Detrás de este proceso de obligados tributarios y de pérdida recaudatoria se encuentran las bonificaciones autonómicas que algunos gobiernos del PP —encabezados por Madrid— pusieron en marcha en sus territorios, lo que llevó al Gobierno a instaurar a finales de 2022 el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, diseñado precisamente para anular esos descuentos.

Ahora, por lo tanto, existen dos impuestos paralelos que gravan la riqueza. El de toda la vida es el de patrimonio, de naturaleza estatal y cedido a las comunidades. Afecta en términos generales a quienes cuentan con una riqueza de más de 700.000 euros, exceptuando hasta 300.000 euros de la vivienda habitual. El nuevo parte de un umbral mucho más elevado, a partir de los 3,7 millones de riqueza neta, pero cuenta con una deducción total si el contribuyente reside en un territorio que mantiene el tributo original. La explicación es necesaria para entender los entresijos de la estadística actualizada ayer por la Agencia Tributaria, centrada principalmente en el impuesto de patrimonio, pero en la que se empiezan a ver los primeros efectos del gravamen extraordinario.

Según los datos, en 2022 había en España 230.365 contribuyentes que tenían que declarar por su riqueza, una cantidad ligeramente menor a la registrada un ejercicio antes. Sin embargo, solo el 80,4% de ellos, unos 185.000, pagaron el impuesto de patrimonio. O lo que es lo mismo: si normalmente los que se libraban de pagar gracias a su residencia fiscal rondaban las 30.000, en 2022 fueron más de 45.000 personas. Es la menor proporción de contribuyentes del tributo en toda la serie histórica y un efecto directo de los descuentos autonómicos. La consecuencia final es lógica: si en 2021 se recaudaron 1.352 millones, un año después la cifra cayó en más de 100 millones.

Tradicionalmente, Madrid era la única que bonificaba el impuesto al 100%. Sin embargo, en 2022 se unió al grupo Andalucía, también con una rebaja total. Ello hizo que los declarantes de estas regiones, 23.486 en la primera y 12.707 en la segunda, se libraran de abonar el impuesto, dejando en el mínimo histórico la proporción de pagadores del tributo, cuya recaudación va a las propias comunidades. Esto, sin embargo, no impidió a los más ricos librarse de rendir cuentas, ya que el recién estrenado impuesto de las grandes fortunas actuó y Hacienda recaudó 623 millones en su primer año de aplicación, con el grueso de los ingresos provenientes de Madrid, donde se encuentran las mayores riquezas del país. Ante tal palo, Madrid y Andalucía, además de otras regiones del PP que se planteaban imitarlas, han vuelto sobre sus pasos y decidieron recuperar en 2023 la figura original a fin de quedarse con unos ingresos que, de lo contrario, irían a parar al Estado.

La radiografía del impuesto

Aunque el impuesto de patrimonio estaba bonificado al 100% en Andalucía y Madrid en el año 2022, los ricos estaban obligados a declarar por su riqueza a efectos informativos. Esto permite a la Agencia Tributaria armar una radiografía territorial y mostrar los detalles del tributo y las diferencias entre autonomías. En España, el patrimonio medio declarado superó los 3,7 millones de euros, un aumento del 2,3% sobre de 2021. Sin embargo, mientras que los ricos de Aragón reconocieron una riqueza media de 1,7 millones, los de Madrid superaron los 11 millones de euros. Es la cifra más alta de toda la distribución autonómica, muy por encima de los 6,8 millones declarados por los ricos gallegos y de los 3,8 millones de los andaluces.

Todos los declarantes de España reconocieron bienes por un valor total de 864.939 millones de euros, un crecimiento de casi el 2% sobre el año previo. La mayor parte de la riqueza vino de la mano del capital mobiliario, una partida que supuso el 75% de todo el patrimonio y en la que se enmarcan, entre otros conceptos, los dividendos y algunas plusvalías empresariales. Otro 19% vino de la mano de los bienes inmuebles, un 2% de los seguros y las rentas y otro 1,4%, de las actividades económicas. El resto se explica por bienes suntuarios y otros bienes y derechos. Como curiosidad, 1.515 personas declararon tener unos 1.800 millones en criptomonedas.

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La aprobación de unos Presupuestos requiere de diferentes etapas, y en todas ellas el Gobierno tendrá que hacer encaje de bolillos para intentar lograr los apoyos necesarios. El primer paso, explica Alfredo Suaz, profesor en el Centro de Estudios Financieros (CEF) e interventor y auditor del Estado, es la aprobación de los objetivos de estabilidad (límites de déficit y deuda pública) para las distintas administraciones y del límite de gasto no financiero, conocido comúnmente como techo de gasto. Son las cifras esenciales sobre las que se empiezan a construir los presupuestos. Es lo que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y supone el pistoletazo de salida para todo proceso de este tipo, que a estas alturas del año ya debería estar liquidado. No obstante, avanzan Suaz y Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, todo apunta a que volverá a haber curvas. Para entender el porqué hay que remontarse a lo que ha sucedido en los últimos meses.

En diciembre del año pasado, con varios meses de retraso debido a las elecciones del 23J y las dificultades para formar Gobierno, Hacienda trató de poner en marcha la liturgia presupuestaria de las cuentas de 2024. Para eso llevó el techo de gasto a un nuevo récord y comunicó a las comunidades y corporaciones locales los objetivos de déficit para 2024, que serían del 0,1% para las autonomías y del 0% para los municipios, frente al equilibrio exigido en la senda previa para los primeros y el superávit del 0,2% fijado para los segundos. Este plan pasó el trámite del Congreso, pero fue tumbado después en el Senado gracias a la mayoría que ostenta el Partido Popular desde el 23J, por lo que el proceso quedó en punto muerto. Para intentar salvar los muebles, el Gobierno sacó a la luz un controvertido informe de la Abogacía del Estado que, supuestamente, le permitiría imponer la senda de estabilidad en caso de bloqueo parlamentario y así despejar el camino, pero el clima político con la negociación de la amnistía en Cataluña llevó al Gobierno a renunciar a las cuentas de 2024.

Meses después, y ya con la prórroga de las cuentas para este año, el Gobierno aprobó un cambio para regatear el veto del PP en el Senado. Quería anticiparse al bloqueo dadas las dudas jurídicas del informe de la abogacía, que los populares amenazaron con impugnar, con el objetivo de sacar unas cuentas públicas para 2025. Así, el Ejecutivo coló en la Ley de Paridad una enmienda que eliminaba la capacidad de veto del Senado y que permitiría que la senda planteada entrara en vigor con la mayoría simple del Congreso, a priori asegurada por los socios de la investidura.

Sin embargo, el pulso entre el PSOE y Junts fue cogiendo fuerza tras los resultados de las elecciones catalanas y, hace algo más de un mes, el partido de Carles Puigdemont bloqueó —junto a PP y Vox— los nuevos objetivos de déficit, esta vez en la cámara baja. Así, el Gobierno se encontró con un nuevo rechazo de los objetivos de estabilidad en el Congreso, lo que hace peligrar la aprobación del proyecto en tiempo y forma, como dijo la ministra portavoz, Pilar Alegría, hace una semana.

Ahora, el Consejo de Ministros tendrá que volver a aprobar los objetivos de déficit y tendrá que llevar de nuevo a las Cortes el techo de gasto y la senda de estabilidad para poder iniciar de nuevo el proceso. En caso de no lograr el aval, todo apunta a que hará uso del informe de la Abogacía del Estado. Sin embargo, explican los expertos, y dada la incertidumbre que rodea a esta baza, es posible que el Ejecutivo intente ganarse el apoyo de sus socios —sobre todo de Junts y ERC— o intentar lograr una abstención del PP en el Congreso. Para Torres, el volumen del techo de gasto (fijado por última vez en los 199.171 millones de euros) no da más margen de maniobra, ya que “no es coherente con el gasto primario neto que incorporan las nuevas reglas fiscales europeas”. Por eso, las únicas vías posibles a explorar son promover una descentralización de los gastos en inversión hacia las comunidades (lo que podría suavizar la postura de los partidos catalanes) o dar a las autonomías mayor margen fiscal para así contentar a los populares, que controlan la mayor parte de los territorios. “Algo diferente tendrán que ofrecer para intentar lograr la aprobación”, recalca Suaz.

En el caso de que se consigan superar todas estas fases, el Gobierno deberá presentar en el Congreso el proyecto de Presupuestos a partir del 30 de septiembre con el objetivo de que se debata y se consiga la eventual aprobación antes del 1 de enero de 2025, algo que tampoco estaría asegurado, aunque se lograra salvar el primer trámite. En este punto, añade Torres, es posible que entren en escena la financiación autonómica y la condonación parcial de la deuda autonómica en detrimento del Estado, “un debate que hasta ahora ha sido político, pero que tiene papeletas para estar en la negociación presupuestaria”, apunta. Es una alternativa que en Hacienda ya no descartan.

Si el proceso se encalla en alguno de sus puntos, el Gobierno se vería obligado a extender por segundo año consecutivo las cuentas de 2023, dando lugar a la sexta prórroga de los últimos 10 años. “Estaríamos hablando solo del Estado, que supone el 20% de los Presupuestos de las administraciones. No afectaría a las cuentas de las comunidades y corporaciones locales, que llevan su vida y sus ritmos”, recuerda Suaz.

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La Fundación de Estudios de Economía Aplicada sitúa a Cataluña como la región más castigada por esta tendencia. En 2027, la Generalitat tendría que destinar 2.957 millones al pago de intereses, casi 2.000 millones de euros más de lo que abonó en 2022. Tras ella se situarían Comunidad Valenciana (1.893 millones), Madrid (1.594 millones) y Andalucía (1.381 millones). En términos relativos, los mayores aumentos se registrarían en La Rioja (una subida del 739%), Canarias (un 549%), Castilla-La Mancha (431%) y Comunidad Valenciana (424%).

Los factores que guían este cambio son dos, según apunta Fedea. A un lado está el importante aumento de los tipos de interés al que ya se están enfrentando las haciendas autonómicas y cuyo nivel, que ronda el 3%, se estima que se mantendrá en los próximos años. Por el otro se encuentra el elevado volumen de deuda pública que ahoga a los territorios, cuya condonación parcial —en detrimento del Estado— está siendo estudiada por el Ministerio de Hacienda.

En su proyección, Fedea toma como referencia las previsiones de crecimiento del PIB nominal y los objetivos de referencia para el déficit público de las comunidades autónomas recogidas en el Informe de Situación de la Economía Española 2024, así como la vida media y los plazos de la deuda actualmente en circulación, y los tipos de interés existentes desde 2015. También, asume que las comunidades cumplirán con los objetivos de referencia de la nueva senda de déficit establecida por el Consejo de Ministros (0,1% para los años 2025-2027), mientras que para el año 2024 cerrarán con un déficit del 0,3%, el porcentaje previsto por la Autoridad Fiscal. Además, en este ejercicio de proyección, la institución no tiene en cuenta los efectos que tendría una potencial condonación.

A partir de aquí, Fedea pone el foco en una serie de implicaciones de política económica “nada desdeñables”. La primera es el significativo aumento del coste financiero, que obligaría a redireccionar recursos crecientes desde otras políticas públicas al pago de intereses de la deuda, una “circunstancia poco deseable” teniendo en cuenta los problemas de financiación que, según denuncian ellos mismos, adolecen la mayor parte de los territorios.

La segunda consecuencia es que las autonomías deberán calibrar “con mucha prudencia” todas las políticas fiscales expansivas que ahora y en los años venideros pueden desarrollar. En los próximos ejercicios, los territorios deberán abordar un proceso de consolidación fiscal con el objetivo de reducir su nivel de deuda y situarlo en el 13% fijado en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Aunque el nivel de deuda entre comunidades es muy heterogéneo —en 2023 osciló entre el 12% del PIB de Navarra y el 42,2% de Comunidad Valenciana— y las situaciones de partida son muy dispares, todas tendrán que llevar a cabo ajustes fiscales de distinta índole.

Esta tarea, como es lógico, será más compleja si los gastos financieros en intereses de la deuda siguen creciendo. Por eso, insisten en Fedea, parece claro que en los próximos meses y años “la política fiscal española no debería perder de vista el impacto financiero que el endeudamiento pasado y presente va a ejercer sobre las cuentas públicas a medio plazo”.

En total, Fedea estima que el volumen de deuda regional absoluto aumentará en 28.351 millones de euros entre 2022 y 2027 debido al fuerte incremento del nivel de pasivo observado el año pasado (8.145 millones de euros); a la necesidad de financiación del déficit previsto en 2024 junto con los desequilibrios pendientes de ejercicios anteriores (11.353 millones); al pago de las liquidaciones de 2008 y 2009 aplazadas a 20 años (3.774 millones); y a la necesidad de financiar los déficits previstos entre 2025 y 2027 (5.079 millones). Todo ello daría lugar a un montante de deuda pública de 345.440 millones de euros en 2027.

Sin embargo, matiza la fundación, al considerar la deuda pública en porcentaje del PIB se observa una reducción de 4,3 puntos explicada por el crecimiento de la economía previsto por el Ministerio de Economía y Competitividad. Así, la ratio de deuda sobre PIB se reduciría en 2027 hasta el 19,6% desde el 23,9% de 2022.

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La energía es un pilar fundamental de la economía moderna. Desde la producción hasta el consumo, cada etapa de la cadena de valor depende en gran medida de su disponibilidad y costes. Por eso, la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, aunque necesaria, está destinada a provocar una presión inflacionaria adicional. No obstante, insisten desde la gestora de activos, merece la pena embarcarse en este propósito que marcó en su momento el Acuerdo de París, ya que la alternativa es mucho más cara, menos previsible y menos controlada.

El cambio climático no mitigado presenta una amenaza constante para la economía global. Sin acciones significativas que reviertan la situación, este fenómeno continuará causando desastres naturales y alteraciones en los patrones climáticos, interrumpiendo las cadenas de suministro y, en consecuencia, elevando los precios de bienes y servicios. Estos choques negativos podrían generar una inflación elevada y volátil, afectando la producción y el bienestar económico general. Como aproximación, el Banco Central Europeo estima que, sin mitigarlos, los efectos físicos del calentamiento global podrían añadir entre un 1% y un 3% a la inflación general anual solo durante la próxima década. En este contexto, la transición energética se convierte en una necesidad imperiosa, aunque no exenta de desafíos.

El informe de Carmignac identifica varios componentes clave que contribuirán a la greenflation o inflación verde debido a una presión de la demanda sobre los recursos necesarios para esta transición. La demanda de bienes críticos como metales y minerales necesarios para las tecnologías de energía renovable está aumentando. Desde 2022, por ejemplo, el precio de las turbinas eólicas ha subido un 40%. Por eso, se espera que los precios de los metales verdes (níquel, zinc y cobre, entre otros) se dupliquen en la próxima década, añadiendo un 0,1% anual a la inflación global.

Por su parte, la disminución en la inversión en infraestructuras fósiles —menos atractiva en el largo plazo por su aparente carácter caduco— reducirá la producción de hidrocarburos, elevando los precios del petróleo en aproximadamente un 20% anual. Este fenómeno añadirá un 0,8% a la inflación. Igualmente, la gran inversión necesaria para la transición desviará recursos de otras áreas de la economía, incrementando los precios y las tasas de interés. Además, la adopción de nuevas tecnologías verdes, que tienen un coste significativo, generará un aumento inflacionario del 0,7%.

A pesar de los impactos inflacionarios a corto y mediano plazo, “la transición energética promete beneficios económicos a largo plazo”, recuerda el informe. Uno de los principales es la potencial reducción en los costes marginales de la electricidad. Las energías renovables, como la solar y la eólica, tienen impactos operativos significativamente más bajos que los combustibles fósiles una vez que las infraestructuras están funcionando.

Además, resalta Carmignac, esta transición reducirá la dependencia de importaciones de energía, mejorando así la seguridad energética y fortaleciendo la economía local. A la par, pese a todas las incertidumbres que desata este proceso, también tiene el potencial de crear millones de empleos en sectores emergentes, impulsando el crecimiento económico.

El informe deja claro que la transición energética, aunque esencial para mitigar el cambio climático, no está exenta de costos. La greenflation es una realidad que los gobiernos, empresas e individuos deberán enfrentar. Y “gestionar cuidadosamente estos impactos inflacionarios será crucial para minimizar su efecto en la economía y asegurar una transición justa y sostenible”. La gestora de activos francesa, de hecho, recalca que si la transición energética se lleva a cabo en su totalidad, los bancos centrales tendrán que decidir si dejar pasar esta inflación transitoria o apoyarse en ella para provocar deflación en otras partes de la economía.

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En España, la mayoría de los hogares viven de su trabajo. Tal y como muestran los datos del Ministerio de Hacienda, nueve de cada 10 personas se sitúan en los tramos de base imponible (la renta sobre la que se tributa) que oscilan entre los 18.000 y los 60.000 euros anuales. En este amplio abanico, casi el 90% de los ingresos totales medios se explican por el factor trabajo. Estos se complementan con otras partidas menores como los rendimientos del alquiler, las ganancias patrimoniales (por ejemplo, tras vender una casa) o las prestaciones monetarias. Sin embargo, a medida que se avanza en la escala de ingresos, la tendencia se va invirtiendo paulatinamente hasta que, a partir de los 240.000 euros anuales, se da un punto de inflexión y el trabajo empieza a representar menos del 50% del rendimiento medio total. Cuando se sobrepasa la barrera de los 600.000 euros, el último tramo que desglosa Hacienda y en el que hay unas 15.000 personas, esta actividad explica solo el 30% de la renta. El 70% restante viene de la inversión.

El dibujo es más llamativo todavía si se analizan los quintiles de renta, es decir, un cálculo que divide a la población en cinco partes iguales y que, a su vez, desglosa al 20% más rico en deciles para tener una radiografía más precisa de este grupo. Según datos recopilados por Fedea, en los cuatro primeros quintiles (el 80% de la población con menos dinero) la inversión tiene un peso testimonial (no superior al 3% de la ganancia media), mientras que gana peso en el 20% restante. De hecho, si se mira solo al 1% más rico, el concepto se dispara hasta el 63%.

Ángela Montaner y Hugo Pastor se sitúan en los quintiles inferiores y medios. Ella reconoce no estar interesada en estas formas de obtener rendimientos adicionales por razones ideológicas, ya que “muchas veces se relacionan con prácticas especulativas”, y también materiales: “Aunque quisiera, no me da el dinero porque vivo prácticamente al día”. Pastor tenía algo ahorrado y el banco le ofreció meterlo en un fondo de inversión. “Si no fuera por eso, creo que nunca habría llegado a dar el paso”. No obstante, reconoce, su decisión fue fruto de la oportunidad: “No todos tienen la capacidad de meter el dinero en un fondo durante meses o años, sin poder acceder a él en el caso de que haya necesidad o urgencia”. Al otro lado, explica Alejandra Hernández, directora de grandes patrimonios en ATL Capital, se encuentran las grandes rentas y patrimonios, personas de diferente perfil que siempre cuentan con músculo financiero de sobra para poder embarcarse en estos proyectos y obtener con ellos rentabilidad. Es la gran brecha fiscal.

Una de las vías para aproximarse a este fenómeno es el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), un tributo a través del cual los contribuyentes dan cuenta de todos sus rendimientos cada año. Esta figura se estructura en dos palancas principales: la base general, donde van esencialmente las rentas del trabajo, y la base del ahorro, donde acaban la mayor parte del capital mobiliario y de las ganancias patrimoniales, como por ejemplo las plusvalías y los dividendos. Echar un vistazo sobre ellas ayuda a comprender cómo se estructura la renta en España y cómo se forma este contraste.

Los datos proporcionados por Nuria Badenes Plá, coordinadora de área e investigadora en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dan cuenta de la magnitud de la disparidad. “Prácticamente, todos los contribuyentes presentan base general”, resume la experta. En efecto, el 93% de ellos tributan por esta vía, un porcentaje que no es mayor por el efecto a la baja de los tramos inferiores. En cambio, solo el 38% de los contribuyentes tributan también por la base en la que están las inversiones, un porcentaje que llega al 69% a partir de los 60.000 euros y que sobrepasa el 90% cuando se mira a los perfiles más acaudalados.

Pese a la rotundidad de estas cifras, Badenes Plá anima a poner el foco en la cuantía de las bases gravables, algo que “evidencia mucho mejor que la concentración está en los tramos más elevados, especialmente los dos últimos”. Según los datos, los contribuyentes con ingresos brutos bajos y medios declaran un máximo de 2.300 euros al año en la base del ahorro. Sin embargo, a medida que crece la renta, la inversión aumenta poco a poco y llega al techo de los 970.510 euros anuales en el tramo que alberga a las personas más ricas. La investigadora del IEF recuerda que esto es solo una parte de la fotografía. “La verdadera riqueza no queda reflejada en los datos del IRPF, porque los más ricos tienen dinero en paraísos fiscales y en otros vehículos que tributan por sociedades. Si lo que es transparente pone en evidencia esta polarización, habría que imaginarse qué pasaría si incluyéramos la información de la que no disponemos”.

Hay varias razones para explicar esta estructura de los ingresos. Para Julio López Laborda, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza e investigador en Fedea, los tramos más altos de renta tienen una mayor capacidad de ahorro que los inferiores, lo que de alguna forma alimenta esta espiral de concentración de capital en unas pocas manos. Los componentes con más peso en estos ingresos, apunta, son los intereses de depósitos y los dividendos. “Esta última es la partida más importante para los contribuyentes en los tramos de renta más elevados”. También es muy llamativo el peso de las ganancias de capital, provenientes de la venta de títulos societarios y fondos de inversión. La composición de ingresos para los contribuyentes más ricos, en definitiva, “muestra la importancia de sus participaciones en el capital y, por tanto, los beneficios de las sociedades”.

Los altos contribuyentes, prosigue Miguel Artola, investigador en la Universidad Carlos III de Madrid, pueden recibir rentas del trabajo o no, pero siempre tienen rentas del ahorro y del capital que les permiten maniobrar para engordar sus rendimientos. Según explica Alejandra Hernández, entre los clientes con los que tratan hay dos perfiles mayoritarios: están los altos directivos, que tienen niveles salariales muy elevados, y los empresarios.

Los primeros, por lo general, tienen poco tiempo para gestionar sus ingresos y suelen acumular grandes cantidades de dinero. Los segundos suelen tener una empresa familiar e invierten sus rendimientos en el propio negocio. Sin embargo, en los últimos años y al calor del auge del capital riesgo, están creciendo aquellos que venden compañías y “se encuentran de golpe con millones que tienen que gestionar”. La experta de ATL Capital añade que siempre recomiendan optar por la diversificación. “El objetivo es tener parte en inmobiliario, otra en financiero cotizado, otra en mercados privados… Todos los sectores y segmentos pasan por ciclos distintos, por lo que aconsejamos ampliar las inversiones para asegurar la rentabilidad”, añade.

Estas dinámicas, apuntan Artola y Badenes Plá, generan un círculo vicioso al permitir a los más ricos seguir engrosando su patrimonio. Mientras tanto, las rentas del trabajo, con un margen de maniobra mucho menor por ser más bajas y estables, imposibilitan a la mayor parte de los contribuyentes salir de la rueda.

Otra de las causas que hay tras este fenómeno de concentración de capital, continúa López Laborda, “es la propia normativa del IRPF, que ha reforzado este proceso al conceder un tratamiento fiscal más favorable a todas las rentas del ahorro”. En efecto, mientras que los rendimientos salariales tributan a tipos más elevados, que pueden rozar el 50% en el caso del marginal (el máximo), las rentas del capital llegan al tope del 28%, a partir de plusvalías anuales superiores a los 300.000 euros. Este diseño convierte al IRPF en un impuesto regresivo en el último tramo, ya que, en la práctica, los más ricos disfrutan de un tipo impositivo menor al que realmente les correspondería.

Es decir, como las altísimas rentas reciben la mayor parte de sus ingresos de la inversión y las ganancias patrimoniales —que cuentan con tasas impositivas más atractivas—, el tipo efectivo total que soportan en el IRPF se reduce drásticamente. Este diseño, apunta Artola, existe para evitar la doble imposición, ya que se presupone que parte de esas rentas empresariales ha tributado previamente en el impuesto de sociedades. Sin embargo, matiza el investigador, “eso no está del todo claro”, ya que cada vez es menor la parte de los beneficios de las compañías que pasa por la Agencia Tributaria. Por eso, es necesario “corregir la tarifa dual, imputar las partes no distribuidas de las rentas societarias y buscar alternativas como un impuesto especial sobre la riqueza”. De lo contrario, añade, “esta tendencia solo irá a más”.

La escasa movilidad de renta

Una vez analizada esta brecha y sus orígenes, plantean varios expertos, uno de los aspectos a estudiar es hasta qué punto es posible salir de la rueda y que, por ejemplo, una persona de rentas bajas o medias termine sus días en el tramo más elevado de ingresos. Hay poca información al respecto, por lo que la mejor manera de aproximarse al fenómeno es utilizar los datos de movilidad social elaborados por Javier Soria, investigador en el departamento de Economía de la Universidad de Harvard y cofundador de Future Policy Lab. Responder a esta pregunta, en la práctica, implica saber si existe o no movilidad de la renta en España.

La información recopilada sugiere que hay una clara correlación entre el percentil de ingresos de los padres y el de los hijos, por lo que solo una minoría de quienes vienen de familias pobres acaban accediendo a los tramos más altos.

Las cifras, explica Soria, muestran que “entre los hijos que consiguen llegar al 1% más rico, solo el 3,77% viene de familias del decil más bajo de ingresos”, lo que sería el 10% más pobre. Este porcentaje “debería ser exactamente de un 10% en una sociedad igualitaria”. Por otra parte, entre los hijos que consiguen llegar a la cúspide, un 39% proviene de padres del decil más alto de ingresos. “Este porcentaje debería ser de solo el 10% en una sociedad igualitaria”, repite.

“Comparando la probabilidad de los hijos del 1% más rico y del 10% más pobre de llegar cuando sean adultos a ese top 1%, obtenemos que es 24 veces más fácil hacerlo si se viene del percentil más alto”, añade Soria. ¿Se puede entonces escapar de la posición natural y que alguien de los tramos bajos llegue a los más elevados? “Siempre habrá excepciones, pero nadie se convierte en un inversor rico trabajando desde la parte baja y media de la tabla”, señala Badenes Plá.

El investigador insiste en la relevancia de la fluidez social en el acceso a la élite económica del país debido a la gran influencia de este grupo reducido de personas sobre las decisiones políticas y económicas. “Así, si el top 1% siguen siendo mayoritariamente los hijos de una clase privilegiada, no solo estaremos ante un fallo del sistema en términos de justicia social, sino que también nos enfrentaremos a una situación en la que una pequeña élite seguirá defendiendo sus intereses dinásticos”.

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La estadística elaborada por el organismo encargado de la recaudación de los principales impuestos divide a los contribuyentes en 10 tramos de renta, que van desde los que no ganan nada hasta los que ingresan 601.000 euros, y muestra cuántos de ellos se acogen a la reducción por arrendamiento de inmuebles del IRPF destinados a hogar habitual del inquilino. Esta reducción ascendía al 60% de los rendimientos netos por esta actividad antes de la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda de 2022, año del que proceden los datos analizados. La nueva norma rebaja la reducción con carácter general al 50% y la amplía hasta un máximo del 90% si se cumplen ciertos criterios.

Las cifras, que no tiene en cuenta los alquileres no declarados ni tampoco los gestionados por empresas (que pagan el impuesto de sociedades), muestra la proporción de caseros que hay en cada umbral de renta y el rendimiento medio que obtienen. Son dos indicadores que aportan algo de luz sobre una actividad en la que no abundan los datos oficiales.

En los umbrales más bajos, la proporción de ingresos por alquiler es anecdótica. Estos empieza a crecer lentamente hasta alcanzar el 7,2% entre los contribuyentes con ingresos de entre 12.000 y 21.000 euros anuales, donde se sitúa el salario más habitual de España. También crece en el tramo de renta comprendido entre los 21.000 euros y los 30.000 euros, hasta el 9%. A partir de aquí, el peso de los caseros alcanza el doble dígito y alcanza al 32% entre los declarantes con rentas de entre 150.000 y los 601.000 euros anuales. La mayor proporción se da en el pequeño —pero exclusivo— grupo de rentas muy altas, aquellas que rebasan esta última cifra. Son apenas 15.000 contribuyentes, de los que un 35% complementa sus ingresos con el arrendamiento.

El análisis de los números despierta conclusiones dispares. Para Alejandro Inurrieta, economista y expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler, se observa “un claro sesgo de renta”, ya que queda claro que las personas con más músculo financiero tienen “más capacidad para invertir en el mercado y así obtener rendimientos adicionales”. Que tanta vivienda en alquiler esté en manos de tramos bajos y medios, añade, se debe a factores como las herencias. Sin embargo, Beatriz Toribio, experta inmobiliaria y secretaria general de la Asociación de Promotores y Constructores de España, cree que los números muestran que, en España, “la vivienda en alquiler está en manos de pequeños y medianos ahorradores a los que hay que dar seguridad”.

El 15% de los caseros son los más ricos

Aunque los datos revelan que las rentas más altas tienen más propensión a tener rendimientos del alquiler, también muestra como en todos los tramos de renta hay caseros y, por tanto, existe cierta dispersión en las rentas del alquiler entre todos los rangos de ingresos. Solo el 5% del total de declarantes del IRPF gana más de 60.000 euros, pero representa cerca del 15% del total de arrendadores. O dicho de otra forma: el 85% de los caseros, los declarantes que confiesan rentas de alquiler, está entre el 95% de los contribuyentes que dice ganar menos de 60.000 euros al año.

