras de gran valor medioambiental fueron objeto de una conversión antes de que comenzara el cultivo del algodón”

Alan McClay, director ejecutivo de Better Cotton, reconoce que “la supervisión regulatoria debe mejorar” y la firma anunció que va a comenzar a rastrear el algodón hasta las plantas desmotadoras y no solo hasta el país de origen.

Earthsight celebró este avance. “¿Tal vez sea una reacción a nuestra investigación?”, se preguntaron sus investigadores, que matizaron, sin embargo, que no es suficiente, porque “hay que investigar el origen del algodón hasta las granjas, que es el nivel donde tienen lugar el acaparamiento de tierras, la deforestación ilegal y las violaciones de derechos humanos”.

Better Cotton también admite que su misión y valores pueden verse comprometidos, ya que las operaciones de estas fincas van más allá en muchos casos de la producción de algodón. También admite que la auditoría solo analizó las operaciones de las granjas y no investigó a sus propietarios.

Por último, el sello de certificación también explica que está involucrando a las comunidades locales “con miras a comprender y abordar sus preocupaciones”, pero los investigadores de Earthsight piden que aclare cuáles han sido contactadas. “Si su investigación no se centró en las granjas de Horita en Estrondo, es poco probable que los consultores hablen con los pobladores que viven allá. Sin embargo, estas comunidades han sufrido violencia, acoso, intimidación y restricciones de movimiento durante la última década”, concluyen.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Llegar a estos chicos, inmunizarlos y evitar un gran número de muertes infantiles es uno de los compromisos adoptados en el Foro Global sobre Neumonía Infantil que se ha celebrado esta semana en Madrid. La reunión ha estado organizada, entre otros, por la Fundación ‘La Caixa’, la Fundación Bill y Melinda Gates, Unicef, la Alianza por las vacunas (Gavi), el Instituto de Salud Global (ISGlobal) de Barcelona y organizaciones como Médicos Sin Fronteras o Save the Children. En el foro han participado además gobiernos, empresas y representantes de la sociedad civil.

“Los niños cero dosis no eran una política activa en la Alianza por las vacunas hasta hace unos cinco años. Pero, tras haber logrado una cobertura vacunal correcta en las últimas dos décadas y haber reducido a la mitad la mortalidad infantil por enfermedades prevenibles, vemos ahora que esta parte de la población representa un riesgo muy alto. Y la covid-19 ha agravado la situación”, dice a este diario Rafael Vilasanjuan, miembro del Comité de dirección de Gavi y director de análisis y desarrollo del Instituto de Salud Global (ISGlobal) de Barcelona.

De los 18 millones de niños que no recibieron ninguna vacuna en 2021, la mitad viven en seis países: India, Nigeria, Indonesia, Etiopía, Filipinas y República Democrática del Congo

Los niños cero dosis son identificados usando como marcador las tres dosis contra la difteria, el tétanos y la tosferina (DPT3), porque el pequeño que no ha recibido esta inmunización básica no se ha beneficiado de ninguna otra, como las que previenen la neumonía, primera causa de muerte infantil con más de 700.000 decesos de menores de cinco años cada año.

¿Dónde están los niños cero dosis? De los 18 millones que no recibieron ninguna vacuna en 2021, la mitad viven en seis países: India (2,7 millones), Nigeria (2,2), Indonesia (1,1), Etiopía (1,1), Filipinas (1 millón) y República Democrática del Congo (700.000). Son chicos que se encuentran en zonas de conflicto, muy empobrecidas y alejadas de los servicios de salud gubernamentales. Entre ellos también hay poblaciones con mucha movilidad: nómadas, desplazados o refugiados.

La Ruta del Hospital

Las estrategias para llegar a ellos son diversas. Recientemente, en el Estado Ogun, en el suroeste de Nigeria, una carretera que aún está en construcción ha podido acercar a un centro de salud a 30 comunidades a las que les resultaba muy complicado desplazarse hasta el lugar, sobre todo en época de lluvias. La carretera se llama la Ruta del Hospital y los días de vacunación ya hay fila de espera, se felicita Gavi.

Tenemos que hacer un esfuerzo titánico. En Nigeria nacen ocho millones de niños al año, de los cuales dos millones no reciben ninguna dosis

Cristian Munduate (Unicef)

“No podemos abandonar a ningún niño, son pequeños que ya de por sí viven en medio de tantas dificultades... Yo tengo esperanzas en el nuevo Gobierno nigeriano (que asume a finales de mayo) para que las políticas se aceleren”, confiaba a este diario Chizoba Wonodi, directora del Centro internacional de acceso a las vacunas en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg de Nairobi (Kenia). En Nigeria, con una población de al menos 220 millones de personas, más del 40% de los niños no están totalmente vacunados. En el foro celebrado en Madrid, las autoridades de este país se comprometieron a reducir en un 30% los niños cero dosis.

“Tenemos que hacer un esfuerzo titánico. En Nigeria nacen ocho millones de niños al año, de los cuales dos millones no reciben ninguna dosis. Nosotros hacemos barridos, intentamos conseguir vacunas más baratas, apoyamos al Gobierno en la vacunación y en cuanto asuma el nuevo Ejecutivo no vamos a perder tiempo y vamos a pedirle que acelere e incremente el compromiso en atención primaria sanitaria, que es clave”, explica a este diario Cristian Munduate, representante de Unicef en el país africano.

Según Vilasanjuan, de Gavi, un niño no recibe ninguna vacuna, bien por casualidad (es decir, porque los servicios no llegan), bien por voluntad. “Por ejemplo, en una zona de conflicto se intenta que estos servicios no lleguen a la zona enemiga. En la zona anglófona de Camerún hay muchos cero dosis porque el Gobierno no entra y es muy difícil que les lleguen estos servicios”, cita.

Shiferaw Dechasa Demissie, uno de los representantes del International Rescue Committee en el foro de Madrid, lamenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establezca que hay que llegar a los menores de dos años “aunque en el Cuerno de África, en Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Sudán hay niños de cuatro o cinco años que no han recibido una sola dosis de vacuna”. La pandemia del coronavirus, que ha concentrado la inmensa mayoría de los recursos sanitarios y ha obligado a confinar a millones de personas, ha hecho que los niños sin inmunizar aumenten, y esos pequeños ya tienen hoy más de dos años. “Estamos viendo también chicos que vienen de zonas de conflicto, de lugares remotos controlados por grupos violentos donde no llega ningún servicio de salud. Estamos negociando con los gobiernos y con Gavi para convencerlos de que amplíen su radio de acción hasta niños de cinco años. Por eso estoy en este foro. Pero cuando aceptan, tampoco están disponibles los recursos necesarios, así que tenemos que seguir negociando. Esto no es solo salud, estamos hablando de derechos humanos básicos”, afirmó a este diario.

“Donde no llega nadie más”

Gavi se ha comprometido a consagrar 100 millones de dólares al Programa de inmunización cero dosis (ZIP, por sus siglas en inglés). Adetokunbo Oshin, director de la organización para países de alto impacto (es decir, en situaciones de crisis), “el objetivo es ofrecer igualdad a todos los niños y ayudar especialmente a países que van con tanto retraso como Somalia, Chad, Sudan del Sur, en los que no existe, por ejemplo, la vacuna de la neumonía”.

Necesitamos otro modelo, porque el actual no sirve

Rafael Vilasanjuan, Gavi e ISGlobal

“Cuando descubres que hay una bolsa importante de niños no vacunados, sí habría que ampliar el marco de acción, pero primero tenemos que tener la capacidad de llegar a esos lugares”, matiza Vilasanjuan. Y para ello es necesario, subraya, intervenir en toda la cadena de vacunación. “Necesitamos otro modelo, porque el actual no sirve. Y aquí entra lo que se llama el trabajo de la última milla: las organizaciones locales pequeñas. Es muy difícil coordinarlas, pero, al mismo tiempo, son absolutamente necesarias para que estos niños no se queden sin vacunas. Es un trabajo ímprobo, pero imprescindible”, asegura el experto. “Hay que identificar y fortalecer a pequeñas organizaciones para que realicen esta tarea y garantizar la cadena logística de la vacuna. Estamos hablando de actores que no tienen gran relación con los gobiernos, que no disponen de muchos fondos y que no se dedican normalmente a esto, pero están allí donde no llega nadie más”, insiste Vilasanjuan.

Además de las distancias y los conflictos, estos actores locales también trabajan en lugares donde no existe la confianza suficiente en los servicios de salud y en las vacunas, que según Unicef salvan unos 4,4 millones de vidas al año. India, por ejemplo, es para los expertos de Gavi uno de los países donde más resistencia y desconfianza hay hacia las vacunas. También uno de los primeros de la lista de países con niños cero dosis.

Para disminuir el número de pequeños sin inmunizar, los expertos reunidos en Madrid insistieron en la necesidad de fomentar la producción local de vacunas. El objetivo de África, por ejemplo, es fabricar en 2040 el 60% de las dosis que precisa, lo cual tornaría sus precios más asequibles. Actualmente produce menos del 1% de los inmunizantes que aplica. “Las vacunas son rentables y los Estados deben entender que ahorran dinero vacunando a la población”, concluyó Neily Zakiyah, economista en temas de salud de la Universidad Padjadjaran de Indonesia.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Sin pretenderlo, el periodista se ha convertido en un símbolo del sufrimiento de los 2,2 millones de habitantes de Gaza y de la perseverancia de sus reporteros, que son los ojos del mundo en este conflicto en el que no se permite la entrada de prensa extranjera. “Creo en la misión humanitaria del periodismo. Nuestro cometido es seguir informando”, declaró a este diario en Córdoba, donde recibió el premio de periodismo Julio Anguita Parrado y dio una conferencia en Casa Árabe.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), más de 100 periodistas han muerto violentamente en Gaza desde octubre. El Comité para la Protección de Periodistas afirma que este conflicto, en el que han muerto al menos 33.000 palestinos, es el más sangriento para los informadores desde que la organización comenzó a hacer sus recuentos, en 1992.

Después de más de 100 días cubriendo la ofensiva militar israelí, Dahdouh salió de Gaza a finales de enero para ser operado en Qatar. Cansado y visiblemente conmocionado al revivir la muerte de su familia, el reportero no osa imaginar su futuro ni el de Gaza. “Nadie en la Franja sabe qué va a pasar, si esta guerra terminará en una semana o se extenderá aún durante meses”.

Pregunta. Usted ha dedicado este premio, que lleva el nombre de un periodista español que perdió la vida en la guerra de Irak en 2003, a sus colegas que siguen informando en Gaza e insiste en que los reporteros de la Franja son objetivo de Israel y no daños colaterales.

Respuesta. Israel está asesinando deliberadamente a periodistas en Gaza. En otras guerras no se cebaron con los informadores así. Yo no encuentro ninguna explicación para el bombardeo de la casa en la que se refugiaba mi familia, en Nuseirat (centro de Gaza), para el ataque que mató a mi hijo Hamza o para el que yo sufrí y en el que casi muero. La mayoría de estos bombardeos se hacen con drones, que son muy precisos y saben quién está en ese lugar en ese momento. Nosotros nos movemos en coches marcados con la mención “Prensa” o “TV”. Llevamos cascos y chalecos de periodistas. Israel no quiere que sigamos documentando lo que está pasando, pero los periodistas palestinos han decidido seguir contando, conviviendo con el miedo y sabiendo que a lo mejor nos convertimos en noticia.

P. El 7 de octubre de 2023, el movimiento islamista Hamás cometió unos sangrientos ataques en Israel. Horas después comenzaron los bombardeos sobre Gaza. ¿Usted pensó que sería una ofensiva similar a las que ha cubierto en los últimos 15 años?

R. El 7 de octubre me desperté para ir a la oficina y vi desde mi ventana los cohetes que surcaban el cielo en dirección a Israel. Dije a mi difunta esposa: ‘Preparémonos porque viene una guerra larga’. Desde los primeros días yo dije que iba a durar hasta cuatro meses y me llamaron exagerado. Ahora veo que fui optimista. Todas las calamidades que hemos sufrido en anteriores ofensivas israelíes no representan ni un cuarto de lo que estamos padeciendo en esta. Desde el principio, la destrucción fue ciega: Israel cerró todos los pasos fronterizos, privó a Gaza de alimentos, de agua, de electricidad, de medicamentos y bombardeó las casas sin advertencia previa.

Israel no quiere que sigamos documentando lo que está pasando, pero los periodistas palestinos han decidido seguir contando.

P. ¿Hay algún momento de su cobertura de estos meses que le ha marcado especialmente?

R. Estoy inundado de imágenes dolorosas. Pero tengo especialmente grabados a los niños muertos, algunos de ellos bebés, siendo extraídos de los escombros, pereciendo ante nuestros ojos. Y por supuesto, y aunque yo no estaba allá cuando fallecieron, no olvido los cadáveres de mi esposa, de mis hijos, de mi nieto... ¿Qué te puedo decir? Cada imagen que me tocaba grabar era peor que la anterior.

P. Una parte de su familia sigue en Gaza.

R. Tuve ocho hijos y los cinco que siguen con vida salieron de Gaza, pero allá siguen mis hermanos, hermanas, sobrinos y primos. Cada día recibo alguna mala noticia: familiares que fueron heridos y luchan por recuperarse, allegados que no tienen que comer...

P. Usted ha reiterado que cuando su esposa y sus hijos murieron en el bombardeo no dudó en continuar con su trabajo.

R. Creo en la misión humanitaria del periodismo. Nuestro cometido es seguir informando. Pero, en este momento y por mucho que hagan el esfuerzo, los periodistas gazatíes solo logran contar una pequeña parte de la barbarie. Desde el inicio de la guerra, yo siempre pensé que debía trabajar pese a lo que ocurriera, pero frente a los cadáveres de mis hijos y de mi esposa, que era el pilar de la familia, sí dudé sobre si debía seguir. Decidí continuar. Mi mujer y mis hijos siempre se sacrificaron por mí. No tuvieron mi cariño y mi protección en las guerras para que yo pudiera seguir trabajando y asumiendo mi responsabilidad de contar. ¿Habían muerto e iba a abandonar? No. Por eso volví a trabajar. Fue un reto. Porque no quería aparecer ante la cámara de luto ni tampoco hablar de mí. Quería contar la guerra de manera profesional, como si no me hubiera ocurrido nada. Creo que lo logré, pero eso molestó a Israel.

P. Ahora que ha debido salir de Gaza, ¿cree que su voz ha perdido fuerza o legitimidad porque ya no está dentro la Franja?

R. Sí, efectivamente. Mi sentimiento es de dolor y de frustración porque ya no puedo cumplir con mi deber. No puedo estar allá donde pasan las cosas y además no puedo ayudar a mis compatriotas que están sufriendo y a los periodistas que se quedaron. Empezando por mi equipo. A veces siento que ya no puedo hacer gran cosa, pero sigo esforzándome por aportar mi granito de arena viniendo, por ejemplo, hoy aquí, a Córdoba.

P. Usted ha elogiado la actitud del Gobierno español hacia los palestinos, pero ¿las palabras bastan después de seis meses de bombardeos?

R. Está claro que las personas que viven el día a día de la guerra necesitan más apoyo, más alivio... Necesitan más. La actitud del Gobierno de España es muy bien recibida por los palestinos en medio de esta guerra atroz. La valoramos mucho, así como su labor ante otros gobiernos europeos para que se pase de las palabras a la acción, para que se haga presión y se logre un alto el fuego ya y los palestinos recuperen sus derechos. Sabemos que es una tarea ardua.

Tengo especialmente grabados a los niños muertos, algunos de ellos bebés, siendo extraídos de los escombros, pereciendo ante nuestros ojos.

P. Es difícil proyectarse y hablar del futuro que le espera a Gaza.

R. No se puede predecir. Nadie en la Franja sabe qué va a pasar, si esta guerra terminará en una semana o se extenderá aún durante meses. Por momentos se habla de un acuerdo, de una tregua, pero no ocurre nada y los bombardeos aumentan. La población de Gaza está al límite, pero teme que esto perdure en el tiempo, que la guerra sea aún más larga.

P. ¿Y usted, cómo se siente físicamente y cómo imagina su futuro?

R. Estoy muy cansado. Me he sometido a una operación larga y complicada para intentar salvar al máximo la movilidad de mi mano derecha. Tal vez recupere un 60%, pero tengo por delante un año de convalecencia. Quiero curarme y seguir siendo periodista. Eso es lo más importante para mí. Quiero seguir haciendo mi trabajo.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.

Seguir leyendo

“Están demacrados, flacos, asustados y muy cansados. Y se están muriendo de hambre, de deshidratación y de enfermedades como diarreas”, resume en una entrevista telefónica con este diario James Elder, portavoz de Unicef, que se encuentra actualmente en Gaza. No es la primera vez que entra en la Franja desde octubre, cuando comenzaron los bombardeos israelíes, pero la destrucción física y el deterioro de las condiciones de vida de la gente, sobre todo de los niños, que está percibiendo en estos días le han dejado “abrumado por un terrible sentimiento de pérdida”.

“Llevo 20 años trabajando en la ONU y no he visto semejante nivel de destrucción en ningún lado. La profundidad del horror que se vive en Gaza sobrepasa nuestra capacidad para describirlo”, asegura el portavoz. “En estos días he visto las lágrimas de madres exhaustas y desesperadas, que te agarran la mano y te dicen que no tienen cómo dar comida a sus hijos. Terminas llorando con ellas”, agrega.

Y por encima de todo, subraya el portavoz, está el desamparo de los pequeños. “Cuando un niño o una niña se dan cuenta de que sus padres ya no pueden protegerlos de las bombas y del hambre, algo muy profundo se rompe dentro de ellos. Eso es lo que está pasando en las familias de Gaza y se lee en la mirada de los niños”, describe Elder, desde Rafah, en el sur de este territorio palestino, al que no se permite la entrada de periodistas extranjeros.

Unicef considera que todos los hogares de Gaza están saltándose comidas diariamente y que los adultos están reduciendo sus raciones para que los niños y niñas puedan comer. En el norte de la Franja, la desnutrición aguda se ha duplicado en un mes y a afecta a uno de cada tres pequeños menores de dos años. En Rafah, por donde entra la escasa ayuda humanitaria que recibe Gaza, este porcentaje baja al 10%, según datos de esta agencia de la ONU, que calcula que al menos 23 niños y niñas murieron en Gaza debido a desnutrición y deshidratación en las últimas semanas. Cifras del ministerio de la Salud en Gaza, controlado por el movimiento islamista palestino Hamás, eleva este trágico balance a más de 30 niños.

Hablar de hambruna, ahora o dentro de algunas semanas, tal vez tenga sentido desde un punto de vista político, pero para los niños de Gaza no existe la menor diferencia.

James Elder, Unicef

“En el norte de la Franja, las escenas son desgarradoras. En el hospital que pudimos visitar el jueves, Kamal Adwan, hay casos gravísimos de niños desnutridos que no sabemos realmente si estarán todavía ahí mañana. Las madres y las abuelas no se separan de su lado y no dejan de llorar. Las incubadoras están llenas de bebés y hay madres dando a luz de manera prematura debido al estrés de la guerra. Es desesperante”, cita. Según las últimas cifras de la ONU solo 12 de los 36 hospitales de Gaza están funcionando parcialmente.

Centenares de camiones

El pasado lunes, la última Clasificación Integrada de las Fases (CIF, en español, IPC, en inglés), una herramienta independiente y mundialmente reconocida que mide la seguridad alimentaria y la nutrición y en la que participan varias organizaciones de la ONU, entre ellas Unicef, alertó de que el 50% de los 2,2 millones de habitantes de Gaza se enfrenta a una falta extrema de acceso a los alimentos. El análisis concluyó que la hambruna en el norte del territorio es “inminente” y llegará de aquí a mayo si nada cambia, aunque hay datos que indican que podría estar ya produciéndose.

“Hablar de hambruna, ahora o dentro de algunas semanas, tal vez tenga sentido desde un punto de vista político, pero para los niños de Gaza no existe la menor diferencia. Aquí la gente está muriendo de hambre, los niños se están muriendo de hambre, y esto se debe a decisiones de quienes ostentan el poder”, denuncia Elder.

El inconfundible ruido de fondo de los drones israelíes no desaparece en ningún momento de la entrevista. “Es así día y noche. Es una tortura también para los niños, que saben que esos drones los pueden matar en cualquier momento”, dice.

El experimentado portavoz, que acaba de estar recientemente en Sudán, devastado por el conflicto, y donde alrededor del 40% de la población, es decir, 19 millones de personas, se enfrenta ya a un hambre aguda, se niega a comparar tragedias. Pero insiste en que Gaza es un caso sin precedentes. “En términos de porcentaje de la población que pasa hambre y del periodo de tiempo tan corto en que esto ha sucedido, es algo nunca visto desde que comenzaron a hacerse los estudios de la CIF hace 20 años. Además, en este caso, centenares de camiones llenos de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad están a 10 kilómetros de donde estoy yo ahora”, al otro lado de la frontera, en el lado egipcio del paso de Rafah, recalca.

“Centenares de camiones. Los he visto hace unos días con mis propios ojos. Esto da otro cariz a esta crisis”, insiste. “En Gaza se están batiendo los más tristes récords de oscuridad de la humanidad: porcentaje de la población pasando hambre, número de bombardeos, magnitud de la devastación de las infraestructuras, número de personas que han perdido a un ser querido...”, agrega.

Según el análisis de la CIF, todo el mundo en Gaza pasa hambre en estos momentos. Esta semana, el alto representante para Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, acusó a Israel de ser responsable de una “hambruna” en Gaza y de usarla como “arma de guerra”. Israel lanzó una ofensiva militar contra la Franja tras el ataque de milicianos de Hamás, que gobierna de facto en Gaza, que el 7 de octubre mataron a unas 1.200 personas y tomaron como rehenes a 250, tras infiltrarse en territorio israelí, según cifras oficiales. La respuesta militar contra Gaza ha provocado más de 31.000 muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños, según cifras del Ministerio de Sanidad palestino.

Si los niños no han llegado a esa fase de desnutrición aguda en la que los órganos se deterioran, en dos o tres semanas se puede borrar mucho de lo que les está sucediendo ahora.

Ana Islas Ramos, FAO

Secuelas de por vida

La mitad de la población de la Franja es menor de edad. Estos niños no tienen acceso a suplementos alimenticios ni en muchos casos a una atención médica básica. Ana Islas Ramos, experta en nutrición de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que también participa en la clasificación de la inseguridad alimentaria publicada esta semana, explica que cuando un adulto se encuentra en una situación de inanición, cuando no tiene nada que comer, puede sobrevivir unos 70 días, pero los niños son más vulnerables por estar en pleno crecimiento, y “llegan a fases de desnutrición graves mucho antes”. “Depende de sus reservas anteriores, pero en dos o tres semanas ya llegan a una desnutrición grave”, calcula, en una entrevista con este diario.

Antes de octubre, dos tercios de la población de Gaza recibía ayuda humanitaria para poder comer, en forma de alimentos o de subvenciones. La desnutrición infantil aguda en este territorio sometido a un bloqueo israelí desde 2007 no llegaba al 1%.

“Cuando empieza a no haber alimentos, se empiezan a usar reservas de grasa, que pueden durar más o menos un mes, después se utilizan las reservas de proteínas, y ahí comenzamos a comernos nuestro propio cuerpo. Eso es la desnutrición aguda grave. Los niños se quedan aletargados, el cerebro no se desarrolla porque no hay suficiente energía y esas secuelas sí pueden durar para siempre”, detalla.

Según las últimas cifras de la ONU solo 12 de los 36 hospitales de Gaza están funcionando parcialmente. Desde el inicio de la guerra, se han registrado 300.000 casos de infecciones respiratorias y 200.000 casos de diarrea aguda, potencialmente mortales.

Desde el inicio de la guerra, se han registrado 300.000 casos de infecciones respiratorias y 200.000 casos de diarrea aguda, potencialmente mortales si llegan a un cuerpo debilitado por el hambre, según cifras del ministerio de Salud gazatí. “Es un círculo vicioso. Los niños comen desesperados lo que encuentran, sea o no salubre, tengan o no las manos limpias. Como están débiles, su sistema inmunitario está bajo y enferman. Esas diarreas provocan una deshidratación y una desnutrición aún más severas”, explica Islas.

Si hubiera un alto el fuego esta noche en Gaza, la recuperación física de estos pequeños puede ser rápida, gracias a complementos que se les puede administrar si la ayuda humanitaria entra sin límites y se restauran los servicios de atención médica en la Franja. “Si los niños no han llegado a esa fase de desnutrición aguda en la que los órganos se deterioran, en dos o tres semanas se puede borrar mucho de lo que les está sucediendo ahora”, afirma Islas. “Preocupan más los bebés, porque con dos o tres meses de vida, las semanas sin una alimentación correcta es mucho tiempo para ellos”.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Las cifras muestran la “profundización y el rapidísimo deterioro de la inseguridad alimentaria en Gaza”, después de cinco meses de guerra, en los que se han destrozado las infraestructuras básicas y no se permite prácticamente la entrada de ayuda humanitaria. “La hambruna puede llegar en cualquier momento entre ahora y mayo en la parte norte de la franja de Gaza. Esperar a tener la confirmación de que la hambruna ha llegado para actuar es algo indefendible”, concluyen los autores de este informe.

Esperar a tener la confirmación de que la hambruna ha llegado para actuar es algo indefendible.

Informe CIF

La CIF es algo así como el termómetro del hambre. Una iniciativa mundial independiente lanzada hace 20 años y compuesta por 19 organizaciones públicas y privadas para determinar la gravedad y magnitud de la inseguridad alimentaria y la toma de decisiones para paliarla, según unos parámetros reconocidos internacionalmente. La herramienta establece cinco fases. Las tres últimas y más preocupantes son la crisis (3), emergencia (4) y catástrofe (5).

En este momento, toda la población de la franja de Gaza se enfrenta a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda: entre hoy y el mes de julio, se prevé que alrededor de 1,11 millones de habitantes sufran una inseguridad alimentaria catastrófica (fase 5) y el resto estén en las fases 3 y 4. Es decir, todo el mundo en Gaza pasa hambre, en todos los hogares se saltan comidas cada día y los adultos reducen los alimentos que ingieren para que los niños puedan comer, explican los expertos de la CIF.

“Para poner estas cifras en contexto: 1,1 millones de personas equivale a la población de ciudades como Dallas, Dublín o Ámsterdam”, comparó Bechdol.

En el pasado informe de esta iniciativa, publicado en diciembre, se concluyó que un cuarto de la población de Gaza estaba en fase catastrófica, es decir, la mitad de lo que se calcula en estos momentos.

Ni un ciclón ni la sequía

El 7 de octubre de 2023, milicianos de Hamás, grupo islamista palestino que gobierna de facto en Gaza desde 2007, se infiltraron en Israel y mataron a unas 1.200 personas y tomaron como rehenes a 250, según cifras oficiales. Israel lanzó una ofensiva militar, aérea y terrestre contra la Franja que dura hasta hoy y ha provocado más de 31.000 muertos en Gaza, según cifras del Ministerio de Sanidad palestino.

Este lunes, el alto representante para Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, acusó a Israel de ser responsable de una “hambruna” en Gaza. “Sí, se está usando el hambre como arma de guerra. Digámoslo (…) Israel está provocando hambruna”, ha acusado Borrell en una reunión en Bruselas, recordando que la inanición de los gazatíes no se debe a un desastre natural, sino a quienes “impiden que entre ayuda humanitaria”.

Este análisis actualizado valida lo que todos temíamos: un profundo y rápido deterioro de la situación de la seguridad alimentaria en Gaza. Se trata del nivel más alto jamás registrado, algo que nunca antes habíamos visto.

Beth Bechdol, FAO

“Es una situación sin precedentes, por los niveles de inseguridad alimentaria y por la rapidez a la que se ha llegado a estas cifras. Y por supuesto, es una crisis creada por el hombre, no estamos hablando de una sequía, un ciclón o unas inundaciones”, recalcó Bechdol.

Para que oficialmente se considere que la hambruna está castigando a una población hay tres criterios que deben confirmarse: que uno de cada cinco hogares sufra escasez extrema de alimentos, que un 30% de los niños esté gravemente desnutrido y que al menos dos de cada 10.000 personas (o al menos cuatro de cada 10.000 niños menores de cinco años) fallezcan diariamente como resultado de la inanición absoluta o de la interacción de la desnutrición y la enfermedad.

En Gaza se ha superado hace tiempo el primer criterio, los expertos también han observado una tendencia al alza de la malnutrición aguda y las pruebas disponibles apuntan a un fuerte aumento en la mortalidad infantil, aunque las cifras son difíciles de obtener en las circunstancias actuales. Todo esto lleva a los expertos a señalar el inminente comienzo de la hambruna porque “muy probablemente” se han superado o se van a superar en breve los tres umbrales.

El informe subraya que en las regiones del norte de la Franja, un 70% de la población actual, es decir unas 210.000 personas, están o estarán en la fase 5 o falta extrema de alimentos de aquí a julio si el conflicto continúa y no se garantiza el acceso de las organizaciones humanitarias a estas zonas. Las gobernaciones de Deir al-Balah y Jan Yunis (centro), y de Rafah (sur), se encuentran en la fase 4 o de emergencia y se enfrentan a un riesgo de hambruna en torno a julio de 2024 si nada cambia.

Más presión

Las conclusiones de la CIF subrayan que “la hambruna puede detenerse” si hay una “decisión política para un alto el fuego” y se autoriza el acceso de la ayuda humanitaria a toda la población de Gaza de forma segura. “Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar el suministro de comida, agua y medicinas, para proteger a los civiles y para restaurar los servicios de salud, saneamiento y energía (electricidad y combustible)”, insiste el informe. La CIF hizo las mismas recomendaciones en diciembre, pero ninguna se ha cumplido hasta hoy.

“Esperamos que la publicación de este informe sea una oportunidad para que las partes involucradas, a todos los niveles, se convenzan, vista la situación humanitaria, a cambiar de enfoque y a ejercer más presión. Porque el derecho a la alimentación es un derecho humano básico y tenemos que encontrar una manera de prestar ayuda humanitaria inmediata”, confío Bechdol, considerando “importantes”, pero pequeñas frente a la magnitud de la necesidad, las iniciativas vistas en los últimos días para llevar alimentos a Gaza: lanzamientos de raciones desde el aire, el canal marítimo abierto desde Chipre o la intención de Estados Unidos de construir un puerto en Gaza.

“La situación ha ido más allá de lo catastrófico. Es absolutamente imperativo actuar ahora. Aunque estamos explorando todos los medios posibles de entrega de ayuda, incluidos los lanzamientos aéreos y los corredores marítimos, estos no sustituyen a la solución más viable y eficaz, que es la apertura total e incondicional del acceso terrestre”, declararon en un comunicado conjunto Borrell y Janez Lenarčič, comisario europeo de Gestión de Crisis y Ayuda Humanitaria, tras la publicación del informe.

Aunque hubiera un alto el fuego en las próximas horas, la responsable de la FAO subrayó que se necesitará “tiempo y mucho dinero” para reconstruir las infraestructuras materiales y rehabilitar la salud de los gazatíes. “Nos preocupan mucho los niños. Cuando en una etapa tan temprana de la vida no se consumen frutas, verduras, huevos y proteínas, hay retrasos en el crecimiento y en el desarrollo, que se mantienen a medio y largo plazo. Así que hay muchos motivos para preocuparse”, detalló.

Este informe ha sido elaborado por 40 expertos de 18 organizaciones, gracias a informaciones obtenidas en el terreno y a distancia. En el pasado, se ha declarado una situación de hambruna en partes de Somalia (2011) y de Sudán del Sur (2017).

La CIF no declara la hambruna, sino que aporta las pruebas para que se haga una declaración oficial. Cuando los expertos consideran que se está produciendo y este análisis es confirmado por el Comité de Examen de la Hambruna de la CIF, corresponde a las autoridades gubernamentales y/o los dirigentes de las Naciones Unidas en el país, declararla oficialmente. “En este caso es complicado y entramos en un terreno desconocido, porque en Gaza no hay una autoridad nacional reconocida. ¿Será algo que asuma la Autoridad Palestina? ¿Cuál será el papel de Naciones Unidas?”, se preguntó Bechdol.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Cuando cae la tarde durante el Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes de todo el mundo, en las ciudades y pueblos palestinos suena el inconfundible cañonazo que anuncia que las familias ya pueden reunirse para compartir el iftar, una copiosa cena que pone fin al ayuno y está cargada de tradición y simbolismo. Pero este año en Gaza, el único ruido sigue siendo el de los drones israelíes, solo interrumpido por el de las bombas y proyectiles. “¿Lo oyes? Día y noche así”, dice Taleb en sus mensajes de audio que tienen como fondo este runrún.

También otros años a esta hora, de la cocina de esta familia salía el aroma de las especias del maqluba, del musakhan y de otros guisos palestinos. En la mesa había además sopas, ensaladas, frutas, zumos y dulces. “Esta noche comeremos alubias en lata. Y nada más”, zanja. Las 40 personas, todos parientes más o menos cercanos, que viven desde hace meses hacinadas en un minúsculo apartamento en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja, llevan ya semanas alimentándose a base de alubias, guisantes y atún enlatado. Pero es Ramadán. “Caes más que nunca en la cuenta de nuestra situación miserable y de que no sabemos qué va a pasar con nosotros”, explica, angustiada, Taleb.

Llevamos más de cuatro meses sin comer pollo, carne roja o pescado. Esto no es normal.

Hayar Taleb, madre de familia de Gaza

Según cifras de la ONU, 1,7 millones de gazatíes, es decir el 75% de la población de la Franja, se han tenido que desplazar desde el 7 de octubre, cuando el movimiento islamista palestino Hamás llevó a cabo unos sangrientos ataques en Israel, que, según fuentes oficiales, se saldaron con la muerte de unas 1.200 personas y el secuestro de más de 200. La respuesta militar israelí, que sigue hasta hoy, ha provocado la muerte de al menos 31.000 palestinos y ha causado heridas a unas 73.000 personas, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás.

“No hay dinero, no hay ánimo, no hay comida y no hay espacio material para celebrar un iftar”, agrega Taleb. Cada Ramadán, la familia se preparaba para estas semanas de ayuno y oración, pero también de alegría: se compraban ropa nueva, engalanaban la casa, ponían luces en las fachadas y se reunían en torno a la mesa, invitando a menudo a parientes y amigos a compartir esta comida del atardecer. Pero en este diminuto apartamento de Rafah, las paredes están desnudas y las 40 personas malcomen en el suelo, sobre colchones o de pie.

Un Ramadán de luto

Antes del 7 de octubre, Taleb y su esposo vivían en un apartamento en el centro de Ciudad de Gaza, justo encima del de los padres de esta mujer. Hoy, el edificio está en ruinas. Ambos trabajaban y tenían una vida de clase media, sin lujos, pero sin dificultades excesivas. “Llevamos más de cuatro meses sin comer pollo, carne roja o pescado. Esto no es normal”, lamenta esta mujer. “No hemos podido cocinar ningún plato típico de Ramadán porque no tenemos cómo comprar la mayoría de los alimentos tradicionales. Bien no hay, bien no podemos pagarlos. El otro día me pidieron cinco dólares (4,5 euros) por tres huevos y 50 (45 euros) por un kilo de carne. Nos queda algo de dinero, pero tenemos que racionarlo”, explica.

En la mesa de Taleb tampoco habrá qatayef, el postre oficial del Ramadán, unas empanaditas dulces, normalmente rellenas de crema o nueces con miel. Se venden en puestos por la calle y se compran por docenas. Un iftar sin qatayef es como una Navidad sin turrón. “No hemos podido hacerlos en casa ni comprarlos. Tampoco he visto que nadie estuviera vendiendo por aquí cerca. No habrá nada dulce en la mesa… en el sentido literal y figurado de la palabra”, resopla esta mujer, refiriéndose a la grave situación humanitaria de la Franja.

Durante el Ramadán, es normal que los musulmanes den alimentos a quien no tiene y hagan obras de caridad. Pese las dificultades, Taleb lleva semanas organizando colectas entre amigos y conocidos en el extranjero para construir tiendas de campaña en Rafah, donde hay mucha gente viviendo en la calle. “Pero los toldos y la madera para la estructura cada vez están más caros. En noviembre, fabricar una carpa austera costaba 100 dólares, ahora pasa de los 350”, explica.

A 25 kilómetros de distancia de Rafah en dirección norte, en el campo de refugiados de Nuseirat, Najwa Abu Ahmed (nombre ficticio) ha preparado una cena para romper el ayuno que tampoco se parece en nada a un iftar y que no cambia gran cosa con respecto a los días precedentes. “Hemos perdido el espíritu de Ramadán. No hay encuentros familiares, no hay plegarias, solo hay miedo, bombas y muerte. Son días de luto. ¿Cómo puedo celebrar Ramadán si tengo parientes que han fallecido y mis hermanas y hermanos están viviendo en tiendas de campaña porque sus hogares han sido bombardeados?”, se pregunta esta profesora, de 42 años, en mensajes de voz de WhatsApp.

Hemos perdido el espíritu de Ramadán. No hay encuentros familiares, no hay plegarias, solo hay miedo, bombas y muerte. Son días de luto.

Najwa Abu Ahmed, palestina de Gaza

Abu Ahmed, su esposo y sus tres hijos volvieron hace poco a su vivienda parcialmente destrozada en Nuseirat, tras haber pasado semanas en Rafah, hacinados en el apartamento de unos amigos. “Israel anunció una operación terrestre en el sur y decidimos marcharnos a casa. Aprovechamos un corredor anunciado por el ejército israelí y no nos ocurrió nada”, explica Abu Ahmed. Ahora son 10 personas bajo el mismo techo, porque han recibido a una hermana de Abu Ahmed y a sus hijos, cuya vivienda en la localidad de Jan Yunis fue bombardeada. En la zona hay dos familias más. El resto son casas vacías o convertidas en ruinas.

Té sin azúcar y pan seco

La familia lleva semanas comiendo una vez al día y en su menú hay lentejas, conservas y en el mejor de los casos alguna verdura que encuentran en los puestos callejeros de algunos comerciantes. “Mi marido salió esta mañana a ver qué conseguía. Siempre uno de los dos se queda con nuestros hijos. Y finalmente he hecho berenjenas con patatas. El kilo de berenjenas nos costó cinco dólares (4,5 euros) y el de patatas cuatro (3,6 euros)”, explica, calculando que es el triple de lo que pagaban antes de octubre. “Y después de tantas semanas de guerra se nos ha acabado el efectivo. Cuando algún familiar o conocido nos envía dinero del extranjero, podemos ir a una oficina de cambio o al mercado negro, pero se llevan una comisión importante. Todo son dificultades”, suspira.

Para el suhur, el desayuno que se toma antes del amanecer durante Ramadán, esta madre palestina preparó té y un poco de pan seco con zaatar, una mezcla de especias y hierbas aromáticas como tomillo y orégano. “Té sin azúcar”, interviene Mustafá, su esposo. Él no está ayunando este año. “Alá no lo tendrá en cuenta, después de todo lo que estamos viviendo”, dice. Todos los musulmanes que han alcanzado la pubertad, salvo las mujeres embarazadas, enfermos y alguna otra excepción, respetan el ayuno y la oración del mes de Ramadán, uno de los cinco pilares del islam.

“Los niños son quienes más me preocupan. Están comiendo mal y no tienen cómo entretenerse. No hay colegio, no hay apenas conexión a internet, no tienen amigos cerca…”, lamenta Abu Ahmed. En Nuseirat hay menos comida, en cantidad y en variedad, según esta familia, porque la escasa ayuda humanitaria que entra en Gaza desde el paso de Rafah, limítrofe con Egipto, se queda sobre todo en el sur. “Las noticias dicen que hay gente muriendo de hambre en el norte, pero en el centro y en el sur también ocurre. ¿Qué están comiendo nuestros niños y nuestros abuelos? Solo cosas enlatadas, nada fresco. Esto es impensable, es un desastre”, solloza esta mujer.

Tras el frugal iftar, la familia realiza la oración del tarawih, la plegaria de la noche. En Gaza muy pocas mezquitas siguen llamando a los fieles. La mayoría están en ruinas o se han convertido en refugios para desplazados. “Y las que siguen abiertas, cierran cuando cae la noche porque temen los bombardeos israelíes. Durante el día, algunos hombres se aventuran a rezar en las mezquitas o en lo que queda de ellas, pero es peligroso. Nosotros rezamos en casa”, explica Abu Ahmed. “Aunque finalmente, todos los lugares en Gaza son peligrosos. Y no sabemos qué va a ocurrir en los días venideros, ahora que parece que no hay esperanzas de una tregua inminente”.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“Mis cuatro hijos me preguntan por qué nos matan, qué hemos hecho para sufrir algo así. Si yo no consigo encontrar una explicación de hacia dónde vamos y por qué estamos viviendo esta injusticia, ellos aún menos”, explica a este diario en mensajes de audio enviados por WhatsApp, afirmando que se siente “inútil e impotente” para calmar los temores de los pequeños, de entre cuatro y 10 años, que además están a menudo enfermos debido a la mala y escasa alimentación.

Este hombre de 34 años, experto en tratamiento de quemados graves, lleva desde 2012 trabajando para la ONG y antes de octubre era empleado de una clínica de la organización en la ciudad de Gaza. Ahora, envía sus mensajes desde un refugio de MSF en Rafah, la última ciudad del sur de la Franja, fronteriza con Egipto. Es el tercero en el que vive desde que empezó la guerra, el 7 de octubre, pero en ningún momento ha dejado de trabajar como enfermero.

Primero en el hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza, después en el hospital Europeo, de Jan Yunis. “Era muy peligroso llegar hasta allá cada día. Decenas de pacientes llegaban en medio de una falta total de doctores, medicamentos y material. Había pacientes que necesitaban curas diarias para sus heridas, otros tenían heridas muy graves y no podían recibir los cuidados que requerían”, recuerda. “Me ocupé de una niña pequeña allá. Le llevaba comida y algo de ropa. Tenía cinco años y era la única superviviente de toda su familia, aunque sufrió severas quemaduras en muchas partes del cuerpo. Pedía ver a su madre, pero estaba totalmente sola”, agrega. Ahora, este enfermero atiende a heridos de guerra en el hospital de campaña indonesio de Rafah.

La huida de esta familia comenzó el quinto día de bombardeos israelíes, hacia el 13 de octubre, cuando Hawajri, su esposa y sus cuatro hijos tuvieron que abandonar su casa en la ciudad de Gaza. Un supermercado colindante fue alcanzado de lleno por un proyectil y la vivienda de este enfermero también quedó inhabitable. La familia encontró refugio en una casa-oficina de la ONG en la misma zona hasta mediados de noviembre. “El tiempo en que estuvimos refugiados en esa casa de MSF los pasamos rodeados de tanques. El sonido de los disparos y el ruido de los blindados desplazándose no paraba nunca. Mis hijos quedaron traumatizados e incluso hoy confunden los sonidos de los coches con los de los tanques”, explica.

Mis cuatro hijos me preguntan por qué nos matan, qué hemos hecho para sufrir algo así.

Mohammad Hawajri, enfermero de MSF

Volver y reconstruir

El 7 de octubre, milicianos del movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna de facto en Gaza, se infiltraron en Israel y mataron a unas 1.200 personas y tomaron como rehenes a 250, según cifras oficiales. Horas después, Israel lanzó una ofensiva militar, aérea y terrestre, contra la Franja que dura hasta hoy y ha provocado más de 30.000 muertos en Gaza, según cifras del Ministerio de Sanidad palestino.

“Mis hijos están muy afectados por la guerra, me cuesta mucho que se duerman. El pequeño se despierta un montón de veces, tiene pesadillas y pregunta por sus juguetes, su mochila del colegio o su habitación. Mi hija mayor perdió a algunos amigos y profesores, su escuela fue bombardeada varias veces y no deja de pensar en eso”, explica. “Intento contarles historias de esperanza, que esta guerra terminará y mañana, ojalá, podremos volver a nuestra casa, la arreglaremos y reconstruiremos Gaza”, agrega.

Cuando la familia de Hawajri llegó del norte a Rafah, encontró cobijo junto a otros trabajadores de MSF en un antiguo salón de eventos que la ONU habilitó como refugio. Pero a principios de enero un obús de tanque atravesó una de las paredes e hirió gravemente a una niña de cinco años, Malak, hija de un empleado de la organización, que falleció posteriormente. Si el proyectil hubiera explotado habría sido una masacre.

Desde ahí, Hawajri y su familia se instalaron en otro refugio, también en la ciudad de Rafah. “Es muy duro seguir siendo fuerte. Me despierto cada día y doy gracias por estar aquí todavía. Primero, compruebo cómo están mis cuatro hijos, si se sienten bien, porque han tenido problemas de salud como calambres en el abdomen y dolores de estómago. Intento darles té caliente, veo cómo conseguir agua en buen estado... “, explica.

Es una batalla lograr pan, alubias enlatadas, alguna galleta o lo que sea para que mis hijos coman. Ya no hay comida sana en el mercado.

Mohammad Hawajri, enfermero de MSF

Este padre de familia explica que frecuentemente están enfermos, como gran parte de los niños de Gaza, que comen poco y lo que encuentran, a menudo comida en mal estado y agua no potable. Además, el humo y las sustancias desprendidas por las bombas y los explosivos les afectan al sistema respiratorio y a los ojos. “Soy enfermero y ni siquiera logro ocuparme bien de mis hijos. ¿Te das cuenta?”, piensa en voz alta.

“Cada mañana también veo como están mis colegas, que están con nosotros en el mismo refugio. Nos contamos las últimas noticias, a menudo malas. Siempre hay colegas, parientes, amigos que han muerto. Todos los días tengo que dar el pésame a alguien”, explica.

Hacia las siete de la mañana, un autobús recoge a los trabajadores de MSF para trasladarlos al Hospital de campaña indonesio de Rafah, donde la ONG presta apoyo con personal palestino e internacional para atender a heridos que necesitan cuidados postoperatorios. Cuando terminan la jornada, el mismo autobús los traslada al refugio. “Trabajamos duro en el hospital, hacemos todo lo que podemos por los heridos, intentamos salvar vidas. Cuando el autobús nos trae de vuelta, intento ir al mercado que está cerca del refugio, para comprar algo de comida para los niños. Es una batalla lograr pan, alubias enlatadas, alguna galleta o lo que sea para que mis hijos coman. Ya no hay comida sana en el mercado”, concluye.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

El anuncio hecho hace un mes por las autoridades israelíes de una operación terrestre en Rafah que obligará a evacuar a los ya desplazados en esta zona, el hambre que va en aumento mientras no entra suficiente ayuda humanitaria y la desesperación que generan cinco meses de guerra han hecho que miles de gazatíes intenten salir del territorio a cualquier precio. Muchos aspiran a reunir el dinero a través de campañas de micromecenazgo, con mensajes desesperados en inglés que se multiplican cada semana.

El fin es reunir la cantidad exigida por unas opacas redes de intermediarios que les facilitan el cruce a través de Rafah, el paso fronterizo con Egipto. Es el tansiq (coordinación, en árabe), como llaman a la operación que consiste en que una mafia soborne a las autoridades para asegurarse de que un nombre concreto se incluya entre los 250 diarios de la lista de la policía egipcia en el cruce. Esa lista existe desde hace años, pero entrar en ella solía costar entre 300 y 600 dólares (entre 275 y 550 euros).

Desde octubre, ya huyeron de Gaza a través de Rafah la inmensa mayoría de palestinos que poseían un pasaporte extranjero o tenían suficiente poder adquisitivo para pagar por sí mismos a la mafia. Quedan quienes no tienen otra opción y, en un territorio donde más del 50% de la población era pobre antes de la guerra, la única solución ahora para huir es recurrir a colectas y micromecenazgos.

Pagar a esa red de intermediarios no implica automáticamente cruzar a Egipto, sino la posibilidad de hacerlo en los días venideros, explican gazatíes que conocen el sistema. Cuanto más se paga, más rápido es el proceso. La cantidad exigida depende de quién seas, de la prisa que tengas, de tus contactos o de tus inclinaciones políticas, entre otros. En enero, oscilaba entre 4.500 y 11.000 dólares (entre 4.150 y 10.150 euros). Hoy, entre 7.000 y 12.000, según distintos testimonios. Aljazzar calcula que en su caso, el pago de este soborno será de unos 5.000 dólares. Es la crueldad de la ley de la oferta y la demanda, con la espada de Damocles de una invasión militar inminente, como reiteró este jueves el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu: “Quien nos dice que no operemos en Rafah, nos dice que perdamos la guerra. Y eso no va a pasar”.

Otro reto es el pago. El bloqueo israelí en vigor en la Franja desde 2007 y las medidas para evitar que el movimiento islamista Hamás se dote de fondos, dificultan el comercio con Gaza. La guerra ha hecho el resto. En este momento, hay interminables colas en los escasos cajeros que aún funcionan en Rafah y ante las oficinas de Western Union aún activas. Por ello, quienes organizan las colectas, usan familiares y amigos en el extranjero para hacer llegar el dinero recaudado directa o indirectamente a los intermediarios en El Cairo.

Más dinero, más rápido

Las plataformas de micromecenazgo están inundadas de casos como el de Aljazzar. Una foto, una breve historia de la persona explicando quién es, dónde se encuentra y qué aspiraciones tiene, y un detalle de los gastos que debe afrontar. Una simple búsqueda con la palabra Gaza en la principal, GoFundMe, aporta más de 500 resultados. Cada semana son más.

Asma Aldada tiene 27 años y una petición en GoFundMe: “Cuando se anunció la incursión [terrestre israelí] en Rafah, entendimos que no quedaba lugar para nosotros. No queremos ser desplazados nuevamente. Solo volver a nuestros hogares de los que no sabemos nada. Al comienzo de la guerra, estaba en contra de quienes salían de Gaza y abandonaban el vínculo con la tierra y el sumud [la perseverancia, un importante valor en el nacionalismo palestino], pero ahora tengo miedo por mi familia y la guerra se prolonga. No queremos acabar en la calle, por eso decidí hacer esta petición”, cuenta por mensajes de WhatsApp.

Son seis en la familia y duermen en una carpa de plástico. “Cuando llueve, el agua entra por debajo y moja la ropa que está en el suelo”, cuenta. Algunos huyeron a toda prisa de la casa en la capital con apenas dos mudas en el bolso. Aldada ha pasado de volar el año pasado a Jordania a representar a Palestina con su proyecto de artesanía (Gaza handmade, Gaza hecho a mano) a comer de la ayuda humanitaria y de lo que su madre cocina en un horno de barro, por falta de gas y electricidad. “Compramos agua para beber y para lavarnos. Hemos llegado a beber agua salada”, cuenta. Trata de recaudar 50.000 euros para que puedan salir los seis. Lleva 355.

Sus mensajes por WhatsApp contrastan con su humor en Instagram, donde simula los vídeos en los que famosos e influencers resumen su día. Ella narra en primera persona su jornada en Gaza: tomó “el Land Rover de papá” (muestra un carro tirado por un burro), entró “al centro comercial a comprar Prada y Adidas” (ropa de segunda mano en las calles de Rafah) y se llevó “en el Carrefour” (el mercado negro) cebollas a 50 séquels el kilo (casi 13 euros, en los precios inflados por la falta de alimentos).

La mención de Aldada al sumud remite al dilema que plantean estas iniciativas: intentar salvar la vida y la de tus seres queridos alimenta, a la vez, a las mafias que se lucran con la desesperación y convierte el derecho a sobrevivir en una cuestión de dinero, conexiones con el extranjero o dominio del inglés. Además, refuerza la idea de la ultraderecha israelí de una Gaza vacía de palestinos y con asentamientos judíos como los evacuados en 2005. En los últimos meses, en Israel se habla de “emigración voluntaria”, un eufemismo para forzar a los palestinos a abandonar Gaza, sin expulsarlos directamente. El ministro de Legado, Amijai Eliyahu, ha llegado a provocar risas al presentarla como una forma para que los gazatíes que lo deseen “mejoren donde viven” y otro, Shlomo Karhi, titular de Comunicaciones, ha señalado que “la propia guerra” hará que muchos acaben queriendo irse.

“Incluso cuando termine la guerra, es difícil imaginar cómo será la vida en Gaza en el futuro”, dice Aljazzar, casi disculpándose por querer huir. En las últimas semanas, la mayoría de los contactos mantenidos con los gazatíes terminan en el tema financiero. Las personas, angustiadas, piden ayuda cada vez con menos pudor e insisten en que se difunda su petición de micromecenazgo.

Como Tamer Ashraf, de 20 años. Recauda a través de un amigo en Suiza 100.000 francos suizos (más de 100.000 euros) para sacar a 11 miembros de su familia. “Es mucho, pero necesario para escapar de este genocidio, especialmente antes de la invasión terrestre de Rafah”, justifica.

Entre los motivos que señala por WhatsApp para irse, cita tratarse heridas en un pie y una mano o la previsible invasión de Rafah, pero sobre todo salvarse de lo que considera “una muerte segura”. “No me iría de mi país y mi patria si no fuese la única forma de sobrevivir. Y para sobrevivir, necesitas mucho dinero”, resume. Ashraf se queja de que el precio para poder cruzar la frontera “cambia cada día” y puede superar ya los 10.000 dólares por persona.

Es también el caso de Ibrahim. Estudiante de Medicina, pide 27.000 dólares (24.600 euros) para terminar su carrera en el extranjero y desde diciembre ha obtenido 7.000. “No he logrado lo mínimo que necesito para salir. Estoy muy cansado. Ojalá alguien conocido viera mi petición y decidiera apoyarme con el dinero que falta”, dice a este diario en una llamada entrecortada desde Deir el Balah, en el centro de Gaza.

O de Feras Al Jatib, que cuenta por mensajes directos de Instagram que necesita “lo que sea” para irse con su familia y, de momento, para el alquiler que ha encontrado en Zawaida, en el centro de Gaza, tras tener que huir de su casa en la capital. “El casero me va a echar en breve porque no puedo pagarle”, lamenta.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.

Seguir leyendo

En estos momentos, todo el mundo en Gaza está pasando hambre y más de un cuarto de sus 2,2 millones de habitantes se enfrenta a “niveles catastróficos de privaciones y falta de comida”, según la ONU. La hambruna, la fase más crítica de la inseguridad alimentaria, es “inminente”, sobre todo en el norte de la Franja y “casi inevitable” sin intervención externa en un plazo de tiempo muy corto. “Israel está matando de hambre intencionalmente a los palestinos de Gaza desde el 8 de octubre”, han denunciado esta semana expertos de la ONU.

¿Qué es la hambruna?

Hambre y hambruna no son lo mismo. La gravedad y la magnitud de la inseguridad alimentaria se miden en la llamada Clasificación Integrada de las Fases (CIF, en español, IPC, en inglés), un conjunto de procedimientos y herramientas internacionalmente aprobados y totalmente independientes que establecen cinco fases: mínima, acentuada, crisis, emergencia y hambruna. Para que oficialmente se considere que la hambruna está castigando a una población hay tres criterios: que un 20% de los habitantes esté muriendo de hambre, que un 30% de los niños esté gravemente desnutrido y que dos de cada 10.000 muertos al día se deban a la desnutrición o falta total de comida.

¿En qué situación se encuentra Gaza ahora?

En este momento y según el CIF, 2,2 millones de gazatíes, es decir, toda la población, están ya en la fase 3 o crisis, “el porcentaje más alto de personas que sufren este tipo de inseguridad alimentaria aguda” que esa clasificación “ha registrado jamás”. Un 50% de la población se encuentra en situación de emergencia (fase 4) y, al menos uno de cada cuatro hogares, en condiciones catastróficas o hambruna.

El director ejecutivo adjunto del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Carl Skau, advirtió a finales de febrero de que es necesario actuar inmediatamente para permitir un aumento del volumen de alimentos que llegan al norte de la Franja, porque “si nada cambia, la hambruna es inminente” en esa zona. En el sur, las organizaciones humanitarias están entregando alimentos, pero no de forma suficiente ni regular. Skau mencionó “una perspectiva real de hambruna para mayo” en Gaza, pero Máximo Torero, economista jefe de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es aún más pesimista: “Yo creo que la velocidad y expansión del conflicto puede llevar a que esto suceda más rápido”, declaró a este diario. El CIF publicará un informe actualizado sobre Gaza a mediados de este mes, que según este experto confirmará sin duda el deterioro en materia de seguridad alimentaria y nutrición sufrido en las últimas semanas.

Se está quitando a la población cualquier posibilidad de sobrevivir porque no tiene acceso a la comida y al agua

Máximo Torero, FAO

¿Por qué el caso de Gaza no tiene precedentes?

“Por la velocidad en la que se ha producido este deterioro y porque toda la población de Gaza en este momento ya pasa hambre, está en la fase 3 de la clasificación”, afirma Torero.

Según el experto de la FAO, esta situación no se registra en otros lugares castigados por el hambre extrema, donde sí se puede acceder a la población. En Gaza, el problema no solo es la guerra, cada vez más extendida e intensa, sino “los graves daños en las infraestructuras y la imposibilidad de que entre la ayuda humanitaria, además del desplazamiento sin precedentes de la población y la destrucción de los servicios de agua y saneamiento”, agrega. “Es una situación totalmente anómala que viola todos los derechos a la alimentación. Se está quitando a la población cualquier posibilidad de sobrevivir porque no tiene acceso a la comida y al agua”, zanja el economista jefe de la FAO.

¿Los gazatíes pasaban hambre antes de octubre de 2023?

Gaza es objeto de un bloqueo israelí desde 2007, cuando el grupo islamista palestino Hamás se hizo con el poder en la Franja. Nada ni nadie entra o sale de este territorio palestino de 365 kilómetros cuadrados sin autorización israelí. Entre un 53 y un 59% de los gazatíes vivían en la pobreza antes de que comenzara esta nueva embestida del conflicto. El 7 de octubre de 2023, milicianos de Hamás se infiltraron en Israel y mataron a unas 1.200 personas y tomaron como rehenes a 250, según cifras oficiales. Israel lanzó una ofensiva militar, aérea y terrestre, contra la Franja que dura hasta hoy y ha provocado más de 30.000 muertos en Gaza, según cifras del Ministerio de Sanidad palestino.

Antes de octubre, dos tercios de la población de Gaza recibían ayuda para comer, en forma de alimentos o de subvenciones. La desnutrición infantil aguda no llegaba al 1%.

¿Cómo afecta esta grave falta de alimentos a los niños?

La mitad de la población de Gaza es menor de edad. En este momento, un 15% de los niños de menos de dos años sufre desnutrición aguda en el norte de Gaza, según un estudio conjunto de Unicef y el PMA (Programa Mundial de Alimentos). Según los expertos de la ONU, todos los niños por debajo de cinco años, es decir, 335.000, están en riesgo de sufrir una desnutrición aguda grave, según los expertos de la ONU.

En febrero, un informe del Global Nutrition Cluster (GNC), alianza de ONG y entidades de la ONU liderada por Unicef, concluyó que más del 90% de los niños de menos de cinco años de Gaza están comiendo dos veces al día o menos. Debido a la escasez de alimentos, a que a veces no están en buen estado y a unas condiciones generales de higiene pésimas, estos niños se ven afectados por enfermedades infecciosas, sobre todo, diarreas potencialmente mortales debido a que su sistema inmunitario está ya debilitado por la falta de alimentos y agua.

Los expertos de la ONU han señalado que en el hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, ya hay 15 niños que han muerto debido a la desnutrición. En la noche del viernes, otros tres niños murieron por la misma causa en el hospital Al Shifa, también en el norte, según informó el sábado el portavoz del Ministerio de Sanidad de Gaza, Ashraf Al-Qidr. “Cuando los niños comienzan a morir así, sabemos que la hambruna está ahí o está a la vuelta de la esquina”, advirtieron. Otros menores han fallecido debido a la falta de comida en otros hospitales o refugios donde se hacinan, pero las cifras son difíciles de obtener y de comprobar.

¿Es el hambre un arma de guerra?

El artículo 54 del protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 dice que “se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios (...) ya sea para hacer padecer hambre a las personas civiles, para provocar su desplazamiento, o con cualquier otro propósito”. La Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada en 2018, condena el uso del hambre y la inanición de la población civil como arma de guerra.

En enero, las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas en La Haya exigieron a Israel que tomara medidas inmediatas y efectivas para permitir la provisión de servicios básicos en Gaza, como asistencia alimentaria y el agua potable.

En los últimos meses, varios responsables israelíes, como el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el ministro de Energía, Israel Katz, han expresado su intención de privar a los civiles gazatíes de alimentos y agua.

Los expertos de la ONU han señalado que en el hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, ya hay 15 niños que han muerto debido a la malnutrición

¿Cómo actúa la comunidad internacional ante esta hambruna inmediata?

En los últimos días, se han multiplicado las informaciones sobre negociaciones entre Israel y Hamás auspiciadas por terceros países para un alto el fuego de 40 días. Israel dejaría entrar camiones, tiendas de campaña, combustible y otros materiales para rehabilitar, por ejemplo, los hospitales.

Estados Unidos, Jordania, Egipto, Emiratos Árabes Unidos o Francia han lanzado alimentos a Gaza desde aviones. Israel controla el espacio aéreo de la Franja y estas iniciativas, que para el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, “deberían ser la solución de último recurso”, deben contar con su visto bueno.

El jueves, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que Washington, junto con otros países aliados, construirá un puerto temporal en Gaza para el acceso de ayuda humanitaria desde Chipre, el país de la Unión Europea más cercano a la Franja (unos 370 kilómetros).

“No se puede andar regateando con la ayuda humanitaria. Es una obligación básica de Israel y debe suministrarse de manera incondicional”, recalcaron los expertos de la ONU.

El IV convenio de Ginebra establece que las potencias ocupantes, en este caso Israel, tienen “el deber de abastecer en víveres y productos médicos a la población del territorio ocupado”.

¿Qué pasaría si hubiera un alto el fuego hoy?

“La marcha atrás no va a ser fácil. Esto va a llevar tiempo. Deberíamos garantizar un acceso sin riesgo de la ayuda humanitaria y prever rápidamente una logística para hacer llegar esa asistencia a los sitios donde la gente está muriendo de hambre, porque ya vimos qué pasó la semana pasada”, dice Pires. El responsable de Unicef se refiere a la muerte de más de un centenar de gazatíes cuando perseguían un convoy de ayuda, una parte de ellos por disparos de soldados de Israel, que calificó el hecho de “tragedia”.

“La prioridad es parar la violencia ya y dejar entrar la ayuda humanitaria que espera en la frontera. Primero hay que solucionar la emergencia, reducir el impacto y luego ver cómo reconstruimos y eso va a ser largo. Pero por ahora, la prioridad es el alto el fuego para poder entrar masivamente con asistencia. El tiempo es crucial, hay que actuar de inmediato”, opina Torero.

Las cifras e informes que presentan entidades como la FAO o Unicef se realizan gracias a personal local, a misiones esporádicas de representantes de estas entidades de la ONU y a información obtenida vía satélite. Son fiables, pero “los balances que manejamos ahora son mucho más bajos que la verdad que va a venir cuando podamos entrar en Gaza”, advierte Pires.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Mientras siguen los ataques del ejército israelí en Gaza, hay mujeres dando a luz en tiendas de campaña. No tienen anestesia ni desinfectantes para los partos ni las cesáreas. Cuando apenas hay agua para beber, lavarse es secundario, pero la falta de higiene está disparando las enfermedades. Muchas gazatíes toman pastillas para retrasar la menstruación y tener un problema menos, a pesar de las consecuencias que esto pueda tener para su salud. La periodista palestina Eman Alhaj Ali nos cuenta cómo han ido degradándose sus condiciones de vida desde el 7 de octubre.

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Seguir leyendo

Acaba de aterrizar de Nairobi, anteriormente estuvo en Ghana y en un par de días vuelve a hacer las maletas. Lleva más de 10 años viviendo así, entre el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), donde es profesor desde 2008, Madrid y decenas de lugares inesperados de todo el mundo. En su ahínco de favorecer el acceso universal a la energía ha encadenado responsabilidades y proyectos internacionales que va desgranando conforme avanza esta entrevista.

“La electricidad es un facilitador del desarrollo, el acceso a la electricidad es un imperativo moral. Por ejemplo, sin energía no puedes tener saneamiento, no hay salud y los profesores no quieren ir a dar clase a ese poblado”, dice a este diario en los pasillos de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, donde se licenció como ingeniero en 1970 y con la que está vinculado hasta hoy. “Y Europa está ciega al no darse cuenta de que el problema no son las fronteras, sino los 1.000 millones de vecinos más que tendremos en 25 años en el África subsahariana. Hay que intentar resolver los problemas de estas personas allá donde viven”, agrega.

Su discurso es llano. Tal vez por ser un veterano en la materia o por su mentalidad de ingeniero, huye de la grandilocuencia y del idealismo y se concentra en los hechos. Pérez Arriaga ha tenido responsabilidades en España, donde elaboró, por ejemplo, el Libro Blanco para la reforma de la regulación del sector eléctrico, pero sobre todo en el extranjero. Durante 30 años ha aconsejado a gobiernos y compañías en regulación eléctrica en más de 40 países, ha sido profesor e investigador en varias universidades, ha dirigido decenas de proyectos de investigación y tesis doctorales y ha sido responsable de formación en la Escuela de Regulación de Florencia, un centro integrado en el Instituto Universitario Europeo que tiene por fin mejorar la calidad de la regulación y la política europeas.

Europa está ciega al no darse cuenta de que el problema no son las fronteras, sino los 1.000 millones de vecinos más que tendremos en 25 años en el África subsahariana. Hay que intentar resolver los problemas de estas personas allá donde viven

“Ese runrún de aplicar lo que yo sé para reducir la desigualdad lo tuve siempre, desde que estudiaba. Los ingenieros tenemos que hacer puentes y carreteras, pero también podemos aplicar la ciencia para ayudar a los más desfavorecidos. Tuve que esperar a llegar al MIT y a tener dinero para hacer proyectos para que todo fuera tomando forma”, explica.

En Massachusetts impulsó la creación de un laboratorio para el acceso universal a la energía, conjuntamente con la Universidad Pontificia Comillas. Y en sus primeros viajes a la India germinó la idea de crear un programa informático llamado REM (Reference Electrification Model) que, gracias a análisis técnicos y económicos, al estudio exhaustivo del terreno, imágenes vía satélite y hasta a la inteligencia artificial, elabora un plan detallado de lo que habría que hacer para electrificar una zona, cómo llegar a cada casa y cuánto costaría. “Es la bomba, es muy bueno”, celebra Pérez Arriaga. “Primero ganamos un concurso para hacer un plan de electrificación de Ruanda, convocado por el Banco Mundial. Después fue Mozambique y después, Indonesia. Decidimos crear una pequeña empresa, que se llama Waya, que desde 2019 ha hecho planes nacionales para 22 países: Bolivia, El Salvador, Panamá, Ecuador, Gambia, Pakistán o Camboya”, cita.

Proyectos en un cajón

Algunos países, como por ejemplo Ruanda, un Estado pequeño y con fondos internacionales —dos aspectos cruciales para esta tarea— están llevando a la práctica el plan elaborado por el equipo de Pérez Arriaga. Pero el experto admite que a menudo sus proyectos se quedan en un cajón de un ministro por no saber quién puede llevarlo a la práctica y con qué dinero.

“Por ejemplo, en el África subsahariana hacen falta entre 160.000 y 200.000 minirredes, es decir, dispositivos de generación normalmente solares que brindan electricidad en zonas aisladas, donde no es rentable ni fiable extender la red eléctrica tradicional. Instalar esas minirredes costaría unos 20.000 millones de euros. Es un montón de dinero y no hay fondos públicos para eso. Hay que recurrir al capital privado, pero ¿quién va a invertir en un negocio que cuesta más de lo que la gente pagará en sus facturas?”, se pregunta.

Necesitamos planes nacionales y dinero. Y la gente solo invertirá si hay una buena regulación. La regulación no instala el panel solar, pero sí allana el camino para que eso ocurra.

La respuesta no vendrá, según él, de proyectos pequeños, de ONG o agencias de cooperación, que dotan de minirredes a una población, pero carecen de un plan global y muchas veces no pueden garantizar que el dispositivo siga funcionando con el tiempo, una vez que ellos ya no estén allá. “Hacen un gran trabajo, pero necesitamos planes nacionales y dinero. Y la gente solo invertirá si hay una buena regulación. La regulación no instala el panel solar, pero sí allana el camino para que eso ocurra. Y ese es mi trabajo actualmente”, explica.

En esta tarea titánica, su consigna es pensar en grande porque el problema es inmenso. “Más de 600 millones de personas en África no tienen electricidad”, recuerda el experto. Por ello, tras años de grupos de trabajo internacionales, negociaciones y búsqueda de fondos, se logró lanzar el pasado septiembre la Escuela de Regulación Africana, (ASR, por sus siglas en inglés), que ya recibió un espaldarazo rotundo de la Unión Africana. La ASR tiene su sede provisional en Italia, en la Escuela de Regulación de Florencia, pero en los meses venideros será acogida por la Fundación Africana para el Desarrollo de Capacidades (ACBF, por sus siglas en inglés) en Accra. “Porque es una institución africana”, insiste Pérez Arriaga, que preside la institución de manera temporal, hasta que el 1 de abril asuma las riendas el keniano Frederick Nyang. La organización, que aspira a mejorar la calidad de la regulación y la política energética africanas, cuenta con el respaldo financiero de la Unión Europea, de la Fundación Rockefeller y la Fundación Enel, entre otros.

“La idea es asesorar a los países sobre cómo organizarse para implementar los planes de electrificación: concesiones, privatizaciones, apoyo a empresas mediante subsidios... Y también ayudarles a definir el entramado del negocio y a cómo crear la confianza de los inversores privados. Además, la escuela brinda cursos, crea espacios de diálogo, hace investigación aplicada...”, explica el experto.

Transformar la vida de la gente

Pérez Arriaga habla rápido y sin titubeos. Recita de memoria porcentajes, los millones de personas que viven en tal o tal país o los proyectos exitosos y fracasados. Recuerda a sus exalumnos convertidos hoy en responsables de grandes empresas de energía a los que a veces tiene que recurrir, y también los viajes que le han marcado: el primer pueblo de Ruanda, una comunidad del Estado indio de Bihar...

“Hablamos mucho de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que deben concretarse antes de 2030 para ayudar a que todo el mundo tenga un mínimo de muchas cosas, entre ellas energía. Pero ahora ya hay una conciencia de que no se están cumpliendo y ni de coña se van a cumplir”, asegura, pragmático.

En el MIT y la Universidad Pontificia Comillas han creado un índice con los países que de aquí a 2030 aún pueden lograr un acceso universal a la energía y los que no podrán conseguirlo y para los que habrá que fijar nuevas metas y nuevos planes, entre ellos, 20 o 25 Estados del África subsahariana. Por ejemplo, Malaui, donde la electrificación ronda el 13%, Burundi, con un 12%, o Nigeria, un país de 220 millones, la mitad sin electricidad, “donde se ha privatizado el sector, pero se ha privatizado mal”.

—¿Y si tuviera que elegir un momento en el que se haya dicho que todo este viaje vale la pena?

— Los momentos buenos no son los estudios, sino ver las cosas que pasan. Por ejemplo, fue bonito conseguir el primer proyecto para Ruanda e ir allí. O viajar a un pueblo de Perú, con un exalumno que tuvo una idea genial que ha beneficiado ya a decenas de miles de personas: una empresa que suministre kits solares a familias. Esos dispositivos son propiedad de la compañía, que es responsable del servicio y de su manutención. Los usuarios pagan un poco y el Gobierno asume el resto. Fuimos a esa comunidad perdida y ahí uno se da cuenta realmente de cómo la electricidad puede realmente transformar la vida de la gente.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“Nos avisaron en medio de la noche y nos fuimos rápidamente con una mochila para seis. Me llevé también dos libros muy importantes para mí, uno de poesía persa y otro, la correspondencia entre Albert Camus y María Casares”, cuenta en Madrid, dos años y medio después, esta chica de mirada curiosa y sonrisa franca.

Tiene solo 20 años, pero una madurez que sorprende. Tal vez porque el viaje entre Afganistán y su vida actual en España ha sido largo y doloroso. Hasta hoy, Ahmadi está asumiendo la “tristeza de ser una refugiada” y explica que ha tenido que aprender casi todo desde cero. “Por ejemplo, a cruzar una calle. Parece una tontería, pero en Afganistán no hay prácticamente semáforos y mi familia y yo no sabíamos cuándo pasar o en qué dirección mirar”, cuenta a este diario, al margen de un encuentro celebrado a finales de febrero en el marco de la Semana de la Sostenibilidad de la escuela de negocios Esade. “Pero sé que la libertad a la que aspiro no viene así como así, hay que luchar para tenerla. Y mi familia y yo nos empeñamos en salir adelante en España”, agrega.

En ese largo camino hacia la integración, Ahmadi ha estado acompañada por un grupo de mujeres que hasta hace tres años no tenían ninguna conexión con Afganistán y que, paralelamente a la asistencia del Estado, han estado presentes para facilitar la vida de esta joven y de varias decenas de afganas que también han recibido asilo en España.

“Todo empezó casi por casualidad”, explica María José Rodríguez, abogada y presidenta de la asociación Netwomening. Primero fueron unos mensajes en un grupo de WhatsApp en agosto de 2021 pidiendo ayuda para unas chicas afganas, a los que siguieron llamadas a órganos del Gobierno. Rápidamente, varias mujeres decidieron echar una mano y se fueron organizando, también en coordinación con ONG extranjeras. La alegría que produjo haber logrado sacar a algunas familias de Kabul sirvió como impulso para seguir trabajando y se logró fletar vuelos a Emiratos Árabes Unidos, que transportaron a periodistas, juristas y otras profesionales cuyas vidas corrían peligro, antes de lograr que fueran recibidas por otros países, como España.

La libertad a la que aspiro no viene así como así, hay que luchar para tenerla. Y mi familia y yo nos empeñamos en salir adelante en España.

Waheda Ahmadi

“Somos voluntarias y hemos ayudado a que estas mujeres puedan reiniciar su vida en España, mientras seguimos trabajando para que otras vengan a través de terceros países en los que han encontrado refugio temporal. Pero cada vez es más difícil”, explica Rodríguez.

Netwomening tiene hoy 150 voluntarias en toda España y presta apoyo en estos momentos a 90 afganas y sus familias en actividades simples de la vida diaria que pueden resultar un galimatías o un camino de obstáculos. “Tenemos un claro enfoque de género. Las mujeres son las más vulneradas, y no nos gustaría que aquí se replicara el rol de segundas de a bordo que tenían en Afganistán. Tienen que adaptarse a la cultura occidental y necesitamos empoderarlas para que tengan la misma fuerza que los hombres que las van a rodear en la vida entre nosotros. Queremos también que nuestro apoyo beneficie a sus esposos y toda su familia”, explica Maite Pacheco, cofundadora y directora de Netwomening.

Las voluntarias se convierten en una especie de madrinas, dispuestas a ir al supermercado o al parque, a hablar por teléfono, a tomar un café o a ayudarles con el español. “No pretendemos cubrir todo lo que necesita esa persona, pero sí esa dosis de afecto, ser una mano amiga”, insiste Pacheco.

“Habrían venido a por mí”

Anusha Majidi está en España gracias a esta red de solidaridad femenina. En Afganistán era abogada defensora de mujeres y entró en una lista de personas que saldrían de Kabul en agosto de 2021 en un avión fletado por España. Pero esta mujer, en la época embarazada de su segundo hijo, no logró llegar a tiempo al aeropuerto.

“En mi país hay lugares donde las mujeres no tienen ningún derecho a elegir nada relativo a su vida. Mi trabajo era duro, algunos maridos que perpetraban esos abusos me amenazaban a mí y a mi familia. Pero yo sentía una gran satisfacción con lo que hacía y me decía que si no las defendía yo quién lo iba a hacer”, explica esta mujer de 29 años y profundos ojos negros.