Todas las cifras ayudan a comprender cómo se constituye la estructura de la propiedad y el alquiler en España, donde hay 2.149.026 ciudadanos que cobran alquileres por vivienda. Los datos revelan que las personas con unos ingresos anuales inferiores a los 21.000 euros —que comprende los cinco primeros tramos de renta analizados por Hacienda— son la mayoría de los declarantes (un 56% del total de España), pero su peso entre el total de los caseros cae 20 puntos, hasta el 38%. El ejemplo más claro se encuentra, de nuevo, en el grupo de los más ricos, que ganan más de 601.000 euros: son únicamente un 0,07% de los declarantes, pero un 0,25% de los que arriendan vivienda, 3,5 veces más. El mayor porcentaje de arrendadores está entre los 30.000 y 60.000 euros. En ese tramo hay 687.042 declarantes que confiesa ingresos por alquiler.

A partir de los datos disponibles también puede explorarse el nivel de rendimientos que obtiene cada casero a través del alquiler, así como la brecha que hay entre los que se sitúan en la parte baja y alta de la tabla de ingresos. El único dato que no se conoce, lamenta José María Mollinedo, portavoz del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha, es la cantidad de casas por arrendador. Es decir, no se puede saber si un casero de altos ingresos posee más inmuebles que uno de renta baja.

La Agencia Tributaria cuantifica la reducción media en cada tramo. A partir de aquí, explica Mollinedo, dado que estos propietarios se aplican una rebaja del 60%, es posible saber a cuánto asciende el rendimiento neto, conformado por los ingresos menos los gastos deducibles. En 2022, la rentabilidad por persona ascendió a los 4.592 euros en toda España, pero la cifra cambia radicalmente en función de la renta y del territorio en el que se ubique el propietario. La ganancia media osciló entre los 4.200 y los 4.500 euros en los umbrales que se mueven entre los 12.000 y los 60.000 euros al año, pero fue subiendo paulatinamente hasta llegar a los 13.205 euros en el caso de los contribuyentes más ricos.

Todas estas cifras son promedios, es decir, aplican al conjunto de las 15 comunidades autónomas de régimen común (todas salvo País Vasco y Navarra). Por eso, las diferencias son todavía más abultadas cuando se analizan los territorios con un mercado del alquiler más caliente, como Madrid o Cataluña.

En la comunidad central, por ejemplo, se encuentran un 22% de los contribuyentes de todo el país que alquilan vivienda, los cuales registran un rendimiento medio de casi 6.000 euros anuales. En Cataluña está otro 21% de los caseros, con unos rendimientos de más de 5.500 euros. En estas dos regiones, además, están el 65% de los arrendadores más ricos, con ganancias netas que triplican la media. En territorios con menos demanda como Extremadura o las dos Castillas, por el contrario, hay muchísimos menos arrendadores y la rentabilidad media es mucho menor: oscila entre los 2.500 y los 3.000 euros.

Los rendimientos declarados, sobre todo en territorios calientes, son relativamente bajos y no parecen corresponderse con la realidad del mercado. “Esto se debe a que las cifras son medias, y los alquileres modestos hunden el indicador”, precisa Mollinedo. A esto se le suma que “no todos los alquileres duran del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, y puede haber periodos no alquilados. Esto también hunde la media”.

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Las bajadas en los precios de los carburantes coinciden con las vacaciones de agosto y con el puente en que se produce el mayor número de desplazamientos por carretera de todo el año. La Dirección General de Tráfico prevé para este ejercicio unos 8,3 millones de viajes. Es algo poco habitual, ya que normalmente los carburantes suben de precio coincidiendo con las vacaciones estivales, cuando crece la demanda. Pero este año los importes no dejan de caer prácticamente desde julio.

A principios de 2024, el precio medio de ambos carburantes experimentó sus primeras subidas en meses tras una tendencia de descensos desde finales de septiembre de 2023, lo que llevó a cerrar el año pasado con precios mínimos. La gasolina acumuló una reducción cercana al 15%, mientras que el diésel disminuyó más de un 13%. En ese sentido fue un ejercicio más típico: los precios empezaron a subir a las puertas del verano y continuaron con su escalada hasta que terminó agosto. Eso hace que, en comparación con un año atrás, los conductores de gasolina ahorren este año un 6%, y los de gasoil un 8%.

Con los precios actuales, llenar un depósito promedio de 55 litros de gasolina cuesta alrededor de 87,39 euros, lo que supone un ahorro de 5,67 euros en comparación con las mismas fechas del año pasado, cuando el precio ascendía a 93,06 euros. Para los vehículos diésel, llenar un depósito de la misma capacidad cuesta ahora 80,24 euros, unos 6,99 euros menos que hace 12 meses, cuando se requería un desembolso de 87,23 euros.

El precio medio del litro de diésel, con las recientes caídas, se mantiene estos días por debajo de los niveles previos a la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022. Entonces, costaba 1,479 euros por litro. La gasolina también se mantiene ligeramente en niveles inferiores a los precios de esa fecha, que eran de 1,591 euros por litro. Ambos carburantes siguen lejos de los máximos alcanzados en el verano de 2022, cuando la gasolina llegó a 2,141 euros y el diésel a 2,1 euros.

El precio de los carburantes está influenciado por diversos factores, como su cotización específica, la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y la logística, y los márgenes brutos. Además, la evolución del precio del crudo no se refleja inmediatamente en los precios de los carburantes, sino que hay un desfase temporal.

Una semana más, el precio de la gasolina sin plomo se afianza en España por debajo de la media de la Unión Europea, que es de 1,710 euros por litro. Y también de la zona euro, donde alcanza los 1,755 euros. En cuanto al diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,581 euros, y al de la eurozona, donde cuesta 1,602 euros.

La gasolina más barata entre los socios comunitarios es la de Bulgaria, con 1,321 euros por litro, mientras que en Dinamarca rebasa una semana más los dos euros. En cuanto al gasoil, el último boletín sitúa a los conductores irlandeses como los más perjudicados, ya que en sus estaciones este combustible alcanza una media de 1,707 euros. Malta, una semana más, presenta un importe imbatible, con 1,210 euros por litro de diésel.

Tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) estima que entre el 14 de agosto y el próximo domingo se producirán 8.290.000 desplazamientos de largo recorrido en las carreteras españolas hacia zonas costeras y rurales, típicos de este periodo vacacional. Además, las fiestas locales en todo el país contribuirán al incremento de los viajes de corta distancia, tanto por la red principal de carreteras como por la secundaria, especialmente durante las noches y madrugadas de estos días de operación especial.

Este viernes será el día más tranquilo del puente, aunque por la tarde se esperan movimientos de salida hacia destinos turísticos de costa, zonas de descanso y localidades en fiestas, lo mismo que en la mañana del sábado. El domingo, en cambio, se espera tráfico intenso en trayectos cortos por la mañana, principalmente en zonas de costa, mientras que por la tarde se pueden producir embotellamientos en las entradas a grandes núcleos urbanos, ya que coincidirán quienes vuelvan del puente y de las vacaciones.

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Es un avance insólito en los últimos 15 años que se explica por la conjunción de dos efectos: volumen y valor. Es decir, hay más ventas y a precios más elevados. Todo ello, pese a la paulatina moderación del Índice de Precios al Consumo (IPC) que empieza a percibirse y a la tímida relajación de la política monetaria.

En España, los márgenes sobre ventas se han movido tradicionalmente en torno al 11%. Sin embargo, en 2020, en pleno parón económico por la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, cayeron hasta el 10%, una tasa no vista en más de una década. Poco a poco, de la mano de la recuperación y de la fuerte escalada de los precios, la ratio fue subiendo hasta que en 2022 superó por primera vez la frontera del 12%. Un año después rozó el 13% y ahora se espera que rebase con holgura esa referencia.

En esta evolución reciente, a juzgar por los datos, han jugado un papel fundamental los incrementos de los costes generados por la crisis energética y su impacto en los precios finales. El margen empresarial es la ratio entre el resultado bruto de explotación (las ganancias que obtienen tras descontar los costes, pero antes de pagar impuestos, intereses y amortizaciones) y las ventas totales de las compañías. Un aumento, por ello, no representa necesariamente una evolución al alza de los beneficios netos que registran las organizaciones. Pero sí deja entrever un incremento de la facturación que puede deberse a distintos factores de carácter interno, como la optimización de recursos por parte de la compañía, o externo, como puede ser el aumento de los tipos de interés o una traslación a los bienes y servicios del incremento de los costes de producción.

Los datos del observatorio, una herramienta puesta en marcha el pasado verano por el Banco de España y por los Ministerios de Economía y de Hacienda, vienen sugiriendo que, efectivamente, ha tenido lugar esta traslación a los precios finales. Aunque estos tres organismos publican sus propias cifras, que no siempre coinciden, sí dibujan una tendencia similar.

En el Gabinete Económico de Comisiones Obreras recuerdan que, pese a la corrección de la inflación, que cerró julio con un avance anual del 2,8%, los márgenes empresariales “siguen disparados”. Por ello, el sindicato insiste en que hay margen para mayores reducciones de los precios y para aumentar los salarios. “España debe incidir en la rebaja de los márgenes empresariales excesivos y lograr que las bajadas en los precios de la energía y materias primas se trasladen completamente e igual de rápido a como lo hicieron las subidas en estos insumos”, apunta Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral de Comisiones. Otros expertos, no obstante, recuerdan que el margen es una medida difícil de analizar y que podría mostrar, simplemente, cómo las empresas están recuperando el terreno perdido durante la pandemia.

Más margen en alimentos que en gas

Para llegar a todas estas cifras, el observatorio se fija tanto en el volumen de ventas de todas las empresas del país como en el resultado bruto de explotación que estas registran. Desde 2022, cuando empezó a cobrar fuerza la crisis inflacionista con el inicio de la guerra en Ucrania, el primer indicador ronda los 2,4 billones de euros, y el segundo, mucho más volátil, los 300.000 millones de euros. Para el año en curso, según las estimaciones de la Agencia Tributaria, las ventas seguirán en el mismo nivel, mientras que el resultado bruto de explotación llegará a los 325.000 millones, la mayor cifra de la serie histórica. Sin embargo, más allá de la evolución general, cada uno de los sectores analizados por el monitor muestra un comportamiento diferente, con una relajación de los márgenes en la electricidad y el gas y un crecimiento considerable en la alimentación.

Las empresas de venta de combustibles, por ejemplo, son de las que más han aumentado sus ratios. En 2024, de acuerdo con las proyecciones de la Agencia Tributaria, alcanzarán un margen sobre ventas de casi el 34%, un récord histórico indiscutible. Hasta la fecha, la mayor tasa se registró en 2022, con un 29,9%. Algo parecido sucede con las compañías de distribución de alimentos, que alcanzarán una ratio de beneficios sobre ventas del 12,7%, muy por encima del 8,8% anotado en 2023 y del 11% de 2020. Estas compañías registraron una cierta mejora de márgenes con el coronavirus, luego los fueron perdiendo a medida que padecían las subidas de costes por la energía y las materias primas, sobre todo piensos y fertilizantes. Y finalmente los fueron recuperando.

Al otro lado se encontrarían las compañías que comercializan electricidad y gas, las cuales reducirían su tasa en un punto porcentual a lo largo de este ejercicio, hasta el 22%, después de haber alcanzado su techo en los años anteriores, cuando el Gobierno impulsó un impuesto extraordinario para gravar los beneficios caídos del cielo. Los datos de Hacienda muestran que la industria química mejoraría levemente sus ratios, al igual que la construcción y el comercio mayorista. La fabricación de vehículos a motor y el comercio al por menor, por su parte, retrocederían. De los grandes sectores de España, el observatorio no incluye a la banca. Esto se debe a que buena parte de los datos y las proyecciones se llevan a cabo con la información de las retenciones por rendimientos del trabajo y de las declaraciones de IVA, un impuesto, este último, que no abonan las entidades bancarias.

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El cupo catalán, apunta el consejero de Asturias, Guillermo Peláez (PSOE), “atentaría contra el principio de solidaridad. Todas las comunidades de régimen común debemos tener un sistema de financiación multilateral y la palanca de redistribución que supone el Estado es más efectiva y eficiente cuanto más grande sea”. Es una propuesta “injusta y egoísta” que “rompe el principio de solidaridad y de igualdad”, añade su homólogo Juan Alfonso Ruiz Molina, de Castilla-La Mancha, también gobernada por el PSOE. A los dos consejeros del ramo socialista se les unen los del resto de territorios, del PP, que cargan contra la propuesta en términos similares.

El sistema de financiación funciona a través de diferentes aristas. La más importante es la cesta común en la que acaba el 50% de lo que se recauda en IRPF, el 50% del IVA y el 58% de impuestos especiales —los tributos que Estado y comunidades comparten—, además de los impuestos cedidos totalmente y otras aportaciones estatales. Todo este dinero se reparte después entre los territorios en función de un criterio de población ajustada, con el objetivo de que todos dispongan aproximadamente de los mismos recursos per cápita. Por ello, los que tienen más capacidad fiscal (Madrid, Cataluña y Baleares) se convierten en aportadores netos, mientras que el resto recibe más de lo que da.

Es aquí donde surge otro de los grandes problemas que plantean los consejeros, sobre todo aquellos que representan a las zonas más penalizadas tras el reparto. Las comunidades pueden ordenarse en función de la cantidad de recursos que reciben por persona. El centro de estudios Fedea publica anualmente este listado, que sitúa a Cantabria, La Rioja y Baleares siempre en la parte alta de la tabla, mientras que deja como infrafinanciadas a Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. Estas cuatro regiones históricamente maltratadas reclaman urgentemente soluciones.

“Esto es una carrera de 800 metros y nosotros salimos 20 metros por detrás por la mala financiación”, denuncia Luis Alberto Marín, consejero de Hacienda murciano. “Cada año recibimos 1.400 millones de euros menos que la media. Desde el año 2009 son casi 15.000 millones menos”, apunta la consejera de Andalucía, Carolina España. El responsable de las finanzas castellanomanchegas y su homóloga valenciana, Ruth Merino, inciden además en las consecuencias negativas que esta infrafinanciación acarrea en las ratios de déficit público regionales, lo que dificulta tener unas cuentas saneadas. “El 78% de nuestra deuda está provocada directa o indirectamente por la infrafinanciación”, dice Merino.

Pero no acaba aquí la cuestión. El problema es que las demás comunidades, incluyendo a las que Fedea sitúa en primera posición en cuanto a financiación por habitante ajustado, también aseguran que adolecen de falta de recursos. “No aceptamos el marco conceptual de que somos una de las comunidades mejor financiadas. Consideramos que todas lo están y que esto tiene que ver exclusivamente con un modelo que se ha quedado caduco”, señala el riojano Alfonso Domínguez, una opinión que comparten Extremadura, Castilla y León, Canarias, Aragón y Asturias, todas con más recursos por cabeza que la media.

Menos consenso rodea la condonación de parte de la deuda autonómica acordada entre ERC y el PSOE —pactando que sea ampliable al resto de autonomías—. Las regiones con más pasivo, por lo general, la ven con buenos ojos, mientras que las más saneadas recelan y ponen sobre la mesa el riesgo moral. Todas, sin embargo, exigen que los importes se fijen según unos criterios claros establecidos entre todas las comunidades, y no a través de una negociación bilateral entre el Estado y Cataluña.

Los consejeros, por regla general, piden al Gobierno central que tenga la iniciativa en la reforma, pues es tarea del Ministerio de Hacienda liderarla. A la espera de que llegue esta renovación, las cuatro comunidades infrafinanciadas piden un fondo transitorio para acercarse a la media por habitante —según Fedea costaría unos 3.000 millones al año—, una opción que no apoyan todas las autonomías, salvo que puedan participar de ello o se les compense de otra forma.

Para todos, la reforma debería incluir un aumento estructural de los recursos, ya sea a través de la descentralización de ingresos por parte del Estado o a través de más competencias autonómicas. “A nadie se le escapa que el gasto sanitario hoy no tiene nada que ver con el que había cuando se hizo el modelo, que ya tiene 15 años”, apunta Carlos Fernández Carriedo, de Castilla y León.“Desde 2009, los grandes impuestos cedidos que financian el sistema han seguido una senda de crecimiento, pero la mitad de ese crecimiento no ha ido a las comunidades, como teóricamente correspondería. Hay un desacople entre recaudación y financiación”, recuerda Miguel Corgos, consejero de Galicia.

¿Insularidad o dispersión?

España es un país de contrastes geográficos y socioeconómicos. A un lado, vastos territorios prácticamente despoblados y envejecidos. Al otro, islas cada vez más repletas de habitantes y grandes ciudades, como Madrid, que absorben todo lo que les rodea. En unas, los gastos en sanidad y dependencia son más altos, mientras que en otras las bases imponibles del IRPF crecen al calor del aumento del empleo y los salarios. Todas estas casuísticas condicionan el método de asignación de recursos del sistema, pero han quedado desfasadas.

El criterio de reparto tiene en cuenta variables demográficas, pero también otros como la superficie, la dispersión, la despoblación o la insularidad. Todas ellas tienen su ponderación y los consejeros, en función de sus particularidades, piden que unos factores pesen más que otros en el nuevo modelo. Los archipiélagos son claros: “La insularidad debe tener un peso superior y también el crecimiento poblacional (...). Tenemos 18 millones de turistas. Esta población flotante utiliza los servicios públicos, supone un coste añadido para las arcas autonómicas”, reclama Antoni Costa, de Baleares. “Somos un territorio singular por nuestra lejanía e insularidad y por las dificultades que eso supone en la prestación de los servicios públicos esenciales”, añade Matilde Asián, de Canarias.

Al otro lado, las zonas más castigadas por la despoblación reclaman su parte: “El reto demográfico ya es una emergencia que tiene que verse atendida también con el sistema de financiación”, señala Elena Manzano, de Extremadura. “Tenemos un territorio de gran dimensión y una población dispersa, además de envejecida”, añade el aragonés Roberto Bermúdez de Castro, quien solicita “un ajuste lógico que atienda a las circunstancias de cada comunidad y al coste efectivo de prestar los servicios públicos”.

Será difícil cuadrar todos los cálculos, pues la financiación autonómica está interconectada y cada tecla que se toca en el acuerdo con un territorio afecta al resto del pastel. Pese a ello, ningún consejero habla de líneas rojas, todos están dispuestos a ceder en algunos aspectos para lograr un acuerdo que beneficie al común y hay un rechazo unánime hacia un trato de favor hacia Cataluña.

Los únicos frentes claramente diferenciados se encuentran en la política fiscal. Las dos comunidades de régimen común que todavía conserva el PSOE defienden fervientemente una armonización tributaria que impida a los gobiernos regionales bajar impuestos. Las del PP, sin embargo, sacan pecho de la política de rebajas y apuestan por mantener, y en algunos casos ampliar, la competencia fiscal entre territorios.

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Los datos se extraen del informe La liquidación de 2022 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, publicado la semana pasada por Fedea y elaborado con las últimas cifras del Ministerio de Hacienda. En ese año, explica Ángel de la Fuente, autor del documento y director ejecutivo del centro de análisis económico, el volumen total de recursos experimentó un incremento de unos 18.200 millones con respecto a 2021 debido fundamentalmente a la buena marcha de los ingresos tributarios estatales y autonómicos. Eso hizo que, de media, el volumen de dinero por habitante que llega a cada territorio superase por primera vez la barrera de los 3.000 euros.

Sin embargo, dado el funcionamiento del modelo y los criterios de reparto, este balón de oxígeno no corrigió las deficiencias que arrastra el esquema, sino que las hizo más abultadas. Así, la distancia entre el territorio mejor financiado —en este caso La Rioja, con 3.954 euros por persona— y el peor —Murcia, con 3.056 euros— se hizo más palpable todavía. En 2021, la brecha entre el primero (Cantabria) y el último (de nuevo Murcia) fue de 726 euros.

Los ingresos de las regiones bajo el actual esquema provienen de la recaudación de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado y de sus participaciones en una serie de fondos que canalizan transferencias estatales hacia los gobiernos regionales y redistribuyen recursos entre ellos. El sistema engorda una cesta común donde acaba el 50% de lo que se recauda en IRPF, el 50% del IVA y el 58% de impuestos especiales —los tributos que Estado y comunidades comparten—, además de los impuestos cedidos totalmente y aportaciones estatales. Por eso, desde Fedea alertan de las consecuencias que tendría la salida de Cataluña del modelo, dado que la Generalitat es uno de los aportadores netos.

Este dinero se reparte mediante una fórmula de necesidades de gasto que cuantifica los recursos que se consideran necesarios en cada región para financiar un nivel uniforme de servicios públicos, como sanidad o educación. Para determinar las cuantías se utiliza la variable de población ajustada, un modelo que sustituye a la población real de cada territorio y que tiene en cuenta características como el número de habitantes en edad escolar o mayor de 65 años o la dispersión demográfica e insularidad. El modelo actual y sus criterios, que datan de 2009, no se han adaptado a los cambios demográficos y económicos a lo largo del tiempo, por lo que las disparidades iniciales se han acrecentado.

Pese a estas cifras, sin embargo, las comunidades peor tratadas son receptoras netas del modelo de financiación, es decir, todas ellas reciben tradicionalmente más de lo que aportan. El sistema está pensado para que solo sean aportadores netos los territorios de mayor capacidad fiscal, es decir, Madrid, Cataluña y Baleares. En 2022, contribuyeron respectivamente con unos 7.000 millones, 2.000 millones y 300 millones de euros, respectivamente. El resto de autonomías osciló entre los 377 millones de saldo positivo de La Rioja y los 6.100 millones de Andalucía.

Una reforma endiablada

La reforma del sistema de financiación lleva debatiéndose desde hace años en los círculos de expertos y ha saltado al debate público en los últimos meses. A las exigencias de las comunidades históricamente infrafinanciadas, que reclaman un rediseño urgente, se le han unido las demandas de los partidos soberanistas catalanes, que denuncian lo que a su juicio es una infrafinanciación histórica. La semana pasada, con el fin de desbloquear la investidura de Salvador Illa, el PSC y ERC acordaron un modelo de financiación singular que sacaría a Cataluña del régimen común a cambio de una aportación a la solidaridad de la que se desconoce su cuantía, algo parecido a lo que ocurre con País Vasco y Navarra.

Más allá de este cambio, el cual supondría un desbarajuste de calado para el modelo al fragmentarse la caja única, la reforma del sistema es endiablada por otra serie de cuestiones. De entrada, la práctica totalidad de territorios —incluyendo a los que más financiación reciben— denuncian que el sistema carece actualmente de los recursos suficientes, por lo que no quedaría más remedio que aumentarlos. Esto podría hacerse a través de más transferencias del Estado o a costa de que los Gobiernos regionales se queden con una parte mayor de los impuestos compartidos, en detrimento de la Administración central.

Otra complicación está vinculada con el principio del statu quo, que garantiza que ninguna comunidad reciba con la modificación menos dinero del que hubiera obtenido con el modelo anterior, es decir, el ahora vigente. Esta regla, en la práctica, desvirtúa cualquier negociación porque sitúa en una posición privilegiada a las comunidades que actualmente tienen más financiación media por habitante.

En este punto entra en juego otro de los aspectos más polémicos, que es la posibilidad de adoptar el principio de ordinalidad, algo que también reclaman los soberanistas catalanes. Esta teoría defiende que los mecanismos de solidaridad y nivelación deben corregir la desigualdad, pero no revertir el ranking de recursos per cápita. Es decir, el modelo debe reducir las diferencias entre las zonas más ricas y las más pobres, pero no intercambiar sus posiciones, que es lo que ahora sucede. Actualmente, Madrid es la comunidad con más capacidad fiscal, pero cae al puesto duodécimo en recursos por habitante una vez aplicados los ajustes. Algo similar pasa con Cataluña, la segunda más rica y la décima tras el reparto. Al otro lado se encuentran regiones como Canarias o Galicia.

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Recibe a EL PAÍS en la Consejería de Toledo, desde donde reclama al Gobierno avances en uno de los asuntos transcendentales para su territorio: el sistema de financiación. “Recibimos mucho menos de lo que nos corresponde”.

Pregunta. Castilla-La Mancha suele ser la voz discrepante del PSOE. ¿También en materia fiscal?

Respuesta. Siempre hemos sido reivindicativos con independencia de quién estuviera gobernando. El presidente [Emiliano García] Page ha sido siempre coherente en esas reivindicaciones, sea con Mariano Rajoy en La Moncloa o con Pedro Sánchez, de igual forma que lo he hecho yo con Hacienda. Hemos insistido en lo que más nos afecta, que es la financiación autonómica, porque somos una de las regiones peor financiadas.

P. Castilla-La Mancha envió una carta el Gobierno donde pidió que las cuestiones que afectan a la capacidad financiera de las autonomías se tomen conjuntamente.

R. Es absolutamente necesario el principio de lealtad institucional para que cuando el Gobierno de la nación adopte medidas que afectan a las finanzas de las comunidades, se valore y se compense. Pedimos que en la próxima Conferencia de Presidentes se alcance un compromiso de Estado para que la capacidad financiera de las autonomías no se vea afectada por decisiones del Ejecutivo nacional, como la rebaja en el IVA.

P. ¿Puede reformarse el sistema de financiación en esta legislatura?

R. Hay interés por parte del Gobierno, pero el ambiente no acompaña. Lo veo difícil, y no tanto por parte de las comunidades, que somos las más interesadas, sino por la confrontación que existe a nivel nacional.

P. ¿Qué reclaman en esa reforma?

R. Garantizar el principio de igualdad, es decir, que todos los ciudadanos, con independencia de dónde residan, tengan el mismo nivel de prestación en los servicios públicos. Es necesario hablar de población ajustada para que se valore adecuadamente cuál es el coste efectivo de esos servicios fundamentales. Por las características sociales de nuestro territorio, abogamos por una ponderación importante de la superficie y de la población distribuida entre los diferentes grupos de edad. Defendemos que se valore adecuadamente la dispersión e incluso el nivel de renta, porque está claro que cuanto más ingresos tiene el ciudadano, menor uso hace de los servicios públicos. Y mientras llega esa reforma, defendemos la puesta en marcha de un fondo transitorio.

P. Comparten reivindicaciones con muchas autonomías del PP. ¿Por qué es tan complicado el acuerdo?

R. Tenemos características muy similares a Castilla y León, Galicia o Andalucía. Con muchas comunidades del PP no nos separan más que pequeños matices que podríamos perfectamente abordar en cualquier negociación. Sería importante empezar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que el Gobierno central pusiera sobre la mesa una propuesta.

P. ¿Por qué no lo convoca Hacienda?

R. Hubo ya un primer borrador en algo tan importante como la población ajustada. Las comunidades hicimos las aportaciones que consideramos pertinentes, pero no sabemos más. Fue un paso importante y deberíamos continuar.

P. ¿Les preocupa la competencia fiscal entre territorios?

R. Todos los consejeros estamos reclamando mayor atención, pero al mismo tiempo algunos rebajan impuestos y trasladan a la ciudadanía el mensaje de que los impuestos no valen para nada, cuando son los que financian el Estado del bienestar. Esa carrera por eliminar impuestos me parece contraproducente y, desde luego, me parece incoherente bajar impuestos y al mismo tiempo pedir mayores recursos para el sistema de financiación.

P. ¿Se han planteado alguna vez entrar en esa carrera?

R. Somos conscientes de la importancia que tienen los impuestos para financiar el Estado del bienestar. Desde luego, no vamos a entrar en esa lucha y hay que hacer pedagogía.

P. A nivel electoral parece que sí funcionan esas propuestas...

R. Algunas comunidades están diciendo que bajar los impuestos aumenta la recaudación. Vemos asomar a los seguidores de la curva de Laffer, que académicamente se ha demostrado que no es real. Por eso nos parece importante en materia fiscal la armonización y el establecimiento de unos umbrales mínimos. Algunas comunidades, y también el Partido Popular de esta región, dicen que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos. Y yo siempre les digo que solo en el caso de los que tienen dinero. Las rentas bajas se ven perjudicadas doblemente por las rebajas fiscales generales. Por un lado, porque no se benefician de algunas al no llegar al umbral mínimo para declarar. Por el otro, por el deterioro de los servicios públicos.

P. ¿Comparten la propuesta de condonación de parte de la deuda autonómica en la que trabaja Hacienda?

R. Esa reestructuración de la deuda es un elemento importante en el debate del sistema de financiación. Es una deuda que se origina por el ciclo económico de la crisis financiera, por la infrafinanciación y por las decisiones de gasto que hayan podido adoptar las autonomías. Abogamos por que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pondere estas causas en cada caso para determinar qué grado de reestructuración debe tener cada territorio.

P. ¿Cuál es el de Castilla-La Mancha?

R. De los 16.000 millones que tenemos de deuda viva, aproximadamente un 93% es consecuencia de factores exógenos a la comunidad, es decir, la crisis financiera y la infrafinanciación.

P. ¿Cómo valoran la propuesta de financiación singular de los partidos soberanistas catalanes?

R. Es injusta y egoísta. Rompe el principio de solidaridad y de igualdad. Con ella, se podría producir el hecho de que dos ciudadanos con igual renta y carga tributaria tuviesen mejores o peores servicios públicos en función de dónde residan. La solidaridad es importante y la practicamos todos cuando pagamos los impuestos. Tengo que recordar que España ha sido solidaria con Cataluña. Lo recuerdo en el caso de los Juegos Olímpicos de 1992, al igual que con la Expo de Sevilla de ese año. Mientras los castellanomanchegos estábamos siendo solidarios, aquí no teníamos ni una sola resonancia magnética y los dos millones de habitantes tenían que desplazarse a Madrid para estas pruebas diagnósticas. No puede ser que un conjunto de comunidades comamos menú del día y otras quieran comer a la carta.

P. ¿Se extiende esto a País Vasco y Navarra?

R. Sus regímenes están recogidos en la Constitución. Aunque es verdad que sería importante que su contribución a la solidaridad estuviese en proporción a lo que aportan otras autonomías ricas.

P. La Airef suele alertar de los niveles de déficit de algunas comunidades, entre ellas Castilla-La Mancha.

R. Estamos ponderando adecuadamente los compromisos que adquirimos con los ciudadanos con la seriedad fiscal. Y todo ello pese a que tenemos una financiación que no se corresponde con la que nos tocaría si el modelo funcionara adecuadamente.

P. ¿Se pueden seguir saneando las cuentas en esta situación?

R. Es mucho más difícil porque tenemos un déficit de financiación de 315 millones anuales, pero lo estamos intentando.

P. ¿Le perjudica a Castilla La Mancha estar tan cerca de Madrid, la región con más rebajas fiscales?

R. Ahora se está produciendo una deslocalización de domicilio fiscal de las rentas más altas para tributar en Madrid. Es una competencia desleal, porque no estamos en las mismas condiciones para practicar esa política fiscal tan laxa. Yo no entro a juzgar si es justo o no lo que hace Madrid con sus tributos. Me gustaría saber cuál es la repercusión que tiene esa política en sus servicios públicos, pero no es de mi competencia. Pero es cierto que las comunidades autónomas que somos limítrofes con Madrid nos vemos perjudicadas. Madrid se beneficia de unas condiciones de capitalidad e inversión que nosotros no tenemos y está practicando una política fiscal que las demás no nos podemos permitir porque va en deterioro de los servicios públicos. Es necesaria una armonización para que ninguna comunidad se aproveche de una situación privilegiada.

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Licenciado en Derecho, trabajó como abogado para enrolarse en 2016 en el cuerpo de técnicos de Hacienda del Estado. En 2021 aprobó las oposiciones para ser inspector de Hacienda. En un encuentro con EL PAÍS en la Secretaría General de Fondos Europeos, en Madrid, defiende una armonización fiscal que ponga freno a la competencia entre autonomías, a la vez que asegura que, si se tiene en cuenta el coste real de los servicios básicos, Asturias está infrafinanciada.

Pregunta. Se dice que Asturias es un infierno fiscal...

Respuesta. No. Es un concepto que opera dentro de Asturias porque determinados intereses quieren incitar al Gobierno a hacer rebajas fiscales. Las comunidades no tenemos competencia sobre fiscalidad empresarial. El IVA y sociedades no están transferidos.

P. Pero sí se utiliza a Asturias como ejemplo de alta fiscalidad en sucesiones y donaciones.

R. El impuesto de sucesiones es justo y goza del respaldo de toda la doctrina académica y de instituciones internacionales como la OCDE, que recomienda que se mantenga porque combate la desigualdad. Eso sí, dice claramente que las clases medias y trabajadoras deben estar exentas. Y es el modelo que aplicamos en Asturias. En el grupo uno de parentesco solo lo paga el 1% de los declarantes. ¿De verdad es un problema el 1% más rico? Esas comparativas tratan de hacer pasar el problema del 1% por el de todos.

P. Muchas comunidades están bajando impuestos. ¿Hay margen para seguir?

R. Todas las autoridades nos dicen que hay que iniciar una senda de consolidación fiscal. No hay margen para hacer rebajas de carácter general. Sí para establecer beneficios fiscales para las clases medias y trabajadoras. Nosotros hemos iniciado la vía fiscal asturiana. Tenemos más de 20 deducciones en el IRPF que solo afectan a las rentas bajas y medias. Tenemos las deducciones fiscales más potentes a la natalidad y aplicamos deducciones al medio rural para fijar población. Nuestras deducciones suponen un importe de 50 millones que es superior, por ejemplo, al impacto de deflactar el IRPF como promueve la derecha.

P. ¿Les afecta la competencia fiscal entre comunidades?

R. La fiscalidad influye, pero no es determinante. Como país, tenemos que plantearnos si es efectivo que los tributos que gravan la riqueza estén en manos de las comunidades, porque se está perdiendo la recaudación que hace posible el Estado del bienestar. Es algo que le planteamos al Gobierno.

P. ¿Harían falta umbrales mínimos?

R. Defendemos la armonización en este tipo de tributos, con un mínimo exento para clases medias y trabajadoras. Es una reflexión que tenemos que hacer para ver qué modelo de Estado queremos. Nada es inocuo cuando bajas impuestos. El debate y la batalla fiscal hay que darlos. Ahora hay una mayoría de comunidades del PP, pero desde Asturias estamos dispuestos a dar esa batalla. Las grandes rentas y patrimonios intentan hacer pasar sus problemas por los de la mayoría social. Esa batalla hay que darla.

P. Da la sensación de que el bloque que lidera el PSOE la está perdiendo…

R. Soy optimista y creo que la gente asume y entiende estas posiciones. En Asturias, nuestro sistema fiscal es valorado.

P. Todavía no se ha empezado a negociar la reforma del sistema de financiación ¿Le ha faltado iniciativa al Gobierno?

R. La reforma es muy compleja porque requiere un acuerdo entre territorios con intereses contrapuestos. Para tener vocación de permanencia también requiere de un gran acuerdo entre PP y PSOE. Somos optimistas porque tenemos el compromiso de la ministra y la necesidad de las comunidades puede ser una palanca para que salga adelante. Tenemos un acuerdo con otras siete autonomías que comparten intereses y somos conscientes de que vamos a tener que hacer alguna concesión.

P. Asturias tiene una financiación por habitante ajustado por encima de la media.

R. Que una comunidad esté en la media o no, no debería ser relevante. Lo relevante es que reciba los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios en un plano de igualdad. Si todos vamos a la media se pone freno a la redistribución, a la solidaridad. El concepto relevante es lo que cada uno necesita.

P. Las diferencias entre la comunidad peor y mejor financiada son muy grandes.

R. Hay comunidades que, como nosotros, necesitan más recursos y otras que, como el dato de la media les es favorable, lo ponen encima de la mesa como una prueba más de sus necesidades. El prestar servicios públicos de calidad en Asturias es costoso. Tenemos una distribución territorial, una dispersión geográfica y un envejecimiento que hacen que el coste efectivo sea más caro. Necesitamos más recursos para eso y, por tanto, entendemos que también estamos infrafinanciados. Si hay un fondo transitorio, Asturias tiene que estar en él.

P. ¿Están dispuestos a que Asturias pierda su posición relativa?

R. La posición relativa no nos importa. Lo único es que tengamos los recursos necesarios para prestar los servicios en igualdad. No queremos ni más ni menos. Y eso se consigue atendiendo al coste real de los servicios públicos.

P. Entonces el sistema necesita más ingresos. ¿De dónde se sacarían?

R. Eso le corresponde al Estado. Debe descentralizar más ingresos, bien vía transferencias o vía más competencias autonómicas. Decimos que hay que atender al coste real de los servicios públicos. No es lo mismo prestar un servicio sanitario en Asturias que en Barcelona u Hospitalet, que son zonas más densamente pobladas.

P. ¿Cuál debería ser el principal criterio de reparto?

R. Somos ambiciosos y nos gustaría redibujar todo en base a calcular el coste efectivo del sistema. Y a partir de ahí, tener más capacidad tributaria para fomentar la inversión o mejorar la cartera básica.

P. ¿No se exacerbaría la competencia fiscal?

R. Eso también debe valorarse en la reforma. Actualmente, tenemos el 50% de IVA. A lo mejor hay que incrementarlo al 60% o al 70% sin tener competencias normativas. Lo mismo se puede hacer con el IRPF, pero limitando la capacidad normativa que conduzca a una rebaja de impuestos que pueda hacer al sistema ineficiente.

P. Eso implicaría también asumir más responsabilidad fiscal.

R. Efectivamente. Tiene que haber exigencias de responsabilidad fiscal en la reforma para que el incumplimiento de los objetivos de estabilidad acarree consecuencias. Y al revés: tiene que haber una capacidad de endeudamiento o unas normas de estabilidad asimétricas para las comunidades que cumplen.

P. ¿Apoyan la condonación de la deuda que propone Cataluña?

R. Éramos críticos, porque entendemos que entraña un riesgo moral y no es una medida deseable para la responsabilidad fiscal. Pero el Estado tiene una competencia de cierre para garantizar la prestación de los servicios fundamentales, y hay comunidades que han llegado a tal nivel de endeudamiento que pone en riesgo la sostenibilidad de su Estado del bienestar. Con esa condonación de la deuda en Cataluña, que es extensiva a todos los territorios, el Estado está actuando y cumpliendo con sus funciones. Por tanto, compartimos la decisión del Estado, y eso que somos escépticos hacia las condonaciones.

P. ¿Y qué opina de la financiación singular que piden los soberanistas catalanes?

R. Atentaría contra el principio de solidaridad. Todas las comunidades de régimen común debemos tener un sistema de financiación multilateral y la palanca de redistribución que supone el Estado es más efectiva y eficiente cuanto más grande sea. La Constitución reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales, no avala una suerte de cupo en Cataluña.

P. ¿Es posible una reforma del sistema con la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP?

R. Es complicado, pero tenemos el compromiso del ministerio, y la necesidad de financiación que tenemos todas las comunidades tiene que ser el catalizador.

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El informe La liquidación de 2022 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, publicado año a año por Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, diseña un índice en el que la media de financiación relativa por habitante ajustado se sitúa en 100. A partir de ahí, se puede ver qué territorios se quedan por encima —los que estarían sobrefinanciados— y cuáles se colocan por debajo —los infrafinanciados—. En concreto, con 100,9 puntos, Cataluña se situó inmediatamente por encima de la media, por debajo de Galicia (102,5) y justo por encima de Madrid, que en esta ocasión se queda exactamente al mismo nivel que el promedio.

Históricamente, las regiones mejor financiadas de España son La Rioja, Cantabria y Baleares, que en 2022 oscilaron entre los 115 y los 117 puntos. Las que reciben menos recursos son, por su parte, Murcia (90,8 puntos), Comunidad Valenciana (91,8), Andalucía (94,6) y Castilla-La Mancha (94,9), que arrastran un déficit de recursos desde hace más de 10 años. Madrid y Cataluña, número arriba, número abajo, siempre se han colocado por encima de la media del país. Por eso, esgrimen desde Fedea, los datos no respaldan la teoría de que la Generalitat sufre de falta de recursos.

En España hay comunidades más ricas que otras. Por eso, con el objetivo de que todas puedan ofertar los servicios públicos en igualdad de condiciones, se puso en marcha hace años el sistema de financiación autonómica, diseñado para corregir las anomalías derivadas de unas capacidades fiscales muy dispares. Para alcanzar ese objetivo, el modelo prevé transferencias tanto verticales —desde el Estado hacia las 15 regiones de régimen común— como horizontales —entre los distintos territorios—. Una vez que se producen todos esos ajustes, las tres comunidades con mayor capacidad fiscal (Madrid, Cataluña y Baleares) se convierten en aportadoras netas del sistema, es decir, dan más de lo que obtienen. Por su parte, las otras 12 pasan a ser receptoras.

Madrid es el territorio con mayor capacidad fiscal. En 2022 anotó unos ingresos tributarios homogéneos de 29.393 millones de euros. Sin embargo, tras los ajustes del sistema, tuvo una financiación efectiva de 21.998 millones, dejando un saldo neto desfavorable de 7.395 millones, el 25% de sus recursos iniciales. Esto convierte a la región central en la gran aportadora del sistema.

Tras ella se situó Cataluña, otro de los territorios que dan a la solidaridad interterritorial. En su caso, tras registrar unos ingresos iniciales de 28.000 millones, se quedó con una financiación efectiva de 25.912 millones, lo que da lugar a un saldo neto negativo de 2.088 millones de euros (el 7,4% de sus recursos). Baleares se quedó con 4.529 millones de financiación efectiva tras contribuir a la solidaridad con 345 millones. El resto de regiones disfrutó de saldos positivos, con cifras que oscilan entre los 377 millones de La Rioja y los 6.100 millones de Andalucía.

Los ingresos de las regiones bajo el actual esquema provienen de la recaudación de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado y de sus participaciones en una serie de fondos que canalizan transferencias estatales hacia los gobiernos regionales y redistribuyen recursos entre ellos. El más importante es el llamado Fondo de Garantía (de Servicios Públicos Fundamentales), que se nutre con un 75% de los ingresos tributarios teóricos o normativos de las comunidades autónomas y con una aportación adicional del Estado.

Estos recursos se reparten mediante una fórmula de necesidades de gasto que cuantifica los recursos que se consideran necesarios en cada región para financiar un nivel uniforme de servicios públicos, como sanidad o educación. Para determinar las cuantías que deben llegar a cada autonomía se utiliza la variable de población ajustada, un modelo que sustituye a la población real de cada territorio y que tiene en cuenta características como la densidad demográfica o el número de habitantes en edad escolar o mayor de 65 años. Al Fondo de Garantía se le unen otros como el Fondo de Suficiencia (Global) y los Fondos de Convergencia Autonómica, que se financian con recursos del Estado y tienen menos importancia.

Fedea recuerda que el volumen total de la financiación definitiva de las comunidades de régimen común, medida a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, experimentó en 2022 un incremento anual de unos 18.200 millones de euros (un 13,8%) “debido fundamentalmente a la buena evolución de los ingresos tributarios autonómicos y estatales”. A la espera de los datos oficiales, se espera que en 2023 y 2024 continúe la tendencia, para estabilizarse a partir de 2025.

Los datos de Fedea difieren ligeramente de los que la Generalitat publica cada verano, y que se limitan a realizar una suma de los recursos aportados y los finalmente recibidos, divididos por la población de la comunidad. En ese análisis, el Departamento de Economía autonómico critica que Cataluña queda por debajo de la media (en sus cálculos recibe 3.264 euros por habitante, frente a los 3.341 euros de promedio español) y sobre todo utiliza el cálculo para cargar contra el incumplimiento del principio de ordinalidad incluido en el Estatuto de Autonomía catalán. Según este, cuando los mecanismos de redistribución de fondos ya se ha aplicado, ninguna comunidad autónoma puede quedar por delante de otra con mayor capacidad fiscal. En el caso de Cataluña, pasa de ser la tercera a ser la décima, en un decalaje que afecta también a Madrid y Baleares.

De hecho, la consellera de Economía, Natàlia Mas, ha criticado el método de cálculo utilizado por Fedea. Considera un error utilizar el método de población ajustada sin que tenga en cuenta el coste de la vida en cada territorio y denuncia que los ingresos tributarios utilizados no son los oficiales. Y, sobre todo, critica que una comunidad pueda elevar los recursos por habitante un 30% a partir del sistema de solidaridad, sin que ese reparto acabe teniendo efectos en la mejora de las comunidades con menor renta.

Los resultados del sistema de financiación son uno de los pilares que, a ojos de los técnicos de la Administración catalana, estaría tras el déficit fiscal que sufre Cataluña cada año y que en el último informe situaban en los 22.000 millones de euros. En ese caso se tienen en cuenta las inversiones que realiza el Estado en Cataluña y el gasto de la Administración central en la comunidad.

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Durante los primeros seis meses del año, el país acogió a 42,5 millones de visitantes, un aumento del 13% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes. Es la primera vez que se supera en un primer semestre la barrera de los 40 millones, por lo que se vuelve a apuntar hacia un año récord para el sector. Siguiendo esta tendencia, también aumentó el gasto de los visitantes. Lo hizo en un 20,5%, alcanzando la inédita cifra de 55.500 millones de euros.

Los números apuntan a que el conocido como turismo de revancha, el fenómeno que surgió tras la pandemia y que priorizaba los viajes frente a otros gastos de los hogares, se ha convertido en estructural. A un lado, esta tendencia da oxígeno al empleo y a la economía nacional —que evoluciona mucho mejor de lo esperado tanto por el Gobierno como por los analistas—. Al otro, el turismo de masas agrava las tensiones sociales en las zonas más calientes y agranda algunos problemas, como el del acceso a la vivienda.

El panorama del primer semestre, con crecimientos anuales de doble dígito en llegadas y gasto, es “sorpresivamente muy bueno, ya que partíamos de niveles muy elevados en los años anteriores”, explica Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research. La proyección del experto es que el ritmo continúe y que en el conjunto del año se superen con holgura los 85 millones de turistas anotados en 2023, con una previsión que rondaría los 95 millones.

Además del turismo de revancha, que prioriza el gasto en experiencias frente a otro tipo de bienes, el sector en España también se está viendo impulsado por el factor precios. Aunque aumentan, lo hacen alrededor de un 5% menos que en la Unión Europea, apunta Cardoso. Es decir, “hay unas ganancias de competitividad frente a otros países que puede explicarse por la inmigración y por unos costes laborales menos fuertes”. “Los precios españoles son competitivos para los viajeros extranjeros, es algo que también influye en este despegue del turismo”, apunta Pablo Díaz Luque, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC.

Será difícil, sin embargo, sobrepasar este año la barrera de los 100 millones por varias razones. Cardoso apunta a que la capacidad de absorción de los hoteles y establecimientos españoles está llegando a su límite en temporada alta y que los apartamentos turísticos no pueden servir como válvula de escape. El potencial de crecimiento, por ello, se traslada al otoño e invierno y a la desestacionalización del turismo, un fenómeno que coge ritmo paulatinamente, pero que todavía no está del todo asentado. Y Díaz Luque recuerda que en la evolución del sector también influirán otros factores exógenos: “Me preocupa especialmente el cambio climático y las olas de calor; es lo único que ahora puede frenar el crecimiento”.

De dónde vienen y cuánto gastan

En junio, España recibió 9,3 millones de turistas internacionales, un incremento de aproximadamente un millón (un 12% más) respecto al mismo mes de 2023, según los datos publicados por la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) que elabora el INE. El Reino Unido destacó como el principal país de origen de los visitantes, con más de 2,1 millones de turistas y un aumento del 8,8% en comparación con junio de 2023. Alemania, sumida en un ciclo económico que vuelve a acariciar la recesión, aportó 1,1 millones de visitantes (un 1,8% menos), mientras que Francia envió un millón de turistas, lo que supuso un incremento del 11,7%. Estados Unidos aportó 570.000 personas.

El Ministerio de Industria y Turismo, tras conocer los datos, ha destacado el aumento notable de visitantes provenientes de la categoría que engloba al resto del mundo, en la que se incluye, sobre todo, América Latina y el mercado asiático. Estos visitantes son muchos menos, pero crecieron un 25,8% en los primeros seis meses del año, lo que desde el Gobierno se ve como un indicativo del éxito de las políticas destinadas a diversificar los mercados de origen. Aunque también hay que tener en cuenta que es el sector que estaba más rezagado desde la pandemia debido a medidas fronterizas más restrictivas que hicieron que muchos de estos mercados emisores tardasen más tiempo en normalizarse. Cardoso señala el peso del viajero latinoamericano y estadounidense, un perfil que va más allá del sol y playa y busca destinos urbanos y rurales, diversificando el mercado.

En cuanto a las comunidades autónomas elegidas cono destino, Baleares fue la favorita en junio, recibiendo el 23,6% del total de visitantes. Cataluña y Andalucía le siguieron con el 21,5% y el 14,7%, respectivamente. De los territorios más visitados en el acumulado hasta junio, Madrid es el que menos músculo muestra en términos absolutos, con unos 4 millones de llegadas. Sin embargo, su crecimiento anual es el mayor de todos: del 20,4%.

El gasto turístico en junio también mostró mejoras significativas, manteniendo la tendencia positiva de los meses anteriores. El desembolso total de los turistas internacionales alcanzó en el sexto mes del ejercicio los 12.373 millones de euros, lo que representa un aumento del 16,6% con respecto al mismo mes de 2023. El gasto medio por turista se situó en 1.329 euros, con un incremento anual del 4%, mientras que el gasto medio diario aumentó un 1,9%, alcanzando los 196 euros por jornada.

Los datos de gasto turístico (Egatur) del INE indican que los visitantes del Reino Unido fueron los que más se aflojaron la cartera en junio, representando el 20,1% del total, seguidos por los alemanes (11,1%) y los franceses (6,8%).

El transporte internacional (no incluido en los paquetes turísticos) fue la principal partida de gasto, representando el 21,4% del total y experimentando un aumento del 18,4% en comparación con junio de 2023. Finalmente, según el INE, el 65,4% del gasto total en junio fue realizado por turistas que se alojaron en hoteles, con un incremento anual del 12,7%.

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Chetty (Nueva Delhi, 44 años), pese a su joven edad, se ha convertido en una de las figuras claves de la economía pública gracias a sus análisis basados en el big data administrativo. Con tan solo 28 años, ya era profesor titular en el departamento de Economía de la Universidad de Harvard. En 2018, junto a Nathan Hendren y John Friedman, fundó el Opportunity Insights, ubicado en la misma universidad.

Las grandes bases de datos de la Administración pública han estado tradicionalmente inexploradas académicamente para el estudio de la movilidad social. En 2014, Chetty y el economista francés Emmanuel Saez lograron acceso a nada menos que la información sobre la renta de los contribuyentes que atesora el Servicio Interno de Impuestos (IRS) de EE UU (su Agencia Tributaria). Entonces no existía ningún cauce para que los investigadores obtuvieran esos datos… salvo que se formara parte de la plantilla del IRS a efectos legales. Fue así que, como recoge la revista Science, el organismo pidió a los dos investigadores que pasaran por los mismos filtros exigidos a su fuerza laboral del IRS: dejar las huellas dactilares, hacer formación en protección de datos y aceptar las reglas y sanciones que se aplican a los demás trabajadores de Hacienda.

Gracias a ese acuerdo, pudieron cruzar los datos de millones de hijos con las declaraciones de la renta de sus padres para saber el grado en el que el nivel socioeconómico de los segundos ha influido en los ingresos de los primeros al llegar a la edad adulta. A partir de ahí, otros estudios han ayudado a identificar cómo el barrio en el que se crece influye en la movilidad social, o los efectos positivos del capital social y de la baja segregación.

En España también hay un hueco por llenar. Los datos administrativos no se han usado, tradicionalmente, para la investigación, aunque cada vez hay más apertura por parte de la Administración pública y herramientas técnicas y tecnológicas para explotarlos. Es así que Opportunity Insights aúna fuerzas con dos instituciones españolas para estudiar la desigualdad en nuestro país: la Fundación Felipe González —que impulsó la creación del primer Atlas de Oportunidades, junto con COTEC, a partir de datos de la Agencia Tributaria, un trabajo que fue pionero en España— y el centro de estudios Future Policy Lab, enfocado al diseño de políticas públicas para luchar contra las desigualdades económicas.

El Laboratorio de Oportunidades, que publicará sus primeros hallazgos a finales de este año, tendrá una triple misión. Por un lado, profundizar en la investigación sobre movilidad social y desigualdad en ámbito nacional; por el otro, poner a disposición de la Administración los resultados de sus análisis para impulsar políticas que reactiven el ascensor social. En último lugar, pero no menos importante, incidir en el debate sobre desigualdad y movilidad social.

El Laboratorio estará dirigido por Javier Soria, doctorando en la Paris School of Economics bajo la supervisión de Thomas Piketty, investigador en el Opportunity Insights de Harvard, fellow de la Fundación Felipe González y director adjunto de Investigación de Future Policy Lab, que además seguirá su investigación, de la que se nutre inicialmente el laboratorio, en Harvard bajo la supervisión de Raj Chetty, que formará parte del consejo asesor de la nueva institución.

También estarán presentes en el consejo asesor Rocío Martínez-Sampere (directora de la Fundación Felipe González), Berna León (director de Future Policy Lab), Octavio Medina (investigador en Google Choice Lab), Inés Guix (investigadora en Opportunity Insights), Javier Carbonell (Director Adjunto de Estrategia de Future Policy Lab) y Kiko Llaneras (periodista de datos en EL PAÍS).

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Los ingresos, después de resentirse con fuerza en 2020 por la crisis originada por la pandemia, recobraron el pulso en 2021 al calor de la recuperación económica y de la creación de empleo. A partir de 2022 también empezó a jugar un papel clave en esta evolución la fuerte crisis inflacionista y sus efectos en el IVA y el IRPF, fundamentalmente por no haber ajustado el impuesto sobre la renta a la subida de los precios (lo que se conoce como deflactación). Todos estos factores siguen tirando del carro en lo que va de 2024 y han propiciado un semestre inédito.

En el comportamiento positivo están influyendo, aunque con diferente grado de empuje, las cuatro grandes figuras del sistema tributario español: el IRPF, el IVA, sociedades y los impuestos especiales. También, la reversión paulatina de algunas medidas que se adoptaron en los decretos anticrisis, conforme la situación mejora, lo que permite ir recuperando recaudación. El ejemplo más destacado son los impuestos energéticos, que se redujeron en la fase más aguda de la crisis inflacionista y ahora vuelven poco a poco a los tipos habituales.

Las buenas cifras se han logrado pese al impacto de una serie de medidas que han restado 1.400 millones a las arcas en este periodo. Por un lado, resalta la agencia, están las devoluciones a los mutualistas, “resultado de la ejecución de las sentencias sobre la cuestión del Tribunal Supremo”, con un impacto de 708 millones. Por el otro están las devoluciones como consecuencia del fallo del Constitucional que anuló la reforma en sociedades del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con un impacto de 707 millones hasta la fecha.

Por impuestos

El impuesto sobre la renta es el responsable año tras año de la mayor parte de los ingresos que obtiene Hacienda. Hasta el mes de junio, recaudó un total de 55.247 millones de euros, lo que supone un aumento de casi el 10% en comparación con los 50.000 millones anotados en el mismo periodo de 2023. Y aunque empiezan a verse signos de cierta estabilidad, no hay riesgo de ralentización.

La Agencia Tributaria, responsable de publicar la información, explica en el informe que acompaña a los datos que el resultado de junio en el IRPF confirma el comportamiento irregular que ya se había visto en meses previos, “con tasas que alternan aceleraciones y desaceleraciones”. Pese a ello, añade, el crecimiento de los ingresos por esta vía está garantizado. Esto se debe a que operan sobre el tributo dos fuerzas opuestas. Por un lado, la creación de empleo y las subidas salariales se mantienen, pero van moderándose poco a poco. Por el otro, “el incremento del tipo efectivo y el aumento del número de empresas” aseguran un alza de la recaudación.

La agencia también pone de relieve dentro de este impuesto el peso que tienen las retenciones del trabajo ligadas a los salarios públicos y el aumento de las retenciones sobre intereses de cuentas bancarias y reparto de dividendos, así como las derivadas de ganancias en fondos de inversión.

El IVA, el segundo tributo de España por nivel recaudatorio, aportó casi 46.000 millones frente a los 42.500 del primer semestre de 2023. En términos homogéneos —descontadas ciertas variaciones extraordinarias— la subida rondaría el 6%, “que puede ser una buena aproximación a lo que está creciendo el gasto sujeto al impuesto”, apunta la agencia.

En el impuesto sobre sociedades, los ingresos pasaron de los 2.788 millones del primer semestre de 2023 a los 4.449 millones de euros, un crecimiento de casi el 60%. El primer gran ingreso, tal y como recuerda la agencia, “se produjo en abril con el primer pago a cuenta, que es el que condiciona las cifras registradas hasta el momento”. Es decir, que los mejores resultados empresariales del año pasado están detrás del incremento. Por la forma de liquidación de este impuesto, el siguiente gran pago se espera en agosto, cuando se liquida el conjunto del año. Los impuestos especiales, por su parte, aportaron 10.466 millones entre enero y junio, un aumento del 5%.

Reducción del déficit

La buena marcha de la recaudación, según avanzó ayer el Ministerio de Hacienda, ha permitido a España continuar con la senda de reducción del déficit público iniciada en 2021. El déficit total de las Administraciones públicas españolas entre enero y mayo, exceptuando las locales, se situó en los 18.291 millones de euros. Supone una bajada del 6,2% respecto al mismo periodo de 2023 y corresponde a un 1,18% del PIB. Esta evolución fue posible, dice Hacienda, porque el crecimiento de los ingresos —del 5,8%, impulsados por los impuestos— fue superior al de los gastos —del 4,8%—, de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria.

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El texto refrendado por los dos partidos —difundido este martes por los independentistas— confirma que Cataluña tendría una relación bilateral con el Estado en materia fiscal: recaudaría y gestionaría los impuestos de titularidad estatal y de facto saldría del régimen común a cambio de una especie de concierto que se articularía mediante dos vías.

Por un lado, la Generalitat aportaría al Estado por el coste de los servicios prestados en el territorio, por ejemplo, aquellos derivados del presupuesto en Defensa, en infraestructuras o en relaciones exteriores. Es algo similar a lo que ocurre en País Vasco y Navarra, aunque con matices. Por el otro, los catalanes también contribuirían a la solidaridad con el resto de comunidades con un segundo pago adicional. En los dos puntos hay diferencias de calado entre el modelo de los territorios forales y el nuevo esquema catalán.

El cupo al Estado

Ignacio Zubiri Oria, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, recuerda que País Vasco y Navarra pagan al Estado de acuerdo con una estimación basada en las cargas no asumidas, mientras que Cataluña tendría que abonar un porcentaje de los impuestos recaudados, cuya cuantía y cálculo no se precisan en el texto. “Los territorios forales pagan al Estado por lo que estiman que se invierte en ellos, mientras que en el caso catalán todo vendría delimitado por la recaudación”, explica. “En cierta forma, se define el cupo catalán como un canon a cambio de la gestión de los impuestos”, añade. La clave, apunta otro profesor de Hacienda Pública consultado, será cómo se determina ese porcentaje y si se incluye en él algún tipo de ajuste que pueda modularlo a la baja o al alza, así como su permanencia en el tiempo.

Otra diferencia entre el nuevo sistema catalán y País Vasco y Navarra, prosigue Zubiri, es la solidez de ese pago. Aunque el cálculo del cupo sea poco transparente, se presupone que las cuantías que abonan los territorios forales son relativamente homogéneas año a año porque los servicios que el Estado presta en ellos se mantienen prácticamente estables. En Cataluña, sin embargo, este desembolso dependería exclusivamente de la evolución de la recaudación, por lo que si los ingresos se resienten, “también lo haría el cupo”, recuerda Zubiri.

Aportación a la solidaridad

Cataluña, además del pago por las cargas del Estado no asumidas, también tendría que aportar al fondo interterritorial de solidaridad para que el resto de los territorios tengan recursos con los que poder prestar los servicios públicos básicos, tales como sanidad y educación. Es otra diferencia, aparentemente de calado, con las haciendas forales porque “estas aportaciones, en el caso de existir, son ridículas”, apunta Zubiri. Pese a ello, matiza María Cadaval, doctora y profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela, el texto difundido supone una quiebra y una ruptura evidente de la solidaridad tal y como se conoce actualmente, ya que las contribuciones que haga la Generalitat serán inferiores a las de ahora.