Netwomening tiene hoy 150 voluntarias en toda España y presta apoyo a 90 afganas y sus familias en actividades simples de la vida diaria que pueden resultar un galimatías o un camino de obstáculos

Finalmente, y gracias a una red internacional de ONG, entre ellas Netwomening, ella y su familia lograron embarcar en un vuelo con destino Abu Dabi, donde estuvieron más de seis meses en un campo de refugiados. “Fue una situación muy dura. Anusha casi no podía salir del campo a hacer trámites a la embajada. Logramos que saliera embarazada de siete meses”, recuerda Rodríguez.

“He pasado momentos muy duros”, dice esta abogada afgana, con voz pausada y triste, al lado de su madrina, Alicia Ortega, profesora en Esade. “Un idioma nuevo, mi hijo recién nacido, mi tercer embarazo y siempre pensando en la familia que se había quedado en Afganistán... Me sentía muy sola, con una depresión posparto fuerte y hasta empecé a mirar billetes de avión para volver a Kabul. Mi marido me decía: ‘Estás loca, no podemos volver’”, recuerda.

Majidi es consciente hoy de que regresar no era ni es una opción. Explica que sus vecinos sabían que era abogada y había trabajado para ONG y entidades extranjeras y podrían haberla denunciado ante los talibanes. “Y tal vez personas que fueron condenadas gracias a mi trabajo y que ahora quedaron libres, habrían venido a por mí. Ha habido otras mujeres como yo a las que han buscado casa por casa. Algunas han aparecido muertas y se ha dicho que se suicidaron, pero muy probablemente no fue así”, explica.

Desde agosto de 2021, los fundamentalistas comenzaron a borrar la presencia de las mujeres de la mayoría de los sectores profesionales. Además, les cerraron las puertas de los institutos de secundaria y, en diciembre de 2022, les prohibieron el acceso a la universidad. Por todo ello, la ONU cree que las afganas podrían ser víctimas de un “apartheid de género”.

No olvidar Afganistán

Según fuentes oficiales, entre agosto de 2021 y agosto de 2022, es decir, en el primer año tras el retorno de los talibanes, España evacuó a 3.900 personas de Afganistán. Netwomening, además de prestar respaldo moral, asiste a estas mujeres refugiadas en el aprendizaje del español, también ofrece apoyo legal para afganas que siguen intentando llegar a un país seguro desde lugares como India, Pakistán o Irán, y las ayuda a buscar empleo.

El sueño de Ahmadi era seguir estudiando, pero no hablaba una palabra de español al llegar a Madrid. “Me metieron en segundo de Bachillerato. Volvía llorando cada día porque no entendía una palabra. Lo hice en dos años”, cuenta. Su español hoy es impecable, le sale sin pensar. “Tenía unas ganas enormes de poder comunicarme, de decir muchas cosas y creo que eso me ayudó a aprender rápido”, explica. Ahora estudia Educación Infantil en la Universidad Europea por las tardes y trabaja por las mañanas en una tienda para financiar sus estudios. Su sueño sigue siendo formarse en Relaciones Internacionales y Derecho. “Quiero seguir hablando de Afganistán, porque creo que al mundo se le está olvidando. Ha quedado reemplazado por Ucrania o por Gaza”, repite.

Sigo pensando en Afganistán y en sus mujeres, que resisten de mil maneras frente a los talibanes

Anusha Majidi

Su familia también se ha adaptado bien y es ya independiente financieramente: su padre trabaja como albañil y la madre es modista, tienen un pequeño apartamento y sus tres hermanos, de entre ocho y 15 años, también estudian.

“Físicamente, estamos aquí, pero mentalmente yo me quede un poco allá, junto a mis amigas, que me siguen llamando para pedirme ayuda. Ellas son unas valientes y están intentando sobrevivir como sea”, explica.

Majidi también está emergiendo de esa profunda tristeza, mejorando su español, y ya es madrina de otras mujeres afganas que han llegado después. Su marido, médico en Afganistán, ha encontrado trabajo a distancia como informático y ella comienza a hacer alguna consultoría para ONG, relacionada con las mujeres de su país.

“Hoy puedo caminar por las calles sin restricciones, me visto como quiero y me pinto las uñas. Mi hijo puede ir al colegio en un entorno seguro y sin disparos. Tengo una madrina y amigas, algunas han gastado su propio dinero para ayudarme. Pero sigo pensando en Afganistán y en sus mujeres, que resisten de mil maneras frente a los talibanes, como por ejemplo estudiando online o trabajando desde casa”, afirma.

Afganistán ocupa el último lugar (177º) en el último Índice Global de Paz y Seguridad de las Mujeres, elaborado por el Instituto de Georgetown para las Mujeres, Paz y Seguridad y el Instituto de Investigación de la Paz de Oslo (PRIO, por sus siglas en inglés) y publicado en octubre de 2023.

“¿Cuál es mi sueño?” Majidi repite la pregunta con gesto divertido. “Puede parecer algo tonto, pero tener mi propio coche y conducir. Aprendí porque mi marido me enseñó, pero en Afganistán no podía hacerlo y aquí sí me gustaría”.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“Me preocupa especialmente la seguridad. Estar en un campo como este expone a las mujeres a muchos tipos de violencia y desgraciadamente yo he sido víctima”, denuncia Shukuru, con voz firme. Esta joven vivía en la ciudad de Rubaya, y huyó del grupo rebelde M23 tras perder a su familia en los enfrentamientos. Una vez en el campo fue violada por desconocidos que sabían que estaba sola en una tienda de campaña y fruto de la agresión quedó embarazada. Dará a luz el mes que viene.

La República Democrática del Congo (RDC) vive una de las crisis de desplazamiento interno más importantes del continente, con 6,9 millones de personas que se han visto obligadas a dejar sus casas, sobre todo debido al conflicto en el este. Desde octubre de 2022, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que se han desplazado 1,6 millones de personas.

RDC vive una de las crisis de desplazamiento interno más importantes del continente. Desde octubre de 2022, la Organización Internacional para las Migraciones calcula que se han desplazado 1,6 millones de personas

Desde la reactivación de los combates a unos 25 kilómetros de la ciudad de Sake, en la provincia de Kivu Norte, a principios de febrero, se ha registrado un nuevo e importante movimiento de población hacia los campos de desplazados, ya masificados. Más de 214.000 personas se han sumado a las 500.000 ya desplazadas en zonas próximas a la ciudad de Goma, como el campo de Bulengo, según cifras de Unicef.

Vincent Ndahayo, otro residente en este campo, tampoco calla ante el horror que ha padecido y sigue padeciendo. Para él, es urgente que la comunidad internacional “haga algo”. “Esta crisis humanitaria ha hundido a millones de personas en la miseria y la desesperación, necesitamos una ayuda urgente, sobre todo en materia de seguridad, alimentación y salud”, insiste. Ndahayo vivía con su familia en la ciudad de Masisi, en Kivu Norte, y se ganaba la vida criando vacas, vendiendo su leche y fabricando queso. Hoy, duerme al aire libre porque prefiere dejar la pequeña y precaria cabaña que han logrado construir para su esposa y sus seis hijos.

La ofensiva lanzada en 2022 por el M23, grupo de mayoría tutsi, financiado por Ruanda, según el gobierno congoleño, algo que las autoridades de Kigali niegan, ha supuesto la reactivación de un viejo conflicto que comenzó a finales de los años noventa y que nunca llegó a extinguirse. La intervención de una fuerza internacional de los países de la región ha sido un esfuerzo insuficiente para avanzar hacia la pacificación.

“Prefiero regresar”

En estos días, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) alertó de que “el recrudecimiento de la violencia y los enfrentamientos está cobrándose un alto precio entre civiles inocentes” y aseguró que ha recibido informes de asesinatos, secuestros y quema de viviendas.

“Los combates han agravado aún más una situación humanitaria ya de por sí grave”, declaró por su parte Bintou Keita, representante especial del secretario general de la ONU en el país y jefa de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (MONUSCO).

Estoy cansada de esta vida, prefiero volver a mi pueblo que soportar todo esto. Si las autoridades congoleñas no encuentran una solución para nuestro problema, prefiero regresar

Marie Jeanne Mupfuni, desplazada

En el campo de Bulengo hay muchos niños, algunos están con sus padres, otros han perdido a sus seres queridos en la guerra y vagan solos o acogidos por vecinos y conocidos. Cada familia se ha construido un refugio como buenamente ha podido y penan cada día para conseguir alimentos y agua potable, especialmente escasa, lo cual exige instalar puntos de reparto.

“Permanecer aquí es un desafío permanente”, corrobora Marie Jeanne Mupfuni, con la mirada extremadamente cansada. “Vivimos en una pequeña choza hecha de madera y chapa. Las condiciones son precarias, sobre todo cuando llueve, porque el agua entra en la cabaña y no logramos mantener nuestras cosas secas”, dice. “Y si llueve por la noche, tenemos que levantarnos e intentar proteger la esterilla sobre la que dormimos, para que no se empape de agua. Estoy cansada de esta vida, prefiero volver a mi pueblo que soportar todo esto. Si las autoridades congoleñas no encuentran una solución para nuestro problema, prefiero regresar”, afirma.

A su lado, Jean Neti, un joven de 20 años, muestra una mayor resignación. “Dependemos totalmente de la ayuda humanitaria para sobrevivir, porque sin ella no tendríamos ni alimentos ni cobijo, pero incluso con esta asistencia, la vida sigue siendo muy dura. A menudo no tenemos comida y el agua potable es escasa”, explica. Pese a todo, el joven asegura que prefiere el campo a su pueblo, donde tendría que sobrevivir junto a los rebeldes del M23 que lo han ocupado.

Casi tres millones de niños desnutridos

En la ciudad de Goma, situada a una decena de kilómetros, la ONG Liga para la Solidaridad Congoleña es uno de los pocos asideros de esperanza para los desplazados de la guerra con el M23, sobre todo las mujeres. “Pero la precaria seguridad en algunas zonas torna muy difícil el acceso a la población y también contamos con recursos limitados, lo cual nos impide responder de manera adecuada a las crecientes necesidades”, explica Joséphine Malimukono, responsable de la entidad.

La ONG sigue intentando sacar adelante sus programas de sensibilización en derechos humanos y prevención de las agresiones sexuales, al tiempo que ofrece apoyo psicológico a los supervivientes de la violencia e intenta mejorar las condiciones de vida de los desplazados.

“Trabajamos sin descanso, pero hay una falta de coordinación terrible entre los actores humanitarios, lo que genera a veces un desperdicio de recursos y una duplicación de los esfuerzos”, lamenta. “La comunidad internacional tiene un papel fundamental, puede dar apoyo financiero y logístico, pero también fortalecer las capacidades de los actores locales e impulsar una resolución pacífica del conflicto”, pide Malimukono.

Nos enfrentamos a una catástrofe humanitaria de proporciones masivas. No se equivoquen: si no actuamos ahora, se perderán vidas

Peter Musoko, PMA

El 20 de febrero, la comunidad internacional y el gobierno congoleño lanzaron un Plan de Respuesta Humanitario 2024, y solicitaron 2.600 millones de dólares (2.300 millones de dólares) para asistir a unos 8,7 millones de personas en el país.

Paralelamente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertaron de la situación crítica de niños y familias atrapados en la escalada de violencia en el este del país. “Estamos extremadamente preocupados por su seguridad en los campamentos de Goma y sus alrededores”, admitió Grant Leaity, representante de UNICEF en el país.

Las necesidades más urgentes, según estos dos organismos, son el suministro de alimentos y agua potable, desplegar clínicas móviles para prevenir y contener el cólera, suministrar servicios en nutrición y asistencia sanitaria básica, y crear refugios seguros, donde se pueda atender a niños y niñas no acompañados y dar respuesta y prevenir casos de violencia de género. Por ello y para los próximos seis meses, Unicef solicitó 400 millones de dólares (369,1 millones de euros) para su respuesta de emergencia en el país y el PMA solicita 300 millones de dólares (alrededor de 276,9 millones de euros).

Según el PMA, se prevé que un total de 23,4 millones de personas sufran inseguridad alimentaria aguda entre enero y junio de 2024, y se estima que 2,8 millones de niños padecen ya desnutrición aguda en la RDC. “Nos enfrentamos a una catástrofe humanitaria de proporciones masivas. No se equivoquen: si no actuamos ahora, se perderán vidas”, alertó Peter Musoko, director y representante del PMA en el país.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Since October, the simplest gestures of daily care, such as going to the toilet and washing with minimal privacy, have become a real feat for the displaced Gazan women in the huge makeshift camps in the south of the enclave, where tens of thousands of people are crammed together in squalor. These women, in many cases, opt for alternative and sometimes risky solutions for their health, such as taking these medicines.

“The shortage of sanitary pads and tampons aggravates this situation and many women resort to norethisterone pills, as is the case with Shima,” explains Walid Abu Hatab, a medical consultant in Gaza specializing in obstetrics and gynecology. This drug is a hormonal treatment that helps raise progesterone levels to delay menstruation. But it is a double-edged sword: it offers temporary relief in this emergency situation but can cause several adverse side effects, such as irregular vaginal bleeding, nausea, dizziness and mood swings. “These are additional health risks for those already enduring the relentless bombardment,” the expert adds.

According to United Nations figures, 1.7 million Gazans of a population of around 2.2 million have been displaced since October 7, when Hamas carried out bloody attacks in Israel, which, according to official sources, resulted in the deaths of 1,200 people and the kidnapping of over 200. The Israeli military response has killed at least 30,000 Palestinians and injured some 70,000 more, according to figures from the Hamas-controlled Gaza Health Ministry.

The shortage of toilets, washing facilities and accessible laundry services profoundly affects women’s mental equilibrium

Nivin Adnan, Palestinian psychologist and social worker

The flutter of life

“We know that deliveries are taking place, including by Cesarean section, without anesthesia. There is an almost total collapse of the education system and a serious risk that girls who are still alive will miss the entire school year, with associated increased risks, such as child marriage, family separation, or human trafficking. There are also reports of gender-based violence, including sexual abuse and threats of rape of female detainees by Israeli forces in both Gaza and the West Bank,” Dorothy Estrada Tanck, chair of the U.N. Working Group on Discrimination against Women and Girls, told this newspaper.

“The cost of the conflict on women’s well-being has a thousand faces,” says Nivin Adnan, a psychologist and social worker from Gaza, who has also been displaced. She explains that the physical discomfort and psychological disturbances that accompany menstruation are exacerbated in this context of death, fear, misery and displacement.

“The shortage of toilets, washing facilities and accessible laundry services profoundly affects women’s mental equilibrium. In addition, the shelters are meager and lack basic comforts and the slightest privacy,” she adds. The expert also warns that for “girls who experience their first menstruation in such circumstances, resorting to medication that delays the period entails enormous health risks.”

For pregnant women, the journey to motherhood is fraught with danger. In overcrowded makeshift shelters, dilapidated schools and half-destroyed homes, these women struggle to protect the life inside them amid the chaos. Some do not succeed. “I no longer feel the flutter of life inside me. My unborn child, already stripped of its innocence and condemned to ruins,” sobs Aya Ahmad, who believes she lost the baby she was expecting, but has not yet been able to confirm it because she has no access to a hospital or an ultrasound.

Marina Pomares, coordinator of the Doctors Without Borders (MSF) project in Gaza, has just returned from a month-long mission in Gaza and confirms to this newspaper that there are many women who have not been able to go to pregnancy check-ups and do not know how their baby is doing.

The MSF official also explains that there are “complications in pregnancies, abortions, and births in shelters and tents” because Gazans cannot access the few hospitals that are still functioning, or are afraid to go and not be able to receive the care they need. “And once they have their baby, they have to live with them in a tent, in precarious conditions. They are afraid that breastfeeding won’t work, because of the stress, and that they won’t find formula, or that the baby will get sick and they won’t be able to see a doctor.”

This is the case for Noor Zakari, 24, who gave birth to her second baby while living in a displaced persons camp in Rafah. “I am surrounded by many displaced people. It is unbearable to be in a tent during the harsh winter and I am worried about my baby’s health, as it is too cold at night and there are not enough clothes and blankets,” she explains.

The fears of these women are totally justified. These are women who don’t eat, don’t sleep, who have other children to take care of. They are exhausted, but their priority is to survive no matter what

Marina Pomares, Doctors Without Borders

Survival by any means necessary

“Women need sanitary pads, for example, and we can’t even find them in the stores. Nor do they have a decent, safe place to shower or a proper toilet in which to relieve themselves. Going to the bathroom is a feat, because either they are practically in the middle of the street, or they have to go far away and then they have to be accompanied,” says Pomares.

The MSF coordinator also explains that there are women who are suffering from severe vaginal and urinary infections due to the lack of hygiene and the impossibility of changing their clothes. “They come to see us because they feel sick and do not know what is happening to them,” she adds.

The U.N., in its periodic report on the situation in Gaza dated February 23, warned of the urgency of supplying more hygiene materials for the women in the territory. So far, some 9,000 menstrual hygiene kits and some 3,500 dignity kits, including soap, sanitary pads, and underwear, have been distributed, a derisory figure compared to the needs. The U.N. also reports that information is being distributed on how to protect oneself and report sexual assault, and that efforts are being made to create safe places for women and girls.

“The fears of these women are totally justified. These are women who don’t eat, don’t sleep, who have other children to take care of. They are exhausted, but their priority is to survive no matter what,” says Pomares. “It is clear that if a mother has to take her child to a neonatal ICU because of a problem, there is a chance the child will die because there are 60 babies in a space for 12. We are working on instilling some confidence and security in them, but the support we can give women in these circumstances is very limited.”

Asmaa Sendawi is nine months pregnant and lives in a tent in Rafah with her husband. The 27-year-old mother-to-be cannot hide her distress. “The truth is that I don’t know how I’m going to give birth. I am about to, but there is nothing for this newborn. My daughter could die, she will die for sure,” she sobs.

At the moment, the only maternity hospital in Gaza is the Emirati in Rafah, where MSF operates. There are 26 beds but all of them are permanently full and staff perform 80 deliveries a day in addition to those in other medical centers or clinics that are partially functioning, or in shelters. According to UNICEF data, some 20,000 babies were born in Gaza between October 2023 and the end of January.

Sign up for our weekly newsletter to get more English-language news coverage from EL PAÍS USA Edition

Seguir leyendo

Desde octubre, los gestos más simples de cuidado cotidiano, como ir al baño y lavarse con una mínima intimidad, sobre todo durante sus reglas, se convierten en una verdadera proeza para las gazatíes desplazadas en los inmensos campamentos improvisados en el sur de este territorio, donde se hacinan de manera miserable decenas de miles de personas. Estas mujeres deben optar en muchos casos por soluciones alternativas y a veces arriesgadas para su salud, como tomar estos medicamentos.

“La escasez de compresas y tampones agrava esta situación y muchas mujeres recurren a las pastillas de noretisterona, como es el caso de Shima”, explica Walid Abu Hatab, consultor médico en Gaza especializado en obstetricia y ginecología. Este medicamento es un tratamiento hormonal que ayuda a subir los niveles de progesterona para retrasar la menstruación. Pero es un arma de doble filo: ofrece un alivio temporal en esta situación de emergencia, pero puede provocar varios efectos secundarios adversos, como sangrado vaginal irregular, náuseas, mareos y alteraciones del humor. “Son riesgos adicionales para la salud de quienes ya soportan los bombardeos incesantes”, agrega el experto.

Según cifras de la ONU, 1,7 millones de gazatíes, sobre una población de 2,2 millones, se han tenido que desplazar desde el 7 de octubre, cuando el movimiento islamista Hamás llevó a cabo unos sangrientos ataques en Israel, que, según fuentes oficiales, se saldaron con la muerte de 1.200 personas y el secuestro de más de 200. La respuesta militar israelí, que sigue hasta hoy, ha provocado la muerte de al menos 30.000 palestinos y ha causado heridas a unas 70.000 personas, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás.

La escasez de retretes, de instalaciones para lavarse y de servicios de lavandería accesibles afecta profundamente al equilibrio mental de las mujeres

Nivín Adnan, psicóloga palestina

“Sabemos que se están practicando partos, incluyendo por cesárea, sin anestesia. Hay un colapso casi total del sistema educativo y un serio riesgo de que las niñas que aún viven pierdan el año escolar entero, con el aumento de riesgos asociados, como el matrimonio infantil, la separación familiar o la trata de personas. También hay informaciones de violencia de género, incluyendo abusos sexuales y amenazas de violación a mujeres detenidas por parte de las fuerzas israelíes, tanto en Gaza como en Cisjordania”, declaró a este diario Dorothy Estrada Tanck, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación de mujeres y niñas.

El aleteo de la vida

“El costo del conflicto en el bienestar de las mujeres tiene mil caras”, corrobora Nivín Adnan, psicóloga y trabajadora social de Gaza, también desplazada, detallando que las molestias físicas y las alteraciones psicológicas que acompañan a las reglas se exacerban en este contexto de muerte, miedo, miseria y desplazamientos.

“La escasez de retretes, de instalaciones para lavarse y de servicios de lavandería accesibles afecta profundamente al equilibrio mental de las mujeres. A ello se suma que los refugios son exiguos y en ellos no hay comodidades ni la más mínima privacidad”, detalla. La experta avisa, además, que para “las niñas que experimentan su primera menstruación en tales circunstancias, recurrir a medicamentos que retrasan el período entraña enormes riesgos para la salud”.

Y para las futuras madres, el viaje hacia la maternidad está plagado de peligros. En refugios improvisados y superpoblados, en escuelas en ruinas y en casas semidestruidas, estas mujeres luchan por defender la vida que llevan dentro en medio del caos. Algunas no lo consiguen. “Ya no siento el aleteo de vida dentro de mí. Mi hijo no nacido y ya despojado de su inocencia y condenado a las ruinas”, solloza Aya Ahmad, que cree que ha perdido al bebé que esperaba, pero aún no ha podido confirmarlo, porque no tiene acceso a un hospital ni a una ecografía.

Marina Pomares, coordinadora del proyecto de Médicos Sin Frontera (MSF) en Gaza, acaba de volver de una misión de un mes en la Franja, y confirma a este diario que hay muchas mujeres que no han podido acudir a las revisiones propias del embarazo y no saben cómo está su bebé.

La responsable de MSF también explica que está habiendo “complicaciones en los embarazos, abortos y partos en los refugios y tiendas de campaña” porque las gazatíes no pueden acceder a los pocos hospitales que aún funcionan o tienen miedo de ir y no poder recibir la atención que necesitan. “Y una vez que tienen a su bebé, deben vivir con él en una tienda de campaña, en condiciones precarias. Temen que la lactancia no funcione, por el estrés, y que no encuentren leche de fórmula, o que se ponga enfermo y no poder llevarlo a que lo vea un médico”, resume.

Es el caso de Noor Zakari, de 24 años, que dio a luz a su segundo bebé viviendo en un campamento de desplazados de Rafah. “Estoy rodeada de muchas personas desplazadas. Es insoportable estar en una tienda de campaña durante el duro invierno y me preocupa la salud de mi bebé, ya que hace demasiado frío por la noche y no hay suficiente ropa ni mantas”, explica.

Sobrevivir como sea

“Las mujeres necesitan compresas, por ejemplo, y ni siquiera podemos encontrarlas en los comercios. Tampoco tienen un sitio digno y seguro para ducharse ni una letrina correcta en la que hacer sus necesidades. Ir al baño es una proeza, porque bien están prácticamente en medio de la calle, bien tienen que alejarse y entonces deben ir acompañadas”, cita Pomares.

Los miedos de estas mujeres están totalmente justificados. Son mujeres que no comen, no duermen, que tienen otros hijos de los que ocuparse. Están exhaustas, pero su prioridad es sobrevivir como sea

Marina Pomares, MSF

La coordinadora de MSF explica, además, que hay mujeres que están sufriendo fuertes infecciones vaginales y urinarias debido a la falta de higiene y a la imposibilidad de cambiarse de ropa. “Nunca en la vida las habían tenido, vienen a vernos porque se sienten mal y no saben qué les está pasando”, detalla.

La ONU, en su informe periódico sobre la situación en Gaza fechado el 23 de febrero, alertaba de la urgencia de suministrar más material de higiene para las mujeres de la Franja. Hasta el momento, se ha logrado repartir unos 9.000 estuches de higiene menstrual y unos 3.500 kits de dignidad, que incluyen jabón, compresas y ropa interior, una cifra irrisoria con respecto a las necesidades. La ONU también informa de que se está distribuyendo información sobre cómo protegerse y denunciar las agresiones sexuales y que se están intentando crear lugares seguros para mujeres y niñas.

“Los miedos de estas mujeres están totalmente justificados. Son mujeres que no comen, no duermen, que tienen otros hijos de los que ocuparse. Están exhaustas, pero su prioridad es sobrevivir como sea”, opina Pomares. “Está claro que si una madre tiene que llevar a su hijo a una UCI neonatal por un problema, hay posibilidades de que muera porque en un espacio para 12 hay 60 bebés. Estamos trabajando en inculcarles un poco de confianza y seguridad, pero el apoyo que podemos dar a las mujeres en estas circunstancias es muy limitado”, agrega.

Asmaa Sendawi está embarazada de nueve meses y también vive en una tienda de campaña en Rafah con su marido. Esta madre primeriza, de 27 años, no oculta su angustia. “La verdad es que no sé cómo voy a dar a luz. Estoy a punto, pero no hay nada para este recién nacido. Mi hija podría morir, seguro morirá”, solloza.

En este momento, el único hospital maternal de Gaza es el Emirati, de Rafah, donde opera MSF. En esta maternidad hay 26 camas, pero todas están llenas de manera permanente y se atienden 80 partos al día, además de los que se registran en otros centros médicos o clínicas funcionando parcialmente o en los refugios. Según datos de Unicef, desde octubre hasta finales de enero habían nacido en Gaza unos 20.000 bebés.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Adenowo, formada en campus africanos y extranjeros y dueña desde hace 30 años de su propio estudio de arquitectura, ensalza la herencia y las posibilidades de África, critica a quienes quieren resolver los problemas urbanísticos del continente desde lejos, “sin mancharse las manos ni ponerse las botas”, lamenta que el exilio parezca ser una condición indispensable para el éxito de sus compatriotas y repudia la corrupción y el machismo que dificultan su trabajo diario.

“África debe desarrollar sus propias soluciones”, insiste a este diario tras su intervención en el congreso internacional de arquitectura Controversias urbanas, celebrado en Pamplona el pasado noviembre.

En 2020, Adenowo recibió el Premio Forbes a la Mujer Emprendedora Africana. Colegas y publicaciones especializadas la definen como una “arquitecta estrella” y la consideran la más influyente de África. Ha llevado a cabo más de un centenar de proyectos, desde sedes de ministerios en Nigeria, hasta mansiones y estudios privados. Su monografía Neo Heritage: Defining Contemporary African Architecture (2023) es el primer volumen de un arquitecto negro y africano publicado por la prestigiosa editorial Rizzoli.

Pregunta. Usted acaba de decir a varias decenas de colegas que cuando se estudia y se enseña arquitectura falta siempre la pieza africana.

Respuesta. Así es y es una pieza importante. Nuestro continente no tiene una historia escrita, sino oral y visual, y en muchos casos nos hemos visto despojado de ella. ¿Dónde está un precioso panel yoruba de una puerta del palacio real de Nigeria, con unos grabados que hablan de nuestra historia? En el British Museum en Londres. La nueva generación africana debe conocer todo esto. El legado de los antepasados puede dar respuesta a los retos actuales. Por ejemplo, ya en 1691, el capitán de navío portugués Lourenço Pinto escribió: “El Gran Benin, donde vive el rey, es más grande que Lisboa: todas las calles son rectas y terminan donde se pierde la vista. Las casas son grandes, la ciudad es rica e industrial”. Los arquitectos africanos vivos deben recuperar la confianza en la sabiduría del pasado y transformarla en puente hacia las soluciones que necesitamos hoy. Pero intentar colocar a África sobre la mesa es como boxear con una mano atada a la espalda.

P. Es su idea de new heritage.

R. Sí. Para resolver los retos del presente tenemos que mirar al pasado. Consiste en fijarse en el éxito que tuvieron las generaciones precedentes para resolver sus propios problemas, por ejemplo en urbanismo. Cuando la actual generación de africanos se dé cuenta de que otras anteriores ya hicieron frente a este tipo de problemas, tendrán más confianza en ellos mismos. Entenderán que no tienen que irse de África, que África puede funcionar. Con todo esto me refiero especialmente a mi país, Nigeria, la nación negra más grande del mundo.

P. Nigeria es un buen punto de partida.

R. Mi país será uno de los Estados más poblados del mundo dentro de algunos años. Creo que lo que golpee a Nigeria golpeará a todo el mundo. Lo que pasa en Nigeria no es solo problema de Nigeria: es nuestro problema y también el de todos ustedes. Mi país tiene más de 500 grupos étnicos, no hay otro país en África con esta diversidad. Eso significa más ideas, más estrategias para poner sobre la mesa, más ejemplos en los que inspirarnos para resolver por ejemplo problemas de diseño arquitectónicos. La arquitectura responde al contexto cultural, étnico y a las circunstancias físicas de cada lugar. Por eso, el caso de Nigeria nos puede servir para toda África.

El discurso es que África no funciona, que tienes que vivir en otro sitio para tener éxito. Por eso la gente seguirá cruzando los desiertos y acabando en pateras, porque han perdido la esperanza en sus lugares de origen.

P. Usted critica que se intenta dar respuesta a los desafíos de África y no solo urbanísticos, sin África.

R. Intentar resolver los problemas de los africanos sin los africanos quizá no sea lo más eficaz. África debe desarrollar sus propias soluciones. El reto es llegar a las voces auténticas, las que entienden la esencia de nuestro continente. Para entender bien África hay que mancharse las manos y ponerse las botas. Yo he decidido hacerlo.

P. Pero una parte importante de los jóvenes africanos sueña con marcharse.

R. El discurso es que África no funciona, que tienes que vivir en otro sitio para tener éxito. Por eso la gente seguirá cruzando los desiertos y acabando en pateras, porque han perdido la esperanza en sus lugares de origen. Tenemos que empezar a resolver los problemas con el fin de que la gente pueda quedarse en sus propios países y tener éxito. Y la clave ahí es la lucha contra la desigualdad. Si los jóvenes, que son la mayoría de la población africana, sienten que pueden acceder a los recursos, que hay oportunidades para todos, se plantearán quedarse. También es importante que las autoridades locales tomen las decisiones contando con los habitantes, con lo que es importante para ellos, de forma que la ciudadanía se comprometa con su propio futuro. ¿Debemos construir esta carretera o es más urgente tener un estadio? Quienes toman las decisiones no lo saben.

P. En un momento en que las grandes ciudades africanas están abarrotadas, en algunos lugares se opta por construir nuevas urbes. ¿Usted cree que es la solución?

R. En mi país, por ejemplo, no. En Nigeria ya hay una ciudad relativamente nueva, Abuja, y aún se trabaja para que funcione de verdad, décadas después. Entonces, ¿por qué no fortalecer más bien lo que ya tenemos? Cuando la gente migra, deja el lugar físico al que pertenece, pero también sus relaciones y una determinada forma de estar en este mundo. Si construimos tomando como base algo que ya existe, no se pierden las relaciones humanas ni la cohesión social, que son un buen antídoto contra la inseguridad en las grandes ciudades, por ejemplo.

Intentar colocar a África sobre la mesa es como boxear con una mano atada a la espalda.

P. Usted es africana, mujer y empezó muy joven en la arquitectura. Es una experta en saltar obstáculos.

R. Voy a ser muy franca: en gran parte de África quienes dirigen los países son hombres y hombres mayores. La gerontocracia. Yo empecé a ejercer a los 25 años y esos hombres me consideraban demasiado joven. Además, soy mujer y quienes toman las decisiones nos ven como una especie de apéndice de un hombre y por eso no optan por nosotras. Muchísimas mujeres mantienen a sus familias hoy en día, yo lo veo con mis alumnas, pero el ego africano hace que todo eso no se valore y se priorice siempre a ellos.

P. ¿Sigue viviendo este tipo de situaciones hoy, 30 años después?

R. La corrupción está por todas partes. Las decisiones se toman la noche anterior y tú llegas al día siguiente a una sala de juntas, haces una presentación, pero ellos ya han decidido cómo va a ser porque quieren repartirse el dinero. No se trata en absoluto del proyecto. No se trata de quién es el mejor. Además, en África, mucha gente ni siquiera entiende realmente qué es la arquitectura y no se puede vender algo para lo que no hay demanda. La arquitectura es el arte y la ciencia de la construcción, es identidad y legado, pero la gente todavía quiere edificios funcionales que simplemente funcionen. Entonces, ¿por qué no dárselo a tu amigo que es un hombre?

P. Aún así, usted trabaja la mayor parte de su tiempo en África.

R. Claro que sí, intento hacer abogacía y que la gente entienda la diferencia entre arquitectura e ingeniería de la construcción. Trabajo con unos pocos clientes exigentes que sí hacen esa distinción y saben que mi estudio les va a dar la mejor respuesta para proyectos muy concretos y optan por mí.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“Todo está abarrotado, no queda un metro cuadrado sin gente. Es algo inimaginable. Y el número de desplazados sigue aumentando”, explica por teléfono desde Rafah Samir Zaqut, de la ONG palestina Al Mezan, antes de que su relato se vea interrumpido por un fortísimo estruendo. “Están bombardeando algo por aquí cerca”, explica, sin mostrar apenas sorpresa. “Las personas en Rafah ya no tienen un lugar para dormir y terminan pernoctando en la calle, cubiertas con plásticos, ni siquiera en tiendas de campaña. La gente está enferma y muy debilitada. Nos están matando, incluso sin bombardearnos. Es horrible. Y no tenemos ninguna opción”, agrega. Como denunció el viernes el jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Martin Griffiths, Gaza se ha convertido “simplemente en un lugar inhabitable”, en “un lugar de muerte y desesperanza”, cuyos habitantes están “frente a amenazas diarias ante la mirada del mundo”. Es difícil encontrar en Gaza en este momento a alguien que no se haya visto forzado a salir de su casa, al menos una vez en los últimos tres meses.

Nos están matando, incluso sin bombardearnos. Es horrible. Y no tenemos ninguna opción”

Samir Zaqut, Al Mezan

Según la UNRWA [agencia de la ONU para los refugiados palestinos], 1,9 millones de personas, es decir, el 85% de la población de la Franja, ha tenido que desplazarse. Rafah, frente a la frontera egipcia y el mar, es el último lugar al que pueden huir. La localidad se ha visto por ahora preservada de los bombardeos masivos, pero las condiciones de vida de tanta gente en un lugar tan pequeño son difíciles de imaginar: una ciudad abarrotada e inundada de tiendas de campaña y refugios improvisados, con gente hambrienta y enferma y niños descalzos pese al frío y la lluvia, donde es difícil conseguir comida y agua limpia y el miedo al futuro ensombrece aún más los ánimos.

“Nadie sabe qué viene después. Los israelíes quieren desplazar a todos los gazatíes o a casi todos, pero tampoco estoy seguro de que lo puedan lograr. Tal vez por eso haya una esperanza de negociación”, confía Zaqut.

Tras el 7 de octubre, cuando empezaron los bombardeos israelíes sobre la Franja tras el ataque en el que Hamás mató a 1.200 israelíes, han muerto violentamente más de 22.000 palestinos, y al menos 7.000 están bajo los escombros, según cifras del Ministerio de Salud, controlado por el movimiento islamista. El 70% de ellos son mujeres y niños.

Supervivencia

Najwa, que no quiere dar su nombre completo, dejó su casa en el centro de Gaza hace 15 días y se instaló en Rafah, junto a su marido y sus tres hijos, en casa de la familia de su yerno. “No sé ni cómo estoy, la verdad. Es como si todos los sentimientos se hubieran congelado. Mi prioridad es sobrevivir hoy y no pienso en nada más, solo en que pase el día y sigamos vivos”, explica por Whatsapp.

La familia, hacinada en un pequeño apartamento, pena cada día para lograr alimentos y agua. “Encontramos solo algunas cosas básicas: no hay fruta, las únicas verduras a la venta son tomates, patatas y berenjenas, no se venden galletas ni café y la carne es prácticamente imposible de encontrar y de pagar”, describe Najwa.

Mi prioridad es sobrevivir hoy y no pienso en nada más, solo en que pase el día y sigamos vivos”

Najwa, desplazada gazatí

Zaqut agrega que cada pequeño acto de la vida cotidiana dura horas y se convierte en un esfuerzo supremo. “Nada funciona. Hay que hacer pan porque es difícil encontrar una panadería, pero la harina cuesta seis o siete veces más, como todos los alimentos básicos. Y cuando la consigues resulta que tampoco hay gas, entonces hay que hacer fuego. Además, tampoco hay agua y debemos caminar una hora para lograr un galón, porque no hay vehículos ni espacio para circular en muchas calles de Rafah”, resume.

Pese a todo, ambos son conscientes de que sus familias forman parte de los privilegiados, porque tienen un techo y una mínima higiene. “Afuera hay muchísima gente y no hay tiendas de campaña ni mantas para todos. Las personas pasan hambre y frío en Rafah”, describe Najwa. “Y nadie sabe lo que viene después. Nos están llevando al límite. Tal vez después nos echen al Sinaí. Todo el mundo está esperando, nadie sabe nada, solo escuchamos rumores horribles”, afirma.

Si en octubre y en noviembre la mayoría de los gazatíes entrevistados insistían en que su deseo era quedarse en Gaza y volver a casa en cuanto se pudiera, como ocurrió en las precedentes ofensivas, su discurso ha cambiado conforme los bombardeos se intensificaban. “Yo quiero que alguien me saque de aquí. ¿Tú crees que la gente se quiere quedar en medio de toda esta destrucción y tras haber perdido tanto?”, pregunta Najwa.

Además, una inmensa parte de las personas hacinadas en Rafah ya no tiene ningún lugar al que volver. “Vivíamos en el Reino Unido porque mi esposa tenía una beca para hacer un doctorado, pero hace un año quisimos volver a Gaza. Es la tierra de nuestros padres y la nuestra. Pero ahora ya no tenemos casa y solo espero que no ataquen masivamente Rafah y esto acabe. Mi hijo pequeño de ocho años no puede ni ir al baño solo y apenas duerme. Solo quiero que vuelvan a ver a su madre, pero lo más duro es que no puedo hacer nada por ellos”, explica Ahmed. La guerra sorprendió a su esposa en Europa, sola y embarazada de su cuarto hijo, mientras terminaba de arreglar los documentos para terminar su doctorado a distancia en Gaza.

“Tal vez cuando el ejército israelí considere que ha terminado en nuestras áreas, nos ordenarán que volvamos a nuestras casas destruidas. Yo no sé ni en qué estado está la mía”, explica Talal, profesor de una escuela primaria en el campo de refugiados de Yabalia y actualmente desplazado en Rafah, pidiendo que no se cite su nombre completo.

Incapacidad para salvar vidas

“Aunque la situación se mantenga, Rafah ya no es viable. Es como un inmenso campamento donde la situación es imposible de describir e imaginar. Si no logramos parar esto van a empezar a quebrarse otras normas sociales para sobrevivir y va a ser devastador, porque la gente ya no puede más y no se puede mover más, porque están en la frontera. Se necesita un alto el fuego inmediato y sostenido”, subraya en una entrevista con este diario Nicholas Papachrysostomou, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF), que pasó cinco semanas en el sur de la franja de Gaza entre noviembre y diciembre. El responsable recordó, por ejemplo, que asistió al saqueo de un camión de la ONG por parte de un grupo de gazatíes, que pidieron disculpas por hacerlo, pero explicaron que tenían mucha hambre.

“Es muy difícil entender la magnitud, la severidad y la continuidad de los ataques que vive la población de Gaza. Es sorprendente también que toda la comunidad internacional observe esto desde hace tres meses y ya lo vea como una película que ocurre frente a nuestros ojos y no seamos capaces de lograr un alto el fuego”, agrega.

Gaza es un agujero negro, no podemos hablar de respuesta humanitaria, sino de un goteo de ayuda en un océano de necesidades enormes”

Nicholas Papachrysostomou, MSF

MSF consiguió reabrir a mediados de diciembre la clínica Al Shaboura de Rafah, donde presta atención primaria gracias a personal local y expatriado, y consiguió hacer entrar en la Franja 50 toneladas de suministros médicos. “En una semana vimos a 1.500 pacientes. ¿Qué hacía esta gente antes? ¿Dónde iban por ejemplo los niños con diarrea que hemos atendido?”, se pregunta Papachrysostomou. Según Unicef, los casos de diarrea en niños y niñas menores de cinco años aumentaron de manera preocupante en Gaza a mediados de diciembre, cuando se registraron unos 3.200 nuevos casos al día, frente a los 2.000 al mes que se identificaban antes de esta escalada. “La salud infantil en la franja de Gaza se está deteriorando rápidamente”, advirtió la agencia de la ONU.

El coordinador de emergencias de MSF también explicó que no existe en Gaza en este momento ningún servicio posoperatorio para hacer curas o gestionar el dolor, por falta de personal y medios, y que en su clínica se están recibiendo pacientes con cuadros médicos “muy complicados”, como infecciones serias en heridas y quemaduras que pueden provocarles la muerte. Además, por el hacinamiento, la falta de higiene y alimentación correcta y el frío, uno de cada dos pacientes que se reciben en este centro médico actualmente sufren infecciones respiratorias agudas, según este responsable. La OMS ha informado de que de los 36 hospitales de Gaza, solo 13 funcionan parcialmente, algunos realmente ofreciendo muy pocos servicios. A los que aún están operativos les falta de todo: personal, camas, anestesia, antibióticos, combustible y agua.

“No se me olvida el rostro de mis colegas de Gaza en algunos momentos. Lívidos ante la tragedia y apesadumbrados por la incapacidad material de salvar más vidas. Gaza es un agujero negro, no podemos hablar de respuesta humanitaria, sino de un goteo de ayuda en un océano de necesidades enormes”, insiste Papachrysostomou. “Lo que yo viví durante las cinco semanas que pasé en Gaza es un castigo a gente que no habla de política y que no tiene nada que ver con Hamás”, concluye.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“Everything is crowded, there is not a square meter without people. It is unimaginable. And the number of displaced people continues to grow,” Samir Zaqut, from the Palestinian NGO Al Mezan, explains by phone from Rafah, before his story is interrupted by a very loud bang. “They are bombing something nearby,” he explains, with little surprise. “People in Rafah no longer have a place to sleep and end up spending the night on the street, covered in plastic, not even in tents. People are sick and very weak. They are killing us, even without bombing us. It is awful. And we don’t have any option,” he adds. As the head of U.N. humanitarian operations, Martin Griffiths, denounced on Friday, Gaza has become “simply uninhabitable,” “a place of death and despair,” where people “are witnessing daily threats to their very existence — while the world watches on.” It is difficult to find anyone in Gaza who has not been forced to leave their home at least once in the last three months.

According to the U.N. agency for Palestinian refugees UNRWA, 1.9 million people, that is, 85% of the population of Gaza, have been forcibly displaced. Rafah, facing the Egyptian border and the sea, is the last place they can flee to. The town has been saved for now from the massive bombings, but the living conditions of so many people in such a small place are difficult to imagine: an overcrowded city flooded with tents and makeshift shelters, with hungry and sick people and children barefoot despite the cold and rain, where it is difficult to get food and clean water, and fear of the future is further dampening spirits.

“No one knows what comes next. The Israelis want to displace all or almost all Gazans, but I’m not sure they can do either. Maybe that is why there is hope for negotiation,” says Zaqut.

Since October 7 — when Israeli began bombing Gaza following the Hamas attack which killed 1,200 Israelis — more than 22,000 Palestinians have died violently, and at least 7,000 are under the rubble, according to figures from the Gaza Ministry of Health. controlled by the Islamist movement. Seventy percent of the victims are women and children.

Survival

Najwa, who does not want to give her full name, left her home in central Gaza 15 days ago and settled in Rafah, with her husband and three children, in the home of her son-in-law’s family. “I don’t even know how I am, to be honest. It’s as if all my feelings are frozen. My priority is to survive today and I don’t think about anything else, only in that we get through the day and stay alive,” she explains via WhatsApp.

The family, crammed into a small apartment, struggles every day to find food and water. “We found only some basic things: there is no fruit, the only vegetables for sale are tomatoes, potatoes and eggplants, there are no biscuits or coffee for sale and meat is practically impossible to find and pay for,” says Najwa.

Zaqut adds that each small act of daily life takes hours and requires a supreme effort. “Nothing works. You have to make bread because it is difficult to find a bakery, but flour costs six or seven times more, like all basic foods. And when you get it, it turns out that there is no gas either, so you have to make a fire. But, there is no water either, and we have to walk an hour to get a gallon, because there are no vehicles nor space to drive on many streets in Rafah,” he explains.

Despite everything, they are both aware that their families are privileged, because they have a roof over their heads and minimal hygiene. “There are a lot of people outside and there are no tents or blankets for everyone. People are hungry and cold in Rafah,” says Najwa. “And no one knows what is coming next. They are pushing us to the limit. Maybe they will throw us into the Sinai afterward. Everyone is waiting, no one knows anything, we only hear horrible rumors,” she says.

While in October and November the majority of Gazans interviewed insisted that they wanted to stay in Gaza and return home as soon as possible, as occurred in the previous offensives, this message has changed as the bombings intensified. “I want someone to get me out of here. Do you think people want to stay in the middle of all this destruction and after having lost so much?” asks Najwa.

Furthermore, a huge part of the people crammed into Rafah no longer have anywhere to return to. “We lived in the United Kingdom because my wife had a scholarship to do a doctorate, but a year ago we wanted to return to Gaza. It is the land of our fathers and ours. But now we no longer have a house and I just hope that Rafah is not massively attacked and this ends. My little eight-year-old son can’t even go to the bathroom alone and barely sleeps. I just want them to see their mother again, but the hardest thing is that I can’t do anything for them,” explains Ahmed. The war surprised his wife in Europe, alone and pregnant with their fourth child, while she was arranging the documents to finish her doctorate remotely in Gaza.

“Perhaps when the Israeli army thinks it has finished in our areas, they will order us to return to our destroyed homes. I don’t even know what state mine is in,” explains Talal, a primary school teacher in the Jabalia refugee camp who is currently displaced in Rafah, asking that his full name not be given.

Inability to save lives

“Even if the situation remains [the same], Rafah is no longer viable. It is like an immense camp where the situation is impossible to describe and imagine. If we don’t manage to stop this, other social norms for survival are going to start breaking down, and it’s going to be devastating, because people can’t move anymore, because they are at the border. An immediate and sustained ceasefire is needed,” Nicholas Papachrysostomou, emergency coordinator for Doctors Without Borders (MSF), who spent five weeks in the south of the Gaza Strip between November and December, stresses in an interview with this newspaper. Papachrysostomou recalled, for example, that he witnessed the looting of an NGO truck by a group of Gazans, who apologized for their actions, but explained that they were very starving.

“It is very difficult to understand the magnitude, severity and continuity of the attacks that the population of Gaza is experiencing. It is also surprising that the entire international community has been observing this for three months and is watching it as a movie happening before our eyes, and we are not able to achieve a ceasefire,” he adds.

In mid-December, MSF managed to reopen the Al Shaboura clinic in Rafah, where it provides primary care thanks to local and expatriate staff, and was able to bring 50 tons of medical supplies into the Gaza Strip. “In one week we saw 1,500 patients. What were these people doing before? Where, for example, did the children with diarrhea that we treated go?” asks Papachrysostomou. According to UNICEF, cases of diarrhea in children under five years of age increased worryingly in Gaza in mid-December, when some 3,200 new cases were recorded per day, compared to the 2,000 per month that were identified before this spike. “Child health in the Gaza Strip is fast deteriorating,” the U.N. agency warned.

The MSF emergency coordinator also explained that there is currently no post-operative service in Gaza to provide treatment or manage pain, due to lack of staff and resources, and that his clinic is receiving patients with “very complicated” medical conditions, such as serious infections in wounds and burns that can lead to death. In addition, due to overcrowding, lack of hygiene and correct nutrition, and the cold, one out of every two patients received at this medical center currently suffers from acute respiratory infections, according to Papachrysostomou. The WHO reported that of Gaza’s 36 hospitals, only 13 are partially functioning, with some offering very few services. Those that are still operational lack everything: personnel, beds, anesthesia, antibiotics, fuel and water.

“I cannot forget the faces of my colleagues from Gaza. Livid before the tragedy and saddened by the material inability to save more lives. Gaza is a black hole, we cannot talk about a humanitarian response, but rather a trickle of aid in an ocean of enormous needs,” insists Papachrysostomou. “What I experienced during the five weeks I spent in Gaza is punishment for people who do not talk about politics and who have nothing to do with Hamas,” he concludes.

Sign up for our weekly newsletter to get more English-language news coverage from EL PAÍS USA Edition

Seguir leyendo

Israeli attacks have killed more than 25,000 Palestinians in Gaza since the Islamist movement Hamas, which governs the Gaza Strip, carried out an unprecedented assault on Israeli territory, killing some 1,200 people and kidnapping over 200 others.

Despite his more than 40 years of experience, Sourani still cries when he talks about the thousands of wounded who will die if they don’t receive adequate medical attention, or the corpses “eaten by dogs in the ruins of Gaza,” or the families sleeping in the streets with no food to feed their children. He’s exhausted, but he can’t stop. After travelling to The Hague he went to Brussels, and from Madrid he will travel to Dublin, aware that time is running out. Running out, he says, for the Gazans who will eventually have no choice but to make a desperate attempt to force entry into Egypt, and for the West, which risks paying “a very high price” for its inaction.

Question. What’s your reading of what happened at The Hague on January 11?

Answer. South Africa made history. A country that bears immense moral and legal weight, as the very embodiment of resistance to apartheid, accused Israel of genocidal acts before the ICJ, the most important court in the world, by invoking a convention created precisely to prevent another Holocaust. This is historic. The legal team presented a masterful overview of the facts, which are incontestable, as well as Israel’s genocidal intentions in committing them, which were also proved beyond any doubt. They were able to do this because the Israelis are arrogant and believe they’re above international law, which led officials, including the president, the prime minister and others, to openly say that they were going to cleanse Gaza, that they were going to deprive us of water, food, electricity and fuel, that there are no innocent people in Gaza, that we’re all animals. The evidence is irrefutable.

Q. You participated as a member of the legal team, but you are also a witness.

A. Yes, that’s right. The South African lawyers contacted me because we’re colleagues, because they know my work and the work of the PCHR. And because they needed us, given our ties with Irish lawyer Blinne Ní Ghrálaigh. Ireland, Palestine and South Africa speak the same language, we have the same spirit.

Q. Are you hopeful about the court’s decision? Is there a risk it might be influenced by political interests?

A. No one can question the integrity of the judges in The Hague. They are committed professionals with a ton of experience, and they’re carefully selected. This case is not some farce, it’s a real case, and a very well-founded one. I’ve been practicing law for 43 years and I can say with confidence that the case presented is airtight. I think that the court will rule, at the most, on the precautionary measures we’ve requested: ending the aggression and allowing entry of humanitarian aid. [The ICJ’s ruling on precautionary measures is expected this Friday]. A decision on the merits of the case, on the accusation of acts of genocide, may take one or two years, at least.

Q. But even with that decision pending, you don’t have any qualms about using the word genocide.

A. We say it loud and clear: this is a genocide. And if people went to Gaza, they would see for themselves that it goes even beyond that, because of the way people are killed, the way everything is being destroyed, how people are being pushed to the limit. Gazans die many times a day in different ways. No one in Gaza knows if they’ll still be alive in an hour. I’ve witnessed several wars and documented them, but I never imagined something like this. I never imagined there could exist, in the minds of the Israelis, the intention to carry out even 5% of what I’ve seen happen in Gaza since October 7.

Q. What is your last memory from Gaza?

A. My broken heart as I fled south with only the clothes on my back. I never wanted to leave, and to this day I blame myself for leaving. The night my house was bombed, I looked into my wife’s eyes and said to myself: “It’s happening. These are our last hours.” And you feel useless, you can’t do anything and you see it all fading away. They bombed the area for over two hours until a bomb hit our house. I still don’t know how we got out. We fled with our passports and nothing else. I had no choice. I’m sure I would have been killed. I came back two days later just to see what my house looked like, and it’s clear that it was intentional. During these past 100 days and more of war, Israel has carried out strikes against very precise targets. Eventually I was able to cross the border to Egypt thanks to the help of some friends, both inside and outside of Gaza. They convinced me that I was more useful alive.

Q. Unlike in 2006, 2008 or 2014, this time neither you, nor the majority of people in Gaza, have a home to return to.

A. There are no houses, there are no streets... This is all very deliberate. But people will come back, even if it’s to tents. And so will I. I think 70 to 80 percent of the people in the Strip will want to go back. But if Gazans don’t come out on the other side of this war with justice and dignity, the West will pay a very high price. The law of the jungle applied by Israel is a two-way street, and anger at the West is growing. That’s why this has to stop now. Because the international community’s complicity with Israel will come with a cost. One cannot eternally render the executioner as victim and vice versa.

Q. But the shelling is relentless, even in Rafah, in the south, where the vast majority of Gaza’s population has been displaced on Israel’s orders.

A. Every day, 300 to 700 people die in the Gaza Strip. Israel can easily make that number jump to 3,000 to 5,000, and then people who are in Rafah will start jumping the border and Egypt won’t shoot them, because they can’t shoot them. Why hasn’t this happened yet? Because we’re resilient people. Israel has not succeeded, for example, in displacing the entire population to the south, as it originally intended. There are still tens of thousands of people in the north. And it’s also suffering significant military losses.

Q. Last Friday, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs, Josep Borrell, accused Israel of having financed Hamas for years in an effort to undermine Palestine.

A. The EU and the U.S. have the blood of Palestinians in Gaza on their hands. They have given Israel full political support, backed Israel with vetoes against a ceasefire, and have bought the line that this all started on October 7, when really it started 75 years ago. They also backed Israel’s position that it has the right to defend itself. Since when does an occupying belligerent power have that right? These countries are witnessing war crimes, are witnessing a genocide happen in real time, and are choosing to ignore it? Support a ceasefire now! Sanction Israel. Europe has to take a clear position and call for this genocide to stop. They’re fully capable of it.

Q. And this will be your message to the Spanish officials you plan to meet with?

A. It seems like what Europe was saying is: “Palestinian pain doesn’t matter; we don’t care about their suffering.” But Spain, Belgium, Ireland and Luxembourg have said no, this is not the case. When Pedro Sánchez and the Prime Minister of Belgian went to the Egyptian side of the Rafah crossing, they sent a strong message. We need more governments to wake up, we need to go further and secure a ceasefire. We’re here in Madrid, speaking in comfort; meanwhile, people are going without food and water in Gaza. Yesterday, several thousand people sheltering in schools were forced to flee. Where are they now? We may be a resilient people, but everyone has a limit.

Q. Does Israel’s bombing have any effect on support for Hamas in Gaza?

A. I don’t care about Hamas. And neither do the people. On the streets of Rafah, parents are just trying to protect and feed their children. Israel is pressuring civilians, trying to convince them that Hamas is to blame for all this, for the October 7 attacks, and it’s perfectly understandable that there are Palestinians who feel that way. But the Israeli offensive has made it clear that Hamas isn’t just some small gang of thugs. If it were, this would all have been over in two weeks.

Q. While the world is focused on Gaza, the situation in the West Bank is also worsening.

A. When we use the term genocide, we’re not just talking about Gaza — it applies to the West Bank and Jerusalem as well. Genocide doesn’t just mean killing someone, it means forcing them to lose their identity. To make Palestinians literally cease to exist. Israel is carrying out raids and offensives in various parts of the West Bank, where there are also dozens of dead. And these attacks are not just against Hamas. There, too, the ground is slowly being prepared for mass displacement. We can’t take it anymore. We have a right to live in peace, to have a job, to educate our children… It’s not possible to be constantly terrorized with the threat of a new war, to feel that we’re hanging on by a thread and that we’re alive almost as if by accident.

Translated by Max Granger.

Sign up for our weekly newsletter to get more English-language news coverage from EL PAÍS USA Edition

Seguir leyendo

Hasta el 7 de octubre, día en que estalló esta ofensiva, esta doctora, que no desea que su nombre completo sea publicado, trabajaba con MSF en Jan Yunis, al sur de la Franja, con pacientes de traumatología. Ahora, desplazada en Deir el Balah, en el centro del enclave palestino, trata a personas heridas y hace curas en su entorno con material de primeros auxilios cedido por la ONG, que el 6 de enero evacuó por razones de seguridad a su personal del hospital Al Aqsa —centro que sigue funcionando parcialmente, pese a la falta de personal y de medios materiales y la cercanía de los bombardeos—.

“En las últimas semanas era muy difícil conseguir algún tipo de conexión y la Media Luna Roja palestina no lograba saber dónde se estaban produciendo los bombardeos, dónde estaban los heridos y cómo traerlos al hospital, el único que sigue funcionando parcialmente en esta ciudad”, explica Ruba.

La médica vive en un pequeño apartamento alquilado en Deir el Balah, tras verse obligada a salir de su hogar en Beit Hanoun, en el norte, en los primeros días de bombardeos. Treinta personas de la misma familia, la mitad de ellos niños, se reparten en dos habitaciones. “Sigo pensando que los que murieron en los primeros días tuvieron mucha suerte. Nunca imaginamos que esto duraría tanto. Estamos ya en el cuarto mes, la guerra sigue y a nadie le preocupan los palestinos, nuestros niños, nuestro dolor”, explica esta doctora de 32 años, que tiene un hijo y dos hijas de siete, seis y dos años.

Los que murieron en los primeros días tuvieron mucha suerte. Nunca imaginamos que esto duraría tanto

Ruba, doctora de Médicos Sin Fronteras (MSF)

En estos últimos días, periodistas palestinos, ONG locales y testigos han informado de bombardeos muy cercanos a la zona del hospital Al Aqsa. “Faltan camas, equipos, personal y el acceso al hospital es realmente difícil. Hace una semana los tanques estaban muy cerca. Imagínate un hospital con 7.000 personas, entre enfermos, personal y desplazados, que huyeron de sus casas buscando refugio ahí y ahora tienen que evacuar de nuevo”, agrega la doctora Ruba.

Los ataques israelíes han matado ya a más de 26.000 gazatíes desde el 7 de octubre, cuando milicianos del movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna de facto en Gaza, perpetraron un ataque sin precedentes en territorio israelí, en el que murieron unas 1.200 personas y más de 200 fueron secuestradas. Además, el número de heridos en la Franja supera los 65.000, según cifras del Ministerio de Salud local.

“Mi hijo preguntó hace algunos días: ‘¿mamá, nos podemos ir de Gaza ahora? Solo quiero irme’. Imagina un niño de 7 años preguntando eso, diciéndote que solo quiere vivir”, recuerda la doctora Ruba. “Me decía: ‘Tengo miedo de que los tanques vengan cerca, que no podamos conseguir comida o agua, que nos muramos de hambre, tengo miedo de que mueras entre mis brazos, mamá, porque alguien te dispara, los helicópteros te disparan, y no podemos salvarte”, detalla esta trabajadora de MSF.

Sin descanso

Ibrahim también prefiere que no se publique su apellido. Este joven está en quinto año de Medicina, pero lleva desde el inicio de la ofensiva militar israelí trabajando sin descanso en el hospital Al Aqsa, en el departamento de cirugía ortopédica, donde llegó como voluntario cuando empezaron los bombardeos.

“Nunca imaginé tener que ejercer de esta manera incluso antes de terminar mis estudios, pero hacían falta médicos”, asegura. Este veinteañero gazatí no sale prácticamente del hospital. Come, duerme y trabaja en su interior. Su familia se ha desplazado al sur, con muchas dificultades y durmiendo por momentos en la calle, y él pena para tener noticias de ellos. Comunicarse con Ibrahim también es muy complicado, debido en gran parte a los apagones de conexión que ha sufrido la Franja, que en algunos casos han durado días. Cuando reaparece, sus mensajes son telegráficos, a veces acompañados de una fotografía en la que muestra intervenciones menores, extracciones de balas o curas de impresionantes heridas infectadas por falta de cuidados. La mayoría de las imágenes muestran a pacientes en el suelo y a él, arrodillado ante ellos, trabajando.

Nunca imaginé tener que ejercer de esta manera incluso antes de terminar mis estudios, pero hacían falta médicos

Ibrahim, estudiante de Medicina

“Sigo vivo”, dice a modo de saludo. “Pero esto es peor cada día. El hospital sigue funcionando, a medio gas, con una enorme falta de personal y de medios materiales. Contamos con lo mínimo. Esto no es una película, cada minuto perdemos pacientes”, afirma.

—¿Cuántos pacientes están llegando cada día al hospital?

—“Muchos, demasiados”.

—¿Decenas?

—“Ha habido días terribles en que llegaron a varios centenares”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los 24 hospitales en la parte norte de Gaza, solo hay siete abiertos, pero funcionando sin suficiente personal, material o combustible. De los 12 centros médicos de la parte sur, solo siete siguen parcialmente operativos. La organización de la ONU muestra su preocupación por informes recibidos sobre incursiones militares en algunos centros médicos, arrestos del personal sanitario, fosas para enterrar cadáveres en los patios de las clínicas, bombardeos en las proximidades de estos hospitales y heridos que no pueden acceder a los más mínimos cuidados.

La dolorosa decisión de evacuar

Carolina López, coordinadora de emergencias de MSF, trabajó varias semanas en el hospital Al Aqsa, junto a medio centenar de empleados de la ONG. “Había una media de 700 pacientes internados. El día en que menos heridos recibíamos rondaban los 40. El 28 de diciembre hubo un pico y llegaron 300 personas. Además, había gente buscando refugio de las bombas en la zona del hospital”, explica a este diario, confirmando las declaraciones de Ibrahim.

El día 4 de enero comenzó la evacuación del hospital. El frente avanzó, los tanques israelíes estaban a dos kilómetros del centro médico y hubo pacientes, desplazados y personal médico que comenzaron a marcharse. MSF también decidió abandonar el centro médico por no poder seguir garantizando la seguridad de su personal y la rotación de los equipos.

“Dejar a tus pacientes es una decisión muy difícil, pero no nos ha quedado otro remedio”, explica López con la voz quebrada. “El hospital se quedó cojo sin nosotros, está claro, aunque también pasó de tener 700 pacientes a tener unos 140. Los que no se pudieron marchar. Pero había otros heridos que seguían y siguen llegando, porque es el único hospital en esa zona”, agrega esta trabajadora española, subrayando que en 17 años de experiencia en emergencias “no había imaginado jamás” vivir una situación tan al límite.

Una misión de la OMS pudo acceder al hospital de Deir el Balah a mediados de enero y comprobó que solo 12 doctores seguían trabajando en él, cifra que representa un 10% de su personal

López ha mantenido algún contacto con un par de médicos que se quedaron en el hospital Al Aqsa tras la evacuación. “Lo hicieron asumiendo todas las consecuencias, sabiendo que corren un riesgo enorme, porque ya hemos visto lo que ha pasado en otros hospitales...”, suspira. Una misión de la OMS pudo acceder a este hospital de Deir el Balah a mediados de enero y comprobó que solo 12 doctores seguían trabajando en él, cifra que representa un 10% de su personal.

La coordinadora de emergencias insiste en subrayar el papel de los trabajadores sanitarios de Gaza, que “están agotados y no han parado desde hace más de 100 días”. López explica que los que tienen familia se marchan a trabajar, poniendo en peligro sus vidas para llegar al hospital, y no saben qué va a pasar con sus hijos mientras ellos no están. Y los que no tienen familia directa o la han instalado en el extremo sur de la Franja, en Rafah, regresan a los hospitales y trabajan sin descanso durante días. “Son condiciones terribles, hay que estar allá para sentirlo”, resume.

El pasado fin de semana, MSF informó de que el Hospital Nasser, el más importante aún funcionando en toda Gaza, situado en Jan Yunis, al sur, prácticamente ya no está operativo debido a los intensos combates y bombardeos en la zona, que hicieron que la mayoría de enfermos, refugiados y personal médico huyera del lugar. En el centro quedan entre 300 y 500 heridos que no pudieron ser evacuados debido a su estado grave. “La capacidad quirúrgica del Nasser es ahora casi inexistente y el escaso personal médico que permanece en el centro debe hacer frente a la situación con unos suministros exiguos, insuficientes para hacer frente a grandes afluencias de heridos”, advirtió la ONG.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Los ataques israelíes han matado ya a 25.000 gazatíes desde el 7 de octubre, cuando milicianos del movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna de facto en Gaza, perpetraron un ataque sin precedentes en territorio israelí, en el que murieron unas 1.200 personas y más de 200 fueron secuestradas.

Los más de 40 años de experiencia de Sourani no impiden que se le escapen las lágrimas al hablar de los miles de heridos que morirán si no reciben atención médica adecuada, de los cadáveres “devorados por perros en las ruinas de Gaza” o de las familias que duermen en la calle y no tienen comida que dar a sus hijos. Está exhausto, pero no logra parar. Después de La Haya estuvo en Bruselas y de Madrid viajará a Dublín, consciente de que el tiempo apremia. Para los gazatíes, que, en un acto desesperado, pueden forzar la entrada en Egipto, y para Occidente, que corre el riesgo de pagar “un precio muy alto” por su inacción.

Pregunta. ¿Cuál es su lectura de lo que ocurrió en La Haya el pasado 11 de enero?

Respuesta. Sudáfrica hizo historia. El país, que moral y legalmente tiene un peso grande por encarnar la resistencia al apartheid, acusó a Israel de actos genocidas ante el TIJ, el tribunal más importante del mundo, invocando una convención que nació justamente para que no volviera a producirse en el mundo un nuevo Holocausto. Esto es histórico. El equipo legal presentó magistralmente los hechos, que son incontestables, así cómo la intención de Israel al cometerlos, que también quedó probada. Porque la arrogancia de los israelíes y el sentimiento de que están por encima de la ley internacional hicieron que sus responsables, desde el presidente y el primer ministro hasta el último diputado, dijeran que limpiarían Gaza, que se nos privaría de agua, comida, electricidad y combustible, que no había gente inocente en Gaza y que éramos animales. Las pruebas son irrefutables.

P. Usted asistió como miembro del equipo legal, aunque también es testigo.

R. Efectivamente. Los abogados sudafricanos me contactaron porque somos colegas, conocen mi trabajo y el del PCHR. Y también nos necesitaban, ya que hicimos de puente con la abogada irlandesa Blinne Ní Ghrálaigh. Irlanda, Palestina y Sudáfrica hablamos la misma lengua, tenemos el mismo espíritu.

Lo decimos alto y claro: esto es un genocidio. Y si la gente fuera a Gaza vería que incluso es más que eso por la forma en que se mata, se destroza todo y se lleva a las personas al límite

P. ¿Tiene esperanzas en la decisión del tribunal? ¿Puede haber intereses políticos que pesen?

R. Nadie puede poner en duda a los jueces de La Haya. Son grandes profesionales con mucha experiencia y son seleccionados cuidadosamente. Este caso no es una farsa, es un caso real y muy bien fundamentado. Llevo 43 años ejerciendo como abogado y lo que se presentó no tiene fisuras. Pienso que el tribunal puede pronunciarse dentro de dos o tres semanas máximo sobre las medidas cautelares que pedimos: fin de la agresión y entrada de ayuda humanitaria. El fondo del caso, la acusación de actos de genocidio, puede llevar uno o dos años como mínimo.

P. Pero a la espera de esa decisión, usted no teme usar la palabra genocidio.

R. Lo decimos alto y claro: esto es un genocidio. Y si la gente fuera a Gaza vería que incluso es más que eso por la forma en que se mata, se destroza todo y se lleva a las personas al límite. Los gazatíes mueren varias veces al día de maneras diferentes. Nadie sabe si seguirá vivo dentro de una hora. He sido testigo de varias guerras y las he documentado, pero nunca imaginé algo así. Ni siquiera imaginé que pudiera existir en la mente de los israelíes la intención de llevar a la práctica el 5% de lo que he visto en Gaza desde el 7 de octubre.

P. ¿Cuál es su última imagen de Gaza?

R. Mi corazón roto al huir hacia el sur con lo puesto. Yo nunca quise irme y hasta hoy me culpo por haberme marchado. La noche en que bombardearon mi casa miré a los ojos de mi esposa y me dije: ‘Está ocurriendo. Son nuestras últimas horas’. Y te sientes inútil, no puedes hacer nada y ves que todo se esfuma. Bombardearon la zona durante más de dos horas hasta que una bomba cayó en casa. Aún no sé cómo pudimos salir. Huimos con nuestro pasaporte y nada más. No tuve elección, porque tengo la certeza de que me habrían matado. Volví dos días después solo a ver cómo quedó mi casa y está claro que fue intencional. En estos más de 100 días de guerra, Israel ha ordenado algunos bombardeos con blancos muy precisos. Después, crucé la frontera con Egipto gracias a amigos, dentro y fuera de Gaza. Me convencieron de que era más útil vivo.

P. A diferencia de 2006, 2008 o 2014, en esta ocasión, ni usted ni la mayoría de la gente en Gaza tiene un lugar donde volver.

R. No hay casas, no hay ni calles... Todo esto es algo muy deliberado. Pero la gente volverá, aunque sea a tiendas de campaña. Y yo también. Creo que entre un 70% y 80% de los habitantes de la Franja querrá regresar. Pero si los gazatíes no salen de esta guerra con justicia y dignidad, Occidente pagará un precio muy alto. La ley de la jungla que aplica Israel es de doble sentido y la rabia que se respira contra Occidente es altísima. Por eso esto tiene que parar ya. Porque la complicidad de la comunidad internacional con Israel tendrá un coste. No se puede convertir eternamente al verdugo en víctima y viceversa.

¡Apoyen el alto el fuego ya! Y sancionen a Israel. Europa tiene que fijar su posición claramente, pidiendo que este genocidio pare. Pueden hacerlo

P. Pero los bombardeos no dan tregua, incluso en Rafah, en el sur, donde se ha desplazado la inmensa mayoría de la población de Gaza por orden de Israel.

R. Cada día mueren 300 o 700 personas en la Franja. Israel puede hacer fácilmente que ese número suba a 3.000 o 5.000 y entonces la gente que está en Rafah saltará la frontera y Egipto no les disparará, porque no pueden dispararles. ¿Por qué no ha pasado hasta ahora? Porque somos resilientes. Israel no ha logrado, por ejemplo, desplazar a toda la población hacia el sur, como pretendía al principio. Sigue habiendo decenas de miles de personas en el norte. Y también está teniendo pérdidas militares importantes.

P. El Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, acusó el viernes a Israel de haber financiado durante años a Hamás para debilitar a Palestina.

R. La UE y Estados Unidos tienen en sus manos la sangre de los palestinos de Gaza. Han dado a Israel un total apoyo político, le han ayudado con vetos contra un alto el fuego y han comprado la idea de que todo esto comenzó el 7 de octubre, cuando realmente empezó hace 75 años. También respaldaron el argumento de Israel de que necesita defenderse. ¿Desde cuándo una potencia beligerante ocupante tiene ese derecho? ¿Estos países están viendo crímenes, están presenciando un genocidio en directo y deciden ignorarlo? ¡Apoyen el alto el fuego ya! Y sancionen a Israel. Europa tiene que fijar su posición claramente, pidiendo que este genocidio pare. Pueden hacerlo.

P. ¿Ese será su mensaje para las autoridades españolas con las que va a reunirse?

R. Europa parecía decir: “El dolor palestino no cuenta, no nos importa su sufrimiento”. España, Bélgica, Irlanda y Luxemburgo dijeron que eso no era así. Cuando Pedro Sánchez y el primer ministro belga se desplazaron al lado egipcio del paso de Rafah, se envió un mensaje fuerte. Necesitamos que varios gobiernos despierten, necesitamos ir más allá y lograr un alto el fuego. Estamos aquí tranquilamente en Madrid conversando, pero mientras tanto la gente está sin agua ni comida en Gaza. Ayer varios miles de personas refugiadas en escuelas tuvieron que salir huyendo. ¿Dónde están ahora? Podemos ser un pueblo resiliente, pero la gente tiene un límite.

Cuando usamos el término genocidio, no hablamos solo de Gaza, también se aplica a Cisjordania y a Jerusalén. Genocidio no significa solo matar a alguien, sino hacerle perder la identidad. Que los palestinos literalmente dejen de existir

P. ¿Los bombardeos israelíes tienen algún efecto en el apoyo de los gazatíes a Hamás?

R. No me importa Hamás. Y a la gente tampoco. En las calles de Rafah hay padres que solo quieren proteger a sus hijos y darles de comer. Israel está presionando a los civiles para que piensen que Hamás es el culpable de todo esto, por los ataques del 7 de octubre, y es perfectamente comprensible que haya palestinos que lo sientan así. Pero esta ofensiva también muestra que Hamás no son cuatro gánsteres. Si lo fueran, en dos semanas esto habría terminado.

P. Mientras el mundo mira a Gaza, la situación en Cisjordania también empeora.

R. Cuando usamos el término genocidio, no hablamos solo de Gaza, también se aplica a Cisjordania y a Jerusalén. Genocidio no significa solo matar a alguien, sino hacerle perder la identidad. Que los palestinos literalmente dejen de existir. Israel está llevando a cabo redadas y ofensivas en diversos puntos de Cisjordania, donde también hay decenas de muertos. Y estos ataques no son solo contra Hamás. Ahí también se está preparando lentamente el terreno para un desplazamiento masivo. No podemos más. Nuestro derecho es vivir en paz, tener trabajo, educar a nuestros hijos... No es posible estar siempre aterrados ante la perspectiva de una nueva guerra, sentir que pendemos de un hilo y que estamos vivos casi por accidente.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

La maldición de cambiar 14 veces de casa

Yabalia

En una maldición que no cesa, Kayed Hammad ha cambiado 14 veces de casa junto con su familia desde el inicio de la guerra de Gaza. Ahora vaga sin apenas ropa de invierno en busca de algo de comida entre las ruinas del campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja palestina, donde nació hace 60 años, después de escapar de los bombardeos de Israel que arrasaron su vivienda en Ciudad de Gaza, la capital del enclave costero. “La pasada Nochebuena fue la peor noche de mi vida porque sufrí un ataque de corazón”, relata en un arduo intercambio de mensajes. “Cuando llegué al hospital solo pudieron ofrecerme anestesia para aliviar el dolor… Ahora debería tener una revisión con un cardiólogo, pero no hay ninguno”, lamenta.

Sonriente y vital en agosto de 2022 —la última vez que habló con EL PAÍS antes de la invasión israelí de la Franja—, las imágenes que ahora hace llegar este gazatí —que ha trabajado como intérprete para ONG y periodistas extranjeros— son las de un hombre derrotado. “No veo nada bueno en el futuro. Dicen que necesitaremos 10 años para reconstruir Gaza”, se entristece desde el paisaje de devastación del norte de Gaza que muestran sus fotografías. De allí ha huido la gran mayoría de sus 1,1 millones de habitantes. “Los que se fueron al sur están sufriendo en tiendas de plástico y cartón al aire libre. Muchos se están arrepintiendo y ahora nos dicen: ‘Ojalá hubiéramos muerto antes de irnos”, relata. “Les dijeron que era un lugar seguro, pero casi todos los días los bombardean en Rafah o en Jan Yunis”.

A Hammad le gustaría estar en España con su hermano, con quien convivió hace tres décadas, y volver a practicar con sus amigos el castellano que aprendió entonces. “Cualquier ser humano merece vivir en paz, tener una vida normal”, confiesa con un sentimiento de pesar por el destino del resto de los 2,3 millones de gazatíes.

Como la mayoría de los habitantes de la Franja, la noche del 7 de octubre, durante el cruento ataque de Hamás en Israel, dormía cuando le despertaron las explosiones “Desde la ventana vi muchos ataques con cohetes y detonaciones de la Cúpula [de Hierro, sistema defensivo israelí]. Cuando se produjo la invasión, no notamos gran diferencia. Hasta que los disparos de los tanques se fueron acercando”, rememora.