El texto, apunta Cadaval, detalla que Cataluña deberá contribuir a la solidaridad con las demás comunidades a fin de que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares. Sin embargo, queda reflejado que esto se hará siempre que estos territorios “lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar”. Y, lo que es más importante, respetando siempre el principio de ordinalidad, el cual establece que una comunidad con más capacidad fiscal —es decir, más rica— no puede quedar por debajo de la media en ingresos disponibles una vez que se ha llevado a cabo el reparto de recursos.

Hoy, como sucede con Madrid y Baleares, Cataluña es una comunidad aportadora neta del sistema, esto es, entrega más de lo que recibe. Por eso, a falta de nuevos detalles que se vayan conociendo, la redacción del texto “amenaza con romper la solidaridad entre regiones si finalmente se permite que uno de los territorios con más capacidad fiscal reduzca su aportación”, en opinión de Cadaval, quien critica que se extienda a otros territorios la “anomalía” que hasta ahora se vive con País Vasco y Navarra. “Se abre la puerta a un sistema que fomenta que cada palo aguante su vela, en el que haya comunidades con servicios públicos de primera y de segunda en función de su riqueza”, denuncia.

Para Zubiri, la falta de concreción del texto es “peligrosa” precisamente por dar pie a muchas interpretaciones y posibilidades. Cadaval también carga duramente contra el nuevo modelo por poner en riesgo el equilibrio territorial. Para otros expertos en Hacienda Pública consultados, sin embargo, esa escasez de detalle, junto a la falta de concreción en el calendario, hacen pensar que “todo pueda quedar en pequeños cambios”.

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La inflación subyacente, que excluye los alimentos frescos y los productos energéticos por ser los más volátiles, se situó por su parte en el 2,8%, dos décimas menos que la anotada en junio. Es la tasa más baja de este indicador en más de un año y, en este caso, se aproxima más a lo que preveían las proyecciones económicas.

Esta moderación sigue la estela del mes previo —cuando la inflación general disminuyó dos décimas, del 3,6% al 3,4%— pero todavía no anticipa el fin del ciclo alcista, según avanzan los expertos consultados. Así, en lo que resta de año, se esperan tasas cercanas al 3% para cerrar el ejercicio con una media anual general de aproximadamente el 3,2%.

El dato publicado este martes por Estadística, que deberá confirmarse en un par de semanas con todo el detalle, se explica principalmente por la evolución del precio de los alimentos y del componente energético. Por un lado, el descenso de los precios de la electricidad ha sido ahora mayor que en julio del año pasado. Por otro, los alimentos han bajado frente a la subida que registraron hace 12 meses. “La reducción en la inflación general se correspondería con una menor presión tanto en la energía como en los alimentos no elaborados que, en todo caso, se mantendrían en cotas relativamente elevadas”, apunta Rafael Doménech, responsable de análisis económico en BBVA Research.

Pero también hay que incluir en la ecuación el componente fiscal y, en concreto, las rebajas en el IVA. Se da la paradoja de que el precio de la electricidad ha reputado en julio frente a los meses previos, pero gracias a la rebaja diseñada por el Gobierno en el nuevo paquete de medidas anticrisis, los efectos en la inflación han sido positivos, recalca Ángel Talavera, analista de Oxford Economics. En la revisión del paquete anticrisis que hizo a finales del año pasado, el Ejecutivo diseñó una rebaja del IVA de la luz desde el 21% habitual al 10% siempre que el precio medio de la electricidad superase los 45 euros por megavatio hora (MWh) el mes anterior. Esto es lo que pasó en junio, así que el impuesto ha sido más bajo este mes y eso ha contribuido a una leve moderación de la inflación.

La fuerte corrección en julio, recalca Raymond Torres, director de Coyuntura Económica en Funcas, es mejor de lo esperado. El IPC subyacente, sin embargo, coincide con lo anticipado, “evidenciando la resiliencia de los precios en el sector de los servicios”. El principal problema radica en este componente, “resiliente a la baja por la fuerte demanda asociada al turismo y, en algunos sectores, la falta de competencia”. Este factor, insiste Torres, es el último obstáculo para que la inflación baje hasta el 2%.

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, han suscrito los convenios entre sus respectivos departamentos y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por los que se movilizarán estos 6.000 millones de euros en forma de préstamos y avales. Estos irán destinados a promotores públicos y privados con el objetivo de aumentar el parque de vivienda asequible en España y, así, acercarse poco a poco a los estándares europeos.

Sánchez ha reconocido que su presencia en el acto no es casual y pretende evidenciar el compromiso del Gobierno con la accesibilidad a la vivienda. El presidente ha recordado el “drama” que sufren millones de ciudadanos, sobre todo los jóvenes que no pueden independizarse para empezar un proyecto de vida, y ha puesto en valor la magnitud del plan: “La promoción de nada más y nada menos que 43.000 viviendas destinadas al alquiler asequible durante un periodo de 50 años”.

El presidente ha insistido en que, pese a que son las autonomías y ayuntamientos quienes tienen las competencias en vivienda, el Ejecutivo “no se abstrae del problema que viven millones de ciudadanos del país y utiliza todas las palancas de las que dispone el Estado”. En este caso se ha optado por la colaboración público-privada, una fórmula que cuenta con el respaldo de la parte socialista del Gobierno, pero que es criticada por el socio minoritario, Sumar. Sánchez ha asegurado que gracias a esta inyección de fondos se va a “permitir a promotores públicos y privados acceder a unos recursos financieros en cantidad y calidad suficiente”.

El nuevo plan, ha detallado, se nutre con fondos vinculados a la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la que se creó una nueva línea de préstamos de 4.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda. Para complementar este montante, el Gobierno de España ha creado una línea de avales adicional para estos préstamos con un importe de 2.000 millones de euros, que salen de los Presupuestos Generales del Estado. En total, 6.000 millones de euros con los que se pretende contribuir a cerrar la brecha que separa a España de la media de los países del entorno.

En la Unión Europea, la proporción de vivienda destinada al alquiler a precios asequibles se sitúa aproximadamente en el 9% del parque inmobiliario, mientras que en España esta cifra ronda únicamente el 2,5%, según los cálculos que maneja el Gobierno. Por eso, durante los últimos meses, el Ejecutivo ha puesto en marcha diferentes planes con los que intentar poner remedio a la situación y reducir la brecha que separa a España de otros socios comunitarios. “Tenemos que evitar que la vivienda se convierta en una suerte de cuello de botella y una restricción a la continuidad del crecimiento económico y la creación de empleo”, ha insistido. Es una tarea que incumbe a “todas las administraciones”.

Más allá de las 43.000 casas anunciadas este lunes, Sánchez ha insistido en que las cifras totales que se manejan son mucho mayores. En el horizonte a corto plazo, ha dicho, hay “una apuesta mucho más ambiciosa y orientada al fin de incrementar el parque de vivienda asequible en más de 180.000 viviendas a lo largo de esta legislatura”. “Queremos convertir esta legislatura en la legislatura de la vivienda”, y para quien tenga dudas del alcance de este propósito, ha recalcado Sánchez, “a día de hoy hay ya más de 80.000 viviendas en diferentes fases de desarrollo”. Aunque el jefe del Ejecutivo también ha advertido que queda mucho por hacer: “Seguimos avanzando para convertir a la política de vivienda en un pilar más del Estado del bienestar”.

Las más de 180.000 viviendas fueron anunciadas en la precampaña de las últimas elecciones locales y autonómicas. En esos planes hay una mezcla de distintas actuaciones, desde compra de vivienda de la Sareb por parte de las Administraciones públicas —una fórmula que ha cosechado poco éxito— hasta la promoción de nuevas viviendas para alquiler asequible. Al sumarle las previsiones del Gobierno respecto a los préstamos del ICO, la cifra sobrepasaría las 200.000 casas. Aunque, por los propios tiempos que maneja el mercado (máxime si se trata de una promoción pública) muchas viviendas tardarán años en construirse y arrendarse.

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Pese a que muchos informes de expertos sitúan a su autonomía como una de las mejor financiadas de España, Domínguez niega la máxima y rechaza esa premisa. “No aceptamos ese marco”, afirma. Y pide una reforma del sistema que dote de más recursos a todas las comunidades.

Pregunta. Ha afirmado que quiere convertir a La Rioja en la comunidad con los impuestos más bajos.

Respuesta. Cuando en el pasado hemos sido más competitivos fiscalmente también hemos tenido mayor nivel de crecimiento, de creación de empleo y de sostenibilidad de los servicios públicos. Siendo más competitivos tenemos mayor capacidad para atraer y captar talento e inversión empresarial y, por tanto, crecer más.

P. Comparten frontera con dos haciendas forales. ¿Les afecta?

R. Tenemos vecinos con unos derechos forales y una situación fiscal singular que está recogida en la Constitución. La respetamos y es legítima, pero tiene efectos negativos en aquellas comunidades que son colindantes.

P. ¿Entonces se ven forzados a bajar impuestos por su cercanía con País Vasco y Navarra?

R. Nosotros reducimos los impuestos por convicción política. Pero no perdemos nunca de vista que tenemos una competencia al norte del Ebro que nos obliga a hacer esfuerzos adicionales.

P. ¿En qué se traduce todo esto?

R. Queremos reducir o eliminar todos los impuestos sobre los que tenemos competencia. Comenzamos con una reducción en el IRPF en los tramos más bajos. Y hemos establecido nuevas deducciones por el incremento de los intereses de las hipotecas y por la práctica deportiva. También hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres, hijos y cónyuges. Hemos anunciado la eliminación del de patrimonio y seguiremos con una reducción en transmisiones patrimoniales.

P. En La Rioja, patrimonio lo pagan apenas 2.000 contribuyentes. ¿Se está beneficiando a un colectivo minoritario?

R. No perdemos esa recaudación porque las bases imponibles del IRPF se incrementan. Y creemos que tiene un efecto incentivador. Estos contribuyentes son los que tienen una mayor capacidad económica y, por tanto, los que tienen el potencial de generar inversión.

P. Entonces cree que estas rebajas pueden incrementar los ingresos.

R. Depende del ciclo económico. Estamos en un momento de crecimiento y de creación de empleo en el que reducir impuestos incrementa la recaudación por la capacidad de generar más actividad económica.

P. Hay consenso académico, por ejemplo en la OCDE, de que el impuesto de sucesiones ayuda a combatir la desigualdad.

R. Esas reflexiones hay que analizarlas desde el territorio concreto. Somos una comunidad con mucha empresa de naturaleza familiar. Para nosotros, penalizar esas sucesiones, además de injusto, supone unos efectos perniciosos para la actividad económica, porque limita la capacidad inversora. Las desigualdades las corregimos a través de una correcta prestación de servicios públicos.

P. La Rioja es una de las comunidades con una mejor financiación por habitante ajustado. ¿Es más fácil hacer rebajas con esta situación de partida?

R. No aceptamos el marco conceptual de que somos una de las comunidades mejor financiadas. Consideramos que todas lo están y que esto tiene que ver exclusivamente con un modelo que se ha quedado caduco. El Estado tiene obligación de financiar mejor a las comunidades en función del coste efectivo de la prestación de servicios para que, a partir de ahí, cada autonomía decida libremente su política fiscal.

P. ¿Cómo se mide ese coste efectivo?

R. Tenemos información, tecnología y ciencia de datos. Es perfectamente posible medir cuál es el coste efectivo. Lo que tenemos que hacer es reunir una Conferencia de Presidentes, y después reunirnos nosotros en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, designar a nuestros representantes técnicos, determinar cuánto cuesta prestar los servicios públicos y, en función de ese análisis, realizar un reparto equitativo y solidario entre todos.

P. ¿Cuántos recursos le faltan al sistema?

R. La ministra lo tiene calculado. Cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía calculó que faltaban entre 6.000 y 10.000 millones. Eso fue hace varios años, ahora será más porque el Estado ha introducido más competencias autonómicas que conllevan más gasto. Esa cifra de 10.000 millones puede ser correcta.

P. ¿De dónde se sacan esos 10.000 millones que faltan?

R. El Estado tendrá que hacer una revisión de su gasto y ser responsable. Y no podemos olvidar que en estos años se han registrado cifras récord de recaudación que perfectamente pueden destinarse al sistema de financiación.

P. La mayoría de comunidades están gobernadas por el PP, pero no siempre hay consenso entre ellas. La murciana y la valenciana sí aceptan el marco de la infrafinanciación.

R. Existen particularidades entre comunidades. Hay consenso de que cada autonomía es distinta y tiene sus necesidades de gasto. Lo que no puede ser es que el Gobierno de España se ampare en unas supuestas e inexistentes divergencias para retrasar la reforma del sistema.

P. Pero sí hay unos bloques muy claros.

R. Claro que hay comunidades autónomas más pobladas, otras con más dispersión, con más envejecimiento, otras que tienen el factor insularidad… Pero esas necesidades que tenemos todas hacen mucho más fácil el acuerdo.

P. ¿Cuál es la posición de La Rioja sobre la condonación de la deuda?

R. No nos gusta si implica una quiebra del principio de responsabilidad, sobre todo si es hacia una comunidad que ha sido desleal con el Estado. Tiene un riesgo moral importante y además, si se hace por la vía de reducir la aportación del FLA, donde La Rioja tiene poco peso, nos perjudica y rompe el principio de igualdad.

P. ¿En qué quedará la financiación singular que pide Cataluña?

R. Cualquier punto que no sea acordado multilateralmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera tendrá nuestro rechazo. Un cupo o una singularidad que rompa el marco de igualdad le quitaría derechos al resto de los ciudadanos. .

P. ¿Tendrían que entrar País Vasco y Navarra en la reforma del sistema?

R. Creemos que debe haber un incremento de la cuota de solidaridad que aportan a la caja común. Y nos gustaría que hubiera más transparencia en relación con la determinación del cupo.

P. ¿Sienten que hay una competencia fiscal desleal?

R. El Gobierno de La Rioja pleiteó varias veces en los tribunales españoles y europeos por las consecuencias negativas que tenían en nuestro territorio las especificidades forales. Creemos que deberían incrementar esa cuota de solidaridad y ejercer sus competencias sin que ello tenga consecuencias negativas para los que estamos al otro lado del Ebro.

P. Hay quien se queja de la competencia fiscal que practican algunas comunidades del PP.

R. Somos amigos de la competitividad fiscal siempre que todas las comunidades cuenten con las mismas armas. Por eso no tenemos nada que decir dentro del régimen común. Todas tenemos nuestras competencias, nuestros objetivos y nuestros compromisos con los ciudadanos. Lo que pasa es que País Vasco y Navarra tienen deducciones, incentivos y beneficios en el impuesto de sociedades. Eso es lo que entendemos que no puede suceder.

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Si se sacan de la ecuación los paraísos y guaridas fiscales, es decir, los territorios de baja tributación, el tipo medio se sitúa ligeramente por encima. Pese a ello, la tendencia se mantiene intacta: solo en los países de la OCDE, entre los años 2000 y 2024, la tasa impositiva pasó del 32,3% al 23,7%, la más baja de la serie. Si se mira el tipo medio efectivo, que mide lo que realmente se paga tras descontar incentivos y exenciones, pasó del 21,6% de 2017 al 20,2% en 2023, último año con datos. Tras este fenómeno, detalla el informe, se encuentra la competencia fiscal internacional, la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios.

Los países reducen sus tipos para atraer inversiones extranjeras y fomentar el establecimiento de empresas multinacionales. A su vez, añade la OCDE, la movilidad del capital facilitada por la globalización presiona a los gobiernos a ajustar sus impuestos con el objetivo de evitar la fuga de capitales y mantener su competitividad. Aunque algunas medidas como el nuevo mínimo global del 15% —que afecta a partir de 2024 a las grandes multinacionales— ayudan a combatir todo este proceso, nada parece frenar esta carrera a la baja. La OCDE, de hecho, da cuentas de esta paradoja y recalca que, mientras las economías buscan estabilizar y, en algunos casos, incrementar sus ingresos fiscales, las tasas efectivas siguen una trayectoria descendente. Esta dinámica subraya “la necesidad de reformas fiscales globales que puedan abordar de manera más equitativa la tributación de los beneficios corporativos”.

En el documento, la OCDE cuenta con una radiografía que muestra la magnitud de este fenómeno. En el año 2000 había 16 jurisdicciones en todo el mundo que aplicaban tipos legales superiores al 40% en el impuesto de sociedades. A día de hoy, no queda ninguna. A su vez, 72 países tenían tasas que oscilaban entre el 30% y el 40%, una cantidad que se ha reducido hasta 25. Al lado contrario, ha crecido notablemente el número de jurisdicciones con tasas que oscilan entre el 10% y el 20% y entre el 20% y el 30%. Las primeras han pasado de ocho a 32; las segundas, de 31 a 72.

España, al menos en la teoría, se sitúa por encima de la media de la OCDE al tener un tipo nominal del 25%, algo por debajo de Alemania, Francia e Italia. El problema de este impuesto, señala el informe, son los múltiples mecanismos con los que cuentan las compañías para reducir la cantidad de los beneficios sobre los que se aplica la tarifa, aminorando así la base imponible y aliviando su carga fiscal. En 2023, sin ir más lejos, las empresas españolas registraron un resultado neto de casi 300.000 millones de euros. Sin embargo, gracias a los créditos fiscales y otras herramientas, de ese volumen, únicamente 176.500 millones (el 58,8%) fueron a parar a la cantidad sobre la que posteriormente se aplica el impuesto.

Este tipo de operaciones, entre otras causas, llevan a que el peso de los impuestos corporativos en las grandes economías sea menor que en otras jurisdicciones y, en definitiva, inferior a la media de la OCDE. En España, según los datos del organismo presidido por Mathias Cormann, la recaudación por sociedades supone únicamente alrededor el 7% del total de los ingresos fiscales, lejos de aproximadamente el 10% de la media. A su vez, en relación con el PIB, el impuesto supone un 3%, de nuevo por debajo. A nivel global, la recaudación se ha recuperado tras la pandemia. Es lógico, puesto que aunque el tipo medio haya caído la cantidad sobre la que se aplica (los beneficios) es mayor.

Menos dependencia de las multinacionales

Los datos de la OCDE también analizan los documentos que tienen que presentar anualmente las grandes multinacionales para dar cuenta de sus cifras y su actividad, los conocidos como Informes país por país (Country by Country Report o CbC, por sus siglas en inglés). Estos datos, de carácter complementario, tienen que hacerlos públicos los grandes grupos con una facturación igual o superior a los 750 millones de euros en todo el mundo. En España, según la información disponible actualizada, 123 grandes empresas soportaron en 2021 un tipo efectivo sobre sus beneficios de solo el 14,41%, la tasa más baja de los últimos cinco años.

Los datos de la OCDE muestran, con todo, la poca dependencia que tiene España de estas multinacionales, al menos en términos de ingresos fiscales. En 2021, la proporción del total de la recaudación societaria del país proveniente de estos grandes grupos se quedó en el 31%, notablemente por debajo de Francia (47%) e Italia (46%) y algo más cerca de Alemania (35%). A gran distancia están jurisdicciones de fiscalidad laxa como Irlanda (87%), Hong Kong (79%) o Singapur (73%).

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“Gravar a los ultrarricos cuenta con un sólido apoyo popular en todo el mundo y en todos los espectros políticos, incluso entre los propios ultrarricos. El liderazgo del G-20 fue vital para lograr un acuerdo global sobre un impuesto mínimo a las empresas. Ahora es el momento de hacer lo mismo para las grandes fortunas”, reza la misiva a la que ha tenido acceso EL PAÍS, firmada por los dos expresidentes socialistas del Gobierno de España, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. A ellos se le unen nombres como Dominique de Villepin, Stefan Löfven, Jan Peter Balkenende, Yorgos Papandreu y Julia Gillard, ex primeros ministros de Francia, Suecia, Países Bajos, Grecia y Australia, respectivamente. También suscriben la carta Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, Kim Campbell, ex primera ministra de Canadá, o Alfred Gusenbauer, excanciller de Austria, entre otros.

Los antiguos líderes políticos explican en el documento que las grandes fortunas de todo el mundo “pagan una tasa impositiva más baja que los maestros y los limpiadores”. A nivel global, argumentan, los multimillonarios abonan el equivalente a menos del 0,5% de su riqueza, lo que provoca que miles de millones de euros “que podrían haber sido invertidos productivamente en educación, salud o infraestructuras” hayan sido “acumulados improductivamente por los ultrarricos”. El resultado de esta espiral es “la extrema desigualdad”, un fenómeno que lleva a que “demasiadas personas sientan que el contrato social está roto y que sus democracias los han dejado atrás”. Por todo ello, la propuesta fiscal es “estratégica y necesaria”.

Hace un par de semanas, la presidencia brasileña del G-20 presentó las conclusiones de un informe encargado al célebre economista francés Gabriel Zucman, director del Observatorio Fiscal de la Unión Europea. El documento en cuestión propone que las personas con una riqueza total de más de 1.000 millones de dólares (unos 935 millones de euros) paguen al menos el 2% de su patrimonio total para que los Estados tengan recursos adicionales por valor de entre 200.000 y 250.000 millones.

El plan, según el propio Zucman, ha sido respaldado ya por España, Francia, Brasil, Sudáfrica, Colombia y Bélgica, entre otros. Y para su viabilidad, bien lo saben los líderes internacionales, vendría muy bien un balón de oxígeno procedente de Washington y del resto de capitales de las grandes economías. “Rara es la propuesta que nos pide unirnos como exlíderes y que reconocemos como políticamente posible. Esta, claramente, lo es”, añaden los firmantes en la misiva, coordinada por el Club de Madrid y Oxfam Intermón.

El plan de Zucman prevé que los contribuyentes con una riqueza total de más de 1.000 millones entre inmuebles, acciones, participaciones en empresas y otros bienes, paguen al menos el 2% de su patrimonio total, siempre y cuando no contribuyan ya a la hacienda pública en esa cuantía a través de impuestos personales sobre la renta. El marco, al igual que ha sucedido con el mínimo global del 15% en sociedades, también permitiría a los países aplicar mecanismos de última instancia para exigir la parte correspondiente del gravamen en el caso de que otras jurisdicciones renuncien a los ingresos.

La propuesta parte de la base de que el 2% exigido se calcule sobre la riqueza y no sobre los ingresos de los altos contribuyentes, ya que se trata de una magnitud más difícil de manipular y ocultar. En este escenario, la recaudación adicional prevista implica que, de media, los ultrarricos abonaran 80 millones por cabeza. Si el marco se ampliara a las personas con un patrimonio neto superior a 100 millones de dólares, se obtendrían entre 100.000 y 140.000 millones de dólares al año adicionales; si la tasa fuera del 3%, la recaudación se movería entre los 550.000 y los 690.000 millones de dólares, de los cuales el 55% procedería de los milmillonarios.

Coordinación global

En la carta, dirigida a líderes como Joe Biden, el canciller alemán, Olaf Scholz, o el nuevo primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, los firmantes insisten en la necesidad de la coordinación global. Para ello, utilizan el ejemplo del nuevo mínimo global del 15% para las multinacionales que se ha acordado en el marco de la OCDE.

“La acción nacional es indispensable. Necesitamos gravar los ingresos de los multimillonarios en cada país”, explican. Sin embargo, añaden, “la acción nacional por sí misma puede llegar solo hasta cierto punto” debido a que el capital global no respeta las fronteras nacionales y la evasión y elusión fiscal de los ultrarricos “tienen éxito cuando los gobiernos no trabajan juntos”. Por eso, “necesitamos cooperación global”, como ya se ha hecho con el mínimo en el impuesto de sociedades.

Los exlíderes mundiales reconocen que saben de primera mano cómo es “la realidad del cargo político” y sus limitaciones, “incluidas las presiones que se les imponen”. Sin embargo, piden a los actuales mandatarios liderazgo mundial para un nuevo consenso sobre la tributación. “Estamos listos para apoyarlos en esta agenda”, concluyen.

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En la reforma del sistema de financiación, que previsiblemente se abordará en los próximos meses, Asián tiene el objetivo de que se reconozcan las particularidades de Canarias para que el modelo tenga en cuenta “los sobrecostes evidentes” que supone prestar servicios como la sanidad o la educación en las islas.

Pregunta. Hacienda convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera el día 15. ¿Con qué sensaciones llegan?

Respuesta. Hasta ahora [por el viernes] no tenemos noticias oficiales de la convocatoria. Nos hemos enterado por la prensa. Parece ser que por fin nos van a comunicar el reparto de las entregas a cuenta. Nosotros ya estamos elaborando los Presupuestos de 2025 y nuestra intención es aprobarlos en tiempo y forma. Las entregas a cuenta tienen un peso de más del 65%, por lo que es necesario conocer la cuantía. También tenemos que saber nuestro objetivo de estabilidad, sobre todo de déficit, porque en nuestro caso la deuda la tenemos saneada.

P. Han logrado que en el encuentro también se trate la reforma del sistema de financiación y la condonación de la deuda.

R. A la hora de agendar los puntos del día, el Ministerio tiene la mitad de los votos y las comunidades la otra mitad, pero con una proporción determinada de las autonomías se puede solicitar información adicional sobre otros asuntos. Y es lo que hemos pedido. Queremos saber cómo van los trabajos para la reforma del sistema de financiación y para la condonación de la deuda. Vamos ávidos de información y lo razonable es que nos la den.

P. ¿Qué va a defender Canarias en la reforma del sistema?

R. Tenemos un estatuto de región ultraperiférica y somos un territorio bastante singular por nuestra lejanía e insularidad y por las dificultades que eso supone en la prestación de los servicios públicos esenciales. Un enfermo que esté en una isla no capitalina, como decimos nosotros, y deba recibir tratamiento oncológico, tiene que coger un avión o un barco. Es un ejemplo que explica los costes adicionales que sufrimos. Una cosa es ser singular y otra es solicitar un privilegio. Nosotros queremos, simplemente, que se reconozcan los sobrecostes evidentes que tenemos en Canarias por esa singularidad, que son muchos.

P. ¿Preocupa en Canarias esa financiación singular que pide Cataluña, uno de los aportadores netos del sistema?

R. Mucho. Los impuestos que pagamos todos los ciudadanos se abonan de una manera progresiva y justa. Y se deben distribuir con el mismo criterio para que todos los ciudadanos puedan recibir los mismos servicios en igualdad de condiciones. De nada serviría tener unos impuestos recaudados conforme al principio de capacidad económica, progresividad y justicia si luego los ingresos no se reparten de la misma manera.

P. ¿Qué les diría a esos partidos políticos que reclaman un tratamiento singular?

R. Es necesario que conozcan esas diferencias que tenemos y que nos hacen soportar más costes. Sería paradójico que Europa reconozca nuestras peculiaridades como región ultraperiférica a través de las políticas de cohesión y que en España esta condición no se respetara a través del sistema de financiación. Creemos que es evidente que Canarias debe tener una modulación especial.

P. ¿Disponen actualmente de los recursos necesarios o están infrafinanciados?

R. Solicitamos una mejor financiación porque, además de las dificultades obvias, tenemos el problema de la migración, que ahora lo desborda todo. La situación de vulnerabilidad en la que llegan muchas personas a las que hay que atender está incrementando nuestros costes sociales y de sanidad de una manera muy preocupante.

P. ¿Cómo valoran la propuesta de condonación de deuda?

R. Canarias es una región poco endeudada y hemos podido acudir a los mercados porque nos daban mejores condiciones que el FLA. Pensamos que habría que hacer un examen exhaustivo del origen de la deuda para que la condonación afecte a la parte vinculada a la infrafinanciación o al ciclo, y no a la que está originada por decisiones arbitrarias o discrecionales que no se corresponden con los principios de eficiencia y eficacia. Estamos abiertos a examinar la propuesta, pero no de una manera general y sin profundizar en estos detalles.

P. ¿Se pueden bajar impuestos en un contexto en el que faltan recursos?

R. Desde el Partido Popular queremos impulsar la actividad económica para tener mayor recaudación. Si subes nominalmente los impuestos, esa tributación nominal no se corresponde con la realidad porque no hay una actividad económica gravada. No podemos poner impuestos sin capacidades económicas reales. Y para que la capacidad económica aumente tiene que haber mayor actividad y mayor riqueza.

P. Prometieron bajar el impuesto general indirecto canario, pero aún no lo han hecho.

R. Accedimos al Gobierno con un pacto en virtud del cual pedimos bajarlo. ¿Pero, qué ocurre? Que la implantación del límite del 2,6% en la regla de gasto nos lo impide. La bajada de impuestos normativa implicaría consumo de gasto. Nosotros hicimos los presupuestos con un crecimiento del gasto del 3%, que era lo que preveía la Airef, porque el Ministerio de Economía no había fijado todavía cuál sería el crecimiento español. Luego, Economía fijó el 2,6%. Ahí tenemos un gap de entrada en la formulación de las cuentas públicas.

P. ¿Han tenido quejas de los contribuyentes por ello?

R. Sí hemos hecho rebajas fiscales porque accedimos al Gobierno en julio y ya en septiembre presentamos en el Parlamento un decreto ley para aplicar una bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones en los tramos familiares. También hemos hecho deducciones en la Renta y hemos deflactado el IRPF. Esa bajada selectiva la hemos acompañado con un incremento en el impuesto sobre las labores de tabaco. Sí hemos tenido una política de reducción de impuestos, pero llegamos hasta donde podemos. La legislatura es larga y esperamos tener margen para continuar.

P. ¿Se puede aumentar los ingresos bajando impuestos?

R. Totalmente, pero para lograrlo hay que utilizar los impuestos selectivamente con el objetivo de impulsar la actividad. Creo firmemente que hay un nivel de impuestos óptimo, que es el necesario para garantizar la protección a los colectivos vulnerables y el funcionamiento de los servicios básicos. Una vez que esto se ha cubierto, no tenemos que seguir subiendo los impuestos indefinidamente. El incremento de la recaudación debe venir por el incremento de la riqueza y por el ensanchamiento de las bases imponibles, no por la subida nominal de los tipos.

P. Canarias ha vivido en los últimos meses manifestaciones históricas contra el turismo masivo. ¿Valoran alguna medida fiscal al respecto?

R. En Canarias, el alquiler vacacional ya está sujeto al impuesto indirecto, algo que no se produce en el resto de España con el IVA. Por ahora, hemos llevado al parlamento canario una nueva normativa para la regulación civil y mercantil de esta actividad económica. La variante fiscal tiene que venir después.

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En 2022, último año con datos disponibles, los contribuyentes de Madrid con una base imponible superior a los 601.000 euros recibieron, de media, 787.486 euros por su desempeño laboral. Al otro lado, estos mismos perfiles rondaron los 141.200 euros en Extremadura (5,6 veces menos), los 162.400 euros en La Rioja (4,8 veces por debajo) y los 170.400 euros en Canarias (4,6 veces menos). Cabe señalar que, en estos últimos casos, la retribución media se queda por debajo del umbral de ingresos de referencia debido a que este tiene en cuenta la base imponible total, en la que también entran otros rendimientos como la inversión, las plusvalías o las ganancias patrimoniales. Algo más cerca de Madrid, pero también por debajo, se encuentran Galicia y Cataluña, con rendimientos medios vinculados al trabajo de 636.384 y 552.869 euros, respectivamente.

La Agencia Tributaria divide a los contribuyentes en 10 tramos de base imponible. El último es el que engloba a esas casi 15.200 personas que declaran una base imponible superior a los 601.000 euros, de las que casi la mitad están en Madrid.

El indiscutible liderazgo de la región central se explica por varios motivos. Oscar Vitales, socio sénior de búsqueda ejecutiva y consultoría en Hays, recuerda que este territorio “es el centro financiero y de negocios de España, atrayendo una gran cantidad de inversiones y empresas multinacionales, lo que eleva los salarios promedio, especialmente en puestos directivos”. Es algo que también comparte José Ignacio Jiménez, socio en la consultora Talengo: “En Madrid está toda la banca de inversión, gran parte del Ibex 35, las empresas de private equity y las delegaciones de multinacionales muy potentes. Todo eso eleva las remuneraciones y crea esas distorsiones en la parte alta de la distribución entre la isla de Madrid y el resto de España”, añade.

En este análisis entre territorios, prosigue Vitales, hay que tener en cuenta la rentabilidad que aportan sectores donde los costes de producción son menores o en los que el coste de venta es mayor “por la especialización o la menor competencia”. Esta combinación “produce mayor impacto en los beneficios y esto es trasladado a las políticas retributivas”. En cambio, otras regiones como la extremeña pueden tener una mayor presencia de sectores con menor retribución media, como la agricultura o ciertos tipos de manufactura, “lo que se refleja en los salarios más bajos”, también en el caso de los directivos.

Valentín Bote, director de Randstad Research, también alude al tamaño de las empresas. “Hay una pendiente muy grande entre las grandes compañías y las medianas y pequeñas. En España hay pocas empresas grandes, son unas 5.000, pero la mayor parte se encuentran en Madrid, lo que tira al alza el salario de posiciones directivas”, apunta. Fuera de Madrid, gran parte de estos perfiles son empresarios que reciben sueldos menores, pero que utilizan la propia compañía como vía de inversión.

Sin embargo, hay otros factores a tener en cuenta dentro del sector privado que también ayudan a entender la brecha territorial. Las grandes empresas, continúa Vitales, ofrecen paquetes retributivos muy competitivos para atraer y retener talento ejecutivo. Es decir, no pagan únicamente salarios más altos, sino que también ofrecen beneficios adicionales —como retribuciones en especie y bonos— que incrementan la compensación total. Es algo que también se plasma en los datos de la agencia. De media, los grandes contribuyentes percibieron 113.000 euros por estas retribuciones en especie, una cifra con sesgo al alza por el efecto de Madrid (127.000 euros) y, sobre todo, de Cataluña (142.000 euros) y Galicia, con 143.000 euros por cabeza debido al efecto Inditex. En Extremadura, Murcia, La Rioja, Castilla-La Mancha o Canarias, la retribución en especie de los altos directivos no llegó a los 10.000 euros.

Aunque siguen existiendo, las diferencias territoriales son mucho menores a medida que se desciende en la escala de ingresos. La Agencia Tributaria divide a los contribuyentes en 10 tramos de base imponible, siendo el que oscila entre los 150.000 y los 601.000 euros anuales el segundo mejor posicionado de la tabla. En este caso, y pese a que Madrid sigue liderando con 176.975 euros per cápita, las diferencias con el resto de regiones son menos abultadas: solo supera a Extremadura (de nuevo la más baja), en 1,7 veces.

A medida que uno se aproxima a la parte central de la distribución, añade Bote, estas singularidades del tramo más alto van desapareciendo y la pendiente empieza a equilibrarse. “Lo normal es que en las empresas medianas se comporten de forma mucho más simétrica en un sitio u otro de España, por lo que las diferencias se van atenuando”. Madrid sigue liderando porque estos perfiles vuelven a estar algo mejor tratados. También, añade el socio de Talengo, porque en la capital están las sedes de grandes empresas públicas y de otros organismos como el Tribunal Constitucional o los ministerios, donde a veces se encuentran estos niveles salariales. A partir de aquí, a medida que se desciende en la distribución de renta, la brecha se va achicando.

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Además de estas dos cuestiones principales, también está previsto que Hacienda y las comunidades debatan sobre la futura reforma del sistema de financiación autonómico, según admiten las mismas fuentes. La idea del ministerio era dejar este asunto fuera del orden del día durante este primer encuentro, pero la mayoría de territorios—gobernados por el Partido Popular— ha conseguido introducirlo entre los puntos a tratar. Aunque solo se producirá un debate, porque no está previsto ningún acuerdo. Además, es de esperar que los consejeros pidan información sobre el proceso de condonación de parte de la deuda autonómica que está diseñando Hacienda tras haber pactado la medida con los partidos soberanistas de Cataluña, primero, y comprometerse a extenderla al resto de las regiones de régimen común, después.

Todos estos asuntos han cobrado fuerza durante los últimos meses y han capitalizado buena parte del debate político. En un primer momento, el Gobierno y las comunidades se enzarzaron en una dura batalla por los objetivos fiscales para 2024 que tendrían que cumplir el conjunto de las Administraciones públicas. El PP, haciéndose valer de su mayoría en el Senado, se quejó del trato desvaforable que, a su juicio, sufrían los territorios y bloqueó la senda propuesta por Hacienda, paralizando el proceso hasta que el Ejecutivo decidió prorrogar las cuentas nacionales. Ahora, sin embargo, definir la senda se ha vuelto crucial, ya que del correcto reparto y cumplimiento de los objetivos de déficit dependerá la consecución de las nuevas reglas fiscales europeas. Precisamente esta semana, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) instó al Gobierno para que echase a rodar cuanto antes la negociación.

Junto a la senda fiscal, las autonomías también necesitan saber para redactar sus cuentas la cantidad de dinero con el que contarán. A finales de junio, el Gobierno desbloqueó vía decreto la actualización de las entregas a cuenta, es decir, los recursos que las comunidades reciben cada año por adelantado del sistema de financiación autonómico para cubrir sus necesidades y poder prestar los servicios públicos básicos de los que son responsables, como la sanidad y la educación. En esta ocasión, la cifra llegará a los 154.467 millones de euros, casi 20.000 millones más que en 2023 entre fondos y liquidaciones. Sin embargo, todavía no se conoce el reparto que comunicará Hacienda. Esta actualización suele ir pareja a los Presupuestos Generales del Estado, pero como el Gobierno renunció a unas nuevas cuentas y prorrogó las de 2023, el trámite se paralizó.

Otro de los asuntos urgentes dentro de la política fiscal es la reforma del sistema de financiación actual, un modelo que se cerró en 2009 y que lleva caducado desde hace ya 10 años. Este esquema, en esencia, crea una especie de bolsa común que se nutre con parte de los ingresos públicos que el Estado y las comunidades recaudan cada año. Ese dinero se reparte después entre los territorios con base en unos criterios muy concretos que ya están desfasados y que crean importantes distorsiones entre unas zonas y otras. La reforma del sistema, que Hacienda se ha propuesto cerrar en esta legislatura, es de por sí endiablada porque fuerza a ocasionar acuerdos entre territorios con idiosincrasias muy dispares. Ahora es más difícil todavía, ya que el rediseño está condicionado a la negociación para la formación del Govern catalán y a la singularidad que reclaman los partidos soberanistas, una medida que el Gobierno está dispuesto a estudiar y que ha puesto en pie de guerra al resto de comunidades por las distorsiones que supondría en el sistema.

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La actualización del Documento Técnico sobre la variabilidad de los ingresos tributarios desde 2019, publicada este jueves por el organismo, prevé que la recaudación tributaria crezca un 8,4% anual en 2024, lo que supondría aumentar en casi 23.000 millones de euros los ingresos públicos, hasta llegar a la cifra —de nuevo récord—de 294.800 millones. Hasta el mes de mayo, el alza rondaba ya los 9.000 millones. De todo el crecimiento previsto, 2,9 puntos porcentuales estarían asociados al Índice de Precios al Consumo (IPC), mientras que a la economía real solo se le achacarían 2,3 puntos. El resto de componentes, como las medidas legislativas o los tipos medios efectivos, explicarían la parte restante.

La Airef “prevé que en 2024 la inflación continuará siendo el principal impulsor del crecimiento de los ingresos, aunque lo hará con una contribución menor que en 2023″, explica el organismo en el documento. “Aunque se estima una menor aportación del factor precios que en el año previo, será de nuevo el principal impulsor de la recaudación, y junto con el incremento asociado a los tipos efectivos del IRPF aportarán un 47% de la variación, casi la mitad del crecimiento estimado”, añade.

El organismo que preside Cristina Herrero también anticipa una mayor contribución del factor real y de otros elementos de tributación, sumando un 41% en conjunto, mientras que las medidas normativas añadirán un 12% al incremento, principalmente por la retirada parcial a lo largo de 2024 de las rebajas fiscales implementadas para mitigar la subida de precios. En este apartado entra, por ejemplo, la paulatina recuperación de los tipos impositivos del IVA en los alimentos, así como la recuperación de parte de los impuestos energéticos.

La inflación lleva ya varios meses en la senda de la moderación. Tras el pico registrado a mediados de 2022, con un incremento anual superior al 10% en el mes de julio, el indicador fue cayendo. En junio de este ejercicio, último dato disponible en el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC creció un 3,4% anual y los analistas esperan que siga cayendo poco a poco para cerrar el año en el 3%.

En su análisis, la Airef desglosa sus proyecciones para 2024 por cada tipo de impuesto. Para el IRPF, la gran figura impositiva de España, el organismo prevé que los incrementos de salarios y de pensiones “continúen siendo el principal impulsor del crecimiento”. El escenario es que la recaudación se sitúe un 7% por encima de la de 2023, impulsada principalmente por el factor precios, “que con el consecuente incremento asociado a los tipos efectivos supondrá el 75% del incremento esperado”. En paralelo, se prevé que el impacto de las medidas reducirá el crecimiento de los ingresos por la Renta un 17%, en menor medida que en 2023, cuando el impacto de las rebajas puestas en marcha por las comunidades autónomas en su tramo de competencia resultó el mayor de la serie histórica. En cifras absolutas, según la Airef, la recaudación por este tributo ascenderá a 128.700 euros, una subida de 8.420 millones respecto a 2023.

También se prevén aumentos en el impuesto de sociedades, principalmente debido a la liquidación del tributo. Esta se explica principalmente por “una dinámica más equilibrada entre ingresos y devoluciones”, que supondrá un incremento de la cuota frente a la de 2023, afectada por mayores devoluciones. También se espera una aportación al crecimiento de los pagos fraccionados más equilibrada entre los componentes real y precios. En total, la Airef espera un incremento anual del 10,7% que llevaría los ingresos hasta los 35.060 millones, un aumento aproximado de 3.751 millones.

En el IVA, como no podía ser de otra forma, el factor precios será el principal impulsor. En este caso, el aumento anual sería del 9,7%, que viene a suponer una crecida de 8.139 millones que elevaría la recaudación por este impuesto a los 92.048 millones de euros. De igual manera, la inflación también explicará la mayor parte del incremento recaudatorio de los impuestos especiales, que en este caso crecerán un 8,6% respecto a 2023.

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Por todo ello, Herrero ha reclamado al Gobierno iniciar “de manera inmediata” el diálogo con las comunidades para abordar cuanto antes los detalles del Plan Fiscal Estructural que España presentará a la Comisión Europea a finales de septiembre, así como el reparto de este ajuste entre los diferentes niveles de la administración. En una rueda de prensa celebrada este miércoles, en la que el organismo ha hecho pública su opinión sobre las nuevas reglas fiscales y la gobernanza europea, Herrero subrayó la importancia de que haya “máxima transparencia” en el establecimiento de estos objetivos de déficit y la necesidad de consensuar estas metas entre todos los actores implicados.

La reforma que ha pactado la Unión Europea es “de calado” y supone una modificación profunda del esquema de gobernanza fiscal y económica, ya que da cierto margen a los países para que diseñen sus propias sendas, respetando siempre una serie de requisitos mínimos. Esto sienta las bases para que España defina una estrategia a medio plazo en la que establezca cómo va a reducir de manera sostenida y viable sus ratios de deuda. Para ello, sin embargo, son necesarios unos pasos previos.

El Ejecutivo, sostiene la Airef, debe comenzar cuanto antes el diálogo con las administraciones territoriales, ya que estas están en pleno proceso de elaboración de sus presupuestos y necesitan claridad sobre los objetivos y el reparto de compromisos que se incluirán en el Plan Fiscal Estructural. Herrero ha explicado que este diálogo es fundamental para garantizar el éxito del primer año de vigencia de la nueva senda, dado el carácter descentralizado del Estado y los efectos que tendrían en el cómputo final del déficit un eventual desvío de las autonomías, las cuales tendrán que enfrentarse a un fuerte ajuste tras haber recibido recursos récord por parte del Estado, un balón de oxígeno que poco a poco se irá desinflando. La presidenta del organismo, de hecho, criticó la batalla en la que recientemente se enzarzaron en el Senado el Gobierno y las comunidades del Partido Popular a cuenta de los objetivos fiscales, un “debate estéril” que echó por tierra la posibilidad de haberse centrado en aspectos “realmente importantes” como el techo de gasto.

Pero hay más toques de atención. Además de iniciar el diálogo con las autonomías, el Gobierno también debería publicar ya la tasa de referencia fiscal pactada con Bruselas y a aumentar la transparencia en la negociación y el proceso de elaboración del plan, siguiendo el ejemplo de países como Austria y Holanda, los cuales ya han hecho públicas sus trayectorias fiscales. Según sugirió Herrero, en el Ejecutivo ya deben tener constancia de a cuánto asciende esa tasa y lo más lógico sería comunicarla en aras de dotar de transparencia al proceso.

La magnitud del esfuerzo que supondrá el próximo plan merece analizar con mimo todos los detalles de la senda fiscal. Según los cálculos del organismo, la aplicación de las nuevas reglas comunitarias en España requerirá un ajuste fiscal de 0,63 puntos del PIB al año durante el periodo 2025-2028, el equivalente a unos 9.000 millones por ejercicio, o de 0,43 puntos anuales si se extiende a siete años (2025-2031), lo cual dependería de la realización de reformas e inversiones. En este escenario, el más probable según Herrero, España se enfrentaría a una reducción del gasto de más de 6.000 millones anuales. “Este ajuste se plasmará en una senda de gasto primario neto de medidas de ingresos comprometida para los próximos cuatro años. El cumplimiento de esta senda fiscal garantizará con una probabilidad alta que la ratio de deuda desciende en el medio y largo plazo, aun en escenarios más desfavorables que el considerado como escenario central”, apunta la Airef.

La presidenta de la Autoridad Fiscal enfatizó también en la necesidad de una correlación “más estrecha” entre los objetivos y la evolución del endeudamiento público. Recordó que el plan fiscal debe asegurar que la deuda se reducirá de manera sostenida y viable, lo cual representa un reto significativo para la economía española. Además, advirtió de que el crecimiento económico por sí solo no será suficiente para reducir la ratio de deuda sobre el PIB. Según las previsiones de la Autoridad Fiscal, en la segunda mitad de esta década se espera una estabilización de la ratio de deuda ligeramente por encima del 100%, con una tendencia creciente en la próxima década debido a la evolución demográfica.

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La estadística recoge información proveniente de las rentas del trabajo, pero también de otras fuentes como la inversión, las actividades económicas o los rendimientos inmobiliarios. A partir de aquí, la Agencia Tributaria agrupa a todos los declarantes en 10 tramos de ingresos, siempre en función de la base imponible. El segmento en el que se ubican aquellos que ganan más de 601.000 euros es, con diferencia, el que más crece, ya que su avance, del 24,7%, se sitúa muy por encima del que engloba a quienes oscilan entre los 150.000 y los 601.000 euros anuales (sus integrantes aumentan un 17,2% anual) y del que agrupa a los que se mueven entre los 60.000 y los 150.000 euros (14,5%). Las rentas bajas y medias crecen a ritmos más suaves, mientras que las más pobres pierden representación: es decir, hay menos personas que un año antes en la parte más castigada de la tabla. En 2022, el salario mínimo interprofesional superó por primera vez la barrera de los 1.000 euros mensuales en 14 pagas. Además, las pensiones se revalorizaron un 8,5%. En términos generales, el número total de declarantes rozó los 22,9 millones de personas, una subida del 3,8%.

De todos ellos, más de la mitad —unos 12,8 millones de personas— declararon ingresos bajos, inferiores a los 21.000 euros anuales. A partir de esta franja, cuatro millones oscilaron entre 21.000 y 30.000 euros; 4,8 millones, entre los 30.000 y los 60.000; un millón declaró entre 60.000 y 150.000; y 144.630 personas ganaron entre 150.000 y 601.000 euros. Es decir, pese al avance histórico, el grupo de superricos supuso únicamente el 0,07% del total de declarantes.

En la buena marcha de los perfiles más acaudalados influye enormemente la composición de los ingresos. A diferencia de lo que sucede con las rentas bajas y medias, que en esencia suelen vivir de su trabajo, los más ricos complementan estos rendimientos con todos aquellos ingresos que se engloban en las rentas del capital y el ahorro, compuestas principalmente por acciones, dividendos, intereses y otro tipo de plusvalías que por lo general están ligadas al mercado y a la evolución bursátil.

Si se analiza el peso de los rendimientos del trabajo en cada uno de los tramos de ingresos, este indicador se sitúa en todos ellos en un valor cercano al umbral. Así, por ejemplo, los contribuyentes que se mueven entre los 12.000 y los 21.000 euros al año declaran, de media, unos 16.500 euros provenientes del trabajo. Entre los 30.000 y los 60.000 euros, la declaración media roza los 37.000 euros. A partir de los 601.000 euros, la cifra media es de 615.800 euros. Sin embargo, si se analiza únicamente el capital mobiliario —donde entran, por ejemplo, los depósitos bancarios o los dividendos por acciones— el dibujo cambia por completo. En este caso, por debajo de los 60.000 euros anuales, los contribuyentes obtienen de media unos pocos cientos de euros a través de esta vía, pero en los ultrarricos el valor de la inversión alcanza los 426.000 euros anuales por cabeza. En 2022, pese a la crisis inflacionista y energética, las empresas del Ibex anotaron unos ingresos brutos de 596.692 millones de euros, con un resultado neto de 51.895 millones que convirtió al ejercicio en el segundo mejor de la serie histórica y contribuyó a engordar los ingresos de los más pudientes.

Por territorios, la mayor parte de los altos contribuyentes se sitúa en la Comunidad de Madrid, donde hay 18 personas de más de 601.000 euros por cada 10.000 declarantes. En total, allí residen algo más de 6.500 ricos (el 43% de todo el país, exceptuando País Vasco y Navarra por tener sistemas forales propios) que pagan, de media, 237.383 euros al año, una caída de unos 4.000 euros respecto al ejercicio previo que se explica por las rebajas autonómicas en el IRPF. Después de la región de la capital se encuentran Cataluña, con 3.365 altos perfiles, y Comunidad Valenciana, con 1.251 contribuyentes acaudalados. Extremadura, Cantabria, Asturias y las dos Castillas son los territorios con menor proporción: menos de dos por cada 10 declarantes.

La estadística de la Agencia Tributaria también ofrece una mirada sobre las rentas medias por tipo de actividad económica. Todas ellas, esencialmente las de los asalariados y la mayor parte de los autónomos, aumentan de un año a otro. Por un lado, los rendimientos declarados de los empleados se situaron, de media, en los 24.785 euros, un récord histórico que sigue la estela de recuperación del mercado laboral iniciada tras la pandemia. Por otro, los trabajadores por cuenta propia en estimación directa declararon un récord de 18.728 euros. Sin embargo, los autónomos que tributan por módulos registraron una caída tras el tirón anotado un año antes. En 2022 declararon 9.148 euros de media.

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Las cifras difundidas por Hacienda permiten comparar el incremento de la deuda durante la última legislatura de los alcaldes. Los datos reflejan que en los últimos cuatro años uno de cada tres regidores redujo la deuda. Entre los que la subieron están los sospechosos habituales. Los municipios de más de 100.000 habitantes más hipotecados son los que más incrementaron sus compromisos financieros: son Jerez, Parla, Jaén y Marbella, entre otros, una lista en la que también destaca Barcelona. La mayor parte de estas localidades arrastra problemas financieros desde hace más de una década. Durante los años del bum inmobiliario se embarcaron en ambiciosos proyectos urbanísticos que, al explotar la burbuja del ladrillo, dejaron sus arcas municipales tiritando. Aún pagan las consecuencias de aquello.

Si a los ayuntamientos se le unen las diputaciones, los consejos, los cabildos insulares y las mancomunidades —que, juntos, forman el subsector de las entidades locales—, la deuda viva total llegó a los 23.317 millones de euros, 300 más. Todas estas cifras, relativas a la última legislatura, suponen volver a los niveles previos a la crisis sanitaria y económica de la covid-19. Es algo que también certifica el Banco de España: aunque sus números exactos no coinciden con los que publica Hacienda, los dos organismos dibujan la misma tendencia a lo largo de la legislatura.

Cada ayuntamiento, sin embargo, es un mundo y mientras unos hacen más profundo el agujero, otros van achicando poco a poco agua. Del total de los municipios, algo más de 2.700 (el 33%) lograron reducir entre 2019 y 2023 el nivel de pasivo medio por habitante. A la cabeza de esta corrección estuvieron Valdeprado (Soria), Grajera (Segovia), Puebla de la Sierra (Madrid), Campo (Huesca) e Hinojosa del Valle, en Badajoz. Todos ellos, con menos de 500 habitantes cada uno, rebajaron la deuda en un umbral que se mueve entre los 2.800 y los 4.500 euros per cápita.

Por su parte, otros 1.178 consistorios (el 14,5% del total) empeoraron su nivel de deuda por habitante en el periodo analizado. En algunos municipios este deterioro es meramente anecdótico, ya que supone un incremento del agujero por persona menor a los 10 euros. En otros, sin embargo, el aumento del déficit por vecino es alarmante. Es el caso de Carrión de los Céspedes (Sevilla), la Merindad de Valdeporres (Burgos), Barbate (Cádiz), Plasenzuela (Cáceres) y, sobre todo, Huévar del Aljarafe (Sevilla). En los cuatro primeros, el crecimiento de la deuda osciló entre los 2.390 y los 3.500 euros por persona. En el último, la crecida llegó a los 5.100 euros. De hecho, su alcaldesa, la popular María Eugenia Moreno, ha solicitado al Gobierno por carta una condonación similar a la que se negocia para Cataluña y el resto de autonomías. En los otros 4.245 municipios del país (el equivalente al 52% restante), el nivel de desequilibrio se mantuvo igual que en 2019.

Las cifras de Hacienda también muestran que los municipios históricamente menos saneados han hecho más profundo su agujero fiscal durante los últimos cuatro años. Al echar un vistazo sobre los consistorios de mayor tamaño —aquellos que tienen más de 100.000 habitantes— aparecen viejos conocidos como Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaén, o Parla (Madrid): todos ellos han incrementado la deuda por habitante en más de 700 euros en la última legislatura. A este grupo se le une la ciudad de Barcelona, con un incremento del pasivo de más de 325 euros. Al otro lado, Reus (Tarragona), Telde (Las Palmas) y Rivas-Vaciamadrid (Madrid) han logrado mejorar sus ratios, reduciendo el pasivo en hasta 690 euros por vecino.

Los números, como viene siendo habitual en la serie histórica de Hacienda, no muestran una correlación totalmente clara entre el nivel de pasivo de los Ayuntamientos y su ubicación territorial. Por regla general, suele ser habitual que los municipios peor saneados se encuentren en el sur de España. De hecho, Cádiz y Jaén son las provincias cuyos Ayuntamientos suman más deuda por habitante, por encima de los 1.000 euros per cápita, mientras que las regiones con consistorios más saneados son Las Palmas, Vizcaya, Lugo, Zamora, Cantabria, Pontevedra y Navarra, todas con un nivel de pasivo inferior a los 100 euros por habitante. Sin embargo, entre los 500 y los 1.000 de deuda por persona destacan las provincias de Huelva, Zaragoza, Burgos, Madrid y Murcia.

Entre las 24 ciudades más grandes del país, solo seis han empeorado sus cifras en la última legislatura. Destaca Barcelona, que en el periodo aumentó su volumen cerca de un 70%. También empeoraron las cuentas de Bilbao, Córdoba, Valladolid, Gijón y A Coruña. Madrid registra ahora menos deuda que en 2019, pero en los últimos dos años la ha aumentado. Este repunte rompe una década de reducción de deuda desde los más de 7.000 millones que registró en 2012.

Pese a las grandes cifras y el aumento general del pasivo, explica Diego Martínez López, catedrático de Economía en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador en Fedea, las entidades locales han mostrado un “comportamiento bastante virtuoso” a lo largo del último año. La razón detrás de este argumento es que la deuda ha aumentado a un menor ritmo que el déficit, lo que muestra que gran parte de las corporaciones locales han amortizado parte de sus números rojos y saneado sus cuentas. Según los datos del Banco de España a los que hace referencia el experto, en 2023 la deuda ha aumentado en 267 millones de euros, mientras que el déficit lo hizo en más de 1.200 millones. “Que en esta circunstancia solo se haya registrado un pasivo de 267 millones es sorprendente”, afirma. Esto permite a los municipios encarar el año 2024 —cuando vuelven a estar en vigor las reglas fiscales que ponen límites al déficit y la deuda— desde un punto de partida relativamente cómodo.

Las entidades locales son tradicionalmente el subsector más saneado de las administraciones públicas. Esto se debe a varios motivos que vienen tanto del lado de los ingresos como del de los gastos. Los municipios gozan del principio de suficiencia financiera que otorga capacidad y margen para decidir, en materia fiscal y de endeudamiento, sobre los recursos necesarios para financiar la prestación de servicios que asuman.

La parte positiva es que sus ingresos suelen ser constantes y no dependen del ciclo económico, ya que beben principalmente de impuestos como el IBI, el de actividades económicas, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica o el impuesto sobre incremento de terrenos de naturaleza urbana. Por su parte, los gastos suelen estar vinculados a servicios como la recogida de residuos, la iluminación o el mantenimiento de las calles, ya que los más costosos (sanidad, educación y dependencia) recaen en las comunidades autónomas. A esta situación se le suman las importantes transferencias de recursos que las entidades locales han recibido en los últimos años por parte de Hacienda.

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También, insiste Hacienda, con las nuevas reglas fiscales comunitarias. “En la determinación de los criterios de presupuestación” de las cuentas “adquieren especial significación las orientaciones de política presupuestaria señaladas en el marco del Semestre Europeo, y las orientaciones previas formuladas por la Comisión Europea”. Además, habrá que “tener en cuenta la reactivación de las reglas fiscales”.

Montero avanzó un día antes que el Gobierno quiere sacar adelante un nuevo presupuesto que refleje las necesidades actuales del país y consolide los derechos adquiridos en la presente legislatura. Así, desde este jueves, los diferentes ministerios y organismos de la Administración General del Estado tendrán hasta el 8 de julio para presentar sus solicitudes presupuestarias a Hacienda, que como es habitual supervisará y coordinará todo el proceso con la intención de tener el proyecto listo en octubre.

El proceso de elaboración de las cuentas públicas no solo implica la recepción de propuestas por parte de los ministerios, sino también la creación de un nuevo cuadro macroeconómico que proyecte el crecimiento del PIB, empleo y déficit, determinando así la capacidad de gasto del Gobierno. La orden ministerial muestra cautela y recuerda que las previsiones actuales reflejan crecimientos del PIB del 2% y el 1,9% para 2024 y 2025, respectivamente. No obstante, ante la buena marcha de la economía, desde el Ejecutivo ya empiezan a deslizar la idea de que el nuevo cuadro reflejará un avance del PIB de aproximadamente el 2,5% para el próximo año, lo que servirá de base para definir la capacidad de gasto. Montero indicó el miércoles que ya se está trabajando en esta propuesta y que será presentada al Congreso en las próximas semanas.

Estos serán los primeros Presupuestos que elaborará el Gobierno tras la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas, un marco en el que el cumplimiento de la senda de gasto neto se torna como indispensable para todos los Estados miembros. Hacienda, al dar el pistoletazo de salida formal con la publicación de la orden en el BOE, recuerda en el documento que la presentación de las necesidades de gasto de cada departamento tendrá que estar enmarcada dentro de estas nuevas reglas, que ponen límites al déficit y deuda públicos de los estados.

Los Presupuestos, detalla la orden, darán continuidad a la política económica “responsable y coherente” que ha desarrollado el Gobierno en estos años, “impulsando la prosperidad y la competitividad económica, con una reindustrialización del país estratégica e inteligente que genere empleos de calidad, así como el blindaje y refuerzo del Estado del bienestar y la defensa de la justicia social, de la cohesión territorial, de la igualdad de género y de la sostenibilidad medioambiental”.