“¿Que cómo son nuestros días aquí? Muchas noches no conseguimos dormir ni dos o tres horas, sobre todo cuando la operación [militar israelí] se concentraba en el norte. Con tantas bombas, como mucho duermes una hora, cuando ya estás tan agotado que no puedes resistir”, describe sus noches en vela. “Pero luego te despiertas por una explosión”.

Por las mañanas tiene que arriesgarse y salir a conseguir cualquier cosa para comer. Antes de la guerra entraban cada día 500 o 600 camiones con mercancías en Gaza. “Poder llegar ahora hasta donde se vende algo —si alguien tiene aún una tienda en un callejón escondido—, supone un riesgo muy grande”, reconoce.

“El agua potable… ya hemos olvidado lo que era hace mucho tiempo”, resume la narración de su vida cotidiana en Gaza. “Siempre hay que volver a casa cuanto antes. Y esperar al día siguiente. Y es lo mismo. Más de lo mismo. Y uno ya se siente incapacitado. Muchas cosas dejan sabor amargo. Quisieras dar de comer a tus hijos y no puedes”, se apena Hammad.

La primera semana de la guerra su casa fue destruida por los bombardeos israelíes. No ha sido la primera vez. En 2003 (Segunda Intifada) y en 2008 (Operación Plomo Fundido) ya perdió su hogar. “No sé cuándo volveré a tener una casa. Espero poder tener al menos una tumba normal. Ahora entierran en plazas públicas, en cualquier lugar, porque no se puede llegar al cementerio”, se despide con un mensaje pesimista desde Gaza.

Testigo desde Cisjordania de la desaparición de su familia

Ramala / Ciudad de Gaza

En los primeros días de guerra en Gaza, los ancianos Amer y Nama Redwan no temían por su vida, convencidos de que el ejército israelí jamás bombardearía su casa de dos plantas con jardín en Tel al Hawa, uno de los mejores barrios de la capital del enclave. “No va a pasar nada, no te preocupes. Estamos en una zona muy segura, al lado de la Media Luna Roja, de organismos internacionales… Aquí nunca han bombardeado”, tranquilizaba Amer por teléfono a su hija Imán, que seguía con agobio desde la ciudad cisjordana de Ramala —a la que se mudó desde Gaza al casarse— las noticias sobre ataques aéreos que mataban cientos de personas a diario.

El 9 de octubre, la esposa de Ramadán Abu Aljar —una mezcla de amigo y cuidador que insistía en acompañar a los Redwan en los momentos más difíciles— telefoneó llorando a Imán para decirle que su hijo no había visto nada en pie allí donde estaba la casa. Un bombardeo aéreo la había destrozado horas antes. Dentro estaban Amer, de 83 años; Nama, de 77; uno de sus hijos, Husein, de 38, y Ramadán, de 52.

Un vecino les contó que media hora antes había exhortado a Amer a escapar. El ejército israelí no avisó de la inminencia de los bombardeos, como solía hacer en anteriores ofensivas, pero la gente huía al ver cómo sonaban cada vez más cerca. “Le dijo: ‘Véngase, jay’ [una expresión de respeto a quienes han peregrinado a La Meca] y él respondió: ‘¿Por qué?’ Los israelíes saben quién vive en cada casa y que mi mujer está en silla de ruedas con bombona de oxígeno. Este no es un bloque alto y no hay nadie de Hamás o de la Yihad [Islámica]”, cuenta.

Los cuerpos de madre, hijo y Ramadán fueron sacados pronto sin vida de entre los escombros. El resto de los hijos contrataron a toda prisa por teléfono una excavadora privada para buscar a su padre. Tres días más tarde, el operario llamó a Imán al oler descomposición cerca del lugar del que extrajeron a su madre, pero ella se aferró a que sería el cadáver del gato, Loco. “No, lo siento, justo estoy viendo al gato sobre la pila de escombros”, le respondió.

“Si piensas en la situación general, sientes que lo que te ha pasado es solo una gota en el océano. Y hay cosas sobre las que elijo no pensar porque me volvería loca. Como que mi sobrina ha perdido a su padre. O si los perros se están comiendo a mi padre, madre o hermano”, señala. Lo dice porque están enterrados en el cementerio Al Faluya, en el hoy devastado campo de refugiados de Yabalia, y las tropas israelíes han causado daños en tumbas de ese y de otros cinco cementerios en Gaza, en ocasiones con bulldozers, según muestran imágenes verificadas sobre el terreno y por satélite. Es el único cementerio en el que, en medio de los bombardeos más intensos en décadas, un conocido les consiguió dos sitios para los tres cuerpos.

Como el 80% de gazatíes, eran refugiados de La Nakba (catástrofe, en árabe), en 1948, que se saldó con la expulsión de 800.000 palestinos. Cuando dos décadas más tarde, Israel conquistó Gaza a las tropas egipcias en la guerra de los Seis Días de 1967, la familia huyó de nuevo y acabó en Arabia Saudí. Nama, la madre, era profesora de árabe; Amer, administrativo y más tarde empresario. Tuvieron siete hijos y regresaron en 1988 a Gaza, donde Imán cursó secundaria y la carrera de Periodismo, en la Universidad Islámica.

Imán aún usa el presente al hablar de sus padres: “Mi padre es…”, “a mi madre le gusta…”. Los vio por última vez en agosto. El cerco israelí les impedía salir de la Franja (como a casi todos los gazatíes), así que la única opción de encontrarse con su hija de 52 años y ver a sus nietos era que entrase ella, lo que requería un permiso de las autoridades militares. Ante la dificultad de conseguirlo, Imán dedicaba tres días, cruzaba otros tantos países y gastaba mucho dinero en hacer un trayecto que, sin limitaciones y por tierra, serían 75 kilómetros: ir por carretera de Ramala a Jordania, atravesando un lento paso fronterizo; tomar en Amán un vuelo en sentido contrario, hacia Egipto, y llegar por carretera a Rafah, el cruce con Gaza.

La odisea de cargar un móvil para mantener el contacto

Rafah

La conversación con Abed Mustafa depende del sol. Ha habido suerte y el día está claro en Rafah, en el sur de la franja de Gaza. Como cada mañana, Mustafa ha caminado unos siete kilómetros para cargar el móvil en casa de unos amigos que tienen paneles solares y le hacen ese enorme favor gratis. Pero si hubiera llovido, habría tenido que pagar a personas que poseen pequeños generadores para recargar un poco la batería y no habría podido responder a la llamada de EL PAÍS.

“Cada acto de la vida cotidiana, el más simple, requiere un esfuerzo enorme y estoy cansado”, asegura este palestino de 24 años, que ha preferido que su nombre verdadero no aparezca en esta entrevista. “Pero tener batería en el móvil es lo más importante para mí. Llamar, tener noticias de la gente querida y saber qué está pasando…”.

Antes del 7 de octubre, Mustafa vivía en un pequeño apartamento en el este de Rafah que él mismo rehabilitó. Era una especie de refugio, en el que presumía de su independencia y recibía a sus amigos. El 9 de octubre, salió huyendo de su hogar, hoy convertido en una montaña de escombros.

“Pasé por escuelas de la ONU, por casas de familiares y ahora estoy en casa de mis abuelos en Rafah. Somos 27 en tres pequeñas habitaciones”, explica. Con él están sus padres y sus seis hermanos y hermanas, todos menores que él. El más pequeño, Mohammad, tiene solo dos años. “Todos los días se parecen: cargo el teléfono, vuelvo a casa y empieza la siguiente batalla: cómo hacer para comer y encontrar agua. Todo es durísimo. Por ejemplo, buscar agua significa caminar kilómetros hasta encontrar a alguien que la venda o distribuya. Rezo mucho antes de salir de casa. Pido a Dios que me ayude a encontrar lo que necesitamos”, explica.

La necesidad y el tiempo muerto han hecho que Mustafa y su padre ideen maneras de sobrevivir dignamente y han fabricado un horno casero donde cocer el pan que ellos mismos hacen y un precario calentador de plástico y metal para que los niños puedan lavarse con agua de mar caliente “cuando es posible”.

La conexión viene y va. Mustafa tiene cobertura gracias a sus vecinos, que captan una red egipcia. Las preguntas y las respuestas se entrecruzan y es necesario repetirlas varias veces y el tiempo apremia porque la batería se agota. “El otro día salí a buscar aceite a un mercado. Una bomba cayó en la zona media hora después de que yo saliera. Murieron 30 personas, que tal vez estaban buscando aceite como yo”, recuerda, lacónicamente.

Mustafa es licenciado en Lengua y Literatura Inglesas por la Universidad de Al Azhar en Gaza y ha trabajado como consultor, formador y coordinador de programas en organizaciones internacionales y palestinas. Pero está en el paro desde marzo del año pasado. Tampoco ha podido salir nunca de la franja de Gaza. “No tuve esa suerte, solicité becas para hacer un máster, pero no me seleccionaron. Me daba igual adónde ir. Los palestinos vamos donde surja la oportunidad”, afirma.

La vida de este joven representa la de decenas de miles de habitantes de la Franja, donde el 60% de la población tiene menos de 25 años, muchos han estudiado una carrera y hablan inglés con soltura, pese a no haber salido nunca de ese pequeño territorio de 365 kilómetros cuadrados, pero están desempleados. Según cifras oficiales, un 70% de los jóvenes de Gaza no tienen trabajo.

Ahora más que nunca, Mustafa se siente atrapado. “Odio esto, lo odio. Todo está lleno de gente, la casa está llena, la calle está llena. No se puede ni caminar, cada día hay más desplazados, más tiendas de campaña…”

Su hartazgo se mezcla con una inmensa tristeza al recordar a los familiares y amigos que ha perdido desde octubre. “La muerte que más me ha dolido ha sido la de mi tío. Odiaba a Hamás y todo lo que representa, pero Israel lo mató en su casa con ocho personas más”, recuerda. “El otro día bombardearon la casa de un amigo de la universidad, aquí en Rafah. Falleció toda la familia, menos él, que quedó malherido. Ahora es un muerto en vida”, agrega.

El dinero de la familia de Mustafa se ha acabado hace días y sobreviven gracias a la ayuda humanitaria que entra por Rafah a cuentagotas. Comen conservas y lo que van encontrando y priorizan alimentar a los niños. “No sé desde cuándo no como carne. Cuando se encuentra, es demasiado cara. Se me está empezando a caer el pelo, creo que es por comer tan mal”, explica.

Pero ese mediodía ha habido suerte y la familia ha almorzado falafel gracias a un amigo de Mustafa. “Todo el mundo está flaco. La gente se está muriendo de hambre y ataca los camiones de ayuda humanitaria. Esta noche me siento tranquilo porque sé que mañana tenemos qué comer”, dice.

“¿Qué viene ahora? No lo sé. La gente está preocupada por vivir hoy. Mi familia y yo somos totalmente apolíticos, pero va a ser difícil que Israel termine con Hamás, que es una realidad innegable en Gaza, con una estructura fuerte y no solo militar”, piensa en voz alta.

La batería del móvil se está acabando y Mustafa avisa que tiene que colgar. “¿Sabes lo que me da miedo?”, dice antes de despedirse. “Que nos acostumbremos a esto: a las bombas, la falta de comida, las escuelas convertidas en refugios, la muerte…”.

Enseñar a los niños a afrontar el dolor

Rafah

La entrevista se pospone varias veces por los bombardeos en la zona. Para tener conexión y poder atender esta llamada, esta psicóloga debe desplazarse a un lugar donde opera la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, en Rafah, en el sur de la franja de Gaza. S. A. no quiere que su nombre aparezca publicado. “Prefiero ser anónima por mi seguridad. Y, además, mi historia es la de muchos otros, no necesita un nombre”, explica.

Tiene 39 años y trabaja para Médicos del Mundo. Huyó de su casa en Ciudad de Gaza y se refugió primero en el centro, en Nuseirat, y finalmente alquiló un pequeño apartamento en Rafah donde viven 14 personas. “Mi peor momento fue huir de casa para salvar la vida, conducir como una loca para salir de esa zona y mirar mientras tanto la cara de mi madre, anciana, que venía conmigo. Perdí mi hogar y todos mis recuerdos. Duele mucho”, explica.

Verse desplazada dos veces no le ha impedido seguir ejerciendo, sobre todo con niños. En escuelas convertidas en refugios o en campamentos improvisados, S. A. y otras decenas de psicólogos comienzan ya a adentrarse en las heridas invisibles de más de 100 días de bombas, pérdida y miedos. “Elegí ser psicóloga para ayudar a la gente, lo llevo en el alma, quiero ayudar a esos niños y no me planteo quedarme en casa”, explica.

La ayuda que prestan es una especie de “primeros auxilios psicológicos”, una terapia de emergencia. “Los ayudamos a afrontar el dolor, comenzamos a brindarles apoyo emocional para identificar, expresar emociones difíciles y trucos prácticos para afrontar el estrés y el miedo, como ejercicios de respiración y otras tácticas”, explica.

Son niños que sufren serios desórdenes mentales como trastorno de estrés postraumático, ansiedad o depresión. Los juegos y las actividades artísticas y plásticas ayudan a los niños a comenzar a expresar sus emociones frente a los psicólogos y a sentirse acompañados por otros niños. “Jugamos, pintamos con ellos, hablamos con sus familias si es que tienen familias… No podemos hacer gran cosa, no podemos aspirar ahora a lanzar programas más ambiciosos para proteger su salud mental, pero al menos intentamos hacerles sentir un poco de alivio y de seguridad”, explica esta psicóloga.

Según la UNRWA, más de uno de cada cuatro pacientes examinados en sus centros en Gaza antes de que estallara esta ofensiva militar, necesitaban apoyo psicosocial y de salud mental.

En el caso de los niños, la mayoría ya estaban traumatizados antes del 7 de octubre. Un informe publicado por la ONG Save The Children en 2022, concluyó que desde que se impuso el bloqueo terrestre, aéreo y marítimo en 2007, la vida de los niños de Gaza ha estado sumida en graves privaciones, ciclos de violencia y restricciones a su libertad, y su salud mental estaba ya en un punto crítico. Alrededor de un 80% de los niños declararon sentirse en un estado permanente de miedo, preocupación, tristeza y dolor.

“Recuerdo por ejemplo un niño de siete años, que había perdido a sus padres y a cuatro hermanos en un bombardeo. Solo se salvaron él y su hermana, de unos 15 años. Ahora está en un refugio con unos parientes y está muy mal. Duerme mal y tiene pesadillas, está enfadado permanentemente, es muy agresivo, llora, grita y no quiere hablar con nadie”, explica la psicóloga de Médicos del Mundo.

S. A. explica que el niño no quería participar en ninguna actividad propuesta por los psicólogos y revivía permanentemente el momento de la muerte de sus padres y su huida para salvar la vida. “Se sentía culpable por lo que pasó y cuando empezó a hablar decía que se quería morir. Era un caso muy difícil. Pasé mucho tiempo con él, hablándole, invitándolo a participar en alguna actividad y poco a poco fue entrando en los juegos y comenzó a abrirse. Es un niño que necesitará muchas sesiones individuales y muchos años para revivir mínimamente. Como psicóloga, lo sé”, agrega.

S. A. carraspea y se toma unos segundos para recuperar el aplomo. Está soltera y explica que utiliza con su madre, sus sobrinas e incluso con ella misma las técnicas que enseña a los niños. Las respiraciones, los pensamientos positivos, los gestos para tranquilizar… La mujer forma parte de un equipo de una veintena de personas, cuatro de ellas psicólogas. Sus responsables las acompañan para detectar si desfallecen y ayudarlas a tomarse un respiro cuando se sienten desbordadas emocionalmente. Por ejemplo, cuando un compañero o amigo fallece o resulta herido en los bombardeos, como ha sido el caso.

“La situación empeora cada día. Es muy duro. Soy psicóloga, pero también soy un ser humano y sufro. Intento desde lo más profundo de mi corazón ser fuerte, con los niños, con mi familia y hacer algo por ellos, aunque sea poco”, insiste.

Médicos del Mundo ha advertido de que la violencia extrema en la Franja y las atrocidades presenciadas por los niños “pueden causar daños irreversibles en su desarrollo mental y emocional”, que “no van a desaparecer en el momento que cese la violencia”, ya que un porcentaje pequeño va a desarrollar un trastorno mental más grave que requiera atención especializada. “Pero por ahora no podemos pensar en el futuro, no sabemos qué más nos puede pasar. Vivimos día a día”, se despide S. A.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.

Seguir leyendo

Estamos hablando de un viaje de 80 kilómetros, pero en 2023 ese trayecto es una carrera de obstáculos infinitos e imposibles de superar: barreras, bloqueo israelí de la franja de Gaza, permisos de salida y de entrada, controles militares, colonias, radicalismo, corrupción... Pero para Sourani, fundador y director del Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés), que desde 1995 documenta la ocupación israelí y sus consecuencias, el muro más alto es “el olvido y la pasividad internacional” que permiten que todas las circunstancias anteriores “crezcan y crezcan sin que nadie rinda cuentas”.

Hace dos años que Europa no mueve un dedo por nosotros y eso envalentona cada día a Israel

Raji Sourani, abogado palestino y defensor de los derechos humanos

En un café de Madrid, tras varios días de encuentros con autoridades, sindicatos y grupos de solidaridad, este abogado, con 40 años de lucha por los derechos humanos a la espalda, rumia su decepción y lidia con la ansiedad que le provoca estar fuera de la Franja, donde Israel bloquea los accesos por tierra, aire y mar desde 2007, cuando el enclave palestino pasó a estar gobernado por el movimiento islamista Hamás. “No es que no me guste la vida, la libertad y pasear, pero no me siento bien cuando estoy lejos. Mi lugar está allá”, admite.

“Nos hemos convertido en una tierra de mendigos. Los jóvenes son la inmensa mayoría de nuestra población, pero hay una generación entera que vive totalmente desconectada del mundo exterior. Al aislamiento, el desempleo, la falta de muchos bienes y servicios se suma ahora lo que está pasando en Cisjordania, que puede llevar a Hamás a la confrontación”, advierte. Sourani se refiere a los violentos incidentes y redadas registrados en estos días en el norte de Cisjordania, donde ultranacionalistas mataron a un palestino e incendiaron decenas de sus casas y vehículos en la localidad de Huwara, en represalia por la muerte de dos israelíes en un ataque, y al deceso de 11 palestinos en una incursión militar en la ciudad de Nablus.

“Creo que estamos en vísperas de una gran explosión, de una confrontación masiva, en la que Gaza también prenderá fuego. Ojalá me equivoque, rezo para que así sea, pero se está llevando al límite a la gente. Hay quienes piensan que Qatar y Egipto van a lograr controlar a Gaza con amenazas, con dinero... pero se equivocan”, insiste. Según Sourani, el nuevo Gobierno israelí, el más ultraderechista de la historia del país, “hace más o menos lo que hacían los precedentes, pero a diferencia de estos, sí lo dice abiertamente: hablan sin tapujos de anexionar Cisjordania, de arrasar pueblos... Y eso avergüenza a los países occidentales, pero tampoco hacen gran cosa”. “La realidad es que está muriendo gente cada día. Y si Israel sigue empujando y empujando contra la pared a palestinos que sienten que no tienen nada que perder. ¿De verdad creemos que estas personas morirán en silencio?”

Sourani, recientemente galardonado con el premio internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, ha conocido las cárceles israelíes y también las palestinas, ha estado o está en la lista negra de Egipto, de Israel y de Hamás y ha sido criticado por la Autoridad Palestina, el Gobierno del presidente Mahmud Abbas, por hablar sin pelos en la lengua contra quien haga falta.

Su organización, en la que trabajan 60 personas, la mayoría en Gaza, atiende a víctimas del conflicto con Israel (heridos en ofensivas o en protestas ante la barrera de separación), a enfermos de la Franja que morirán si no reciben un permiso israelí para salir y recibir tratamiento en otro hospital palestino con mayor infraestructura, y a mujeres víctimas de maltrato o que se quieren divorciar. “Cada día trabajamos más y cada día nos cuesta más inyectar esperanza”, admite. Su fotografía personal de Gaza es demoledora. “Siempre parece que hemos tocado fondo, pero siempre se puede estar un poco peor”, lamenta.

Creo que estamos en vísperas de una gran explosión, de una confrontación masiva, en la que Gaza también prenderá fuego

Raji Sourani, abogado palestino y defensor de los derechos humanos

Víctimas de segunda

En sus reuniones con representantes del Gobierno les ha reprochado amargamente la abstención de España a finales del año pasado en la votación de una resolución de la ONU, finalmente aprobada, en la que se pedía a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se pronunciara sobre la legalidad de los más de 55 años de ocupación israelí. Según Sourani, la respuesta del Gobierno a sus críticas “han sido palabras huecas”. “Queremos hechos. Los palestinos somos ocupados de segunda división. Hace dos años que Europa no mueve un dedo por nosotros y eso envalentona cada día a Israel. ¿Te imaginas si una décima parte de los crímenes israelíes los cometieran los palestinos? ¿Cuál sería la reacción internacional entonces?”, se pregunta este letrado, que ha formado parte de la Comisión Internacional de Juristas y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y ha recibido premios como el Robert F. Kennedy a los Derechos Humanos y el Right Livelihood, conocido como el Nobel alternativo.

Sourani critica el “doble rasero” que Europa utiliza a la hora de entender e interpretar la ley humanitaria internacional y las reglas de la guerra, algo que se ha puesto de manifiesto con la guerra en Ucrania. “Se está seleccionando y politizando la dignidad de la gente, se está diciendo que unos merecen justicia y otros no tanto”, acusa.

“Yo creo que los ucranios necesitan toda la ayuda posible, que Rusia debe ser objeto de sanciones, pero lo que no se puede hacer es apoyar el derecho a la autodeterminación de Ucrania con declaraciones, investigaciones, dinero y armas y no decir nada contra la ocupación israelí. Esta selectividad es muy muy peligrosa”, prosigue.

En 2021, el Tribunal Penal Internacional (TPI) anunció la apertura de una investigación por crímenes de guerra cometidos en Palestina a partir de junio de 2014 que implica a Israel y a las milicias de la franja de Gaza, encabezadas por Hamás. La decisión, criticada por el Gobierno de Israel, que rechaza la jurisdicción de los jueces de La Haya, fue recibida con esperanza por los palestinos. Pero en los últimos dos años, desde que Karim Khan se convirtió en fiscal del organismo, “creo que nada se ha movido un milímetro. Ojalá me equivoque. Ellos dicen que están trabajando y avanzando y yo les digo: ‘Miren, somos abogados, estamos allá, documentando, conocemos los hechos, las víctimas y los testigos. Sabemos todo, dígannos qué necesitan’. Pero nada”, asegura.

“Finalmente, todo esto nos motiva más porque no nos vamos a rendir. Estamos en el lado bueno de la historia, defendiendo una causa justa y terminarán pagando por nuestro sufrimiento porque han ido demasiado lejos y sé que no estamos solos. Hay una solidaridad mundial con Palestina”, afirma.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

En tres meses y medio, desde que empezaron los ataques israelíes en Gaza, no hemos dejado de contar los muertos palestinos allí. Ya son más de 25.000. La mitad de ellos, niños. Un equipo de EL PAÍS lo ha documentado con datos, análisis y entrevistas. En audio, nos hemos fijado en los supervivientes y, entre ellos, en los jóvenes. Beatriz Lecumberri, redactora de Planeta Futuro, explica por qué esa generación representa a la mayor parte de la población de la Franja. Muchos lo han perdido todo y su labor es esencial: son quienes se encargan de buscar baterías, comida y agua para el resto.

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Seguir leyendo

Su testimonio es uno de los más de 40 recogidos por la ONG Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este jueves en el que denuncian que “más del 80% de los buques de compañías europeas y del este y el sudeste asiático terminan al final de su vida útil en tres playas del sur de Asia: Chattogram en Bangladés, Alang en India y Gadani en Pakistán”. Los propietarios de estos barcos evaden la legislación internacional para realizar este proceso de manera más económica, pero mucho menos segura para el medioambiente y para los trabajadores, de los cuales alrededor de un 13% son niños, denuncia la ONG.

HRW, que ha elaborado este estudio en colaboración con la ONG Shipbreaking Platform, que aportó análisis de expertos e investigaciones adicionales de seguimiento de los movimientos y transacciones de los buques, calcula que 30 astilleros operan actualmente en Bangladés, desguazando decenas de buques. “Es una industria muy rentable para Bangladés, especialmente porque gran parte del acero reciclado de los barcos se vende después en el propio país”, explica en conversación telefónica con este diario Julia Bleckner, investigadora principal del informe de HRW, un negocio que, según los datos que ha recopilado para el informe, aporta unos 2.000 millones de dólares (1.887 millones de euros) a la economía del país.

“Solo gano 200 takas (1,7 euros) al día, así que no puedo permitirme unas botas de goma que cuestan 800 takas (6,8 euros) y trabajo descalzo”, dice un trabajador que lleva ocho años de transportista en un astillero

Para explicar este fenómeno, HRW traza el recorrido de uno de estos barcos, llamado Max, que pertenecía a la naviera griega Tide Line Inc. y terminó en el verano de 2021 en Bangladés, en el astillero Arefin Enterprise, que compra embarcaciones al final de su vida útil, los desguaza y vende el metal y otros materiales una vez desmantelados. El Reglamento de Traslado de Residuos de la Unión Europea (EUWSR, por sus siglas en inglés) prohíbe transportar los desechos desde aguas de la Unión Europea (UE) a países que no pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Pero Tide Line Inc., como muchas navieras europeas, eludió esta normativa vendiendo el Max a un chatarrero antes de que fuera considerado un residuo. El nuevo propietario lo sacó fuera de las aguas de la UE y le colocó un pabellón de las Islas Comoras, es decir no comunitario, cuando el buque fue enviado al desguace.

El Reglamento de Reciclaje de Buques de la UE (SRR) solo se aplica a aquellos abanderados por un Estado de la UE, una norma que las empresas aprovechan para eludir la legislación. “Lo que hacen las empresas europeas es vender el barco a otras compañías que les colocan las llamadas banderas de conveniencia”, es decir, la de un país diferente a su propietario, explica Bleckner. Además de las Islas Comoras, hay otros países que se prestan a colocar su pabellón en estos barcos. Son “Estados sin regulaciones específicas” sobre esta industria, como “Panamá, Liberia, las Islas Marshall o Hong Kong”, cuyas banderas ondean en más de la mitad de la flota mundial, añade Bleckner. Sin embargo, los países originalmente propietarios son Grecia, China, Japón, Alemania y Noruega, según HRW.

“Me siento en riesgo, pero tengo que seguir en los astilleros. Si me quedo en casa, ¿quién me dará de comer?”, se pregunta Aarul, que sufrió una caída de seis metros cuando estaba trabajando y tuvo una pierna fracturada y cinco dientes arrancados de cuajo

Desde 2018, además, la UE exigió que todos los buques con pabellón de la UE sean reciclados en una instalación aprobada por el bloque, que sea auditada de forma regular e independiente para verificar el cumplimiento de las normas sobre protección del medioambiente y seguridad de los trabajadores. Ninguno de los astilleros de Bangladés ha sido aprobado por la auditoría de la comisión de Bruselas. “Una de las recomendaciones que le hemos hecho a la UE es que esta exigencia no se aplique sobre el pabellón de los barcos, sino sobre el origen del propio barco”, indica la investigadora, lo que convertiría en una práctica ilegal que un buque de origen europeo fuera desguazado en este tipo de astilleros.

Trabajar descalzo

Las repetidas lesiones y muertes de trabajadores no han disuadido a muchas empresas navieras de enviar sus buques a este país asiático, apunta este informe, para el que HRW entrevistó a dos médicos que trabajan en Chattogram y a ocho expertos en desguace y reciclaje de buques y en legislación medioambiental y laboral de Bangladés.

“El trabajo en la industria del desguace de buques de Bangladés es en gran medida informal, no está regulado y rara vez se somete a inspecciones o controles de salud y seguridad en el trabajo”, apunta la investigación. Según HRW, los obreros de muchos astilleros de desguace de Bangladés cortan cables y tuberías, atraviesan los cascos de los barcos con sopletes, escalan varios pisos y transportan chatarra, a menudo sin el equipo de protección adecuado. Muchos mueren o resultan gravemente heridos por explosiones, aplastados por trozos de acero que caen y quemados por gases, líquidos y otros materiales inflamables de los buques.

“Me siento en riesgo porque sé que no hay seguridad para los trabajadores. Pero tengo que seguir trabajando en los astilleros, porque si me quedo en casa, ¿quién me dará de comer?”, se pregunta Aarul, de 39 años, que sufrió una caída desde una altura de seis metros cuando estaba trabajando y tuvo una pierna fracturada y cinco dientes arrancados de cuajo.

Sohrab, de 27 años, lleva ocho trabajando en un astillero como transportista. Su labor consiste en transportar botellas de oxígeno de unos 120 kilogramos cada una desde el barco hasta la costa. “Solo gano 200 takas (1,7 euros) al día, así que no puedo permitirme unas botas de goma que cuestan 800 takas (6,8 euros) y trabajo descalzo. Si pido un equipo apropiado, los dueños de la empresa me van a decir: ‘si tienes algún problema, vete”, explica este hombre.

Muchos trabajadores del desguace de buques son menores. Una encuesta realizada en 2019 entre las personas que desarman barcos en Bangladés estimó que el 13% por ciento de la mano de obra son niños, una información que confirma un gran número de los entrevistados para este informe, que contaron a HRW que comenzaron a trabajar cuando aún eran menores. Los investigadores señalaron, sin embargo, que esta cifra se dispara hasta el 20% durante los turnos de noche ilegales. “En Bangladés está absolutamente prohibido el trabajo infantil, pero esta industria [de desguace de barcos] está muy desregulada, es muy informal”, condena Bleckner, que reclama al Gobierno bangladesí el cumplimiento de las leyes. En concreto, este trabajo, “está identificado como uno de los más peligrosos para los niños”, lamenta.

El 13% por ciento de la mano de obra en estos astilleros son niños, según una encuesta. Los investigadores señalan que esta cifra se dispara hasta el 20% durante los turnos de noche ilegales

HRW ha intentado recabar para su informe el testimonio de 12 empresas navieras o de desguace, seis agencias de abanderamiento y tres astilleros de desguace, así como de la Organización Marítima Internacional (OMI) y de varias instituciones de Bangladés, entre ellas, al Departamento de Medio Ambiente, los ministerios de Industria y de Trabajo y Empleo y a la Junta de Reciclaje de Buques. Solo ha recibido respuestas de la OMI y de las compañías A.P. Moller-Maersk A/S y Novonor, propietarias de barcos, y de la empresa de desguaces de buques Best Oasis Ltd., que pidió que su respuesta no fuera incluida en el informe.

En concreto, la danesa A.P. Moller-Maersk A/S y la brasileña Novonor dieron explicaciones sobre la venta de un barco del que compartían la propiedad, el North Sea Producer, utilizado durante 17 años para procesar petróleo de la plataforma continental del mar del Norte del Reino Unido y vendido en 2016 a Global Marketing Systems (GMS), con sede en Dubái, que se jacta de haber adquirido casi la mitad del total de buques desguazados en el sur de Asia en 2020. La embarcación terminó en un astillero de Bangladés. Sin embargo, ONG locales, y en especial la Asociación de Abogados Ambientales de Bangladés, presionaron para que se investigara este barco y descubrieron que los niveles de radiación procedentes del buque eran “peligrosamente altos”, por lo que un juez paró el desguace.

“El North Sea Producer fue vendido y transferido tal cual y estaba, así que el comprador asumió la responsabilidad operativa y legal de la unidad”, afirmó la empresa danesa para eludir responsabilidades. No obstante, explicó que, desde entonces, ha dejado de vender barcos para que sean desguazados en Bangladés. Por su parte, Novonor, respondió que la empresa compradora, que nunca contestó a HRW, incumplió “claramente” el acuerdo de venta que le obligaba a respetar la legislación medioambiental. “Es preciso que las navieras sean transparentes con el proceso que siguen” cuando acaba la vida útil de sus barcos, reclama Bleckner.

Puedes seguir a Planeta Futuro en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“Ha habido algunos avances pequeños, pero nos queda muchísimo camino por delante. El odio sigue presente en las calles”, explica Slava Mulear, de 41 años, actualmente coordinador del programa de salud de Genderdoc y miembro de la entidad “desde el principio”. “Nosotros fuimos pioneros, nacimos porque necesitábamos urgentemente defender nuestros derechos. Hoy, hay otras organizaciones en el país, la mayoría online, con las que también trabajamos y nos permiten llegar a más gente en Moldavia”, agrega.

Mulear y Cristian Rotari, otro miembro de la organización, reciben a este diario en la sede de la entidad, una casa baja en un barrio residencial de la capital moldava, reconocible por la bandera LGTBI que ondea en su patio interior. Genderdoc, que acaba de cumplir 25 años de existencia, ha trabajado para crear un entorno jurídico y social favorable a las personas de diferentes orientaciones e identidades sexuales y de género. Y la tolerancia y el amparo legal a la comunidad LGTBI de Moldavia, un país de 3,3 millones de habitantes, donde uno de cada cuatro ciudadanos vive por debajo del umbral de pobreza, han avanzado progresivamente.

Estos esfuerzos se enmarcan en el deseo del Gobierno presidido por Maia Sandu de integrarse en la Unión Europea. En 2022, por ejemplo, se enmendó una ley para incluir la orientación sexual y la identidad de género entre los motivos denunciables frente a “cualquier tipo de discriminación”.

Ahora hay menos agresiones físicas, pero más ataques invisibles, puramente de odio. Aquí en Chisinau la gente es más abierta, pero todavía hay que tener mucho cuidado

Cristian Rotari, Genderdoc

“Moldavia está más avanzada que otros países exsoviéticos, Por ejemplo, si ahora alguien me golpea porque soy gay, el castigo será mayor porque ahora es un crimen de odio”, celebra Mulear, que sobrevivió hace algunos años a una agresión en su casa. “Por ser gay. Tengo suerte de estar vivo”, agrega. “Creo que ahora hay menos agresiones físicas, pero más ataques invisibles, puramente de odio. Aquí en Chisinau está claro que la gente es más abierta, pero todavía hay que tener mucho cuidado”, agrega Rotari, encargado de ofrecer asesoramiento y pruebas médicas a los beneficiarios de la ONG.

Según los miembros de Genderdoc, la intolerancia y los ataques proceden en muchos casos de sectores vinculados a la iglesia ortodoxa, de algunas autoridades públicas, como alcaldes, y se ven impulsados por una narrativa anti LGBTI promovida por “sectores prorrusos”. “Aquí tenemos personas no binarias que son golpeadas en la calle, porque la gente les mira y les pregunta: ‘¿eres hombre o mujer?’ Entonces se les agrede por la apariencia que tienen”, agrega Rotari.

“Consideramos que la adhesión de Moldavia a la UE es vital para proteger los derechos LGBTI y garantizar la dignidad y la seguridad de la comunidad”, estimaron los responsables de la ONG en un documento publicado recientemente

A finales de 2023, los dirigentes de la UE decidieron entablar las negociaciones de adhesión con Moldavia, pero al mismo tiempo, Bruselas insistió en que las autoridades del país deben “defender los derechos de las personas LGBTI, especialmente cuando se organizan reuniones multitudinarias”. “No se ha avanzado en la lucha contra los estereotipos LGBTI. Las autoridades deben tratar de aplicar las normas y prácticas internacionales sobre eliminación de la segregación social y la discriminación para garantizar que las comunidades minoritarias puedan sentirse seguras como participantes activos de la sociedad”, agregó el documento oficial europeo.

Una encuesta encargada por Genderdoc en 2023 concluyó que un 55% de los habitantes de Chisinau tenía una opinión favorable o neutra hacia la comunidad LGTBI, comparado con el 33% de tres años antes. Los progresos registrados por Moldavia hicieron que ILGA-Europe, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex, que vigila las leyes LGTBI en 49 países, subiera a Moldavia, de los últimos lugares de su lista al puesto 23 en su último informe.

El peligro de caminar de la mano

Por la casa de Genderdoc pasan cada día decenas de personas muy diferentes: desde diputados hasta jóvenes buscando un preservativo o informándose sobre cómo hacer una prueba de sida. El año pasado, la ONG atendió a 4.600 personas. “Recibimos a personas muy vulnerables. Hoy, por ejemplo, vinieron a hacerse un test de sífilis y de sida. También llegan a medirse el azúcar y a buscar condones y lubricantes. Hay casos que derivamos a centros médicos, porque tenemos un acuerdo con una clínica local. Y nosotros también nos desplazamos. Vamos a fiestas, a bares... donde repartimos información y preservativos, por ejemplo”, explica Rotari.

“Porque la realidad es que en el día a día sigue siendo peligroso que dos hombres se den la mano en la calle en Chisinau. Así que nos encontramos en bares y discotecas. Aquí en la capital hay más y mejor acceso a la información, es más abierto, pero en los pueblos es complicado. La gente que vive allá y es homosexual sufre una enorme discriminación”, agrega.

Nikolai, abogado de 24 años, oriundo de un pueblo de 3.000 habitantes del norte de Moldavia, fue objeto de ese desprecio que se tradujo en discriminación social, laboral e incluso médica. “Soy seropositivo e informaciones confidenciales sobre mi estado de salud salieron a la luz. Fue una desgracia para mí y para toda mi familia. Mi madre lo ha pasado fatal, pero es una mujer que se ha empeñado en cambiar las cosas, en educar a los vecinos”, cuenta, en la sede de GenderDoc, donde recibe tratamiento y se hace tests. “Todo es confidencial, me da mucha seguridad”, afirma.

Una encuesta encargada por Genderdoc en 2023 concluyó que un 55% de los habitantes de Chisinau tenía una opinión favorable o neutra hacia la comunidad LGTBI, comparado con el 33% de tres años antes.

El programa de salud de Genderdoc está financiado mayoritariamente por el Fondo Mundial, el mayor proveedor multilateral de subvenciones para luchar contra el VIH, la tuberculosis y la malaria en más de 155 países, en el que España es también donante. Para otros programas, la ONG recibe dinero público y privado de países como Suecia o Reino Unido. “Pero no logramos cubrir todas las necesidades. Ahora, por ejemplo, tenemos un agujero económico para atender a la población transgénero. Necesitamos psicólogos para ellos y no hay muchos, por eso tenemos que pagar. También es difícil conseguir hormonas y hay que importarlas, lo que eleva su coste”, explica Mulear.

LGTBI y refugiados de Ucrania

A medio plazo, la prioridad para estos activistas es el reconocimiento del género y legalización del matrimonio homosexual en Moldavia. “Si pudiera pedir un deseo sería ese. Daría un reconocimiento y una seguridad a las parejas, que podrían compartir realmente sus vidas. Por ejemplo, si uno va al hospital, la pareja podría recibir informaciones, tomar decisiones... Hasta ahora nuestra misión ha sido informar al respecto, pero ahora hay que pasar a la acción. Queremos los mismos derechos que los demás, solo eso”, afirma Rotari.

Mulear subraya también la batalla de las personas transgénero para cambiar los documentos de identidad. “Lleva años, se necesitan psiquiatras, a veces hay que ir a tribunales europeos y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas”, suspira el activista. Los dos hombres recuerdan una persona que murió durante la pandemia de coronavirus y que quería fallecer legalmente como mujer, o el suicidio el año pasado de una adolescente transgénero de 15 años que fue acosada por sus compañeros. “Después de aquello hicimos muchos llamamientos al ministerio de Educación, pedimos que los profesores estuvieran más preparados para enfrentarse a este tipo de situaciones. Hicimos unos talleres en el centro en cuestión y el ministerio pensó que con eso ya estaba. Pero todos los profesores de Moldavia necesitan este tipo de formación. Una cosa es la ley y otra la vida real”, agregan.

La guerra en la vecina Ucrania también ha modificado y aumentado el trabajo de GenderDoc. El estigma en los dos países hacía imposible que los refugiados de la comunidad LGTBI que llegaron a Moldavia huyendo del conflicto pudieran alojarse en centros de acogida ordinarios. “Necesitaban un lugar seguro y alquilamos dos apartamentos, en los que pueden quedarse varios meses. Les ayudamos a integrarse, si quieren quedarse aquí, les damos apoyo financiero, como vales para comida”, explican.

Nico, de 39 años, un ucranio enjuto, con barba perfectamente recordada, vestido con esmero y recién perfumado, cuenta que llegó a Moldavia huyendo de Odesa, nada más estallar la guerra. “Debo mucho a esta ONG. Me han ayudado a formarme, me han dado un techo y comida. Ahora trabajo como peluquero en prácticas. Al principio no me quería quedar en Moldavia y fui a Bucarest, pero volví. Pese a todo, en Chisinau hay una mayor tolerancia que en Ucrania y me siento más cómodo y tranquilo que en mi país”, asegura.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“Lo que nos ha impresionado es que es algo mundial. No se trata de activistas que manejan habitualmente el tema de Palestina. Son ciudadanos corrientes, personas preocupadas con lo que ocurre, que reaccionan a las noticias y experimentan la censura por primera vez”, declaró a este diario Deborah Brown, coautora de este informe, que se basa y complementa años de investigaciones de organizaciones palestinas e internacionales de derechos humanos y derechos digitales, en particular 7amleh, el Centro Árabe para el Avance de los Medios Sociales, y Access Now.

HRW considera que Meta está aplicando sus normas de seguridad de manera “incoherente” y eso conlleva “la eliminación errónea de contenidos sobre Palestina” y hace que muchos usuarios opten por no compartir ciertas informaciones para evitar ser bloqueados o señalados. La ONG opina que la censura es “sistémica y global” y que las restricciones de Meta son “contrarias a los derechos universales de libertad de expresión y acceso a la información”.

No se trata de activistas que manejan habitualmente el tema de Palestina. Son ciudadanos corrientes, personas preocupadas con lo que ocurre, que reaccionan a las noticias y experimentan la censura por primera vez,

Deborah Brown, HRW

Para llevar a cabo esta investigación, HRW pidió públicamente a usuarios que se habían sentido censurados al expresarse sobre Israel y Palestina que contaran su experiencia y la sustentaran con informaciones precisas. La ONG recibió y sigue recibiendo multitud de ejemplos y ha documentado más de 1.000 casos de supresión de contenidos y de restricciones importantes en Instagram y Facebook entre octubre y noviembre de 2023. Se trata de publicaciones o comentarios procedentes de unos 60 países, principalmente en inglés, con un denominador común: “la expresión pacífica de apoyo a Palestina”, en un momento en que el conflicto alcanza una intensidad desconocida y ya ha provocado más de 20.000 muertos en Gaza y unos 1.200 en Israel, tras una sangrienta incursión de milicianos del movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en la Franja.

La ONG envió a Meta las conclusiones de esta investigación y la casa matriz de Facebook e Instagram respondió que era consciente de que las medidas que adopta durante los conflictos podrían tener consecuencias no deseadas “como limitar inadvertidamente publicaciones inofensivas o incluso útiles” y admitió que en “situaciones excepcionales la respuesta no puede ser perfecta y las personas y los sistemas cometen errores”.

Este diario contactó a Meta para saber más sobre las medidas que ha tomado para moderar sus contenidos en medio de esta crisis y la compañía remitió al blog en el que explica sus decisiones para garantizar “tanto la expresión como la seguridad” de sus usuarios desde el 7 de octubre.

Esta semana, las quejas presentadas por los usuarios lograron el Consejo de Supervisión de Meta estimara que las herramientas automatizadas de la empresa eliminaron innecesariamente dos vídeos relacionados con el conflicto entre Hamás e Israel y resaltara que el uso de estos mecanismos automáticos aumenta la probablidad de retirar “publicaciones valiosas” que sensibilizan sobre el conflicto y pueden contener pruebas de violaciones de derechos humanos. La decisión se refiere a un video en el que aparece una rehén israelí suplicando que no la maten y a otro en el que se ven niños heridos o muertos tras un bombardeo cerca del hospital Al Shifa en Gaza. Ambos han sido ya republicados por Meta.

“La decisión del Consejo confirma lo que hemos visto: hay mucha gente que ha sufrido esta censura que apela para que sus contenidos sean restaurados”, agregó Brown.

Ni banderas palestinas, ni críticas a Israel

La investigación publicada este jueves por HRW concluye que comentarios que incluían los eslóganes “Palestina libre”, “Alto el fuego ya” o “Alto al genocidio” fueron eliminados de numerosas publicaciones. También desaparecieron las frases que incluían una mera mención neutra a Hamás, una crítica al Gobierno israelí o usaban un emoji con la bandera palestina.

“Cualquier contenido que ensalce a Hamás, considerado una organización peligrosa por Meta, no está permitido en nuestras plataformas. Podemos cometer errores y por eso ofrecemos la posibilidad de que la gente apele y nos diga lo que piense que hemos hecho mal y lo examinaremos”, respondió la compañía a HRW.

Instagram y Facebook también han suspendido o desactivado permanentemente las cuentas de periodistas, activistas y medios de comunicación. La investigación cita, por ejemplo, la página en Instagram de Let’s Talk Palestine, la cuenta de la corresponsal de Mondoweiss, Leila Warah, y la página en Facebook del medio Quds News Network. El argumento usado en la mayoría de estos casos fue el incumplimiento de la norma de “organizaciones e individuos peligrosos”, que veta a quienes hacen apología de la violencia. La regla, en esencia positiva y necesaria, prohíbe, de hecho y según esta investigación, mensajes pacíficos en favor de los derechos humanos y acalla el debate sobre Israel y Palestina.

Los usuarios “pretendían denunciar la violencia, no incitarla”, subraya HRW, lamentando que, al descontextualizar el contenido y aplicar sin matices sus políticas, Meta está logrando el resultado opuesto al que persiguen sus normas.

En otros casos, Meta argumentó que ciertos contenidos borrados violaban la norma de “desnudez y actividad sexual de adultos”, pero en los casos documentados, este argumento siempre corresponde a imágenes de cadáveres palestinos en las ruinas de Gaza, que están totalmente vestidos. HRW también cita el ejemplo de un usuario de Facebook, que publicó un comentario que decía: “¿Cómo puede alguien justificar el apoyo a la matanza de bebés y civiles inocentes?”, que se eliminó en virtud de las normas comunitarias sobre “intimidación y acoso”.

Por otra parte, HRW constata que hay un doble rasero en estas restricciones. Mientras contenidos propalestinos son eliminados, otros que constituyen un discurso de odio hacia los palestinos siguen en línea. Por ejemplo, un usuario reportó un comentario que decía: “Le deseo éxito a Israel en esta guerra en la que tiene razón, espero que borre a Palestina de la faz de la tierra”. Pero Instagram concluyó que no violaba las normas de la comunidad.

La ONG también menciona una aplicación “opaca” de las excepciones a las reglas de uso de estas plataformas. Es decir, Meta permite en ocasiones publicar contenidos en favor del interés público o periodístico, aunque infrinjan sus políticas, algo que ya ha ocurrido en el caso de la guerra de Ucrania.

Además, HRW lamenta que la empresa “ceda ante las peticiones de retirada de publicaciones por parte de los gobiernos”, como por ejemplo las solicitudes emitidas por Unidad Cibernética de Israel. Este organismo, dependiente de la Fiscalía General del Estado, había emitido, según informaciones de la prensa, 9.500 solicitudes de retirada de contenido desde el 7 de octubre de 2023 y hasta el 14 de noviembre, más de la mitad de ellas a Meta. Las plataformas habrían accedido a retirar más un 90% de estas publicaciones, según las mismas fuentes. Human Rights Watch envió una carta a este organismo israelí pidiendo detalles sobre las normas que se violaban en estos comentarios, pero hasta el momento no recibió respuesta. “No eliminamos contenidos simplemente porque una entidad gubernamental lo solicite”, se defiende Meta en su respuesta a la ONG.

Abusos intensificados

Aunque esta parece ser la mayor oleada de supresión de contenidos sobre Palestina hasta la fecha, Meta ya ha restringido o vetado este tipo de informaciones en el pasado, según HRW. En 2021, cuando Israel ordenó el desalojo de familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, hubo una ola de censura contra personas que criticaron en las redes sociales estas expulsiones y abusos. En ese momento, HRW publicó un informe, documentando estas restricciones y advirtiendo de que Meta estaba “silenciando a muchas personas de forma arbitraria y sin explicación”.

Meta no ha cumplido sus promesas y los patrones de abusos del pasado no solo se repiten, sino que se intensifican.

HRW

En respuesta, Meta encargó una investigación independiente sobre sus políticas de moderación de contenidos en árabe y hebreo en Facebook y el funcionamiento de sus dispositivos automáticos de control. Este estudio concluyó que “las políticas de la empresa “parecen haber tenido un impacto negativo sobre el derecho a la libertad de expresión de los usuarios palestinos”. Meta asumió varios compromisos en aquel momento, pero lo ocurrido desde el 7 de octubre muestra que “no ha cumplido sus promesas y los patrones de abusos del pasado no solo se repiten, sino que se intensifican”, afirma HRW.

“Esperamos seguir haciendo presión sobre Meta para que ponga en práctica algunas de las recomendaciones que ya ha recibido y que sea más transparente con los usuarios, con la gente afectada por sus decisiones. Esto no es nuevo. Estamos solo sumando nuestra voz a la de organizaciones, palestinas e internacionales, que instan a Meta a respetar los derechos humanos y la libertad de expresión sobre temas relacionados con Palestina”, explica Brown.

Entre otros, HRW insta a Meta “a revisar sus reglas de organizaciones e individuos peligrosos para que se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos”, a mejorar la transparencia sobre las solicitudes de los gobiernos para eliminar contenidos y a examinar el uso de algoritmos automáticos para moderar el contenido relacionado con Palestina.

La ONG enmarca su investigación en un contexto global de “crisis y polarización”. La ONG resalta que desde el 7 de octubre, artistas, académicos, periodistas, activistas y simples ciudadanos con discursos propalestinos han sufrido intentos de silenciamiento, intimidación por parte de diversos Gobiernos e instituciones privadas. También recuerda que en varios países, como Francia, Alemania, Austria, Suiza o Hungría, se han intentado restringir las manifestaciones de apoyo a Palestina. “Las tácticas punitivas contra quienes expresan solidaridad con los palestinos o critican los crímenes de guerra israelíes en Gaza plantean serios desafíos a la libertad de expresión”, lamenta la ONG.

Por su parte, en Israel, el Parlamento aprobó en noviembre una enmienda a la Ley Antiterrorista de 2016 que tipifica como delito el “consumo de material terrorista”. Adalah, una organización israelí de derechos humanos, considera que esta disposición “invade el ámbito de los pensamientos y creencias personales y amplía significativamente la vigilancia estatal del uso de las redes sociales”. La entidad ha documentado, entre el 7 de octubre de 2023 y el 13 de noviembre de 2023, un total de 251 casos en los que se ha detenido, amonestado o interrogado a personas en Israel por actos que vulnerarían el derecho a la libertad de expresión.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“Desde que grabamos este video la situación ha empeorado. Es desastrosa. Los niños y las niñas están viviendo una situación devastadora sin precedentes. La pausa humanitaria permitió que las familias respiraran un poco, pero duró poco”, explica Laura Bill, representante adjunta de Unicef en Palestina, en una conexión por videoconferencia desde Jerusalén, en la que recordó que, de los más de 1,8 millones de personas desplazadas en Gaza, la mitad son menores.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentó este martes su Informe de Acción Humanitaria (HAC, por sus siglas en inglés) 2024, en el que calcula que necesitará 9.300 millones de dólares (8.609 millones de euros) para llegar a 94 millones de niños en 155 países y territorios el año próximo.

La organización calcula que hay 3,1 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en Palestina, 2,2 millones de ellas en la Franja de Gaza, es decir, el 100% de la población de este territorio. Por ahora, es imposible calcular los fondos que serán necesarios para asistir a la infancia de la Franja cuando llegue un alto el fuego duradero, una vez finalicen los bombardeos y la ofensiva terrestre del ejército israelí, que ya han causado la muerte de 18.000 gazatíes, según cifras palestinas. Esta respuesta militar siguió al sangriento ataque de milicianos del movimiento islamista Hamás (que gobierna en Gaza), que causó 1.200 muertos en Israel, según cifras oficiales, y el secuestro de más de 200 personas.

“Unos 3.500 menores y mujeres están desaparecidos bajo los escombros, y otros miles están solos, separados de padres y seres queridos” en Gaza

Laura Bill. Unicef-Palestina

En la presentación de este informe en Madrid, José María Vera, director ejecutivo de Unicef España, instó a autoridades, empresas y ciudadanos españoles a contribuir con el fin de que haya suficiente financiación una vez sea posible entrar en la Franja. “Hay que preparar la respuesta desde ya”, insistió.

Bill recalca que “las necesidades en Gaza van mucho más lejos de que lo que nunca se ha visto”. “Requeriremos mucho apoyo para lograr brindar asistencia a los niños cuando se pueda”, subraya. La responsable calcula que en Gaza han muerto violentamente al menos 5.000 niños desde el 7 de octubre, y hay unos 8.000 heridos. Además, “unos 3.500 menores y mujeres están desaparecidos bajo los escombros, y otros miles están solos, separados de padres y seres queridos”, agregó, alertando también de la deshidratación y enfermedades producidas por beber agua en mal estado, que ya están afectando a los niños de Gaza.

Bill explicó que durante la pausa humanitaria, Unicef, junto a otras agencias de la ONU, pudieron llegar al norte de la Franja y llevar suministros médicos, ropa de invierno, comida y agua a las familias que aún siguen en esta parte de la Franja. “Unas 200.000 personas siguen allá, se calcula”, dijo. También se logró recuperar lotes de vacunas que estaban en los hospitales del norte y llevarlas al sur para iniciar una campaña de vacunación con los escasos medios de los que se disponen actualmente. En total, en los días en los que remitieron los bombardeos israelíes, Unicef pudo brindar algún tipo de asistencia (sobre todo agua, comida, combustible y productos de higiene) a un millón de personas.

Urgencias olvidadas

Gaza ocupa la atención mundial, pero paralelamente, hay decenas de urgencias olvidadas y miles de menores que no reciben ningún tipo de asistencia. “Los tiempos son difíciles. Hay infinidad de crisis, muchas de ellas imprevisibles, el sistema humanitario vive una tensión nunca vista y los niños son los primeros en padecer las consecuencias y en sufrirlas con una dureza mayor”, resumió Vera.

El informe de Unicef describe “una confluencia histórica” de conflictos. A los que se enquistan, como Darfur o Afganistán, se añaden los que empeoran súbitamente, como ha sido el caso de Gaza. “Unos 460 millones de niños, es decir, un quinto del total, viven en situación conflicto y 1.000 millones de niños, es decir, la mitad de menores del mundo, habitan en zonas de riesgo por el cambio climático”, según Vera. En algunos casos las sequías o las inundaciones se suman a la violencia, como ocurre en Somalia y todo ello deriva en desplazamientos forzados masivos “sin precedentes”, como se ve en Sudán.

El sistema humanitario vive una tensión nunca vista y los niños son los primeros en padecer las consecuencias y en sufrirlas con una dureza mayor

José María Vera, Unicef-España

Con los fondos que pide para 2024, Unicef logrará, entre otros, vacunar a más de 17 millones de niños contra el sarampión, hará que más de 19 millones de niños accedan a la educación forma e informal y que 26,7 millones de niños y sus cuidadores reciban atención en salud mental y apoyo psicosocial, y facilitará que 52 millones de personas disfruten de agua en buen estado.

Vera admitió que hay crisis muy claras que requieren mucha ayuda, como Ucrania, Afganistán, Siria y con certeza la Franja de Gaza, pero resaltó que hay otras, donde las brechas de financiación, es decir, la diferencia entre lo que se necesita y lo que se recauda, son dolorosas. Es el caso de Sudán, Burkina Faso, República Democrática del Congo (RDC) o Myanmar, entre otros, donde solo se cubren un 20 o 25% de las necesidades humanitarias. “Uno de nuestros retos es tener una financiación flexible, que nos haga llegar en el minuto cero de una crisis o incluso antes y que nos permita dar una respuesta justa, es decir, que la asistencia no dependa del interés de la opinión pública, sino que cada niño, esté donde esté, reciba esta ayuda humanitaria en función de sus necesidades”, insistió el responsable.

El coste de la inacción

En 2023, Unicef calculó necesidades financieras totales de 10.260 millones de dólares (9.498 millones de euros) que finalmente aumentaron en unos 800 millones (740 millones de euros) debido a conflictos nuevos y prolongados y emergencias provocadas por el cambio climático. De ese total, la agencia de la ONU financió un 38%.

Los ocho millones de somalíes que necesitan ayuda humanitaria, los 33 millones de paquistaníes, la mitad de ellos niños, afectados por las inundaciones catastróficas, o los 12 millones de menores afganos que requieren asistencia, suenan a menudo demasiado lejanos para los ciudadanos, empresas y autoridades.

Por ejemplo, en Sudán, Unicef calcula que necesitará 840 millones de dólares (777 millones de euros) para seguir atendiendo a la infancia en 2024. En el país africano hay 25 millones de personas, 14 millones de ellas menores, que necesitan ayuda humanitaria. Sudán encarna, para esta organización de la ONU, la mayor crisis mundial de desplazados, con seis millones de personas que se vieron obligadas a salir de sus casas, tres millones de ellas menores.

Ningún niño debería vivir lo que los pequeños sudaneses padecen cada día

Blanca Lopez, Unicef-Sudán

“Ningún niño debería vivir lo que los pequeños sudaneses padecen cada día: siete millones de niños de menos de un año corren el riesgo de no recibir las vacunas básicas, tres millones sufren desnutrición aguda y se espera que el hambre se agrave aún más“, explicó Blanca López, especialista de Programas de Unicef Sudán.

Con esos fondos solicitados, Unicef podrá llegar a ocho millones de menores sudaneses. “Un millón de pequeños de hasta 59 meses de edad podrán ser vacunados contra el sarampión, 500.000 pequeños podrán ser tratados de desnutrición aguda, dos millones de niños y niñas podrán acceder a la educación formal e informal y cinco millones de personas podrán tener agua para el consumo e higiene”, citó López.

“El coste de la inacción es siempre inaceptablemente alto. No podemos permitir que la muerte y el sufrimiento de los niños y niñas de Sudán sea una catástrofe olvidada”, insistió.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Después de que la asonada militar derrocara en julio al presidente Mohamed Bazoum, retenido por los golpistas, Soumana traza, en una entrevista con este diario, un preocupante panorama de la situación humanitaria de su país, donde faltan alimentos, medicinas y electricidad y miles de personas, “que ya eran vulnerables antes del golpe, lo son aún más debido a las sanciones económicas” aprobadas a finales de julio por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao), que incluyeron, entre otros, el cierre de las fronteras principales del país.

Según la ONU, en este país africano de 26 millones de habitantes, 4,3 millones necesitan asistencia humanitaria, y 3,3 millones de ellos sufren ya inseguridad alimentaria. “Si nada cambia, si las sanciones no se levantan, estos números pueden duplicarse”, advierte Soumana durante un reciente viaje a España, de donde procede buena parte de la financiación de DIKO, gracias sobre todo a la cooperación descentralizada, es decir, a las aportaciones de ayuntamientos y diputaciones locales.

“Níger está ya en el olvido. Es un país poco conocido, que a menudo hasta se confunde con Nigeria, y hemos desaparecido de la agenda internacional”, lamenta Soumana.

Hay un sentimiento nacionalista, panafricano, un deseo de controlar los recursos naturales y de una especie de segunda independencia. Un eslogan se repite en las calles de mi país: ‘Todo esto es asunto nuestro’

La Unión Europea, tercer donante del país africano después de Estados Unidos y el Gobierno alemán, según cifras de la ONU, ha apoyado estas sanciones económicas contra la junta militar de Níger y en octubre, el Consejo Europeo adoptó un marco que permite aplicar medidas restrictivas contra quienes amenacen la paz, la estabilidad y la seguridad del país africano. “Las sanciones no son eficaces, lo único que consiguen en empobrecer más a quien ya es pobre, pero no tendrán ningún poder en esta crisis porque a quienes se quiere perjudicar no les impactan”, asegura Soumana.

El responsable de DIKO, que en la lengua local djerma quiere decir “apoyo”, explica que estas medidas punitivas tampoco están logrando que la población se vuelva contra las nuevas autoridades de facto, presididas por el general Abdourahamane Tchiani. “Incluso en los pequeños pueblos se ven manifestaciones de adhesión a los militares. Hay un sentimiento nacionalista, panafricano, un deseo de controlar los recursos naturales y de una especie de segunda independencia. Un eslogan se repite en las calles de mi país: ‘Todo esto es asunto nuestro’”, describe.

El impacto del golpe

Según Soumana, el efecto del golpe militar y las sanciones se sintió muy rápido en la población de Níger, cuyas fronteras con Benín y Nigeria, cruciales para el suministro de electricidad y cereales, están cerradas.

“El país es muy dependiente de los puertos. Hubo reservas de alimentos y medicinas para un mes, pero luego el impacto fue rápido. En este momento hay electricidad tres horas sí y tres horas no en todo el país”, explica. Níger produce solo el 30% de la electricidad que consume y el resto la importaba de Nigeria. Paradójicamente, Níger es uno de los grandes productores de uranio del mundo y Francia, antigua potencia colonial, explota parcialmente tres minas en el país africano, de las que procede un 20% del uranio que necesitan sus centrales nucleares, según datos publicados por el diario Le Monde.

Con respecto a los alimentos, las autoridades nigerinas de facto han reorientado las líneas comerciales a través de Burkina Faso, sobre todo para importar cereales. Pero este corredor no es demasiado seguro. La ONU y ONG han subrayado la necesidad de que las sanciones de la Cedeao no afecten a la ayuda humanitaria.

La respuesta humanitaria es más importante que nunca, no podemos hacer las maletas ahora

“Esa vulnerabilidad creciente de los nigerinos hace, por ejemplo, que aumente la violencia contra mujeres y niños. Necesitamos dar una respuesta rápida a estas personas: primero, que puedan comer y, segundo, tratar enfermedades como la desnutrición o el paludismo, que van a aumentar. Todo esto es un engranaje y ya está en marcha”, advierte Soumana, cuya ONG, creada en 2006, trabaja en todo Níger a favor de la seguridad alimentaria, los derechos de la mujer, fomenta la paz y la gobernanza local y el acceso a los servicios básicos.

“Nuestro trabajo no ha cambiado tras el golpe, se ha multiplicado. Al ser una ONG totalmente local, hemos podido seguir estando presentes, dar respuesta a inundaciones y mantener los programas de protección, mientras que otras organizaciones tuvieron que congelar sus acciones. La respuesta humanitaria es más importante que nunca, no podemos hacer las maletas ahora”, pide.

Según un informe del Banco Mundial y del Programa Mundial de Alimentos de octubre, el parón en la mayoría de la financiación al desarrollo se va a notar de manera clara en el país, sobre todo en los servicios públicos e infraestructuras esenciales. En total, se estima que 1.100 millones de dólares (unos 1.020 millones de euros) de financiación al desarrollo previstos para 2023 no habrán sido entregados debido a la situación política.

Desde hace más de 10 años, DIKO trabaja mano a mano en Níger con la ONG española Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), que hace además de puente entre la entidad nigerina y las fuentes de financiación en el país. Responsables de la ACPP subrayan en que DIKO ayuda a impulsar un nuevo modelo de cooperación en el que la población beneficiada se pone en el centro de la acción y expresa por sí misma cuáles son sus necesidades.

“Entendemos que las organizaciones locales deben ser las actoras de cambio en sus propios países”, dice Carmen de Lucio, responsable para Níger dentro de la ONG española. “Organizaciones como DIKO son las que mejor conocen las necesidades de las comunidades y las estrategias más adecuadas para darles respuesta. Con el golpe de Estado, hemos podido constatar y confirmar la importancia de esta localización de la ayuda humanitaria”.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“En las precedentes ofensivas israelíes, los estudiantes pudieron volver a clase entre tres y siete días después del alto el fuego. Pero ahora todo es diferente, la destrucción no tiene precedentes y si hubiera un alto el fuego mañana, volver a las aulas sería una misión imposible porque las escuelas, bien están destruidas, bien se han convertido en refugios, y la gente no tiene donde ir. Y de todas formas, ¿cuándo llegará esa tregua duradera?”, se pregunta en una conversación con este diario Raji Sourani, gazatí y director del Centro Palestino para los Derechos humanos (PCHR, por sus siglas en inglés).

Pese al bloqueo israelí sobre la Franja, en vigor desde 2007, y la pobreza, que marcan la vida de los gazatíes, los logros en educación en este territorio son sorprendentes. Según cifras de la Unesco publicadas por organismos oficiales palestinos, un 2% de la población de la Franja mayor de 15 años es analfabeta, uno de los porcentajes más bajos del mundo árabe. Por ejemplo, en Líbano llega al 4%, en Irak supera el 14% y en Egipto el 28%.

Sorprendía hace unos años encontrar en Gaza a veinteañeros que nunca habían puesto un pie fuera de este pequeño territorio de 365 kilómetros cuadrados, pero que hablaban un inglés perfecto, aprendido en centros educativos o clases a distancia; tenían una cultura general envidiable y conocían detalles de países a los que probablemente nunca viajarían. El ahínco por aprender y enseñar era palpable al visitar una escuela o un campus de Gaza, donde alumnos y profesores transmitían la certeza de que estudiar era un derecho más que un deber. Los mayores enemigos de este entusiasmo eran la altísima tasa de desempleo entre los jóvenes, que ronda el 70% en la Franja, las escasas posibilidades de salir al extranjero para construirse una vida con más opciones financieras y profesionales, y las urgencias económicas familiares, que podían impulsarles a aparcar los libros y aceptar cualquier trabajo para llegar a fin de mes.

Para los profesores, que en muchos casos veían cómo sus conocimientos quedaban obsoletos debido al bloqueo israelí que les alejaba de congresos, universidades y colegas del mundo entero, enseñar era mucho más que cumplir un temario. Suponía una tabla de salvación para niños y niñas marcados por las guerras y el aislamiento que veían el mundo a través de las pantallas, de las historias de sus mayores y de las explicaciones de sus maestros. Porque desde 2007 para salir de Gaza hace falta un permiso, un visado o una beca.

Un 2% de la población de la Franja mayor de 15 años es analfabeta, uno de los porcentajes más bajos del mundo árabe.

Hace unos cinco años, Abeer, una joven profesora de inglés, explicaba, llena de motivación, que como sus estudiantes no podían ir a Londres, su empeño era “traer Londres a la clase y hacerles viajar”, gracias a los libros, internet y espectáculos que organizaban en la escuela.

Desde el 7 de octubre todo esto ha quedado paralizado o pulverizado. Unos 625.000 estudiantes dejaron de ir a clase en Gaza de la noche a la mañana. Israel ha bombardeado escuelas y también la Universidad Al Azhar y la Universidad Islámica, dos de las más importantes de la Franja, argumentando, en el caso de la segunda, que era un lugar usado por el brazo armado de Hamás, que gobierna de facto en Gaza, para fabricar armas y entrenar a su inteligencia militar.

Un ataque contra el futuro

“Terminé la carrera hace algunos meses, quería hacer un posgrado, pero mi universidad ha sido bombardeada. Israel ha convertido mis proyectos en cenizas. Todo se ha esfumado”. Eman Alhaj Ali tiene 22 años y nunca en su vida ha puesto un pie fuera de Gaza. Es una chica de mirada intensa y sonrisa franca, que obtuvo notas excelentes en sus estudios de Literatura Inglesa y Traducción.

“Mi universidad, mi campus, mis recuerdos... Yo creo que Israel hace todo esto conscientemente: quiere atacar nuestro derecho a ir a clase, que es en definitiva nuestro derecho a creer en el futuro. Me desespera estar viviendo todo esto. Estoy aterrada. Los tanques nos rodean, de norte a sur y ningún lugar es seguro. Puedo morir ahora mismo, mientras hablamos”, agrega a través de WhatsApp la joven, refugiada con sus padres y sus cuatro hermanos en el centro de la Franja.

Los responsables de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que brindaba educación a 290.000 estudiantes en 180 escuelas de Gaza, son conscientes de que la destrucción del sistema educativo es uno de los efectos colaterales más dolorosos e importantes de este conflicto, porque representa un ataque contra el futuro de miles de niños y jóvenes y, por tanto, contra el futuro de la sociedad de la Franja. En más de 60 días de guerra entre Hamás e Israel, han muerto más de 17.000 gazatíes, un 70% de ellos niños y mujeres, según datos del Ministerio de Salud en Gaza.

“Hemos perdido mucho terreno en educación con lo que está sucediendo, y lo que va a ocurrir con los niños y jóvenes en los próximos cinco o 10 años va a ser una cuestión crucial”, explica desde Ammán a este diario Julia Dicum, directora de Educación de UNRWA. El organismo ha proporcionado educación a más de dos millones de menores palestinos refugiados y subraya “la importancia de que décadas de inversión en desarrollo, incluyendo educación en valores y derechos humanos, no se pierdan.”

En otras ofensivas israelíes precedentes, incluso en la de 2014, los estudiantes pudieron volver a clase entre tres y siete días después del alto el fuego. Pero ahora todo es diferente,

Raji Sourani, PCHR

La UNRWA calcula que en este momento acoge en sus instalaciones de Gaza a 1,2 millones de desplazados internos, sobre un total de 1,9 millones (85% de la población de la Franja). El organismo de la ONU afirma que 13 de sus escuelas han sido directamente bombardeadas y otras han sufrido daños. Además, esta agencia, que da trabajo en Gaza a 13.000 personas, lamenta la muerte violenta de al menos 130 empleados desde el 7 de octubre. La mitad de ellos eran profesores. “Y hay aún personas bajo los escombros. Así que es posible que en el ámbito educativo hayamos perdido una capacidad significativa en Gaza”, agrega Dicum.

La organización también ha recibido informaciones sobre un uso militar de algunas de sus instalaciones, al menos en cinco ocasiones, sin especificar si fueron utilizadas por el Ejército israelí o por grupos armados palestinos. “Hemos tomado acciones para recordar a todas las partes en conflicto que el derecho internacional exige proteger la integridad de las infraestructuras de la ONU, que no deben usarse para fines militares. Eso incluye nuestras escuelas, estén siendo usadas como refugio o no”, zanja la responsable.

Esperar un alto el fuego

Es difícil imaginar una vuelta al colegio en Gaza, pero, entre las ruinas, hay ya quienes piensan en el día después de un alto el fuego. “En este momento, la UNRWA se centra en salvar vidas y proporcionar alimentos, agua y refugio a las personas desplazadas, pero estamos ya planificando cómo revitalizar nuestro sistema educativo cuando se presente la oportunidad”, admite Dicum.

Desde el año 2000, la UNRWA tiene un programa específico de educación en momentos de emergencia para este tipo de situaciones de crisis, que comienza con la atención psicológica a los niños, mediante actividades para trabajar el trauma y permitirles concentrarse de nuevo en el aprendizaje, mientras se reparan las escuelas y se traslada a las personas refugiadas en ellas a alojamientos provisionales. “Ese es nuestro plan estándar, pero probablemente no sea muy eficaz en Gaza dada la destrucción masiva”, considera Dicum.

Nunca hemos visto una emergencia de esta escala, yo diría, probablemente, desde la Segunda Guerra Mundial.

Julia Dicum, UNRWA

“Nunca hemos visto una emergencia de esta escala, yo diría, probablemente, desde la II Guerra Mundial. Por eso vamos a tener que planificar cuidadosamente y de manera diferente; estamos trabajando diferentes opciones, imposibles de concretar aún porque la situación cambia cada día y sobre todo, no sabemos cómo terminará”, agrega.

La responsable recuerda que esta nueva crisis se suma además a una educación “intermitente o suspendida” para los niños de Gaza, debido a la pandemia de covid-19 y a los repetidos ciclos de violencia. “Pese a todo, tengo esperanza en el futuro de la educación en Gaza. Hay planes, hay reuniones con nuestros socios”, asegura, citando, por ejemplo, los 10 millones de dólares de ayuda de emergencia concedidos en estos días por La Educación No puede Esperar (Education Cannot Wait, ECW) el fondo mundial de la ONU para la educación en situaciones de urgencia y crisis prolongadas. “Pero se necesita mucha más financiación de forma urgente para satisfacer las enormes necesidades de los 1,1 millones de niños, niñas y adolescentes que están sufriendo las consecuencias de esta guerra”, en palabras de Yasmine Sherif, directora ejecutiva de ECW.

“No sé cómo, pero encontraremos la manera de preservar la educación y superar este drama. Los palestinos somos resilientes y soñadores y los niños son nuestro mañana y nuestra esperanza”, dice, a modo de respuesta el defensor de derechos humanos Sourani.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Olga (este reportaje usa solo los nombres de pila de sus protagonistas para preservar su identidad) tiene 41 años, pero aparenta muchos más. Recibe a Mariana y a este diario despeinada y en chándal. Es una mujer ajada por la vida, muy sola y totalmente sumergida en la pobreza. Su casa, un habitáculo diminuto con muros pintados de rosa, en el barrio Estación Norte, una zona desfavorecida de la ciudad, es un reflejo fiel de su existencia. En una cama grande y dos butacas reclinables duermen ella, sus cinco hijos, de entre 21 y tres años, y su nieta, de apenas dos. Entre la ropa limpia que termina de secarse colgada de las paredes asoman un hornillo, un frigorífico oxidado y una televisión, sus bienes más preciados.

Esta mujer era empleada en una estación de lavado de coches cuando empezó a sentirse enferma. Apenas había podido recuperarse de su reciente parto, tenía mucho frío y horarios de trabajo extremos. “Cuando me internaron en el hospital, mi angustia era que me quitaran a mis hijos, porque solo me tienen a mí. Una amiga los cuidó.”, explica, nerviosa, agregando que de su primer marido solo sabe que está en el extranjero y que el segundo falleció.

La ONG en la que trabaja Mariana le brindó apoyo durante su hospitalización, controló que terminara su tratamiento en casa, le ayudó para obtener ayudas públicas y verifica hasta hoy que acude a los controles médicos necesarios.

En 2022 se registraron en el país 2.121 nuevos casos, es decir, 70,6 por cada 100.000 habitantes, una cifra muy alta comparada con la media europea de 10 casos por cada 100.000 habitantes.

La tuberculosis, una enfermedad infecciosa que se puede prevenir y curar, pero si no se trata puede ser mortal, sigue siendo en Moldavia una de las cuestiones prioritarias de la salud pública. En 2022 se registraron en el país 2.121 nuevos casos, es decir, 70,6 por cada 100.000 habitantes, una cifra muy alta comparada con la media europea de 10 casos por cada 100.000 habitantes. En España, por ejemplo, ronda los 7,6 casos por cada 100.000 habitantes, según las cifras oficiales.

Pero Moldavia, un país de 3,3 millones de habitantes, donde uno de cada cuatro ciudadanos vive por debajo del umbral de pobreza, ha hecho importantes progresos para erradicar la tuberculosis, que hace 20 años afectaba a unos 130 ciudadanos por cada 100.000. Un plan nacional que cubre la prevención y el tratamiento, un trabajo casi puerta por puerta de ONG para identificar enfermos y garantizar que terminan su tratamiento, y un importante apoyo financiero externo, sobre todo el del Fondo Mundial, están detrás de ese retroceso paulatino de la patología.

Visitando instituciones públicas, hospitales, organizaciones e incluso una clínica en una prisión, queda de manifiesto que el rostro de esta batalla contra esta enfermedad en Moldavia es esencialmente femenino. La constatación provoca la risa de Mariana. “Es verdad. Somos muchas mujeres en esta lucha”.

Miedo a enfermar de nuevo

Olga y su familia viven gracias a un subsidio público de 4.000 leus mensuales (206 euros) por cuidado de hijos que finaliza dentro de dos meses, cuando la pequeña cumpla cuatro años. “Estamos racionando la comida porque no sé qué va a pasar. Quiero trabajar, pero tengo miedo de caer enferma de nuevo y además, el hecho de haber tenido tuberculosis hace que haya personas que no me quieran contratar”, explica, mientras busca en la cartera un documento oficial que da fe de que su tratamiento ha terminado y está totalmente recuperada. “Pero esto no sirve de nada, la gente se distancia y también discriminan a mis hijos y los aíslan”, lamenta.

El hecho de haber tenido tuberculosis hace que haya personas que no me quieran contratar

Olga, expaciente de tuberculosis

Mariana la consuela y hace mimos a los más pequeños. Las autoridades de Moldavia reconocen que una decena de ONG, como la de Mariana, son imprescindibles para llegar a gente sin hogar, migrantes, presos, prostitutas, drogadictos y personas de riesgo. Según cifras suministradas a este diario por responsables médicos y de estas organizaciones, entre un 8 y un 12% de los casos de tuberculosis son identificados por estas entidades humanitarias.

Diniz, un conductor de taxi de 40 años, acude una vez más este martes por la mañana de noviembre a la oficina de la Sociedad de Moldavia contra la tuberculosis (SMIT) en Balti, creada en 2010 por Oxana Rucsineanu, y su marido, Pavel, tras recuperarse ambos de una tuberculosis complicada. “Quiero sacarme el carné de conducir de camiones y autobuses, pero me lo impiden por haber estado enfermo, pese a que he terminado mi tratamiento y estoy perfecto”.

“Si Diniz no representa un peligro para nadie, este comportamiento es ilegal. Debería tener derecho a conducir un autobús. Nuestro abogado está explicando todo eso a quienes tomaron la decisión”, dice Rucsineanu.

Esta exprofesora de 45 años contrajo la tuberculosis en 2007, una variante resistente a los medicamentos. “Entonces no había mucha opción. Me dieron el tratamiento básico. En 2008 comenzaron a entrar en Moldavia otros tratamientos. Los tomé dos años y gracias a ellos me curé”, relata, explicando que pasó tres años sin poder trabajar y que algunas de las secuelas de la enfermedad, como dificultades para enfocar la vista, mareos y cansancio al caminar mucho, las arrastra esporádicamente hasta hoy.

Esta no es una enfermedad solo de pobres, puede afectar a cualquiera

Valentina Vilc, doctora

Según la doctora Valentina Vilc, coordinadora del Programa nacional de Tuberculosis de Moldavia, la principal amenaza del país son los casos de tuberculosis multirresistente a los medicamentos, que representan un 28% del total de nuevos casos anuales. Además, esta responsable estima que hay “unos 300 casos” al año que no son detectados.

“Esta no es una enfermedad solo de pobres, puede afectar a cualquiera”, recalca la médica, desde el hospital central de Chisinau donde hay un ala dedicada especialmente a pacientes con tuberculosis, que a principios de noviembre tenía unos 40 enfermos.

Vitali es el ejemplo perfecto para sus palabras. Es un joven de clase media de 18 años, deportista y estudiante de formación profesional que desde hace semanas está postrado en una cama del centro médico. “Empecé a toser el invierno pasado y aquello duró meses. Llegó el verano y vi que sudaba mucho, pero pensé que era normal por el calor. Luego empecé a perder peso”, recita.

El joven acabó en el hospital porque empezó a dolerle mucho la espalda. La tuberculosis no diagnosticada hasta ese momento provocó un absceso en la columna vertebral y tuvo que ser operado con urgencia. Ahora tiene que estar echado en su cama durante varias semanas y le quedan al menos seis meses de tratamiento. “No sé cómo la contraje. Vivo con mi madre y ella no está enferma”, explica.

La doctora Anna Donica, vicedirectora del centro médico, explica que la tuberculosis que no se trata a tiempo puede provocar infecciones en otras partes del cuerpo. “Hay más enfermos de sexo masculino, tal vez un mayor consumo de alcohol o tabaco y porque realizan a menudo trabajos duros al aire libre”, afirma Donica.

Todos ellos, una vez diagnosticados, tienen acceso gratuitamente a todos los tratamientos, cada vez más cortos y más efectivos. En este momento y según cifras oficiales, un 20% de este programa nacional contra la tuberculosis depende de financiación externa. El Fondo Mundial, el mayor proveedor multilateral de subvenciones para luchar contra el VIH, la tuberculosis y la malaria y para fortalecer sistemas de salud en más de 155 países, en el que España es también donante, ha destinado a Moldavia 18 millones de dólares (16,5 millones de euros) para el periodo 2023-2025, ocho de ellos para luchar exclusivamente contra la tuberculosis. En 2022 y según cifras oficiales moldavas, 209 personas murieron en el país debido a esta patología.

En 2022, la tuberculosis fue la segunda causa mundial de muerte por un único agente infeccioso (por detrás del coronavirus) y provocó 1,3 millones de decesos, casi el doble que el VIH, en todo el mundo

“Sigue habiendo gente a la que no llegamos o llegamos muy tarde”, matiza Rucsineanu, explicando un nuevo factor en la lucha contra la enfermedad: la llegada de refugiados enfermos de la vecina Ucrania, en guerra.

En 2022, la tuberculosis fue la segunda causa mundial de muerte por un único agente infeccioso (por detrás del coronavirus) y provocó 1,3 millones de decesos, casi el doble que el VIH, en todo el mundo. El Informe Global de Tuberculosis de 2023 publicado a principios de noviembre por la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que las restricciones impuestas a la población entre 2020 y 2022 debido a la pandemia de covid-19 provocaron al menos medio millón de muertes adicionales por tuberculosis debido a retrasos en los diagnósticos y tratamientos.

Con la vuelta a la normalidad, aumentó el número de casos confirmados: 7,5 millones en 2022, la cifra más alta desde que la OMS inició el seguimiento mundial de la infección en 1995. En el mundo, 34 millones de personas padecen esta enfermedad, cuya erradicación en 2030 es una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El peso del estigma

Los voluntarios de la ONG Speranta Terrei tienen cita con Vladimir en mitad de la carretera, a la entrada de Balti, para entregarle su medicina. El hombre, un cuarentón de manos rudas vestido con un abrigo militar, no quiere que la ONG, y menos aún un periodista, se acerque hasta su casa. “La gente ya me evita bastante, así que prefiero veros aquí”, saluda. Este hombre volvió enfermo de Rusia, donde había ido a trabajar. Intentó ocultarlo, pero sus vecinos terminaron sabiéndolo porque estuvo hospitalizado. “Ahora sigo el tratamiento en casa. No soy peligroso, pero eso la gente no lo sabe”, lamenta.

“Sin esta ONG muchas personas enfermas en Balti estarían perdidas. Somos mucho más cercanas que el Estado, sabemos llegar hasta ellos, hablamos su mismo idioma”, asevera el psicólogo voluntario tras despedirse. Los responsables de las organizaciones humanitarias coinciden en que el estigma que rodea a la tuberculosis no ayuda a identificar y tratar a los enfermos. Pese a que hay campañas de información, programas de sensibilización en las escuelas y terapeutas que atienden a pacientes y a sus allegados, la tuberculosis es aún “una vergüenza y un lastre” con serias consecuencias familiares, sociales y financieras, sobre todo en zonas rurales.

Sin esta ONG muchas personas enfermas en Balti estarían perdidas. Somos mucho más cercanas que el Estado, sabemos llegar hasta ellos, hablamos su mismo idioma

Psicólogo de una ONG

En Chisinau, la capital de Moldavia, una ciudad muy extendida que combina avenidas con gigantescos bloques de casas de regusto soviético con un deseo de modernización que se traduce en bares, centros comerciales y coches eléctricos, que solo una pequeña parte de la población puede pagar, la ONG AFI identifica y acompaña a pacientes de entornos especialmente vulnerables. Su fundadora , Svetlana Doltu, recibe en su oficina a Irina y Aurel, una pareja que vive en la calle. Él tiene tuberculosis y ella es persona de riesgo. Son personas temblorosas y castigadas por la vida. Han venido en zapatillas de casa y huelen a alcohol pese a no ser ni mediodía. AFI les brinda medicamentos, se aseguran de que lo toman y les lleva a hacer radiografías cada seis meses.

“Para la gente como nosotros no hay muchas opciones, si este centro no existiera no sé si hubiéramos sobrevivido”, dice ella, explicando que por recibir el tratamiento contra la tuberculosis, el Estado les da bonos de comida.

Doltu subraya además el peso del estigma en los presos con tuberculosis, que cuando recobran la libertad, son marginados doblemente: por sufrir la enfermedad y por haber estado en la cárcel. “Si la gente no tiene casa ni trabajo, no puede dar una dirección y se queda sin seguridad social. Un enfermo que sale de la cárcel a veces deja de existir y nosotros tenemos que estar cerca antes de que sean liberados”, explica esta mujer, cuya ONG atendió en 2022 a 2.500 personas en siete distritos del país gracias a la financiación que recibe del Fondo Mundial.

Las palabras de Doltu cobran sentido en la cárcel número 16 de Moldavia, situada en Chisinau. En ella funciona el único hospital penitenciario para enfermos de tuberculosis. Tiene capacidad para 140 pacientes, pero en este momento hay 39, la mitad de ellos multirresistentes a los medicamentos, explica su directora, Irina Barbiros.

Al llegar a cualquier cárcel del país, los internos se someten a una radiografía y si se sospecha que tienen tuberculosis acaban en este hospital penitenciario. “En los tres últimos años la media anual ha sido de 100 pacientes”, calcula Barbiros. En las prisiones de Moldavia también se ofrece a los presos tratamiento con metadona, para combatir las adicciones, y se suministran agujas para acabar con los intercambios entre consumidores de drogas. Esta política reduce el riesgo de sida e indirectamente de tuberculosis, patología que afecta más fácilmente a un enfermo de VIH. Según la OMS, alrededor del 10% de los nuevos casos de tuberculosis anuales en Moldavia son enfermos de sida.

En los pasillos de este hospital penitenciario, los dibujos casi infantiles sobre los gestos básicos para protegerse de la tuberculosis contrastan con los imponentes portones de acero y las rejas. “Estoy mejor, tengo apetito y estoy engordando”, resume Vitalie, un preso de 36 años de rostro desafiante, incluso detrás de su mascarilla. Es la tercera vez que tiene tuberculosis y la quinta que pasa por la cárcel. “Claro que voy a terminar mi tratamiento, no te voy a decir que no, me están filmando”, bromea, señalando la cámara de seguridad, mientras acude a recibir sus pastillas.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“En la mayoría de los casos, esa segunda vida no llega. Tal y como está diseñado el modelo actual de sobreproducción de moda ultrarrápida, la supuesta economía circular no puede funcionar. El sistema es diabólico, totalmente insostenible y la gente tiene que ser consciente de lo que hay detrás de los residuos textiles”, explica a este diario Sara del Río, responsable de esta investigación de Greenpeace.

Entre agosto y septiembre de este año, la organización de defensa del medioambiente colocó sus rastreadores en 29 prendas que dejó en contenedores de la vía pública y en los situados en tiendas de las marcas españolas Zara y Mango de 11 ciudades del país. Cuatro meses después, ¿dónde están? Muchas de ellas han recorrido miles de kilómetros, según la investigación que se publica hoy y que seguirá abierta, puesto que el viaje de estas prendas aún no ha terminado. 14 de ellas han sido detectadas fuera de España (un 48%). Los principales destinos han sido Emiratos Árabes Unidos y Pakistán, aunque también han llegado a Chile, Marruecos, India, Rumanía, Egipto y Togo.

Si no tuviésemos a los países del sur global para producir esa ropa y recibirla cuando la desechamos, sería un modelo que no se podría mantener, porque en sí es insostenible”

Sara del Río, Greenpeace

La organización ha querido publicar su investigación coincidiendo con el Black Friday, un día de descuentos excepcionales que es “un símbolo de este modelo perverso y que no se puede sostener sin generar un gran impacto ambiental y social en países del sur global”, afirma el informe. E insta a plantearse “en quién repercute ese bajo precio de las cosas que compramos y qué otros costes asociados no estamos pagando porque son otros quienes los asumen”.

“Desde el 2000 ha habido una sobreproducción textil brutal. Ya no hablamos de fast fashion (moda rápida), sino de moda ultrarrápida. Si no tuviésemos a los países del sur global para producir esa ropa y recibirla cuando la desechamos, sería un modelo que no se podría mantener, porque en sí es insostenible”, explica Del Río.

Además, la investigadora subraya que la calidad de la ropa hace que sea menos duradera y pone en entredicho esa segunda vida. Por otra parte, los tejidos que se usan con cada vez más sintéticos, mixtos y contaminantes. Es decir, reciclar un vestido de algodón con poliéster es más complicado que reciclar uno cuya composición es 100% algodón. Además, un análisis publicado en 2020 en Global Change Biology vinculó la presencia generalizada de microplásticos en la fauna marina, entre otras causas, al lavado de ropa sintética.

Para Greenpeace, una de las conclusiones más claras tras seguir el rastro de estas prendas es que da igual dónde se depositen, ya que las entidades de gestión son las mismas en la mayoría de los casos. Instalar estos contenedores es por ahora voluntario, pero en España, a partir de 2025 y por ley, las marcas de moda tendrán que implicarse en la recogida de ropa usada en sus tiendas y no podrán tirar los excedentes, y los ayuntamientos tendrán que recoger las prendas usadas en receptáculos propios.

“Esta ley es importante, claro está, porque las empresas que generan el residuo tienen que ser responsables de dicho residuo. Y tal vez así generen menos, ya que tendrán que pagar por su gestión. Pero la ley necesita mucho más para ser efectiva. Mientras sigamos en este modelo de sobreproducción textil no habrá cambios. Necesitamos ralentizar el sistema: producir menos y producir mejor para tener menos residuos”, agrega Del Río.

En las últimas dos décadas se ha triplicado en la Unión Europea la exportación de ropa usada, desde 550.000 toneladas en 2000 hasta casi 1,7 millones al año en 2019″

Según cifras publicadas a principios de 2023 por la Agencia Europea del Medioambiente (EEA), en las últimas dos décadas se ha triplicado en la Unión Europea (UE) la exportación de ropa usada, desde 550.000 toneladas en 2000 hasta casi 1,7 millones al año en 2019. Esto implica un promedio de 3,8 kilogramos por persona y por año. En España se generan anualmente cerca de un millón de toneladas de residuos textiles, la mayoría procedentes de prendas desechadas a las que se puede dar una segunda vida. Pero, según datos de comercio exterior del Ministerio de Hacienda a los que Greenpeace ha accedido, entre julio de 2022 y junio de 2023 España exportó solamente 131.900 toneladas de residuos textiles. Los mayores importadores de estos bienes fueron Emiratos Árabes Unidos (37.814 toneladas), Marruecos (23.978 toneladas) y Pakistán (13.898 toneladas). Desde Emiratos y Pakistán, centros del comercio internacional de ropa, se reexportan a menudo a otros países. Según un informe de Moda Re, un proyecto vinculado a Cáritas España, en 2019 solo el 12,16 % de los residuos textiles del país se recogieron selectivamente. Es un porcentaje muy alejado de la media de la Unión Europea, que se sitúa en un 38%.

Impacto climático

Greenpeace solo ha podido certificar una segunda vida para una de las 29 prendas a las que se ha instalado el dispositivo de seguimiento: una chaqueta que se ha vendido en una tienda de ropa de segunda mano en Rumanía. Otro de los rastreadores emitió en estos días señal desde Santiago, la capital de Chile, en la sucursal de una entidad de ropa usada española. Chile no es un destino habitual de la ropa usada de la Unión Europea, pero Greenpeace señala que en el país sudamericano “montañas de ropa usada se acumulan en el desierto de Atacama (en el norte), convertido en un enorme basurero de residuos textiles reconocido a escala global”. “Además, no olvidemos que esta prenda en concreto ha recorrido más de 10.000 kilómetros, lo que pone sobre la mesa otra cuestión, que es la del cambio climático”, señala Del Río.

Tal y como está diseñado el modelo actual de sobreproducción de moda ultrarrápida, la supuesta economía circular no puede funcionar”

Sara del Río, Greenpeace

Sobre este tema, una investigación publicada a principios de mes por la institución independiente suiza Public Eye alertaba también del impacto climático que genera la moda rápida al usar el avión para transportar sus prendas, en este caso sin estrenar. Según este informe, solo en la UE, en 2022 se importaron y exportaron más de 700.000 toneladas de ropa, calzado y textiles por vía aérea. Esto equivale a la capacidad de entre 7.000 y 7.500 aviones de carga grandes, es decir, a unos 20 vuelos diarios. La investigación señala concretamente la actividad del aeropuerto de Zaragoza, donde el grupo Inditex, dueño, entre otros, de Zara, gestiona cada semana unos 32 vuelos de carga con unas 100 toneladas de ropa a bordo. Esto supone más de 1.600 vuelos al año.

“Las cuentas de resultados de las grandes empresas no pueden estar por encima de la salud de las personas y del planeta”, opinó en un comunicado Pablo Muñoz, coordinador de la campaña de aviación de la organización Ecologistas en Acción, que se sumó a la campaña que solicita la eliminación gradual del uso del avión con estos fines.

Una investigación que sigue

Por otra parte, Greenpeace también ha comprobado en su investigación que la ropa más valiosa o de mejor calidad se queda en Europa, donde permanece un 21% de las prendas usadas recogidas, según la Agencia Europea del Medio Ambiente.

Según esta misma entidad, en 2019, el 41% de los textiles usados en Europa terminaron en Asia, que es, paradójicamente, la región del mundo donde más ropa nueva se fabrica. En el caso de las prendas con rastreador, hubo una detectada en Emiratos Árabes Unidos, que luego llegó a Egipto, y otra que pasó de Pakistán a la ciudad india de Panipat. La mayoría de los textiles usados que llegan a este continente lo hacen en zonas francas cercanas a puertos o aeropuertos, donde se clasifican y procesan. Después, la mayoría se convierten en trapos o rellenos industriales o se vuelven a exportar a otros Estados asiáticos para su reciclaje o a África para ser reutilizados.

Por ejemplo, otra de las prendas rastreadas por Greenpeace, un pantalón depositado en un contenedor en Euskadi, terminó en Togo, en un mercado de ropa de segunda mano de la ciudad portuaria de Lomé, pero no se sabe aún si será adquirida. Según datos de 2019 de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el 46 % de los textiles usados van a África, pero un 40% de ellos terminan en vertederos, abandonados en cualquier lugar o quemados a cielo abierto.

En 2022, Greenpeace ya publicó un informe titulado Regalos envenenadosen el que documentó el impacto de los residuos textiles disfrazados de ropa de segunda mano que se exportan a África Oriental. Por ejemplo, en Kenia, según Afrika Collect Textiles y otras fuentes locales, entre el 30% y el 40 % de la ropa usada que se recibe es de tan mala calidad que se convierte en residuos textiles que muchas veces terminan en vertederos sin recibir un tratamiento adecuado. Pero como los basureros oficiales están desbordados, estos restos se arrojan a ríos o son quemados a cielo abierto, pese a estar fabricados con productos químicos peligrosos que pueden afectar gravemente al medioambiente. Por otra parte, Greenpeace destaca que la gran cantidad de ropa enviada acaba saturando los mercados de segunda mano y por ello, varios países africanos han estado reconsiderando las importaciones de textiles usados con el fin de proteger y fortalecer la producción textil local.

Por último, la organización destaca que algunos localizadores han dejado de emitir señal o siguen activos en las instalaciones de las entidades responsables de su gestión. Puede ser también que el rastreador se haya separado de la prenda o ha sido destruido o que vuelva a emitir una señal dentro de un tiempo, al llegar de nuevo a una zona con conexión. “Por eso nuestra investigación sigue y los datos se irán actualizando”, recalcó Del Río.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“Estamos a salvo, que es lo principal, después de lo que hemos vivido. Pero nos sentimos en un limbo. No sabemos cuántos días más estaremos en este albergue ni adónde iremos después. Mientras tanto, no podemos empezar nuestra vida aquí”, explica El Aila.

Los días transcurren lentamente en Badajoz. Los niños se entretienen jugando gracias a los voluntarios de Cruz Roja, organización a cargo del albergue, y recuperan poco a poco su despreocupada alegría; los jóvenes viven pegados al móvil y a las noticias de Gaza y quieren respuestas sobre la vida que los espera en España, y los mayores intentan transmitirles una seguridad que no tienen porque ellos también están desorientados.

Estamos a salvo, que es lo principal, después de lo que hemos vivido. Pero nos sentimos en un limbo. No sabemos cuántos días más estaremos en este albergue ni adónde iremos después”

Riad Ali El Aila, español de Gaza

“Riad y yo vivimos bastante tiempo aquí, conocemos España y sus costumbres, y hemos vuelto a veces de vacaciones, pero nuestros hijos no y eso nos preocupa. No sabemos si aprenderán bien español, si se acostumbrarán a esto, si podrán acabar sus estudios, encontrar un trabajo y tener una vida digna”, explica Salah Awad El Sousi, de 73 años, que residió en España 25 años y ocupa otra habitación de este albergue de Badajoz con su esposa, tres hijos y tres nietos de entre 6 y 11 años.

Estos dos profesores jubilados han vivido ya situaciones similares. En 2008, fueron evacuados durante casi dos meses a España hasta que terminó la guerra y en 2014, pasaron 50 días en Jordania esperando la tregua que les permitió regresar a sus casas. Pero en esta ocasión, el billete es solo de ida, al menos por ahora, y esa premisa lo nubla todo y lo dificulta.

El Aila, que estudió y trabajó en España de 1971 a 1983, sabe que su vivienda en Gaza sigue por ahora en pie, pero la universidad de sus hijos, su barrio y su vida allá están hechas trizas. El Sousi ni siquiera tiene dónde volver porque su casa fue bombardeada por Israel. Las últimas fotografías que le envió un vecino, aprovechando la tregua en vigor, lo desconsuelan. “Mira, mi dormitorio, mi terraza… todo destrozado. Mi hija Rania llora cada día porque quiere regresar y terminar sus estudios universitarios en Gaza. Pero, ¿adónde va a volver?”, exclama este catedrático en Farmacia ya jubilado.

Alivio y desilusión

La pequeña comunidad de españoles evacuada de Gaza fue instalada en este albergue de Badajoz y en otros dos en Asturias y Euskadi. Su gratitud hacia España, especialmente hacia el personal del consulado de Jerusalén y de la embajada en El Cairo, por permitirles sentirse a salvo tiene también un regusto a desilusión. Prefieren no hablar demasiado al respecto y concentrarse en el futuro, pero tampoco ocultan la decepción que sintieron al llegar a Madrid y ser trasladados esa misma noche en autobuses a lugares que ellos aseguran no haber elegido y con los que no tenían ninguna relación sentimental ni familiar. Tuvieron la impresión de que reinaba una gran improvisación, pese a que su evacuación había tardado semanas en concretarse. Citan varios detalles que se lo confirman: un bocadillo de jamón serrano, que según ellos les ofrecieron olvidando que eran musulmanes antes de cambiarlo rápidamente por uno de pavo, y su llegada de madrugada a albergues, como el de Badajoz. Según el relato de estos gazatíes, los responsables de este centro no se habían preparado para recibir un gran grupo de 60 personas.

“No estamos en España de vacaciones, no hemos decidido venir aquí por nuestra cuenta asumiendo los gastos de nuestro desplazamiento. Hemos sido rescatados. Este también es nuestro país y nos preocupa que la gente no entienda eso. Somos españoles, no somos refugiados y solo necesitamos una oportunidad, para poco a poco poder ser parte de esta sociedad”, insiste El Sousi.

“Todos los que hemos venido somos gente con carreras universitarias, tenemos o hemos tenido trabajos importantes. Somos personas que construyen y podemos ser útiles de alguna manera. Incluso nosotros, los jubilados”, agrega El Aila.

Para comenzar su vida en España necesitan tener un domicilio, empadronarse y tramitar la residencia. El Sousi asegura que las autoridades se han comprometido a ayudarlos en este proceso y detalla que los responsables de Cruz Roja les han explicado que serán trasladados a otras provincias para establecerse de manera más estable. Ya les han pedido que elijan dos o tres regiones con las que se sientan más vinculados.

Somos españoles, no somos refugiados y solo necesitamos una oportunidad, para poco a poco poder ser parte de esta sociedad”

Salah Awad El Sousi, español de Gaza

Fuentes del Ministerio de Inclusión explicaron a este diario que ante “la situación de vulnerabilidad” de las familias evacuadas de Gaza, esta cartera del Gobierno decidió involucrarse y “ofrecer un recurso habitacional provisional a aquellas familias que no tenían allegados en España o los tenían, pero no podían hacerse cargo de ellos”. ”A estas personas se les ha ofrecido permanecer en alojamientos del ministerio el tiempo necesario hasta que puedan residir con sus familias en España o puedan integrarse y valerse por sí mismas, así como apoyo para su manutención, clases de español y orientación laboral”, detallaron.

“Vamos viendo poco a poco la luz. Nosotros solo queremos una acogida digna y deseamos cuanto antes independizarnos, renacer y empezar este viaje hacia nuestro futuro como familia”, insiste El Sousi, mientras camina con El Aila por el barrio de su albergue. A simple vista, los dos parecen dos jubilados españoles que se han encontrado para dar un paseo después de comer. Solo los delata el supha, una especie de rosario musulmán con cuentas que los guían en la oración, que manosean sin parar.

Los dos salieron de su casa en Gaza prácticamente con lo puesto y con ese maletín que las familias gazatíes preparan en cuanto la situación se complica para salvar lo imprescindible en caso de huida precipitada: diplomas, pasaportes, dinero y alguna fotografía o recuerdo preciado. Han perdido parientes, amigos y sus bienes materiales, han pasado miedo y hambre, pero su serenidad resignada impresiona. Tal vez porque vivir en Gaza es columpiarse permanentemente en la cuerda floja de la vida y porque sienten que, pese a todo, forman parte de un pequeño grupo de privilegiados. Por eso viven pendientes de sus hermanos y el resto de la familia que se quedó en la Franja y “pueden morir en cualquier momento”.

Los voluntarios de Cruz Roja del albergue presienten su tristeza y no hacen demasiadas preguntas, mientras multiplican los gestos de atención. Han entendido que estas familias no pueden compartir habitación con extraños, que las mujeres requieren una intimidad especial y que todos necesitaban ropa de invierno aunque no la pidieran. También han traído juguetes para los niños y han pegado cartelitos en árabe en cada espacio del albergue con los horarios de comida y otras informaciones.

El Aila bromea con uno de ellos por la chaqueta que le han dado. “Los desertores”, se lee bajo un escudo a la altura del pecho. “¿Desertor yo?”, pregunta. “Ya me puedes dar otra o traer unas tijeras”. “No teníamos chaqueta de su talla cuando llegaron. Esta es de una peña de Badajoz”, explica, algo avergonzado, un voluntario. “No podemos ni imaginar lo que han vivido. Hacer que se sientan lo mejor posible en estos primeros días es lo mínimo que podemos hacer por ellos”.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Olga (this report uses only the first names of interviewees, to protect their identities) is 41. She welcomes Mariana and EL PAÍS into her modest home. The walls are painted pink; it’s a neighborhood that’s located in a low-income area of the city. There is a large bed and two reclining sofas where Olga and her five children – the youngest is three, the oldest is 21 – and her two-year-old granddaughter sleep. Their clean clothes are drying. There’s a stove, a rusty refrigerator and a television.

This woman was an employee at a car wash when she started feeling sick. She had barely been able to recover from her recent pregnancy: she was very cold and was working extremely long hours. “When they admitted me to the hospital, my fear was that they would take my children away from me. [My kids] only have me. [In the end], a friend took care of them for me,” she sighs. Her ex-husband lives abroad, while her second husband passed away.

The NGO where Mariana works provided Olga with support during her hospitalization, made sure she completed her treatment at home, helped her obtain social assistance and, to this day, continues to make sure that she attends her necessary medical check-ups.

Tuberculosis – an infectious disease that can be prevented and cured, but is fatal if left untreated – remains one of the priority public health issues in Moldova. Last year, 2,121 new cases were registered in the country. That is, 70.6 per 100,000 inhabitants, a very high figure compared to the European average of 10 cases per 100,000 inhabitants.

However, Moldova – a country with a population of 3.3 million, where one in four citizens lives beneath the poverty line – has made significant progress in eradicating tuberculosis, which affected about 130 citizens per every 100,000 around 20 years ago. A national plan that covers prevention and treatment, door-to-door work done by NGOs to identify patients and ensure that they complete their treatment, as well as significant external funding – especially from the Global Fund – are behind this gradual decline in the pathology.

While visiting public institutions, hospitals, NGOs and even a clinic in a prison, it’s quite clear that the battle being waged against this infectious disease in Moldova is, essentially, being led by women. When this is pointed out to her, Mariana laughs. “It’s true. [There are] many women in this fight.”

The fear of getting sick again

Olga and her family receive a government subsidy of 4,000 lei per month ($250) for childcare. This ends in two months, when the little girl turns four. “We’re rationing food because I don’t know what’s going to happen. I want to work, but I’m afraid of falling ill again and, furthermore, the fact that I’ve had tuberculosis means that there are people who don’t want to hire me,” she laments, while searching through her purse for the official document which certifies that her treatment has ended and that she’s fully recovered. “But this is of no use… people distance themselves and they also discriminate against my children and isolate them.”

Mariana comforts her and pampers the little ones. The Moldovan authorities recognize that a dozen NGOs – like the one that Mariana works with – are essential to reaching members of the society who are at risk. According to figures provided to this newspaper by medical officials and civil society organizations, between 8% and 12% of all tuberculosis cases are identified by these humanitarian groups.

On a Tuesday morning in November, Diniz, a 40-year-old taxi driver, makes another visit to the offices of the Society of Moldova against Tuberculosis (SMIT), in Bălți. This organization was created in 2010 by Oxana Rucsineanu and her husband, Pavel, after both of them recovered from tuberculosis. “I want to get my truck and bus driving license,” Diniz sighs, “but [the authorities] prevent me from doing so because I’ve been sick, even though I’ve finished my treatment and I’m in perfect health.”

“If Diniz doesn’t represent a danger to anyone, this action is illegal. He should have the right to drive a bus. Our lawyer is explaining all this to those who made the decision,” Rucsineanu affirms.

The 45-year-old former teacher contracted tuberculosis back in 2007. It was a drug-resistant variant. “There weren’t many options. They gave me basic treatment. In 2008, other treatments began to enter Moldova. I took them for two years and, thanks to them, I was cured,” she explains, although she wasn’t able to work for three years due to lingering health issues: she had difficulty focusing her eyes, dizziness and fatigue when walking a lot. Even today, she still struggles.

According to Dr. Valentina Vilc, coordinator of the National Tuberculosis Program of Moldova, cases of multidrug-resistant tuberculosis (which represent about 28% of all new annual cases) are a big threat to the country. Furthermore, she estimates that there are “about 300 cases” a year that aren’t detected.

“This isn’t a disease only for the poor, it can affect anyone,” the doctor emphasizes. She speaks to EL PAÍS from the main hospital in the city of Chișinău, where there’s a wing dedicated to patients with tuberculosis. At the beginning of November, there were about 40 patients being treated.

Vitali, a young man who has been bedridden at the medical center for weeks, is 18, athletic and, before he fell ill, he was completing his vocational training.”I started coughing last winter and it lasted for months,” he recalls. “Summer came and I realized that I was sweating a lot, but I thought it was normal because of the heat. Then, I started losing weight.”

The young man ended up in the hospital because his back began to hurt a lot. The previously undiagnosed tuberculosis had caused an abscess in his spine: he had to undergo emergency surgery. Today, he has to lie in bed. He has at least six months of treatment left. “I don’t know how I got it. I live with my mother and she’s not sick,” he shrugs.

Dr. Anna Donica, deputy director of the medical center, explains that tuberculosis that isn’t treated in time can cause infections in other parts of the body. “There are more male patients, perhaps [due to] a greater consumption of alcohol or tobacco, or because they often do hard work outdoors,” she notes.

All of them – once diagnosed – have free access to all treatments, which are increasingly shorter and more effective. At this time and according to official figures, 20% of this national anti-tuberculosis program depends on external financing. The Global Fund, the largest multilateral provider of subsidies to fight HIV, tuberculosis and malaria and to strengthen health systems in more than 155 countries, has allocated $18 million to Moldova for the 2023-2025 period. Of this amount, $8 million is earmarked specifically to combat tuberculosis. In 2022, according to official Moldovan figures, 209 people died in the country due to this pathology.

“There are still people who we don’t reach, or who we don’t get to in time,” Rucsineanu clarifies. She mentions a new factor in the fight against the disease: the arrival of sick refugees from neighboring Ukraine, a country at war.

In 2022, tuberculosis was the second-biggest global cause of death from a single infectious agent (behind COVID-19) and caused 1.3 million deaths worldwide, almost double that of HIV. The 2023 Global Tuberculosis Report – published in early November by the World Health Organization (WHO) – estimates that the lockdowns imposed on the population between 2020 and 2022 due to the pandemic caused at least half-a-million additional deaths from tuberculosis, due to delays in diagnosis and treatment.

With the return to normality, the number of confirmed tuberculosis cases increased by 7.5 million in 2022, the highest number since the WHO began global monitoring of the infection in 1995. Across the world, 34 million people suffer from this disease, whose eradication by 2030 is one of UN’s Sustainable Development Goals (SDGs).

The weight of stigma

Volunteers from the NGO Speranta Terrei meet Vladimir in the middle of the road, at the entrance to the city of Bălți, to give him his medication. The 40-year-old man – who has rough hands and is dressed in a military coat – doesn’t want the NGO workers (and even less so a journalist) to come near his house. “People avoid me enough, so I prefer to see you here,” he says. This man returned sick from Russia, where he had gone to work. He tried to hide the disease, but his neighbors ended up finding out, because he was hospitalized. “Now, I continue the treatment at home. I’m not dangerous… but people don’t know that,” he laments.

“Without this NGO, many sick people in Bălți would be lost. We’re much closer [to the population] than the state. We know how to reach them, we speak their same language,” the volunteer psychologist explains to EL PAÍS, after saying goodbye to Vladimir. Those responsible for humanitarian organizations agree that the stigma surrounding tuberculosis doesn’t help when it comes to identifying and treating patients. Despite the fact that there are information campaigns, awareness programs in schools, and therapists who care for patients and their loved ones, tuberculosis is still “a shame and a burden,” with serious family, social and financial consequences, especially in rural areas.

Chișinău – the capital of Moldova – is a sprawling city that combines gigantic blocks of Soviet-era housing with a desire for modernization, which translates into shopping centers and electric cars that only a small part of the population can afford. In the city, AFI is an NGO that identifies and supports patients from especially vulnerable backgrounds. Its founder, Svetlana Doltu, receives Aurel and Irina, a homeless couple, in her office. He has tuberculosis, while she’s at risk of the disease. Trembling and punished by life, they arrive smelling of alcohol, even though it’s not even midday. AFI support workers give them medication and ensure that they take it. They also bring the couple for X-rays every six months.

“For people like us, there aren’t many options. If this center didn’t exist, I don’t know if we would have survived,” Irina says, explaining that, in exchange for receiving tuberculosis treatment, the state gives them food vouchers.

Doltu highlights the weight of stigma on prisoners with tuberculosis. Upon release, they’re doubly marginalized: for having been in prison and for suffering from the disease. “If people don’t have a home or a job, they can’t give an address and they’re left without social security. A patient who’s released from prison sometimes ceases to exist. We have to be close to them before they’re released,” the NGO head explains. In 2022, the organization served 2,500 people in seven districts across Moldova, thanks to the financing it received from the Global Fund.

Doltu’s words ring true in a Moldovan prison located in Chișinău. The only prison hospital for tuberculosis patients operates there. It has capacity for 140 patients, but at the moment, there are only 39. Nearly half of them are suffering from drug-resistant cases, according to Irina Barbiros, the director.

Upon arrival at any prison in the country, inmates undergo an X-ray and, if they’re suspected of having tuberculosis, they end up in this prison hospital. “In the last three years, the annual average has been 100 patients,” Barbiros estimates. In Moldova’s prisons, inmates are also offered methadone treatment to combat addictions, as well as access to a needle exchange to prevent the transfer of diseases between drug users. This policy reduces the risk of AIDS and, indirectly, of tuberculosis – a pathology that more easily affects those afflicted with HIV. According to the WHO, around 10% of new annual tuberculosis cases in Moldova are diagnosed in patients who are living with AIDS.

In the corridors of this prison hospital, there are posters indicating the basic steps required to protect oneself from tuberculosis. The drawings are in stark contrast with the imposing steel gates and bars.

“I’m better, I have an appetite and I’m gaining weight,” summarizes Vitalie, a 36-year-old prisoner with a defiant face, even behind his mask. This is the third time he’s had tuberculosis and the fifth time he’s been in prison. “Of course I’m going to finish my treatment, I’m not going to say no… they’re filming me,” he jokes, pointing to the security camera, while he goes to receive his pills.

Sign up for our weekly newsletter to get more English-language news coverage from EL PAÍS USA Edition

Seguir leyendo

Israel sigue bombardeando Gaza. La guerra va para largo y será difícil, dice el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Los camiones de ayuda humanitaria entran con cuentagotas en la Franja, y el jefe del Ejecutivo se niega a un alto el fuego. Lidera el Gobierno más radical, más a la derecha, de la historia de Israel. La población lo apoya en la invasión de Gaza y en su voluntad de acabar con Hamás, pero Netanyahu está contra las cuerdas por no haber visto venir los ataques del 7 de octubre de la milicia palestina. Sus días como gobernante parecen contados, aunque dependerán de cómo acabe el conflicto.

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Seguir leyendo

“Están llamando a personas de casi todas las nacionalidades y a nosotros no. Seguimos esperando en medio de la agonía nuestro turno para salir. Se nos está acabando la comida y la situación empeora cada día”, explica a este diario por teléfono Salah Awad El Sousi, de 73 años, que ejerce como representante de facto de la comunidad española en Gaza.

Él y su familia llevan más de tres semanas en el sur de la Franja, cuando se desplazaron, como otros centenares de miles de gazatíes, siguiendo las instrucciones del ejército israelí. Confiaban en que estarían más seguros y en que la evacuación de ciudadanos con pasaportes extranjeros comenzaría pronto, pero se equivocaron. En total, unos 140 palestinos con nacionalidad española han manifestado su deseo de ser evacuados, aunque la cifra podría ascender a unos 190, incluyendo a sus familiares directos. Entre ellos hay 80 menores de edad, como Zeyna, que apenas ha cumplido tres meses, y personas mayores enfermas, como Nahla, una señora de 75 años con diabetes y grandes problemas de movilidad.

Para todos ellos el tiempo apremia porque la muerte acecha día y noche. Los palestinos muertos bajo las bombas israelíes superan ya los 11.000, según los servicios sanitarios palestinos. Entre ellos hay 4.000 menores de edad. La inmensa mayoría de los ciudadanos españoles de Gaza y sus familias están en la parte central o sur de la Franja, pero todavía quedan algunos en el norte. Prácticamente, todos se conocen e intentan mandarse diariamente mensajes telefónicos con las últimas noticias. La pregunta que se repite en estas conversaciones es “¿por qué nosotros no?”. “Estamos en contacto diario con el Consulado de España en Jerusalén, nos dicen que están haciendo todo lo que está en sus manos y nos piden paciencia. Pero parece ser que España es poco influyente y los israelíes y egipcios nos están ninguneando”, suspira El Sousi.

Decenas de extranjeros y palestinos con pasaportes extranjeros, como por ejemplo estadounidenses, canadienses, alemanes, franceses, daneses, indios, polacos, brasileños y otros, han podido abandonar Gaza desde el 1 de noviembre por el sur, en dirección a El Cairo. Las personas cuyos nombres están en estas listas, aprobadas por Israel y Egipto, son alertados por los servicios consulares de sus países unas 12 horas antes de su salida.

Nos dicen que están haciendo todo lo que está en sus manos y nos piden paciencia. Pero parece ser que España es poco influyente y los israelíes y egipcios nos están ninguneando

Salah Awad El Sousi, palestino-español en Gaza

Pero en este momento, el Gobierno no puede decir cuándo serán evacuados los palestinos con nacionalidad española. La ministra de Defensa, Margarita Robles, expresó esta semana su “enorme preocupación” por las condiciones “muy difíciles” que están atravesando y reconoció que otros países sí han conseguido sacar ya a sus nacionales, informa Miguel González. Fuentes diplomáticas resaltan que para ello, además del acuerdo de Israel y Egipto, hace falta también el visto bueno del movimiento islamista Hamás, que controla Gaza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha preparado un equipo de acogida en la Embajada española en El Cairo y el Ejército del Aire tiene previsto enviar un Airbus 330 a recogerlos después de que crucen el paso de Rafah, entre Gaza y Egipto. Al Sousi conoce al dedillo todos estos preparativos y requisitos. Este catedrático de Farmacia jubilado, que ya fue evacuado de Gaza por España durante la ofensiva israelí de 2014, es un hombre optimista, pero en los últimos días, en sus mensajes se respira urgencia y miedo. Los bombardeos no dan tregua ni en el norte ni en el sur de la Franja. Los alimentos y el agua escasean, las conexiones telefónicas son muy precarias y la Franja lleva semanas sin electricidad.

“Esto es demasiado”, repite. “Comemos harina mezclada con agua, hecha a la plancha sobre fuego de leña porque no tenemos gas. Le ponemos las verduras que encontramos: tomates, pepinos, cebollas o coliflor y agregamos arroz, lentejas o judías blancas. Bebemos agua hervida y enfriada. Una vez a la semana intentamos comer pollo o carne roja, pero son difíciles de encontrar. No sentimos ni hambre con tanto terror, tanta sangre y tantas lágrimas. Es una situación que jamás pensamos vivir”, describe Al Sousi, que espera viajar a España, donde vivió 25 años, con otras nueve personas de su familia.

Ni agua ni gas

“No hay gas para cocinar, ni agua para el baño, ni para lavar. Los hombres salen de casa cada día con la misión de buscar agua”, corrobora Kholoud Elbatsh, que confía en viajar a España con su marido y sus tres hijos. “Los chicos están físicamente bien, pero psicológicamente cansados y nerviosos. Tienen miedo todo el tiempo, no duermen...”, describe, impotente, esta profesora universitaria, que comparte la misma habitación con otras 16 personas en la localidad de Deir el Balah, en el centro de Gaza, donde se refugió hace tres semanas.

Estamos hablando de la vida de más de 150 personas, de un país que no está pudiendo salvar a sus ciudadanos

Ahmed Hamdan, palestino-español

Fuera de la Franja, los familiares de estos españoles también se han organizado para comunicarse con responsables consulares, redactar comunicados de protesta y presionar a las autoridades. “Lo que nos da miedo es que en ningún momento hemos tenido la confirmación de que nuestras familias van a salir. Tememos que nunca aparezcan en la lista. Estamos hablando de la vida de más de 150 personas, de un país que no está pudiendo salvar a sus ciudadanos”, dice Ahmed Hamdan, que tiene a más de 10 familiares esperando a ser evacuados, entre ellos sus padres y hermanos.

Este ingeniero de 25 años que vive en Valencia está especialmente alterado. En la lista de países que pudieron evacuar a ciudadanos el día 10 de noviembre figuraba Rusia. “¡Rusos! Pese a las malas relaciones con Estados Unidos y con Israel. ¡Han salido antes que nuestras familias! No sabemos qué está pasando, pero alguien no está haciendo bien su trabajo en España”, insiste.

En un principio, los españoles atrapados en Gaza y sus familias en España pensaron que están “pagando” por las declaraciones de algunos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, muy críticas con Israel. Pero ciudadanos de otros países que han pedido claramente un alto el fuego en Gaza y han mostrado sus reservas ante la ofensiva israelí sí han podido evacuar a sus ciudadanos, como Noruega o Bélgica, citan. También contemplan la posibilidad de que el hecho de que en España haya en este momento un gobierno en funciones no les ayude.

“Es muy doloroso hablar con nuestras familias. Yo confieso que les miento y les digo que todo avanza, que van a salir, que seguro van después en la lista... Pero estamos perdiendo todas las esperanzas”, afirma Hamdan.

Nasrín Krayem Domínguez dice con voz temblorosa que sus hermanos en Gaza han esquivado la muerte en varias ocasiones en las últimas semanas. Esta mujer de 47 años, hija de una española y un gazatí, tiene a toda su familia paterna en la Franja. En total, saldrían a España 10 personas, entre ellas su padre, de 74 años. “No van a aguantar mucho más. Las autoridades consulares me han dicho que están haciendo todo lo que pueden, pero yo creo que esto ya no depende del Consulado, tiene que moverse más arriba: ministro, presidente... porque la situación es muy crítica”, insiste.

El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene un absoluto mutismo sobre esta evacuación, apelando a razones de seguridad, mientras que su titular, José Manuel Albares, se ha limitado a señalar que se trata de una negociación “muy compleja” y que está en contacto con sus homólogos de Israel y Egipto para que se pueda ejecutar lo antes posible.

“¿Razones de seguridad? Justamente por eso deberían sacarlos cuanto antes porque no hay sitio más inseguro que el lugar en el que están. Y las condiciones de seguridad de la evacuación son las mismas para España que para otros países que sí están poniendo a salvo a sus ciudadanos”, responde Krayem.

Perderlo todo

Solo dos ciudadanos españoles, Raúl Incertis, de Médicos Sin Fronteras (MSF), y Jesús Sánchez, trabajador de una agencia de la ONU, han conseguido salir de Gaza desde el 7 de octubre. Desde ese día, Israel responde a una inesperada y cruenta incursión de milicianos de Hamás en su territorio, que dejó un saldo de 1.200 muertos y unos 200 rehenes en manos del grupo islamista, que gobierna de facto en Gaza desde 2007.

Los padres de Motaz Ahel Hejazi, de 42 años, 23 de ellos viviendo en España, también están esperando ser evacuados. Su familia ha perdido en un mes la vida que habían tardado décadas en construir al norte de Gaza: un negocio de cerámica que comenzaron en Arabia Saudí y que hace 30 años, con la esperanza que se respiraba con los Acuerdos de paz de Oslo, decidieron trasladar a la Franja, donde se instaló toda la familia.

José Manuel Albares se ha limitado a señalar que se trata de una negociación “muy compleja” y que está en contacto con sus homólogos de Israel y Egipto para que se pueda ejecutar lo antes posible.

Todo fue bombardeado y la familia huyó hacia el sur, pero Nahla, la madre, que tiene 75 años y es diabética, sufrió un infarto hace cuatro días, cuando el edificio en el que se refugiaban fue alcanzado por un mortero. “No había cómo encontrar un médico, vino un amigo enfermero y le puso suero y oxígeno. Está sola con mi hermana, que la cuida, y ha recuperado un poco la consciencia. Pero está muy mal y no sé cómo ayudarla”, explica por teléfono desde Castellón su hijo, sin poder esconder su emoción.

“Mi padre no ha salido de su casa nunca. Ni siquiera en precedentes ofensivas israelíes. Ahora, aunque la guerra termine mañana, ¿adónde volverá? No tiene nada: ni casa, ni negocio... A veces pienso que quienes más sufren en Gaza son los que quedarán vivos después de esto”, opina Ahel Hejazi.

Estas familias palestinas son conscientes de que, pese a que su evacuación se retrasa, sus allegados forman parte de un grupo de afortunados en Gaza. “Estoy luchando para que mi padre y mis hermanos salgan, pero tengo el corazón destrozado. Pienso en los demás, que no tienen cómo salir ni protegerse: en mis tías, en mi prima con cáncer que se quedó en el norte de la Franja, y en tantos otros”, se despide Krayem.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.

Seguir leyendo

Najwa vive con su marido y tres de sus cinco hijos y ha dado cobijo en las últimas semanas en su vivienda a tres familias más, con siete niños de entre 1 y 10 años. “Como madre, me duele no poder transmitirles seguridad o prometerles que todo va a ir bien. Me dicen que tienen hambre y no puedo darles siempre un plato de comida caliente o pan tierno, tienen miedo por la noche y no puedo encender la luz para tranquilizarlos, porque no hay electricidad y vivimos en la oscuridad”, explica.

Un niño muere en la guerra en Gaza cada 10 minutos, según cálculos de la ONG Save The Children. La mayoría de los casi 4.000 menores fallecidos, sobre un total de más de 9.000 víctimas palestinas, no tiene nombre ni historia. Son cadáveres extraídos de los escombros como muñecas rotas; cuerpos menudos inertes transportados en brazos por padres desesperados a hospitales que prácticamente ya no están operativos; o pequeños bultos en bolsas de plástico blancas a la espera de ser identificados y enterrados. “¿Cuántos camiones hace falta que entren a Gaza para transportar más de 3.300 ataúdes para los niños?”, se preguntaba la ONG esta semana. Desde entonces, el número de víctimas ha aumentado.

Me destroza el corazón ver cómo se desvanecen los sueños de mis hijos”

Najwa, madre palestina

Más de 7.000 niños están heridos tras los bombardeos y algunos de ellos han tenido que ser operados o amputados con una leve sedación porque ya no queda anestesia. Además, hay más de 1.000 desaparecidos, probablemente bajo las ruinas del lugar en el que se protegían, según cifras palestinas. El resto de los menores de Gaza, que representan casi la mitad de sus más de dos millones de habitantes, están refugiados en sus hogares o en casas ajenas, escuelas u hospitales. No hay vivienda sin niños en Gaza. Pero en este momento es muy difícil, casi imposible, acceder a ellos o a sus padres a distancia, en una Franja sin electricidad y con pocas conexiones telefónicas y a internet y donde no entran periodistas extranjeros y los reporteros locales trabajan a destajo poniendo en peligro sus vidas cada minuto. Al menos 36 de ellos han muerto bajo las bombas, según los cálculos del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).

Hambre y sed

“¿Estoy vivo?”, pregunta insistentemente un niño ensangrentado de unos siete años al doctor que lo atiende después de resultar herido en un bombardeo. “Claro, claro que sí, estás vivo”, responde el médico. La imagen resume la crueldad de estos bombardeos y deja sin argumentos. La grabó Belal Mortaja, un camarógrafo palestino que lleva días documentando lo que pasa en Gaza, centrándose especialmente en el sufrimiento de los niños, que, a distancia, resulta inimaginable.

Los niños también tienen hambre y sed. En la familia Hamdan, refugiada en Rafah, al sur de la Franja, con la esperanza de ser evacuados, ya que todos tienen nacionalidad española, hay tres pequeños de entre tres meses y tres años. Hace dos semanas, salieron en pocos minutos de su hogar, prácticamente con lo puesto, huyendo de un bombardeo que destrozó su vivienda. “Mi hermana está desesperada. No hay agua en condiciones para hacer los biberones y el bebé no está comiendo como debería. Tampoco van a encontrar un médico en estas circunstancias y además, sería peligroso salir de casa. Por si fuera poco, está comenzando a hacer frío en Gaza y los niños no tienen ropa de abrigo”, explica por teléfono Ahmed Hamdan, tío de los bebés, que está en España.

La mayor preocupación de Najwa también es el agua. Ella y su marido se ponen en marcha hacia las cinco de la mañana para ver dónde ir a comprarla o conseguir unos bidones para poder hacer leche, té y cocinar. “No nos bañamos, por supuesto, y eso mina la moral. La de los niños también”, recalca.

“Son críos adorables, inteligentes... Les gusta vivir, divertirse, bailar y cantar. Se merecen mucho más que esta vida, en la que solo nos preocupamos por sobrevivir. Me destroza el corazón ver cómo se desvanecen los sueños de mis hijos”, dice Najwa, mientras recita como en una letanía: Salma quería ser abogada, “pero ahora ha perdido el interés por todo”, Sara sueña con aprender a tocar el piano y Mohamed explica que en este momento solo quiere “sobrevivir y salir de Gaza para buscar una vida en otro lugar”.

“Es horrible que estén viviendo esto, pero a nadie le importan los derechos humanos, la ley humanitaria, la democracia... Todo es mentira. Nuestros hijos están siendo masacrados delante de este puñetero mundo”, lanza, irritada pero sintiéndose, pese a todo, afortunada. “Me da escalofríos pensar en familias como la nuestra, bajo los escombros, muertas...“.

“Hemos vuelto a las cavernas”

Desde Jan Yunis, también al sur de la Franja, Kayan envía un par de fotografías de lo que será su comida del día. La madera que recuperan de la calle se convierte en leña y sobre una oxidada reja de hierro colocan una cazuela con tomates y berenjenas. “No tenemos gas, hemos vuelto a las cavernas”, dice esta profesora, madre de cuatro niños de entre 5 y 15 años, refugiada en casa de un familiar donde hay un total de 40 personas, casi la mitad de ellos menores de edad. “Los padres nos activamos al alba para coger número y turno en alguna panadería que esté funcionando. O en varias. Nos dan 15 raciones de pan y no nos basta para tanta gente. Necesitamos ir a al menos dos panaderías, con los riesgos que eso supone, porque están siendo bombardeadas. Salimos de casa mi marido o yo, por si pasa algo, para que uno de los dos esté a salvo”, detalla.

La mujer explica también que tras las bombas sienten una especie de gas que “quema los ojos, la nariz y la garganta” y afecta especialmente a los más pequeños. “Los días se hacen eternos. Se me hace duro jugar con ellos, no tengo moral”, admite, explicando que su hija menor, Manal, no se puede quedar sola un instante del miedo que siente y la llama a gritos cuando no la tiene a la vista.

Antes de esta ofensiva, el psiquiatra palestino Yasser Abu Jamei, director del único centro gazatí de salud mental centrado en niños, ya alertaba del deterioro psicológico que sufren los menores en Gaza, del miedo que les invade cuando están lejos de sus padres, de trastornos importantes en su comportamiento o del aumento de los sentimientos suicidas. Este médico y otras ONG también han advertido de que sus padres y cuidadores de la Franja pierden seguridad en sí mismos, creen que no pueden protegerlos ni acompañarlos correctamente en su camino hacia la vida adulta, debido a la pobreza y violencia constantes. En 2022, Save The Children advirtió en un informe que cuatro de cada cinco niños de Gaza vivían con depresión, miedos y duelo y que las cifras empeoraban debido al bloqueo israelí, en vigor desde 2007.

“Pienso en el primer día que podré volver a clase después de que todo esto termine. ¿Cómo podré ponerme delante de mis alumnos y transmitirles la vida si vamos a tener nuestras almas llenas de muerte?”, se preguntaba en una conversación con este diario el profesor gazatí, Talal Abu Shawish.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.

Seguir leyendo

El Sousi dejó la ciudad de Gaza prácticamente con lo puesto. Al ver que los días pasaban y seguían bloqueados en el sur, uno de sus hijos volvió a las ruinas de la casa para buscar ropa entre los escombros. “Allá quedaron sepultados mi despacho, mis libros, mis títulos y toda nuestra memoria”, lamenta, antes de recuperar como puede el ánimo. “Pero seguimos en contacto con el consulado español en Jerusalén y ellos están negociando para hacernos salir de forma segura”. Por ahora, viven con otras 40 personas, 20 de ellas menores de edad, en el piso de un pariente lejano. No quiere decir dónde. “Lo único que importa es que Israel nos hizo creer que el sur era un lugar seguro y no lo es”, acusa.

El hombre describe una vida diaria que parece de otra época: hacen fuego con la madera que encuentran para cocer pan, aunque la harina ya empieza a escasear. Dan de comer y de beber en prioridad a los niños y los adultos sienten ya los efectos del hambre y la deshidratación. Algunos jóvenes salen “por el barrio” a comprar alguna cosa si hay algún comercio que abra y todos cruzan los dedos cada mañana para que brille el sol y puedan cargar los móviles gracias a pequeños paneles caseros. “Seguimos vivos, pero de milagro. Hemos pasado noches de terror”, insiste.

Desde el domingo, se han recuperado progresivamente las conexiones a internet y las comunicaciones telefónicas con Gaza, aunque los contactos con las personas dentro de la Franja son cada día más complicados, debido a la falta de electricidad y a que hay lugares sin ningún tipo de cobertura. Los mensajes enviados pasan horas, o incluso días, en el vacío, sin poder ser entregados a sus destinatarios. Los que son recibidos y leídos se responden de manera cada vez más breve. No hay notas de voz ni vídeos porque la señal no lo permite.

“El miedo lo domina todo y nos impide pensar con claridad. Hemos perdido la noción del tiempo, pero las horas pasan con un solo objetivo: seguir vivos”. Los mensajes de Remah Ahmed enviados por WhatsApp son breves, se interrumpen y se retoman al ritmo de una conexión a internet inestable. No quiere gastar su preciada batería telefónica, pero se esfuerza en describir con el mayor detalle posible cómo sobrevive en Jan Yunis, al sur de Gaza, donde está refugiado en casa de un amigo, con su esposa y sus dos hijos de 17 y 19 años. De las otras 40 personas, la mayoría eran desconocidos hasta hace algunos días.

“No puedo dormir. Por los bombardeos, cada vez más fuertes, y por los pensamientos, que me angustian permanentemente. Amanece y lo primero que pienso es: ¿Voy a morir hoy o tendré suerte?”. En la pregunta de este hombre de 50 años, que trabajaba como funcionario de la Autoridad Palestina en Gaza, no hay nada de teatral ni de exagerado. Más de 8.300 palestinos han muerto por los bombardeos israelíes desde que empezó la ofensiva, según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza. La incredulidad, la desesperación, el terror, el cansancio y el sentimiento de abandono que transmiten los habitantes de la Franja en sus mensajes van en aumento. Los días pasan y la ofensiva israelí avanza y se intensifica, mientras ellos se sienten atrapados en una ratonera, cada vez más asfixiante e insegura.

Hasta lo más simple se ha convertido en un problema enorme: cómo conseguir comida, agua o un poco de electricidad para al menos cargar el móvil”

Remah Ahmed, habitante de Gaza

“No hay un momento de calma. Hasta lo más simple se ha convertido en un problema enorme: cómo conseguir comida, agua o un poco de electricidad para cargar el móvil. Estamos viviendo como animales y nos hemos transformado en números: números de muertos, números de heridos, números en las colas para comprar un poco de pan…”, explica.

Israel ha vuelto a advertir a los habitantes de la parte norte de la Franja de que vayan hacia al sur “por su propia seguridad”. Desde hace dos semanas, decenas de miles de palestinos ya dejaron sus casas y se refugiaron en casas de amigos, familiares o escuelas de la ONU en localidades como Rafah o Jan Yunis. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), alrededor de 1,4 millones de habitantes de Gaza se han visto desplazados, algunos de ellos varias veces desde el 7 de octubre, pero en la parte norte, más cercana a Israel, sigue habiendo muchas personas que no quieren o no pueden huir. Entre ellas hay heridos, enfermos, trabajadores humanitarios, personal médico, discapacitados, ancianos, mujeres embarazadas y niños, recordaron las organizaciones humanitarias palestinas Al Mezan, Al-Haq, y el Centro Palestino por los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés), en un comunicado conjunto.

“No hay garantías de que vayan a estar seguros en el sur, donde Israel sigue bombardeando. Esto sugiere que las órdenes de evacuación de Israel no se emiten pensando en la seguridad de la población civil, sino que pretenden desplazar por la fuerza a cientos de miles de palestinos para acercarlos a la frontera con Egipto”, denunciaron.

¿Qué va a cambiar si empleo mi conexión y mi batería para contarte cómo estamos viviendo? ¿Va a hacer algo el mundo? ¿Qué están esperando?”

Kholoud Sayed, habitante de Gaza

Remah Ahmed también sintió que no había lugar seguro en toda la Franja, pero vio a sus vecinos huir hacia el sur y los imitó. Su hermana decidió quedarse en la ciudad de Gaza, con su esposo y cuatro hijos. “Dijo que prefería morir en su casa”, explica. “Nosotros llegamos primero a una escuela de la ONU, que estaba abarrotada. Había basura por todas partes, no tenían agua ni comida ni baños… La gente estaba viviendo como animales. Finalmente, terminamos en casa de este conocido”, explica. El lunes, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) indicó que cobija a 672.000 personas en sus instalaciones en Gaza en condiciones “cada vez más desesperadas”, una cifra cuatro veces superior a su capacidad. Ahora, aunque Remah Ahmed quisiera regresar al norte, ya no tiene adónde, porque su casa fue bombardeada días después de que la familia se marchara.

“¿Qué va a cambiar si empleo mi conexión y mi batería para contarte cómo estamos viviendo? ¿Va a hacer algo el mundo? ¿Qué están esperando?”, lanza, exasperada, Kholoud Sayed. Este diario está en contacto con esta profesora universitaria desde el 7 de octubre. Ella, su marido y sus tres hijos llevan dos semanas en Rafah, la ciudad más al sur de la Franja, en casa de un familiar, donde ya no tienen gas y sufren para encontrar pan y agua potable.

El plan de Israel está claro: que los gazatíes se vayan de Gaza. Pero, ¿adónde?”

Raji Sourani, abogado palestino

Raji Sourani, un reconocido abogado y director del PCHR, salió ileso “milagrosamente” del bombardeo de su casa en la ciudad de Gaza el 21 de octubre y, desde hace una semana, ni siquiera recibe los mensajes de WhatsApp. “Estamos en el lado bueno de la historia, defendiendo una causa justa y no vamos a ser buenas víctimas. Sigo en la ciudad de Gaza, en casa de un familiar, y no me iré de aquí porque no hay lugar seguro en toda la Franja. Esto es como una lotería. El plan de Israel está claro: que los gazatíes se vayan de Gaza. Pero, ¿adónde?”, se preguntaba en su último mensaje a este diario, el 23 de octubre.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.

Seguir leyendo

Los datos son claros: si en los años cincuenta vivían en ciudades 27 millones de africanos, esa cifra alcanza ya los 567 millones. En 2050, la población africana se habrá duplicado y las proyecciones indican que buena parte de ella acabará absorbida en las ciudades. Capitales como Lagos o Kinshasa figurarán pronto en la lista de las más pobladas del mundo. África es el continente en el que la población urbana crece a mayor velocidad y se calcula que en 2033 ya habrá más africanos viviendo en ciudades que en zonas rurales.

Con los datos en la mano y sobre el terreno, es evidente que muchas de las grandes ciudades africanas no dan más de sí. Las costuras de sus carreteras, sus redes de autobuses y sus servicios hace tiempo que estallaron. Hay problemas serios de movilidad, de salud y de habitabilidad, mientras la polución se desborda, porque llevan años creciendo como pueden, de forma desordenada y a golpe de asentamientos informales, donde se acumula la población que expulsa el campo reseco. La mitad del África Subsahariana vive en esas periferias, en las que carecen de agua corriente y otros servicios básicos. En este contexto nacen las nuevas ciudades africanas, que no son ni mucho menos la solución, pero que, al menos sobre el papel, aspiran a ser parte de ella.

“Hay un enorme optimismo en el discurso oficial en torno a las nuevas ciudades, pero hace falta tiempo todavía para saber cuáles van a funcionar y cuáles no. Un puñado de ellas se encuentran en su fase más dura, en la que la gente ha empezado a mudarse allí, pero todavía no hay servicios ni medios de transporte suficientes”, explica desde Montreal Laurence Côté-Roy, geógrafa urbana y experta en nuevos modelos de ciudades.

Para los gobiernos, estas ciudades rutilantes son un sueño porque son proyectos atractivos que permiten tener algo que enseñar al mundo, ejercer un control absoluto de los espacios y de imán para atraer a inversores extranjeros. La investigadora resalta cómo estas urbes a menudo se utilizan como motor de desarrollo para impulsar ciertos sectores como el tecnológico, en el caso por ejemplo de Konza, en Kenia, que pretende servir de base para la creciente industria de las start-ups africanas. O para proyectar la imagen de nación, como en el caso de la nueva capital administrativa de El Cairo.

En parte se trata de una evasión de responsabilidades por parte de gobiernos que se apoyan en entidades privadas. La visión no es siempre necesariamente la de mejorar la vida de los pobres, a veces se trata más bien de escapar de ellos”

Julia Gallagher, profesora de política africana en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres

Frente al discurso oficial, sobran los expertos que critican la oleada de nuevas ciudades por considerar que obedecen más a los intereses de las élites mercantiles que a las necesidades de la población; que son poco menos que un patio de recreo para especuladores globales en connivencia con empresarios locales, acomodados en asociaciones público-privadas. Julia Gallagher, profesora de política africana en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres, apunta: “Durante años se ha tratado de solucionar los problemas urbanos, pero cuando los recursos escasean y las autoridades son relativamente corruptas, cunde la sensación de que esas ciudades no tienen solución y de que es mejor empezar de cero con capital privado. En parte se trata de una evasión de responsabilidades por parte de gobiernos que se apoyan en entidades privadas. La visión no es siempre necesariamente la de mejorar la vida de los pobres, a veces se trata más bien de escapar de ellos”.

Urbanismo de tabula rasa lo llaman algunos, “efecto Wakanda”, dicen otros ante la oportunidad de crear espacios por y para africanos y en alusión a la película afrofuturista de 2018 Black Panther. Taibat Lawanson, catedrática de Urbanismo del Departamento de Planeamiento urbano y regional de la Universidad de Lagos, en Nigeria, es sin embargo tajante: “La mayoría de las nuevas ciudades africanas no responden realmente a los retos urbanos endémicos de África. Están impulsadas en gran medida por intereses económicos y suelen satisfacer las necesidades de una comunidad a medida, ya sea la élite, los expatriados o el sector tecnológico, en lugar de las de la inmensa mayoría de los residentes urbanos”.

Gallagher contextualiza estas iniciativas casi como una continuación de las experiencias urbanísticas a las que dieron pie las independencias. “Algunos países africanos trataron de empezar de nuevo y desterrar el urbanismo que creó el colonialismo con la segregación y la desigualdad. Trasladaron ciudades al centro desde la costa, donde las potencias coloniales habían desarrollado urbes para poder potenciar el comercio, como sucedió por ejemplo en Abiyán, Maputo o Freetown”. Años después, muchos gobiernos tratan ahora de empezar otra vez de la nada.

Los inversores del norte global buscaban nuevos mercados y cobró fuerza la narrativa de África como el nuevo El Dorado, como una tierra de oportunidades que estaba a punto de despegar, como en su día ocurrió con Asia”

Emmanuel Kusi Ofori-Sarpong, experto en nuevas ciudades africanas

Pero hay que remontarse a los estertores de la crisis financiera de 2008 para comprender el origen de estas nuevas ciudades, según explica Emmanuel Kusi Ofori-Sarpong, investigador del fenómeno en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de Londres. Aquellos fueron los años del afroptimismo, en los que cundía la sensación de que el continente africano solo podía ir a mejor y de alguna manera, las nuevas ciudades son esa foto fija de modernidad africana. Los gobiernos además, en seguida comprendieron el potencial para ejercer un poder simbólico, a través de la proyección de bonanza y poderío. “Los inversores del Norte global buscaban nuevos mercados y cobró fuerza la narrativa de África como el nuevo El Dorado, como una tierra de oportunidades que estaba a punto de despegar, como en su día ocurrió con Asia. Sucedió además en un momento en el que el precio de las materias primas africanas subía y en el que muchos países del continente registraban una cierta estabilidad económica y política”. La posibilidad de acceder a tierra y mano de obra baratas, junto a un régimen fiscal favorable, acabaron de dar el empujón.

Dinero extranjero

Llovió dinero de fuera y junto con los fondos también llegaron expertos y nuevos modelos urbanísticos. De Reino Unido, de Brasil, de Marruecos, de Singapur… y de China. En el caso de Pekín, estas ciudades se enmarcan en el despliegue de infraestructuras en el continente, especialmente en países como Mozambique, Angola o Zimbabue. Las que contaron con capital chino se construyeron a una velocidad mucho más rápida, y se llegó incluso a acuñar el término de “ciudades fantasmas”, como el caso de la Nova Cidade de Kilamba (Angola), que han terminado por habitarse, aunque a un ritmo más lento de lo previsto. Parte de la nueva capital de Egipto, por ejemplo está construida en alianza con China State Construction Engineering Corporation. La empresa Rendeavour, dirigida por Stephen Jennings, un multimillonario que hizo su fortuna en Rusia está muy presente en proyectos urbanísticos africanos con asociaciones público-privadas.

Parecía en aquellos días que la clase media iba a engordar en África en poco tiempo y que necesitarían casas nuevas en las que vivir con sus familias. Esas predicciones han chocado con la realidad, que indica que la mayoría de la población no puede permitirse vivir en una casa de las nuevas ciudades. “Todo dependerá de cómo evolucionen las economías africanas”, estima Kusi Ofori-Sarpong, quien concede una evidente ventaja a las nuevas iniciativas. “El acceso a la vivienda es un gran problema en muchos de estos lugares, así que incluso si solo los que pueden pagarlo se trasladan allí, eso ya contribuirá a descongestionar las viejas ciudades”. Puede que se alivien los centros, pero el problema de movilidad no se soluciona. Al revés. Masas de nuevos pobladores necesitarán desplazarse a diario desde las nuevas ciudades, lo que obliga a repensar el sistema de transportes.

La mayoría de las nuevas ciudades africanas no responden realmente a los retos urbanos endémicos de África. Están impulsadas en gran medida por intereses económicos y suelen satisfacer las necesidades de una comunidad a medida, ya sea la élite, los expatriados o el sector tecnológico”

Taibat Lawanson, catedrática de Urbanismo del Departamento de Planeamiento urbano y regional de la Universidad de Lagos

Predicciones más o menos acertadas aparte, las ciudades acostumbran a tener vida propia y nadie a estas alturas es capaz de adivinar cómo serán dentro de 25 años, quién las habitará y qué papel jugarán en el desarrollo de cada país y del continente. Si son las urbes del mañana o si quedarán relegadas a ciudades fantasmas.

Crear comunidad

Surge por último una pregunta adicional, pero a la vez fundamental. ¿Hacen falta nuevas ciudades o es preferible mejorar las que ya hay? Son muchos los urbanistas que insisten en que la solución pasa por reforzar las ciudades secundarias existentes para aliviar las capitales y sobre todo, por invertir en la mejora de los asentamientos informales. “Es fundamental encontrar soluciones para que las grandes ciudades no se conviertan en el imán del 80% de la población, porque no es posible gestionar ciudades con semejante concentración de personas.”, piensa Fernando Casado, economista especializado en urbanismo sostenible y editor de Seres Urbanos, que es de los que cree que la solución pasa por fortalecer las ciudades secundarias.

En cuanto a las nuevas ciudades que se enmarcan dentro de ese esquema de descentralización, cree que “todo depende de si son falsos paraísos o si son ciudades sensatas”, pero sobre todo de que se cree comunidad. “No basta con construir. Hacen falta servicios públicos, escuelas y centros de salud que den vida a una ciudad y que se cree una comunidad intergeneracional, y crear eso desde cero es muy difícil”. Pero Casado también reconoce que desde un punto de vista de sostenibilidad, a menudo es más fácil partir desde cero, con nuevos materiales más eficientes y porque las antiguas ciudades fueron construidas para los coches, como sucedió en Estados Unidos o en algunas urbes de América Latina. En una ciudad nueva, por ejemplo, se puede dejar espacio para construir una hilera de árboles que dé sombra entre el carril bici y los coches, algo que en las actuales normalmente no es posible.

Este proyecto especial es un recorrido por cuatro nuevas ciudades africanas, muy diferentes las unas de las otras, pero que representan varios de los dilemas y fortalezas que presentan las nuevas urbes. Es el testimonio de la diversidad de un continente que persigue su propio modelo de desarrollo, también el urbanístico, y de las dificultades y fracasos con las que se topa por el camino. Esta es una invitación a pasear por el interior de estos inventos. Disfruten del viaje.

Por Ana Carbajosa

Primero fue una zona industrial, luego un palacio de congresos y un hotel. Más tarde surgieron un pabellón deportivo, un flamante estadio de fútbol, una universidad y, finalmente, cientos de apartamentos y chalecitos. En apenas cinco años, una nueva ciudad ha ido emergiendo a empujones en medio de la nada, a unos 30 kilómetros de Dakar. El viejo sueño hecho realidad de descongestionar la cada vez más incómoda y poblada capital de Senegal se va haciendo realidad, balbuceante aún, deslavazada, salpicada de polvo y obras y con problemas de movilidad, habitada por un puñado de pioneros, pero tangible ya. Así es Diamniadio, la nueva Dakar.

Thierno Diop vio el anuncio por internet y no se lo pensó dos veces. “Llevaba 22 años en Estados Unidos, pero quería regresar. De momento vivo de alquiler, pero en cuanto pueda tendré mi propia casa. Aquí hay todo lo necesario para vivir y está mejor organizado que Dakar, hay más espacio”, asegura. En su pequeño comercio, presidido en la puerta con la bandera de barras y estrellas, también hay casi de todo. Afuera se escucha el bullicio de niños en la guardería cercana mientras dos obreros exprimen su pausa laboral comiendo un bocadillo a la sombra de un árbol en la rambla que divide la calle. La vida transcurre a otro ritmo en SD-City, el primer barrio habitado de Diamniadio.

El crecimiento de Dakar ha sido explosivo. Hace apenas 70 años, tras la independencia de Senegal, contaba con solo 300.000 habitantes, mientras que en la actualidad sobrepasa los 4,5 millones. La alta tasa de natalidad y el éxodo rural que contribuyeron a esta dinámica se mantienen y elevarán la población de la ciudad a unos ocho millones en 2035, según las previsiones del Gobierno. Diseñada en la época colonial sobre la península de Cabo Verde y ampliada en los primeros años sesenta, su crecimiento ha sido anárquico, con una nuez central, el Plateau, que concentra el 80% de la actividad económica (puerto, servicios, administración) y una población condenada a vivir en un atasco permanente para entrar y salir.

La idea de una segunda ciudad como solución, “la conurbación bicéfala”, no es nueva, pero empezó a fraguarse hace poco más de una década y recibió su impulso definitivo en los últimos cinco años como parte de un plan bien definido, pero ejecutado a trompicones. El primer paso fue la construcción de un nuevo aeropuerto a unos 45 kilómetros de la capital y conectado a esta por una autopista de peaje, a lo que siguió la llegada de las primeras fábricas a la zona industrial de Diamniadio. Sin embargo, se considera que el acto fundacional de la nueva ciudad fue la colocación de la primera piedra del moderno palacio de congresos Abdou Diouf, inaugurado en 2014 y que hoy acoge los grandes eventos internacionales.

“Cuando llegué apenas había tres habitantes”, recuerda Souleymane Sylla, de 43 años, francés de origen senegalés. Forma parte de la diáspora senegalesa, de primera o segunda generación, que busca regresar a su país de origen pero que busca un tipo de viviendas, de barrios o de condiciones de vida que la colmatada Dakar no les ofrece y que una nueva ciudad como esta les promete. “Europa ya no avanza, da vueltas sobre sí misma, pero aquí tienes la sensación de que hay nuevas oportunidades, nuevas aventuras. Por eso me decidí a volver a la tierra de mis padres”, explica. Este vecino del barrio de SD-City se dedica ahora al sector inmobiliario y alquila apartamentos a 40 euros la noche o vende bungalós a 180.000, un precio enorme para la mitad de la población pero al alcance de una cada vez más robusta clase media-alta. “Yo diría que la ocupación del barrio es de un 50%, pero las ventajas son incuestionables. Hay lo básico, electricidad y agua, pero además tienes una seguridad y una tranquilidad que no tienes en Dakar. Es un estándar europeo pero vives en África”, comenta.

El desarrollo de Diamniadio ha sido rápido, pero irregular. Sobre una superficie de 16,5 kilómetros cuadrados, el 80% de la inversión, unos 900 millones de euros, ha procedido del Estado: grandes infraestructuras, carreteras y vías de acceso, canalizaciones de aguas pluviales, redes eléctricas y de telecomunicaciones, restauración de un lago. A partir de 2019 ha sido el sector privado quien ha ido asumiendo un mayor protagonismo. Empresas francesas y senegalesas, pero también marroquíes, turcas o chinas han invertido en la nueva ciudad. La primera promoción de viviendas de SD-City, por ejemplo, es el fruto de una cooperación indio-senegalesa.