Hacienda subraya, además, que en todo el proceso se incorporarán las conclusiones y recomendaciones formuladas en los procesos de revisión y evaluación del gasto público, los conocidos como spending reviews, llevados a cabo por la Autoridad Fiscal (Airef). En paralelo, los Presupuestos pretenden “finalizar el proceso de modernización de nuestro tejido productivo” asociado a los fondos europeos, e incluirán “por primera vez” un nuevo enfoque, denominado la “dimensión marrón”, en el informe de alineamiento con la transición ecológica.

Una vez que se conozcan las necesidades de todos los ministerios y el techo de gasto, el Gobierno deberá enfrentar el desafío de obtener la aprobación de las Cortes para los objetivos de estabilidad presupuestaria, que incluyen los límites de deuda y déficit para el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Este aspecto ha sido particularmente complicado en el pasado, con el Senado bloqueando la senda de déficit propuesta por Hacienda gracias a la mayoría que allí ostenta el Partido Popular. Para evitar este tipo de obstáculos, el Ejecutivo está reformando la ley de estabilidad presupuestaria con el objetivo de eliminar la capacidad de veto de la Cámara Alta mediante una enmienda en la ley de paridad que, precisamente, ha sido aprobada este jueves por el bloque de la investidura.

Una vez pase el verano, en el Gobierno confían en que el proceso de negociación presupuestaria será más fluido que en años anteriores. Las conversaciones, previsiblemente, se retomarán en el punto en que quedaron antes de las elecciones anticipadas en Cataluña, cuando el Ejecutivo confirmó que renunciaba a sacar unas nuevas cuentas para este año y prorrogaba las de 2023. Montero dijo el miércoles que confía en que los diferentes grupos “realmente tengan en cuenta que España necesita unos nuevos Presupuestos” que supongan un “avance”. “Cuento con que su predisposición va a ser positiva”, destacó la vicepresidenta.

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La agencia ofrece varias modalidades para presentar la declaración, ya sea por internet, por teléfono o presencialmente en las oficinas. Todas ellas siguen estando disponibles hasta el 1 de julio, aunque para las dos últimas es necesario pedir cita previa. Por ello, es recomendable que los contribuyentes tengan claras las fechas límites que se han establecido para ello. Es necesario pedir cita antes del viernes 28 de junio, tanto para la confección de la declaración vía telefónica como de manera presencial en alguna de las oficinas.

¿Es posible rectificar errores?

Por lo general, la Agencia Tributaria permite rectificar cualquier error u omisión en la declaración, independientemente de su naturaleza. Es crucial que los contribuyentes tengan presente que la declaración puede modificarse hasta el último día de la campaña sin incurrir en sanciones adicionales. Las rectificaciones pueden hacerse por internet y la agencia considerará siempre la última versión presentada.

Si el error perjudica al contribuyente (por ejemplo, si se ha pagado a Hacienda más de lo debido o se ha recibido una devolución menor a la que tenía derecho), se puede presentar una propuesta de rectificación. Si el fallo beneficia al contribuyente, lo que significa que perjudica a Hacienda, se debe confeccionar una declaración complementaria. Este proceso se puede realizar a través de internet, por la aplicación Renta Web. En este caso, para rectificar una declaración, se debe acceder al apartado “Modificar declaración presentada”. Aquí, es posible corregir tanto el ejercicio actual como cualquier ejercicio anterior no prescrito, siempre que la Administración no haya practicado una liquidación provisional o definitiva por el error.

Este año, la Agencia Tributaria ha simplificado el proceso de navegación en Renta Web para facilitar la rectificación de declaraciones. Ahora, el contribuyente solo necesita modificar los importes correspondientes y el sistema se encarga de realizar automáticamente las acciones necesarias. En el caso de presentar una declaración complementaria, si el resultado de la declaración original era a pagar, se restará dicho importe; si era a devolver, se sumará la devolución recibida.

Sanciones y multas

No presentar la declaración de la renta a tiempo o cometer errores (ya sea por una imprecisión o de forma consciente) puede resultar en sanciones que varían según la gravedad y la rapidez con la que se corrija la situación.

Los errores que no perjudican a Hacienda, pero que implican la presentación de declaraciones incompletas, inexactas o con datos falsos, pueden resultar en una multa fija de 150 euros. Por el contrario, si el fallo causa un perjuicio económico a la Agencia Tributaria, la sanción dependerá de si ya se ha notificado el fallo. Si no ha habido notificación, el contribuyente deberá abonar un 1% adicional por cada mes de retraso, hasta un máximo del 15% tras 12 meses. Si ya se ha notificado el error, la sanción puede ser más severa, alcanzando el 50% de la cantidad adeudada si no supera los 3.000 euros, y entre el 50% y el 100% si supera este umbral. En casos de fraude grave, la sanción puede llegar hasta el 150%.

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La vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la nueva mejora salarial, de 15.875 euros anuales, proporciona una cifra distinta a la contemplada en el anterior mínimo exento del impuesto. Por eso mismo, con el objetivo de “eximir de tributación a quienes perciban el SMI”, es necesario un cambio legal para fijar el límite en 15.876 euros, justo un euro por encima del nuevo umbral.

Junto a esto, se incrementa la cuantía de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo de los 6.498 euros actuales a 7.302 euros anuales. Todo ello va a permitir que los trabajadores que reciben el SMI no tengan retenciones ni tributen por el IRPF. Además, añadió la ministra, dada la progresividad del impuesto, los colectivos que se benefician indirectamente de la medida son más amplios, hasta el umbral de aproximadamente 22.000 euros anuales. Por tanto, esta rebaja “beneficia a 5,2 millones de contribuyentes, especialmente pensionistas y asalariados con rentas bajas y medias, que lograrán un ahorro de 1.385 millones de euros”.

Montero aprovechó su comparecencia para sacar pecho de las políticas fiscales del Gobierno de coalición y cargar contra el modelo del anterior Ejecutivo del Partido Popular. Según cálculos de su departamento, una persona que actualmente cobre el SMI (15.876 euros anuales) pagará cero euros en el impuesto sobre la renta en 2024, por debajo de los 325 euros que abonó en 2023 y muy lejos de los 1.111 euros que desembolsó en 2018, cuando Mariano Rajoy estaba en la Moncloa.

También tendrá un ahorro, en este caso del 43,5% frente a 2018, quien cobre el salario más frecuente de España, situado en los 18.502 euros por ejercicio. Si hace seis años la retención llegaba a los 2.000 euros, ahora se quedará en 1.129 euros. Montero también puso el ejemplo de un pensionista de entre 65 y 75 años con una prestación de 1.214 euros al mes. “Con el IRPF del PP pagaría en retenciones del IRPF 1.237 euros más al año que ahora”.

Impacto fiscal

La rebaja en el IRPF aprobada se une a otras medidas dirigidas a los colectivos vulnerables que también se han extendido o aprobado este martes. En concreto, el Gobierno ha prorrogado la vigencia del escudo social, que incluye hasta final de año la prohibición de corte de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables y la extensión de los descuentos del bono eléctrico hasta el 30 de junio del año 2025. Además, en el ámbito de la tarifa de últimos recursos de la TUR de gas natural, el decreto concede el carácter indefinido. A ello se le suma la rebaja del IVA de los alimentos, que se amplía durante seis meses con un diseño que recupera gradualmente los tipos impositivos habituales, y la rebaja del IVA energético, supeditada en este caso a la evolución del mercado. La suma de todas estas medidas supondrán para los hogares un ahorro de 3.000 millones anuales, según Hacienda.

Este decreto forma parte de una “sólida política pública” destinada a apoyar a las familias, los hogares y el sector productivo, con un enfoque particular en las pymes y los autónomos. Desde 2020, según Montero, el impacto fiscal supera los 120.000 millones de euros. La ministra, por ello, recalcó que el Gobierno ha llevado a cabo la mayor reducción en impuestos energéticos y del IVA jamás vista, generando un ahorro de 25.000 millones de euros para las familias españolas. “Pese al ruido y los bulos de la derecha y la extrema derecha sobre supuestos infiernos fiscales, este Gobierno ha llevado a cabo la mayor rebaja de impuestos en la historia”, subrayó.

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En concreto, según explican desde Hacienda, del 1 de julio al 30 de septiembre, los alimentos de primera necesidad (un grupo en el que ahora también está el aceite de oliva) mantendrán el tipo actual del 0%, mientras que las pastas y aceites de semilla lo tendrán en el 5%. Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, el tipo subirá al 2% en el primer grupo, mientras que ascenderá al 7,5% en el segundo. A partir del año 2025, la primera categoría volverá al 4% y la segunda, al 10%.

Bajo este nuevo esquema, los alimentos considerados de primera necesidad irán acercándose gradualmente al tipo impositivo del 4% habitual. En este grupo se incluyen tradicionalmente los panes comunes, harinas panificables, leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales naturales. Desde el mes de julio, también estará en esta categoría el aceite de oliva, cuyo IVA —ahora en el 5%, pero habitualmente en el 10%— empezará a gozar del tipo superreducido una vez culmine esta recuperación progresiva del gravamen. Por su parte, las pastas y el resto de los aceites, irán tendiendo poco a poco al 10% de siempre. El coste de la medida será de 1.036 millones de euros.

Este diseño, explicó la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, responde, por un lado, a la petición de la Comisión Europea, la cual pide la retirada progresiva de las medidas de apoyo implantadas por los países con el objetivo de cuidar las finanzas públicas. Por otro, a la moderación de los precios de los alimentos que se espera para el último trimestre del año.

El Gobierno tomó la decisión de rebajar por primera vez el impuesto sobre el valor añadido en determinados productos durante las últimas semanas del año 2022. Por aquel entonces, el IPC de los alimentos registraba unos incrementos anuales superiores al 15%. Seis meses después, cuando se prorrogó la medida por primera vez, el INE anotaba unos avances anuales algo menores, pero todavía por encima del 10%. En diciembre de 2023, cuando Hacienda volvió a extender la medida, este grupo se encarecía a un ritmo del 7% anual. El último IPC, correspondiente al mes de mayo, registra un crecimiento anual en esta categoría del 4,4%, que según los analistas debería seguir bajando.

La reducción del IVA alimentario supuso un impacto recaudatorio de 1.700 millones de euros para Hacienda durante año pasado. De cara a este ejercicio, en el que solo estaban previstos los primeros seis meses, la estimación inicial del Gobierno apuntaba a una pérdida de 834 millones: 100 por la aplicación del IVA al 5%, en lugar del tradicional 10% a pasta y aceites, y otros 734 por suprimir el impuesto a los productos básicos. Es decir, si la rebaja se hubiera extendido otros seis meses, el impacto para las arcas públicas habría vuelto a rondar los 1.700 millones en el conjunto del ejercicio.

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La rebaja echó a rodar el 1 de enero de 2023 con carácter temporal, al principio con el horizonte fijado en el mes de junio de ese mismo ejercicio. No obstante, dado que el precio de los alimentos no terminaba de moderarse, el Ministerio de Hacienda optó en dos ocasiones por dilatarla, siempre con la misma configuración y de seis en seis meses. Esta vez, sin embargo, el Ejecutivo ha preferido cambiar la fórmula y ha optado por diseñar una retirada progresiva, según avanzan fuentes conocedoras de la propuesta.

La idea del Gobierno, explican estas fuentes, es que los alimentos que se benefician actualmente de la rebaja vayan recuperando poco a poco los tipos impositivos de IVA que han tenido tradicionalmente, siempre que la senda de normalización de los precios acompañe. De esta forma, los alimentos básicos —con un tipo del 0% desde el inicio de la rebaja— irán acercándose gradualmente al 4% habitual. En este grupo se incluyen los panes comunes, harinas panificables, leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales naturales.

Por su parte, las pastas y varios tipos de aceite, actualmente con un tipo del 5%, irán tendiendo poco a poco al 10% de siempre. La única excepción en este caso será la del aceite de oliva, un producto que se ha encontrado habitualmente en este segundo grupo, pero que pasará a partir de ahora a la categoría que disfruta del tipo superreducido. El Gobierno decidió la semana pasada incluirlo en la agrupación de alimentos básicos, por lo que, en su caso, partirá del 0% e irá recuperando progresivamente el tipo hasta llegar al 4%. A última hora de la tarde de este lunes, en el Ejecutivo seguían estudiando durante cuántos meses se extenderá esta retirada gradual del descuento fiscal.

Cuando el Gobierno tomó la decisión de rebajar por primera vez el impuesto sobre el valor añadido, en las últimas semanas de diciembre de 2022, el IPC de los alimentos registraba unos incrementos anuales superiores al 15%. Seis meses después, el INE anotaba unos avances anuales algo menores, pero todavía por encima del 10%. En diciembre de 2023, cuando Hacienda volvió a extender la medida, este grupo se encarecía a un ritmo del 7% anual. El último IPC, correspondiente al mes de mayo, registra un crecimiento anual en esta categoría del 4,4%, que según los analistas debería seguir bajando. En el Ejecutivo, por lo tanto, confían en que se mantenga esta senda de moderación, por lo que han optado por una retirada gradual de los descuentos que permitirá frenar la sangría fiscal que provoca la medida.

1.700 millones en 2023

La reducción del IVA alimentario supuso un impacto recaudatorio de 1.700 millones de euros para Hacienda durante año pasado. De cara a este ejercicio, en el que solo estaban previstos los primeros seis meses, la estimación inicial del Gobierno apuntaba a una pérdida de 834 millones: 100 por la aplicación del IVA al 5%, en lugar del tradicional 10% a pasta y aceites, y otros 734 por suprimir el impuesto a los productos básicos. Es decir, si la rebaja se hubiera extendido otros seis meses, el impacto para las arcas públicas habría vuelto a rondar los 1.700 millones en el conjunto del ejercicio.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoció este lunes durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados que el precio de algunos productos como el aceite de oliva sigue inusualmente alto. Sin embargo, “se espera que a lo largo de los próximos meses se vaya normalizando la inflación general, pero también la inflación de los alimentos”. Por eso, “estos serían, diríamos, los últimos tramos en los cuales tenemos que seguir aportando ese apoyo adicional”, recalcó en referencia a la rebaja del IVA.

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“La finalidad fundamental de estos impuestos no debe ser recaudatoria, sino de cambio de comportamiento”, explicó en un acto celebrado este lunes Salvador Marín, director de estudios del Consejo. Así, con la ventaja añadida de ganar adeptos en la transición verde, se podrían establecer mecanismos para que, con estos nuevos ingresos, se compense lo recaudado en otros tributos y así cumplir con el principio de “quien contamina paga y quien preserva recibe”. De este modo, se lograría que “los agentes contaminantes paguen por el daño causado”, al tiempo que se premiaría a quienes generan menos impacto.

El CGE, junto con el Instituto de Economía de Barcelona, ha elaborado el estudio Fiscalidad ambiental en España, donde se incluyen otras medidas a tener en cuenta en esta posible reforma fiscal verde. Además de la compensación, los economistas sugieren una suerte de armonización de la cesta de los tributos verdes, que por norma general no cuentan con un diseño estatal, sino que están configurados únicamente como impuestos propios de las autonomías. “En muchos hechos imponibles, la facultad de imponer estos impuestos no debería recaer en comunidades o ayuntamientos, porque los efectos negativos que se pretenden mitigar exceden de su ámbito territorial”.

Al tratarse de impuestos propios, argumentó Valentín Pich, presidente del CGE, cada territorio los configura de la manera que considera, sin necesidad de establecer ningún tipo de elemento común. Esto, además de la incongruencia que supone que en unos sitios se pague y en otros no por un mismo hecho, hace que aquellas empresas que están situadas en varias regiones deban conocer y cumplir con normativas diferentes entre sí, “lo que aumenta los costes indirectos de cumplimiento”. Todo ello podría solucionarse, dentro de una estrategia o replanteamiento global de la fiscalidad en España, “con el establecimiento de determinados impuestos por el Estado cuya recaudación se cediera a las comunidades, teniendo estas además una cierta capacidad normativa para adecuar tipos y deducciones”, añadió Pich.

Uno de los ejemplos más obvios, apuntaron los economistas, son el impuesto de circulación y el de matriculación. Su finalidad medioambiental, explican, debería vincularse a las emisiones de dióxido de carbono que emiten los vehículos y que afectan a todo el territorio y no a un solo municipio o región. En este sentido, cabría preguntarse si es lógico que este gravamen puedan gestionarlo los ayuntamientos, teniendo en cuenta que el impacto ambiental de las emisiones es el mismo con independencia del lugar donde se efectúen.

Esta duda es extrapolable al ámbito autonómico. Las comunidades españolas cuentan en conjunto con casi 80 impuestos propios —en gran medida asociados a la transición verde—, pero mientras que unos territorios gravan varios bienes y actividades, otros están libres de tributos. “No tiene sentido que unas comunidades no exijan prácticamente ningún tributo medioambiental propio y sus territorios vecinos sí, para un mismo tipo de hecho imponible. Los ciudadanos y las empresas contaminan con independencia de donde se resida”, recalcó Pich, quien reclamó “unidad de mercado para la fiscalidad medioambiental”.

En España, la importancia recaudatoria de los impuestos verdes ha sido tradicionalmente menor a la de la media comunitaria. Según los últimos datos disponibles, se sitúa en el 5% del total de ingresos tributarios y el 1,8% del PIB, frente al 5,8% y 2,5% de la Unión Europea, respectivamente. No obstante, son valores cercanos a la media de la OCDE. Por eso, ahora que Bruselas ha insistido al Gobierno para que culmine la reforma fiscal, los economistas insisten en que el debate no debe centrarse en si en España se pagan pocos o muchos impuestos, sino en el objetivo que debe perseguir la fiscalidad verde.

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Como secretario de Estado para las Administraciones Territoriales entre 2016 y 2018, fue el arquitecto y artífice de la aplicación del artículo 155 en Cataluña tras el procés y la declaración de independencia unilateral, en octubre de 2017. En pleno debate sobre la financiación singular que piden los partidos soberanistas, el consejero asegura que conoce las cuentas autonómicas de la Generalitat y afirma que el territorio recibe los recursos suficientes para prestar los servicios públicos. El problema está cuando ese dinero se destina a “otras sandeces”, explica a EL PAÍS desde la Consejería de Hacienda, en Zaragoza.

Pregunta. La financiación por habitante de Aragón se sitúa ligeramente por encima de la media. ¿Reclaman aun así la reforma del sistema?

Respuesta. A nuestro juicio, la manera correcta de mirar la financiación no es la media. Hay que producir un ajuste lógico que atienda a las circunstancias de cada comunidad y al coste efectivo de prestar los servicios públicos. No es lo mismo hacerlo en Alcorcón, en Villarreal o en Cádiz que en las provincias de Huesca o de Teruel.

P. ¿Cómo se calcula ese coste efectivo?

R. Nosotros tenemos un territorio de gran dimensión y una población dispersa, además de envejecida. Nos caracteriza la dualidad de tener una gran población, que es Zaragoza, y unas pocas ciudades pequeñas. El resto son municipios muy dispersos de menos de 250 habitantes, donde es muy complejo el día a día y donde la prestación de los servicios, además de difícil, tiene un coste muy superior.

P. ¿Considera entonces que están infrafinanciados?

R. Sí. En el próximo modelo de financiación tiene que ser muy importante la despoblación, el envejecimiento y la dispersión.

P. ¿Cuántos recursos les faltan?

R. Sería osado decir una cifra. Esto es algo que tenemos que pactar todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

P. ¿Reclaman algún tipo de financiación singular?

R. Vamos a exigir que el acuerdo sea multilateral. Aragón reclamará sus especificidades. No aceptaremos ninguna financiación a la carta a Cataluña ni un trato cuyo único objetivo sea la supervivencia de [Pedro] Sánchez en el cargo a cambio de romper la solidaridad, la equidad y la igualdad entre españoles.

P. Ya hay fecha para ese consejo, pero aún no hay noticias de las entregas a cuenta.

R. Cada mes recibimos 40 millones de euros menos, que para nosotros es mucho. Nadie nos ha explicado cuándo va a solucionarse esto.

P. ¿Están teniendo tensión de tesorería?

R. Por ahora, no.

P. ¿Hasta cuándo aguantarán?

R. Después del verano, si no se soluciona esto, llevaremos a cabo medidas correctoras de retención en el presupuesto. Y si nos llegan 480 millones menos a final de año, tendremos 480 millones de déficit imputable exclusivamente a la señora [María Jesús] Montero y al presidente Sánchez.

P. ¿Es compatible pedir más ingresos con bajar impuestos?

R. En estos meses hemos puesto los impuestos de nuestra comunidad en la media del Estado. Por ejemplo, subir el límite exento de patrimonio a 700.000 euros o tocar levemente el impuesto de sucesiones, en el que seguiremos avanzando. Por otro lado, hicimos algo que consideramos justo: deflactar el IRPF a las rentas de menos de 50.000 euros. Estas medidas no provocan una bajada significativa en los niveles de recaudación.

P. ¿Comparte la idea de que bajando impuestos puede aumentar la recaudación?

R. No estamos percibiendo una menor recaudación, al contrario.

P. Han extendido la bonificación del 99% entre familiares directos para sucesiones de hasta medio millón de euros. ¿Era necesario?

R. Nos presentamos a las elecciones con esta propuesta y tenemos el respaldo de la mayoría. Tan respetable es esta medida como quien piensa lo contrario, pero entendemos que este es un impuesto injusto y seguiremos en esa línea. T

P. ¿Qué pasa con el control del déficit?

R. Todas nuestras rebajas siempre se van a amoldar a la evolución de la recaudación. Ahora está impactando positivamente, pero veremos en el futuro. No vamos a poner en riesgo las cuentas públicas ni llevar a cabo ningún recorte que pueda suponer peores servicios públicos.

P. Han aprobado un nuevo impuesto a las energías renovables del que se quejan las grandes empresas.

R. Es normal que proteste quien se ve afectado. A nadie le gusta pagar impuestos. Esto es una decisión de todos los grupos del arco parlamentario autonómico. De hecho, es la actualización de un proyecto del anterior Gobierno. Una de las grandes ventajas competitivas de Aragón es la energía renovable, pero en los territorios afectados hay un impacto claro. Por eso le pedimos a las empresas que dejen una mínima parte de sus beneficios en la zona. Es algo justo.

P. Aragón tiene una deuda pública relativamente saneada. ¿Qué piensan de la propuesta de condonación?

R. Nos gustaría tener información. Hay que ver los criterios, cómo se va a hacer, si va a afectar a todas igual… Podríamos estar de acuerdo si hay igualdad para todos los territorios, pero esto sería solo un parche, la verdadera necesidad es una reforma en profundidad del sistema de financiación.

P. ¿Y de la propuesta de financiación singular para Cataluña?

R. Yo estuve aplicando el artículo 155 y puedo decir que si hay una comunidad que está bien financiada, esa es Cataluña. El problema existe cuando tus fondos no los dedicas a lo importante. Nosotros estuvimos 200 días aplicando el 155 y dedicamos el dinero a la educación, la sanidad y los servicios sociales, no a otras sandeces. Y había dinero. Se ha construido el relato de que Cataluña está infrafinanciada, pero es mentira, es un gran bulo.

P. ¿Qué vieron al aplicar el 155?

R. Cuando dedicamos dinero a las competencias establecidas en el Estatuto de Cataluña teníamos recursos suficientes para acometer todas las necesidades básicas. Si, en cambio, dedicas los fondos públicos a crear embajadas, a comprar voluntades, a financiar lobbies, a propaganda y a multitud de elementos más , lógicamente te hace falta más dinero. Cada euro dedicado a estas cosas es un euro menos a servicios fundamentales. En un país tiene que haber transferencias de renta entre las zonas con más poder adquisitivo y las que menos. Si Cataluña recauda el 100% de sus impuestos y da una parte el Estado, se pierde el principio de solidaridad.

P. ¿Hay que extender esto a las provincias forales?

R. El pacto constitucional recoge su estatus y yo no abriría ese melón. Anteriormente, Aragón tenía dificultades con la situación en el País Vasco y Navarra. Pero a nosotros, que gobierne la señora [María] Chivite con Bildu nos va fenomenal porque cada día se van más empresas de Navarra a Aragón. Y en Cataluña pasa lo mismo. Pagan más impuestos y hay más inestabilidad. Las empresas buscan estabilidad y normalidad y Aragón les da todo eso.

P. ¿Hay una transferencia de rentas y empresas?

R. Sí, claro. Que vengan Microsoft, Amazon o Inditex cuando antes iban a otras comunidades no es casualidad.

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El acuerdo elaborado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo se trasladará, también hoy, a la Asamblea autonómica para que se inicie así su tramitación parlamentaria previa a su votación y entrada en vigor en los próximos meses. El anteproyecto no vio luz verde antes porque fue tumbado por Vox en la anterior legislatura. El partido de extrema derecha, socio entonces de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, consideraba la medida como un agravio hacia los madrileños ya residentes. Ahora, con el Gobierno del PP con mayoría absoluta, se da por supuesto el beneplácito de la Asamblea.

La ley permite reducir el tramo del impuesto autonómico hasta un 20% para aquellos nuevos residentes que decidan invertir mientras están afincados en la Comunidad de Madrid y que lleven viviendo fuera de España al menos cinco años. Este beneficio fiscal se aplicará cuando las inversiones no se realicen en inmobiliario o en paraísos fiscales. Por ejemplo, los desembolsos podrán destinarse a bonos, letras del tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas o aportaciones en sociedades limitadas, entre otras.

La inversión, además, no podrá superar el 40% del capital social de una empresa familiar. Es decir, el beneficiario no puede ejercer funciones ejecutivas ni de dirección o mantener una relación laboral con la entidad en la que haga sus aportaciones. Además de todo ello, será necesario permanecer con la residencia fiscal en la región central durante un periodo mínimo de seis años. La normativa será aplicable a todas las operaciones que se hayan hecho a partir del 1 de enero de este año.

¿Para futbolistas?

La popularmente conocida como ley Mbappé no parece haberse diseñado pensando precisamente en futbolistas de élite. Una de las claves es el calendario. En este sentido, el texto es claro: “La pérdida de la residencia en la Comunidad de Madrid en el período de obligación de mantenimiento de la inversión o el incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la inversión realizada, incluyendo el supuesto de transmisión sin reinversión total, originarán la pérdida de la deducción aplicada”. Es decir, si el contribuyente no pasa al menos seis años residiendo en la región central, la ventaja fiscal se pierde. Dada la movilidad de estos jugadores, el requisito de permanencia mínima de seis años se antoja, como poco, demasiado duro.

Pero hay otros detalles técnicos, como el volumen de la inversión y el plazo para ejecutarla. El desembolso tiene que hacerse en el año en el que se adquiere la residencia fiscal o en el siguiente y, como explican desde TaxDown, la deducción total se aplica en ese mismo ejercicio, aunque si sobra margen de la deducción se puede aprovechar para reducir la cuota de los ejercicios siguientes. Es decir, quien quiera reducirse la cuota autonómica durante los seis años de residencia que se exigen tendrá que hacer una inversión muy elevada.

Pensando en el caso de Mbappé, en TaxDown ponen como ejemplo a un contribuyente con una remuneración de 50 millones de euros anuales. Este pagaría en el impuesto sobre la renta unos 22,4 millones de euros, de los que 12,2 millones corresponderían al tramo estatal del IRPF y otros 10,2 millones al tramo autonómico de Madrid. “Si quisiéramos dejar a cero la parte autonómica en el primer año aplicándonos la nueva deducción tendríamos que invertir unos 51,2 millones de euros”, explica Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown. “Y si quisiéramos dejar a cero la parte autonómica durante los seis ejercicios fiscales a los que tendríamos derecho, tendríamos que invertir 307,2 millones”, añade. Un volumen más que considerable.

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La última prórroga se cerró en el Congreso ya entrado el año 2024, con efecto retroactivo desde el 1 de enero y con vistas a aplicarse durante el primer semestre. Ahora, pasada la mitad del ejercicio, los precios de la electricidad no terminan de moderarse y el mercado de futuros apunta a nuevas subidas, por lo que el Ejecutivo sigue estudiando qué decisión tomar. La pelota está en Hacienda, y en el departamento que dirige María Jesús Montero confirman que todavía están valorando la situación. De aprobarse, avanzan fuentes del ministerio, la extensión se incluiría en el real decreto que recogerá la nueva prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos, ya confirmada por el presidente, Pedro Sánchez.

La principal preocupación de los consumidores vulnerables radica en la posible eliminación de la prohibición de cortes de electricidad y gas para aquellos hogares que no puedan pagar sus facturas y que actualmente reciben el bono social eléctrico. Los últimos datos, relativos a abril de 2024, indican que 1,6 millones de familias dependen actualmente de este sistema de cobertura, lo que significa que podrían enfrentarse a cortes si no se extienden las medidas.

En paralelo, si no se toma una decisión al respecto, también caducarán los descuentos ampliados del bono social eléctrico, que actualmente oscilan entre el 65% y el 80%, dependiendo de la categoría y del grado de vulnerabilidad. En tal caso, volverían a los niveles habituales del 25% y el 40%, respectivamente. Esta modificación, junto con el aumento del IVA en la factura eléctrica, podría incrementar significativamente el coste de los recibos para todos los hogares beneficiarios. Con precios, eso sí, sustancialmente más bajos en el PVPC (al que están adheridos, por definición, todos los beneficiarios del bono social) que cuando se puso en marcha la rebaja temporal. Asimismo, el acceso al bono de justicia energética, que ofrece un descuento del 40% a los hogares trabajadores con ingresos bajos, también expirará el 30 de junio.

Otras medidas que están pendientes de la decisión del Gobierno son la rebaja del Impuesto Especial a la Electricidad, que volvería a la tarifa habitual del 5,11%; el límite de precio a las bombonas de butano; y las prórrogas al tope del alza de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas.