“La nueva ciudad se divide en cuatro grandes barrios de unas 400 hectáreas cada uno”, explica Seydina Mbengue, director de Promoción de la Dirección General de Polos Urbanos (DGPU) del Gobierno senegalés, “cada uno de los cuales tendrá equipamientos que serán el motor económico de la zona”. El barrio 1, por ejemplo, acoge ya el palacio de congresos y un moderno edificio que comenzará a funcionar, en unos meses, como sede de las 34 agencias regionales de Naciones Unidas hoy repartidas por Dakar. La puesta en funcionamiento de este inmueble, prevista para finales de 2023, marcará un antes y un después para Diamniadio con la llegada de un millar de funcionarios que ya buscan casas en la nueva ciudad. De igual modo, se espera que la ya construida Universidad Amadou Mokhtar Mbow, ubicada en el barrio 2 y que tendrá 30.000 estudiantes de carreras técnicas a pleno rendimiento, sea otro motor económico del lugar.

En la zona industrial, atraídas por las ventajas fiscales, ya hay 22 empresas instaladas de las 50 que se espera tener al final, que fabrican desde bicicletas eléctricas hasta medicamentos, pasando por cajas de cartón, embalajes de plástico o materiales de PVC. En una inmensa nave, unos 600 trabajadores, la mayoría mujeres, se afanan en la confección de ropa. Es el corazón de la fábrica de C&H Garment Senegal, una empresa china que ya produce unas 11.000 piezas al día, sobre todo camisetas. Nueve de cada 10 empleados proceden de la vecina Rufisque, pero ya se construye un parque de viviendas anexas para que los 20.000 obreros que se prevé trabajarán en el parque industrial más grande del país se puedan instalar más cerca.

Cuando esté terminada, Diamniadio albergará unos 300.000 habitantes y contará con un 15% de su suelo como espacios verdes, lo que incluye tres lagos artificiales. Al nacer de cero, la DGPU vela para no cometer los errores del pasado y que su diseño sea a la vez ecológico, sostenible y plenamente adaptado a la economía digital, con fibra óptica compartida no solo para las empresas, sino también para los vecinos. “Sobre el papel muy bien, pero los desafíos son aún enormes”, asegura Maimouna Ndong Etroit, vecina de SD-City, para quien se debe resolver primero el reto de la movilidad. “Me instalé en agosto de 2022 y estoy contenta, pero considero que las urbanizaciones están aisladas y mal conectadas entre sí”, añade.

La inauguración del Tren Express Regional (TER), que conecta a Diamniadio con la capital, en diciembre de 2021, fue un hito en el poblamiento de la nueva ciudad. Pero para moverse desde la estación hay que ir en mototaxi y transitar por vías aún sin asfaltar. Ibrahima Diallo, uno de los jóvenes que hace este servicio, espera clientes bajo un toldo que le alivia del fuerte calor. “En un buen día puedes ganar unos 20 euros”, asegura el joven, que cobra un euro y medio por el trayecto entre la terminal ferroviaria y SD-City. No se ve ningún taxi en el horizonte y los autobuses internos aún no funcionan, aunque la empresa de transportes Dem Dikk tiene un proyecto de conexiones internas.

Maimouna Ndong Etroit decidió regresar a Senegal tras media vida en Francia. Al igual que Thierno Diallo y Souleymane Sylla, forma parte de la diáspora senegalesa. Ellos conforman el grueso de los primeros habitantes de Diamniadio. El problema es la especulación. “No hay viviendas asequibles para la mayoría de los senegaleses”, remacha Ndong. El Gobierno acordó con las constructoras una reserva de ciertas casas a precios sociales, unos 30.000 euros, pero los precios se han multiplicado por dos o por tres en pocos meses. El riesgo es que se convierta en una ciudad solo para ricos.

El desplazamiento desde el centro de El Cairo hasta la nueva capital que Egipto está levantando en medio del desierto es una transición abrupta de un intenso vaivén de personas y vehículos a la calma. De un bullicio a menudo ensordecedor de gritos y cláxones a un silencio casi sepulcral.

Las diferencias son evidentes también a la vista: de edificios en general castigados por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento a grandes construcciones impolutas. De barrios llenos de vida y espontaneidad a una planificación urbana diáfana. De calles cada vez más grises a unas que insisten en teñir el terreno yermo de verde.

El proyecto de una nueva capital en Egipto se presentó, sin ningún tipo de discusión pública previa, en marzo de 2015, apenas un año y medio después de que tomara el poder en el país el actual presidente, Abdelfatá al Sisi. Y desde entonces, se ha convertido en el macroproyecto estrella sobre el que su Gobierno ha querido fundar lo que denomina “una nueva república”, en una empresa de marcado carácter faraónico-militar.

La ambición ha sido desde el inicio gigantesca: levantar, de la nada, la primera ciudad inteligente del país, situada a unos 45 kilómetros de El Cairo hacia el este en dirección al mar Rojo. El toque de megalomanía lo pone la obsesión de las autoridades por, además, batir cuantos más récords mejor: la torre más alta de África, la mayor ópera de Oriente Próximo, la catedral más grande de la región, la segunda mezquita del mundo, un complejo militar siete veces el Pentágono, o un parque varias veces el Central Park.

Indicativo de la importancia que se le ha otorgado al proyecto, seguido muy de cerca por Al Sisi, es la rapidez con la que se está levantando. Y las prisas para que eche a andar. Los distritos de gobierno, las finanzas, la cultura, muchos de los residenciales, y el palacio presidencial están en un estado muy avanzado, y la ciudad ya conecta en tren con El Cairo.

“Cuando me recomendaron formar parte del equipo [de la empresa promotora de la nueva capital], hace seis años, aquí no había nada, solo desierto. No había carreteras, edificios, servicios públicos; cero. Y paso a paso, de forma gradual a lo largo de cinco o seis años, se puede ver todo esto”, desliza su portavoz, Khaled al Husseini. “Es algo increíble”.

Atraer a la gente promete ser complicado. La primera fase de la nueva capital cuenta con ocho distritos residenciales ideados para familias acomodadas, y Al Husseini señala que cinco están en un porcentaje de acabado de entre el 80% y el 99%. En total, calcula que podrían albergar unas 200.000 unidades, pero por ahora pocas familias se han mudado.

‘Summum’ del funcionalismo

Diseñada por un consorcio de cinco empresas egipcias y financiada en parte con capital extranjero, en buena medida chino, la ciudad empezó a construirse en 2017, y por ahora los esfuerzos están centrados en completar la primera fase de un total de cuatro. En estos 160 kilómetros cuadrados descansará el corazón de la urbe, incluidos los centros de poder del Estado, dispuestos alrededor de dos carreteras centrales y agrupados en distritos temáticos definidos al dedillo siguiendo una lógica funcionalista y securitaria: aquí el Gobierno, aquí la cultura, aquí los negocios, aquí el deporte, y así sucesivamente.

“Todo está pensado para ser práctico y estar seguro”, nota, en condición de anonimato por la sensibilidad del tema, una investigadora que está estudiando la nueva capital. “Las carreteras son muy lineales y todo está muy organizado; es un concepto de alto modernismo, donde todo se hace por seguridad y para controlar el espacio”, considera.

Para justificar la drástica medida de abandonar El Cairo, las autoridades han alimentado la narrativa de que la actual capital egipcia está plagada de problemas de congestión, infraestructuras y contaminación que hacen más práctica la apuesta de comenzar de cero. Pero la construcción de una nueva capital es un movimiento inevitablemente político. El analista egipcio Maged Mandour considera que “Al Sisi tiene una narrativa muy importante que es esta idea del renacimiento nacional, de que Egipto volverá de alguna manera a una cierta gloria; todos estos megaproyectos son en cierto modo parte de esta empresa”.

En este sentido, los contrastes con El Cairo no son solo el resultado de estar construyendo una ciudad nueva enfrente de otra con más de 1.000 años de historia, sino que también reflejan el carácter natural y popular del que las autoridades quieren distanciarse, y el de modernidad, ordenado y de élite, que quieren abrazar, tras la estela de casos como Dubái.

“Es una manera de aislar el centro del Gobierno de posibles protestas y disturbios. Es un gran experimento social en el que se está rediseñando el paisaje urbano de forma que se pueda controlar”, cree Mandour, autor de un libro reciente sobre el Egipto bajo Al Sisi.

La construcción de la nueva capital ha creado nuevas sinergias entre el Estado, el ejército y el sector privado de Egipto. Supervisando el proyecto se encuentra una empresa fundada en 2016, la Capital Administrativa para el Desarrollo Urbano (ACUD), que está participada en un 51% por las Fuerzas Armadas y un 49% por el Ministerio de Vivienda. Ejecutándolo están más de 200 empresas, incluidas las grandes constructoras del país.

La financiación de la ciudad es uno de los aspectos más ambiguos, y ha generado recelos porque representa un coste muy elevado en un momento en el que el país atraviesa una grave crisis económica y de deuda que está haciendo mella en los bolsillos de la mayoría. Sobre el papel, el proyecto no recibe fondos de los presupuestos estatales, sino que se financia con el dinero generado a partir de la venta anticipada de terrenos. También a través del alquiler de sus instalaciones, como las del Gobierno, por las que el propio Al Sisi ha reconocido que el Ejecutivo pagará a ACUD unos 210 millones de dólares (196 millones de euros) anuales.

Entre los principales inversores involucrados se cuentan numerosas empresas extranjeras de países del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, y de Europa, como Francia y Alemania. Pero el país con aparentemente mayor presencia es China, con el gigante estatal China State Construction Engineering (CSCEC) a la cabeza.

Aunque se les ha tendido a prestar menos atención, hay voces que han expresado inquietud también por lo poco sostenible que es la nueva capital, su gran huella ecológica, y lo poco adaptada que está a los efectos del cambio climático, sobre todo sus vastas zonas verdes y una arquitectura que no se ajustan al entorno natural desértico en el que se ubican.

La gran mudanza

Si realizar un proyecto de estas dimensiones ya representaba un desafío colosal, inyectarle ahora vida parece un rompecabezas aún mayor, aunque se trata de un reto que ya se está teniendo que afrontar y la apuesta de las autoridades pasa por hacerlo de forma vertical.

En diciembre, el Gobierno empezó a celebrar la reunión semanal del consejo de ministros en la ciudad, y desde enero se están trasladando allí funcionarios a sus instalaciones. Hasta este mayo, ya había más de 15.000, según Al Husseini, y algunas de las más de 70 escuelas y universidades de la primera fase, la mayoría de ellas internacionales, ya están abiertas. “La nueva capital es un caso de estudio, y estoy muy orgulloso del proyecto. Es como un bebé al que vi nacer hace seis años y ahora [ha crecido hasta aquí]”, afirma.

“El problema es que todas las personas a las que he podido preguntar por qué habían comprado un piso o una casa allí me dijeron que era para invertir y que no estaban seguros de si irían a vivir más adelante”, apunta la investigadora.

Por este motivo, y pese al entusiasmo del Gobierno, aún está por ver el éxito que tendrá la nueva capital más allá de acomodar a los principales centros de poder del Estado. En esta línea, la idea de construir ciudades en el desierto para atraer a gente lejos del denso valle del Nilo y sus tierras fértiles, y de paso impulsar la economía a través del sector inmobiliario, lleva décadas implementándose en Egipto. Y los resultados han sido, a lo sumo, modestos.

En total, hoy hay más de 30 nuevas comunidades urbanas en todo el país, ocho se sitúan alrededor de El Cairo, y hay otra decena en desarrollo, incluida la nueva capital. “La lógica principal era que El Cairo está demasiado poblado y que hay que crear nueva vida y una nueva imagen de Egipto”, nota David Sims, un reputado economista y urbanista afincado en Egipto desde 1974 que ha escrito extensamente sobre las nuevas ciudades. “Hoy hay ocho alrededor de El Cairo, y según el censo de 2017, tienen 1,2 millones de personas después de 30 o 40 años; no atraen a mucha población”, constata.

El calendario de las siguientes fases de la ciudad, que son sobre todo residenciales, aún no se ha definido, y algunos dudan de que se ejecuten. “El problema de [cómo se está] financiando es que los inversores que compran terrenos al Gobierno y no tienen el dinero para construir ahora tienen que esperar a vender a la gente para tenerlo y construir. Así que puede pasar mucho tiempo antes de que se construya todo”, anticipa la investigadora.

Para Al Husseini, sin embargo, el objetivo prioritario es terminar, cuanto antes, la primera fase. Luego ya se verá. “¿Saben? El área total de esta primera fase [son] unos 40.000 acres [161 kilómetros cuadrados], y el área de Washington son 41.000 acres [166 kilómetros cuadrados]. Nosotros construimos un Washington en seis años”, se enorgullece.

Pega fuerte el sol a las dos de la tarde, sin sombras a la vista, y decenas de albañiles se afanan en los cimientos de la futura universidad de Konza Tecnópolis. El megaproyecto con el que Kenia trata de colocarse a la vanguardia de la tecnología en África es, por ahora, un entramado de carreteras en plena sabana con un solo edificio terminado. ¿Cómo se imaginan esto dentro unos años? “Va a ser increíble. ¡Como Dubái!”, responde sonriente Pete Muteti, de 32 años. Otro trabajador, mientras pone cemento en las aceras, se entusiasma también: “No te fijes solo en lo que ves ahora. Cuando esté acabado, no te vas a creer lo que ven tus ojos”.

Una bandada de avestruces atraviesa la carretera donde los operarios levantan farolas inteligentes. No serán solo iluminación nocturna para este enorme proyecto de 2.000 hectáreas —donde cabe hasta una reserva natural de 4.000 kilómetros cuadrados, de ahí las avestruces—, sino que servirán de cámaras de vigilancia, de sensores de temperatura, de mapas para orientarse, de botón de emergencias y de ayudantes para la gestión de tráfico.

Todo en Konza suena a futuro, pero el futuro tarda en llegar. Fuera, en la valla de acceso, un cartel da la bienvenida a “Silicon Savannah”, en referencia al valle del silicio estadounidense, capital mundial de la tecnología. Para llegar hasta aquí, a unos 60 kilómetros de Nairobi, hace falta pedir una autorización oficial, que puede tardar semanas. Preocupa “controlar la narrativa”, confiesa alguna persona implicada en el proyecto, porque abundan las críticas.

Konza nació hace 15 años, en 2008, como parte de un programa del Gobierno para convertir Kenia en un próspero país de clase media: Vision 2030. El objetivo era pasar de una economía nacional basada en los recursos naturales —la agricultura supone el 30% del Producto Interior Bruto de Kenia— a otra basada en la innovación. Kenia contaba ya con una reputación internacional como país puntero en tecnología, especialmente desde el lanzamiento en 2007 de M-PESA, el sistema de pago por móvil que hoy se usa para todo: de la compra en el supermercado a las propinas al repartidor, de las facturas de la luz a los pagos entre amigos.

Esta será, dicen sus desarrolladores, una ciudad inteligente (smart city) sostenible que mezclará negocios tecnológicos con educación, comercio y vivienda para 180.000 personas. Es un proyecto de dimensiones gigantescas, el más ambicioso del continente de estas características, según varios expertos consultados. Los responsables prometieron inicialmente que generaría un 10% del PIB del país para 2030, aunque ahora el objetivo se ha recortado al 2% para el año 2032. “Que distintos gobiernos sigan adelante con la idea [de Konza] durante dos décadas es inédito. Demuestra que hay compromiso real”, subraya Cyrus Mbisi, presidente del área de Urbanismo de la Asociación de Arquitectura de Kenia.

El proceso hasta aquí ha sido largo: hasta 2013 no se puso el primer ladrillo en Konza, tras un lustro de burocracia. “Empleamos mucho tiempo planeando”, reconoce, en su oficina en un barracón de obra, Annah Musyimi, arquitecta encargada del desarrollo físico de la megaciudad. “Pero aquí no existían estándares para una ciudad inteligente, así que tuvimos que contratar consultores de Estados Unidos. No podíamos ni conseguir contratista, porque antes necesitábamos un marco de referencia”, recuerda.

Prince Guma, investigador ugandés en Urbanismo en la Universidad de Sheffield (Reino Unido), apunta por su parte que las ciudades africanas están creciendo a altísima velocidad, y que estos proyectos (”estos elefantes blancos”, les llama) no consiguen ir al mismo ritmo. “¡El concepto de Konza nació hace décadas!”, señala. “Incluso si consigue completarse, quizá no resuelva los problemas de la ciudadanía para aquel entonces, que habrán cambiado”. Patrick Adolwa, exdirector de infraestructuras y desarrollo en Konza hasta 2019, defiende que la magnitud del proyecto exige plazos mucho más largos de los habituales: “Muchos de los críticos no entienden las dinámicas, cómo se construye una ciudad. ¿Cuántos años tiene Nairobi, algo más de un siglo? ¿Ha dejado alguna vez de estar en construcción? Solo China ha sido capaz de construir ciudades en cinco años”, afirma. “Y a Silicon Valley le costó 30 años afianzarse”.

Una inversión milmillonaria

Parte del problema, reconocen varios expertos, ha sido la dificultad para convencer a los inversores privados de poner su dinero en Konza. Se prevé que la tecnópolis cueste unos 15.000 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros), el 90% financiación privada. Para animar a las empresas, hace cuatro años el Gobierno creó una jurisdicción propia (Zona Económica Especial) donde los impuestos son del 10% durante la primera década, en vez del 30% habitual. También, de forma inédita, añade el arquitecto Cyrus Mbisi, el Ejecutivo ha dejado listas, de entrada, todas las infraestructuras horizontales (alcantarillado, carreteras, sistemas de agua…), hoy prácticamente acabadas. Estas cosas suelen suceder más bien al revés: ciudades que nacen espontáneamente, y a las que hay que ponerles —con mayor o menor rapidez y éxito— servicios básicos.

Técnicos del equipo Vision 2030 admiten que “el sector privado no ha apreciado del todo la dimensión del proyecto”. Pero se muestran esperanzados en que Konza será en menos de una década una ciudad “vibrante”, con jóvenes trabajadores en el sector tecnológico instalándose en ella. Al fin y al cabo, el 75% de la población keniana (48 millones de personas) tienen hoy menos de 35 años, según el censo más reciente. “El futuro es África”, repiten en una entrevista en la sede de Vision 2030 en Nairobi. “Yo quizá no me veo viviendo allí, pero sí veo a mis nietos”, comenta la consejera delegada, Caroline Kariuki.

La larga burocracia

A partir del año que viene, con el trabajo de infraestructuras del Gobierno hecho en Konza, llegará el turno de que los inversores privados se pongan a construir. Tienen tres años para empezar desde el momento en que firman el contrato, para que la construcción no se eternice. Según los responsables, el 80% del terreno de la primera fase (más de 200 hectáreas) ya está vendido a empresas de logística, tecnología y biomedicina. Corea del Sur, el principal inversor extranjero, hace una de las grandes apuestas: el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Kenia (KAIST), una réplica local a la misma universidad en su país que debe empezar a aceptar alumnos el año que viene. Y es que aunque este es un proyecto que el Gobierno, y parte de los kenianos, ven con orgullo patriótico, en la práctica es un mapamundi. La consultoría inicial estuvo a cargo de la estadounidense McKinsey; el contratista principal de la primera fase es italiano; hay dinero chino e israelí.

“El concepto de ciudad inteligente es un concepto muy occidentalcéntrico, desarrollado en el norte global mirando a sitios como Silicon Valley”, dice el urbanista Prince Guma. Él es crítico con la falta de africanidad de proyectos como Konza o Tatu City (otra ciudad keniana de nuevo cuño de financiación privada): “Una smart city en África solo se puede entender integrando elementos como las economías informales, las barriadas… Konza o Tatu no deberían intentar replicar Silicon Valley”.

En un país tan desigual como Kenia, donde aproximadamente el 25% de la población vive por debajo del límite de la pobreza (con menos de dos euros al día), ¿tiene sentido un megaproyecto como este? Musyimi, la arquitecta de Konza, habla de “ciudad equitativa”: las viviendas tendrán que ser accesibles para varias clases socioeconómicas, detalla, y los comerciantes tendrán facilidades que no encuentran en Nairobi, como estructuras gratuitas en las que vender su fruta o su verdura a los viandantes. Estará prohibido construir en 10 kilómetros a la redonda para evitar que surjan barriadas. La intención es que quien trabaja en Konza viva en Konza.

Pero abundan las críticas. Una académica especializada en urbanismo de una universidad local, que no quiere ser identificada, opina: “Es otra comunidad cerrada e hipervigilada para gente rica. En vez de lidiar con los problemas de una ciudad con tanto por resolver como Nairobi, se hace algo que gusta a organizaciones y a empresas internacionales. Las prioridades nunca son locales”. “El público objetivo de estas ciudades son los inversores extranjeros”, añade el urbanista Prince Guma. “Y están construidas mirando hacia el futuro, no hacia las realidades de hoy”. ¿Deben crearse, entonces, nuevas ciudades en África, o solo mejorar las existentes? Él cree que tendría que ser una mezcla de ambas estrategias. “Es bueno que un país como Kenia aspire a ser mejor, me gusta cuando el urbanismo africano forma parte de conversaciones globales. Pero, a la vez, los retos de las ciudades no pueden resolverse con visiones excéntricas futuristas”.

El único edificio totalmente acabado de Konza a principios de junio es la torre que funciona como oficinas, y, en un día caluroso, sorprende el frío dentro. Pero no hay aire acondicionado: es gracias al aislamiento, cuenta un portavoz. Konza promete ser una ciudad verde —el logo presente en todos los documentos es una acacia, típica de la sabana africana, con cables y microchips en lugar de ramas—. Reutilizará el 70% de su agua, en una zona semiárida, se alimentará de energía renovable, tendrá tranvías, bicicletas y patines eléctricos. Y pone especial foco en la proximidad, en un país con un transporte público precario y desigual. Mientras, en Nairobi, los atascos son el pan de cada día, miles de coches enzarzados en peleas con los matatus (autobuses) y boda bodas (motos) por un pedazo de asfalto. “En 10 años, visualizo una ciudad en la que te levantas por la mañana, llevas a tus hijos a la escuela, vas a la oficina, pasas por un mercado… y todo eso sin tener que conducir”, dice la arquitecta Musyimi. Por ahora, hace falta ir en coche hasta la verja de salida, con carteles ajados que anuncian el arranque del proyecto. Varios guardias se apiñan debajo de las vallas publicitarias, protegiéndose del sol.

Sobre el papel, parece la ciudad perfecta: desarrollo urbano sostenible e inclusivo, viviendas a precios asequibles y subvencionados para los estratos sociales más bajos, una eficiencia energética envidiable que aspira a llegar al cero carbono en 2050 y una estrategia para minimizar el impacto del cambio climático, al que Ruanda, por su situación y orografía, es especialmente sensible.

La Green City Kigali, una ciudad o más bien un vecindario con aspecto de ciudad dentro de la capital ruandesa, comenzará a edificarse en 2024, y es la respuesta del Gobierno a la explosión del crecimiento demográfico y la urbanización acelerada de este pequeño país del este del continente. Hoy viven en él unos 13,2 millones de personas, que llegarán a 16,3 millones en 2032, de los cuales 4,9 millones residirán en las ciudades, según el Instituto Nacional de Estadística ruandés. Pero en Ruanda, donde la imagen internacional se labra con cuidado desde el genocidio contra la etnia tutsi de 1994, la solución de las autoridades a este problema acuciante ha querido ser novedosa y ambiciosa y un ejemplo para África y otros lugares del mundo.

La Green City Kigali, que se alzará en una de las múltiples colinas que circundan la capital, llamada Kinyinya, a unos 15 kilómetros del centro, tendrá 30.000 casas y una población estimada de 150.000 personas, y se inscribe dentro del plan maestro para la ciudad que las autoridades han trazado hasta 2050. Será un distrito de casas bajas, con mucha vegetación para reducir los efectos de las islas de calor urbanas y con numerosas zonas comunitarias en el que todos los edificios están pensados para mitigar el cambio climático y adaptarse a él. Contará con una estrategia de drenaje urbano sostenible y la demanda de agua disminuirá gracias al aprovechamiento de la lluvia. Todo el vecindario está diseñado para un uso moderado del coche y para favorecer el transporte público o la bicicleta. “Se han diseñado además espacios públicos e infraestructuras de transporte, servicios de salud, educación y comercio que facilitan el acceso de las mujeres al mercado laboral y calles seguras”, explican sus responsables.

Pero ¿es un proyecto viable? “Totalmente”, responde a este diario desde su oficina en Kigali Basil Karimba, presidente general de la Green City Kigali Company, la empresa fundada para concretar la concepción y puesta en marcha de este plan urbanístico. “Será una ciudad real, la primera de este tipo en toda África que combine sostenibilidad con precios asequibles. Era algo urgente: en Ruanda, en África y en todo el mundo”, asegura.

La utopía de la vivienda propia

En Kigali viven actualmente 1,2 millones de personas, que se convertirán en más de 3,5 millones en 2050, según cifras oficiales del Gobierno. A poca distancia de la oficina de Karimba, centenares de casuchas con techos de hojalata se apilan sobre la colina rojiza, no lejos de modernas torres de oficinas y del inconfundible perfil esférico del moderno Centro de Convenciones de la ciudad. Algunas antenas parabólicas despuntan de las viviendas, unidas involuntariamente entre ellas por amasijos de cables que les llevan la electricidad de cualquier manera. Niños con el torso desnudo corretean en torno a varios hombres que conversan sentados en el suelo a la sombra. No hay calles, solo caminos de tierra roja con desniveles y agujeros en los que ningún conductor se aventura.

“Kigali tiene una disponibilidad limitada de terrenos edificables adecuados, lo que lleva al desarrollo de zonas informales en laderas empinadas que son una amenaza medioambiental y aumentan los costes de provisión de infraestructuras. Además, un mercado del alquiler saturado y la elevada demanda de los materiales de construcción agravan este problema”, resume a este diario Kidist Amedie, arquitecta etíope especializada en ciudades innovadoras y asequibles para la población desfavorecida.

En este contexto, la vivienda propia es una utopía para la mayoría de los jóvenes en este país africano. Vivir con los padres y abuelos, aunque se trabaje o se contraiga matrimonio, no tener una habitación propia y estar muy lejos del centro de la ciudad describe la vida diaria de una gran parte de la población en esta capital africana, en la que, sin embargo, proliferan las obras de edificios en construcción. “Vivir en un lugar diferente a la casa familiar es impensable. Ni las finanzas ni las tradiciones me lo permiten”, resumía Cynthia, una estudiante de Estadística de 25 años.

El proyecto de la Green City Kigali lleva años gestándose y comenzará a ser una realidad cuando dentro de algunos meses se ponga la primera piedra del proyecto piloto: 16 hectáreas y 2.000 casas, una especie de muestra, en miniatura, de cómo será la futura ciudad, que ocupará una superficie de 600 hectáreas.

“Este proyecto piloto concreta lo que queremos hacer y lo que será la Green City Kigali, que quedará abierta después a socios privados, que entiendan el proyecto y lo lleven hasta el final, siguiendo los parámetros y espíritu y las normas de este primer vecindario”, explica Karimba.

La ambición ruandesa

Las autoridades de Ruanda no están solas en esta aventura. El plan está respaldado por el fondo de inversión Rwanda Green Fund, el Green Climate Fund, un fondo global creado para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para responder al cambio climático, el banco de desarrollo KFW del Gobierno alemán, que destinó 30 millones de euros a este proyecto piloto, o el grupo sueco Sweco, que planifica y diseña comunidades y ciudades sostenibles. El estudio de arquitectos londinense Feilden Clegg Bradley Studios, que se define como “progresista y ético”, se proclamó vencedor de la licitación y está inmerso en el plan maestro de la ciudad. Estos apoyos extranjeros muestran hasta qué punto el Gobierno del presidente Paul Kagame cuenta con apoyo y confianza internacionales pese a que ONG y detractores políticos reprochan su autoritarismo y su falta de respeto a los derechos humanos. Este aplauso internacional viene también acompañado de una gran prudencia y de un claro rechazo de parte de expertos e investigadores a la hora de hablar públicamente sobre proyectos liderados por el Gobierno ruandés.

“Pocos gobiernos de África han sido tan ambiciosos como el de Ruanda a la hora de pensar en su futuro urbano. La visión del Gobierno va mucho más allá de tener una ciudad verde con bajos índices de delincuencia”, opinó en un artículo publicado hace algunos años Thomas Goodfellow, catedrático de Estudios Urbanos en la Universidad de Sheffield, especializado en el desarrollo urbano y transformación de África.

Según Amedie, “estas ciudades inteligentes, en las que dirigentes y ciudadanos utilizan la información para garantizar un futuro resiliente y sostenible, pueden desempeñar un papel importante en la transformación de Ruanda y es una forma de dar un salto hacia un futuro mejor”.

¿Llega esta ciudad en el momento adecuado? “Sí, porque en Kigali muchas personas ya viven de la manera que se plantea en la Green City. Todo esto es un proceso. Estamos pilotando esta idea, la vamos a poner en práctica y vamos a gestionarla. No es una ciudad utópica, va a ser un espacio real”, insiste Karimba. Por ejemplo, en la capital ruandesa las bolsas de plástico ya están totalmente prohibidas, hay un eficaz sistema de recogida de basuras y está en pie un esquema de limpieza y cuidado colectivo de la ciudad por parte de todos sus habitantes.

Nerea Amorós arquitecta e investigadora española que ha trabajado varios años en Ruanda, considera que la ciudad será sin duda una realidad. “Ruanda es un Estado pequeño, lo que facilita este tipo de iniciativas, con un Gobierno que tiene mucho poder y una agenda clara. Es un país ambicioso, que aprende rápido y tiene muchos recursos y poca corrupción. En Kampala o en Nairobi no estaría tan segura de que pudiera llevarse a cabo, pero en Kigali, sí”, afirma. La experta subraya que “no hay ninguna ciudad que aspire a ser sostenible de una manera tan holística: social, económicamente...”. “Es casi una pena que llamen al proyecto así, green [verde, en inglés], porque va mucho más allá”, agrega.

En Kigali ha habido en el pasado otros intentos de vecindarios innovadores o destinados a personas con pocos recursos, que no tuvieron demasiado éxito y tenían menor envergadura que esta nueva ciudad que se planea dentro de la capital. Amorós advierte de que “los barrios hechos así, desde cero, de la nada, no suelen funcionar de la manera en que se planeó inicialmente”. “Es decir, no son tan sostenibles, ni tan socialmente diversos como se intenta. Por eso, lo ideal es hacer cirugía o acupuntura urbana, trabajar en la transformación dentro de la ciudad ya existente”.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Hossam B es un periodista gazatí que no quiere dar su verdadero nombre para protegerse y respetar las consignas de seguridad del medio para el que trabaja. Es uno de los 50 reporteros que, según calcula RSF, han tenido que “abandonar precipitadamente sus hogares en la ciudad de Gaza” por las órdenes de evacuación israelí. Lleva ya más de una semana en el sur de la Franja junto a su esposa, que tiene problemas de salud que se agravan en situaciones de estrés, y cuatro hijos. “He visto ya unas cuantas guerras en Gaza, pero nunca he llorado tanto como estos días, mientras trabajo”, dice, en una conversación telefónica con este diario al final de una extenuante jornada de trabajo. “No es como nada que hayamos vivido antes, nadie está seguro. Es tan injusto… Solo quiero contar la verdad, como periodista que soy, para que alguien pare esto ya y nuestras familias se puedan salvar”, añade, agotado.

Ramallah |

Journalist Mohammed Farra in Ramallah received the awful news that his wife and children were all killed in an Israeli airstrike in Khan Younes, South Gaza pic.twitter.com/w4Mw68EyPY

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 25, 2023

Según los casos confirmados por RSF, al menos 10 periodistas han muerto mientras cubrían el conflicto y otros nueve han perdido la vida como consecuencia de los ataques israelíes. El miércoles, la cadena Al Jazeera informó de que la familia —esposa, hijo, hija y nieto— de uno de sus corresponsales en Gaza, Wael Dahdouh, murieron en un bombardeo. Se habían desplazado desde el norte de la Franja a Nuseirat, en el centro, después de que Israel avisara a los residentes de que abandonaran la zona ante una inminente incursión terrestre. También perdieron la vida el miércoles, por otro ataque aéreo israelí en el sur del enclave palestino, la hermana del periodista Mohammed Farra, que se encontraba trabajando en Ramala (Cisjordania), así como el esposo de esta y sus dos hijos.

⭕️ LIVE: Family members of Al Jazeera Arabic Gaza correspondent Wael Dahdouh killed in an Israeli strike, including his wife, son and daughter. https://t.co/3qo1DkcpCr

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 25, 2023

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) eleva la cifra total de informadores fallecidos a 24 (20 palestinos, tres israelíes y un libanés). “La cifra es similar a todos los periodistas muertos en Palestina durante los últimos 10 años”, condena Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España. La última víctima confirmada, Mohammad Baalouche, director del canal de televisión Palestina Hoy, fue “asesinada” en un ataque selectivo contra su domicilio en Gaza, denuncia esta organización internacional de periodistas.

“Peligros exponenciales”

Sherif Mansour, coordinador del Programa de Oriente Medio y Norte de África del CPJ, denuncia que los periodistas locales palestinos “son los ojos de lo que está ocurriendo sobre el terreno, pero se enfrentan a peligros exponenciales, incluyendo no solo los ataques aéreos, sino también una posible incursión terrestre”. Muchos de ellos “han perdido sus hogares y sus familias, han tenido que huir al sur, donde siguen corriendo un gran peligro cuando trabajan, y donde no tienen acceso ni a ordenadores ni a internet” para realizar su labor informativa, continúa.

Tampoco pueden recibir ayuda desde el exterior como consecuencia del bloqueo, que Israel mantiene desde 2007, apunta Rodríguez Cachera. “No se les puede hacer llegar baterías solares para suplir la escasez de electricidad, que es lo que se usa en zonas de conflicto, ni se les puede equipar o evacuar, como sucedió con los periodistas afganos [tras el regreso de los talibanes, en agosto de 2021]”, añade.

Estas son, precisamente, las condiciones en las que Hossam B tiene que desempeñar su oficio. “Estamos trabajando en nuestra tierra y tenemos dos deberes: uno con nuestra gente y otro con nuestra familia. Yo lo vivo en ese orden. Salgo a trabajar y hago todo lo posible para transmitir la verdad de lo que está sufriendo nuestra gente. Y también dedico parte del día a intentar tranquilizar y mantener a salvo a mi familia”, explica. “Porque cuando ves todos los días niños muertos, familias enteras sepultadas bajo las ruinas o madres de familia heridas que terminan falleciendo, solo piensas en los tuyos. Basta un segundo para que tus hijos sean esos niños muertos”, agrega. Si en algún momento, Egipto permitiera la salida de gazatíes o este reportero pudiera beneficiarse de una evacuación, no está seguro de si aprovecharía la oportunidad. “Es una pregunta difícil. Haría todo para poner a salvo a mi familia, pero yo no sé si me iría o me quedaría trabajando. Honestamente, no lo sé”.

Ejercer como periodista en cualquier conflicto internacional es complejo, pero, según Mansour, en el caso concreto de Gaza han detectado una presencia cada vez menor de periodistas y medios internacionales. “Muchos, por el riesgo que conlleva porque en otras guerras de Gaza ya fueron bombardeadas las instalaciones de otros medios de comunicación”, como Al Jazeera. Precisamente, el Gobierno israelí intenta ahora prohibir el canal catarí con una norma de emergencia que le permitirá cerrar medios de comunicación cuyas informaciones “dañen la seguridad nacional”. Y continúa: “Es muy arriesgado, especialmente tras el asesinato de la prominente periodista palestina-estadounidense Shireen Abu Akleh [por disparos de las fuerzas israelíes, según la ONU, en mayo de 2022 en el norte de Cisjordania], una muerte por la que nadie tuvo que rendir cuentas”.

En otros momentos álgidos de este conflicto, como la ofensiva israelí en Gaza de 2014, la más cruenta de los últimos años, en la que fallecieron más de 2.200 palestinos, sí había periodistas extranjeros dentro de la Franja. En este caso, los dos pasos que podrían dar entrada a la prensa internacional, uno en el norte, desde Israel, y otro en el sur, desde Egipto, están cerrados. Nadie entra ni sale de Gaza desde el día 7, salvo los contados camiones de ayuda humanitaria que han pasado en los últimos días.

Otras formas de represión

La represión contra el periodismo también “adopta otras formas”, además de los ataques directos contra la vida de reporteros y fotógrafos, recuerda RSF. Según el Sindicato de Prensa Palestino, medio centenar de medios de comunicación han sido destruidos total o parcialmente en Gaza, entre ellos, 24 “emisoras de radio” que emiten por aire o por internet, que son “una de las principales fuentes de información de la población local”, explica Rodríguez Cachera. “Decenas de estos medios estaban agrupados en grandes torres en la ciudad de Gaza, que estuvieron entre las primeras en ser bombardeadas” por Israel, agrega Mansour. Además, los bombardeos destruyeron una tienda de campaña provisional que albergaba a equipos de France Presse, Reuters, BBC y Al Jazeera en el sur de la Franja, sin causar heridos, añade RSF.

La presión también recae sobre quienes ejercen el periodismo fuera de la Franja. Tres periodistas de la BBC fueron retenidos a punta de pistola por un policía israelí cuando se dirigían a su hotel en Tel Aviv. Y en Jerusalén, Ahmad Darwasha, corresponsal de Al Araby TV, fue amenazado e insultado durante una emisión en directo por otro policía israelí. “Espero realmente que digas cosas buenas”, le espetó cuando el reportero le explicó que estaba contando lo que “había dicho el portavoz” de las Fuerzas Armadas israelíes. Y concluyó, mirando a la cámara: “Asesinos, asesinos… Gaza debería ser convertida en polvo”.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.

Seguir leyendo

En la lista de estas enfermedades, la mayoría de ellas registradas en lugares empobrecidos de áreas tropicales, están la leishmaniasis visceral, una dolencia parasitaria, y el dengue, transmitido por un mosquito, que ocupan parte del trabajo de esta mujer de 54 años. Singh celebra pequeñas victorias en estos 20 años de andadura de la DNDi, pero prefiere concentrarse en lo que queda por hacer. “Nuestro trabajo solo estará completo cuando un paciente de un pueblo perdido en un país tropical pueda tener un diagnóstico y un acceso al mejor medicamento que existe para su enfermedad, sin necesidad de hacer un gran desplazamiento”, recalca en esta entrevista, realizada por teléfono.

Pregunta. Enfermedad desatendida no es sinónimo de enfermedad lejana.

Respuesta. Por supuesto que no lo es. Yo, personalmente, siento que no están en el lugar en que deberían estar en la agenda de salud global. Los organismos financiadores tampoco les dan la importancia que debieran. Ojalá este premio sirva para poner el foco en estas dolencias. Muchas de ellas son enfermedades que se ven muy influidas por el cambio climático, y sabemos que van a modificarse en los próximos años. Los tratamientos para las enfermedades desatendidas benefician a todo el mundo, no solo a la región que hoy las sufre.

P. ¿Puede poner un ejemplo del impacto del cambio climático en la evolución de estas enfermedades?

R. Por ejemplo, los patrones del dengue y otras enfermedades se ven alterados por el cambio climático. Antes no teníamos ni tantos casos ni tantos muertos en nuestra región del sur de Asia. En Bangladés ha habido más de 1.000 muertes por dengue este año. Son cifras que no habíamos visto en décadas. Igual ocurre en Sri Lanka o Pakistán, donde hay miles de contagiados. Los sistemas sanitarios colapsan ante el alto número de pacientes e inevitablemente perdemos pacientes.

Los tratamientos para las enfermedades desatendidas benefician a todo el mundo, no solo a la región que hoy las sufre.

Kavita Singh, DNDI

P. La DNDi acaba de formar una Alianza Global contra el Dengue, con instituciones de varios países como India, Tailandia, Malasia o Brasil, para acelerar justamente la investigación y la implementación de un tratamiento contra esta enfermedad en los próximos cinco años. ¿Es un ejemplo también de la eficacia de la cooperación Sur-Sur?

R. El conocimiento, la experiencia y los años de trabajo en la lucha contra el dengue están en los países del Sur porque es ahí donde están la mayoría de los enfermos, así que los ensayos deben tener lugar en estos países. No es que se quiera dejar fuera a los países del Norte, sino que es una iniciativa para trabajar juntos, avanzar más rápido y lograr un verdadero tratamiento contra esta enfermedad, porque por ahora no existe. Solo nos limitamos a mitigar el dolor y los síntomas de los enfermos. No hay que olvidar que hoy el dengue se da sobre todo en los países tropicales, pero con el cambio climático, el vector puede cambiar y la presencia de la enfermedad también.

La mayoría de estas enfermedades desatendidas atacan a comunidades ya empobrecidas y las tornan aún más pobres. Es un ciclo infernal

P. En 20 años de andadura del DNDi, ¿los tratamientos para estas enfermedades y su accesibilidad han mejorado en el sur de Asia?

R. Cada enfermedad es diferente. Hay algunas que están hoy controladas y se eliminan de la lista de problemas de salud pública. Otras tienen tratamiento, pero no llega a la población, y hay otras en las que el mejor tratamiento aún no existe, como ocurre en el mal de Chagas, por ejemplo. En el caso de la enfermedad del sueño, la DNDi ha hecho un trabajo increíble con un medicamento que aún no se puede aplicar a todas las formas de la enfermedad. La mayoría de estas 20 enfermedades desatendidas atacan a comunidades ya empobrecidas y las tornan aún más pobres. Es un ciclo infernal. Por eso, nuestro trabajo solo estará completo cuando un paciente de un pueblo perdido en un país tropical pueda tener un diagnóstico y el acceso al mejor medicamento que existe para su enfermedad sin necesidad de hacer un gran desplazamiento.

Las mujeres sí se ven perjudicadas a la ahora de acceder a los medicamentos y no lo tienen tan fácil como los hombres, en muchos casos.

P. En este momento, ¿cuáles son los mayores desafíos de la India en la lucha contra estas enfermedades desatendidas?

R. Nosotros hablamos siempre de la región, porque las enfermedades y los vectores no saben de fronteras. En los últimos 20 años, hemos progresado mucho en el tratamiento de la leishmaniasis visceral, también conocida como kala azar. Antes teníamos tres tratamientos, hicimos un estudio para comparar su eficacia y vimos que una dosis única de un medicamento, la Anfotericina B liposomal, mostraba una eficacia muy alta y debía ser la primera opción. Esta recomendación fue incluida en los programas nacionales y ha transformado el panorama y sobre todo ha reducido el número de muertos. En India, por ejemplo, se registraban 33.000 casos al año en 2011 y ahora rondan los 800. Esta enfermedad tiene complicaciones y años después, hay pacientes que desarrollan otra variante, llamada Leishmaniasis dérmica postkala-azar (PKDL, por sus siglas en inglés), que provoca serias lesiones en la piel. En este momento se ha terminado un ensayo clínico y estamos más cerca de implementar un tratamiento más sencillo y sin efectos secundarios. Reducir esta enfermedad y atenderla de forma temprana implica también frenar la marginación social que sufren los afectados, sobre todo niños y mujeres.

P. ¿Las mujeres se ven más afectadas por estas enfermedades desatendidas?

R. Desde un punto de vista estrictamente médico, no, pero las mujeres sí se ven perjudicadas a la ahora de acceder a los medicamentos y no lo tienen tan fácil como los hombres, en muchos casos. Además, tienen más miedo a hacer pública su enfermedad, debido al peso de las sociedades en las que viven. Por ejemplo, si una niña o una mujer tienen lesiones en la piel, no es tan fácil para ellas salir de sus casas y pedir un tratamiento. Por eso, para nosotros, la educación es casi tan importante como la adopción de tratamientos eficaces.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

The list of neglected diseases, most of them primarily affecting impoverished tropical areas, includes two pathogens that represent a major focus of the 54-year-old Indian scientist’s work: visceral leishmaniasis, a parasitic disease, and dengue fever, which is transmitted by mosquitos. During her 20 years working with the DNDi, Singh has celebrated some small victories, but she prefers to focus on what remains to be done. “Our work will only be complete when a patient in a remote village in a tropical country can get a diagnosis and access the best medicine available for his or her disease, without having to travel long distances,” she told EL PAÍS in the following interview, conducted over telephone.

Question. Are neglected diseases synonymous with diseases that only exist in far-away places?

Answer. No, definitely not. I personally feel that they’re not where they need to be on the global health agenda. Nor do funders give them the importance they should. Hopefully this award will serve to put the focus on these ailments. Many of them are diseases that are heavily influenced by climate change, and we know they’re going to transform in the coming years. Treatments for neglected diseases benefit everyone, not just the regions that are suffering from them today.

Q. Can you give an example of the impact of climate change on the evolution of these diseases?

A. Patterns of dengue and other diseases are altered by climate change, for example. We used to not have as many cases or as many deaths in our South Asian region. In Bangladesh, there have been more than 1,000 dengue deaths this year. These are numbers we haven’t seen in decades. The same is happening in Sri Lanka and Pakistan, where thousands of people are infected. Health systems collapse in the face of high number of patients, and we inevitably lose some patients.

Q. DNDi recently formed the Dengue Alliance with institutions from several countries, such as India, Thailand, Malaysia and Brazil, to accelerate research and implementation of a treatment for this disease over the next five years. Is this also an example of the effectiveness of South-South cooperation?

A. The knowledge, experience and years of work in the fight against dengue all come from the countries of the South, because that’s where most of the sick people are, so the trials must take place in these countries. It’s not that we want to leave out the countries of the North — it’s an initiative to work together, move faster and achieve a real treatment for this disease, because for now, one does not exist. Currently, we are limited to mitigating the pain and symptoms of patients. We must not forget that today, dengue occurs mainly in tropical countries, but with climate change, the vector may change and the presence of the disease as well.

Q. In the 20 years that DNDi has existed, have treatments for these diseases and their accessibility improved in South Asia?

A. Each disease is different. Some diseases are under control now, and have been removed from the list of public health priorities. For others, treatments exist, but populations don’t have access to them. And then for others, the best treatment still does not yet exist, as is the case with Chagas disease, for example. In the case of sleeping sickness [Human African trypanosomiasis], DNDi has done incredible work with a drug that cannot yet be applied to all versions of the disease. Most of these 20 neglected diseases attack already impoverished communities and deplete them even more. It’s a hellish cycle. That’s why our work will only be complete when a patient in a remote village in a tropical country can get a diagnosis and access the best medicine available for his or her disease, without having to travel long distances.

Q. At the moment, what are India’s biggest challenges in the fight against neglected diseases?

A. We always talk about regions, not countries, because diseases and vectors don’t respect borders. In the past 20 years, we have made a lot of progress in the treatment of visceral leishmaniasis, also known as kala-azar. Before, we had three treatments, and we conducted a study to compare their efficacy. What we saw was that a single dose of one drug, liposomal amphotericin B, showed very high efficacy and should be the first choice. This recommendation was included in national programs and has transformed the situation. Above all, it has reduced the number of deaths. In India, for example, there were 33,000 cases per year in 2011 and now there are around 800. This disease presents complications, and years later, some patients can develop another variant called post-Kala-Azar dermal leishmaniasis (PKDL), which causes serious skin lesions. A clinical trial has now been completed, and we are closer to implementing a treatment that is simpler and doesn’t have side effects. Limiting the disease and treating it early on also helps curb the social marginalization suffered by those affected, especially children and women.

Q. Are women more affected by neglected diseases?

A. From a strictly medical point of view, no, but women have a disadvantage when it comes to accessing medications, and in general don’t have it as easy as men, in many cases. In addition, women are more afraid to make their disease publicly known, due to the pressures of the societies in which they live. For example, if a girl or a woman has skin lesions, it is not so easy for them to leave their home and ask for treatment. This is why, for us, education is nearly as important as the adoption of effective treatments.

Sign up for our weekly newsletter to get more English-language news coverage from EL PAÍS USA Edition

Seguir leyendo

“Estamos muertos de miedo. La mayoría piensa que no saldremos vivos de la iglesia, que nos van a bombardear. Pero hay que seguir, hay que ser fuertes. Estamos en casa de Jesús, estamos en sus manos”, cuenta desde la iglesia de la Sagrada Familia de Ciudad de Gaza.

Entre los más de dos millones de habitantes de la Franja vive una diminuta comunidad cristiana de unas 1.000 personas que no deja de mermar con el paso de los años, sobre todo desde que el movimiento islamista Hamás se hizo con el control del enclave en 2007. A la falta de libertad y al aislamiento que domina las vidas de los gazatíes debido al bloqueo que Israel impone desde hace 16 años, se suma, en el caso de los cristianos, una exclusión laboral y social impulsada por sectores vinculados a Hamás y a otros movimientos islamistas radicales también presentes en la zona.

“Desgraciadamente, tenemos bastante experiencia en guerras y cuando vimos el ataque de Hamás el día 7, supimos que habría una respuesta militar israelí enorme. Mi esposa, mis tres hijas y yo decidimos refugiarnos en la iglesia. Poco a poco, fue llegando más gente que tenía miedo en sus casas o que lo había perdido todo. Ahora somos 500 cristianos aquí”, explica, pausadamente, Antone, de 42 años. Al grupo se ha unido un sacerdote egipcio, el padre Yussef, y alrededor de una decena de monjas de diferentes congregaciones. Todos saben bien que corren un riesgo enorme y hasta los más optimistas se sintieron desfallecer el jueves, cuando la iglesia ortodoxa, situada a pocos metros de la suya, fue alcanzada en un bombardeo en el que perecieron al menos 18 personas, de las más de 350 que se refugiaban en su interior.

Consciente de que vive en un polvorín, la comunidad cristiana de la Franja creó hace algunos meses un comité de gestión para las futuras crisis y empezó a prepararse para momentos difíciles, explica Antone. “Comenzamos a almacenar colchones, mantas, productos de higiene, combustible y alimentos no perecederos, a preparar generadores y vimos cómo podríamos comprar rápidamente agua y otros víveres en caso de emergencia. Vivimos aquí y conocemos la situación. Temíamos que algo iba a pasar porque en Gaza la violencia es cíclica, aunque esto ha superado nuestras peores previsiones”, reconoce.

Cuando el ejército israelí advirtió a la población civil de que debía desplazarse hacia la zona sur del enclave para preservar la vida, la inmensa mayoría de las familias cristianas decidieron no moverse de la iglesia. “En este momento, podemos aguantar hasta dos meses aquí dentro. La idea es garantizar la supervivencia de la comunidad cristiana de Gaza cuando la guerra termine. No queremos vernos obligados a irnos de aquí, nuestro lugar está en Gaza”, explica Antone, que nació en una familia de refugiados palestinos en Líbano y volvió a la Franja en 1994, animado con el optimismo generado por los acuerdos de paz de Oslo y con la esperanza de participar en la construcción de un Estado palestino.

“Todos somos palestinos”

“Lo siento, estamos en plena evacuación de las personas de la iglesia ortodoxa. Vamos a tener que hablar más tarde”, responde al teléfono, agitada, Nisreen Antone, esposa de George y responsable de los proyectos del Patriarcado de Jerusalén en Gaza, horas después del bombardeo del templo ortodoxo de San Porfirio, el más antiguo de Gaza. “No sabemos cuántos muertos hubo, creemos que hay gente aún bajo los escombros. No hay palabras para expresar cómo nos sentimos hoy”, agrega la mujer.

Horas después, eran enterrados 18 cristianos fallecidos en este bombardeo. Un total de 40 supervivientes y varias personas heridas fueron acogidos en la iglesia católica, donde hay médicos y enfermeras entre los refugiados. La familia Antone insiste en que las autoridades eclesiásticas en Jerusalén han informado al ejército israelí de que las iglesias y sus instituciones asociadas, como las escuelas católicas, son refugio de centenares de personas, “gente de paz que no tiene nada que ver con este conflicto”.

“Pero todos somos palestinos, no hay ninguna diferencia entre los palestinos musulmanes y nosotros. No somos una excepción y estamos permanentemente en peligro. Solo intentamos sobrevivir, pero no sabemos qué va a pasar, qué nos deparan los días venideros”, expresa, con angustia, George Antone.

El Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén denunció duramente este ataque y subrayó que tomar una iglesia como blanco militar, cuando además está “prestando refugio a ciudadanos inocentes” que perdieron sus casas, “es un crimen de guerra que no puede ser ignorado”. Un portavoz del ejército israelí declaró a la agencia Reuters que sus aviones de combate atacaron un “puesto de mando de una organización terrorista” y “una pared de una iglesia en la zona resultó dañada” e informó de que el “incidente está revisándose”.

Un frágil equilibrio

Desde hace años, los cristianos de Gaza se mueven en un frágil equilibrio entre las autoridades islamistas de la Franja, el diálogo con Israel y la preservación de sus costumbres. Ha habido momentos en que la iglesia y sus fieles, fácilmente identificables por sus apellidos y apariencia, especialmente las mujeres, han sido objeto de amenazas y de algunas agresiones. En el pasado, los cristianos ocuparon también puestos importantes en el Gobierno, universidades y organismos palestinos, pero han desaparecido paulatinamente de la vida pública de Gaza y en el mejor de los casos trabajan en entidades católicas como Cáritas o alguna ONG. A diferencia de las grandes familias cristianas de Cisjordania, a menudo influyentes, sin dificultades financieras y bien integradas en la sociedad, en Gaza ser cristiano significa enfrentarse a un complicado y diario camino de obstáculos.

Esto hace que muchos hayan hecho las maletas. En 2007, había en la Franja unos 7.000 cristianos, siete veces más que ahora. En todos los territorios palestinos, la comunidad no llega al 2% de la población. Dentro de la comunidad cristiana de Gaza, los católicos no superan los 130.

El día a día dentro de la iglesia de la Sagrada Familia está perfectamente organizado para ahuyentar la sensación de caos y ahogar el miedo. Dos misas, una por la mañana y otra por la tarde, rezo del rosario, momentos para cocinar y limpiar... “No salimos apenas porque eso significa arriesgar nuestra vida. Solo si es necesario procurar algún medicamento que no tenemos o atender a alguien que está en nuestras escuelas, donde sí hemos recibido a algunas familias musulmanas”, explica Antone.

Cuando hay una amenaza de bombardeo cerca, los responsables de la seguridad dentro del templo organizan rápidamente a los presentes, los ayudan a moverse a uno de los refugios que se habilitaron en zonas más seguras de la iglesia, donde también hay agua y comida, y se ocupan de los niños, de los ancianos y de los discapacitados del grupo.

Para George Antone, uno de los pocos momentos de paz en estos días han sido las tres llamadas que ha hecho el papa Francisco: “Se interesó por la comunidad, por cómo estábamos viviendo dentro de la iglesia y nos deseó que podamos volver pronto a nuestras casas. Ojalá”.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.

Seguir leyendo

“We are scared to death. Most people think that we will not come out of the church alive, that they are going to bomb us. But you have to continue, you have to be strong. We are in Jesus’ house, we are in his hands,” he says from the Holy Family Church in Gaza City.

Among the more than two million inhabitants of the Gaza Strip, there is a tiny Christian community of about 1,000 people. It’s been in decline over the years, especially since the Islamist movement Hamas took control of Gaza in 2007. Like other Gazans, they suffer from the isolation and lack of freedom of Israel’s 16-year-long blockade. But the Christians also have to deal with being excluded from work and society, which is pushed by sectors linked to Hamas and other radical Islamists movements present in the area.

“Unfortunately, we have a lot of experience in wars and when we saw the Hamas attack on the 7th [of October] we knew there would be a huge Israeli military response. My wife, my three daughters and I decided to take refuge in the church. Little by little, more people arrived who were afraid in their homes or who had lost everything. Now 500 Christians are here,” explains Antone, 42, slowly. An Egyptian priest, Father Yussef, and around a dozen nuns from different congregations have joined the group. Everyone knows that they are at enormous risk and even the most optimistic felt discouraged last Thursday, when the Greek Orthodox church, Church of Saint Porphyrius, located a few meters from theirs, was hit in a bombing which killed at least 18 of the 350 people who had taken refuge inside.

The Christian community of the Gaza Strip — aware that the area was a powder keg waiting to explode — created a management committee for future crises a few months ago and began to prepare for difficult times, explains Antone. “We began to stockpile mattresses, blankets, hygiene products, fuel and non-perishable food, prepare generators and saw how we could quickly buy water and other supplies in case of emergency. We live here and we know the situation. We feared that something was going to happen because in Gaza violence is cyclical, although this has exceeded our worst fears,” he acknowledges.

When the Israeli army warned the civilian population that they had to move to the southern part of the enclave to save their lives, the vast majority of Christian families decided not to move from the church. “Right now, we can last up to two months in here. The idea is to guarantee the survival of the Christian community in Gaza when the war ends. We don’t want to be forced to leave here, our place is in Gaza,” explains Antone, who was born into a family of Palestinian refugees in Lebanon and returned to the Gaza Strip in 1994, encouraged by the optimism triggered by the Oslo Accords and hoping to participate in the construction of a Palestinian state.

“We are all Palestinians”

“Sorry, we are in the middle of evacuating people from the Orthodox Church. We’re going to have to talk later,” Nisreen Antone, George’s wife and head of the projects of the Patriarchate of Jerusalem in Gaza, answers the phone, agitated, hours after the bombing of the Church of Saint Porphyrius, the oldest in Gaza. “We don’t know how many people have died, we believe there are people still under the rubble. There are no words to express how we feel today,” adds the woman.

Hours later, 18 Christians who died in this bombing were buried. A total of 40 survivors and several injured people are now being sheltered in the Holy Family Church, where there are doctors and nurses among the refugees. The Antone family insists that the ecclesiastical authorities in Jerusalem have informed the Israeli army that the churches and their associated institutions, such as Catholic schools, are shelters for hundreds of people, “people of peace who have nothing to do with this conflict.”

“But we are all Palestinians, there is no difference between Muslim Palestinians and us. We are not an exception, and we are permanently in danger. We’re just trying to survive, but we don’t know what’s going to happen, what the days ahead hold for us,” says Antone with anguish.

The Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem harshly denounced the attack and stressed that attacking a church as a military target, when it is also “providing shelter to innocent citizens” who lost their homes, “is a war crime that cannot be ignored.” An Israeli army spokesman told Reuters that its fighter jets attacked a “command post of a terrorist organization” and “a wall of a church in the area was damaged.” It reported that the “incident is being reviewed.”

A fragile balance

For years, Christians in Gaza have been maintaining a fragile balance between the Islamist authorities of the Gaza Strip, dialogue with Israel and the preservation of their customs. There have been times when the church and its followers, easily identifiable by their surnames and appearance, especially women, were the object of threats and some attacks. In the past, Christians also held important positions in the government, universities and Palestinian organizations, but they have gradually disappeared from public life in Gaza and in the best of cases they work in Catholic organizations such as Caritas or other NGOs. Unlike the large Christian families of the West Bank, who are often influential, have no financial difficulties and are well integrated into society, being a Christian in Gaza involves a complicated and daily path of obstacles.

As a result, many have packed their bags. In 2007, there were about 7,000 Christians in the Gaza Strip, seven times the current number. In all the Palestinian territories, the community does not account for more than 2% of the population. Within the Christian community of Gaza, there are no more than 130 Catholics.

Everyday life inside the Holy Family Church is perfectly organized to ward off the feeling of chaos and to drown out the fear. There are two Masses, one in the morning and one in the afternoon, praying with the rosary, moments to cook and clean... “We hardly go out because that means risking our lives. Only if it is necessary to get some medicine that we do not have or to care for someone who is in our schools, where we have received some Muslim families,” explains Antone.

When there is a threat of bombing nearby, those responsible for security inside the church quickly organize those present, help them move to one of the shelters that have been set up in safer areas of the church, where there is also water and food, and they take care of the children, the elderly and the disabled in the group.

For George Antone, one of the few moments of peace these days have been the three calls made by Pope Francis: “He was concerned about the community, in how we were living within the church, and he wished that we could return to our homes soon. Hopefully”.

Sign up for our weekly newsletter to get more English-language news coverage from EL PAÍS USA Edition

Seguir leyendo

Según la ONU, un millón de personas, es decir, casi la mitad de la población de Gaza, se ha desplazado desde el 7 de octubre y 400.000 de ellas han buscado cobijo en estructuras de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA). En la región de Rafah, en el extremo sur de la Franja, limítrofe con Egipto, donde antes de que comenzara esta nueva ofensiva contra Gaza vivían unas 260.000 personas, según cifras oficiales palestinas, las casas familiares y las escuelas se han quedado pequeñas para tanta gente.

“Ya no sé ni cuándo llegué aquí. Creo que hace tres días. Como no salimos de casa, no tenemos electricidad y vivimos contando los bombardeos, hemos perdido hasta la noción del tiempo”, dice Zaqut. El miedo, la falta de sueño y de alimentos y las escenas de muerte y destrucción que han presenciado en estos días comienzan a hacer mella en parte de la población.

Hay gente que decidió refugiarse en el sur hace unos días, que ha regresado a sus casas en el norte o se plantea hacerlo porque ven que en toda la Franja no hay lugar seguro.

Samir Zaqut, ONG Al Mezan

Los testimonios desde Rafah recogidos por este diario describen unas condiciones de vida durísimas, que empeorarán si no se permite la entrada de la ayuda humanitaria que aguarda al otro lado de la frontera. Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció en una visita a Tel Aviv un acuerdo para la entrada a Gaza de comida y medicamentos desde Egipto, por el paso fronterizo desde Rafah. Unos 20 camiones podrán cruzar previsiblemente este viernes, cuando se reparen los daños de bombardeos israelíes en la vía de acceso.

Muchas personas salieron apenas con lo puesto de sus casas del norte de Gaza y están durmiendo en el suelo, en las escaleras de una escuela de la ONU o en cualquier rincón. No tienen casi agua, racionan la comida dando prioridad a los niños, malviven sin electricidad y sin gas para cocinar y cada vez están más aislados debido a las pésimas conexiones a internet.

“Los hospitales tampoco pueden seguir trabajando, porque no hay combustible, electricidad, ni agua. Aun así, están abarrotados y los médicos no han descansado desde hace una semana. Un número importante de médicos también ha muerto en los bombardeos. Esto es horrible. La vida aquí se cuenta por horas, no por días. Y no tenemos un minuto de tregua”, afirma Zaqut.

Una “agresión de la comunidad internacional”

La noticia del bombardeo del hospital Al Alhi al Arabi, el martes en la ciudad de Gaza, donde hubo 471 muertos, según cálculos de las autoridades palestinas, ha multiplicado el miedo, la impotencia y la rabia en la zona de Rafah.

Para Zaqut, “está muy claro que ahora la comunidad internacional forma parte de esta agresión. Ya no es solo Israel, es Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania… Todos ellos son parte de esto también. Están destrozando la ley humanitaria internacional. No puedo entender cómo una persona libre, que ve lo que está pasando, no hace nada frente al exterminio que se está produciendo en Gaza”. Sostiene, además, que hay países que intentan criminalizar “a quien defiende a los palestinos”.

En torno a Rafah también se han concentrado gazatíes que esperan a que se abra el paso del mismo nombre y puedan ser evacuados a Egipto gracias a su pasaporte extranjero. En la Franja, donde hace 20 o 25 años se vivía con una mayor libertad para entrar y salir, hubo personas que estudiaron y trabajaron fuera durante largos periodos, formaron una familia y adquirieron la nacionalidad de aquellos países. Pero, hasta ahora, el paso de Rafah, que ha sido parcialmente bombardeado en estos días por Israel, ha estado cerrado del lado egipcio y nadie entra ni sale.

“Cuando lo abran, será para que se vayan los extranjeros, primero los estadounidenses. Pero nuestras vidas no le importan a nadie”, considera un miembro de la familia Harb, que prefiere no dar su nombre. En este momento son más de 30 en un pequeño apartamento de Rafah, donde les acogió un pariente. Comen una vez al día y beben lo indispensable. “No sabemos cuánto va a durar esto, así que racionamos. Pero lo peor es que no podemos recargar los teléfonos porque no tenemos un generador funcionando ni nos quedan baterías. Así que salimos a la calle a cargar el móvil en la batería de un coche que tenemos aparcado abajo. No podemos quedarnos incomunicados”, explican.

Se nos está acabando todo: la comida y el agua, pero también la paciencia

Salah Awad El Sousi, gazatí con pasaporte español

Entre las personas que aspiran a salir de Gaza hay también alrededor de un centenar de palestinos con pasaporte español que ya el pasado sábado fueron al paso fronterizo con la esperanza de poder ser evacuados. Tras esperar seis horas al aire libre, tuvieron que dar marcha atrás porque la puerta de salida nunca se abrió. “Sur o norte… no hay diferencia. Los bombardeos israelíes tienen la misma fuerza. Se nos está acabando todo: la comida y el agua, pero también la paciencia”, lanza, desperado, Salah Awad El Sousi, portavoz de este grupo de gazatíes que pensaba estar en Madrid a principios de esta semana.

Otros, como Zaqut o la familia Harb, ni siquiera contemplan la posibilidad de marcharse de Gaza. Creen que salir de la Franja podría significar no poder volver nunca, como ocurrió con sus abuelos, que llegaron al enclave en 1948 tras dejar sus casas en otras zonas a la fuerza después de la creación del Estado de Israel.

“La gente no se quiere ir. Es más, hay personas al otro lado de la frontera con Egipto a los que esta violencia les sorprendió fuera de Gaza por razones familiares o sanitarias y que quieren volver a reunirse con sus familias. Y, además, hay gente que decidió refugiarse en el sur, pero ha regresado a sus casas en el norte o se plantea hacerlo porque ven que en toda la Franja no hay lugar seguro”, estima Zaqut.

El centro de derechos humanos Al Mezan, del que Zaqut es subdirector, brinda asistencia legal e información sobre las consecuencias del bloqueo israelí en Gaza. Sigue alimentando sus redes sociales y su página en internet gracias a colaboradores que están fuera de los territorios palestinos. “Nuestros trabajadores en Gaza no tienen ni posibilidad de cargar sus teléfonos móviles. Por eso tenemos compañeros fuera, algunos de ellos en Europa, que mantienen viva la llama de Al Mezan y el contacto con otras organizaciones internacionales con las que trabajamos”, explica. “Mientras, nosotros estamos luchando día a día por lo más básico: sobrevivir. Para ello necesitamos combustible y medicinas porque si no, esto va a ser un desastre”, insiste.

Zaqut teme que haya aún “cientos de personas bajo los escombros en toda Gaza” y cree que los balances de víctimas que suministra el Ministerio de Salud, que sitúa los fallecidos por encima de 3.000, “son muy inferiores a la situación real”. “Pero no tenemos en este momento capacidad para rescatar a estas personas, vivas o muertas, e incluirlas en nuestras estadísticas”, insiste. “Israel nos presenta como animales, como salvajes que matan a niños, los usan como escudos humanos, les cortan la cabeza… Y matar a animales, ¿a quién le importa?”, lanza.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.

Seguir leyendo

Hamás llevó a cabo el 7 de octubre la peor masacre en Israel en décadas: 1.400 muertos y más de un centenar de rehenes. Desde entonces, Gaza, el territorio donde gobierna esta milicia palestina, está siendo arrasado por las bombas israelíes. Han muerto líderes de Hamás, pero sobre todo miles de civiles, entre ellos niños. No pueden escapar porque Israel bloquea todas las salidas de la Franja. Nos cuenta el recorrido de Hamás la periodista Beatriz Lecumberri, de Planeta Futuro, que fue reportera en Israel durante seis años y codirigió el documental Condenadas en Gaza.

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Seguir leyendo

Al escuchar las noticias el sábado por la mañana y ver en la televisión a los milicianos del movimiento islamista Hamás atacando el sur de Israel, Salah Awad El Sousi y Kholoud Sayed (nombre ficticio) no tuvieron duda de lo que se avecinaba. “Supe que nos esperaba algo terrible, aunque Israel lleve años matándonos”. Sayed responde temblorosa al teléfono desde su apartamento en la ciudad de Gaza, en el cuarto piso de un edificio de nueve plantas, donde está encerrada con su marido y sus tres hijos, de entre ocho y 18 años.

Las calles de la Franja se llenaron de gente que vació frenéticamente los supermercados y las tiendas de comida, preparándose para un encierro de varios días. “Lo primero siempre es comprar pan y después las cosas básicas: arroz, pasta...”, afirma esta profesora universitaria de 42 años.

“Esta es nuestra vida en Gaza. De vez en cuando Israel nos ataca con saña. Ese ‘de vez en cuando’ pueden ser meses, un año o varios años... “, lamenta El Sousi, de 73 años, doctor en Farmacia ya jubilado. “Israel dice que tenemos que llorar por sus víctimas. Está bien, pero ¿cómo quieren que lloremos siempre por ellos cuando son nuestro verdugo más cruel?”

“Israel dice que tenemos que llorar por sus víctimas. Está bien, pero ¿cómo quieren que lloremos siempre por ellos cuando son nuestro verdugo más cruel?”

Salah Awad El Sousi, vecino de Gaza

Tras la primera noche de bombardeos, El Sousi contacta con los responsables consulares españoles en Jerusalén para planificar una posible evacuación. Este profesor universitario nació en Gaza, pero estudió y vivió durante 25 años en Madrid y él, su esposa, Omaya, y sus cinco hijos, son españoles. Sus padres eran refugiados de la ciudad de Beersheva, hoy al sur de Israel, de la que huyeron en 1948, tras la creación del Estado de Israel. El Sousi volvió de España en 1994, alentado por la perspectiva de paz que se respiraba tras los Acuerdos de Oslo y animado por la idea de fundar la Facultad de Farmacia de la Franja, en la que trabajó hasta su jubilación. “Pero aquí ya no se puede vivir”.

Día 2: “No quieren que quede nada en pie”

“Israel puede refugiar a sus habitantes, pero de Gaza no puede escapar nadie”. Al Sousi habla atropelladamente y no oculta su enfado y su impotencia. La familia tiene su casa en el centro de Gaza, cerca del puerto y de varios hoteles conocidos por personal humanitario y periodistas extranjeros. Dos de sus hijas residen en Emiratos Árabes Unidos. “Tuve una intuición y pedí a uno de mis hijos, que vive en un apartamento en una torre situada a 100 metros de mi casa, que se instalara con nosotros, que estaría más seguro. Vino con su esposa, sus tres hijos y también vino un vecino. Nos acomodamos todos aquí”, cuenta El Sousi.

Israel ha cortado el agua, la entrada de combustible y el suministro de electricidad a la Franja. La precaria central de Gaza puede aún suministrar un servicio muy reducido, pero no tiene potencia y su infraestructura también fue bombardeada. “Atacaron un barrio cercano. Vi los videos, no quedó nada, no se reconocen ni las calles. Están destruyendo todo. No quieren que quede nada en pie. Necesitamos salir de aquí”, suplica Sayed.

“Están destruyendo todo. No quieren que quede nada en pie”

Kholoud Sayed, vecina de Gaza

Esta profesora universitaria escucha decir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que los civiles tienen que marcharse. La única opción sería el paso fronterizo de Rafah, en el sur, en dirección a Egipto, pero está cerrado. La familia de Sayed vive en Gaza desde hace generaciones y ella confía en que esta ofensiva sea “como otras” y poder encontrar refugio en su casa de Gaza hasta un alto el fuego. “No es fácil salir de tu casa, dejar todo así por las buenas sin saber cómo o cuándo podrás volver. Y además ¿cómo subsistiremos en Egipto?”, se pregunta.

La mujer recalca que no pertenece a ningún partido político y pide, con visible temor, que no se le atribuya ninguna declaración relacionada con Hamás o con los dirigentes de Ramala. “La mayoría de las personas en Gaza son como yo. Pero hace muchos años que los muertos no valen lo mismo de un lado y de otro. No estoy sorprendida, la verdad, pero esta vez está todo aún mucho más claro: todo el mundo apoya a Israel”.

“Solo queremos una vida normal, la que tiene la mayoría de la gente: libertad de movimiento, agua, electricidad, educación... No estamos pidiendo nada más, pero en Gaza esto es un lujo que mis hijos nunca han conocido”, afirma, tristemente.

Día 3: “Estamos preparándonos para salir”

El mensaje de WhatsApp llega en medio de la noche. “Son las dos y media de la madrugada, el edificio de al lado ha recibido una alerta y estamos preparándonos para salir”. Con la oscuridad, las malas noticias producen una zozobra mayor. El Sousi pasa horas sin responder al teléfono ni a los mensajes.

“Mi vecino vino de madrugada diciendo que habían desalojado una torre justo frente a mi casa porque habían recibido una alerta del ejército. Todos los vecinos estaban en la calle, pero finalmente bombardearon el edificio de siete pisos donde estaba el apartamento de mi hijo, que no había recibido ningún aviso y está al lado. No sé si fue un error militar, pero murieron bastantes personas”, explica, ya por la tarde. “Por suerte mi hijo Hamdi ya estaba en mi casa”, suspira, aliviado.

La vivienda de El Sousi quedó parcialmente destruida. La familia se lo toma con resignación, con un desapego pragmático hacia las cosas materiales bastante común en Gaza, donde 1,7 millones de sus 2,1 millones de habitantes son refugiados y prácticamente toda la población ha tenido que salir en algún momento de su casa con poco más que lo puesto. El Sousi, su esposa y sus tres hijos se instalaron en casa de una hermana, a un kilómetro, en el barrio de Al Rimal. “Somos cuatro familias, en total unas 40 personas. Dormimos todos en el salón, como si fuera un campamento”.

La central de Gaza va a dejar de suministrar electricidad en pocas horas debido a la falta de combustible y los habitantes aprovechan para cargar baterías portátiles y teléfonos, su contacto con el mundo exterior. “Si esto no son crímenes de guerra, ¿qué son?”, lanza El Sousi. “Lo peor es que están sembrando el odio y la venganza en nuestras generaciones más jóvenes”. Este profesor jubilado tampoco oculta su decepción ante la falta de noticias de España. “A los españoles israelíes sí se les ha evacuado. A nosotros ni se nos responden los mensajes”.

Día 4: Gaza se apaga

Conforme pasan las horas, es más difícil que las familias y los amigos se comuniquen entre ellos y también contactar desde fuera con los habitantes de Gaza. Ya no hay electricidad, las conexiones a internet son precarias e inestables, sobre todo después del bombardeo de la compañía palestina de telecomunicaciones el lunes pasado, y además, muchas personas han salido huyendo de sus casas y vagan de un lugar a otro buscando refugio.

“Me da miedo dormir por si pasa algo. Me paso las horas imaginando cuándo nos va a tocar salir de aquí, cómo será, si voy a saber reaccionar rápido y adónde iremos”

Kholoud Sayed

La conversación con Sayed se entrecorta, su voz va y viene y hay que repetir la llamada varias veces para poder hablar. En Gaza, sometida desde 2007 a un bloqueo israelí que la aísla y la empobrece, nunca ha habido 4G ni 5G y la conexión a internet depende de los wifis. “Los bombardeos no ceden. Están arrasando todo sin miramientos, da igual que haya civiles dentro. Estoy muy asustada. Me da miedo dormir por si pasa algo. Me paso las horas imaginando cuándo nos va a tocar salir de aquí, cómo será, si voy a saber reaccionar rápido y adónde iremos”, solloza esta mujer.

En las últimas horas, la universidad Al Azhar y la Universidad Islámica de Gaza en las que Sayed trabajaba han sido bombardeadas. “Va a costar mucho recuperar una mínima vida en Gaza”, suspira, con la voz quebrada.

Tras varias noches en vela, la mujer admite que si hubiera adivinado la intensidad de la ofensiva israelí tal vez sí se habría planteado la posibilidad de salir por el cruce de Rafah, en dirección a Egipto, cuando comenzaron los bombardeos. “Pero ahora ya no vale de pena pensar en eso. Israel también ha bombardeado ese paso de salida y no hay cómo marcharse”.

Salah El Sousi lleva horas sin responder al teléfono después de dos noches “de terror”. “¡Finalmente!”, reaparece en WhatsApp. “Acaban de arreglar un generador aquí cerca. No sé cuánto durará”.

“¿Podemos hablar cinco minutos?” La pregunta enviada desde Madrid se queda sin leer y sin respuesta durante toda la noche.