Varias de estas palancas han estado en vigor desde el inicio de la crisis sanitaria de 2020, en respuesta a la pandemia, mientras que otras fueron implementadas dos años más tarde debido a la crisis de precios de la energía que comenzó tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Hasta la fecha, el Gobierno ha prorrogado estos mecanismos de forma anual o semestral, generalmente anunciando las extensiones en los días previos a su vencimiento, por lo que no es extraño que en Hacienda estén apurando los plazos.

El IVA de los alimentos

El Gobierno ya ha decidido que prorrogará la rebaja del IVA de los alimentos básicos y de las pastas y aceites, aunque todavía está por verse durante cuánto tiempo. El primer grupo, en el que se encuentran el pan, queso, leche, frutas o verduras, disfruta desde enero de 2023 de un tipo del 0% frente al 4% habitual. El segundo tiene un IVA del 5% frente al 10% tradicional. Hasta ahora, las prórrogas se han ido produciendo de seis meses en seis meses. Sin embargo, en esta ocasión, Hacienda ha dejado la puerta abierta a que la extensión tenga carácter trimestral con la idea de causar un menor impacto en las cuentas públicas.

El Ejecutivo proyectó inicialmente un coste de unos 3.800 millones de euros para las arcas públicas por todas las medidas de alivio fiscal y de ayudas directas aprobadas en el último decreto que entró en vigor el pasado enero y que, en general, tenían una vigencia de seis meses. Sumando todos los decretos desde que comenzó la crisis energética, el coste recaudatorio —sin incluir otro tipo de ayudas— asciende a los 25.000 millones de euros, según Hacienda.

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Pregunta. ¿Qué resultado está teniendo la política de rebaja fiscal impulsada por Andalucía?

Respuesta. Nos hemos convertido en la segunda comunidad más competitiva fiscalmente, solo por detrás de Madrid. Ahora Andalucía es más atractiva para la inversión y estamos facilitando la vida a los ciudadanos al dejar más renta disponible en su bolsillo. Y todo ello, mientras recaudamos más. En estos cinco años de gobierno de Juanma Moreno se han hecho seis bajadas de impuestos y se han recaudado 14.000 millones de euros adicionales. Es el milagro económico andaluz. Esto nos ha permitido incrementar los presupuestos de sanidad, educación y dependencia. Es el círculo perfecto.

P. ¿Hay intención de continuar esta senda y adelantar a Madrid?

R. No es nuestro objetivo ni nuestra obsesión, pero vamos en la línea de ser la comunidad más atractiva para la inversión. Andalucía es la mejor tierra para vivir y ahora estamos tratando de convertirla en la mejor tierra para trabajar y para invertir. Por lo tanto, seguiremos estudiando fórmulas fiscales para dejar más renta disponible a las familias y para atraer inversión. Hemos pasado de ser un infierno fiscal a la segunda comunidad más competitiva.

P. La Airef alertaba hace unas semanas de que Andalucía tenía uno de los niveles de subida de gastos más altos del país.

R. Hemos puesto de manifiesto que bajando impuestos se puede conseguir una mayor recaudación. Por lo tanto, puedes abordar un mayor incremento de los gastos para cubrir los servicios públicos.

P. Defienden estas bajadas fiscales, pero Andalucía pidió por carta a Hacienda una compensación por la rebaja del IVA energético. ¿Por qué?

R. Mandamos la carta porque nos pareció desleal que no se nos comunicara oficialmente. Si nos hubiesen preguntado habríamos dicho que sí, porque defendemos esa rebaja pese a que nos afecte en la recaudación en un 50%. Solo pedimos que no se haga unilateralmente.

P. La Airef ha pedido a Andalucía corregir el crecimiento del gasto computable .

R. La Airef hace sus recomendaciones y nosotros las estudiamos para cumplir con el déficit. Andalucía infringía antes las reglas fiscales y cuando llegó el gobierno de Juanma Moreno pasó a cumplirlas porque estamos convencidos de lo importante que es. Pero el Gobierno de España cada vez nos lo pone más difícil. Hemos ejecutado 585 millones de fondos europeos que no podemos certificar para que Europa nos haga la transferencia porque no está el aplicativo informático. Si he hecho un gasto pero no me llega el ingreso difícilmente podré cumplir. A eso le unimos que no hay anticipos de las entregas a cuenta porque no hay Presupuestos por la dejación de funciones. Hasta mayo son 600 millones menos de lo que nos corresponde.

P. ¿Están teniendo tensión de tesorería?

R. De momento no, pero nos parece una falta de respeto y de lealtad a las comunidades, porque sí hay otras que están empezando a tener esas tensiones. Son recursos que nos corresponden . Si renuncias a los Presupuestos tienes que hacer algo para actualizar las entregas a cuenta.

P. ¿Cuánto aguantará Andalucía?

R. Tenemos colchón. Pero otras comunidades ya están teniendo problemas.

P. Andalucía es una de las autonomías peor financiadas por el sistema. ¿Cómo se justifica una rebaja fiscal en este contexto?

R. La bajada de impuestos no siempre lleva aparejada menores recursos. Lo hemos demostrado. Pedimos más recursos del sistema por justicia, para que Andalucía tenga lo mismo que las demás comunidades. Ahora recibimos 1.400 millones de euros menos que la media. Desde el año 2009, que se cerró el sistema de financiación entre ERC y [José Luis] Rodríguez Zapatero, son casi 15.000 millones menos.

P. La Airef sí prevé pérdidas de recaudación en Andalucía por las medidas adoptadas.

R. Andalucía ha tomado la decisión de rebajar impuestos como sucesiones y donaciones, porque creemos que es lo justo. Lo mismo quisimos hacer al bonificar patrimonio en el ejercicio de nuestra autonomía financiera. Claro que se pierden esos ingresos, pero se reciben más por otro lado. Por cada euro que dejamos de percibir en patrimonio, recaudamos cinco en renta.

P. Fedea propone que las subidas y bajadas fiscales autonómicas se trasladen inmediatamente a contribuyentes y comunidades para que no tarden hasta dos años en tener efectos.

R. Estamos de acuerdo. Es una medida que ya propuso el grupo de trabajo que empezó en 2017 a preparar la reforma del sistema de financiación, una reforma que se interrumpió con la moción de censura de Pedro Sánchez. Ahora el Gobierno no solo tarda dos años en comunicarnos la liquidación del sistema, sino que además está reteniendo las cantidades que debería liquidarnos.

P. ¿El saldo sería negativo con una liquidación actualizada?

R. Insistimos en que hemos recaudado 14.000 millones de euros más en estos cinco años bajando los impuestos.

P. Ahora que se habla tanto de turistificación, ¿han valorado algún tipo de impuesto o tasa?

R. Se va a llevar a cabo una reunión entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Confederación de Empresarios de Andalucía para ver si hay algún punto de encuentro. Cualquier paso que demos lo haremos siempre de la mano de los empresarios vinculados al turismo.

P. ¿Abren la puerta a una medida como esta?

R. Ni la abrimos ni la cerramos. Estamos a la espera de que se produzca esa reunión.

P. ¿Defienden la condonación de la deuda propuesta por Cataluña?

R. El Gobierno ha cedido porque Cataluña sí tiene un problema de deuda, pero no es justo que para blanquear los privilegios al independentismo se extienda eso a todas las comunidades. Andalucía no tiene un problema de deuda, tiene un problema de infrafinanciación. Reforme usted el sistema y ponga en marcha un fondo transitorio de nivelación que compense a las comunidades que recibimos menos que la media. Luego, si quiere, me habla de condonación.

P. ¿La reforma debe negociarse entre Gobierno y oposición o con las comunidades?

R. El Gobierno tiene que presentar una propuesta a las comunidades en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde estamos todas representadas. Pero, igual que con los Presupuestos, está haciendo una dejación de funciones.

P. ¿Puede haber reforma en esta legislatura?

R. Lo veo complicado, habría que preguntarle a Puigdemont. Ojalá el Gobierno atienda a los millones de españoles que no somos independentistas y que necesitamos esa reforma urgente.

P. Algunas comunidades del PP sí se beneficiarían de una eventual condonación.

R. . Para nosotros lo importante es solucionar los problemas de infrafinanciación que sufrimos Andalucía y otras tres comunidades, y eso se puede hacer con un fondo de nivelación de 3.000 millones al año. Eso no es dinero para el Gobierno de España. Hemos visto cómo se han ido buscando fondos para entrar en algunas compañías como Telefónica.

P. La ministra Montero parece que ha enfriado la posibilidad de crear ese fondo...

R. No alcanzo a comprenderlo. Ella es andaluza, ha sido consejera aquí... No entiendo por qué no quiere hacer justicia con Andalucía. Sería positivo para ella y para el Gobierno otorgar esos 1.400 millones que nos faltan cada año. Yo le brindo esa oportunidad, pero lamentablemente no está cumpliendo con Andalucía.

P. ¿Andalucía pide una compensación por tantos años de infrafinanciación?

R. España y el Gobierno tienen una deuda con Andalucía desde el año 2009, como la tienen también con otras comunidades. Sabemos que esa deuda existe, aunque nunca la hemos presupuestado, pero lo que pedimos es ese fondo de nivelación.

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En las respuestas hay espacio para la duda y argumentos de sobra para el recelo. Los países asumen nuevas obligaciones derivadas de la transición verde mientras los tambores de guerra redoblan la presión para incrementar los gastos en defensa. Todo ello en un contexto en el que la vuelta de las reglas fiscales obliga a los socios comunitarios a vigilar con mano de hierro sus déficits y a prescindir del comodín del endeudamiento. España, además, va reduciendo poco a poco su brecha recaudatoria con la Unión Europea, por lo que el margen fiscal se va agotando. Al mismo tiempo, el desembolso en pensiones y dependencia crece irremediablemente al calor del aumento de la esperanza de vida y la jubilación de la pobladísima generación del baby boom. Todos estos mimbres ponen el futuro del Estado del bienestar contra las cuerdas y obligan a tomar medidas. “No puede ser que los jóvenes hayan perdido la confianza y piensen que no van a tener pensiones”, alerta Elisa Chuliá, investigadora de Funcas.

El concepto del Estado del bienestar y su alcance no tiene una definición estática y absoluta. “Depende exclusivamente de cuánto queramos gastar como porcentaje de nuestro PIB. Y no hay una cifra mágica, sino que la marcamos como sociedad”, explica José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea. El problema, prosigue Toni Roldán, director del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), es el “creciente tensionamiento” de las capacidades fiscales de los Estados por la crisis climática, el envejecimiento y las presiones geopolíticas, un cóctel que “pone en riesgo la viabilidad del sistema tal y como lo conocemos”. Es un fenómeno que sucede en más países y regiones, añade Chuliá, pero como Europa ha convertido al Estado del bienestar en un rasgo característico, “el debate ya es incluso de identidad”. Esto, al menos, abre una ventana de oportunidad para propiciar el intercambio de ideas e impulsar una serie de modificaciones.

Antes de nada, hay que entender la magnitud del fenómeno. España se encuentra tradicionalmente por debajo de la eurozona en gasto sobre el PIB en todas las partidas tradicionales del Estado del bienestar, según los datos de la oficina estadística europea, Eurostat. En sanidad, la media de los países que comparten moneda se situó en 2022 en el 7,9% del PIB, un punto porcentual por encima de España. En educación, la brecha fue algo menor: 4,6% frente a 4,4% del PIB. La misma tónica se registró en vivienda, en protección social y en el resto de servicios generales. Es una tendencia que se repite en la serie histórica. Por eso, en un contexto en el que el crecimiento económico se va moderando, en el que hay que corregir el déficit y en el que los Estados tienen nuevas obligaciones, la única alternativa si se quieren mantener o aumentar estos porcentajes es tirar de nuevas fuentes de ingresos.

Lo mismo sucede con el envejecimiento poblacional, el “gran reto” de cualquier modelo del bienestar, tal y como recalca María Josefa Rubio Lara, profesora titular en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Según las previsiones de la autoridad fiscal (Airef), España alcanzará los 50,3 millones de habitantes en 2050, llevando el gasto sanitario y el gasto en pensiones hasta el 8,4% y el 16,3% del PIB, respectivamente.

Llegados a este punto, “la viabilidad del Estado del bienestar es una cuestión meramente política”, apunta Berna León, director gerente del centro de estudios Future Policy Lab. Por ahora, añade, parece que la sociedad española aboga por mantener intactos sus pilares, sus prestaciones y su esencia. Lo mismo cree Rubio Lara, quien recuerda que las políticas públicas siguen siendo útiles para sortear los riesgos socioeconómicos. El Estado del bienestar en Europa, explica, “se desarrolló como respuesta al atractivo que podía generar el bloque soviético, pero también por una revisión de la economía clásica ante la necesidad de que los Estados pudieran brindar protección a la ciudadanía”. Hoy, esa política de bloques que dividía al mundo entre capitalismo y socialismo ya no existe, pero sí continúa habiendo conmociones y sacudidas, ya sea en forma de crisis financiera, de pandemia o de inflación.

Esto obliga, coinciden todos los expertos, a tomar decisiones: “Si queremos gastar tanto o más que ahora y a la vez corregir el déficit no queda otra que aumentar los ingresos”, resume Conde-Ruiz. Las soluciones son variopintas. Unas voces apuntan a cuestiones como la productividad y el envejecimiento, mientras que otras ponen el foco en cómo conseguir más músculo financiero y en afianzar las políticas fiscales que sufragan las capacidades del Estado.

¿De dónde se saca más dinero?

El primer paso para entender si son necesarios más ingresos pasa por definir cuál es el tope del sistema del bienestar. En opinión de Iñigo Macías, responsable de investigaciones de Oxfam Intermón, las sociedades piden cada vez más prestaciones y servicios al Estado, “por lo que no sería correcto pensar que el modelo ha tocado techo, puesto que estamos ampliándolo y haciéndolo más alto”. Es decir, hay más necesidades de gasto en un momento en el que “el corsé se va apretando”. Esta situación, continúa, tiene su riesgo, pero también abre una ventana de oportunidad “interesante”, puesto que se empiezan a poner sobre la mesa cuestiones que hace años habrían sido impensables.

Macías se refiere principalmente a la nueva imposición a la riqueza vía renta y patrimonio, a los gravámenes sobre los beneficios empresariales extraordinarios o al mínimo global del 15% en el impuesto de sociedades, medidas que “nos recuerdan que el debate sobre el futuro del Estado del bienestar debe ir acompañado de otro que nos lleve a decidir cómo lo financiamos”. A medida que la discusión vaya cogiendo forma y las contradicciones se agudicen, añade, “quizá algún día, en la discusión sobre las reglas fiscales, se empiece a hablar de umbrales mínimos recaudatorios o de una armonización fiscal dentro de la UE”.

Pero hay más aristas. Para Matilde Mas, investigadora en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), el gran reto es reducir el paro y, sobre todo, mejorar la productividad. “Solo así podremos aumentar los salarios para tener más cotizaciones y recaudar más”. Es decir, sea cual sea la definición del Estado del bienestar, y sean cuales sean sus límites, “necesitamos más renta per cápita para poder redistribuirla, y eso solo se consigue con más productividad”. Si se tira la toalla en esto “tendremos un problema, porque nos quedamos sin balas”.

La frustración de los jóvenes

Ben Lambert y Elena Sanz tienen 32 y 33 años, respectivamente. Son pareja desde hace tiempo y viven de alquiler en el centro de Madrid sin grandes apuros económicos. Desde hace unos meses se plantean comprar una casa por la zona y ronda por sus cabezas la posibilidad de tener un hijo, aunque no están seguros de dar este último paso por las dificultades que prevén a la hora de conciliar, por unos ingresos que, con un bebé, serían insuficientes, y por las pocas ayudas que, creen, tendrán. “Sabemos que en nuestra zona es muy difícil encontrar plaza en guarderías públicas”, explica Sanz. Ella, al igual que la joven Laura Garrido, cree que el sistema actual se “ha olvidado de nosotros mientras sigue premiando a los mayores”.

En España, la riqueza se mide por el inmobiliario. A finales de los ochenta, bastaban tres años de salario íntegro para poder comprarse una vivienda. Ahora, son necesarios más de siete. Y si hace dos décadas los menores de 35 años tenían una riqueza media de 108.000 euros, ahora no llegan a los 70.000, según la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España.

La brecha generacional y la sensación de desamparo que manifiesta la juventud es una de las tareas pendientes que encara esta reconversión del modelo. “Hay una frustración creciente entre los jóvenes, que sienten que el Estado del bienestar no les protege o no les arropa”, apunta León. Esto, junto a la guerra generacional que puede agravarse por esa percepción de abandono, “es más peligroso para la supervivencia del sistema que las tensiones demográficas”, añade. Este experto aboga por llevar a cabo ciertas medidas que contribuyan a la solidaridad intergeneracional, como limitar algunas ayudas y la revalorización de ciertas pensiones, pero siempre en función de la renta y no de la edad. El objetivo es “no subvencionar a jubilados que tienen dos casas alquiladas a jóvenes de clase baja y tienen más que asegurado su nivel de vida”, explica a modo de ejemplo.

Todo esto, insiste Rubio Lara, “no quiere decir que haya que descuidar políticas tradicionales” como la sanidad o la cobertura a la vejez. El reto, añade la profesora, es dar una respuesta adecuada a la desregulación del empleo actual, la cual ha dado paso a un nuevo escenario en el que el mercado de trabajo se caracteriza por la inestabilidad y la precariedad, a diferencia de lo que sucedía en pleno apogeo del sistema del bienestar.

Según los últimos datos del supervisor, cuando se analizan los ingresos y no la riqueza, las diferencias entre jóvenes y mayores no son tan abultadas. En 2020, por debajo de los 35 años, la renta media se quedó en los 31.000 euros anuales, por encima de los 27.000 de los mayores de 75 años. Por eso, “el problema no es la revalorización de las pensiones, sino la precariedad laboral y salarial de los jóvenes”, señala León.

Esto no quita que para un sector de los economistas haya que “revisar ya el sistema de pensiones”, recuerda Conde-Ruiz. “Es innegable que una parte del gasto público tiene que aumentar para cubrir las necesidades asociadas al envejecimiento, pero ¿está justificado que crezca más porque no se reforma el sistema?”, se pregunta. No hay una regla irrefutable sobre lo que se debe hacer, “pero es un debate que tenemos que tener como sociedad para atajar esta brecha intergeneracional”. Tanto Conde-Ruiz como Mas rescatan en este punto el concepto de longevidad. Y recuerdan que, quizá, sería lógico ajustar el sistema a la nueva esperanza de vida. “Envejecimiento significa gasto, pero longevidad puede implicar más ingresos”, resume la investigadora del Ivie. Todo rediseño en esta materia, puntualiza Chuliá, debe hacerse con tiempo y teniendo siempre en cuenta las diferencias de oportunidad de unas generaciones y otras: “Si alguien se merece tener una buena jubilación, esos son los pensionistas de hoy. Muchos nacieron en los años de posguerra, en una época difícil”.

Hacia un nuevo modelo

“Tenemos por delante un reto estructural evidente de aumento de gasto, pero, por suerte, el Estado del bienestar tiene una dimensión más a largo plazo”. Con estas palabras, Roldán insiste en que el sistema no es ni inerte ni inmutable, por lo que es susceptible de evolucionar y convertirse en más personalizado y eficiente y, en consecuencia, sostenible. “Estamos en un momento de transición tecnológica que nos puede permitir destapar potenciales de productividad y eficiencia enormes. Es el reto de nuestra generación”, explica.

Para armar este argumento, Roldán recuerda que los avances tecnológicos y digitales pueden propiciar un aumento de la productividad que redunde en mayores ingresos y menores costes. Para ello, tanto León como Más recuerdan que se tiene que apostar como país por sectores de mayor valor añadido, y que el Estado vertebre con un objetivo claro esa transformación sostenible y coordinada de la economía. Pero hay otros elementos relevantes, como la eficiencia y la personalización de las políticas sociales. “Hay una revolución de datos y de técnicas de evaluación que pueden eliminar gastos superfluos y concentrar las actuaciones del Estado del bienestar en los sectores de la población y en las partidas más importantes”, resume Roldán.

El modelo, recalca Rubio Lara, ha venido modificándose con ahínco desde los años ochenta y noventa del siglo pasado. “Está sometido a cambios constantes por la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias sociales, económicas y políticas”. Es posible que este desafío sea hoy más pronunciado dadas las tensiones demográficas y fiscales recientes, pero el sistema solo adolece “de soluciones técnicas y políticas factibles de alcanzar, no de legitimidad social”.

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De entrada, recuerda Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), la ley empezó a diseñarse hace ya más de un año, cuando todavía no estaba claro que Kylian Mbappé terminara fichando por el equipo madrileño. De hecho, el anteproyecto no se aprobó antes porque fue tumbado por Vox en la anterior legislatura. El partido de extrema derecha, socio entonces de Díaz Ayuso, consideraba la medida como un agravio hacia los madrileños ya residentes. Ahora, con el Gobierno del PP con mayoría absoluta, se da por supuesto el beneplácito de la Asamblea.

Más allá del calendario, hay otras cuestiones técnicas que alejan la idea de que la norma beneficia a estos perfiles. La ley permite reducir el IRPF autonómico hasta un 20% para aquellos nuevos residentes que decidan invertir en la Comunidad de Madrid y que lleven viviendo fuera de España al menos cinco años. Este beneficio fiscal se aplicará cuando las inversiones no se realicen en inmobiliario o en paraísos fiscales. El desembolso, además, no podrá superar el 40% del capital social de una empresa familiar y la deducción se mantendrá siempre que el contribuyente mantenga la residencia fiscal en el país al menos durante seis años. Este último punto es el que genera más dudas entre los asesores.

Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, reconoce que la alta movilidad asociada a los deportistas de élite puede hacer pensar que el esquema no se ha hecho pensando precisamente en ellos. “Es posible que Mbappé pase más de seis años en el Real Madrid, pero el mundo del fútbol es muy cambiante y hay mucha incertidumbre, por lo que no parece que este beneficio fiscal se haya diseñado pensando exclusivamente en este sector”. El texto del que todavía es un anteproyecto es claro: “La pérdida de la residencia en la Comunidad de Madrid en el período de obligación de mantenimiento de la inversión o el incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la inversión realizada, incluyendo el supuesto de transmisión sin reinversión total, originarán la pérdida de la deducción aplicada”, reza el texto.

Pero hay otros detalles técnicos, como el volumen de la inversión y el plazo para ejecutarla. El desembolso tiene que hacerse en el año en el que se adquiere la residencia fiscal o en el siguiente y, como explica Fernández, la deducción total se aplica en ese mismo ejercicio, aunque si sobra margen de la deducción se puede aprovechar para reducir la cuota de los ejercicios siguientes. Es decir, “si quieres reducirte la cuota autonómica durante los seis años de residencia que se exigen, la inversión tendrá que ser muy elevada”.

El experto de TaxDown, pensando en el caso de Mbappé, pone como ejemplo a un contribuyente con una remuneración de 50 millones de euros anuales. Este pagaría en el impuesto sobre la renta unos 22,4 millones de euros, de los que 12,2 millones corresponderían al tramo estatal del IRPF y otros 10,2 millones al tramo autonómico de Madrid. “Si quisiéramos dejar a cero la parte autonómica en el primer año aplicándonos la nueva deducción tendríamos que invertir unos 51,2 millones de euros”, explica. “Y si quisiéramos dejar a cero la parte autonómica durante los seis ejercicios fiscales a los que tendríamos derecho, tendríamos que invertir 307,2 millones”, añade. Un volumen más que considerable.

A esto se le suma, recalca Fernández, las consecuencias derivadas de una eventual ruptura de contrato antes de que pasen seis años, de nuevo siguiendo con el ejemplo futbolístico. En ese caso, “tendríamos que devolver el importe completo de la deducción que nos hayamos aplicado más los intereses correspondientes”.

Por todo ello, recalcan los asesores, la mal llamada ley Mbappé se aleja de la filosofía de otros regímenes especiales como la conocida como ley Beckham, un régimen especial que se puede aplicar sobre los trabajadores desplazados a territorio español. En este caso, el beneficio es que los contribuyentes solo pagan por las rentas generadas en España, dejando fuera de la base imponible los ingresos originados en otros países. Además, hasta los 600.000 euros anuales, el tipo aplicado es de únicamente el 24%, pasando a uno del 47% a partir de esta cifra. En este caso, la ventaja tiene un tope máximo, que no un mínimo, de seis años.

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La medida pretende elevar los ingresos por el impuesto de sociedades y mitigar el desvío de beneficios corporativos a territorios con fiscalidad más baja, un fenómeno que eclosionó a partir de los años noventa y que resta miles de millones de euros a las arcas públicas cada ejercicio. De hecho, la directiva sigue las directrices del pilar dos del programa denominado BEPS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual busca combatir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones. En este marco, más de 140 países y jurisdicciones acordaron en 2021 la aplicación de un tipo mínimo del 15% a los grandes grupos.

“De lo que se trata es de avanzar hacia un orden fiscal internacional más justo, al ser posible armonizado, basado en la idea que siempre ha defendido este Gobierno de que quien más gana, más debe contribuir al conjunto de la sociedad”, ha afirmado este martes María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Con la aprobación en el Consejo de Ministros, el texto va a iniciar su trámite parlamentario donde, espero, pueda cosechar un amplio respaldo de todos aquellos que defendemos un sistema fiscal más justo”, ha añadido.

El objetivo, por lo tanto, es garantizar que una multinacional abone a las arcas públicas al menos el límite establecido. Para ello, los países podrán actuar cuando una de sus multinacionales se sitúe en un territorio de fiscalidad laxa y pague menos impuestos. Para poner un ejemplo: si una compañía española opera en un país donde la tributación de sociedades es del 10%, Hacienda tendrá derecho a exigir que abone la diferencia de cinco puntos porcentuales hasta que llegue al 15%. Lo mismo podrán hacer otros países a la inversa. Por eso, todavía no hay previsión de recaudación, ya que las cifras dependerán de lo que decidan hacer el resto de estados. En España, la norma tiene el potencial de alcanzar a 126 grupos con matriz nacional y a 707 multinacionales extranjeras con filiales en territorio español.

La normativa hubiera tenido que estar lista ya a principios de este año. De hecho, se aplicará al ejercicio 2024 con efecto retroactivo. Hace tan solo un par de semanas, la Comisión Europa amenazó con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por seguir sin poner en marcha las medidas necesarias para trasponer el nuevo tipo mínimo. También recibieron la alerta Polonia, Letonia, Lituania, Chipre y Portugal.

La normativa solo se aplica a grandes empresas: afecta específicamente a aquellos grupos con ingresos netos consolidados de al menos 750 millones de euros, según los estados financieros consolidados de la entidad matriz en al menos dos de los últimos cuatro años fiscales. Sin embargo, se eximen varios tipos de entidades, como organismos públicos, organizaciones sin ánimo de lucro y fondos de pensiones, entre otros.

El Gobierno español ya aprobó en su momento un tipo mínimo del 15% (del 18% en el caso de banca y petroleras), pero este actúa únicamente sobre la base imponible, que es la parte del beneficio realmente gravada tras descontar ciertos gastos, amortizaciones, deducciones o correcciones, por ejemplo las exenciones por la doble imposición de dividendos, y que es la magnitud sobre la cual se calcula el impuesto de sociedades nacional. Ahora, la herramienta de la OCDE que adopta España afecta al resultado contable, un indicador que se aproxima más al beneficio neto, aunque admite ajustes por intereses o créditos fiscales que aminoran la cantidad final.

Montero ha reiterado que España ha liderado en el marco de la OCDE los trabajos preparatorios para reforzar la lucha contra la planificación fiscal agresiva usada sobre todo por los grandes grupos. “Siempre dijimos que era un sinsentido que el tipo real que pagaban las grandes multinacionales fuera inferior al que lo hacían las pequeñas o las medianas empresas”, ha afirmado. También ha sacado pecho de las medidas que el Gobierno ha aprobado de manera unilateral, desde el tipo mínimo del 15% sobre la base imponible a las tasas Google y Tobin o los gravámenes extraordinarios a banca y energéticas, que han permitido, en sus palabras, “poner en marcha algunas de las rebajas” fiscales que se han aprobado desde el estallido de la guerra en Ucrania para mitigar el golpe de la inflación.

¿Cómo funciona?

Si un grupo multinacional o nacional de gran magnitud tiene una tributación efectiva —calculada por cada jurisdicción en la que opera— inferior al 15%, se aplicará un gravamen adicional, conocido como impuesto complementario, que elevará la tributación efectiva al mínimo del 15% en cada jurisdicción con una carga impositiva baja.

Esto significa que, si el tipo impositivo efectivo de las entidades de estos grupos en una jurisdicción específica es inferior al límite establecido, se recaudará un gravamen adicional para alcanzar ese mínimo global. Este impuesto complementario se basa en tres componentes: el impuesto complementario nacional, el impuesto complementario primario y el impuesto complementario secundario.

El primero afecta a las entidades constitutivas del grupo radicadas en territorio español y que no alcanzan una tributación mínima del 15% en España. El objetivo es que lleguen a ese tipo a través del impuesto, no afectándoles la tasa si la imposición ya supera al suelo establecido.

El segundo es el impuesto complementario primario, que se aplicará cuando la matriz de un grupo multinacional se sitúe en España y obtenga rentas de filiales situadas en el extranjero que aplican un tipo impositivo inferior al 15%. Cuando eso suceda, se activará el impuesto complementario. El último es el impuesto complementario secundario, que actúa como un sistema de cierre y se activa cuando algunas de las empresas del grupo multinacional hayan obtenido rentas en el exterior que no hayan sido gravadas al 15%. La diferencia entre este y el anterior es que no recae sobre la matriz, sino sobre filiales del grupo ubicadas en España.

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El pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) se produce siempre a año vencido. Es decir, la campaña que se abona este 2024 tomará como referencia los ingresos obtenidos por los contribuyentes a lo largo de 2023, ya sean rendimientos del trabajo o rendimientos del capital o de actividades económicas, entre otros. Como es habitual, la Agencia Tributaria tiene en cuenta aspectos como el volumen de renta, la situación familiar y personal del contribuyente o el número de pagadores.