Día 5: “Mi hija sentía que el corazón se le iba a parar”

“Todavía estamos aquí”, responde al teléfono Sayed, con voz exhausta y temblorosa. No ha terminado la frase y una fuerte explosión la sobresalta y provoca los gritos de su familia. La mujer explica que cocina lo que puede en un hornillo de gas y vive pendiente de las noticias, mientras llena con dibujos animados los largos días y las cabezas inquietas de sus dos hijas. “La más pequeña vino la noche pasada a mi cama diciéndome que cuando oía el estruendo de las bombas sentía que el corazón se le iba a parar. Tiene ocho años, casi no habla desde que empezó este horror, no quiere comer y solo llora”.

Prácticamente la mitad de la población de la Franja tiene menos de 18 años. No han conocido la Gaza que describen sus padres, más próspera y más libre, y muchos de ellos nunca han puesto un pie fuera de este enclave de 365 kilómetros cuadrados, pobre, superpoblado y aislado. Hasta el sábado por la tarde y según las cifras oficiales palestinas, más de 700 niños palestinos habían muerto en los bombardeos israelíes.

El Sousi aprovecha un momento de calma y se aventura a salir e ir a pie hasta su casa para ver si sigue en pie. “Por los pelos, porque empezaron a bombardear en cuanto volví. Han usado fósforo blanco. Estoy sacando fotos de todo para poder dar este material a expertos militares cuando esto termine”, promete. La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció el uso de fósforo blanco en los bombardeos de Israel en Gaza, un material prohibido porque es altamente inflamable y sus efectos son devastadores.

Día 6: “Nos quieren borrar del mapa”

“No creo que podamos hablar mucho”, saluda El Sousi. “Acaban de arreglar un generador, vamos a ver cuánto dura. Llevamos horas de bombardeos continuos, pero estoy física y psicológicamente bien”, garantiza, animoso. Pero la noche ha sido larga, y calmar y distraer a los niños durante los bombardeos es cada vez más complicado. “Intentamos cantar y contar alguna historia divertida y sobre todo no gritar, pero el ruido de las bombas es tan grande... La tierra vibra bajo nosotros y todos tenemos miedo”. La familia come bocadillos y limita el consumo de agua. Cuando los pequeños duermen, los adultos debaten sobre “qué pasará, si esto durará mucho o si los países árabes van a intervenir para ayudar”.

“No he visto algo así en la vida. Ojalá pudiera entrar la prensa extranjera. Para que veáis. No se puede tener como única fuente a Israel, porque esto es una masacre, no queda un barrio en pie, nos quieren borrar del mapa. Nos atacan por zonas. La gente huye despavorida de ese barrio y se refugia en otro. Y así todos los días”, afirma, acelerado, consciente de que la conexión se puede acabar en cualquier momento. Las informaciones que salen de la Franja proceden de reporteros palestinos, ya que la prensa internacional no ha podido entrar en Gaza hasta el momento.

Este profesor jubilado aprovecha que tiene internet para contactar con el consulado español en Jerusalén. “Quiero ver si están haciendo alguna gestión, aunque por ahora nuestra evacuación es imposible”.

Dia 7: Un viaje de ida y vuelta

“¿Es verdad este mensaje?” Son las cinco de la madrugada y el anuncio de Israel, que da 24 horas para que más de un millón de habitantes de la parte norte de la Franja se desplacen hacia el sur, provoca espanto e incredulidad. “No sé qué hacer, no sé qué hacer”, repite Sayed. Está exhausta y las preguntas, por teléfono y a cientos de kilómetros, comienzan a exasperarla, cuando ella solo piensa en cómo salvar la vida de sus hijos. “Esto es una nueva Nakba, ante los ojos del mundo”, acusa la mujer, usando el término en árabe que define el desplazamiento forzado de 750.000 palestinos en 1948 tras la creación del Estado de Israel.

El estupor va dejando paso al miedo y a la urgencia. Como miles de personas, Sayed y El Sousi deciden marcharse de Gaza. “No quisimos abandonar la ciudad de Gaza hasta que el consulado español nos confirmara que nos van a evacuar. Salimos de casa tal y como estamos, sin maletas, con lo puesto. Yo estoy en sandalias, solo cogí los documentos”, explica El Sousi.

La familia logró un vehículo y emprendió el camino hacia Rafah, donde vive una sobrina, situado a unos 25 kilómetros. “Nunca imaginé lo que vi por el camino. La carretera que cruza Gaza de norte a sur estaba abarrotada. Mucha gente iba en carros o andando porque no se encuentra transporte. No hay gasolina y los coches tienen miedo a ser bombardeados. Es una tristeza enorme, un dolor gigante”, cuenta, por teléfono, cuando recupera la conexión en Rafah.

Sayed y El Sousi han llegado a salvo al sur de la Franja. Él asegura que su viaje es “de ida y vuelta”. “Volveremos y espero que quede un lugar al que volver. Gaza está siendo devastada ante los ojos del mundo, que parece olvidar que somos dos millones de personas y llevamos décadas siendo castigadas”.

“Necesitamos un alto el fuego y luego empezar a negociar, pero que paren las matanzas ya”

Salah Awad El Sousi

Día 8: “Nos vemos en Madrid”

El éxodo de personas hacia el sur ha continuado durante la noche. De la parte norte de Gaza llegan esporádicamente mensajes de quienes no quieren o pueden marcharse. Hay despedidas, peticiones de ayuda, reivindicaciones sobre la sed de libertad.

“Necesitamos un alto el fuego y luego empezar a negociar, pero que paren las matanzas ya”, opina El Sousi. Se siente más a salvo, pero su voz solo refleja cansancio y tristeza. “Ahora tenemos que prepararnos para salir, nos han garantizado que será seguro y que la Embajada española en El Cairo está a cargo. Si todo va bien, nos vemos en Madrid”.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“No sé qué vamos a hacer”, repetía este viernes por la mañana Kholoud Sayed desde su apartamento en la ciudad de Gaza, donde se encerró el sábado con su marido y sus tres hijos tras el sangriento ataque de Hamás, que provocó la muerte de 1.300 israelíes. “Quieren quedarse de nuevo con nuestra tierra, como en 1948. Y el mundo mira y no hace nada, no los para. No puedo expresar cómo me siento, estoy desesperada y llevo una semana sin pegar ojo. Quiero dormir y dejar de pensar”. Horas después, un lacónico mensaje de WhatsApp anuncia: “Finalmente, estamos en casa de una amiga en el sur, decidimos huir y esperar”.

Nadie va a ninguna parte. El personal médico está comprometido hasta el final con los enfermos y, además, no tenemos adónde ir

Medhat Abbas, médico palestino

Israel ha dado 24 horas para que 1,1 millones de gazatíes dejen sus casas y refugios y vayan hacia la zona sur de la Franja, en dirección a Egipto, si quieren salvar sus vidas. Esto implica el desplazamiento de la mitad de la población de este pequeño enclave de 365 kilómetros cuadrados de superficie. En la zona norte de la Franja se encuentra el mayor hospital de Gaza, Al Shifa, que está colapsado por el gran número de heridos, que ya rozan los 7.000, y ha tenido que sacar cadáveres al aparcamiento porque tampoco hay sitio en su morgue. “Nadie va a ninguna parte. El personal médico está comprometido hasta el final con los enfermos y, además, no tenemos adónde ir”, asegura a este diario Medhat Abbas, director general del Ministerio de Salud en Gaza y antiguo doctor en este centro sanitario.

La situación que describe es difícil de imaginar: un hospital abarrotado donde los pacientes se colocan en el suelo de los quirófanos y salas de emergencia, los médicos se ven sobrepasados por la falta de medicamentos, material y agua limpia y los generadores están a punto de colapsar, lo que podría causar la muerte de algunos enfermos conectados. Por ejemplo, personas en diálisis y bebés que están en las incubadoras. “Necesitamos que abran la frontera ya. Que entren médicos y combustible, que salgan pacientes de extrema gravedad. No podemos aguantar mucho más. Hemos vivido muchas cosas terribles, pero nada como esto”, suplica Abbas.

“Sentencia de muerte”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la exigencia israelí es “una sentencia de muerte” para muchos enfermos. En una declaración, la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF), presente en Gaza, ha condenado el ultimátum israelí a los habitantes del norte de la Franja. “Representa un ataque a la atención médica y atenta contra cualquier principio de humanidad. Estamos hablando de más de un millón de seres humanos. La violencia que estamos viendo no tiene precedentes. Gaza está siendo arrasada y miles de personas están muriendo. Esto debe terminar ya”, pidió la ONG.

Gaza es uno de los territorios más densamente poblados del mundo (unas 5.500 personas por kilómetro cuadrado, es decir, más de 60 veces la media en España) y la mitad de la población tiene menos de 18 años. Sus vidas están marcadas por el conflicto y por el bloqueo israelí, impuesto en 2007, cuando Hamás se hizo con el poder. La mayoría de ellos nunca ha puesto un pie fuera de este pequeño enclave en el que falta el aire y las posibilidades de trabajar, donde las opciones de construir un futuro digno o tener algo de ocio son casi nulas. La ONU define el bloqueo como “castigo colectivo” y su secretario general, António Guterres, ha declarado que estas restricciones son contrarias a la ley humanitaria internacional.

“Es otra Nakba. Es inhumano, no hay palabras”, corrobora por teléfono Raji Sourani, director del Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés). Un 70% de los habitantes de Gaza son refugiados o descendientes de estas personas que tuvieron que dejar sus casas hace 75 años. “Yo no me voy a ningún lado”, agrega con voz cansada este abogado, cuya familia lleva generaciones en la Franja.

Los palestinos entrevistados por este diario este viernes señalaron que por ahora el movimiento hacia el sur no es masivo, aunque “cientos de personas” habrían emprendido ya ese camino. “El miedo en Gaza es que este sea el primer paso para expulsar a la población hacia Egipto. Muchos temen otra expulsión permanente”, apuntó en un comunicado la ONG británica Medical Aid for Palestinian, que presta ayuda sanitaria en los territorios ocupados.

Georgette Mohammed lleva toda la semana refugiada en casa de un tío junto a otras 150 personas. Están hacinadas en cuatro pequeños apartamentos en condiciones que empeoran cada día. Las noticias también les llegan a cuentagotas. “Los medios de comunicación vinculados a Hamás dicen que esta noticia [la advertencia de evacuación por parte de Israel como antesala de una posible invasión terrestre] es falsa. ¿Es verdad? ¿Está ocurriendo? No sé qué creer, pero por ahora nos vamos a quedar aquí”, afirma, espantada, en una llamada de este diario.

Las comunicaciones con Gaza empeoran hora tras hora. Desde el miércoles, la Franja no tiene electricidad, después de que Israel cortara el suministro y la central local dejara de funcionar por falta de combustible, y las conexiones a internet son muy inestables, ya que la compañía de telecomunicaciones local ha sido bombardeada. Los habitantes del enclave están cada día más desinformados y aislados, entre las propias familias y amigos y con sus contactos fuera de Gaza. Intentar localizar a alguien por teléfono puede llevar horas.

Esos anuncios israelíes son la excusa para nuevas masacres. Luego argumentarán: ‘nosotros les dijimos que se fueran’

Ahmed Hamdan, palestino-español

“Llevo toda la semana viendo atrocidades y tengo mucho miedo por mi familia. Estoy pensando en trasladarla al sur, porque ya he perdido varios parientes esta semana”, explica Mohammed Abed, fotógrafo de una agencia de noticias. “Estoy trabajando como un animal, no siento nada, no pienso... Soy como un robot. En este momento, en Gaza no hay lugar seguro: si te quedas en casa, te matan; si sales a la calle, te matan también. Entonces, mejor sigo trabajando y al menos intento contar qué pasa”, afirma.

El derecho internacional establece que los civiles que no pueden o no quieren huir siguen siendo civiles y no pueden ser tomados como blancos. Y que las fuerzas atacantes deben tomar todas las precauciones posibles para evitar la pérdida de vidas, incluyendo la cancelación de un ataque.

Para la familia Hamdan, la última esperanza es el consulado español en Jerusalén. Los padres, ambos profesores universitarios, y sus siete hijos son españoles y desde hace días aguardan noticias para una posible evacuación, como ya se organizó en la ofensiva israelí de 2014. Ahmed, uno de los hijos de la familia, que vive desde hace unos años en Valencia, siente que le falta el aire cuando no tiene noticias de sus padres durante horas.

“Nuestra casa en Beit Hanun, en el norte de la Franja, fue bombardeada el lunes y desde entonces han cambiado de refugio dos veces. Apenas logro hablar con ellos y los bombardeos no paran. ¿Cómo van a salir a la calle así? Y además, ¿adónde irían?”, se pregunta. “Esos anuncios israelíes son la excusa para nuevas matanzas. Luego argumentarán: ‘Nosotros les dijimos que se fueran”.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.

Seguir leyendo

“There is a clear link between the return of the Taliban in 2021 and the increase in child marriage, especially in urban centers, where, since two decades ago, there had been an evolution and families no longer felt they had to marry off their daughters as soon as possible, because girls were getting opportunities to work and study and were also contributing financially to the household,” Mariam Safi, director of The Organization for Policy Research and Development Studies (DROPS), created in Kabul in 2014 to strengthen the values of inclusion and pluralism in Afghan society, and of which Bishnaw-Wawra is a member, tells EL PAÍS.

Bishnaw-Wawra’s work provides an insight into what is happening inside the homes and in the villages of Afghanistan, where for the past two years conducting surveys has been an arduous mission, especially if the objective is for women’s opinions to be heard. In August 2023, this organization managed to interview 3,840 Afghan women face-to-face, by video conference and in focus groups. The vast majority were aged under 35 and, to make the sample as representative as possible, they came from 23 different Afghan provinces and from both rural and urban settings.

“The Taliban prohibit young women from working in most sectors, studying, and moving around the city alone, and many families are once again feeling the burden and urgency to marry off their daughters as soon as possible. That is why we are seeing girls getting married younger and younger, at 11 and 12 years of age,” explains Safi.

She notes that in women’s discussion forums, the tone about what women suffer and see around them is even more stark, and the data is alarming. “Families feel very insecure when their daughters start to reach an age and have no husband. The Taliban harass them and the parents become afraid that a Taliban will take their daughter to make her his wife. So, they prefer to marry them off to anyone first,” she adds.

“Yesterday, a 13-year-old girl was forced to marry a 45-year-old man. The family received 250,000 Afghanis [$3,160],” said a young Afghan girl in one such discussion group in September. “The family decides on the girl’s marriage when they are very young, mostly out of fear of the Taliban and poverty,” said another.

“The vacuum is back, there is no protection”

Fawzia Koofi, a former Afghan parliamentarian known for her advocacy for women’s rights, and one of the politicians involved in peace talks with the Taliban before 2021, recalls that child marriage has been a common practice in the country but over the last 20 years it had been possible to “protect women with institutions, laws and with a female presence in positions of power. A Ministry for Women’s Affairs was created, a law against violence was drafted... but now the vacuum is back, there is no protection. Families see no future or hope for their daughters and marry them off. They are children, they don’t even know what’s going on,” she says in an interview with EL PAÍS.

“On average, about one in three girls is married before the age of 18 and in some provinces, where the practice has always been more widespread, one in two girls is married before the age of 18,” notes Fran Equiza, UNICEF representative in Afghanistan, based on the findings of the U.N. organization’s Multiple Indicator Cluster Survey 2022-23.

In Afghanistan, the law states that women can marry from the age of 16. When Bishnaw-Wawra asked respondents at what age girls in their village or community are getting married, 15% said brides are under 15 years and 54% said they are between 18 and 25. When questioned about the age they consider appropriate for marriage, more than 70% said between 18 and 25. And when asked how the community reacts if a family is slow to marry off a daughter, 25% responded that the clan is viewed negatively and 21% added that the girl is seen as a burden to those close to her.

Another factor driving child marriage is increasing poverty, which forces families to sell their “four- or five-year-old” daughters because they cannot afford all the children they have, according to Safi. These girls are at a very high risk of ending up married as soon as they reach puberty. “There is also a kind of dowry market; the earlier you bargain for your daughter, the better dowry you can get,” she adds.

“In Afghanistan, the burden of poverty falls mostly on girls as child marriage persists, especially among poor families, who are often forced to trade their daughters for dowries to alleviate their economic hardship,” says UNICEF’s Equiza. According to the World Food Program, 15 million people out of a total population of 43 million depend on humanitarian assistance for food.

No solution can be sustained over time if the people of Afghanistan are not guaranteed their rights, and women are demanding only their fundamental rights

Mariam Safi, Bishnaw-Wawra

Dead bodies in the river

Bishnaw-Wawra, which in the Dari and Pashto dialects means “listen,” began collecting women’s opinions in 2020, in order to convey them to the team negotiating a peace agreement for Afghanistan in Doha. Around the table were members of the government and the Taliban, as well as some women such as Koofi, who asked for more details on what the priorities and demands for Afghan women were. After the return of the Taliban, they continued working to send their findings to the U.N., the European Union and other countries involved in Afghanistan’s. In total, they have interviewed some 30,000 women on different topics.

“We continue to publish this data so that when the international community makes decisions about humanitarian aid, relations with the Taliban or possible recognition of their regime, they take into account what the people are saying, what women want. Because no solution can be sustained over time if the people of Afghanistan are not guaranteed their rights, and women are demanding only their fundamental rights,” Safi stresses.

Surveys conducted by Bishnaw-Wawra see a clear link between these forced unions and the deteriorating mental health of young women, among whom depression and suicide are on the rise. In March, the institution conducted a survey on this subject in 18 provinces and “67% of the more than 2,000 interviewed said they knew girls who were suffering from some kind of mental problem, especially depression and anxiety. In addition, 164 of those interviewed said they knew another woman who had attempted suicide. And we are talking about a small survey; let’s imagine the real number,” Safi says.

According to that study, the lack of freedom of movement and the prohibition on studying and working, with the exception of a few sectors such as health, are the decisions that have most affected the mental health of Afghan women. “But we will never know the magnitude of what is happening. I am told that in my province, Badakhshan, bodies of girls who have committed suicide are appearing in the river,” Koofi says.

For Koofi — who from exile advocates for the rights of Afghan girls — education remains the most powerful weapon. “It is the only hope,” she insists. The former parliamentarian now manages, from a distance, a center where 200 girls between the ages of 14 and 18 study clandestinely. Without diplomas, with hardly any resources and with a lot of fear, in her own words. “We feel that for the world Afghanistan is an old story, but for us, it is an open wound. We need countries to take in these girls and help them go to university. Because in four years, when they finish their studies, they will be able to help others, and who knows? Maybe then something will have changed in Afghanistan,” she says.

Safi denounces what she sees as the hypocrisy of the international community, “which contradicts its own values” by its inaction in Afghanistan. But she is also pragmatic. “A situation is being created in which the Taliban will gradually become an internationally recognized regime. Good for them. They’re here and they’re going to stay, but at least let the world use its power to get them to remove restrictions against women. Because then, for better or worse, they will be able to live their lives and will not be imprisoned in their homes.”

Sign up for our weekly newsletter to get more English-language news coverage from EL PAÍS USA Edition

Seguir leyendo

“Hay una clara relación entre el retorno de los talibanes en 2021 y el aumento del matrimonio infantil, especialmente en los centros urbanos, donde, desde hace dos décadas, hubo una evolución y las familias ya no sentían que tenían que casar a sus hijas cuanto antes, porque las chicas estaban teniendo oportunidades de trabajar y estudiar y también aportaban financieramente al hogar”, explica a este diario Mariam Safi, directora de la Organización de Investigación Política y Estudios sobre el Desarrollo (DROPS), creada en Kabul en 2014, para fortalecer los valores de inclusión y pluralismo en la sociedad afgana, y de la que Bishnaw-Wawra forma parte.

El trabajo de Bishnaw-Wawra aporta una visión de lo que está pasando en el interior de las casas y en los pueblos de Afganistán, donde desde hace dos años realizar encuestas es una misión ardua, sobre todo si se quiere oír la opinión de las mujeres. En agosto de 2023, esta organización logró entrevistar, cara a cara, por videoconferencia y en grupos de discusión a 3.840 afganas. La inmensa mayoría tenía menos de 35 años y, para que la muestra fuera lo más representativa posible, procedían de 23 provincias afganas diferentes y de ámbitos rurales y urbanos.

“Los talibanes prohíben a las jóvenes trabajar en la mayoría de los sectores, estudiar y moverse solas por la ciudad y muchas familias vuelven a sentir el peso y la urgencia de casar a sus hijas cuanto antes. Por eso estamos viendo chicas que se casan cada vez más jóvenes, con 11 y 12 años”, explica Safi.

Los talibanes prohíben a las jóvenes trabajar, estudiar y moverse solas por la ciudad y muchas familias vuelven a sentir el peso y la urgencia de casar a sus hijas cuanto antes

Mariam Safi, Bishaw-Wawra

La responsable apunta que en los foros de discusión de mujeres, el tono sobre lo que las mujeres sufren y ven a su alrededor es aún más crudo y los datos resultan alarmantes. “Las familias se sienten muy inseguras cuando sus hijas comienzan a llegar a una edad y no tienen marido. Los talibanes les acosan y los padres tienen miedo de que un talibán se lleve a su hija para convertirla en su esposa. Entonces prefieren casarlas antes con cualquiera”, agrega.

“Ayer, una chica de 13 años fue obligada a casarse con un hombre de 45. La familia recibió 250.000 afganis (3.000 euros)”, dijo una joven afgana en uno de estos grupos de discusión en septiembre. “La familia decide el matrimonio de la niña cuando son muy pequeñas, sobre todo por miedo a los talibanes y la pobreza”, apuntó otra.

Sin protección

Fawzia Koofi, exparlamentaria afgana conocida por su defensa de los derechos de las mujeres y una de las políticas que participaron en las conversaciones de paz con los talibanes antes de 2021, recuerda que el matrimonio infantil ha sido una práctica habitual en el país, pero en los últimos 20 años se logró “proteger a las mujeres con instituciones, leyes y con presencia femenina en puestos de poder”. “Se creó un ministerio para Asuntos de la Mujer, se redactó una ley contra la violencia... Pero ahora volvió el vacío, no hay ninguna protección. Las familias no ven futuro ni esperanza para sus hijas y las casan. Son niñas, no saben ni siquiera qué está pasando”, afirma en una entrevista con Planeta Futuro.

“Como media, alrededor de una de cada tres chicas se casa antes de cumplir los 18 años en el país y en algunas provincias, donde la práctica siempre ha estado más extendida, una de cada dos niñas se casa antes de cumplir los 18 años”, apunta Fran Equiza, representante de Unicef en Afganistán, basándose en las conclusiones de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) 2022-23 realizada por la organización de la ONU.

En Afganistán, la ley dice que las mujeres pueden contraer matrimonio a partir de los 16. Cuando Bishnaw preguntó a las encuestadas a qué edad se están casando las chicas de su pueblo o comunidad, un 15% dijo que las novias tienen menos de 15 años y un 54% afirmó que tenían entre 18 y 25 años. Cuando se les cuestionó sobre la edad que ellas consideran apropiada para contraer matrimonio, más del 70% opinó que entre 18 y 25 años. Y a la pregunta de cómo reacciona la comunidad si una familia tarda en casar a una hija, un 25% respondió que el clan es mirado de manera negativa y un 21% añadió que la chica es vista como una carga para sus allegados.

Otro de los factores que impulsa el matrimonio infantil es la creciente pobreza, que obliga a familias a vender a sus hijas “de cuatro o cinco años” porque no pueden con todos los hijos que tienen, según Safi. Estas niñas tienen un riesgo altísimo de terminar casadas en cuanto lleguen a la pubertad. “También hay una especie de mercado de dotes, cuanto antes negocies por tu hija, mejor dote podrás tener”, agrega.

“En Afganistán, el peso de la pobreza recae sobre todo en las niñas, ya que el matrimonio infantil persiste especialmente entre las familias con escasos recursos, que a menudo se ven obligadas a intercambiar a sus hijas por dotes para aliviar sus dificultades económicas”, corrobora Equiza, de Unicef. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en el país hay 15 millones de personas, sobre una población total de 43 millones, que dependen de la asistencia humanitaria para comer.

Cadáveres en el río

Bishnaw-Wawra, que en dari y pastún significa “escucha”, comenzó a recolectar opiniones de mujeres en 2020, con el fin de transmitirlas al equipo que negociaba en Doha un acuerdo de paz para Afganistán. En torno a la mesa había miembros del Gobierno y talibanes y también algunas mujeres, como Koofi, que pidieron tener más detalles sobre cuáles eran las prioridades y exigencias de las afganas. Tras el retorno de los talibanes, siguieron trabajando para enviar sus conclusiones a la ONU, la Unión Europea y a países implicados en el futuro de Afganistán. En total, han entrevistado a unas 30.000 mujeres sobre diferentes temas.

“Seguimos publicando estos datos para que, cuando la comunidad internacional tome decisiones sobre ayuda humanitaria, relaciones con los talibanes o un posible reconocimiento de su régimen, tengan en cuenta qué dice la gente, qué quieren las mujeres. Porque ninguna solución podrá sostenerse en el tiempo si la gente de Afganistán no tiene garantizados sus derechos y las mujeres están exigiendo solamente sus derechos básicos fundamentales”, recalca Safi.

Las encuestas realizadas por Bishnaw ven una relación clara entre estas uniones forzadas y el deterioro de la salud mental de las jóvenes, entre las que aumentan las depresiones y suicidios. En marzo, la institución realizó una encuesta sobre este tema en 18 provincias y “un 67% de las más de 2.000 entrevistadas dijo que conocía a chicas que estaban sufriendo algún tipo de problema mental, sobre todo depresión y ansiedad”. “Además, 164 de las entrevistadas dijeron que conocían a otra mujer que se había intentado suicidar. Y estamos hablando de una pequeña encuesta, imaginemos el número real”, alerta Safi.

Según este estudio, la falta de libertad de movimiento y la prohibición de estudiar y trabajar, exceptuando contados sectores como el de la salud, son las decisiones que más han afectado a la salud mental de las afganas. “Pero no conoceremos nunca la magnitud de lo que está pasando. Me cuentan que en mi provincia, Badakhshan, aparecen en el río cadáveres de chicas que se han suicidado”, contó Koofi.

Ninguna solución podrá sostenerse en el tiempo si la gente de Afganistán no tiene garantizados sus derechos y las mujeres están exigiendo solamente sus derechos básicos fundamentales

Mariam Safi, Bishnaw-Wawra

Para Koofi, que desde el exilio aboga por los derechos de las afganas, la educación sigue siendo el arma más poderosa para rescatar a estas niñas. “Es la única esperanza”, insiste. En este momento, esta exparlamentaria gestiona a distancia un centro en el que estudian clandestinamente 200 alumnas de entre 14 y 18 años. Sin diplomas, sin apenas medios y con mucho temor, en sus propias palabras. “Sentimos que para el mundo Afganistán es ya una historia antigua, pero para nosotras es una herida abierta. Necesitamos que haya países que reciban a estas chicas y les ayuden a ir a la universidad. Porque en cuatro años, cuando terminen sus estudios, podrán ayudar a otras, y ¿quién sabe? Tal vez entonces algo haya cambiado en Afganistán”, considera.

Safi denuncia lo que considera la hipocresía de la comunidad internacional, “que contradice sus propios valores” con su inacción en Afganistán. Pero también es pragmática. “Se está creando una situación en la que los talibanes se convertirán poco a poco en un régimen reconocido internacionalmente. Muy bien. Están aquí y se van a quedar, pero al menos, que el mundo use su poder para que eliminen las restricciones contra las mujeres. Porque entonces, mal que bien, podrán vivir sus vidas y no estarán, como ahora, presas en sus casas”.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“No puedo tener la arrogancia de pensar que he escrito un libro sobre la mujer marroquí. He querido contar parte de la historia de mi madre, una mujer llena de contradicciones y de lados oscuros, que se peleaba con las vecinas y manipulaba a mi padre, pero luchaba todos los días por nuestra supervivencia. No es un libro para glorificarla o descifrarla a través de mi mirada”, explica Taia, en una entrevista con este diario en Madrid, con su nueva obra recién llegada a las librerías españolas.

En el relato, el autor se evapora y el lector solo escucha la voz de Malika, “reina” en árabe, una reina tan pobre como fuerte, que grita con violencia y con amor en los tres momentos claves de su vida descritos en el libro, entre finales de los cincuenta y 1999, episodios en los que logra cambiar su mundo y también su destino. Los problemas y las angustias de la madre son las de muchas otras mujeres marroquíes de esa misma generación y de las que vinieron después.

Aunque las mujeres en su vida diaria libran un combate para ser tratadas como merecen, desde el punto de vista político no hay repercusión ni leyes, lo cual permite a la sociedad seguir sometiéndolas

“Las marroquíes vivían y siguen viviendo una injusticia aterradora en mi país. Lo veo a través de mis hermanas y sus hijas. Las historias se repiten. Solo se pone un poco de maquillaje aquí y allá, pero sufren aún profundamente esa inferioridad. Aunque las mujeres en su vida diaria libran un combate para ser tratadas como merecen, desde el punto de vista político no hay repercusión ni leyes, lo cual permite a la sociedad seguir sometiéndolas”, asegura, explicando que este relato nació en su cabeza en 2010, durante el funeral de su madre, cuando se enteró de detalles hasta entonces desconocidos del pasado de Malika.

El libro traslada al mundo de Taia: un Marruecos rural, pobre, misógino y homófobo que en ningún momento se endulza, pese a su prosa impregnada de ritmo, sabores y colores. El lector viaja a una aldea cercana a la ciudad de Beni Melal, a Rabat y finalmente a Salé, su lugar de nacimiento. Taia, que vive en París desde hace más de 20 años, asegura que, para bien o para mal, no tendría “la energía necesaria” para anclar sus relatos en algo ajeno a ese universo, que sigue siendo el suyo, pese a la distancia física. “Escribo sobre el mundo en el que he vivido porque no existe en la literatura. Es el mundo pobre, de los abandonados, de los gais, las lesbianas y las prostitutas. Hablo también de las personas que llevo en el corazón y en la cabeza. No los quiero hacer salir de su mundo, convertirlos en algo exótico o usar el tono de alguien que viene a liberarlos. Al contrario, quiero mostrar su verdad total. Mis libros solo transforman sus vidas en palabras”, explica.

Pero un abismo separa las calles de tierra de Salé de la editorial parisina que publica sus obras, pese a que Taia recalca que huye del regusto “burgués” que rezuma la literatura que le rodea. “No trabajo sentado en un escritorio maravilloso ni busco inspiración en el museo del Louvre. Eso no tiene nada que ver con mi vida. Soy consciente de que es muy raro que alguien como yo consiga escribir y que un editor le publique en Francia”.

La censura y el miedo

Vivir a tu luz es conscientemente un libro muy político, donde, como ocurre en otras novelas de Taia, se critica directa y ferozmente el colonialismo, que puede terminar oficialmente, pero no se eclipsa de las cabezas de las personas, y a un poder alejado del pueblo, en la figura de un rey agonizante, Hassan II, y a través del homenaje al disidente Mehdi Ben Barka, asesinado en París en 1965 por agentes cercanos al monarca.

Marruecos hace daño, admite el autor. Y duele sobre todo en este momento, tras el terremoto que causó el 8 de septiembre cerca de 3.000 muertos y devastó la región del Alto Atlas. “Es tristísimo ver ese Marruecos de los abandonados, tal vez aún más pobre que el que yo viví, que en 2023 paga el precio más alto de este terremoto. Me devasta el corazón. Me siento culpable. Ojalá el Gobierno no se olvide de ellos”, piensa en voz alta.

En 2006 no tenía ni un solo amigo gay o lesbiana en Marruecos. Ahora hay una nueva generación que no va a esperar que el poder cambie la mirada y la ley y decide vivir su vida

Por estar tan cerca de su vida real, Taia asegura que en sus libros siempre hay una dosis de valor y de miedo. Vivir a tu luz le ha supuesto, por ejemplo, problemas con miembros de su familia, que sienten que la imagen del clan se ve ensuciada cuando detalla momentos del pasado de su madre. “Empiezo a escribir y siento la presencia invisible de mi hermano mayor, de mi tío y de mis hermanas, mirándome por encima del hombro. En mi cabeza les escucho preguntar: ‘¿Vas a publicar eso? ¿Por qué cuentas tal cosa?’ La censura que instala el poder se manifiesta en ellos, en su miedo, y hay que luchar contra eso, abstraerse y escribir”.

Porque Taia asegura que él también tiene miedo, sobre todo desde que asumió públicamente que era gay, en 2006, cuando ya gozaba de un cierto reconocimiento en Francia y en Marruecos. Celebra que, desde entonces, la mentalidad de sus compatriotas ha evolucionado, aunque las leyes, que siguen penalizando hasta con tres años de cárcel la homosexualidad, no acompañen por ahora estos avances sociales.

“He recorrido este camino solo. En 2006 no tenía ni un solo amigo gay o lesbiana en Marruecos. Ahora hay una nueva generación que no va a esperar a que el poder cambie la mirada y la ley y decide vivir su vida. Pero necesitamos un hombre o una mujer, que esté en el mundo político, que asuma la causa LGTB y nos ayude. Por ejemplo, Nabila Mounib, secretaria general del Partido Socialista”, cita.

En Vivir a tu luz Malika también se pronuncia sobre la homosexualidad. Es una madre llena de rabia con una opinión sobre su hijo gay que hiere y sorprende. “Pero tiene sus razones. Siente que Francia le arrebató a su primer marido, muerto en combate en Indochina, y no va a permitir que le quite a su hija, a la que una familia francesa quiere contratar como sirvienta, ni tampoco acepta que su hijo homosexual migre a París, creyendo que Francia es la libertad, porque para ella, Francia nunca será la libertad”, explica el autor.

Pese a que la relación con su madre no es idílica ni especialmente cómplice, Taia recalca que es escritor gracias a su influencia. “La veía negociar permanentemente en su vida diaria: con mi padre, con las personas a las que les debíamos dinero, con quienes nos vendían comida... Hablaba mucho, fuerte y sin miedo y encontraba finalmente las palabras justas. En todos mis libros hay una voz que cuenta y un cierto tono y un estilo que creo que se lo debo a ella”.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

His testimony is one of more than 40 collected by the NGO Human Rights Watch (HRW) in a report published this Thursday in which they denounce that “though most ships were originally owned by European, East Asian, and Southeast Asian companies, the final destination for over 80 percent of all end-of-life ship tonnage is one of three beaches in South Asia: Chattogram in Bangladesh, Alang in India, and Gadani in Pakistan.” The owners of these ships evade international legislation to carry out a process that is cheaper, but unsafe for the environment and for the workers — of whom an estimated 13% are children, reports the NGO.

HRW (which prepared this study in partnership with the NGO Shipbreaking Platform, which provided expert analysis and additional investigations tracking ship movements and transactions) estimates that 30 yards currently operate in Bangladesh, dismantling dozens of ships. “It is a very profitable industry for Bangladesh, especially because much of the recycled steel from the ships is later sold within the country,” explains Julia Bleckner, main researcher of the HRW report, to EL PAÍS. It is a business that, according to the data that was collected for the report, contributes an estimated $2 billion to the country’s economy.

To explain this phenomenon, HRW follows the journey of one of these ships, called the Max, which belonged to the Greek shipping company Tide Line Inc and in the summer of 2021 ended up in Bangladesh, at the Arefin Enterprise shipbreaking yard, which buys boats at the end of their life cycle and dismantles them to sell the metal and other materials. The European Union Waste Shipment Regulation (EUWSR) prohibits the shipment of waste from European Union waters to countries that do not belong to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Tide Line Inc — like many European shipping companies — avoided these regulations by selling the Max to a scrap dealer before it was technically considered waste. The new owner took it out of EU waters and placed on it a flag of the Comoros Islands, which are not part of the EU, when the ship was sent for scrapping.

The EU Ship Recycling Regulation (SRR) only applies to ships flagged by an EU state, a rule that companies take advantage of to avoid the legislation. “What European companies do is sell the ship to other companies that then place the so-called flags of convenience,” that is, that of a country other than its owner, explains Bleckner. In addition to the Comoros Islands, there are other nations that are willing to place their flags on these ships; states with no specific regulations for this industry, such as Panama, Liberia, the Marshall Islands or Hong Kong, whose flags fly on more than half of the world’s fleet. Meanwhile, the top ship-owning countries are Greece, China, Japan, Germany and Norway, according to HRW.

Since 2018, the European Union requires all EU-flagged ships to be recycled in a facility approved by the bloc, which is regularly and independently audited to verify compliance with rules on environmental protection and worker safety. None of the shipbreaking yards of Bangladesh have been approved by the Brussels commission audit. “One of the recommendations that we have made to the EU is that this requirement not be applied to the flag of the ships, but rather to the origin of the ship itself,” says the researcher. This would make it illegal for a ship of European origin to be dismantled in this type of yard.

Working barefoot

The frequent injuries and deaths of workers have not deterred many companies from sending their ships to this Asian country, notes the report, for which HRW interviewed two doctors who work in Chattogram and eight experts in ship dismantling and recycling and in the environmental and labor legislation of Bangladesh.

“Labor in Bangladesh’s shipbreaking industry is largely informal, unregulated, and rarely subject to occupational health and safety inspections or controls,” states the investigation. According to HRW, workers at many of the country’s shipbreaking yards cut wires and pipes, blast through ship hulls with blowtorches, climb multiple stories and haul scrap metal, often without adequate protective gear. “Many are killed and seriously injured by explosions, are crushed by falling chunks of steel, and are burned by flammable gases, liquids and other materials in the ships.”

“It feels risky because I know there is no safety for the workers anywhere in this sector. But I have to keep working in the yards, because if I stay at home, who will give me food?” reflects Aarul, 39, who fell from a height of 20 feet while he was working, broke his leg and lost five teeth.

Sohrab, 27, has been working in a shipbreaking yard for eight years. His job is to carry oxygen cylinders weighing approximately 265 pounds each from the ships to the coast. “I only make 200 taka [$1.80] per day, so I cannot afford gumboots that cost 800 taka [$7.25]. I work barefoot. If I ask for safety equipment, the company owners say, ‘if you have a problem, then leave.’”

Many shipbreaking workers are minors. A 2019 survey of Bangladesh shipbreakers estimated that 13% percent of the workforce are children, a finding confirmed by a large number of those interviewed for the HRW report, who said that they started working when they were children. The researchers noted, however, that this figure climbs up to 20% during illegal night shifts. “Child labor is absolutely prohibited in Bangladesh, but this industry is very unregulated, very informal,” condemns Bleckner, who demands that the Bangladeshi government comply with the laws. Specifically, this job “is considered one of the most dangerous for children,” she laments.

For the report, HRW tried to gather testimony from 12 shipping or shipbreaking companies, six flag agencies and three shipbreaking yards, as well as the International Maritime Organization (IMO) and several institutions in Bangladesh, including the Department of Environment, the Ministry of Industries, the Ministry of Labor and Employment and the Bangladesh Ship Recycling Board. It only received responses from the IMO and the shipowning companies AP Moller-Maersk A/S and Novonor and the shipbreaking company Best Oasis Ltd, which requested that its response not be included in the report.

Specifically, the Danish AP Moller-Maersk A/S and the Brazilian Novonor gave explanations regarding the sale of a ship they shared ownership of, the North Sea Producer. This ship was used for 17 years to process oil from the U.K. continental shelf of the North Sea and was sold in 2016 to Dubai-based Global Marketing Systems (GMS), which boasts of having acquired almost half of all the ships that were dismantled in South Asia in 2020. The vessel ended up in a Bangladesh shipbreaking yard. However, local NGOs, particularly the Bangladesh Environmental Lawyers’ Association, pushed for an investigation and found that the radiation levels coming from the ship were “dangerously high.” A judge stopped the scrapping.

“The North Sea Producer was sold and transferred to a buyer in April 2016 on an ‘as is, where is’ basis, whereby the buyer took over operational and legal responsibility for the unit,” the Danish firm stated to avoid responsibilities. Nonetheless, the company explained that it has since stopped selling ships to be scrapped in Bangladesh. Meanwhile, Novonor responded that the purchasing company — which never replied to HRW — clearly failed to comply with the sale contract that required it to observe the environmental legislation. “Shipping companies need to be transparent with the process they follow” when the life cycle of their ships comes to an end, Bleckner claims.

Sign up for our weekly newsletter to get more English-language news coverage from EL PAÍS USA Edition

Seguir leyendo

Para Donato Ndongo, escritor y periodista de Guinea Ecuatorial, se sigue informando sobre África de manera vaga, estereotipada y con gran desconocimiento de la realidad de los países. “Los movimientos que estamos viendo actualmente en África, imprevistos para los europeos, eran previsibles para los africanos e incluso tardaron en llegar. La agitación actual no se produciría si el africano sintiera que los beneficios de sus recursos naturales repercuten positivamente en sus vidas”, dijo durante el IV Encuentro de Periodistas África-España, organizado por Casa África y el Ministerio de Asuntos Exteriores español, con la colaboración de la Fundación Anesvad y Fundación ‘la Caixa’.

Según este veterano periodista, el analfabetismo, el déficit sanitario o la falta de infraestructuras que provocan en muchos casos las protestas o las sublevaciones que se han visto recientemente en países como Senegal, Níger, Malí o Sudán tienen su origen en la “explotación inadmisible que no cesó con las independencias”, pero a menudo se pasan por alto en las noticias. “Independencias ficticias que crearon Estados sin soberanía, donde se primó la estabilidad en lugar de la libertad y por gobiernos que son un estorbo para la convivencia y el desarrollo”, agregó.

Los movimientos que estamos viendo actualmente en África, imprevistos para los europeos, eran previsibles para los africanos e incluso tardaron en llegar

Donato Ndongo, periodista

La desinformación, coincidieron muchos de los ponentes, tiene también una gran influencia en los problemas sociales que explotan en el continente y “luchar contra ella” permite atajarlos, pero hacen falta soluciones propias, pidió Caroline Anipah, directora en Ghana del medio de verificación Dubawa. “Sabemos que hay mucha información falsa en las redes sociales, pero tampoco en África la penetración de las redes sociales es tan alta; hay todavía mucha gente que sigue informándose a través de la televisión y la radio”.

Para Ndongo, Europa y su prensa “siguen sin escuchar las necesidades africanas”, que resumió en tres: libertad, desarrollo y dignidad, y se muestran cada vez “más esquiva y alejada” de las preocupaciones del continente.

Informar con contexto y matices

¿Cómo se puede informar de África si no hay africanos en las tertulias, si las editoriales “relegan a los autores del continente a un gueto” o si las universidades europeas apenas prestan atención a la cultura africana? Esto se preguntaron también los asistentes, subrayando que entre las razones para informar más y mejor sobre esta región del mundo está que en 30 años una de cada cuatro personas será africana.

Durante el encuentro, se analizaron las fuentes a las que se recurre en los medios, la inversión, a menudo escasa, que se hace en corresponsales o colaboradores fijos en África desde los medios de comunicación españoles y también los temas elegidos, que pocas veces se alejan de la migración, seguridad alimentaria o salud global.

Según Tobi A. Oluwatola, director del Centro para la innovación y el desarrollo del periodismo en Nigeria, las cuestiones africanas que más aparecen en la prensa española son malas noticias o temas que muestran una realidad negativa. “Necesitamos elevar la calidad del diálogo y de las historias periodísticas sobre África en Europa, donde se publican análisis rápidos que hacen énfasis en lo negativo, privando a la gente de África de dignidad, muchas veces. Necesitamos informar con más respeto, contexto y matices”, dijo.

Dani Madrid-Morales, experto en desinformación y doctor de la Universidad de Sheffield, apuntó que las potencias extranjeras luchan por imponer su narrativa en el espacio comunicativo africano. “La información se ha convertido en una mercancía por la que luchan” países como Rusia, China, Turquía o Estados Unidos, subrayó.

“¿No se informa porque no interesa o no interesa porque no se informa?”, se preguntaron los asistentes. “¿Dónde está la gente real: los sindicalistas, la vanguardia artística y las mujeres africanas?”, insistieron.

¿Sabemos reflejar el ímpetu de una juventud africana cada vez más conectada a internet que no se identifica con el país de sus padres?

Alicia Rico, MAE

Eva Trindade, periodista mozambiqueña, rema a contracorriente para mostrar en su programa en la televisión un rostro desconocido de su país, incluso para sus propios conciudadanos. “En mi país, cuando las mujeres aparecen en los medios de comunicación, solo son testigos o víctimas. De violencia, pobreza, cambio climático. Pero nunca se habla de mujeres líderes, mujeres con poder. Yo lo hago en mi programa, donde también hablo de leyes que ya tenemos y son desconocidas para el gran público y afectan a las mujeres, como una ley contra la violencia doméstica o contra el matrimonio infantil”, dijo.

El periodista español Jaume Portell, que acaba de publicar Per què no es queden a l’Àfrica (Por qué no se quedan en África, Aledis Editorial) ha invitado a cambiar las preguntas que se plantean cuando se informa sobre el continente. “Mi pregunta no es qué haría África sin Europa, sino qué haría Europa sin África”, lanzó invitando también a reflexionar sobre lo que ocurriría si los países africanos productores de petróleo comenzaran a industrializarse. “Hasta cierto punto, necesitamos que ellos estén así”, agregó.

En la misma línea, Alicia Rico, directora para África del Ministerio de Asuntos Exteriores, insistió en que se necesita “una nueva mirada” porque la realidad africana cambia rápidamente. “¿Sabemos reflejar el ímpetu de una juventud africana cada vez más conectada a internet que no se identifica con el país de sus padres? Un 70% de la población africana nació después de las independencias”, apuntó la responsable.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“We have had no evidence, no data, nor is there any public information on indemnities or compensation to these former detainees who suffered torture and multiple humiliations. There may have been some kind of reparations made under the table, but we are not aware of this either. We have approached the U.S. government for information, but have not heard back from them,” Sarah Sanbar, HRW’s Iraq researcher and co-author of the report, told EL PAÍS.

“And anyone who has been to Baghdad knows that an Iraqi cannot knock on the door of the United States embassy and say that he is coming to file a complaint against the army. On top of that, these are people who left Abu Ghraib stigmatized, where it was known that the prisoners suffered sexual violence, and many opted for silence when they regained their freedom,” she added.

To support its conclusions, between April and July 2023, HRW spoke with Taleb al-Majli, an Iraqi who was imprisoned at Abu Ghraib for more than a year; three other former detainees who wanted to remain anonymous; a former U.S. lawyer who worked in Baghdad; a former member of the Iraqi High Commission for Human Rights and other humanitarian organizations specialized in the issue of torture. The organization also examined U.S. government documents and questioned authorities about compensation.

According to military figures, some 100,000 Iraqis were arrested by U.S. troops and their allies in Iraq between 2003 and 2009. After the fall of Baghdad, the Abu Ghraib prison, 18 miles from the capital, fell into the hands of the international coalition. The prison — which was used by Saddam Hussein’s regime to torture political prisoners — became a symbol of how the U.S. army humiliated, tortured and abused their power with Iraqi prisoners. Photos of the atrocities at the Abu Ghraib prison were leaked in 2004, and sent shockwaves across the world. Al Majli claims to be in one of the prisoners in the human pyramid of naked and hooded prisoners next to two smiling American soldiers. “Two American soldiers, one male and one female, ordered us to strip naked,” al-Majli told HRW. “They piled us prisoners on top of each other. I was one of them.”

“His story is credible. This man has documents that show that he was imprisoned in Abu Ghraib at that time, he knows the prison inside out, he cites in detail events that took place at that time,” said Sanbar.

According to a report by the International Committee of the Red Cross (ICRC), based on statements by U.S. military intelligence officers, between 70 and 90% of people detained by the international coalition in Iraq in 2003 were arrested by mistake. This was the case of al-Majli, who was released without charges in March 2005. “We were completely powerless. I was tortured by police dogs, sound bombs, live fire, and water hoses,” he told HRW.

To this day, al-Majli remains physically and psychologically scarred by this abuse, which included sexual violence. In prison, he began biting his hands and wrists from stress and continues to do so to this day, as HRW researchers were able to verify. “It destroyed me and it destroyed my family,” he said. “They stole our future from us.”

For two decades, al-Majli has sought some form of redress. First he went to the Iraqi Bar Association, but they did not accept his case, then he went to the Iraqi High Commissioner for Human Rights, but was also turned away. The prisoner explained that he did not know how to contact the U.S. military to raise a claim. In June 2023, HRW wrote to the U.S. Department of Justice, but did not receive a response nor could he find any legal pathway for al-Majli to make a formal complaint.

“We are asking the U.S. government to open a pathway for these survivors to bring their case to the appropriate authorities, in total transparency, and to access compensation,” said Sanbar.

“A few bad apples”

In 2004, the then-president of the United States, George W. Bush, apologized for the “humiliations suffered by the Iraqi prisoners” at Abu Ghraib. He said “a few bad apples” were to blame for the abuse, and promised that the survivors would receive compensation.

But Sanbar argues that “torture was a systematic practice. “There was a general climate and decisions made at the top that allowed these acts,” she told EL PAÍS.

Abu Ghraib and the Iraqi prisons run by the United States were one of several Central Intelligence Agency (CIA) “black sites” around the world, according to HRW. In these sites, “U.S. forces, intelligence agents, and contractors carried out torture and other ill-treatment, or so-called enhanced interrogation techniques,” the report stated, citing Afghanistan and Guantánamo as the clearest examples besides Iraq.

HRW is calling on the U.S. to investigate allegations of torture and other abuses against people detained by the United States abroad. “U.S. authorities should initiate appropriate prosecutions against anyone implicated, whatever their rank or position. The U.S. should provide compensation, recognition, and official apologies to survivors of abuse and their families,” it said.

HRW reports in 2005 and 2011 provided evidence justifying the investigation of senior members of the U.S. administration for their role in interrogations and detentions in Iraq, including Bush, his vice president Dick Cheney, then-defense secretary Donald Rumsfeld (now deceased), and the CIA director George Tenet.

“Every U.S. administration from George W. Bush to Joe Biden has rebuffed efforts for meaningful accountability for torture,” the HRW report concluded.

In the years following the Abu Ghraib scandal, U.S. Congress passed the Detainee Treatment Act, which prohibits subjecting anyone in U.S. custody or control, “regardless of nationality or physical location,” to “cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment.” In 2009, then-president Barack Obama rescinded all Bush-era memos allowing torture. In August 2022, the Pentagon published an action plan to reduce harm caused to civilians in U.S. military operations, but it did not include mechanism for reviewing past instances of civilian harm that have gone unaddressed.

Criminal investigations

Between 2003 and 2005, the U.S. Army Criminal Investigation Division (CID) opened at least 506 investigations into alleged abuses against people in the hands of U.S. and other coalition forces in Iraq, according to a Department of Defense document reviewed by HRW. A total of 38 of those investigations confirmed the allegations or the guilt of the accused, and 97 U.S. soldiers were sanctioned. But only 11 were referred to a court martial to face criminal charges, and only nine served prison sentences. The HRW report also found that “there is no public evidence that any U.S. military officer has been held accountable for criminal acts committed by subordinates under the doctrine of command responsibility.”

Some Iraqi victims also attempted to seek compensation via the U.S. Foreign Claims Act (FCA), intended for foreign nationals. But it has a clause that excludes reparations in combat contexts. What’s more, claims have to be filed within two years from the date of the alleged harm. The HRW said it was unable to find evidence of reparation being made under this law for the abuses suffered by Iraqi prisoners 20 years ago.

Jonathan Tracy, a former U.S. military lawyer who reviewed claims in Iraq in 2003, told Human Rights Watch that he did not know of any Foreign Claims Act payments to torture survivors by the Army. “If any of the survivors received a payment, I would doubt the Army would have wanted to use Foreign Claims Act money because it could be interpreted as an admission on the government’s part,” he said.

Until now, the only lawsuits that have been able to advance have been directed against military contractors, such as CACI, a company hired by the U.S. government to interrogate prisoners in Iraq, specifically in Abu Ghraib. CACI has tried to dismiss the case 18 times, but a trial appears increasingly likely, after a federal judge rejected the company’s latest motion last July.

Sign up for our weekly newsletter to get more English-language news coverage from EL PAÍS USA Edition

Seguir leyendo

“No hemos tenido pruebas, ni datos, ni existe ninguna información pública sobre indemnizaciones o compensaciones a estos exdetenidos que sufrieron torturas y múltiples vejaciones. Puede que haya habido algún tipo de reparación que se haya hecho por debajo de la mesa, pero tampoco nos consta. Nos hemos dirigido al Gobierno estadounidense para pedir información, pero no nos han respondido”, explica a este diario Sarah Sanbar, investigadora para Irak en HRW y coautora del informe.

“Y quien ha estado en Bagdad, sabe que un iraquí no puede llamar a la puerta de la embajada de Estados Unidos y decir que viene a presentar una denuncia contra el ejército. A eso se suma que son personas que salieron estigmatizadas de Abu Ghraib, donde se sabía que los presos sufrían violencia sexual, y que muchos optaron por el silencio al recuperar la libertad”, agrega la experta.

Para justificar sus conclusiones, entre abril y julio de 2023, la ONG ha hablado con Taleb al-Majli, un iraquí que estuvo preso más de un año Abu Ghraib; con otros tres exdetenidos que quisieron permanecer en el anonimato; con un exabogado estadounidense que trabajó en Bagdad; con un exmiembro de la Alta Comisión de Derechos Humanos de Irak y con otras organizaciones humanitarias especializadas en el tema de la tortura. También examinó documentos del Gobierno estadounidense y cuestionó a responsables sobre las indemnizaciones.

Según un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), basado en declaraciones de oficiales de inteligencia militar estadounidense, entre el 70 y el 90% de las personas detenidas por la coalición internacional en Irak en 2003 fueron arrestadas por error.

Según cifras militares, unos 100.000 iraquíes fueron arrestados por las tropas de Estados Unidos y sus aliados en Irak entre 2003 y 2009. La prisión de Abu Ghraib, a 30 kilómetros de Bagdad, que el régimen de Sadam Husein usó para torturar a prisioneros políticos, quedó después de la caída de la capital a manos de la coalición internacional, asociada a las vejaciones, torturas y abusos de poder del ejército estadounidense con los presos iraquíes. Unas fotografías publicadas en 2004 dieron la vuelta al mundo y revelaron estas atrocidades. Al Majli asegura estar en una de esas duras imágenes, la pirámide humana de presos desnudos y encapuchados junto a dos soldados estadounidenses sonrientes. “Dos soldados estadounidenses, un hombre y una mujer, nos ordenaron que nos desnudáramos. Nos amontonaron a los prisioneros unos encima de otros. Yo era uno de ellos”, describió a los investigadores de HRW.

“Su relato es creíble. Este hombre tiene documentos que muestran que estuvo preso en Abu Ghraib en ese momento, conoce al dedillo la prisión, cita con detalle eventos que tuvieron lugar en esa época”, afirma Sanbar.

Según un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), basado en declaraciones de oficiales de inteligencia militar estadounidense, entre el 70 y el 90% de las personas detenidas por la coalición internacional en Irak en 2003 fueron arrestadas por error. Fue el caso de este hombre, liberado sin cargos en marzo de 2005. “Estábamos completamente indefensos (...) Me torturaron con perros policía, bombas de sonido, munición real, agua a presión”, explicó Al-Majli a HRW.

Al-Majli arrastra hasta hoy secuelas físicas y psicológicas de estas vejaciones, que incluyeron violencia sexual. En la cárcel comenzó a morderse las manos y las muñecas del estrés y lo sigue haciendo hasta hoy, como pudieron comprobar los investigadores de HRW. “La prisión nos destruyó a mí y a mi familia. Nos robaron nuestro futuro”, lamenta.

Durante dos décadas, al-Majli ha buscado algún tipo de reparación. Primero acudió al Colegio de Abogados iraquí, pero no aceptaron su caso, después se dirigió al Alto Comisionado Iraquí para los Derechos Humanos, pero también fue en vano. El expreso explicó que no sabía cómo ponerse en contacto con el ejército estadounidense para presentar una reclamación. En junio de 2023, HRW hizo varios contactos en su hombre, pero no recibió respuesta ni pudo encontrar ninguna vía legal para que al-Majli haga una denuncia formal.

“Pedimos al Gobierno de Estados Unidos que abra una vía para que estos supervivientes puedan hacer llegar su caso a las instancias procedentes, en total transparencia, y accedan a una compensación”, reclama Sanbar.

Unas pocas manzanas podridas

En 2004, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, se disculpó por la “humillación sufrida por los prisioneros iraquíes” en Abu Ghraib, consideró que esos actos innobles eran obra de unas “few bad apples”, literalmente unas pocas manzanas podridas, al tiempo que prometió que serían compensados.

“No. La tortura era una práctica sistemática. Había un clima general y unas decisiones tomadas bien arriba que permitieron estos actos”, insiste Sanbar.

Abu Ghraib y las prisiones iraquíes gestionadas por Estados Unidos son solo un capítulo de los “lugares negros de la de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en todo el mundo”, según HRW. En esos lugares, “las fuerzas estadounidenses, los agentes de inteligencia y los contratistas llevaron a cabo torturas y otros malos tratos, llamadas técnicas de interrogatorio mejoradas”, sostiene HRW, que cita Afganistán y Guantánamo como los más claros ejemplos además de Irak.

Pedimos al Gobierno de Estados Unidos que abra una vía para que estos supervivientes puedan hacer llegar su caso a las instancias procedentes, en total transparencia, y accedan a una compensación

Sarah Sanbar, HRW

Por ello, la ONG pide que se investiguen las denuncias de tortura y otros abusos contra personas detenidas por Estados Unidos en el extranjero y se “emprendan las acciones judiciales pertinentes contra todos los implicados, sea cual sea su rango o cargo”.

Informes de HRW en 2005 y 2011 suministraron pruebas que justificaban la investigación de altos miembros del Gobierno por su papel en estos interrogatorios y detenciones en Irak, incluidos Bush, su vicepresidente Dick Cheney, el entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld (ya fallecido) y el director de la CIA, George Tenet.

“Todas las administraciones estadounidenses, desde George W. Bush hasta Joe Biden, han rechazado los esfuerzos de rendición de cuentas por la tortura”, zanja el informe de HRW.

En los años que siguieron al escándalo de Abu Ghraib, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Tratamiento de Detenidos, que prohíbe someter a cualquier persona bajo custodia o control estadounidense, “independientemente de su nacionalidad o ubicación física”, a “tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes”. En 2009, el entonces presidente Barack Obama anuló todos los memorandos que permitían la tortura. En agosto de 2022, el Pentágono publicó un plan de acción para reducir los daños causados a civiles en operaciones militares estadounidenses, pero no incluye ninguna vía para recibir indemnizaciones por casos anteriores de daños a civiles.

La responsabilidad de mando

Entre 2003 y 2005, la División de Investigación Criminal (CID) del ejército estadounidense abrió al menos 506 investigaciones sobre presuntos abusos contra personas en manos de las fuerzas estadounidenses y de otras fuerzas de la coalición en Irak, según un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos revisado por HRW. Un total de 38 de esas investigaciones confirmaron las denuncias o la culpabilidad de los acusados y 97 soldados estadounidenses fueron sancionados. Pero solo 11 fueron enviados ante un consejo de guerra y únicamente nueve de ellos cumplieron penas de cárcel. HRW afirma que tampoco existen “pruebas públicas de que se haya responsabilizado a ningún militar estadounidense de delitos cometidos por sus subordinados en virtud de la doctrina de la responsabilidad de mando”.

Algunas víctimas iraquíes también intentaron solicitar una indemnización vía la Ley de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos (FCA, por sus siglas en inglés), prevista para los no estadounidenses. Pero tiene una cláusula que excluye reparaciones en contextos de combate y, además, prevé un plazo de dos años tras los hechos que se denuncian. HRW no tiene constancia de esta instancia haya favorecido el pago de ninguna indemnización a detenidos que sufrieron abusos en Irak en estos 20 años.

Jonathan Tracy, exabogado militar estadounidense que se ocupó de analizar reclamaciones en Irak en 2003, dijo a Human Rights Watch que no sabía de ningún pago en virtud de la Ley de Reclamaciones Extranjeras a supervivientes de torturas por parte del Ejército. Y probablemente no exista, ya que “podría interpretarse como una admisión por parte del Gobierno”.

Hasta ahora, las únicas demandas que han podido avanzar se han dirigido contra contratistas militares, uno de ellos contra CACI, empresa contratada por el Gobierno estadounidense para interrogar a prisioneros en Irak, concretamente en Abu Ghraib. CACI ha intentado desestimar el caso 18 veces, pero el juicio parece cada vez más probable, tras el rechazo de la última moción presentada por la compañía por parte de un juez federal el pasado julio.

Puedes seguir a Planeta Futuro en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“Pedimos al mundo que nos ayude en este tercer invierno difícil, tras el retorno de los talibanes al poder, porque nos arriesgamos a perder todos los avances realizados en los últimos 20 años. Abandonar a la gente de Afganistán ahora significaría perder toda la inversión que hicimos”, explica en una entrevista con este diario Philippe Kropf, del equipo del PMA en Kabul.

Desde el retorno de los talibanes al poder en Kabul, en agosto de 2021, tras la retirada de las tropas internacionales del país, la economía retrocedió de manera alarmante y la situación humanitaria se deterioró muy rápido. Las decisiones de los fundamentalistas de prohibir estudiar a las niñas mayores de 12 años, cerrarles las puertas del mercado laboral e invisibilizarlas socialmente provocó la repulsa mundial y también redujo la ayuda externa. A ello se sumaron fuertes sequías que han afectado gravemente a las cosechas del país, muy castigado por el cambio climático. El mantenimiento de la ayuda de la ONU, vía varias de sus agencias, ha evitado que el colapso del país sea total. “Pero es muy doloroso mirar a una afgana a los ojos y decirle que el mundo no está dando suficiente dinero para que ella pueda comer”, afirma Kropf, explicando que los trabajadores del PMA explican con altavoces en cada distribución de víveres por qué no hay comida para todos, y también acuden a las radios comunitarias a informar de la situación que atraviesan.

“Hace dos semanas estuve en una distribución el distrito Waján, en la provincia de Badakhshan, una de las áreas que se verá aislada por el invierno. Allí vemos abuelos que nos dicen que no comen para que sus nietos puedan comer. Esto está pasando en todo el país”, agrega el responsable de esta organización de la ONU en una videollamada desde Kabul.

En marzo, el PMA ya redujo en un 25% el volumen de raciones entregadas a los afganos que se encuentran en situación de urgencia humanitaria. Semanas después, dejó de prestar ayuda a ocho millones de personas y a principios de este mes, a otros dos millones. “El otro día, dos mujeres vinieron a preguntarme por qué ya no recibían ayuda, por qué sus familias ya no están en la lista. Esos son los momentos más duros, las conversaciones más difíciles. Son personas a las que nuestros cálculos les dan igual y al final les tienes que decir: ‘Lo siento, pero no estás lo suficientemente mal como para que te demos comida”, detalla el responsable.

La asistencia alimentaria en el país beneficia actualmente a tres millones de personas, frente a los 13 millones atendidos por el PMA hace algunos meses

¿Cómo se elige a quién dejar fuera de las listas de beneficiarios? “Con total imparcialidad”, responde, explicando que se analiza minuciosamente cada distrito y su situación de inseguridad alimentaria, así como el estado de las cosechas y las previsiones meteorológicas. “Nos encontramos situaciones en las que sabemos que la gente está pasando hambre, pero menos que en otros lugares, y por eso nos vemos obligados a cortarles la ayuda. Tenemos distritos en los que hay que entregar comida antes de que empiece el invierno porque se van a quedar aislados por la nieve y el hielo y habrá hambruna y desnutrición”, explica.

El PMA estima que en Afganistán hay en este momento 15 millones de personas, sobre una población total de 43 millones, que dependen de la asistencia humanitaria para comer. Por ello, solicita 1.000 millones de dólares (aproximadamente 935 millones de euros) para atender a un total de 21 millones de afganos en los próximos seis meses en sus programas de ayuda de emergencia, lucha contra la desnutrición y campañas de alimentación en las escuelas. Su petición coincide con la Asamblea General de la ONU que se celebra esta semana en Nueva York y en la que líderes de todo el mundo debaten sobre los desafíos más urgentes del mundo, entre ellos el hambre.

En el cauto discurso del portavoz del PMA se entrevé la dificultad de trabajar en Afganistán en este momento y se adivina que el trabajo de las agencias de la ONU y de ONG es como caminar en la cuerda floja. Para encontrar, por ejemplo, la manera de seguir atendiendo directamente a las mujeres y niñas o de sortear la prohibición de que las afganas trabajen, incluyendo en las entidades humanitarias, cuando es sabido que solo ellas pueden llegar a la población del sexo femenino que necesita ayuda. “Hacemos los repartos de ayuda en filas separadas. Esta mañana, por ejemplo, en un reparto, el 70% eran hombres. Las mujeres, la mayoría viudas, pasan primero”, describe Kropf.

La vida de 24 millones de personas, en juego

Los recortes realizados en Afganistán por el PMA, organización que recibió el Premio Nobel de la paz en 2020, presente en 120 países, implican que también se ha dejado fuera del circuito de reparto de ayuda a 1,4 millones de embarazadas, madres primerizas y sus hijos, que ya no reciben complementos y alimentos especialmente enfocados en luchar contra la desnutrición.

Tenemos distritos en los que hay que entregar comida antes de que empiece el invierno porque se van a quedar aislados por la nieve y el hielo y habrá hambruna y desnutrición

Philippe Kropf, Philippe Kropf, portavoz del Programa Mundial de Alimentos en Kabul

“Las embarazadas y las madres que amamantan y los lactantes tienen necesidades especiales. Una madre desnutrida dará a luz a un niño que tendrá debilidades desde el momento en que respire. Por eso intentamos evitarlo con suplementos a familias especialmente en riesgo, pero estos recortes financieros van a tener sin duda un impacto serio en la desnutrición, que aumentará en los próximos meses”, prevé.

En Afganistán, el PMA reparte dinero y comida, dependiendo de la zona donde se preste la asistencia. En Kabul, por ejemplo, se da dinero en efectivo para que las familias prioricen por lo que necesitan, ya que hay mercados abiertos. En otros lugares más recónditos se entregan paquetes con varios kilos de harina, aceite y legumbres, suficientes para que una familia de siete personas se mantenga durante dos semanas. ¿Y las otras dos semanas? “Nada”, responde Kropf. “En una distribución de ayuda en Kabul, las familias recibían dinero para comprar alimentos y hubo mujeres que nos contaron que estaban endeudadas porque estaban pidiendo préstamos para comprar comida e iban a usar este dinero para devolverlo. Con suerte les iba a sobrar algo para comprar un poco de harina y aceite. Y estas son las personas afortunadas, las que reciben algo”, explica.

Desde agosto de 2021, el PMA ha podido atender a 23 millones de personas, lo que muestra, según sus responsables, que el mundo “no ha olvidado a los afganos”. La organización de la ONU confía en que, una vez que se incrementen los fondos y pase este invierno, puedan afianzarse pequeñas señales positivas que se vislumbran en Afganistán, donde la economía parece haberse estabilizado y hay previsión de cosechas mejores. “Pero, aunque globalmente hay indicadores que son ligeramente mejores, cuando se va familia por familia vemos lo mal que lo están pasando tras dos inviernos duros: no tienen semillas, han vendido hasta los utensilios agrícolas y muchas familias han puesto a los hijos a trabajar”, enumera el portavoz.

En todo el mundo, y según el PMA, hay 345 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda, de las cuales 40 millones se encuentran en niveles de hambre de emergencia, es decir, se ven obligadas a tomar medidas desesperadas para sobrevivir y corren el riesgo de morir por malnutrición. El PMA se enfrenta a un déficit de financiación de más del 60% este año, un nivel nunca visto en sus 60 años de historia. Los recortes también han afectado a otras zonas del mundo como Bangladés, Haití, Somalia, Siria o los Territorios Palestinos y la organización calcula que por cada 1% de disminución de su asistencia, 400.000 personas pasarán de la inseguridad alimentaria al hambre de emergencia. Es decir, 24 millones de personas estarían en riesgo de morir por desnutrición en los próximos 12 meses si nada cambia.

Puedes seguir a Planeta Futuro en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“Estamos hablando de un asesino invisible y del gran problema de salud pública” de nuestro tiempo, asegura a este diario María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Porque nunca leemos: esta persona murió porque tenía los pulmones agotados de respirar aire en mal estado y eso allanó el camino para el cáncer de pulmón y o el infarto que sufrió, y, sin embargo, siete millones de personas fallecen prematuramente cada año por enfermedades vinculadas a la contaminación atmosférica. Creo que es una cifra que merece que nos paremos y reflexionemos”, agrega Neira.

Este cálculo siniestro sobre cuánta vida roba el aire contaminado depende del nivel de polución, del tiempo que se viva en ese lugar y de la edad y del estado de salud de la persona, pero hay lugares especialmente afectados, todos ellos en el Sur Global, donde hay personas que se están “asfixiando”, afirman los expertos. Nueva Delhi, el distrito de Gazipur en Bangladés, las regiones de Mai-Ndombe, Kwilu, y Kasaï, al este de Kinshasa, el área de Mahottari en Nepal o la ciudad de Mixco, en Guatemala, ofrecen cifras especialmente graves en cuanto a esperanza de vida arrebatada por el simple hecho de respirar, según el informe AQLI.

Según la OMS, un 94% de la población mundial respira un aire que no cumple con los estándares de calidad

“En India, los cirujanos están operando a chicos de 17 años que tienen pulmones similares a los de un anciano de 80 que ha fumado toda su vida adulta”, pone como ejemplo Neira.

Para encender la luz de alerta y poner sobre la mesa la desigualdad norte-sur a la hora de hacer frente a esta enorme amenaza, la ONU instauró en 2020 que el 7 de septiembre sería el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul. Porque si no se ponen los medios, “el número de muertes causadas por la contaminación del aire en espacios abiertos va camino de aumentar en más de un 50% antes de 2050”. Además, la OMS prevé planear en Ghana en octubre de 2024 el segundo encuentro global sobre contaminación del aire y salud, tras el mantenido en 2018.

Invertir en un fondo global

La calidad del aire se mide por las llamadas partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5). La OMS establece que una concentración de estas partículas microscópicas superior a cinco microgramos por metro cúbico ya comienza a ser nociva para el organismo y estima que un 94% de la población mundial respira un aire que no cumple con los estándares de calidad. Por ejemplo, en Nueva Delhi la concentración de partículas es 25 veces superior a la establecida por la OMS y en Europa, una media de 2,5 veces superior.

La contaminación atmosférica mata y mata especialmente a quienes menos recursos tienen y dentro de ellos a los más vulnerables. “Ya sabemos que estas micropartículas pueden pasar al torrente sanguíneo y vincularse a enfermedades como ictus, infartos y otros problemas cardiovasculares, pero ahora también estamos viendo que atraviesan la barrera placentaria y empieza a afectar el cerebro de los fetos antes de que respiren”, alerta Neira, explicando que la lista de efectos nocivos que produce el aire contaminado no deja de aumentar, conforme avanzan los estudios.

La inversión necesaria para revertir la situación provocada por la mala calidad del aire sería tres veces menor de lo que nos cuesta tratar las enfermedades que produce

María Neira, OMS

Según el informe de la universidad de Chicago, Bangladés, India, Nepal y Pakistán, que representan casi una cuarta parte de la población mundial, tienen las peores tasas de contaminación del mundo y sus habitantes perderán una media de cinco años de vida si persisten los niveles de contaminación. Desde principios de siglo, el grado de contaminación por partículas en estos países ha aumentado más de un 50% debido a la industrialización, el desarrollo económico y el crecimiento demográfico, que han disparado la demanda de energía y el uso de combustibles fósiles en toda la región.

En el África subsahariana, aunque el sida y la malaria siguen figurando como las prioridades sanitarias, las repercusiones de la exposición a partículas contaminantes son ya igual o más graves en República Democrática del Congo, Ruanda o Burundi, que están también entre los países más contaminados del mundo.

“Desgraciadamente, los países que sufren hoy en día algunos de los peores niveles de contaminación no disponen de las herramientas necesarias para subsanar estas deficiencias básicas en la gestión de la calidad del aire, como la generación de datos de alta calidad”, lamentan los autores del informe de la Universidad de Chicago, Michael Greenstone y Christa Hasenkopf, recordando que por ejemplo solo el 6,8% y el 3,7% de los gobiernos de Asia y África, respectivamente, proporcionan informaciones sobre la calidad del aire.

Neira explica que la OMS desea crear un fondo global para el cambio climático, la calidad del aire y la salud, como surgieron en el pasado iniciativas similares para paliar otros problemas sanitarios urgentes. “Estamos intentando despertar el apetito de los países para invertir en esto y poder suministrar más medios e infraestructuras a los países más afectados, por ejemplo, que los centros de salud estén mejor dotados y los trabajadores sanitarios, que están en primera línea de la atención al paciente, más formados”, explica la experta.

“Porque este momento, la inversión necesaria para revertir la situación provocada por la mala calidad del aire sería tres veces menor de lo que nos cuesta tratar las enfermedades que produce”, asegura la experta. En un comunicado publicado con motivo de este Día Internacional del Aire Limpio, la OMS asegura que la contaminación atmosférica también amenaza la economía mundial por los enormes costes sanitarios que supone, que ya representan el 6,1% del PIB mundial, es decir, cerca de ocho billones de euros en 2019.

El informe de la universidad de Chicago, citando datos de la organización Clear Air Fund (Fondo para un aire limpio), recuerda que en 2021 fundaciones filantrópicas dedicaron 63,8 millones de dólares (59,4 millones de euros) a luchar contra la contaminación del aire, pero “todo el continente africano recibe menos de 300.000 dólares (279.000 dólares)”. “Las comparaciones son odiosas y por supuesto tampoco queremos que nadie deje de consagrar fondos a la malaria o el sida”, advierte prudentemente Neira.

Para la responsable de la OMS, es indispensable apoyar a los países más afectados para que hagan su transición a energías más limpias lo antes posible. “En África menos del 1% de la población se beneficia en este momento de la energía solar y no será porque no hay sol. Es porque hay otros intereses de por medio”, lamenta la responsable, que justo acaba de participar en la Cumbre Africana del Clima en Nairobi, donde salió a relucir este tema.

Para Xavier Querol, profesor de Investigación en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Norte Global ha “ensuciado y llenado de gases contaminantes la atmósfera durante años” y tiene una responsabilidad a la hora de ayudar a los pueblos del sur a apostar por energías renovables, tecnologías menos contaminantes a la hora, por ejemplo, de encontrar alternativas a la quema de la paja del arroz en India. “Para ello se necesitan fondos, pero también formación, educación y sanidad”, insiste el experto en una entrevista con este diario, quien también critica la presencia de actividades contaminantes de empresas del norte en países ya muy afectados por una mala calidad del aire, en una especie de “deslocalización de la polución que no se puede seguir permitiendo sin restricciones”.

Revertir la tendencia

Pese a las graves cifras actuales, los expertos reconocen que sí está habiendo progresos, aunque “no con la rapidez y la fuerza necesarias” y subrayan que Europa, Estados Unidos, Japón y China han sido capaces de reducir significativamente la contaminación atmosférica en los últimos años. El informe de la universidad de Chicago cita, por ejemplo, que la contaminación en China ha disminuido un 42,3% desde 2013 y hoy, el ciudadano chino medio puede esperar vivir 2,2 años más, aunque la contaminación en el gigante asiático sigue siendo seis veces superior a la directriz de la OMS.

“Las razones de China fueron económicas, de negocios. Porque presentar un país donde la población se estaba ahogando no era atractivo desde ningún punto de vista: ni económico, ni social... Y el impacto positivo ha sido rápido”, corrobora Neira.

En Estados Unidos, que llegó a tener niveles de contaminación del aire superiores a los que se registran en el sureste de Asia, la contaminación del aire se ha reducido casi un 65% desde 1970. En 2021, la media de concentración de partículas PM2,5 era de 7,8 microgramos por metro cúbico, muy cerca del límite de la OMS. En Europa, y según la Agencia Europea de Medioambiente, el número de muertes prematuras atribuibles a la calidad del aire se redujo en un 45% entre 2005 y 2020 y se situaría en menos de 250.000 anuales.

Querol concluye que invertir en mejorar la calidad del aire es sinónimo fundamentalmente de una determinada cultura social. “En los países donde hay una buena sanidad, donde las autoridades se preocupan, por ejemplo, por la igualdad de género o la conciliación familiar, la calidad del aire también está en la agenda y camina a la par. No es algo que sea sinónimo de desarrollo económico puro, como muestran los datos de China y los de Estados Unidos hace algunos años”, resume.

Puedes seguir a Planeta Futuro en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“We are talking about an invisible killer and the major public health problem of our time,” María Neira, the director of the World Health Organization’s (WHO) Department of Public Health and Environment, tells this newspaper. “We never read: this person died because his lungs were exhausted from breathing bad air, which paved the way for lung cancer and the heart attack he suffered, and yet seven million people die prematurely each year from diseases associated with air pollution. I think this figure should make us stop and reflect.”

This ominous calculation of the amount of time polluted air steals from people’s lives depends on the level of pollution, how long one lives in the affected area, and the age and state of health of the person, but there are particularly hard-hit places, all in the Global South, where people are “suffocating,” experts say. New Delhi, the Gazipur district in Bangladesh, the regions of Mai-Ndombe, Kwilu, and Kasaï, east of Kinshasa, the Mahottari area in Nepal and the city of Mixco in Guatemala, offer particularly serious figures in terms of life expectancy lost through the simple act of breathing, the AQLI report explains.

According to the WHO, 94% of the world’s population breathes air that does not meet quality standards

“In India, surgeons are operating on 17-year-olds whose lungs are similar to those of an 80-year-old who has smoked all his adult life,” Neira says.

To sound the alarm and underscore the inequality between the Global North and South in tackling this enormous threat, in 2020 the UN declared September 7 to be International Clean Air Day for Blue Skies. If the problem is not addressed, “the number of deaths caused by outdoor air pollution is set to increase by over 50% by 2050.” In addition, the WHO plans to hold the second global meeting on air pollution and health in Ghana in October 2024 (the first was held in 2018).

Investing in a global fund

Air quality is measured by so-called suspended particulate matter below 2.5 microns (PM2.5). The WHO states that a concentration of these microscopic particles above five micrograms per cubic meter begins to be harmful to the body. The organization estimates that 94% of the world’s population breathes air that does not meet quality standards. For example, in New Delhi the concentration of particles is 25 times higher than WHO guidelines, while it is an average of 2.5 times higher in Europe.

Air pollution kills, and this is especially true for those who have the least resources, and particularly the most vulnerable populations among them. “We already know that these microparticles can pass into the bloodstream and be linked to diseases like strokes, heart attacks and other cardiovascular problems, but now we are also seeing that they cross the placental barrier and begin to affect the brains of fetuses before they breathe,” Neira warns. She adds that the list of air pollution’s harmful effects continues to grow as more studies are completed.

The investment necessary for reversing the situation caused by poor air quality would be three times less than what it costs us to treat the diseases it causes”

María Neira, WHO

According to the University of Chicago report, Bangladesh, India, Nepal and Pakistan — which account for almost a quarter of the world’s population — have the worst pollution rates in the world and their inhabitants’ life expectancy will decrease by an average of five years if pollution levels persist. Since the turn of the century, the degree of particulate pollution in these countries has increased by more than 50% due to industrialization, economic development, and population growth, which have boosted energy demand and fossil fuel use across the region.

In sub-Saharan Africa, while AIDS and malaria remain the top health priorities, the impact of exposure to particulate pollutants is already equally serious: the Democratic Republic of Congo, Rwanda and Burundi are among the world’s most polluted countries.

“Unfortunately, the countries experiencing some of the worst pollution levels today do not have the tools to address these basic deficiencies in air quality management, such as generating high-quality data,” say the authors of the University of Chicago report, Michael Greenstone and Christa Hasenkopf. For example, they note that only 6.8% and 3.7% of governments in Asia and Africa, respectively, provide information about air quality.

Neira explains that the WHO wants to create a global fund for climate change, air quality and health, one modeled on past initiatives to alleviate other urgent health problems. “We are trying to whet countries’ appetites to invest in this issue and to provide more means and infrastructure for the most affected countries, so that, for example, health centers are better equipped and the health workers on the front lines of patient care are better trained,” the expert explains.

“At the moment, the investment necessary to reverse the situation caused by poor air quality would be three times less than what it costs us to treat the diseases it causes,” Neira adds. In a statement released on the occasion of International Clean Air Day, the WHO says that air pollution also threatens the global economy, because huge health costs are involved. In 2019, pollution-related expenses already represented 6.1% of global GDP, around $8.6 trillion.

Citing data from the Clear Air Fund, the University of Chicago report notes that philanthropic foundations devoted $63.8 million to fighting air pollution in 2021, but “the entire African continent receives less than $300,000.” However, Neira cautions that “comparisons are [terrible], and of course we don’t want anyone to stop devoting funds to malaria or AIDS.”

The WHO director believes that it is essential to support the most-affected countries in making the transition to cleaner energy as soon as possible. “In Africa, less than 1% of the population currently benefits from solar energy, and that is not because there is no sun. It is because there are other interests involved,” says Neira, who recently participated in the African Climate Summit in Nairobi, where this issue came up.

According to Xavier Querol, a research professor at the Spanish National Research Council’s Institute for Environmental Diagnosis and Water Studies, the Global North has “dirtied and filled the atmosphere with polluting gases for years” and has the obligation to help the peoples of the Global South opt for renewable energies and less-polluting technologies when it comes to finding alternatives for burning rice straw in India, for example. “We need funding for that, but also training, education and health,” the expert says in an interview with this newspaper. Querol also criticizes northern companies’ polluting activities in countries that are already affected by poor air quality, noting that it’s a sort of “relocation of pollution that can no longer be allowed without [imposing] restrictions.”

Reversing the trend

Despite the current dire figures, experts acknowledge that progress is indeed being made, although it is “not as fast and as strong as necessary.” They stress that in recent years, Europe, the United States, Japan, and China have been able to significantly reduce air pollution. For example, the University of Chicago report notes that pollution in China has decreased by 42.3% since 2013, and that today the average Chinese citizen can expect to live 2.2 years longer, although pollution in the Asian giant is still six times higher than the WHO guidelines.

“China had economic — business — reasons, because presenting a country where the population was suffocating was not attractive, economically or socially. And there’s been a fast, positive impact,” Neira says.

In the United States, which once had levels higher than those in Southeast Asia, air pollution has been reduced by almost 65% since 1970. In 2021, the average concentration of PM2.5 particles was 7.8 micrograms per cubic meter, very close to the WHO limit. In Europe, according to the European Environment Agency, between 2005 and 2020, the number of premature deaths attributable to air quality fell by 45% to fewer than 250,000 per year.

Querol concludes that investment to improve air quality coexists alongside a certain social culture. “In countries where there is good healthcare, where the authorities are concerned, for example, about gender equality or family reconciliation, air quality is on the agenda as well, they go hand in hand… It is not [associated] with pure economic development, as the data from China and the United States showed a few years ago,” he says.

Sign up for our weekly newsletter to get more English-language news coverage from EL PAÍS USA Edition

Seguir leyendo

Entre estas innovaciones están el diagnóstico rápido de la hemorragia posparto, una inyección de hierro intravenoso contra la anemia, un suplemento probiótico para bebés, corticosteroides (antiinflamatorios) prenatales para mujeres que darán a luz prematuramente, azitromicina (un antibiótico) para reducir las infecciones o un aparato de ecografía portátil con inteligencia artificial para controlar a pacientes de alto riesgo en entornos con bajos recursos.

En 2015, los líderes mundiales acordaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con la vista puesta en 2030. El año 2023 representa el ecuador, es decir, la mitad del camino de esos objetivos. Y, en el caso de la maternidad maternoinfantil y neonatal, los datos indican que falta mucho camino por recorrer. El objetivo fijado entonces fue el de acabar con todas las muertes infantiles prevenibles para 2030 y reducir la mortalidad materna a 70 de cada 100.000 nacimientos. Eso no ha sucedido. Cada día mueren 800 mujeres en todo el mundo por motivos relacionados con el embarazo y el parto. Es decir, una cada dos minutos. El 70% de estas muertes se producen en el África subsahariana, según la ONU. Además, cada año, aproximadamente cinco millones de niños mueren antes de cumplir los cinco años. Casi otros dos millones de bebés mueren antes de respirar por primera vez: nacen muertos.

Y eso, a pesar de que según el informe, nunca había habido tanto conocimiento científico sobre salud maternoinfantil. “Los investigadores han aprendido más de la salud de las madres y los recién nacidos en los últimos 10 años que en todo el siglo anterior”, asegura el informe. El problema es que las soluciones no llegan a quienes más lo necesitan. Los autores hablan incluso de una “epidemia de mortalidad maternoinfantil”, no solo en países de bajos ingresos. En Estados Unidos, por ejemplo, la mortalidad de madres negras se ha duplicado desde 1999. “Las mujeres estadounidenses tienen tres veces más probabilidades de morir durante el parto que las mujeres de casi todos los demás países ricos. Pero quienes más afectadas se ven son las mujeres negras e indígenas”, afirma Melinda French Gates.

En la década de los 2000 los indicadores de bienestar humano como los de pobreza o educación mejoraron sustancialmente y fue precisamente la salud maternoinfantil la que más progresó. Eso fue posible, en parte, porque varias organizaciones internacionales se fijaron objetivos ambiciosos, que, sin embargo, se vieron truncados a partir de 2016 y que acabaron de estancarse con la llegada de la pandemia de la covid-19. Hay países como Venezuela o Estados Unidos en los que incluso ha aumentado, según recoge el informe.

Tres salvavidas de bajo coste

Según Melinda French Gates, tres innovaciones de bajo costo pueden evitar que miles de mujeres de países de ingresos medios-bajos mueran durante el embarazo y el parto: un tratamiento nuevo contra la hemorragia posparto, la aplicación del antibiótico azitromicina para prevenir infecciones y la inyección de hierro por vía intravenosa en casos de anemia.

La hemorragia posparto (HPP), es decir, perder más de medio litro de sangre en las 24 horas que siguen al parto, es la primera causa de muerte materna. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que afecta a 14 millones de mujeres al año, de las que 70.000 mueren, sobre todo en países de ingresos bajos. En países empobrecidos el principal problema es darse cuenta de que hay una pérdida importante de sangre. En muchos lugares, esto solo se estima visualmente y la consecuencia es que miles de mujeres mueren sin recibir el tratamiento que podría salvarlas.

La Fundación Gates propone una forma sencilla y barata de cuantificar esta pérdida de sangre: un paño obstétrico que parece una bolsa de plástico calibrada en forma de V que se cuelga en el borde de la cama y la sangre que va cayendo en él va subiendo como lo hace el mercurio en un termómetro. Es un indicador visual rápido que alerta al personal sanitario. Además, en lugar de aplicar de forma secuencial los cinco tratamientos para detener la hemorragia (masaje uterino, fármacos oxitócicos, ácido tranexámico, líquidos intravenosos y examen del tracto genital), se propone agruparlas. En un estudio denominado E-MOTIVE, la ginecóloga-obstetra nigeriana Hadiza Galadanci y un equipo de investigadores de cuatro países africanos con una alta tasa de mortalidad materna comprobaron que este cambio consiguió reducir los casos de hemorragia grave en un notable 60%.

Otro de los cambios propuestos es el tratamiento de la anemia, que afecta a 37% de las embarazadas —aunque en algunos lugares del mundo, como el sur de Asia, puede llegar hasta el 80%— y aumenta las posibilidades de hemorragia en el parto. Diagnosticarla durante el embarazo es esencial, pero en lugar de tratarla con suplementos orales de hierro que deben tomarse durante 180 días, Bosede Afolabi, obstetra e investigadora nigeriana, está trabajando para que se implemente en su país una nueva y prometedora intervención: una única infusión intravenosa de hierro que dura 15 minutos y que puede reponer las reservas de hierro de las mujeres.

Otra de las principales causas de mortalidad materna son las infecciones. En los últimos años, los investigadores han descubierto que una de las nuevas formas más prometedoras de prevenir las infecciones durante el embarazo es la administración durante el parto de uno de los antibióticos más utilizados en el mundo: la azitromicina. En un estudio realizado en el África subsahariana, redujo los casos de sepsis (una reacción inflamatoria extrema) en un tercio.

“Estos avances no son soluciones milagrosas por sí solas: exigen que los países sigan contratando, formando y remunerando equitativamente a los profesionales sanitarios, especialmente a las matronas, y construyendo sistemas sanitarios más resistentes. Pero juntos pueden salvar la vida de miles de mujeres cada año”, estima Melinda French Gates

El bum del conocimiento sobre la salud de los bebés

“Durante la última década, el campo de la salud infantil ha avanzado más rápido y más lejos de lo que pensé que vería en mi vida”, señala Bill Gates, que destaca la puesta en marcha de tres programas de la Fundación Gates para investigar la muerte de niños y recién nacidos con el fin de evitarlas: CHAMPS (Vigilancia de la Salud Infantil y Prevención de la Mortalidad, en sus siglas en inglés); PERCH, que examina las causas de la neumonía infantil, y GEMS, sobre las enfermedades diarreicas.

Hace 10 años, continúa, “cualquier registro de muerte de un niño enumeraba una de las cuatro causas más comunes: diarrea, desnutrición, neumonía o parto prematuro”. “Pero cada una de ellas abarcaba un vasto océano de enfermedades diferentes, con decenas de causas y tratamientos diferentes; la neumonía, por ejemplo, está relacionada con más de 200 tipos de patógenos”, añade Gates.

La recopilación de datos de los últimos años, a través de la toma de muestras de sangre y tejidos de niños que habían muerto, y la comparación de casos, ha desvelado que algunos patógenos eran menos probables de lo esperado, como el que causa la tos ferina, mientras que otros eran más comunes, como la klebsiella, que es más difícil de tratar. Estas nuevas informaciones sobre esta última bacteria “está permitiendo a los médicos revisar qué antibióticos administrar”, explica Bill Gates. Es lo que denomina “el bum de los conocimientos sobre bebés”. “Gracias a estudios como los realizados por CHAMPS, PERCH y GEMS, los profesionales de la salud empiezan a comprender con precisión cuándo y por qué mueren algunos bebés, lo que les permite salvar la vida a otros”, apunta.

Otro de los ejemplos que destaca Gates es cómo los médicos ayudan a respirar a los bebes prematuros, con la administración a la madre gestante de corticoesteroides prenatales (ACS, por sus siglas en inglés) cuando se prevé que el parto se va a adelantar. Según los cálculos de la fundación, “los ACS podrían salvar la vida de 144.000 bebés en África subsahariana y el sur de Asia de aquí a 2030, y de casi 400.000 de aquí al año 2040″. También el suministro de suplementos probióticos con bifidobacterias, unas bacterias que viven en el aparato digestivo y ayudan a descomponer los azúcares de la leche, reduce el riesgo de muerte o de enfermedad grave de los bebés prematuros.

Puedes seguir a Planeta Futuro en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

La investigación, Powering Change or Business as Usual?, (”¿Impulsar el cambio o seguir como siempre?”), realizada junto a la organización congoleña Iniciativa por la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos (IBGDH, por sus siglas en francés), se centra en la región de Kolwezi, una ciudad de medio millón de habitantes situada al sur del país convertida en el corazón de la explotación de estos minerales, en la que participan empresas de China, Canadá o Dubai. Sus autores han realizado 130 entrevistas con personas vinculadas a seis proyectos mineros y estudiado documentos, fotografías, vídeos, imágenes de satélite y datos suministrados por las empresas a las que se cuestiona.

“Esto es solo una muestra, significativa y pertinente, de las expulsiones forzadas que se están llevando a cabo. Pero hay otras empresas y otras violaciones de los derechos humanos como explotación de los trabajadores o contaminación. Este informe se centra especialmente los abusos que representan los desalojos violentos”, explica Senga.

La República Democrática del Congo posee aproximadamente la mitad de las reservas mundiales de cobalto y es responsable del 70% de la producción mundial de este mineral, materia prima esencial para fabricar las baterías de iones de litio que se usan para alimentar una amplia variedad de dispositivos, desde automóviles eléctricos hasta teléfonos móviles. Por ejemplo, la batería de un vehículo eléctrico requiere unos 13 kilogramos de cobalto, y la de un teléfono móvil unos 7 gramos, según este informe. Además, el país africano posee las séptimas mayores reservas de cobre del mundo y es el tercer mayor productor. Los dos minerales son claves en la construcción de coches eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares y baterías, es decir, son indispensables para que el mundo abandone los combustibles fósiles y avance hacia otras fuentes más sostenibles, frenando así el calentamiento global. Pero no son muy frecuentes y sus principales reservas se encuentran en África, América Latina, Australia y el Sureste asiático.

Una transición “justa”

La descarbonización de la economía mundial “debe ser justa y no dar lugar a otras violaciones de derechos humanos”, ha insistido Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, refiriéndose a este informe. Uno de los casos investigados describe lo ocurrido en un barrio en el centro de Kolwezi, en el que viven 39.000 personas. Cientos de ellas recibieron orden de abandonar sus viviendas o no tuvieron otra opción que mudarse tras la reapertura en 2015 de una gran mina a cielo abierto que el año pasado produjo unas 128.000 toneladas de cobre y 2.500 toneladas de cobalto. Las indemnizaciones que recibieron no les han permitido comprar una vivienda con agua corriente o electricidad en otro lugar y su calidad de vida se ha visto muy mermada. El proyecto es gestionado por la empresa Compagnie Minière de Musonoie Global SAS (COMMUS), que aúna a la china Zijin Mining Group Ltd y la congoleña Générale des Carrières et des Mines SA (Gécamines).

La situación empeora año tras año porque la demanda es cada día mayor y las comunidades están cada vez más expuestas a todo tipo de riesgos

Jean-Mobert Senga, Amnistía Internacional

“Nosotros no pedimos mudarnos, la empresa y el Gobierno llegaron y nos dijeron: ‘Aquí hay minerales”, dijo a los investigadores Edmond Musans, de 62 años, que tuvo que marcharse y hoy ha creado un comité que representa los intereses de más de 200 familias en riesgo de desalojo.

“Desalojan por la fuerza a la gente, les amenazan e intimidan para que abandonen su casa o les engañan para que den su consentimiento a compensaciones irrisorias”, denuncia Donat Kambola, presidente de la IBGDH, que desde hace casi 10 años investiga, denuncia y protege a las comunidades afectadas por la minería en la provincia de Lualaba, cuya capital es Kolwezi.

COMMUS garantizó a Amnistía Internacional que tenía intención de mejorar la comunicación con las partes afectadas. La empresa debe “publicar urgentemente sus planes de desarrollo para la mina y cualquier evaluación de impacto ambiental y social que haya realizado o encargado, y los planes de reasentamiento para las comunidades más expuestas”, pide el informe.

Desalojan por la fuerza a la gente, les amenazan e intimidan para que abandonen su casa o les engañan para que den su consentimiento a compensaciones irrisorias.

Donat Kambola, IBGDH

El Banco Mundial calcula que la demanda de cobalto aumentará un 500% hasta el año 2050, pero este dato no implica que los habitantes de esta región, corazón de la producción de este mineral, disfruten de sus beneficios financieros. “Los consumidores, las empresas y los gobiernos tienen que tomar conciencia de este efecto perverso de la transición ecológica”, insiste Senga. El investigador explica que el cobalto que sale de esta mina de Kolwezi, viaja en primer lugar a China, pero no es el punto final del viaje. “Allá puede pasar por un primer proceso de refinado y después llega a Europa, Estados Unidos y otros países”, afirma.

Cada vez más expuestas

Otro de los casos estudiados describe cómo los soldados congoleños llegaron una mañana a un pueblo, llamado Mukumbi, cerca de la mina Mutoshi, gestionada por la firma Chemicals of Africa SA (Chemaf), filial de Chemaf Resources Ltd., con sede en Dubai, y comenzaron a incendiar casas y a golpear a los residentes que intentaron impedírselo. “Dos niños me dijeron que los militares estaban quemando las casas’”, recordó Ernest Miji a los investigadores. “Salí y vi a soldados de la Guardia Republicana prendiendo fuego a las casas y pregunté al capitán por qué. Me dijo que cumplían órdenes. Me dio una antorcha y me dijo que prendiera fuego a la iglesia. Como me negué, comenzó a golpearme”, describió.

Imágenes de satélite respaldan este relato y muestran que Mukumbi terminó arrasado el 7 de noviembre de 2016. En 2019, Chemaf accedió a pagar 1,5 millones de dólares vía las autoridades locales, pero hubo residentes que recibieron apenas 300 dólares. Chemaf niega toda irregularidad y responsabilidad en la destrucción de Mukumbi.

En otro de los proyectos mineros estudiados, una mina de cobalto y cobre, situada a 5 kilómetros de Kolwezi y operada por una filial de Eurasian Resources Group (ERG), que tiene su sede en Luxemburgo y cuyo principal accionista es el Gobierno de Kazajistán, una veintena de agricultores declararon los soldados llegaron y arrasaron sus campos en febrero de 2020, sin previo aviso. Una mujer embarazada explicó además que tres soldados la capturaron y la violaron mientras otros miraban. En su respuesta a los autores del informe, ERG afirmó que no tenía ningún control sobre el despliegue de los soldados, pero, ante el contenido de la investigación publicada este martes, instó a las autoridades locales a investigar.

Los autores del informe piden a las autoridades congoleñas, que en la mayoría de los casos “han llevado a cabo o facilitado” los desalojos, que pongan fin de forma inmediata a los desalojos forzosos, promuevan una comisión de investigación imparcial y hagan cumplir las leyes locales sobre la actividad minera y desalojos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Además, las empresas tienen la responsabilidad de investigar los abusos identificados, proporcionar reparación significativa y tomar medidas para impedir nuevos daños.

“La situación empeora año tras año porque la demanda es cada día mayor y las comunidades están cada vez más expuestas a todo tipo de riesgos. Esperamos que este informe alerte a los consumidores, que tienen que saber qué está pasando, y exponga públicamente a estas empresas”, agregó Senga.

República Democrática del Congo posee la mitad de las reservas mundiales de cobalto y es responsable del 70% de la producción mundial de este mineral, materia prima de las baterías de iones de litio

Por último, Amnistía Internacional e IBGDH documentaron el caso de la mina Kakula, considerada “la mayor reserva de cobre descubierta en África”, situada a 25 km de Kolwezi y operada por una compañía llamada Kamoa, en la que hay capital canadiense y chino, entre otros. De las 40.000 personas que vivían en el pueblo de Kamoa, más de 1.300 perdieron sus casas, negocios o campos debido a la minería. El informe estudió el caso de 45 familias instaladas por la empresa en otro vecindario después de que la expansión de la mina les obligara a dejar sus hogares, y comprobó que las casas que recibieron a cambio no tienen nada que ver con las que desalojaron y no tenían por ejemplo duchas, agua corriente o electricidad. Kamoa confirmó que los baños no estaban conectados a una red de alcantarillado y argumentó que quiso aplicar “las mejores prácticas internacionales”, pero que era difícil en una región en la que no había por ejemplo electricidad. El informe subraya, no obstante, que la compañía sí supo superar estos obstáculos prácticos en la mina en la que operaba.

“Las empresas mineras internacionales implicadas tienen abundantes recursos económicos y pueden costear fácilmente la introducción de los cambios necesarios para salvaguardar los derechos humanos, establecer procesos que mejoren la vida de las personas de la región y proporcionar reparación por los abusos sufridos”, concluye Donat Kambola, de la organización local IBGDH.

Puedes seguir a Planeta Futuro en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.f

Seguir leyendo

Según la ONU, cada día fallecen 800 mujeres por motivos vinculados con el embarazo y el parto. Las complicaciones en un aborto forman parte de las cinco principales causas de estas muertes, pero paradójicamente son la única que podría prevenirse prácticamente al 100%.

El estudio realizado por MSF, Épicentre, (el centro de investigación médica de esta ONG), el Instituto Guttmacher y la organización internacional Ipas, en colaboración con los Ministerios de Sanidad de Nigeria y República Centroafricana, se centró en un hospital de Bangui y otro del Estado de Jigawa, en el norte de Nigeria. En ellos se vio claramente que las complicaciones graves tras un aborto en estos hospitales de entornos empobrecidos, frágiles y de conflicto, fueron entre cinco y siete veces más frecuentes que en los hospitales africanos de entornos más estables estudiados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con una metodología similar.

“¡Hasta siete veces más de complicaciones! Sabíamos que el problema era importante y que no había suficientes datos porque es una realidad que se oculta, pero este resultado nos sorprendió y nos convenció de que hay que hacer algo. Son lugares en los que las mujeres mueren por complicaciones que pueden ser perfectamente controlables y prevenibles”, explica Pasquier, que realiza su labor en Épicentre y es coautora de este informe, en una entrevista telefónica con este diario.

La radiografía de este desastre es compleja y va más allá del aspecto puramente médico. La legislación que penaliza el aborto, la sociedad que estigmatiza a las personas que recurren a él, la falta de educación, la ausencia de información sobre métodos anticonceptivos y salud reproductiva, la falta de independencia de las mujeres para tomar decisiones por ellas mismas, la pobreza, la falta de formación del personal sanitario o la lejanía con el hospital más cercano son factores que contribuyen a agravar la situación, según las conclusiones de este estudio.

Son lugares en los que las mujeres mueren por complicaciones que pueden ser controlables y prevenibles

Estelle Pasquier, MSF

“Estaba angustiada. Alguien me enseñó a introducirme un trozo de hierro en la vagina... Me dijo que dilataría el cuello del útero, pero no funcionó ... También me dijo que hirviera las raíces de una planta llamada kava con carbonato de sodio y que me bebiera la mezcla. Después no me sentí bien. No podía levantarme de la cama. Los dolores eran intensos”, contó a los autores de este estudio una mujer ingresada en el hospital de Bangui días después de haberse practicado un aborto en casa.

Objetos metálicos, hierbas

El estudio Morbilidad y mortalidad relacionada con abortos en zona frágiles y de conflicto (AMoCo, por sus siglas en inglés) se elaboró tras escuchar los testimonios de más de 1.000 mujeres que sufrieron complicaciones relacionadas con un aborto, entre 2019 y 2021, en los dos centros médicos estudiados. La mayoría de las que afirmaron haberse provocado el aborto explicaron que habían utilizado métodos peligrosos, como objetos metálicos o palos de mandioca, inyecciones, hierbas tradicionales o medicamentos.

“Intenté abortar yo misma, pero no funcionó, así que tuve que ir a ver a una mujer a un barrio. Me pidió 15.000 francos centroafricanos (23 euros) por el aborto, pero yo solo tenía 13.000 (20 euros), así que se los di. Me inyectó un medicamento, me dilató el cuello del útero con un tallo de mandioca y el feto cayó. Después, empecé a tener dolores abdominales”, cuenta una mujer de 27 años ingresada en el hospital de Bangui.

Como médico, lo más duro es ver que a veces son mujeres que vinieron pidiendo abortar y no pudimos hacer nada por ellas debido a la ley y luego vuelven en ese estado, tras haberlo hecho ellas mismas”,

Richard Ngbale, ginecólogo centroafricano

La ONU fijó como objetivo que en 2030 la mortalidad materna tendría que ser de 70 por cada 100.000 nacimientos. Pero en Bangui, se está muy lejos de esta meta. Con 829 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, la República Centroafricana tiene una de las tasas de decesos maternos más altas del mundo. En el hospital de la capital en el que se realizó el estudio, los ingresos por complicaciones relacionadas con el aborto representaron el 20% de todas las admisiones relacionadas con el embarazo. Y en una cuarta parte de los casos, las mujeres eran menores de edad.

“Llegan con lesiones terribles: hemorragias, infecciones, lesiones en la vagina y en el útero y a veces en otros órganos. Como médico, lo más duro es ver que a veces son mujeres que vinieron pidiendo abortar y no pudimos hacer nada por ellas debido a la ley, que lo permite en contados casos, y luego vuelven ese estado, tras haberlo hecho ellas mismas”, explica a este diario Richard Ngbale, profesor y médico ginecólogo-obstetra en un hospital público en Bangui, que también participó en la investigación.

Pasquier resalta que el personal médico que participó en este estudio “tenía una experiencia personal con este problema” que era reveladora del problema. “Cuando les preguntamos si conocían personalmente a alguien que hubiera muerto por estas complicaciones derivadas de un aborto, la mayoría de mis colegas dijo que sí. Yo, por ejemplo, no conozco a ninguna mujer que haya muerto por abortar”, resume Pasquier.

Seis días antes de ver a un médico

Pero Ngbale traza una desoladora fotografía de la sociedad centroafricana que relega a las mujeres a un rincón invisible. “No conocen los métodos anticonceptivos, no tienen recursos propios porque no trabajan y dependen de otros para poder ir a ver a un médico, viven lejos de los centros médicos y en muchos casos hasta son los hombres quienes deciden sobre si el embarazo sigue adelante o no”. Según el estudio, solo el 3% de las mujeres encuestadas en el Estado de Jigawa y el 37% de las entrevistas en Bangui afirmaron utilizar algún método anticonceptivo antes de quedarse embarazadas.

La zona de Nigeria estudiada es una región muy pobre, rodeada por área de conflictos y donde las tradiciones tienen mucho peso y las mujeres en muchos casos ni siquiera van a la escuela. Las principales barreras para el uso de anticonceptivos son el rechazo por parte del marido y la familia, el hecho de que no supieran que podían quedarse embarazadas y sus creencias religiosas, concluye la investigación. Según las cifras oficiales de la ONU, en todo Nigeria la mortalidad materna era de 1.047 decesos por cada 100.000 nacimientos en 2020.

El estudio también resalta el largo y difícil periplo de estas mujeres tras abortar, lo que agrava sus complicaciones y riesgos. La mitad de ellas tardó al menos dos días en ver a un médico desde la aparición de los primeros síntomas y algunas esperaron hasta seis. “Muchas quieren mantener su aborto en secreto. Cuando los síntomas empeoran, a menudo deciden volver a la persona que les practicó el aborto o a gente sin formación, lo que aumenta aún más el retraso en ser atendidas y recibir un tratamiento adecuado”, describen los autores.

Para Ngbale, “la prioridad debe ser informar a las mujeres de sus derechos e impulsar su educación general. Luego hay que extender el uso de métodos anticonceptivos y finalmente avanzar en la despenalización del aborto”.

“¿Por dónde se empieza? En estos contextos frágiles, donde las mujeres son especialmente vulnerables, hay que poner en marcha cuidados integrales para limitar su sufrimiento y su mortalidad: tenemos que invertir en mejorar los conocimientos de las comunidades sobre métodos anticonceptivos y facilitar métodos abortivos seguros y una atención posaborto correcta, también en atención primaria”, resume Pasquier.

La investigadora de MSF celebra que este estudio, que ya fue entregado hace algunos meses a las comunidades concernidas y a los respectivos ministerios, ya ha comenzado a tener un impacto en las dos zonas. “Por ejemplo, en la divulgación de los métodos anticonceptivos por parte de las autoridades locales y los hospitales”, cita.

Los expertos confían en que la investigación también ayude a impulsar, en la práctica, el Protocolo de Maputo, como se conoce al Protocolo de la Carta Africana sobre los Derechos de la Mujer en África, adoptado en 2003, que puede ser el marco legal para que las mujeres africanas reclamen su derecho legal a una atención segura del aborto. La mayoría de los países africanos lo han ratificado, pero su implementación lleva mucho retraso en casi todos ellos.

Puedes seguir a Planeta Futuro en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

According to the UN, 800 women die every day on account of pregnancy and childbirth related issues. Complications during an abortion are among the five leading causes of such deaths, but paradoxically it is only in the area of abortion where these deaths could be avoided almost 100%.

The study conducted by MSF, Epicentre (MSF’s medical research center), the Guttmacher Institute and the NGO Ipas, in collaboration with Nigeria and the Central African Republic’s Ministries of Health, focused on a hospital in the capital of the Central African Republic, Bangui, and another in Jigawa State in northern Nigeria. It was clear that serious complications following abortion in these hospitals located in impoverished, volatile and conflict-affected environments were five to seven times more frequent than in African hospitals in more stable environments studied by the World Health Organization (WHO) using similar methodology.

“Up to seven times more complications!” Pasquier tells EL PAÍS. “We knew that the problem was significant and that there was a lack of data on it due to it being a reality that is often hidden from view, but this result surprised us and convinced us that something must be done. These are places where women die from complications that are perfectly manageable and preventable.”

An X-ray of this disastrous, complex situation goes beyond the purely medical, and involves legislation that criminalizes abortion, a society that stigmatizes those who resort to it, a lack of education, the absence of information on contraception and reproductive health, a lack of independence preventing women from taking decisions for themselves, poverty, a lack of training for health personnel, and remote circumstances placing hospitals beyond the reach of patients. All these factors exacerbate the situation, according to the study.

“I was distressed,” one patient told the authors of the study after being admitted to Bangui hospital days after trying to terminate her pregnancy at home. “Someone showed me how to insert a piece of iron into my vagina. They told me it would dilate my cervix, but it didn’t work. They also told me to boil the roots of a plant called kava with sodium carbonate and drink the mixture. After that I did not feel well. I couldn’t get out of bed. The pain was intense.”

The study, titled Abortion-related Morbidity and Mortality in Conflict-affected and fragile settings (AMoCo) relies on the testimonies of more than 1,000 women who suffered abortion-related complications between 2019 and 2021 at the two medical centers. Most of those telling stories of induced abortions explained that they had used dangerous methods to provoke them, such as inserting metal objects or root vegetables into their vaginas, as well as injections, traditional herbs and medication.

“I tried to abort by myself, but it didn’t work, so I had to go to a woman in the neighborhood,” says a 27-year-old. “She asked me for 15,000 Central African francs [$25] for the abortion, but I only had 13,000, so I gave it to her. She injected me with medicine, dilated my cervix with a cassava root, and the fetus fell out. Then I started having abdominal pains.”

The UN has set a target of reducing maternal deaths to 70 per 100,000 births by 2030. But in Bangui, this seems like an unrealistic goal. With 829 maternal deaths per 100,000 live births, the Central African Republic has one of the highest maternal death rates in the world. At the hospital in the capital where the study was conducted, admissions for abortion-related complications accounted for 20% of all pregnancy-related admissions. And in a quarter of the cases, the women were minors.

“They arrive with terrible injuries, including hemorrhages, infections, injuries to the vagina and uterus and sometimes to other organs,” Richard Ngbale, professor and obstetrician-gynecologist in Bangui, tells EL PAÍS. “As a doctor, the hardest thing is that these are often women who came asking for an abortion, and we couldn’t do anything for them for legal reasons, then they come back in that state, having done it themselves.”

Pasquier stresses that the medical personnel who participated in this study had personal experience of the problem. According to Pasquier, “When we asked them if they personally knew anyone who had died from complications resulting from abortion, most of them said yes, whereas I, for example, don’t know any woman who has died from abortion.”

Delayed action

Ngbale paints a bleak picture of a Central African society that relegates women to an invisible role. “They do not know about methods of contraception,” he says. “They have no resources of their own because they do not work and depend on others to be able to see a doctor. They live far from medical centers and, in many cases, it is the men who decide on whether the pregnancy goes ahead or not.” According to the study, only 3% of women surveyed in Jigawa State and 37% of those interviewed in Bangui said they used any contraception before becoming pregnant.

The area of Nigeria focused on by this study is a very poor region, surrounded by pockets of conflict where traditions carry a lot of weight and many women don’t go to school. The main obstacles to contraceptive use is rejection of it by husbands and family, ignorance of the chances of becoming pregnant, and religious beliefs, according to the research. Official UN figures state that, across Nigeria, the maternal mortality rate stood at 1,047 deaths per 100,000 births in 2020.

The study also highlights the long and difficult journey of these women after abortion, which exacerbates general risks to their health. Half of them took at least two days to see a doctor from the onset of the first symptoms, and some waited up to six. “Many want to keep their abortion a secret,” states the report. “When symptoms deteriorate, they often decide to return to the person who performed the abortion or to untrained people, which further increases the delay in being seen and receiving adequate treatment.”

According to Ngbale, “the priority should be to inform women of their rights and promote their general education. Then we must extend the use of contraception and finally move towards the decriminalization of abortion.”

“Where do we start?” says Pasquier. “In these fragile contexts, where women are particularly vulnerable, comprehensive care must be put in place to limit their suffering and mortality. We must invest in improving the communities’ knowledge of contraception and provide safe abortion methods and proper post-abortion care, including primary care.”

Pasquier welcomes the fact that this study — delivered several months ago to the communities concerned and to the respective ministries — has already begun to have an impact. “For example, in the dissemination of contraception by local authorities and hospitals,” she says.

Experts hope that the research will also help push forward the practical application of the Maputo Protocol — the Protocol to the African Charter on the Rights of Women in Africa, adopted in 2003 — as this should provide the legal framework for African women to claim their right to safe abortion healthcare. Most African countries have ratified it, but its implementation is long overdue in almost all.

Sign up for our weekly newsletter to get more English-language news coverage from EL PAÍS USA Edition

Seguir leyendo

Seguir leyendo

Es un fenómeno que la ONU y diversas ONG llevan años denunciando y Arabia Saudí, esquivando con éxito, según esta investigación. “Los funcionarios saudíes están matando a cientos de migrantes y solicitantes de asilo. Pero lo que sucede en esa frontera, una zona montañosa a la que poca gente tiene acceso, está oculto. Y Riad probablemente imagina que puede salirse con la suya”, explica a este diario la autora del informe, Nadia Hardman, investigadora en la sección de derechos de refugiados y migrantes en HRW.

El informe, titulado Nos dispararon como si lloviera, se basa en los testimonios de 42 personas, 38 de las cuales intentaron cruzar la frontera entre marzo de 2022 y junio de 2023, y en el análisis, verificación y geolocalización de más de 350 vídeos y fotografías, publicados en las redes sociales y suministrados a HRW por otras fuentes, además de varios cientos de kilómetros cuadrados de imágenes vía satélite.

La ONG concluye que “los guardias fronterizos saudíes han utilizado explosivos para matar a muchos migrantes y dispararon a quemarropa contra otros en un patrón de ataques generalizado y sistemático”. A ello se suman detenciones y malos tratos para los que logran cruzar, antes de que sean expulsados de nuevo a Yemen. HRW escribió al Ministerio de Interior y Defensa saudíes antes de publicar su informe, pero no recibió ninguna respuesta al respecto.

“Más allá de lo imaginable”

Los etíopes, mayoritariamente mujeres y niños no acompañados, llegan a Yibuti, cruzan el Golfo de Adén en precarias condiciones y contactan con mercenarios que los llevan a la región de Saada, en la frontera con Arabia Saudí. Muchos de ellos huyen del conflicto en el Tigray, en el norte del país, pero al final de este periplo se encuentran en una zona asolada por la guerra civil yemení y controlada por los rebeldes huthi, cercanos a Irán, que han consolidado sus posiciones en el noroeste del país. En esta región hay dos grandes campos de migrantes, Al Thabit y Al Raqw, en los que los etíopes detallan extorsiones, maltrato físico y abusos sexuales.

Pero el Grupo de Expertos Eminentes (GEE) de la ONU para Yemen, el único mecanismo internacional que desde 2017 investigaba los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por todas las partes del conflicto, se disolvió en 2021 y desde entonces no existe ningún organismo que documente lo que está ocurriendo. Amnistía Internacional describió en 2021 la guerra civil de Yemen como “el infierno en la tierra”. Naciones Unidas considera que la crisis humana provocada por ese conflicto, que da señales de remitir, es “la peor de la historia”, con al menos 250.000 muertos, 4,5 millones de desplazados y la mitad de sus 32 millones de habitantes víctimas del hambre o a punto de padecerla.

Lo que sucede en esa frontera, una zona montañosa a la que poca gente tiene acceso, está oculto. Y Riad probablemente imagina que puede salirse con la suya

Nadia Hardman, HRW

Según HRW, los migrantes intentan cruzar la frontera en grupos de hasta 200 personas. Una vez están en territorio saudí, afirman que han sido atacados con proyectiles de mortero y otros explosivos. Los testimonios recogidos por la ONG son espeluznantes: cadáveres de niños en la montaña, personas desmembradas, cadáveres descuartizados imposibles de identificar. “Nos dispararon repetidamente. Vi a gente morir de maneras que nunca hubiera imaginado. Treinta personas fueron asesinadas en el acto. Hui, me protegí bajo una roca y me quedé dormida. No sé qué pasó, pero cuando desperté había otras personas. Pensaba que dormían a mi lado, pero en realidad eran cadáveres. Estaba sola”, cuenta Hamdiya (nombre ficticio), de 14 años, que intentó cruzar en marzo de 2023 en un grupo de 60 personas. HRW la entrevistó en Saná, la capital yemení, a la que llegó ayudada por otros migrantes.

HRW admite que el número exacto de fallecidos es difícil de calcular y Hardman recuerda que los entrevistados “son personas que estaban intentando salvar desesperadamente su vida cuando se produjeron estos ataques” y están traumatizados por haber visto morir gente a su alrededor. Los muertos “van más allá de lo imaginable”, estima el informe, que ha querido juntar las piezas de este inmenso puzle. “Hemos sido cautos y nuestras cifras son conservadoras, solo hemos incluido lo que hemos podido verificar plenamente”, apunta la experta, estimando que los muertos podrían llegar a ser “miles”.

“Corroboramos muchas de las pruebas obtenidas en las entrevistas gracias a nuestra investigación digital. Pasamos horas, días, meses, geolocalizando, verificando imágenes y mapeando esta zona fronteriza para demostrar que los saudíes sabían o deberían haber sabido que estaban disparando contra migrantes etíopes, contra mujeres y niños”, agrega Hardman. Por ejemplo, las imágenes vía satélite sirvieron para constatar un aumento de las tumbas cerca de los campamentos de migrantes, los muertos en los senderos y la presencia de puestos de guardias fronterizos armados. El estudio de un grupo internacional de forenses dio detalles además sobre el tipo de heridas que sufrieron los migrantes.

Según HRW, unas 3.442 personas participaron en estos intentos de cruce de la frontera en el periodo estudiado. En 11 de estos intentos de atravesar la frontera, los investigadores de la ONG documentaron la muerte de al menos 655 personas, de un total de 1.278.

“Algunos volvieron al lugar para recoger los cadáveres y contaron 90”, dice un testigo. “De 150 personas, solo siete sobrevivieron ese día... Había restos humanos esparcidos por todas partes”, dice otro.

Lavado de imagen

Human Rights Watch ha documentado asesinatos de migrantes en la frontera con Yemen y Arabia Saudí desde 2014, pero considera que lo ocurrido en los últimos meses parece ser “una escalada deliberada”. “En general, hay poca, o ninguna, rendición de cuentas por los abusos de derechos humanos cometidos por Arabia Saudí. El país cuenta con seguir gozando de impunidad y ha hecho un trabajo increíblemente bueno, desviando la atención mediante el gasto de miles de millones en deportes para lavar su imagen”, lamenta Hardman, refiriéndose a un país donde, según la ONU, un 38% de la población es migrante.

“Arabia Saudí debe revocar de inmediato y con urgencia cualquier política, explícita o de facto, de uso de fuerza letal contra migrantes y solicitantes de asilo”, pide HRW en su informe, en el que se insta también a la ONU a lanzar una “investigación independiente que evalúe si los homicidios constituyen crímenes de lesa humanidad”.

Algunos volvieron al lugar para recoger los cadáveres y contaron 90

Migrante etíope

El año pasado, un relator de la ONU sobre la violencia contra migrantes pidió explicaciones a Riad sobre las presuntas muertes violentas de más de 400 migrantes a manos de guardias saudíes en este punto de la frontera, entre enero y abril de 2022. Las autoridades de Riad respondieron negando cualquier implicación y garantizando su compromiso con el derecho internacional.

En junio de 2023, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó en un informe de la muerte de al menos “795 migrantes, mayoritariamente etíopes, en la región de Saada, al intentar cruzar a Arabia Saudí. El año pasado, Amnistía Internacional denunció que Riad había devuelto por la fuerza a cientos de miles de migrantes etíopes a su país de origen tras mantenerlos recluidos en condiciones crueles e inhumanas por no tener documentos válidos de residencia.

Puedes seguir a Planeta Futuro en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“Las mujeres y niñas en Afganistán están padeciendo una discriminación grave que podría constituir persecución por motivos de género, considerado un crimen de lesa humanidad, y que podría denominarse apartheid de género. Las autoridades de facto parecen estar gobernando usando una discriminación sistemática, con la intención de someter a mujeres y niñas a una dominación total”, aseguró Richard Bennett, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, que visitó el país en abril y mayo para presentar en julio un informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“En ningún otro punto del planeta se ha producido un ataque tan generalizado, sistemático y global contra los derechos de las mujeres y niñas como en Afganistán”, agregó en la presentación del informe Dorothy Estrada-Tanck, presidenta del grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas y coautora del estudio.

Los derechos de la mujer afgana ya retrocedieron de forma alarmante entre 1996 y 2001 durante el primer régimen talibán. Pero, desde 2001 y hasta hace dos años, las mujeres habían reconquistado su lugar en la sociedad en prácticamente todo el país, salvo en áreas rurales más tradicionales. Los derechos de la mujer también fueron reconocidos en la Constitución de 2004 y en la ley para eliminar la violencia contra las mujeres, de 2009.

Hoy, Afganistán ocupa el último lugar (170º) en el último Índice Global de Paz y Seguridad de las Mujeres, elaborado por el Instituto de Georgetown para las Mujeres, Paz y Seguridad y el Instituto de Investigación de la Paz de Oslo (PRIO, por sus siglas en inglés). Según un comunicado conjunto de varias ONG internacionales publicado esta semana, los talibanes han emitido desde 2021 un total de 75 edictos que restringen la participación de las mujeres en la vida pública.

Pese a todo, hay afganas que se juegan la vida cada día para rebelarse contra esta privación de derechos: dando clase a escondidas, prestando asistencia legal a otras mujeres de manera clandestina, informando sobre lo que ocurre en el país o protestando en las calles.

Estas son algunas de las razones que sustentan la afirmación de la ONU sobre un “apartheid de género” en Afganistán:

Porque se priva a las mujeres del derecho a estudiar

Ninguna niña de más de 12 años puede ir a la escuela o la universidad en Afganistán en este momento. La ONU subraya que Afganistán es “el único país en el mundo” donde esto ocurre. Primero, los talibanes cerraron a las mujeres las puertas de los institutos de secundaria y, en diciembre de 2022, les prohibieron el acceso a la universidad. Las imágenes de estudiantes volviendo a sus casas llorando, con sus libros en la mano, dieron la vuelta al mundo y provocaron la condena internacional, pero no cambió nada. La ONU ha denunciado en estos días que, de facto, hay autoridades en varias provincias que han prohibido que las niñas acudan a la escuela a partir de los 10 años.

En sus primeros meses en el poder, los fundamentalistas aseguraron que la prohibición sería temporal y adujeron que estaban preparando un “ambiente adecuado” en los centros educativos, es decir, garantizando la estricta separación de sexos. El argumento sonó a mero pretexto, porque los chicos y las chicas ya se sentaban separados en los institutos.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el 80% de las niñas y las jóvenes afganas de edad escolar —unos 2,5 millones de personas— se ven privadas de educación en este momento. Casi el 30% de las niñas afganas nunca han ingresado en la enseñanza primaria. “Las flagrantes violaciones al derecho fundamental a tener acceso a una educación de calidad tendrá consecuencias de por vida en las mujeres afganas”, alerta la ONU.

Ante esta prohibición, han proliferado escuelas clandestinas, que se presentan como centros de estudio del Corán para niñas y en las que profesores voluntarios siguen dando clase de Historia, Gramática o Matemáticas a centenares de chicas.

Porque se les han cerrado las puertas del mundo laboral

En estos dos años, las mujeres afganas han desaparecido de la noche a la mañana de la mayoría de puestos de trabajo: tribunales, prensa, comercios, organizaciones humanitarias... Oficialmente, los talibanes aluden también a la necesidad de un “ambiente adecuado” para que puedan seguir ejerciendo.

A finales de 2022, los fundamentalistas obligaron a todas las ONG a dejar de emplear a las más de 50.000 trabajadoras afganas, alegando que habían recibido “graves denuncias” contra algunas de las empleadas, que no respetan el rígido código de vestimenta islámico que los talibanes quieren imponer. En abril de este año, vetaron a las empleadas locales de la ONU, con algunas excepciones, como el área de sanidad. “Hacen falta mujeres para dar ayuda a las mujeres”, lamentó un portavoz de la institución, que da trabajo a unos 3.300 afganos y afganas.

Pese a que este veto se opone a sus principios fundamentales, la ONU ha decidido seguir estando presente en Afganistán y mantener la ayuda humanitaria de la que dependen más de 28 millones de afganos, es decir, dos tercios de la población.

Porque se les priva del ocio

Las mujeres no pueden vestir como quieren, deben cubrirse y en muchos casos usar burka, una túnica que les tapa integralmente. Además, tienen que ir prácticamente siempre acompañadas por un familiar masculino y no tienen derecho a disfrutar de casi ninguna actividad de ocio como acudir a un parque o hacer deporte. Uno de los últimos reductos de relax para las mujeres eran las peluquerías y salones de belleza, pero recibieron la orden de cerrar a finales de julio. Miles de afganas que trabajaban en estos lugares se vieron privadas además de su forma de ganarse la vida.

Este entorno asfixiante repercute en la salud mental de las mujeres y niñas y existen informes sobre aumento de los casos de depresión y suicidio, especialmente entre las chicas adolescentes, señala el informe de la ONU.

Porque se les priva del derecho a la salud

Las restricciones contra las mujeres también limitan su acceso a la atención sanitaria, con graves consecuencias para su salud y sus derechos sociales y reproductivos, en un país donde el sistema sanitario ya funcionaba con dificultad debido a la pobreza y los años de guerra.

“Dado que las niñas y las mujeres solo pueden ser atendidas por doctoras, a menos que las restricciones (laborales y de movimiento) se reviertan rápidamente, existe un riesgo real de que se produzcan múltiples muertes evitables, lo que podría equivaler a un feminicidio”, sostiene el estudio de la ONU.

Las mujeres también tienen un acceso limitado a los anticonceptivos. Ha habido talibanes que consideran que estos métodos son contrarios a la sharía o ley islámica y otros “han impedido la distribución de anticonceptivos por parte de agentes humanitarios”, dice la ONU.

Porque se las deja legalmente desprotegidas

Todas estas restricciones han tenido como efecto rebote un aumento de la violencia conyugal e intrafamiliar contra las mujeres y niñas, en un país donde, ya en 2017, la oficina de estadísticas denunció que más del 50% de las afganas de entre 15 y 49 años habían sufrido violencia de género al menos una vez en su vida. Actualmente, las mujeres están más desprotegidas que nunca. “La ausencia de un sistema legal claro y previsible en Afganistán contribuye a perpetuar la violencia contra las mujeres y a la falta de rendición de cuentas para los autores”, lamenta la ONU en su informe.

La ley para erradicar la violencia contra las mujeres fue abolida, las juezas encargadas de este tipo de casos ya no pueden trabajar y en su lugar se ha puesto a líderes religiosos sin experiencia en la materia. Tampoco hay abogadas, puesto que las letradas mujeres no pudieron renovar sus permisos para ejercer.

Entre los testimonios recabados por la ONU hay varios de afganas que quisieron divorciarse tras sufrir abusos y que escucharon en el tribunal frases como “no deberías quejarte”, “probablemente mereces que te peguen” o “estos asuntos deberían permanecer en el ámbito familiar”. Los fundamentalistas también han introducido el uso de castigos físicos crueles e indignos, como lapidaciones y flagelaciones de mujeres, en una clara violación de las normas internacionales de derechos humanos.

Además, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado un preocupante aumento de los matrimonios infantiles. La trágica situación humanitaria hace que para muchas familias la opción sea vender una hija o permitir que muera de hambre.

Puedes seguir a Planeta Futuro en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“Tenía una casa preciosa y un trabajo que me gustaba mucho. Vivía con mi familia, tenía amigos y estaba embarazada. Pero perdí a mi bebé, hui de mi país sin mi marido y ahora vivo aquí sola. Estoy a salvo, pero ¿crees que soy feliz? ¿crees que puedo dormir por las noches sabiendo cómo está mi familia en Afganistán?”. Hussnia Bakhtiyari se traga las lágrimas de soledad y de rabia en una terraza del centro de Madrid, donde vive hace ocho meses. En Kabul, era una fiscal respetada y dedicada a defender los derechos de las mujeres y niños maltratados. En Madrid, vive en un centro de acogida de mujeres, los 50 euros mensuales que recibe para sus gastos los envía a su familia y aspira, como mucho y una vez que su español mejore, a trabajar limpiando un restaurante para poder sobrevivir cuando las ayudas públicas se acaben.

El 15 de agosto de 2021, cuando comenzaron a llegar los mensajes sobre la llegada de los talibanes, corrió de su trabajo a casa. “Pasé siete meses encerrada y muerta de miedo. Perdí a mi bebé. Estaba embarazada de seis meses, era una niña”, recuerda esta mujer, que pertenece a la comunidad hazara, una minoría chií muy discriminada y atacada por los fundamentalistas. Finalmente, huyó con un hermano y cruzó la frontera con Pakistán escondida bajo un burka. “Las mujeres perdieron su lugar en la sociedad de un plumazo. Ahora solo sirven para casarse y tener hijos. Debido a mi trabajo a mí me habrían matado”, dice Bakhtiyari, casi disculpándose. La fiscal pasó seis meses en Islamabad, viviendo en un cuartucho y esperando, al igual que otros compatriotas que había conocido en la ciudad. En enero de 2023, formó parte de un grupo de fiscales, juezas y abogadas evacuadas y acogidas por España.

Las mujeres perdieron su lugar en la sociedad de un plumazo. Ahora solo sirven para casarse y tener hijos

Hussnia Bakhtiyari, fiscal afgana

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) calculó que a finales de 2022, había 5,7 millones de afganos y afganas desplazados forzosamente, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), España trasladó a 2.785 personas afganas desde Pakistán entre agosto de 2021 y agosto de 2022. El año pasado se registraron 1.581 solicitudes de protección internacional de este país y la tasa de reconocimiento se situó en un 98,7%.

“No puedo ser feliz. Tengo miedo de que rapten a mis hermanas, que no pueden trabajar ni estudiar, y de que maten a mis hermanos. Mi madre murió y mi padre, que es mayor, está a cargo de todos. Hace algunos días, los talibanes vinieron a mi casa, registraron todo, golpearon a mi hermano... Todo es por mi culpa. Ellos pagan por mí”, dice, angustiada, Bakhtiyari, mostrando un video enviado por su familia que muestra el estado en que quedó el lugar tras la redada.

“Aunque me cueste la vida”

Antes de iniciar la conversación por WhatsApp, Mohammad (nombre ficticio), un periodista de 27 años que trabaja para una agencia de noticias local en Kabul, exige ver una identificación y una prueba del trabajo de su interlocutora e insiste en que no se publique nada que pueda identificarlo. “Perdona, pero vivo acosado por los talibanes”, dice.

“Los periodistas tenemos que plegarnos a sus exigencias y no podemos reflejar la verdad de lo que está pasando. Si lo hacemos recibimos amenazas de muerte, podemos ser detenidos y torturados. Trabajo apenas sin cobrar, pero no voy a dejar mi puesto, quiero seguir aunque me cueste la vida”, explica, recordando que la pasada semana cuatro periodistas fueron detenidos en diferentes lugares del país. “Me siento bloqueado aquí y sin esperanza. Nunca pensé que el mundo nos olvidaría tan rápido ni que Afganistán retrocediera de manera tan vertiginosa”, piensa en voz alta, recordando, por ejemplo, “la injusticia” que representa la desaparición casi total de sus colegas mujeres en las redacciones.

Najiba (nombre ficticio) es una de esas ausentes. Desde hace un año trabaja de incógnito desde Kabul para Afghan Times, un medio lanzado tras el retorno de los talibanes en el que varias reporteras escriben noticias sobre las mujeres del país. La joven nunca firma sus artículos con su nombre y solo sus padres y un puñado de amigos saben a qué se dedica. Aunque no la entiendan. El miedo con el que convive hace que se resista a hacer una videollamada. Cuando su imagen aparece finalmente al otro lado, la desconfianza y los nervios de esta veinteañera de ojos verdes enormes y tristes son más que palpables. “Escribo sobre las mujeres afganas. Intento que sus historias traspasen las fronteras de Afganistán”, explica. En los últimos meses ha contado las vidas diarias de escritoras, diseñadoras de moda y otras mujeres que luchan por seguir siendo las que eran hace dos años.

Las mujeres y las niñas de Afganistán sufren una grave discriminación que puede equivaler a persecución por motivos de género -un crimen de lesa humanidad- y calificarse de apartheid de género

Richard Bennett, relator especial de la ONU

Según cifras de la Asociación de periodistas independientes de Afganistán, publicadas por el medio local Tolo News, más de 300 medios de comunicación cerraron sus puertas desde agosto de 2021 y unos 5.000 periodistas perdieron su trabajo, sobre todo mujeres. Los que se quedan, como Mohammad y Najiba, sufren falta de acceso a la información, censura, violencia y precariedad económica.

Los talibanes también han obligado a las ONG a dejar de emplear a las más de 50.000 trabajadoras afganas y vetaron a las empleadas locales de la ONU, con excepciones para la sanidad y educación. Además, desde diciembre, las mujeres mayores de 12 años ya no pueden estudiar. Pese a este estrepitoso retroceso de los derechos, la ONU ha optado por seguir presente en Afganistán y mantener la ayuda humanitaria de la que dependen más de 28 millones de afganos, es decir dos tercios de la población.

“Las mujeres y las niñas de Afganistán sufren una grave discriminación que puede equivaler a persecución por motivos de género —un crimen de lesa humanidad— y calificarse de apartheid de género”, acusó en julio el relator especial de la ONU Richard Bennett, calificando la situación de las mujeres en Afganistán como la “peor” del mundo.

“Hasta el último momento”

Adela Omid y su familia no vieron venir la hecatombe. “O no quisimos verla, pero hasta el último momento pensamos que los talibanes no llegarían a Kabul”, afirma, en un español fluido, esta afgana de 24 años desde Gijón, donde vive desde hace dos años. La joven estudiaba tercer año de Periodismo en la ciudad de Herat y hacía prácticas en una radio. La familia había ido a Kabul a pasar unos días y ya no pudieron volvieron a su hogar. “Y sé que no regresaré en mucho tiempo”, dice. Tenía familiares que habían trabajado con militares y diplomáticos extranjeros y varios miembros de la familia pudieron ser evacuados. Adela, su madre y un hermano terminaron en España.

La ONU ha optado por seguir presente en Afganistán y mantener la ayuda humanitaria de la que dependen más de 28 millones de afganos

“Al llegar no sabía decir ni ‘hola’, pero me he aplicado porque quiero ir a la universidad y ser enfermera para ayudar a las mujeres de mi país cuando vuelva”, explica. Por ahora, Omid está haciendo un curso de técnico socio-sanitaria y ya hace prácticas remuneradas en un centro para personas con discapacidad. El apoyo financiero mensual que recibieron como refugiados termina en estos días, al cumplirse dos años de su llegada a España, y la joven está angustiada. Su alquiler cuesta 540 euros y ha solicitado ayudas que todavía no llegan.

“Estoy preocupada por todo: por el rumbo de mi país, por mi situación, por mis hermanos que están escondidos en Irán, por los que se quedaron y viven con mucho miedo... Pero el mundo prácticamente ha olvidado Afganistán. Hay gente asesinada todos los días, personas que mueren de hambre, pero parece que el hecho de que los talibanes gobiernen se ha normalizado”, agrega.

Noorullah Shirzada expresa el mismo sentimiento de culpa. Este hombre de 33 años trabajó durante más de una década como fotógrafo y camarógrafo para medios internacionales y ese fue su pasaporte para salir de Kabul en dirección a Francia, donde vive con su esposa y cinco hijos. El pequeño de la familia, Darman, nació en su país de acogida. “Es duro. Nos vamos integrando poco a poco, pero yo no estoy tranquilo porque mis hermanos pequeños, a los que yo crié cuando murió mi madre, siguen allá. Y están amenazados por mi culpa, porque para los talibanes la gente como yo somos espías”, asegura.

El reconocimiento que tenía en Afganistán ya no le sirve de nada. Sus fotografías, publicadas en todo el mundo, tampoco. Ahora batalla para que algún medio de comunicación le contrate como cámara, aunque sea de prácticas. “Yo era un periodista libre y quiero seguir siéndolo. No podría ejercer bajo las consignas talibanes porque yo quiero contar la realidad, no lo que ellos quieren que muestre”, explica, tristemente.

“Como un pájaro en una jaula”

En marzo de 2023, este diario entrevistó a Marzia A., fundadora de una escuela clandestina para niñas en Kabul. El centro se presentaba como un lugar de estudio del Corán para niñas, pero los talibanes sospechaban y la mujer se sentía cada vez más acosada. Semanas después, supo que iban a detenerla y huyó a Irán, donde siente que la seguridad para los afganos que buscan refugio también se ha deteriorado mucho. “Estoy como un pájaro en una jaula, pero al menos las escuelas para niñas se han mantenido e incluso han crecido”, afirma, en una conversación por Whatsapp.

Ashraf (nombre ficticio) es voluntario en uno de estos centros educativos clandestinos para niñas en Kabul. En una llamada telefónica, este padre de familia de 34 años explica que lleva una doble vida: contable ocho horas al día en una empresa y apoyo en estas escuelas en sus ratos libres. “Documento todo lo que se hace porque, aunque las niñas sigan estudiando, no hay ningún diploma ni nada que muestre sus progresos. Lo que pasa con estas muchachas es una tragedia”, afirma.

El hombre culpa al antiguo Gobierno afgano presidido por Ashraf Ghani y a la coalición internacional, que estuvo presente en el país durante 20 años, de que “todo se viniera abajo tan rápidamente”. “Hemos perdido todo, incluso la esperanza en el futuro. Estamos viviendo en un país de mentira, un país que ya no existe”, concluye.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Hoy, el nombre de Ingabire es el primero y prácticamente el único que aparece cuando se busca en Google “opositores al jefe de Estado ruandés Paul Kagame”, en el poder desde 2000. La cárcel no ha doblegado su empeño de seguir peleando por un lugar en el espacio político de su país, pese a que vive vigilada y muy encerrada en una casa con un pequeño jardín florido, donde casi nunca está sola y en la que recibió a este diario. La lista de colaboradores y compañeros de partido muertos, desaparecidos y encarcelados, que recita de memoria, justifican que tenga miedo, que su cordialidad esté impregnada de desconfianza y que el cansancio la tiente cada día. “Ser opositora en Ruanda significa no poder hacer nada, tener las manos atadas”, resume.

Pregunta. ¿Está libre pero presa entre estas cuatro paredes?

Respuesta. Fui liberada e intento seguir adelante con mi vida, pero salgo solo cuando es necesario: a la iglesia, al mercado, a visitar a gente... No me desplazo de noche y nunca voy sola porque es más difícil que me pase algo si voy acompañada. Cuando voy a algún lugar hay un coche o una moto de los servicios de seguridad del Gobierno que me sigue. Ahora por ejemplo, nos están mirando desde aquel edificio en construcción, donde tienen montado un puesto de vigilancia permanente, y también hay gente siempre cerca de la puerta de mi casa para ver quién entra y quién sale. Además, una vez al mes tengo la obligación de presentarme ante el fiscal.

El proceso de reconciliación ha comenzado, pero para que sea total hay que reconocer a todas las víctimas de todos los crímenes

Victoire Ingabire

P. Tampoco puede salir del país.

R. No he salido de Ruanda desde 2010. Actualmente necesitaría una autorización del ministerio de Justicia para hacerlo. Lo he intentado en tres ocasiones, una de ellas para ir a España en 2019 a recibir el premio de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE). Finalmente mis hijos lo tuvieron que recoger por mí. También pedí permiso para ir a la boda de mi hijo mayor, pero al final la vi a través de la pantalla de mi ordenador, en este salón. Ahora he solicitado al presidente que suspenda estas restricciones, porque es mi derecho, según mi decreto de liberación, y estoy esperando la respuesta.

P. Habrá elecciones presidenciales en su país en 2024. ¿Hay alguna posibilidad de que su partido sea reconocido y usted sea candidata?

R. Mi nuevo partido, Development And Liberty For All (DALFA-Umurinzi), no ha podido registrarse y yo, según la Constitución ruandesa, no puedo presentarme porque he sido objeto de una larga condena de cárcel. Pero el Tribunal Africano de Derechos Humanos de las Personas y los Pueblos (AfCHPR, por sus siglas en inglés, con sede en Tanzania) me consideró inocente y concluyó en 2017 que el Gobierno ruandés había violado mi derecho a la libertad de expresión y a tener una defensa adecuada y le condenó a indemnizarme por el daño moral sufrido, una sentencia que no han cumplido hasta hoy. El Gobierno ruandés me sigue considerando una criminal y usa la justicia para frenar la democracia y acallar a los opositores.

P. ¿En qué se basa para acusar al Gobierno de silenciar a quien piense diferente?

R. En 2010, Bernard Ntaganda se declaró candidato presidencial contra Kagame y fue encarcelado varios años. En 2017, Diane Rwigara, candidata independiente, fue detenida y acusada de falsificar firmas para su candidatura y posteriormente absuelta. La única oposición que Kagame tolera es el Partido Verde, que en 2017 no llegó ni al 1% de los votos. Veremos a ver qué pasa en 2024.

P. Es una figura conocida fuera de Ruanda, ha merecido la solidaridad internacional y en 2012 fue, por ejemplo, finalista del premio Sájarov por la Libertad de Pensamiento del Parlamento Europeo. ¿Siente miedo ante los meses venideros previos a estos comicios o cree que la notoriedad la protege?

R. Cuando salí de la cárcel en 2018, tenía que presentarme ante la fiscalía general hasta dos o tres veces por semana. Querían impedirme que hablara, pero han visto que no funciona. No sé si han intentado matarme, pero ahora mismo no me siento especialmente amenazada, aunque mi asistente, Anselme Mutuyimana, tampoco se sentía amenazado y en 2019 salió de un autobús, le obligaron a entrar a un coche y su cadáver fue encontrado un día después. La lista de opositores en Ruanda es cada vez más corta. Ha habido responsables de mi partido asesinados, desaparecidos o presos: Jean Damascene Habarugira, Eugene Ndereyimana, Syldio Dusabumuremyi, Théophile Ntirutwa... En este momento hay 16 miembros de mi formación en prisión, de los cuales nueve no han sido juzgados. Yo creo que todo esto son mensajes para mí. El régimen que tenemos no se detiene ante nada, da igual que seas una persona conocida. Pero voy a seguir pidiendo un diálogo para resolver los problemas de mi país.

Me siento muy apoyada y el Gobierno sabe que soy muy popular. Por eso no pueden permitir que sea candidata

Victoire Ingabire

P. Sin embargo, internacionalmente, Ruanda proyecta una imagen de reconciliación.

R. El proceso de reconciliación ha comenzado, pero para que sea total hay que reconocer a todas las víctimas de todos los crímenes, los culpables deben ser llevados ante la justicia y hay que decir la verdad sobre lo que pasó. Aquí ha habido crímenes terribles contra los tutsis, pero también contra los hutus.

P. ¿Cómo lo haría usted?

R. Yo propongo algo como lo que se hizo en Sudáfrica con la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Primero necesitamos saber qué pasó realmente en Ruanda desde la guerra de octubre de 1990 hasta el año 2000. Y luego tiene que llegar la justicia. Yo, personalmente, creo que hay que pensar en una amnistía general porque hay personas que han sido castigadas y otras que no, sobre todo exmilitares del FPR (Frente Patriótico Ruandés), el movimiento de Kagame. Los crímenes cometidos por estas personas dan miedo al Gobierno y creo que por eso se aferran al poder.

P. El Gobierno ruandés la acusa de negar el genocidio.

R. Es mentira. No niego el genocidio, solo digo la verdad y el Gobierno no la quiere escuchar. Les he presentado informes de la ONU, en los que se informa de que sus militares mataron a gente, pero el Ejecutivo no quiere hablar de esto. De todas formas, la acusación de negar el genocidio se hace contra todos los opositores en Ruanda para impedir que ensucien la imagen de Kagame.

P. Su país ha firmado un acuerdo con el Reino Unido para recibir solicitantes de asilo de aquel país. ¿Qué opinión le merece?

R. Me opongo totalmente. El acuerdo con el Reino Unido crea una especie de esclavitud moderna: te envío gente que no quiero en mi casa y te pago por ello. Es un comportamiento inhumano de parte de los dos gobiernos. Viola totalmente la convención de Ginebra porque no se puede trasladar refugiados a un país donde se vean amenazados y aquí lo estarán, ya que vivimos con menos derechos, libertad y democracia que en el Reino Unido. Ruanda es un país que ha acogido históricamente refugiados. Yo opino que deben ser bienvenidos aquí, pero somos un país pequeño, superpoblado y pobre. ¿Cómo pudo nuestro Gobierno comprometerse a dar bienestar a estas personas si no podemos garantizárselo a nuestra propia población? Es una gran mentira. Ruanda ya acordó algo similar con Israel en el pasado y no funcionó, ahora también está en negociaciones con Dinamarca y Holanda. Veremos. Está claro que el acuerdo con el Reino Unido se hizo por dinero, por prestigio y por lavar la imagen internacional del Gobierno. Pero es inmoral abrir las puertas de país a personas, cuando sabes que no estás a la altura de recibirlas correctamente.

Está claro que el acuerdo con el Reino Unido se hizo por dinero, por prestigio y por lavar la imagen internacional del Gobierno.

Victoire Ingabire

P. Se despidió de sus hijos en 2010 pensando volver en cuestión de semanas y han pasado 13 años. ¿Qué dicen ellos?

R. Tengo todo su apoyo y creen, como yo, que esto era necesario. Pero han sufrido mucho, claro. Y yo también. Ahora pueden visitarme, al menos. Mi hija vino en 2020 con su familia y mi hijo pequeño, al que dejé con ocho años, también también vino hecho todo un hombre. A mi hijo mayor, que vive en Suecia, no lo he podido ver desde 2010 y a mi marido tampoco porque está enfermo y no puede hacer este viaje tan largo. Estos años han sido duros para todos. Yo espero poder salir en 2025, cuando expire mi condena, e iré a visitar a mi marido, pero volveré a Ruanda, a seguir luchando por su democratización. Mi lugar está aquí.

P. ¿Este largo viaje ha valido la pena?

R. Sí, ha valido la pena y todavía continúa. La gente me sigue dando esperanza, cada vez hay más personas que osan levantar la voz y denunciar a las autoridades locales. Me siento muy apoyada y el Gobierno sabe que soy muy popular. Por eso no pueden permitir que sea candidata. Ellos dicen que voy a ser elegida solo por los hutus, porque yo soy hutu, pero no es verdad, tengo muchos partidarios entre los tutsis.

P. Es raro encontrar en Ruanda personas como usted, que sigan haciendo públicamente la distinción entre hutus y tutsis.

R. Evitar ese tema es pura hipocresía. Cuando un niño en la época de las conmemoraciones del genocidio pregunta quién mató a los tutsis, se le responde: “los hutus”. Porque fue así. Somos un país pequeño y nos conocemos todos, aunque ahora digamos que todos somos ruandeses y nada más. Está muy bien, pero aquí sabemos quién es quién.

P. La prensa ruandesa ha publicado acusaciones muy duras contra su madre, asegurando que torturó y mató mujeres tutsis, sobre todo embarazadas, durante el genocidio.

R. En 1994 yo no estaba en Ruanda. Como no pueden acusarme a mí de nada, lo intentan con mi madre. Casualmente, no habían inventado nada sobre ella hasta 2010, cuando yo regresé al país. Han fabricado rumores terribles, que dicen que mató a una mujer, que clavó un cuchillo en el vientre de una embarazada... Quieren presentarme como la hija de una asesina, para que la gente tampoco confíe en mí y para mermarme la moral. Mi madre está en Holanda y hace frente legalmente a todas estas acusaciones demenciales.

P. Y usted, dentro de Ruanda, ¿cómo rebate públicamente este tipo de informaciones publicadas contra usted?

R. Los periodistas ruandeses que aún conservan algo de independencia tienen miedo a que les pase algo terrible o a perder su trabajo si vienen a verme, así que no tengo contacto con ellos. Su miedo se justifica, les comprendo. Ahora tengo mi propio canal en YouTube para poder seguir informando y dando opiniones. La libertad de expresión es un derecho fundamental que no me podrán quitar tan fácilmente.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“El objetivo es inyectar ganas de vivir y de perdonar, fuerza y prosperidad, donde antes había pobreza y tristeza”, resume en una entrevista con este diario esta trabajadora social de 66 años, que perdió su casa, su marido y una hija tras el genocidio. SEVOTA es hoy una red que abarca casi todo el territorio de Ruanda y que trabaja mano a mano con las autoridades y con expertos de diferentes ámbitos (legal, humanitario y médico, entre otros), para poder seguir llegando a mujeres de todo el país. La organización ha inspirado a otras en el mundo y Mukasarasi ha recibido varios galardones internacionales, como el International Women of Courage Award (premio internacional a las mujeres de coraje) en Estados Unidos en 2018. Días antes de esta entrevista en Kigali, fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad Cristiana de Texas (TCU, por sus siglas en inglés). “No podemos curar si no estamos curados, si no hemos tomado esa decisión. Y yo la tomé”, afirma.

Pregunta. Su organización, SEVOTA, nace de una promesa y de una visión.

Respuesta. Durante el genocidio perdimos nuestra casa en la ciudad de Taba, mis allegados se vieron perseguidos, los familiares de mi marido, que eran tutsis, fueron asesinados: mis suegros, cuñados, sobrinos... Nosotros huimos. Primero a casa de mis padres, que eran hutus, y luego dirección la República Democrática del Congo, entonces llamado Zaire, aunque no llegamos a salir de Ruanda. Yo rezaba mucho y prometí que si mis hijos sobrevivían crearía alguna obra caritativa que perdurara. Pensé en un orfanato, porque había muchos huérfanos, niños que habían tenido menos suerte que los míos. Cuando volvimos a nuestro hogar habíamos perdido todo. Mi marido era comerciante, teníamos una habitación que usábamos como almacén y ahí nos instalamos. Era lo único que nos quedaba. Un día, rezando, una imagen apareció en mi cabeza: mujeres llorando y después riendo. Decidí invitar a un grupo de viudas a charlar a casa y ahí germinó todo. Era diciembre de 1994.

P. Esas mujeres fueron víctimas y testigos de crímenes cometidos por vecinos, amigos, familiares...

R. Tras el genocidio, las mujeres de Ruanda se encontraron sin marido, sin hijos... Mi reto fue convencer a una mujer que no había sufrido el genocidio de ayudar a su vecina que sí había sido víctima. Y todo eso en una pequeña ciudad donde todo el mundo se conoce. Pero poco a poco, ruandesas cuyos maridos e hijos habían matado a gente fueron a ver a otras mujeres y les pidieron perdón... Eso fue el inicio de la reconciliación. Cáritas nos dio unas lonas para hacer una especie de techo, habilitamos un espacio para las reuniones y empecé a localizar a más viudas. Comencé inculcándoles sus derechos para poder protegerlas. Las ruandesas que fueron violadas y salvajemente golpeadas —desde niñas de 10 años hasta abuelas—, o que sufrían discapacidades de por vida debido a esas vejaciones, no eran capaces de decir sí a la vida y de dejar atrás el horror. No eran conscientes de sus derechos más esenciales. Yo sentí que a esas mujeres solo les podía ayudar otra mujer.

Mi reto fue convencer a una mujer que no había sufrido el genocidio de ayudar a su vecina que sí había sido víctima. Y todo eso en una pequeña ciudad donde todo el mundo se conoce

P. ¿Qué ocurría en esas reuniones?

R. En una sociedad como la nuestra, las mujeres violadas también sufrían el desprecio de sus allegados y se encerraban en ellas mismas para evitar ese abandono. Pero sí lograban hablar con otras mujeres, aceptarse y ayudarse entre ellas. En los encuentros insistíamos en el perdón y la unidad. Y eso se traducía en reunirse en torno a una actividad, por ejemplo las trenzas, un peinado que se hace en grupo, o en ocuparse del ganado o de las tierras. Y así también se luchaba contra el aislamiento. Esas mujeres necesitaban un espacio para hablar, consolarse y proyectarse... Y sus hijos también comenzaron a jugar juntos, pese a que la historia que había separado trágicamente a sus respectivos padres y madres.

P. Usted ha ayudado a muchas mujeres, pero también ha sido víctima.

R. En 1996, mi marido fue testigo en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en Arusha, en Tanzania. En aquel momento había infiltrados que volvían a matar a gente y, como él había colaborado con el tribunal de la ONU, lo fusilaron el 23 de diciembre de 1996, junto a mi hija de 12 años y otras nueve personas. Conservé tres hijos: dos varones y una niña. Ahora ya soy abuela, pero cuando me quedé viuda, me sentí tan vulnerable que no pensé que podría seguir adelante con la organización y mucho menos ir a reuniones internacionales y hablar delante de gente. Otras mujeres me ayudaron a salir de ese pozo, a seguir estudiando, a ir hacia adelante y a recuperar las ganas de cantar y bailar. Esa solidaridad femenina es esencial.

P. ¿Ruanda ha dejado atrás el trauma del genocidio?

R. La reconciliación que predica el Gobierno de Paul Kagame existe. No hablamos de hutus ni tutsis, ahora nos sentimos ruandeses: tenemos la misma lengua y religión, celebramos bodas y funerales juntos y también recordamos el genocidio juntos. El trauma existe, está ahí, más o menos curado, pero vuelve, porque hay cosas que no se pueden olvidar. Yo, por ejemplo, cuando veo una niña de la edad que tenía mi hija cuando la mataron sufro, porque soy humana. He hecho un camino de autocuración, sé cómo gestionar todo eso, pero me duele. Cuando llega el aniversario del genocidio, los ruandeses recordamos cómo mataron a los nuestros y destrozaron nuestras casas y si somos fuertes no nos desplomamos. Pero hay jóvenes que no vivieron aquello y caen en una profunda depresión al escuchar los relatos de familia. Es el trauma transgeneracional.

Hay mujeres que en estos casi 30 años no han tenido a nadie con quien conversar, que fueron violadas y lo esconden. Pero cuando llegan al grupo finalmente pueden hablar y empiezan a sonreír

P. Hace más de 20 años su organización se abrió a los niños nacidos de las violaciones.

R. Sí. Las mujeres que quedaron embarazadas tras ser violadas no querían a sus hijos, no podían ni mirarlos, ni ponerlos en su pecho. Esos niños se vieron traumatizados desde que eran un embrión y crecieron en medio de una gran violencia. Desde muy pequeños fueron probablemente maltratados de diversas maneras y se les culpó de cosas que no tenían nada que ver con ellos. Y aprendieron a sentir cólera, deseo de venganza y odio. Desde el 2000, nuestro trabajo fue también intentar sanar a estos pequeños, acogerlos durante sus vacaciones, intentar inyectarles paz y favorecer el encuentro con sus madres. Quisimos que las mujeres reconquistaran la maternidad que no pudieron disfrutar y también que pudieran pedir perdón a sus hijos. Estos niños y niñas hoy ya son padres y madres. Algunos trabajan con nosotras.

P. ¿Su asociación sigue llegando hoy a mujeres que nunca han recibido ayuda en estos años?

R. Hay mujeres que han sufrido mucho y que en estos casi 30 años no han tenido a nadie con quien conversar. Muchas de ellas, cuando llegan al grupo, finalmente pueden hablar y empiezan a sonreír. La danza nos ha ayudado mucho en estas terapias. Hay maridos que dicen que no sabían que sus esposas podían reír a carcajadas, que nunca las vieron contentas.

P. En todos estos años, ¿hay algún caso que le haya impresionado especialmente?

R. Recuerdo a muchas mujeres, pero citaría, por ejemplo, a una joven que fue violada durante el genocidio y quedó embarazada. Sus hermanas le decían que abortara. Ella lo intentó, pero fue en vano y finalmente tuvo a su hija. Cuando dio a luz, su familia quería tirar al bebé al río, pero no tuvo la fuerza para hacerlo y fue apaleada por sus allegados como castigo. Posteriormente, cuando la niña creció, también ella comenzó a golpear a su madre. Las dos entraron en grupos de apoyo y terminaron pidiéndose perdón. La chica se casó, su madre es abuela y es una persona activa en organizaciones humanitarias y liberada de esa culpa que arrastró durante años.

P. SEVOTA tuvo un papel activo en la primera condena por genocidio dictada por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, cuando, en una decisión sin precedente en el derecho internacional, las violaciones fueron consideradas una parte del delito de genocidio.

R. Cuando la ONU instauró el tribunal Internacional, el exalcalde de mi ciudad, Taba, Jean-Paul Akayesu, fue juzgado. Las acusaciones contra él no incluían las violaciones, pero una mujer testificó y dijo que este hombre había instigado a otros a cometer crímenes sexuales. Los investigadores de la ONU comenzaron a buscar a otros testigos. Era 1997, todo estaba muy reciente, la presión social y familiar y el miedo eran enormes. Pero tres mujeres de SEVOTA, esas ruandesas que poco tiempo atrás no se atrevían a hablar de lo vivido, accedieron a testificar, Akayesu fue condenado un año después y la violación formó parte de las nueve imputaciones por genocidio.

P. ¿Cuáles son los proyectos de SEVOTA para el futuro?

R. Un instituto para la paz que abrirá sus puertas dentro de unos dos años. En él estará presente la juventud que se curó de las heridas del genocidio y también habrá un museo centrado en las mujeres que sufrieron violaciones, pero que ahora pueden hablar al mundo. Ellos son la base de la paz y de la reconciliación de mi país.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Ruanda es un país acostumbrado a los silencios y lo que estos jóvenes no dicen es tan importante como su testimonio, que brota a cuentagotas entre el miedo, la vergüenza o el alivio y ayuda a entender esta tierra hermética y aún impregnada de duelos. Sus habitantes han hecho esfuerzos para dejar atrás para siempre el genocidio de 1994, y se han alejado de ese horror sin hacer ruido, con prisa y a menudo sin ayuda profesional. Pero ¿cómo se logra vivir sin miedo en comunidad cuando el asesino es tu pariente, tu vecino o tu amigo? ¿De qué manera se cura un país roto? ¿Es posible educar a los hijos con alegría y con fe en el futuro cuando se han vivido semejantes atrocidades? Las preguntas se repiten en la cabeza del recién llegado al caminar por las calles vibrantes y frenéticas de Kigali y al recorrer un país exuberante y generoso, donde la explosión de vida y colores colma la vista e inyecta inevitablemente levedad y alegría. Solo los monumentos que recuerdan a las víctimas y un alto en el silencioso memorial del genocidio contra los tutsis recuerdan que la línea entre la barbarie y la cordura es peligrosamente frágil.

El Gobierno del presidente Paul Kagame ha predicado, con éxito, la necesidad de reconciliación, progreso y fortaleza de espíritu y ha logrado pulir la imagen internacional del país, visto hoy como un modelo por vecinos y aliados pero criticado, por sus detractores y por la diáspora ruandesa, como un sistema autoritario que coarta cualquier voz disonante. La salud mental es una de las prioridades de este Ejecutivo, aunque las autoridades admiten que no consiguen llegar a todos los ciudadanos, especialmente a los jóvenes. Hasta hoy sacar el espinoso tema en una conversación avinagra el ambiente, borra sonrisas y multiplica las puertas cerradas y los mensajes sin respuesta. Porque en Ruanda y en buena parte del continente africano, las enfermedades del alma siguen siendo un tabú, también para las nuevas generaciones, y una asignatura pendiente en los programas de salud. Además, en muchos lugares, aún se vinculan al diablo y a la brujería. “Hay gente que prefiere ir a un curandero y cuando llega a nosotros el cuadro se ha agravado. Está claro que cuesta mucho atravesar la puerta de este centro médico debido a la estigmatización de estas dolencias. Hay que educar a la población y aún nos queda mucho camino”, afirma a este diario el doctor Rutakayile Bizoza, desde el gran hospital neuropsiquiátrico Ndera de Kigali, la institución ruandesa de referencia para enfermedades mentales.

En octubre de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó de que 11 de cada 100.000 personas en África se suicidan, una cifra superior al promedio mundial (9 por cada 100.000 personas), debido en parte a la escasez de medidas para abordar y prevenir los factores de riesgo, incluidas las enfermedades mentales, que aquejan actualmente a 116 millones de personas en el continente, frente a los 53 millones de afectados en 1990. La OMS y Unicef recalcan que los niños y jóvenes son especialmente vulnerables y África es un continente esencialmente compuesto por jóvenes.

Denyse Amahirwe, especialista de protección infantil en Unicef en Ruanda, considera que la pobreza material en la que muchos adolescentes viven impide en ocasiones reconocer su sufrimiento y saber pedir ayuda. “Los chicos sienten que no son una prioridad. Por eso es muy importante la sensibilización de los jóvenes, pero también la de los educadores, asistentes sociales y padres, para luchar contra el estigma y el silencio”, recalca.

Hay cifras que resumen bien estas carencias: los países africanos destinan 50 céntimos de dólar a tratar problemas de salud mental, muy por debajo de los dos dólares por persona recomendados por la ONU para los países de renta baja. Además, el continente cuenta con un psiquiatra por cada 500.000 habitantes, cien veces menos de lo recomendado por la OMS. En Ruanda, por ejemplo, hay actualmente 15 psiquiatras para una población total que roza los 13 millones de personas, según las cuentas de Bizoza. “¿Le parecen pocos?”, pregunta este psiquiatra, el más veterano de todos los que ejercen en el país. “Venimos de muy lejos. En torno al año 2000 teníamos solo uno para todo el país”.

Olivia

“El problema de los jóvenes de Ruanda es que ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos un problema”

El juego de palabras de Olivia provoca la carcajada general de sus amigos en este café del centro de Kigali, aunque ninguno se atreve a contradecir a esta universitaria de 20 años. “No sabemos reconocer que no estamos bien, que necesitamos ayuda, no aceptamos que los problemas psicológicos se tratan y se pueden curar”, prosigue esta estudiante de Económicas.

De lo que no se habla es como si nunca hubiera sucedido y la salud mental forma parte de esos silencios bien instaurados. “Todo va bien”, responden automáticamente estos jóvenes a las preguntas incómodas, más interesados en fotografiarse sonrientes en la terraza del bar, desde la que se aprecian varias de las colinas que rodean la ciudad, y subir las imágenes a Instagram.

“Solo por la noche, cuando la oscuridad se instala, oiréis a veces retazos de verdad”, escribe la autora de Costa de Marfil Véronique Tadjo en su libro La sombra de Imana. Viaje hasta el fondo de Ruanda, publicado en 2000. Y cuesta traer ese “retazo” de sinceridad a la conversación con este grupo de universitarios, marcada más bien por el pudor, la sorpresa y el recelo. No están acostumbrados a hablar de salud mental con sus amigos, sus padres y mucho menos con una persona extraña y de otra cultura. Creen que admitir un bache en sus emociones sería visto como una debilidad que podría tener un precio social muy alto: verse señalado públicamente, perder relaciones, trabajos y estatus social.

“Por ejemplo, si alguien llega a esta mesa y dice que ha estado internado por problemas mentales, no sé si podría ser amigo suyo. Me asustaría, no confiaría... Es horrible, lo sé, pero mi mirada hacia esta persona cambiaría”, dice, casi avergonzado, Moise, de 22 años. “La gente de nuestra edad aguanta, porque hay que ser fuerte y porque aquí no gastamos nuestro dinero en cuidar de la salud mental. Además, no confiamos en el otro, ni siquiera en el médico. Podría ser por ejemplo amigo de un amigo de nuestros padres y contarles todo... Los problemas salen a la luz solo cuando pierdes el control”, prosigue Olivia.

En el grupo de amigos, Richard, un chico de casi dos metros vestido con esmero para la cita, tarda en tomar la palabra. “Yo he crecido sin mis padres, me he sentido solo siempre. La pobreza en la que vivo con mi abuela me mina la moral. He dejado la universidad porque no tenía con qué pagarla y ahora trabajo, pero sueño con seguir estudiando. En un momento, tomé unas pastillas que conseguí por ahí”, explica, ante la mirada sorprendida de sus compañeros.

Un estudio del Gobierno sobre la salud mental publicado en Ruanda en 2018, que sigue usándose como marco de referencia por autoridades y por ONG, muestra que en este pequeño país algunos indicadores superan la media regional, sobre todo entre los supervivientes del genocidio. Un 20% de los ciudadanos sufre algún tipo de problema mental y una de cada seis personas tiene depresión. Además, un 27,4% de los ruandeses de entre 14 y 25 años padece algún tipo de desorden psicológico y en el país no hay especialistas enfocados en salud mental del niño y del adolescente. Los conflictos familiares, desde la separación de los padres hasta la violencia sexual contra los niños, la pobreza, el consumo de drogas, el genocidio, una exposición alta a las redes sociales, factores genéticos, los embarazos en adolescentes y las malas compañías figuran entre los principales detonantes de estos problemas, según una evaluación sobre la salud mental de los adolescentes ruandeses publicada por Unicef en 2020.

“El genocidio también nos afecta”, apunta tímidamente Cynthia, entrando en ese terreno minado que los ruandeses por lo general evitan. “Aunque no lo hayamos vivido, aunque no seamos huérfanos, todas las familias están marcadas. Hay padres que han asumido su trauma y pueden amar a sus hijos pero otros que no han podido con ello”, agrega esta chica de 25 años, que estudia Estadística.

En 100 días, entre abril y julio de 1994, más de un millón de personas fueron asesinadas por sus vecinos, amigos o familiares en este país del este de África. Los supervivientes sufrieron altos niveles de violencia física y psicológica que arrastraron y arrastran durante años. Hoy, en las calles de Kigali no se habla ni de hutus ni de tutsis, sino de ruandeses y mencionar en una conversación pública estas diferencias étnicas es visto como una falta de respeto y de tacto. El doctor Jean Damascène Iyamuremye es el responsable del programa de salud mental del Gobierno, implementado por el Centro Biomédico Ruandés (RBC, por sus siglas en inglés). Es un médico especializado en estrés postraumático y saca a relucir sin reparos el impacto del genocidio en la población, que obligó al Gobierno a poner la salud mental sobre la mesa y a llevar a cabo una descentralización de la asistencia para poder brindarla en cada rincón del país.

“Las atrocidades cometidas hicieron que las autoridades consideraran la salud mental como una cuestión esencial y urgente porque el número de personas que necesitaban ayuda se multiplicó. Prácticamente, el 100% de los ruandeses en esa época estaban traumatizados”, explica a este diario. “Ahora tenemos que cuidar a nuestros jóvenes porque son nuestro futuro. Y es cierto que, incluso aquellos que no estaban cuando ocurrió todo aquello, están viviendo las consecuencias”, agrega.

Iyamuremye recalca que el reto que se ha impuesto el Gobierno de Kagame, en el poder desde 2000, es que en cualquier lugar de Ruanda un joven con trastornos psicológicos sepa dónde lograr ayuda y se decida a hacerlo. Pero queda mucho camino por recorrer. Según el estudio llevado a cabo en el país en 2018, un 61% de la población tenía conocimiento de la existencia de los servicios de salud mental, pero solo un 5,3% de los habitantes los ha usado.

“El estigma sigue ahí y también afecta a los jóvenes. Es individual, la gente piensa cómo cambiará la mirada de los demás hacia ellos. Es social, porque las personas con problemas mentales son marginadas. Puedes ser el líder de tu comunidad, pero si saben que has estado internado por este tipo de problemas, tu reputación se hunde. Y el estigma es también profesional, porque los pacientes aún no son tratados en todas partes con el respeto que se merecen. En nuestra cultura africana, donde la mayoría de la gente cree en Dios, la enfermedad mental se relaciona inevitablemente con el diablo, la brujería y la posesión”, explica Iyamuremye.

La descentralización impulsada por el Gobierno hace que hoy, en cada pueblo de Ruanda, haya a poca distancia un centro comunitario con trabajadores entrenados en cuestiones de salud mental que saben al menos identificar que hay un problema y poner a los vecinos en contacto con un ambulatorio cercano. “Pero la realidad es que no estamos llegando a todo el mundo. Por ejemplo, a los jóvenes”, insiste Iyamuremye.

Para ello, es necesario hablar su lenguaje y las autoridades recurren a iniciativas como la de Michael Tesfay, informático de 28 años, que en una oficina del centro de Kigali está ultimando una aplicación especialmente dirigida a los jóvenes ruandeses, que podrán recibir asistencia psicológica de forma anónima. “A través de ella se podrá pedir cita con un especialista, recibir ayuda en una videollamada y ser orientado a un centro médico llegado el caso”, explica su creador, que ya ha recibido financiación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y espera un último empujón financiero para que la aplicación sea una realidad en pocos meses.

Bellefille

“No he sido feliz nunca”

“Pensaba todo el tiempo en lo mismo. Era un peso que cargaba sola. No pedí ayuda a nadie porque aquí las cosas son así”, confiesa Bellefille, una chica de 19 años con ojos tan profundos como temerosos, en el pequeño pueblo de Jurú, en el distrito de Bugesera, unos 50 kilómetros al sur de Kigali, una de las regiones más castigadas por las atrocidades de 1994. “No saber qué había pasado con mi familia, con mis abuelos, me daba mucho miedo”, admite a su lado Alliance, de 14 años.

Las dos chicas conversan mientras pasean por los rojizos caminos de tierra bajo un cielo azul intenso y una luz cegadora. Es una imagen bella y armoniosa pero tras ella hay años de silencios y de duelo. Entre abril y julio, en Ruanda se multiplican las conmemoraciones del genocidio contra los tutsis. “Kwibuka”, “recordar” en kiñaruanda, la lengua local, se lee en las fachadas de numerosos edificios, en las calles, en la prensa. En ese periodo, una parte del país se columpia en la cuerda floja y, según el experimentado psiquiatra Rutakayile Bizoza, las crisis, el estrés y la ansiedad aumentan entre ciudadanos de todas las edades. “Todo vuelve. Vemos menos casos que hace algunos años, pero las crisis son más graves. El estrés postraumático se han transformado en depresión, esquizofrenia o trastorno bipolar”, explica.

Desde 2020, la organización internacional Interpeace, centrada en la construcción de una paz duradera en lugares de conflicto, lanzó en este distrito ruandés, con apoyo de la Unión Europea, un proyecto piloto para sanar el trauma social. Entre las actividades propuestas está la terapia de familias, que usa el diálogo para resolver conflictos, superar los bloqueos y fomentar la cohesión entre padres e hijos y entre vecinos. La idea, llevada a cabo junto con el Ministerio ruandés de Unidad Nacional, psicólogos y líderes comunitarios, es reunir en una misma sala a quienes cometieron crímenes y a quienes los sufrieron y a sus descendientes. El único propósito es que hablen.

Bellefille acababa de nacer cuando su padre fue encarcelado y nunca supo por qué exactamente estaba preso. Su madre, Agnes, asegura, con mirada entristecida y culpable, que ella tampoco conocía toda la verdad y no había tenido una conversación sincera con su esposo durante años. “Creo que ahora somos una familia por primera vez”, asegura.

“En la segunda reunión comencé a contar cosas de las que nunca había hablado. Me sentía liberado. He pasado nueve años en la cárcel y mi hija ha sufrido mucho por eso: la han insultado y marginado en la escuela por las cosas horribles que yo hice”, cuenta Faustin Bizimana, su padre, un hombretón recio de hombros caídos y sonrisa apenada.

El genocidio en Ruanda hizo trizas pueblos como Jurú, donde todo el mundo sabe quién es quién y la víctima y el verdugo vivían puerta con puerta. Bizimana asegura que entró y salió de la cárcel sin arrepentimiento. “Pero ahora he pedido perdón y mi familia me ha aceptado. Creo que estamos más unidos, pero me han hecho falta años”, resume.

“Me sentía muy incómoda al principio en esas reuniones. No hablaba, no sabía muy bien qué hacíamos allá, pero luego fui viendo a otras personas de mi edad que habían pasado por lo mismo y escuchar a mi padre me alivió. Ahora tengo mejor relación con él que cuando no sabía nada”, agrega Bellefille.

Según el estudio ruandés sobre salud mental de 2018, un 53% de las mujeres supervivientes del genocidio y un 48,8% de los hombres sufrían algún tipo de desorden mental, la mayoría depresión, trastorno de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés) y ataques de pánico. Un 14% había recurrido a algún servicio de salud mental. Investigaciones recientes han subrayado también que el trauma del genocidio se trasmite de padres a hijos. Según Bizoza, entre los jóvenes también se registran casos de trastorno de estrés postraumático, que no puede estrictamente diagnosticarse como tal puesto que falla la condición fundamental: haber sido testigos del acontecimiento que provoca la crisis. “Pero tienen todos los demás síntomas: pánico, alucinaciones, necesidad de aislarse y evitar ciertos lugares y personas...”, cita el psiquiatra. “También se ha estudiado el PTSD transgeneracional, es decir, mujeres que estaban embarazadas durante el genocidio y que transmitieron hormonalmente el estrés y el miedo a morir al feto y ese niño al crecer guarda algo de eso, como si de alguna manera lo hubiera visto”, agrega.

A diferencia de hace algunos años, en los que durante este periodo de conmemoraciones había testimonios muy duros, películas y fotografías que provocaban aún más crisis entre los jóvenes, “ahora el recuerdo es menos crudo y hay un mensaje de reconstrucción y resiliencia”. “Se mira hacia adelante”, resume Bizoza, considerando que los intentos de reconciliación entre perpetradores y víctimas, como los que se llevan a cabo en Bugesera, “disminuyen el impacto emocional de lo ocurrido”.

“Al principio fue todo muy difícil, pero enseguida empezó a ser muy sencillo. Mi hija llevaba años preguntando dónde estaban sus abuelos, pero en casa no hablábamos del tema, lo evitábamos. Nunca le había contado que los mató uno de mis tíos. Yo era un crío y pasé años huyendo de él por miedo”, explica con voz baja y tranquila Gerard Sibomana, de 42 años, padre de Alliance. “Empezamos a sacar cosas que llevábamos años guardando y nos dimos cuenta de que teníamos el corazón endurecido. Creo que para mi hija fue especialmente importante que diéramos este paso”, agrega Asinati, su madre.

“Saber la verdad me ha hecho sentir que todo aquello quedó atrás. Ya está. Y participar en las reuniones me hizo darme cuenta de que lo que me pasaba a mí les pasaba a otros. Estoy reconfortada”, dice Alliance.

Faustin y Gérard, Agnes y Asinati, Bellefille y Alliance han terminado la terapia, pero han decidido seguir viéndose. Ahora ya no necesitan salas de organismos públicos escondidas de las miradas de otros vecinos y se reúnen en sus propias casas. “No queremos olvidar lo que hemos aprendido y nos gusta estar juntos. Hablamos, nos ayudamos entre nosotros, nos damos trabajo... y también nuestras hijas quieren ser amigas”, explican.

Théophile

“Nadie ve en nosotros ningún valor”

Kigali huele a cilantro, a tierra reseca y a la gasolina escupida por los centenares de mototaxis. La ebullición y el ruido permanente de la ciudad parece desafíar al exuberante bosque que está al acecho en las colinas circundantes. En la capital ruandesa todo parece ir bien, muy bien: es considerada un escenario ideal para las cumbres africanas, un lugar apetecible entre los inversores extranjeros, un destino del que algunas ONG prescinden por considerarlo “la Suiza de África”, un ejemplo regional por sus avances medioambientales y tecnológicos y uno de los sitios más seguros de África. “Nadie va a robarle el móvil o el reloj. ¡Esto es Kigali!”, presumen, entre ofendidos y presuntuosos, los ruandeses. La ciudad es el marco perfecto para ese discurso oficial que predica la reconciliación, la unidad, el progreso y el orgullo nacional, aunque rascando un poco aparezcan las primeras fisuras: el temor a hablar mal de las autoridades, la ausencia de oposición real al Gobierno de Kagame o los progresos acelerados que dejan fuera de juego a una parte importante de la población del país, pobre, sin estudios o enferma.

En medio del barullo de la tarde, Théophile, un hombre larguirucho y con mirada perdida, espera solo en la calle. Es uno de esos ciudadanos que enturbia la imagen de perfección del país. Acaba de pasar dos semanas en el hospital Ndera “por una nueva crisis violenta” y no sabe decir ni la edad que tiene. “Unos 30”, dice, sin demasiado convencimiento. Asegura estar “así desde siempre”. “Es como una gran tristeza”, resume.

A su lado, Rose Umutesi pone nombres, detalles y fechas donde Théophile no alcanza. “Es una depresión profunda con brotes psicóticos que pueden llegar a ser violentos. Ha llegado al hospital esposado por la policía, se ha peleado en las calles, nunca ha podido trabajar y no toma bien la medicación”.

Umutesi fundó en 2007 la asociación Nouspr (acrónimo de Organización nacional de usuarios y supervivientes de la psiquiatría en Ruanda), seguida de la palabra Ubumuntu, que en kiñaruanda significa “humanidad”. La entidad quiere defender los derechos más básicos de las personas con dificultades mentales, que se sienten discriminadas y maltratadas. En este momento, está presente en 15 distritos del país, sobre un total de 30, y atiende a más de 100.000 personas, la mayoría jóvenes. “Les ayudamos por ejemplo a obtener ayudas del Estado para alquilar una casa, defender sus derechos laborales o conseguir transporte público, atención médica y tratamiento de forma totalmente gratuita”, resume la responsable.

Ruanda prevé un crecimiento del 6,3% del PIB este año, pero alrededor de un 50% de la población vive con menos de dos euros al día, es decir, es pobre. A Théophile, Nouspr le ha ayudado a tener una vivienda social y una prestación mensual de 7.000 francos ruandeses (5,5 euros) ya que no tiene ningún ingreso y gran parte de su familia no quiere saber nada de él debido a su enfermedad. Además, gracias a la entidad ha encontrado personas con las que hablar para ahuyentar la soledad. “Porque si no todo es desprecio, pobreza. De parte de la sociedad, de nuestras familias”, explica.

“En el papel, el Gobierno quiere hacer cosas, pero en la práctica no entienden los retos de los enfermos, que no son tratados con dignidad. Yo recibo cada día más llamadas de gente. No damos a basto. Trabajo mano a mano con las autoridades, pero soy crítica con ellas. Porque lo que nosotros hacemos, ese acompañamiento, las autoridades no lo hacen”, insiste Umutesi.

Nouspr, que recibe apoyo de Sind, la agencia danesa de salud mental, y la Alianza Internacional de Discapacidad (International Dissability Alliance), entre otros, también realiza programas de radio, da charlas en centros educativos y organiza conferencias para concienciar e informar. El doctor Iyamuremye, responsable del Gobierno, calcula que la salud mental representa el 10% del presupuesto total de salud de Ruanda. Y el gasto público en salud alcanzó un 15% del total del presupuesto 2022-2023, según las cifras oficiales del Ministerio de Finanzas.

“Nosotros recibimos unos 300 pacientes por día en consulta y somos un equipo de 15 especialistas, cuatro de ellos psiquiatras. Yo soy responsable de una sala a la que llegan personas en recuperación tras haber permanecido ingresadas unas dos semanas por una crisis. Suele haber un centenar de personas y yo diría que el 70% son jóvenes”, enumera el doctor Bizoza, del hospital Ndera de Kigali, explicando que la mayoría de estos pacientes de menos de 30 años tiene problemas provocados por el consumo de alcohol y drogas, pero también hay esquizofrenia, depresión, epilepsia, transtorno bipolar y PTSD. “Son más abiertos que las personas de más edad y cooperan. Algunos deciden abandonar las drogas, pero hay muchas recaídas”, asegura.

Pese a que el Gobierno ruandés trabaja por descentralizar los servicios de salud mental, Ndera sigue siendo la institución de referencia del país, el destino de una parte importante de los enfermos y un nombre asociado al estigma que cargan estos pacientes.

“También hacemos tareas de sensibilización junto al Gobierno. Por ejemplo vamos a los pueblos y les hablamos en su lengua, con cercanía, para hacerles entender la importancia de recibir atención a tiempo para que la enfermedad no se vuelva crónica, para garantizarles que no tiene nada que ver con la brujeria ni con los demonios ya que se trata y se puede curar”, explica Bizoza.

Tity

“Mi abuela tenía pesadillas horribles, venía a mi cama todas las noches, me hablaba aún dormida, aterrorizada, creyendo que había gente que iba a venir a matarnos”.

Tity Burava creció con ese miedo que no se atreve hasta hoy a llamar trauma, “intentando adivinar si las personas eran buenas o malas”. Ahora ha plasmado su infancia en un espectáculo de danza y baile llamado Musanabera, el nombre de su abuela, la persona que lo crió después de que su madre fuera asesinada durante el genocidio. “Ruanda está lleno de esas mujeres fuertes: supervivientes heridas por lo ocurrido a las que les tocó ser protectoras y cuidadoras de niños como yo y educar huyendo del odio y de la rabia”, explica.

En su representación habla del traumatismo heredado, el más invisible de todos, que arrastran ruandeses como él, que no vivieron las atrocidades cometidas hace casi tres décadas pero las cargan como un pesado fardo por influencia de sus familias y del propio país.

“Mi obra es un mensaje para que la gente sepa entender, consolar y acompañar a las personas que viven ese sufrimiento y sobre todo a los jóvenes, que hemos lidiado con esto solos, muchas veces sin hablar ni siquiera con amigos. Poner en marcha este espectáculo me ha ayudado a sentirme mejor, a liberarme. Porque en Ruanda hemos usado mucho el teatro para hablar de esta carga que arrastramos como país, pero no para sacar a relucir el traumatismo de los jóvenes”, asegura.

La obra de este coreógrafo de 29 años fue estrenada el pasado mayo en un teatro de Kigali, coincidiendo con las conmemoraciones anuales del genocidio. “Hubo gente que se acercó a mí después del espectáculo para decirme que había hablado de la historia de su vida. Vino un chico diciéndome que su padre había matado a su madre durante el genocidio y que creció totalmente solo porque la familia de su madre lo rechazo por ser el hijo del asesino y la de su padre por ser el hijo de su madre”, recuerda.

El arte también es un instrumento de sanación en el centro de jóvenes Kimisagara, en una barriada de Kigali, que ha recibido apoyo del PNUD y por el que cada día pasan centenares de adolescentes, muchos de ellos en situaciones de una vulnerabilidad preocupante. La salud mental no forma parte de sus prioridades, pero sí de sus problemas urgentes, aunque muchos de ellos aún no lo sepan: embarazos a edades tempranas, abusos sexuales, maltrato dentro de las familias... “No podemos curarnos de algo que ni siquiera entendemos, así que primero debemos educarnos para encontrar soluciones, porque la curación es un viaje”, explica la artista Jemima Kakizi, que colabora con el centro en terapias con jóvenes a través de exposiciones y talleres artísticos.

Recientemente ha organizado la muestra Walk with me (Camina conmigo), en la que han colaborado una decena de artistas con el objetivo de que los espectadores tomen conciencia de la necesidad de cuidarse y expresar sus emociones. Con esta finalidad, la exposición está viajando por diferentes escuelas y centros de jóvenes del país. “En Ruanda hay mucho traumatismo. Arrastramos las consecuencias del genocidio y ahora con la pandemia de la covid-19, mucha gente ha vuelto a quedarse aislada y expuesta, sobre todo los jóvenes. En mis talleres intento crear un espacio de confianza para que los chicos hablen de lo que les está pasando y poder así orientarlos”, explica Kakizi.

La artista presta especial atención a las jóvenes. “Aquí hay madres de 15 y 16 años y no están nada bien, pero no saben qué hacer porque se ven solas en una especie de torbellino. Algunas han sido abandonadas por el padre de su hijo, por sus propias familias”, cita. Temas como la salud sexual, los derechos reproductivos, el embarazo adolescente o sus derechos legales como madres ocupan gran parte de sus talleres, a los que trae psicólogos, expertos en salud sexual y abogados.

“Los jóvenes son abiertos y curiosos. Se acercan, inician una conversacion... En Ruanda estamos en una época de toma de conciencia. Ahora, mal que bien, todo el mundo comienza a saber qué es una depresión, oyen hablar de eso en la radio, en la escuela... Otra cosa es cómo reaccionan si les toca a ellos”, afirma.

A la sombra de un porche de este centro de jóvenes, varias chicas se hacen trenzas en el cabello unas a otras. Dos de ellas, aún menores de edad, llevan a sus bebés a la espalda. “Depresión es estar enfadada. Ver a la gente feliz y odiarla por eso”, dice, mirando al suelo, una de ellas. La conversación se detiene ahí y la desconfianza se instala. Ninguna quiere hablar más de su situación personal, responden con monosílabos a las preguntas incómodas y se concentran en el taller de peluquería.

“La toma de conciencia de la importancia de la salud mental es esencial para estas chicas”, zanja Denyse Amahirwe, la especialista en protección infantil de Unicef en Ruanda. “Cuando son víctimas, ni siquiera se sienten heridas, se ven sobre todo como las culpables. Incluso los padres o el personal médico pueden cuestionarlas si denuncian una violación, por ejemplo. Y eso las traumatiza para siempre”.

Celeste

“No quiero volver al lugar del que vengo”.

Tres horas de carretera y caminos pedregosos separan Kigali del pueblo en el que vive Celeste (nombre ficticio), en el distrito Nyanza, al sur del país. La casa, humilde y desnuda, con suelo de tierra y sin agua corriente ni electricidad, está lejos de todo, en lo alto de un sendero enmarcado por árboles de plátanos y aguacates. Celeste recibe a los recién llegados con un abrazo sentido, feliz con la visita y con la ropa bonita que se ha puesto para la ocasión. En su historial médico se mezclan la epilepsia, una ligera discapacidad intelectual, los malos tratos sufridos y un miedo y tristeza profundos.

La joven tiene 17 años, es huérfana desde que era un bebé y se crió con abuelos y después con un tío. Comenzó a tener problemas mentales a los 12 años y progresivamente se fue viendo marginada de la familia hasta que la echaron de casa y comenzó a vagar por las calles. “Me quitaron todo, comía de lo que la gente me daba y dormía donde podía”, recuerda frotándose, nerviosa, las manos.

Algún vecino alertó a los servicios sociales y Celeste recibió atención médica y psicológica localmente aunque después pasó tres meses en la sección de psiquiatría del hospital Ndera de Kigali. “Nos llamaron para ver si podíamos acoger a una chica que tenía problemas. Dijimos que sí sin conocerla porque siempre hemos sido una familia solidaria y activa en la comunidad”; explica Jean Damascene Mugarura, padre de familia. “Ahora es nuestra hija también, se puede quedar el tiempo que quiera”, corrobora su esposa, Primitiva.

La pareja, que tiene siete hijos y un nieto, fue a buscar a Celeste al hospital en noviembre de 2022. Ninguno de ellos tiene estudios ni es experto en salud mental. Tampoco han recibido una formación específica, más allá de los detalles sobre cómo administrar los medicamentos que la joven debe tomar diariamente y que tienen que ir a buscar una vez al mes a 20 kilómetros de distancia. Su única receta es el cariño y la paciencia y parece funcionar. “A veces hay momentos complicados, en los que no sabes qué hacer. Celeste puede tener comportamientos incontrolables o irse de casa sola, pero cada vez ocurre menos”, afirma la madre de familia.

Desde hace varios años, Unicef colabora con el gobierno local en la sensibilización y formación de profesores y trabajadores comunitarios en todo el país para que sepan identificar, acompañar y orientar a niños, adolescentes y a sus familias. En total, más de 200.000 menores ruandeses han recibido apoyo psicológico o cuidados médicos gracias a estos servicios de proteccion y bienestar repartidos por los 30 distritos de Ruanda. No obstante, en la evaluación del panorama de la salud mental de los adolescentes en Ruanda publicada por la agencia de la ONU en 2020, Unicef concluyó que no existen estructuras ni se han formado recursos humanos específicamente para atender a los adolescentes con problemas mentales e identificó puntos claves y acciones prioritarias para las autoridades.

“Los vecinos me decían: ‘pero si ya tienes los hijos que necesitas, para qué complicarte la vida’. No entienden que esto es una bendición”, se despide Mugarura. A su lado, Celeste saca de dentro una seguridad que sorprende, al decir adiós, arropada por su nueva familia. “Mi sueño es estar donde estoy ahora. Por primera vez me siento segura y nadie me hace daño”.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“EACOP será un desastre continuo para el planeta y, por lo tanto, no debe construirse”, afirma HRW, basándose en los testimonios de más de 90 familias entrevistadas para esta investigación titulada Nuestra confianza está rota. Pérdida de tierra y medios de subsistencia en pro del desarrollo petrolero en Uganda.

Este conducto de 1.443 kilómetros, desde los yacimientos petrolíferos de Tilenga y Kingfisher, en Uganda occidental, hasta el puerto de Tanga, en Tanzania, será el oleoducto calentado más largo del mundo, con una tecnología para transportar el crudo por encima de 50 grados en todo su recorrido. Por él circularán al día el equivalente de 246.000 barriles de petróleo. El proyecto, poco conocido pese a ser una de las infraestructuras de combustibles fósiles más importantes que se desarrollan actualmente en el mundo, está liderado por la petrolera francesa TotalEnergies (62% de las acciones), a través de dos de sus filiales en África oriental (TotalEnergies EP Uganda y TotalEnergies East Africa Midstream), junto a la china CNOOC (8%), y las petroleras de los dos países africanos. En este momento, y según informaciones de las compañías, ya se han perforado los primeros pozos en los dos yacimientos petrolíferos y el desarrollo de la infraestructura está en marcha.

“EACOP ha sido un desastre para las decenas de miles de personas que han perdido las tierras que proporcionaban alimentos a sus familias e ingresos para enviar a sus hijos a la escuela, y que recibieron una indemnización demasiado pequeña de parte de TotalEnergies”, denuncia en el informe Felix Horne, investigador principal sobre medioambiente de HRW.

Horne se refiere a las denuncias formuladas por los entrevistados, que resaltaron que el monto de las indemnizaciones fue insuficiente y no correspondía a lo prometido por TotalEnergies y que el pago tardó entre tres y cinco años en realizarse. También describieron presiones por parte de las empresas para aceptar cantidades que no les permiten comprar tierras de reemplazo de idéntica calidad. Muchos aseguraron además que firmaron documentos en inglés que no entendieron y quienes se negaron a firmar se siguen enfrentando “a amenazas de acciones judiciales y al acoso del gobierno local”.

La ONG estima que estos “retrasos, falta de comunicación y compensaciones inadecuadas”, han dejado a muchas familias “más pobres e inseguras con respecto a su futuro”. Por ejemplo, hay personas que eran autosuficientes antes de que comenzara el proyecto petrolero y utilizaban los ingresos del café, plátanos y otros cultivos para pagar sus gastos y ahora deben comprar alimentos que antes producían, lo que les exige vender bienes, incluido el ganado, o pedir préstamos para seguir pagando la escuela de sus hijos, cita HRW.

En una carta a la ONG, TotalEnergies se ha defendido de estas acusaciones y ha garantizado que ya se ha indemnizado al 93% de los hogares afectados por el proyecto de adquisición de tierras y que los montos cumplían la norma del “valor de sustitución total”. Según la compañía, si ha habido tardanza en los pagos, se ha debido a retrasos en “la finalización de los diversos documentos legales y jurídicos necesarios para la adquisición de tierras” y a las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

“Pongamos que alguien quiere una de tus vacas. Se acuerda un precio, pero no te pagan durante cinco años. Durante ese tiempo tú tienes que cuidar de la vaca, pero no puedes usar la leche que da. No tiene sentido”, comparó Cattle Rancher, de 50 años, a los investigadores de HRW, refiriéndose a los retrasos en los pagos.

TotalEnergies ha recalcado que se “sigue prestando gran atención al respeto de los derechos de las comunidades afectadas” y ha reafirmado su compromiso con las normas internacionales sobre adquisición de tierras. Paralelamente, Atacama Consulting, la consultora medioambiental que facilita la adquisición de tierras para TotalEnergies EP Uganda en los yacimientos de Tilenga, rechazó las acusaciones de que se presionara a la gente para que firme y consideró que las indemnizaciones fueron las que estipulan las reglas internacionales.

“Existe una brecha significativa entre los compromisos de TotalEnergies de pagar indemnizaciones adecuadas y la realidad sobre el terreno”, responde HRW en su informe, en el que insta a la empresa francesa y a todas las implicadas en la financiación, construcción y explotación del proyecto a garantizar que los medios de subsistencia de los hogares afectados se restablezcan hasta alcanzar los niveles anteriores al inicio del proyecto.

Amenaza para la biodiversidad

Según HRW y otras ONG, este proyecto en Uganda y Tanzania también plantea problemas medioambientales más amplios, ya que el oleoducto atraviesa ecosistemas sensibles, incluidas áreas protegidas y humedales de importancia internacional, lo que representa una amenaza para la biodiversidad de la que dependen las comunidades locales para su sustento.

“EACOP es también un desastre para el planeta y no debería finalizarse”, zanja Horne. Además, el proyecto contribuirá a las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la quema de combustibles fósiles. El Climate Accountability Institute calcula que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de este oleoducto en 25 años de uso llegarán a 379 millones de toneladas, una cifra equivalente a las emisiones de Australia en 2020.

Mientras el EACOP se sigue construyendo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la principal autoridad mundial en la materia, advierte de que no se pueden construir nuevos proyectos de combustibles fósiles si el mundo quiere alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y limitar los peores impactos del cambio climático. Grupos de la sociedad civil de Uganda y Tanzania, una resolución del Parlamento Europeo de 2022 y varias declaraciones de relatores especiales de la ONU se han mostrado a favor de la suspensión del proyecto, recuerda HRW.

TotalEnergies informó en marzo de 2023 de que aún necesitaba conseguir 3.000 millones de dólares (2.746 millones de euros), el equivalente al 60% de la inversión total, para que el oleoducto siguiera adelante. HRW calcula que, hasta el momento, “al menos 24 instituciones financieras y 23 compañías de seguros han manifestado públicamente que no están dispuestas a apoyar el proyecto debido a sus riesgos climáticos, medioambientales y humanitarios”. “Las instituciones financieras que estén considerando financiar EACOP deberían mantenerse al margen de este proyecto y, en su lugar, ayudar a Uganda a aprovechar su importante potencial de energía limpia”, pide Horne.

Porque, aunque este país africano tiene importantes necesidades energéticas, dispone de otras opciones más “limpias” para alcanzar sus objetivos, sin necesidad de empobrecer aún más a quienes se encuentran en el camino del gasoducto ni de contribuir a agravar el cambio climático, concluye HRW.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

El reportero argelino acaba de aterrizar en Madrid para agradecer la solidaridad y la presión que se hizo desde países como España para que fuera liberado, tras haber sido acusado de atentar contra la unidad nacional y condenado en 2020 a dos años de cárcel. “Si yo estoy hoy aquí, es en parte gracias a la movilización internacional, que también puede ser vital para proteger a otros colegas periodistas que siguen presos”, explica, en un encuentro con este diario.

El nombre y el trabajo de Drareni, de 43 años, se dieron a conocer, dentro y fuera de su país, a partir de febrero de 2019, cuando comenzaron las multitudinarias y pacíficas manifestaciones de los viernes en Argelia pidiendo una apertura democrática y la salida del presidente Abdelaziz Buteflika. El periodista era corresponsal en Argelia del canal de televisión francés TV5 Monde, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y fundador del sitio digital de Casbah Tribune. Sus informaciones en las redes sociales pasaron a ser esenciales para saber qué estaba pasando en esas protestas semanales, llamadas Hirak, en árabe. Drareni pasó 11 meses en prisión y fue liberado en febrero de 2021 gracias a un indulto de presidente Abdelmayid Tebún.

Habíamos creído que la libertad de prensa avanzaría con las revoluciones árabes, pero sucedió lo contrario

Khaled Drareni, periodista argelino

Actualmente, es representante de RSF en Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania, Libia y Sudán y su obsesión es que en esos países no haya ningún periodista entre rejas. Cita de memoria a quienes están privados de libertad: Ihsane El Kadi y Mustapha Bendjama en Argelia, Omar Radi, Taoufik Bouachrine y Souleiman Raissouni, en Marruecos... Drareni es consciente de que la libertad es frágil y de que se mueve en un campo minado y algunas preguntas quedan sin respuesta.

Pregunta. ¿Cuál es su balance sobre el estado de salud de la libertad de prensa en estos seis países del norte de África?

Respuesta. Creo que hay un clima de miedo y un retroceso general en toda la región del Magreb, desde Marruecos hasta Libia. Habíamos creído que la libertad de prensa avanzaría con las revoluciones árabes, pero sucedió lo contrario: al tomar el control, los gobiernos atacaron a la prensa y a los periodistas para poder aplicar su ley. Aunque también vemos que hay muchos periodistas que resisten, algunos de ellos desde la cárcel.

P. ¿Y más concretamente en su país, Argelia?

R. La situación para los periodistas ha sido difícil. Estamos viviendo momentos duros: el diario Liberté, uno de los más creíbles del país, cerró en 2022, el periódico El Watan, también tiene serios problemas financieros. Además, ha habido periodistas encarcelados desde 2019 y otros perseguidos judicialmente. El ejercicio del periodismo es difícil y nuestros desafíos grandes, pero hay colegas que siguen batallando. Mi país en los años 90 tenía la prensa más libre del mundo árabe y el periodismo en Argelia no va a desaparecer.

P. Dentro de los países que representa, ¿dónde están las mayores urgencias?

R. Por ejemplo, la situación en Túnez es muy difícil desde la llegada al poder de Kais Said, que tiene plenos poderes, ha modificado la Constitución y ha aprobado una ley contra la desinformación que usa para encarcelar a ciudadanos. Además, hay una total impunidad en la forma de actuar de autoridades y las fuerzas del orden hacia los periodistas. Todo esto en el país que protagonizó la primera revolución árabe en 2011, lo que hace que sea, si cabe, más decepcionante, porque se está perdiendo todo lo adquirido. Pero los periodistas tunecinos son difíciles de doblegar y tienen un sindicato muy fuerte.

P. ¿Y Marruecos?

R. Es otra urgencia. Hay tres periodistas en prisión y nos preocupa mucho su situación porque sufren presiones dentro de sus celdas. Uno de ellos se ha visto privado de cuidados médicos, otro está hacinado con muchas personas, a otro le han quitado los libros...

Creo que hay un clima de miedo y un retroceso general en toda la región del Magreb.

Khaled Drareni, periodista

P. ¿Ha cambiado el ejercicio diario del periodismo en Argelia con la presidencia de Abdelmayid Tebún?

R. (Silencio) Tengo que volver a Argelia y esta pregunta... Mira, yo he hecho la elección de seguir viviendo allá, podría instalarme en otro lugar, pero no imagino mi vida en otro país. Puede parecer un poco populista o demagógico, pero es la verdad. En algún momento he pensado que las autoridades de mi país querían que huyera, pero mi opción ha sido quedarme. Como representante de RSF he sido recibido recientemente por el presidente para entregarle una carta pidiendo la liberación de El Kadi y que se levanten las restricciones contra la libertad de prensa. Lo he hecho por mis colegas y vamos a seguir abogando por ellos.

P. El Hirak nació en 2019, lo paró la pandemia y luego las autoridades. Pero las reivindicaciones que lo motivaron siguen ahí.

R. Millones de personas salieron a la calle en Argelia cada viernes, durante un año, para protestar contra el nuevo mandato de Buteflika y por el respeto de las libertades. En marzo de 2020, la covid paralizó todo, pero el Hirak se retomó en febrero de 2021 hasta que en mayo las autoridades decidieron pararlo en seco. Fue una frustración porque la gente tenía esperanzas en este movimiento popular y en lo que podía generar. Ahora hay un clima de miedo, mucha gente no se quiere arriesgar a terminar en la cárcel.

P. Este es su primer viaje tras salir de prisión.

R. Sí, tenía que haber venido el 9 de mayo a recoger el premio de libertad de prensa “Anoche tuve un sueño”, pero no pude salir del país porque sobre mí seguía pesando una prohibición de viajar, que por ley no tenía razón de ser. Decidí hacer público mi caso y el Tribunal Supremo levantó esa decisión el 20 de mayo. Por eso estoy aquí ahora.

P. ¿Ser representante de RSF le protege?

R. En 2019 pensé que era demasiado conocido como para ir a la cárcel, me sentía protegido por mi trabajo de corresponsal de TV5 y me equivoqué. No sé si RSF es un escudo. En cualquier caso, no es una organización muy apreciada por las autoridades de mi país y de ahí nuestro deseo de intentar instaurar poco a poco un diálogo con el Gobierno.

P. ¿Qué cambió durante los 11 meses que pasó en prisión?

R. Entré siendo periodista y en la cárcel me convertí en militante de la libertad de expresión. Mi condena fue larga, pero moralmente estaba bien porque estaba convencido de que mi causa era noble, aunque confieso que no pensé nunca que estaría encerrado tanto tiempo. Quiero creer que mi caso ha alentado a jóvenes argelinos a ser periodistas y es un gran orgullo poder transmitir el amor por este oficio.

P. El giro dado por el presidente Pedro Sánchez en 2022, cuando se alineó con la postura marroquí en el Sáhara Occidental, ha provocado una tensión importante con Argelia.

R. Creo que no es sorprendente que Argelia reaccione así a la decisión española, lo sorprendente es que las autoridades españolas no hubieran previsto que esto ocurriera. Hay mucha gente en mi país que observa de cerca el rumbo de la política española y se plantea qué pasará en las relaciones con Marruecos si hay un cambio de Gobierno.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“Cuando escuché la noticia tenía en la mano una muñeca de mi hija. De ahí viene esta obra. También me puse a reflexionar e investigar la situación en mi país, Honduras, aunque hubiera sido mejor no hacerlo”, detalla la artista, en una entrevista con este diario.

Montero, de 43 años, recalca que concibe y disfruta “el arte por el arte”, pero basta detenerse unos minutos en la veintena de obras que ha traído a España para darse cuenta de que su trabajo destila denuncia, compromiso y dolor, e inmortaliza las luchas sociales de los últimos años en Honduras y a quienes las han protagonizado.

“En 2019, hubo entre 800 y 900 niñas de entre 10 y 16 años embarazadas en mi país, según los registros médicos. El número real seguro fue mucho mayor y, desde entonces hasta ahora, ha crecido de manera atroz. Están pasando cosas terribles y el arte también tiene que hablar de ellas”, continúa Montero, haciendo referencia al mensaje de su muñeca rota, mientras guía por su exposición, que está abierta al público hasta el 3 de julio y forma parte de la agenda cultural del Instituto de las Mujeres, que depende del Ministerio de Igualdad. Según cifras del Fondo de Población de la ONU (UNFPA), en Honduras 89 de cada 1.000 chicas son madres adolescentes, un número superior al promedio de la región de 61 por 1.000 niñas, y más del doble de los valores mundial. Pero en el país centroamericano no se puede abortar por ley bajo ninguna circunstancia.

En mi país han pasado muchas cosas en estos años y yo quiero representar aquí a la gente que ha estado en la lucha todo este tiempo

Johanna Montero Matamoros

“Esto es una marcha de los indignados en San Pedro Sula, la ciudad en la que vivo”, prosigue Montero, señalando una gran obra en la que han quedado inmortalizadas en negro las huellas de los zapatos, carritos de bebé o bicicletas de decenas de personas. “Es una pieza participativa que intenta dejar constancia de las protestas históricas de 2015 a favor de una comisión anticorrupción. Puse un lienzo en el suelo, pintura al lado y la gente pasó. Esto son sus pisadas”, agrega esta mujer de gesto dulce y voz pausada, que contrastan con la crudeza de muchas de sus obras.

En 20 años de grabados y de estampas, la artista hondureña ha defendido el feminismo y la libertad de expresión, ha puesto sobre la mesa los derechos de los indígenas y de los migrantes, ha elogiado a defensores de la tierra y la biodiversidad. Su exposición es un retrato personal de Honduras en el que se mezclan caminantes, mujeres enfermas amamantando, jóvenes manifestándose, pueblos ancestrales defendiendo su tierra y manos alzadas que dicen basta. “En mi país han pasado muchas cosas en estos años y yo quiero representar aquí a la gente que ha estado en la lucha todo este tiempo”, afirma.

“Esta es Berta Cáceres”, continúa, refiriéndose a la defensora ambientalista hondureña asesinada en 2016. En el grabado aparece un esqueleto, escoltado por mujeres, río y bosque. “No la quise representar como lo hace todo el mundo. A Berta nos la mataron. El legado que ha dejado es inmenso, pero aún estamos esperando que se detenga a los autores intelectuales de su asesinato”, explica.

El dolor y el arrullo

En su exposición, Montero también denuncia la usurpación de las tierras ancestrales de pueblos indígenas, como los garífunas, que viven en el litoral atlántico de Honduras y se ven acechados “desde hace una década” por el crimen y por poderosos grupos económicos interesados en explotar sus riquezas.

La artista se detiene ante dos televisiones que muestran dos de sus iniciativas de los últimos años. La primera consistió en empapelar sedes de instituciones oficiales u organismos públicos con un grabado que citaba un derecho humano, como salud o educación. “Porque tenemos derecho a tener derechos”, insiste Montero. La segunda se produjo en 2009, en vísperas del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya, cuando la artista decidió convertir a gente que vivía y trabajaba en las calles en candidatos políticos ficticios, inmortalizándolos en imágenes en las que lucían objetos con la consigna “Vota por mí”. “La idea era preguntarnos si nosotros, los ciudadanos, elegimos o nos imponen a los presidentes. Porque tenemos la sensación de que no escogemos a quien nos gobierna. Hasta hoy”, explica.

En un país como el mío se privilegia que los espacios, las becas, las oportunidades y los fondos sean para los hombres

Johanna Montero Matamoros

Tras el golpe de Estado, Honduras fue gobernado brevemente por Roberto Micheletti, que fue reemplazado por Porfirio Lobo (2010-2014) y posteriormente por Juan Orlando Hernández, que dejó el poder en enero del 2022 tras ocho años de turbulenta gestión marcados por polémicas, fraudes y corrupción, y fue extraditado a Estados Unidos, donde estaba acusado de narcotráfico. Lo sustituyó en el poder Xiomara Castro y hondureños como Montero celebraron el retorno de la izquierda “y de la legalidad”.

“Teníamos esperanzas con este Gobierno, pero lo tiene difícil, porque hay mucha gente dentro del poder que está en su contra. Entonces no está pasando gran cosa y la presidenta tiene poco margen de maniobra, sobre todo en el poder judicial”, explica la artista.

Montero se gana la vida dando talleres y formaciones, y tiene proyectos siempre con campesinas y mujeres que viven en zonas peligrosas de su ciudad. “Son mujeres, muchas veces analfabetas, a las que enseño a hacer grabados o a fabricar tintes de ropa, con productos como remolacha, para que puedan encontrar alguna forma de ganarse la vida”, explica.

Hija de un impresor y de una vendedora de telas, Montero afirma que la tinta “corre por sus venas desde siempre”, aunque ser artista y mujer en Honduras haya sido remar contra la corriente. Por eso en la exposición también se ha inmortalizado ella misma. Su silueta, sentada en el suelo, casi acurrucada, aparece estampada en un lienzo color crudo, con un cordón umbilical rojo que le sale del vientre, casi en espiral, como un fogonazo.

“Esta soy yo, artista, madre de mis dos hijos, esposa... Me ha costado ser lo que soy y decir: ‘Soy artista’. En un país como el mío se privilegia que los espacios, las becas, las oportunidades y los fondos sean para los hombres. Por eso, ver mis obras en este lugar en Madrid es un sueño maravilloso”, celebra.

La exposición de Montero se titula Crónicas del tiempo, del dolor al arrullo. “Porque después de ver estas realidades o de escuchar las noticias, una necesita llegar a casa y que alguien la abrace. Eso es el arrullo, también he querido inmortalizar ese amor que nos reconforta y ojalá todas las personas plasmadas en mis obras pudieran recibirlo al final del día”, se despide.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

En Nigeria, el Estado más poblado del continente, con 200 millones de habitantes, unos 10 millones de menores de 12 años no están escolarizados. Según cifras de Unicef, solo el 61% de los niños de seis a 11 años asiste regularmente a la escuela primaria y únicamente el 35,6% de los pequeños de entre tres y cinco años recibe educación preescolar. En el norte del país, el panorama es aún más sombrío, con un promedio de asistencia a la escuela del 53%. Conseguir que los chicos vayan o regresen a las aulas es el objetivo de este proyecto, que llega a los entornos más vulnerables del país y ofrece a las escuelas públicas ordenadores, tabletas, formación e innovación educativa.

Solo el 61% de los niños de seis a 11 años asiste regularmente a la escuela primaria y únicamente el 35,6% de los pequeños de entre tres y cinco años recibe educación preescolar, según Unicef

El desafío es que aprender sea divertido, diferente y atrape de nuevo a los niños. “Tratamos de aumentar las capacidades digitales de estos pequeños que no van regularmente al colegio y que tal vez han sufrido ataques, se han visto desplazados o son huérfanos y están totalmente solos”, explica Osezuwa a este diario, durante una reciente visita a Madrid.

El proyecto de ProFuturo también brinda apoyo pedagógico y formación a los profesores, para que usen estas herramientas digitales en sus clases y sepan facilitar este acceso a la tecnología a sus alumnos. “Puede parecer algo normal en las regiones más acomodadas del país, pero aquí no lo era. Los niños no habían visto un teléfono inteligente en su vida. Ahora, cuando sus padres vienen a buscarlos, no quieren marcharse de la escuela porque están motivados por el aprendizaje. Vemos a chicos felices, escuelas que abren los fines de semana y durante las vacaciones, y eso es muy bonito”, asegura el responsable del programa en Nigeria.

El proyecto, que cuenta con dispositivos tecnológicos enviados desde España y se implementa conjuntamente con el Kukah Centre, instituto de investigación sobre políticas con sede en Nigeria, ha llegado ya a 123 escuelas públicas del norte del país, lo que significa más de 63.000 niños y unos 900 docentes. Ahora, ProFuturo en Nigeria desea entrar en una fase de sostenibilidad, es decir, intentar que las escuelas mantengan el programa de manera autónoma y con una supervisión mínima, algo que ya se ha logrado en una decena de centros y el número sigue creciendo, según el responsable.

Los niños no habían visto un teléfono inteligente en su vida. Ahora, cuando sus padres vienen a buscarlos, no quieren marcharse de la escuela porque están motivados por el aprendizaje

Lawson Osezuwa Eselebor, responsable del programa de educación digital ProFuturo en Nigeria

“Ahora también nos planteamos qué pasará con el nuevo Gobierno, que acaba de asumir. ¿Qué prioridades tendrá? ¿Salud? ¿Educación?”, recuerda el comunicador nigeriano.

Ir a la escuela a comer

La inseguridad en el norte de Nigeria, escenario de la insurgencia de Boko Haram, jugó un papel importante en la instauración del este proyecto. El grupo terrorista ha atacado escuelas y provocado el cierre de centros educativos, ha secuestrado a niñas y ha disuadido a las familias de enviar a sus hijos a clase.

“Hay escuelas primarias destrozadas y vacías, y otras en las que vemos 200 niños y un solo profesor. ¿Cómo puede este maestro trabajar de manera productiva? Es difícil, pero no podemos culparlos. Estamos hablando de gente que ha tenido que huir de casa porque ha sufrido ataques. Muchos de ellos querrían volver a sus hogares, pero no pueden porque no es seguro, las carreteras son peligrosas y hay terroristas que tal vez tomaron sus casas”, explica Osezuwa.

La educación y las infraestructuras que la sustentan tendrán que crecer y aumentar en los años venideros al ritmo del crecimiento de la población de Nigeria, donde actualmente la mitad de los habitantes tiene menos de 18 años. Según datos de Unicef, el país africano representa actualmente el 20% de todos los nacimientos de África y el 5% del total mundial, pero para el año 2050, 1 de cada 13 nacimientos del mundo ocurrirá en Nigeria.

Por otro lado, en un país donde el salario mensual promedio es de unos 100 dólares, pero puede reducirse hasta a 20 dólares en zonas del norte, Osezuwa subraya que hay muchos padres que no pueden cubrir las necesidades de la familia, ni enviar al colegio a sus hijos. “Y cuando van también lo hacen muchas veces porque les dan algo de comer, pero eso da igual. Si aprenden algo y les entra el gusto de ir ya nos damos por satisfechos”, asegura.

Especialmente preocupante es la situación de las niñas, que en el norte de Nigeria abandonan prematuramente la escuela debido a la pobreza, la inseguridad y las prácticas culturales, entre ellas, el matrimonio infantil. Más de la mitad de las niñas nigerianas no están escolarizadas, según Unicef. “A las mujeres en el norte no les escuchan, sus decisiones no son tomadas en cuenta ni respetadas. En este contexto hay padres que no mandan a sus hijas al colegio porque se van a casar a los 12 o 13 años. Entonces, ¿por qué invertir en ellas? Es verdad que en mi país hay muchas mujeres con puestos de responsabilidad, pero vienen sobre todo del sur, donde hay muchas más oportunidades”, afirma.

El programa ProFuturo ha llegado a 28 millones de niños y 1,4 millones de profesores de más de 45 países de América Latina y el Caribe, Asia y África. “Somos una gota en el mar, pero una gota cuenta”, confía Osezuwa. “Si conseguimos cambiar la vida de un solo estudiante, la transformación ya está en curso porque a ese niño lo habremos sacado de la calle o de una vida sin estudios, y hablará de ello a su familia y a sus amigos”.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

“Estamos felices y muy orgullosos. Nuestra misión es siempre dar al niño que más hambre tiene y nuestra única condición es que vaya a la escuela a comer. Es un sistema sencillo que funciona muy bien”, declara a este diario Elisalex Löwenstein, presidenta de Mary’s Meals en España.

Mary’s Meals compra los alimentos localmente, los lleva al colegio y, gracias a una amplia red de voluntarios, sobre todo mujeres, los cocina para dar a los niños una comida de calidad al día

El jurado del premio Princesa de Asturias destacó en la lectura del acta “su ejemplar dedicación a paliar algunos de los problemas más acuciantes del mundo actual, aplicando un modelo de gestión imaginativo y eficaz que permite optimizar los recursos”. Mary’s Meals compra los alimentos localmente, los lleva al colegio y, gracias a una amplia red de voluntarios, sobre todo mujeres, los cocina para dar a los niños una comida de calidad al día. “Es un proyecto que forma parte de la población, no es de las personas que venimos de fuera. Implica a las escuelas y a las familias. Las madres y las abuelas vienen a cocinar desde que amanece. Y la diferencia para los niños es abismal”, explica Löwenstein, subrayando que el programa logra reducir el abandono escolar y aumentar el número de niños inscritos en las comunidades donde está presente.

Los responsables de Mary’s Meals, que está presente en España desde 2014, aseguran que alimentar a un niño de Malaui o de Sudán del Sur durante el año escolar cuesta 22 euros. “Hemos visto chicos que tenían ganas de estudiar, pero les era imposible por el hambre que tenían. Ahora, el hecho de tener una buena comida al día les da fuerzas para aplicarse y para ir y volver del colegio caminando. Y los padres también les permiten ir a la escuela porque saben que allí comen”, agrega la presidenta de la organización en España.

El proyecto funciona gracias a miles de voluntarios en los diferentes países en los que está presente y a unos costes operacionales reducidos al mínimo. Löwenstein se felicita porque incluso durante la pandemia de la covid-19 se pudieron seguir repartiendo bolsas de comida a decenas de miles de niños y sus familias. “Se han salvado miles de vidas en lugares muy complicados”, asegura.

“Pero siempre vamos con el agua al cuello”, agrega, confiando en que el premio Princesa de Asturias sea un “llamado de atención”. “Que sirva para recordar a la gente cómo viven esos niños y que, por muy lejos que estén, necesitan nuestra ayuda”, confía.

Un cobertizo y un viaje a Malaui

La cantidad de personas que no pueden alimentarse dignamente creció en 46 millones de personas desde el año 2020, hasta situarse en 828 millones, según el informe anual sobre la situación de la seguridad alimentaria en el mundo, elaborado en julio por cinco agencias de Naciones Unidas.

La infancia es la más vulnerable a estas crisis. La subalimentación en los niños implica efectos a largo plazo como la desnutrición crónica, que tiene impactos a nivel cognitivo y de aprendizaje. “Pero existe un antídoto: programas de alimentación escolar bien diseñados y financiados pueden proteger a los niños contra el hambre y liberar los beneficios de la educación”, opinaba en un análisis sobre el tema Kevin Watkins, ex director ejecutivo de Save the Children en el Reino Unido.

MacFarlane-Barrow tuvo la idea de crear la organización tras un viaje a Malaui en 2002, cuando un niño le dijo que su mayor deseo era “tener suficiente comida y poder ir al colegio”. Este escocés, que ya había fundado la ONG Scottish International Relief (SIR), para canalizar ayuda durante el conflicto de Bosnia en 1992, comenzó a idear la manera de repartir alimentos a los niños más pobres de este Estado africano, donde Mary’s Meals suministra actualmente una comida al 32% de los niños de primaria de todo el país. La Fundación nace anclada en los valores cristianos de su fundador y debe su nombre a la virgen María “que crio a su hijo en la pobreza”, pero quiere, “respetar y llegar a gente de toda creencia y de ninguna”. MacFarlane-Barrow narró el origen de su proyecto en un libro, El cobertizo que alimentó a un millón de niños, refiriéndose al cobertizo de un remoto lugar de los Highlands de Escocia, desde el que opera la fundación.

El de la Concordia es último de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias, cuyos premios llegan este año a su 43ª edición. Mary’s Meals se ha alzado con el galardón entre un total de 47 candidaturas de 18 nacionalidades. En el resto de las categorías, la actriz estadounidense Meryl Streep ha ganado la de las Artes; el filósofo italiano Nuccio Ordine obtuvo el galardón de Comunicación y Humanidades, que recibirá a título póstumo, ya que falleció el fin de semana; la historiadora francesa Hélène Carrère, especialista en Rusia y la URSS, ha sido la elegida para el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales; el atleta keniano Eliud Kipchoge, doble campeón olímpico en maratón, se ha impuesto en Deportes. El escritor japonés Haruki Murakami, en Letras y la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas ha ganado el premio de Cooperación Internacional.

En la anterior edición, el Princesa de Asturias de la Concordia recayó en Shigeru Ban, arquitecto japonés que ha dedicado la mitad de su carrera a enseñar a construir estructuras para alojar a damnificados por catástrofes naturales. Un año antes, en 2021, la premiada fue la ONG World Central Kitchen, del chef español José Andrés, que alimenta a miles de personas de todo el mundo que han sufrido los efectos de alguna catástrofe.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo

Ser voluntario en el extranjero durante el verano genera tanto entusiasmo en los aspirantes como reticencias en muchas ONG y receptores de ayuda. Dedicar su tiempo a los demás es “siempre loable”, subrayan las organizaciones, pero no todo vale. Por ejemplo, “no vale pensar que vamos a pagarles unas vacaciones”, zanja Beñat Martínez, técnico de la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco, desde donde se envía cada verano durante tres meses (julio, agosto y septiembre) unos 100 cooperantes de entre 22 y 30 años a diferentes lugares del mundo gracias al programa Juventud Vasca Cooperante.

Tampoco vale la imagen de una persona famosa abrazando a niños africanos o rodeada de indígenas de la Amazonia difundida en las redes sociales. “No juzgamos a nadie, no decimos que esté bien o mal, pero nosotros huimos de eso y tratamos de detectarlo rápido porque estamos peleando por dignificar situaciones y personas y con estas imágenes creemos que no se logra”, considera Baeza.

Por ello, y aunque aún es posible cumplir el sueño de ser voluntario durante las vacaciones de verano, las ONG, grandes y pequeñas, aumentan los filtros y profesionalizan la cooperación para limitar el llamado turismo solidario. Un tiempo mínimo de permanencia en el lugar, una formación específica, vinculación con el trabajo humanitario, cartas de motivación, entrevistas y reuniones de voluntarios potenciales durante un fin de semana en una misma casa forman parte de los procesos de selección de las organizaciones.

Creo que hoy en día el concepto de voluntario incluye a muy poca gente sin experiencia. Eso de las vacaciones solidarias, de gente de buen corazón que se va un mes, cada vez existe menos

José Félix Hoyo, médico voluntario

“Creo que hoy en día el concepto de voluntario incluye a muy poca gente sin experiencia. Eso de las vacaciones solidarias, de gente de buen corazón que se va un mes, cada vez existe menos. No digo que en su justa medida no pueda estar bien, pero la realidad es que el trabajo de las ONG se ha profesionalizado mucho y además, cada vez trabajan más con personal local”, opina José Félix Hoyo, médico de Urgencias del hospital universitario de Móstoles y voluntario desde hace 25 años en Médicos del Mundo.

Su primera misión fue a América Central en 1998, tras el huracán Mitch y casi ha perdido la cuenta de las que han seguido, todas en sus vacaciones o gracias a permisos. “No vamos a hacernos fotos. Está claro que la imagen de una persona famosa en África tiene mucha visibilidad, pero a nosotros nos parece criticable usar una imagen de negros ‘salvados’ por los abrazos de los blancos cuando lo que queremos es acompañar a esas personas para que se labren un futuro, en este caso, en el ámbito de la salud”, insiste.

Ninguna de las ONG consultadas para este artículo pone reglas a sus voluntarios en el uso de las redes sociales, pero sí les insisten en el respeto a las personas con las que van a convivir, en que hay una legislación que protege a los niños y en la necesidad de aprovechar la oportunidad para integrarse en la realidad que les va a rodear varios meses. “Y a veces la realidad hace el resto. Por ejemplo, en muchos lugares ni siquiera hay una buena conexión para estar tuiteando o publicando fotos”, afirma Beñat Martínez.

Volver con una mirada diferente

“Llevaba tiempo buscando una experiencia así. Mi balance es muy positivo y me gustaría volver a hacer algo similar en el futuro. Creo que cualquiera que tenga ganas y actitud puede encontrar un proyecto que se adecúe a lo que él o ella puede ofrecer. Hay filtros de selección y eso está bien”, explica Manex Garaio, informático vasco de 30 años, que estuvo en Perú el año pasado con la organización Ayuda en Acción para desarrollar dos aplicaciones para cooperativas locales.

Martínez resalta que el objetivo del programa vasco de voluntariado es sensibilizar a los jóvenes y por ello no eligen necesariamente a personas vinculadas ya con la cooperación. “Preseleccionamos a 200, es decir, el doble de los voluntarios que finalmente irán y los juntamos en un albergue un fin de semana. Allá, el comité de selección va viendo cómo es la convivencia, los caracteres, las dificultades y aptitudes. Después de esos dos días, lo tenemos mucho más claro”, explica el responsable.

Es muy importante trabajar las expectativas de los voluntarios y decirles que no van a acabar con el hambre ni con los conflictos

Vicente Baeza, MPDL

A Leire Álvarez Gracia acaban de comunicarle que pasará tres meses con el Foro Rural Mundial en El Salvador. “Voy a ayudar a una asociación que se dedica a la agricultura familiar y local a constituirse como ONG. Estoy muy motivada, sé que va a ser una experiencia humanamente buena y que me dará experiencia para poder ejercer en terreno en un futuro”, afirma la joven vasca, que estudia un máster de cooperación al desarrollo.

La ONG PSE Por la Sonrisa de un Niño, que trabaja en la educación y formación de más de 6.000 niños y jóvenes que viven en la extrema pobreza en Camboya, envía desde hace 20 años durante un mes voluntarios de España, Francia y Reino Unido con un objetivo muy preciso: prestar apoyo escolar a 3.000 niños que corren el riesgo de no volver a las aulas tras las vacaciones estivales, en las que regresan a sus entornos, a menudo complicados y conflictivos. “Nuestro programa tiene una finalidad muy concreta y a nosotros nos funciona porque hemos logrado reducir el abandono escolar. Y los voluntarios regresan con una mirada diferente hacia el mundo”, explica Pablo Alonso, coordinador de la ONG en España.

El responsable coincide que el proceso de selección permite identificar rápidamente a las personas que buscan un reconocimiento en redes sociales, quieren irse de vacaciones o simplemente conocer a gente de su edad. “Al final nos encontramos con un grupo de personas concienciadas y serias. Por ejemplo, nosotros pusimos un mínimo de edad de 19 años porque pensamos que cuando un joven cumple 18, puede intentar primero un voluntariado en España, donde también hay mucho que hacer, y luego ya pensar en salir a otro país”, explica.

Un ingrediente más

La Fundación CINDE, que apoya en El Salvador programas educativos para niños que vienen de ambientes de violencia y exclusión, lleva años enviando voluntarios para periodos cortos. “Apoyan a maestras, trabajan en la cocina de las escuelas, hacen los deberes de matemáticas o inglés con los niños, prestan apoyo administrativo... Nuestro balance es muy positivo”, explica Cristina Inclán, coordinadora del programa de voluntariado internacional de la entidad. “Fue muy enriquecedor, me chocó lo que vi y me supo a poco. El viaje me sirvió desde el punto de vista humanitario y también profesional porque hice fotografías con las que organicé mi primera exposición”, explica Claudia Viñas, de 26 años, que fue voluntaria con esta entidad.

En la Fundación Pablo Horstmann, con hospitales y escuelas en Kenia y Etiopía, organizan voluntariados de mínimo dos meses para médicos y enfermeras especializados en pediatría y neonatología. En 15 años han enviado más de 500 profesionales para estas misiones cortas y han formado a otros tantos sanitarios locales. “En nuestro caso, el turismo solidario es raro porque buscamos un perfil profesional muy específico que necesitamos para que el proyecto siga. Nos escribe gente para ir poco tiempo, pero sabemos que es más difícil que su trabajo tenga un impacto. Finalmente, los responsables somos nosotros, las ONG, para encauzar las ayudas, para lograr que la solidaridad funcione y genere impacto”, explica Belén Manrique, responsable de comunicación.

Los responsables somos nosotros, las ONG, para encauzar las ayudas, para lograr que la solidaridad funcione y genere impacto

Belén Manrique, Fundación Pablo Horstmann

Las grandes ONG cubren el desplazamiento y los gastos de hospedaje y manutención del voluntario, además de un seguro. En las más pequeñas, la persona debe financiarse el viaje y a menudo se exige un seguro de viaje complementario. En todos los casos, la formación previa, de mayor o menor duración, sobre el país al que van, la ONG y el proyecto en el que participarán, es indispensable.

“Para nosotros es muy importante trabajar las expectativas de los voluntarios y decirles que no van a acabar con el hambre ni con los conflictos. También hay que subrayar que no van a un puesto de trabajo, van a aderezar. Yo suelo decir que son como un ingrediente más de un plato, que da calidad y aporta, pero no son el ingrediente principal”, compara Baeza.

MPDL enviará este año 17 voluntarios, la mayoría de ellos sin vinculación con el mundo humanitario, para misiones de nueve meses en diferentes países, ya que han comprobado que pasar uno o dos meses en un proyecto no bastan para impregnarse ni para lograr contribuir sustancialmente.

“El fin de todo esto es la transformación, que los voluntarios regresen, aporten algo y den a conocer las causas de la situación que les ha tocado vivir. Por ejemplo, nosotros hemos enviado una persona a Jordania a trabajar con refugiadas y formarlas en el uso de las redes sociales. Cuando ella a su vuelta cuente cómo viven en los campos y qué problemas tienen tendrá mucho más valor que si lo digo yo”, concluye Baeza.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Seguir leyendo