Todo comienza con el primer borrador que el Ministerio de Hacienda pone a disposición de los obligados tributarios, en el que aparecen todos los datos fiscales que el organismo tiene en su base y sobre el que se puede trabajar para añadir información y partidas que den derecho a las correspondientes deducciones y rebajas. Desde este martes, los contribuyentes pueden consultar sus datos fiscales. Y, desde hace ya unos días, la Agencia Tributaria también permite obtener el número de referencia que posteriormente servirá para descargar el documento y, a partir de entonces, decidir mediante qué canal se liquidará el impuesto. En función de eso, habrá que tener en cuenta unas fechas u otras.

Calendario principal

• Desde el miércoles 3 de abril, los contribuyentes podrán acceder a su borrador y presentar la declaración de forma online, tanto a través del programa Renta Web como desde la aplicación móvil de la agencia.
• A partir del martes 7 de mayo será posible presentar la declaración de forma telefónica, aunque para ello será necesario pedir cita previamente entre el 29 de abril y el 28 de junio.
• El lunes 3 de junio se abre el plazo para realizar la presentación de manera presencial en una de las oficinas de la agencia, aunque también en este caso será necesaria una cita previa entre el 29 de mayo y el 28 de junio.
• El miércoles 26 de junio termina el plazo para presentar la declaración por internet si el resultado es a ingresar con domiciliación en cuenta. También es el último día para solicitar cita previa en caso de que se quiera realizar la declaración por teléfono o de forma presencial.
• El lunes 1 de julio será el último día para la presentación del resto de las declaraciones.

Los contribuyentes que deseen ser atendidos por la Agencia Tributaria, tanto por teléfono como por el canal presencial, tienen que concertar previamente cita. Esta se puede pedir por internet, en la propia página web de la agencia, o llamando a los teléfonos habilitados para ello y que se recogen en el calendario que ha habilitado la agencia.

En todos los casos, la declaración del IRPF se tiene que presentar por medios electrónicos. Si el contribuyente opta por el programa Renta Web o por la aplicación móvil, el proceso es automático. Si, por el contrario, acude a los servicios de asistencia para que se le confeccione la declaración por teléfono o presencialmente, la presentación final también tendrá que ser electrónica.

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Para reservar una cita presencial, los interesados pueden hacerlo llamando a dos teléfonos habilitados por la propia agencia. Son el 91 553 00 71 y el 901 22 33 44, disponibles de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas. También pueden hacerlo a través de la aplicación de la AEAT, o por internet. Al pedir la cita online, se debe identificar mediante el sistema Cl@ve, DNI electrónico, número de referencia Renta, o por dato de contraste del DNI (número y fecha de validez del documento). Después de este paso, se debe proporcionar un número de contacto, elegir turno de mañana o tarde, y optar por una cita presencial o un encuentro telefónico mediante el plan Le Llamamos, que permite recibir asistencia sin la necesidad de acudir a una oficina.

Completados estos pasos, se selecciona el centro, día y hora de la cita. Una vez confirmada, Hacienda recuerda al contribuyente que hay que llevar los documentos necesarios: datos fiscales, documentación para los cálculos, original del DNI/NIE del titular, fotocopia de los titulares en la declaración, referencias catastrales y el IBAN de la cuenta bancaria.

Para cambios o cancelaciones de la cita, se pueden utilizar los mismos teléfonos o hacerlo online. Es importante realizar cualquier modificación al menos 24 horas antes de la cita, ya que no presentarse sin cancelarla puede tener consecuencias. De hecho, Hacienda advierte que si no se acude a la cita y no se anula, se puede solicitar un segundo encuentro, pero no acudir nuevamente puede resultar en la exclusión del servicio de citas en el futuro.

La Agencia Tributaria recuerda que la asistencia en oficinas se ofrece con un esquema de apertura progresiva adaptado a la capacidad de absorción de los centros de atención. Por tanto, si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significa que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en fechas siguientes. En todo caso, la agencia recomienda no esperar a esa nueva apertura, sino optar por el Le Llamamos, que seguirá contando con capacidad suficiente de absorción de la demanda.

Desde el 3 de abril, los contribuyentes vienen presentando sus declaraciones a través de la web y la aplicación móvil, y desde el 7 de mayo también por vía telefónica. La campaña finalizará el 1 de julio, con el plazo de domiciliación bancaria de declaraciones a ingresar cerrando el 26 de junio.

Balance

Dos meses después de que arrancara la campaña para el IRPF de 2023 —el pasado 3 de abril— la Agencia Tributaria ya ha abonado la devolución de 6.013 millones de euros a 8,6 millones de contribuyentes. A esta fecha se han abonado el 76,6% de las solicitudes de devolución realizadas y el 64,4% de los importes a devolver solicitados. Según la agencia, se mantiene “una fuerte aceleración de las devoluciones con respecto a las realizadas el año pasado (+9,2% en número y +9,6% en importe), en paralelo a la propia agilización de las presentaciones y solicitudes de devolución”.

Hasta el momento, han cumplido con Hacienda 15,2 millones de contribuyentes, un 7,7% más que el año pasado por las mismas fechas. De ellas, 11,3 millones registran resultado a devolver y 2,9 millones tienen saldo a ingresar por parte de los obligados tributarios que igualmente han optado por agilizar la presentación, ya que no tienen que realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña.

Por vías de presentación, y además de la página web de la Agencia Tributaria como canal telemático principal, “se ha producido un nuevo y sustancial crecimiento de la presentación a través de la aplicación móvil de la Agencia, con más de 575.000 declaraciones (+25%), de las cuales casi 434.000, un 23% más que el año pasado en las mismas fechas, se corresponden con presentaciones en un solo clic y el resto son contribuyentes a los cuales la aplicación ha derivado a la web de la AEAT para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación. Por vía telefónica han sido atendidos algo más de un millón de contribuyentes.

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No es la primera vez que los tribunales tumban normas fiscales aprobadas con anterioridad y obligan a reintegrar miles de millones de euros. Pasó con el canon hidráulico, con un coste de más de 1.900 millones para la Hacienda Pública y, más recientemente, con el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero. Si se suman solo estas cuatro sentencias, el impacto supera los 11.000 millones.

Aún no está claro cómo impactarán en las cuentas públicas estos varapalos judiciales, que llegan en un momento delicado por la vuelta de las reglas fiscales europeas. En septiembre, el Gobierno deberá presentar a Bruselas un plan de consolidación para reconducir el desfase entre ingresos y gastos por debajo del 3% del PIB que exige el marco comunitario —en 2023, el déficit fue del 3,6%— y situar la deuda, que sigue coqueteando con el 110% del PIB tras dispararse con la pandemia, en una senda descendiente. Según la Autoridad Fiscal (Airef), será necesario un ajuste del 0,64% del PIB cada ejercicio si el plan es a cuatro años, equivalente a unos 9.000 millones de euros, y de 6.000 si se amplía a siete.

Por eso, si se cumplen los pronósticos más perjudiciales para la Hacienda española y el Supremo obliga al Estado a devolver los ingresos por el impuesto sobre los hidrocarburos, el agujero fiscal será considerable. “La mala gestión del PP tiene consecuencias que al final pagamos todos los españoles”, se apresuró a avanzar el ministerio tras conocerse el último fallo.

Precedentes

Los tribunales han tumbado varias normas tributarias y obligado a Hacienda a realizar devoluciones millonarias que impactan en el saldo presupuestario. El canon hidráulico supone un precedente que ha costado casi 2.000 millones a las arcas públicas. El Ejecutivo de Rajoy impuso este gravamen a las eléctricas en 2015 por el uso de aguas para la producción de energía eléctrica. La tasa, que tenía como objetivo financiar el déficit de tarifa del sistema, fue recurrida por la patronal de las empresas afectadas. Seis años después, en 2021, el Tribunal Supremo decretó que el tributo no podía tener carácter retroactivo para los años 2013 y 2014, como había pretendido el Gobierno del PP, y a la vez abrió la puerta a que se reintegrara todo lo recaudado entre 2013 y 2021.

Tras conocerse la sentencia, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez apartó unos 1.908 millones para hacer frente a las devoluciones, una cifra que se imputó al déficit público del año 2021. Las compañías con más plantas hidroeléctricas —Iberdrola, Endesa y Acciona— fueron las más beneficiadas.

Otro precedente, quizás más polémico, pero con impacto inferior para el fisco, es el revés que el TJUE dio al modelo 720. Esta norma, también introducida por el Gobierno del PP, obliga a declarar los bienes y activos que españoles y extranjeros residentes poseen en el extranjero si su valor supera los 50.000 euros. En 2019, Bruselas denunció ante la justicia comunitaria que las multas previstas por no presentar esta declaración o hacerlo fuera de plazo eran desproporcionadas y que violaban varias libertades consagradas por la Unión.

El tribunal de Luxemburgo confirmó la postura del Ejecutivo comunitario y tumbó el régimen sancionador del modelo 720 en una sentencia de enero de 2022. Unos meses después, el Tribunal Supremo español decretó la nulidad, con efecto retroactivo, de las multas formales de esta normativa. Según los cálculos de Hacienda, el perjuicio causado a las arcas públicas ha sido de unos 230 millones de euros.

Asimismo, a partir de la primavera de 2021, el Supremo empezó a dar la razón a las comunidades que habían denunciado al Estado por quedarse con una mensualidad de IVA en 2017. Esta circunstancia se originó al implantarse un nuevo sistema electrónico para gestionar el cobro del impuesto, diseñado cuando Cristóbal Montoro estaba al frente de Hacienda, que causó un desfase de un mes en los pagos y una revuelta de los barones regionales. A mediados de 2021, Hacienda anunció que trasladaría 3.000 millones a las autonomías para compensarlas.

Tras estos varapalos judiciales, los dos grandes reveses para el actual Ministerio de Hacienda han llegado en la primera mitad de 2024. El departamento que dirige María Jesús Montero estrenó el año con el fallo del Constitucional que anulaba varios puntos de la gran reforma que llevó a cabo Montoro en 2016 en el impuesto de sociedades con el objetivo de aumentar los ingresos públicos del Estado en un momento en el que era crucial reducir el déficit. Los cambios más relevantes que tumbó el tribunal de garantías eran la fijación de topes más severos para la compensación de bases imponibles negativas para los grupos fiscales con una cifra de negocio superior a los 20 millones de euros y el endurecimiento de la reversión automática por quintas partes de deterioros del valor de participaciones. El Constitucional cuestionó que estas modificaciones se llevaran a cabo mediante la figura del real decreto —en vez de pasar por el cauce habitual de las Cortes— y los tumbó. Limitó las devoluciones a los casos que tuviesen un proceso de reclamación ya abierto, pero las grandes empresas ya se habían adelantado y recurrido. El impacto ronda los 3.330 millones y las devoluciones, que ya empiezan a producirse, tendrán efectos en las cuentas de los años en los que se efectúen.

La semana pasada, en lo que Hacienda tilda como “la enésima sentencia de un tribunal que anula una medida fiscal del Gobierno del PP”, el TJUE declaró contrario al derecho de la Unión la parte correspondiente a las autonomías del impuesto de hidrocarburos. Esta figura, vigente entre 2013 y 2018, recaudó 6.531 millones de euros y permitió que las regiones estableciesen tipos impositivos diferenciados para un mismo producto y uso en función del territorio, dando pie a fuertes distorsiones en el mercado y a una mayor fragmentación que podía comprometer la libre circulación de mercancías. Este esquema del impuesto sobre hidrocarburos sustituyó al conocido como céntimo sanitario, pero su mal diseño abre la puerta ahora a cuantiosas devoluciones. “Se repite la mala praxis legislativa del PP”, insisten desde el actual Ministerio de Hacienda.

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El PP plantea dos vías para fijar esta suerte de indemnización. Con carácter general, el documento señala que, en el marco de la futura reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, “se estudiarán las formas de compensación por la supresión del tributo”. Es decir, la idea es crear una partida de nuevos ingresos para las regiones que tenga carácter estructural.

Además de eso, mientras la reforma se materializa, los populares proponen que en el primer año tras el cambio las autonomías reciban una “compensación igual a la última recaudación” que hubieran obtenido. Para hacer esto posible, prosiguen, “se realizarán los ajustes y correcciones necesarios” en los recursos del sistema, de manera que el importe que corresponda a la compensación estatal sea equivalente a esas cantidades. Los efectos de esta compensación adicional tendrán lugar una vez haya entrado en vigor el cambio normativo, “y en tanto no haya sido aprobado un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas”. De esta forma, la eliminación del tributo no tendría consecuencias fiscales en las arcas autonómicas.

Esta compensación, tal y como apunta Diego Martínez, profesor en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador en Fedea, trasladaría la carga tributaria de unos contribuyentes a otros: “De los que ahora pagan el ISD a los contribuyentes de todo el Estado que, con sus impuestos o, peor, endeudamiento, financiarían la compensación a las comunidades”, aclara.

La tramitación de la propuesta del PP está ahora mismo parada. Una vez que se registró en el Senado, el Gobierno impugnó la medida y la elevó al Tribunal Constitucional. El tribunal de garantías la admitió a trámite hace unas semanas y tendrá que decidir al respecto próximamente. De aprobarse definitivamente, el coste fiscal del plan superaría los 3.000 millones de euros anuales, con impacto directo en las cuentas del Estado. Por contextualizarlo, el coste superaría los ingresos que se han obtenido con los gravámenes temporales sobre la banca y las empresas energéticas.

Según los últimos datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas, en 2023 la recaudación por este tributo ascendió a 3.297 millones de euros. De ellos, 980 millones se registraron en Cataluña, 552 millones se obtuvieron en Madrid y 255 millones fueron a las arcas andaluzas. Sin contar con los territorios forales, las cifras más bajas las anotaron Murcia, Extremadura y La Rioja, con unos 30 millones de euros cada una.

El impuesto sobre sucesiones y donaciones es una de las figuras en las que las autonomías suelen exprimir al máximo su capacidad normativa. Con carácter general, los familiares directos que heredan o reciben cuantías por valores menores o medios disponen de bonificaciones y exenciones casi totales que llevan a que la cuota a pagar sea prácticamente simbólica. Tradicionalmente, los contribuyentes que más tenían que abonar eran aquellos que recibían bienes de más valor, normalmente a partir de los 800.000 euros, pero en los últimos años los territorios han puesto en marcha una serie de jugosas rebajas dirigidas a estos perfiles que ya están impactando en la recaudación. Destacan los descuentos de Madrid, Comunidad Valenciana o Andalucía, entre otras.

Los gobiernos autonómicos en manos del PP que en la práctica han derogado el impuesto, a través de grandes bonificaciones, han tomado la decisión por cuestiones “de justicia”, explican desde una consejería regional de Hacienda. “Con estas rebajas fiscales liberamos a los contribuyentes de pagar por bienes que ya han sido gravados previamente, como una vivienda”, añaden. Martínez López, sin embargo, afirma que el ISD es un impuesto legítimo y necesario para la equidad. El experto sostiene que “no existe doble imposición, pues recae sobre sujetos pasivos diferentes”. “Tampoco se puede afirmar que su pago obligue a renunciar a herencias, ya que sabemos que no existe correlación entre la cuantía del tributo y las renuncias”, que suelen estar asociadas a las deudas.

Por eso, afirma el profesor universitario, si un impuesto no funciona bien y tiene carencias en su legitimidad social y problemas de liquidez en su pago, como es el caso de sucesiones y donaciones, “debe reformarse, no eliminarse”. Esto es algo, matiza, que también se extiende al Gobierno central con el impuesto de patrimonio y el de sociedades. Si el primero no funciona bien y el segundo no captura los beneficios extraordinarios, el error para Martínez López es inventarse nuevas figuras en vez de reformar las ya existentes, en referencia al impuesto sobre las grandes fortunas y a los gravámenes sobre banca y energéticas.

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La figura impositiva, ahora declarada ilegal, vio la luz cuando en el Ministerio de Hacienda se sentaba Cristóbal Montoro y estuvo vigente durante cinco años, entre 2013 y 2018. Por eso, desde el departamento que ahora dirige María Jesús Montero han señalado rápidamente al anterior Gobierno. “Es la enésima sentencia de un tribunal que anula una medida fiscal del Gobierno del PP”, explican fuentes del ministerio: “La mala gestión del PP tiene consecuencias que al final pagamos todos los españoles”, añaden.

Por ahora, Hacienda no cuantifica el impacto económico que tendrá la sentencia y las posibles devoluciones. Se está “analizando” y todavía “es pronto para saberlo”. Como aproximación, el impuesto especial recaudó durante el año que estuvo vigente un total de 6.531 millones de euros.

El fallo confirma la opinión que emitió el Abogado General en enero basándose en la misma argumentación. Tanto ese dictamen como la sentencia del TJUE llega tras unas cuestiones prejudiciales remitidas por el Tribunal Supremo después de que el grupo DISA, la compañía distribuidora de combustible controlada por la familia Carceller, recurriera una sentencia contraria a sus intereses en el Tribunal Económico-Administrativo Central y en la Audiencia Nacional en 2020.

El caso, no obstante, arranca antes, cuando tres empresas dedicadas a la logística de los combustible (CLH, TEPSA y SECICAR) que debían pagar el impuesto, presentaron ante la Agencia Tributaria liquidaciones del impuesto correspondientes a 2013 y 2015 en el que repercutían el impuesto sobre DISA, cliente suyo. El grupo de la familia Carceller se revolvió contra esas liquidaciones y solicitó a Hacienda que rechazara esas liquidaciones con el argumento de que el tipo autonómico, que había entrado en vigor en 2013, era contrario a la directiva europea.

La respuesta de Luxemburgo da la razón DISA: “La lista que contiene la Directiva con los casos en que pueden aplicarse tipos impositivos diferenciados es exhaustiva y, en ella, no se prevé la posibilidad de que un Estado miembro fije tipos del impuesto especial para un mismo producto y un mismo uso diferenciados según las regiones o los territorios de ese Estado miembro en los que se consuma ese producto”, argumentan los magistrados.

“Ninguna de las excepciones previstas por la Directiva autoriza expresamente a España a aplicar, para un mismo producto y un mismo uso, tipos del impuesto especial diferenciados según las comunidades autónomas en las que se consuman dichos productos. Este extremo no ha sido discutido por el Gobierno español, que tampoco niega que no ha obtenido una excepción específica para permitir a esas comunidades autónomas fijar tipos autonómicos diferenciados del impuesto”, siguen razonando los jueces, que por último añaden que establecer tipos diferenciados por regiones “podría perjudicar el buen funcionamiento del mercado interior, fragmentándolo [...] y comprometer la libre circulación de mercancías”.

Según Hacienda, el fallo pone de relieve que vuelve a repetirse “la mala praxis legislativa del PP”. E insisten en que el Constitucional ya anuló a comienzos de este año parte de la reforma que instauró Cristóbal Montoro en 2016 en el impuesto de sociedades. Se presupone que este fallo tendrá un coste milmillonario para el Estado en concepto de devoluciones, ya que el cambio legislativo endureció fuertemente las deducciones y exenciones previstas para las grandes empresas. “También el TC anuló en 2020 el tipo mínimo del pago fraccionado de sociedades aprobado también por Montoro”, insisten desde Hacienda. Y añaden que la justicia europea anuló parte del régimen sancionador del modelo 720 de bienes e inmuebles en el extranjero, mientras que el tribunal de garantías declaró inconstitucional la amnistía fiscal. Estos dos cambios también se produjeron con Montoro al frente de Hacienda.

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La mayoría de multinacionales españolas utiliza las filiales en estos territorios de baja fiscalidad para mejorar la eficiencia de su arquitectura tributaria, suelen tener poco personal porque no son centros productivos, pero mueven mucho dinero. Esto explica la elevada productividad de las filiales ubicadas en estas jurisdicciones.

Varios expertos consultados explican que tras este fenómeno se encuentra un proceso continuado de desviación de beneficios hacia las filiales situadas en los territorios con una fiscalidad más favorable hacia las empresas. Es por eso por lo que la tónica se repite a lo largo de los años. En 2019, antes de la irrupción de la pandemia, la productividad media por empleado —siempre en el caso de trabajadores de multinacionales españolas— llegó a superar los 2,3 millones de euros en Malta. En 2018, alcanzó los 6,1 millones en Luxemburgo cuando la media global se situaba en 325.000 euros.

El Informe país por país es una estadística basada en los datos complementarios que tienen que presentar los grandes grupos españoles con una facturación anual igual o superior a los 750 millones de euros en todo el mundo. La última actualización, relativa al año 2021, pone de relieve las consecuencias de la competencia fiscal entre jurisdicciones y “la necesidad de modificar las normas internacionales para que los beneficios tributen allí donde se generan, que es en lo que se está trabajando ahora en la OCDE”, recuerda Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado.

El procedimiento actual que siguen las multinacionales, explica el socio fiscal de una de las big four (las cuatro grandes consultoras del mundo, KPMG, PwC, EY y Deloitte), se nutre de “desviar beneficios y activos a las filiales situadas en estos territorios”. Es una práctica “totalmente legal”, recuerda el experto, que concentra beneficios en delegaciones que, en muchos casos, no tienen una actividad propiamente real. Dicho de otra forma, añade De la Torre, son filiales en las que hay muy pocos trabajadores. En 2021, mientras que la media de asalariados por delegación era de 181, Malta registró 13 empleados. Luxemburgo, tan solo siete. A partir de aquí, y dado que la productividad per cápita es el resultado de dividir los ingresos totales entre el número de asalariados, el indicador se dispara. “Como hay pocos empleados por filial, la ratio sale muy elevada. Esto indica que se desvían beneficios y pérdidas del resto del mundo”, apunta De la Torre. “Y no solo las multinacionales españolas. Es un fenómeno global”.

Las maniobras BEPS [desviar beneficios a territorios de baja tributación para pagar menos impuestos], tal y como recuerda Violeta Ruiz Almendral, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, llevan produciéndose desde hace años en territorios como Luxemburgo y Países Bajos, entre otros. Por eso, recuerda, los países de la OCDE están trabajando para implementar los pilares uno y dos con el objetivo de diluir, o al menos frenar, estas prácticas. El problema, añade, es que a veces es complicado certificar si estas diferencias en cuanto a la productividad por empleado obedecen únicamente a razones tributarias o si detrás también hay aspectos como el mayor desarrollo digital y tecnológico. No obstante, añade el consultor fiscal, las diferencias tan grandes entre las jurisdicciones de flexibilidad agresiva y el resto indican que la mayor parte de la explicación es fiscal.

En el último informe de la OCDE sobre impuestos corporativos, publicado a finales de 2023, el organismo confirmaba que la productividad por empleado tiende a ser más alta allá donde los tipos del impuesto de sociedades son más bajos y en aquellos países o regiones que son polos de inversión extranjera. Para la OCDE, estos cuatro países europeos (así como territorios como Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas o Islas Caimán, entre otros) cumplen todos estos requisitos.

El país por país, añade Ruiz Almendral, sirve principalmente para analizar tendencias a largo plazo, ya que la estadística afecta a muy pocas empresas y cualquier movimiento puede disparar o reducir las magnitudes. La productividad tan elevada en estos cuatro territorios lleva siendo una tónica desde hace años. No lo es tanto, sin embargo, la rentabilidad por empleado (la proporción entre los ingresos y el resultado antes de impuestos), que puede verse ampliada o reducida debido a diferentes causas. En 2021, la media global estuvo en el 9,3%, pero mientras que en Luxemburgo llegó al 49,7%, en Países Bajos fue del -8,7%. Otros años, en Países Bajos e Irlanda se disparaba, mientras que caía en Luxemburgo o Malta. Estas tasas negativas circunstanciales, sostiene De la Torre, se explican por la ingeniería fiscal y por las pérdidas que se imputan a determinadas filiales situadas en territorios de baja tributación.

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La entrada en vigor de la actual orden se produjo en septiembre de 2021, “en plena recuperación del sector turístico tras la pandemia de la covid-19″, explica Hacienda en un documento sometido ayer al trámite de la consulta pública. Desde entonces, “se han ido detectando algunas dificultades de aplicación en el sector concreto de los cruceros turísticos”. Estas se derivan de la propia idiosincrasia de este tipo de viajes, explican.

Los cruceros turísticos tienen unas características propias —por transportar a personas y en un contexto de ocio— diferentes a otros tipos de embarcaciones que transportan a personas o mercancías. Además, el número de pasajeros y tripulantes excede en buena medida a los embarcados en buques mercantes y en barcos de transporte marítimo. Por ello, apunta Hacienda, “se hace necesario establecer en la actual norma aquellos cambios o modificaciones que permitan una regulación más ágil y adaptada a la realidad de este sector, de creciente importancia en los puertos españoles”.

El texto, de hecho, se somete a consulta pública precisamente para sondear a los afectados y buscar alternativas, con el objetivo “de elevar la cantidad máxima de bebidas alcohólicas con que podrán ser avituallados, con exención del impuesto, los cruceros turísticos”. En el caso de las labores del tabaco, y “dado el elevado riesgo fiscal de este tipo de productos y las actuales políticas públicas de lucha contra el tabaquismo”, Hacienda ha decidido mantener los límites actuales.

La orden ministerial que entró en vigor el 4 de junio de 2021 establecía límites para el aprovisionamiento de alcohol en el transporte marítimo y aéreo, sin hacer distinciones por tamaño o por propósito del viaje. El objetivo era evitar el contrabando o la economía sumergida, ya que esas compras estaban exentas del pago de impuestos. Ningún avión o barco podía llevar en su interior más de un decilitro de bebidas derivadas (aguardientes, licores y bebidas espirituosas) por persona y día de trayecto previsto, dos decilitros de productos intermedios (vinos de Jerez o de Oporto, mistelas, vinos dulces o vermut) y un litro de cerveza o de vino. Un techo más que admisible, tal y como reconoce un directivo de una naviera extranjera, para un vuelo de dos horas para 200 personas o para un ferry de 400 personas, cuyo único objetivo es trasladar pasajeros de un destino a otro. Pero ese límite es inasumible para una compañía crucerista que embarca al mismo tiempo en un puerto español a 4.000 0 5.000 pasajeros, cuyo principal propósito es de ocio a lo largo de las 24 horas del día.

Estos límites obligaban a las cruceristas a volver a aprovisionarse de alcohol en los siguientes destinos donde atracaran tras partir de un puerto español, forzándoles a cambiar el modelo tradicional de la cadena de suministro. Ese directivo asegura que el sistema más frecuente utilizado por las grandes navieras es llenar las bodegas de los buques dos veces al año, coincidiendo con el inicio de la temporada alta o baja. Esas limitaciones en España provocaron que las grandes compañías optaran masivamente por aprovisionarse de alcohol en Italia, dónde no existían límites, lo que ha llevado a que los puertos italianos sumen el 80% de las provisiones de los cruceros que navegan todo el año por el Mediterráneo.

Esa pérdida de cuota frente a Italia en la provisión de bebidas alcohólicas también provocó la protesta de los fabricantes españoles (no solo los de alcohol, sino también los de alimentos), que llevaban ya varios años reclamando un papel más relevante en la creciente industria de los cruceros en España. Un informe elaborado por el Gabinete de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Barcelona a petición de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), Mercabarna y el Puerto de Barcelona, presentado a mediados del pasado mes de abril, incidía en esa idea. La principal conclusión del estudio establecía que las empresas agroalimentarias catalanas podrían llegar a multiplicar por más de 13 su facturación a las navieras de cruceros siempre y cuando se eliminaran esos límites, se mejorara la comunicación con los gigantes europeos como MSC Cruceros o Costa Cruceros y se incrementara el posicionamiento entre el tejido comercial para adaptarse a las condiciones particulares del suministro de cruceros. Si se cumplieran esas tres premisas, la cifra de negocio pasaría de 5,2 a 71 millones de euros al año y la cuota de mercado en Europa avanzaría del 1,1% al 14,5% del total.

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En el documento, titulado El gasto en Sanidad, Educación y Protección Social en las CC AA (2015-2022), el centro de estudios recalca que la administración autonómica ha sido la que mayores ajustes ha realizado en su saldo presupuestario entre los ejercicios 2015 y 2023. Sin embargo, esto no ha impedido que haya crecido notablemente el gasto público relacionado con todos estos servicios. En consecuencia, en 2022 se recuperaron con holgura los recortes iniciados con la Gran Recesión, tanto en el conjunto del país como en la mayor parte de sus regiones. Eso sí, recalca Fedea, todo ello habría sido imposible sin el apoyo de la Administración central y de los recursos extraordinarios aportados durante la pandemia y la consecuente crisis económica.

Tras la fotografía general, no obstante, hay que dar paso a los matices, ya que no todos los territorios tuvieron el mismo desempeño en el periodo analizado. De un lado, destacan los crecimientos de Baleares (un avance del gasto social del 23,7% entre 2011 y 2022), Canarias (19,3%) y País Vasco (15,7%). Del otro, resaltan Castilla y León (-0,4%) y Extremadura (-0,5%), pero sobre todo Asturias y Castilla-La Mancha, con variaciones negativas del 4,5% y del 10%, respectivamente. El centro de estudios recuerda, no obstante, que la manchega fue la comunidad que más había ajustado el gasto entre 2011 y 2014 —reduciéndolo cerca de un 25% en términos reales—, por lo que el ritmo de corrección es más lento.

También afloran diferencias notables, de más de 30 puntos, cuando se analiza el nivel de gasto por habitante ajustado. Es decir, la cantidad de desembolso público que recibe cada ciudadano para beneficiarse de los mismos servicios varía en cada territorio por decisiones políticas, que también dependen del nivel de recursos a disposición. En un índice en el que la base media está en 100, País Vasco y Navarra llegaron a los 125 y 124 puntos, respectivamente, mientras que en la cola se situaron Galicia (92 puntos), Baleares (93) y Madrid, Canarias y Andalucía (las tres con 94 puntos).

El crecimiento del gasto asociado al Estado del bienestar en todo este periodo se sustenta, entre otras palancas, en la mejora salarial de los trabajadores públicos y las nuevas contrataciones. Es decir, todos los aumentos del desembolso público destinados a cubrir estos servicios se han realizado principalmente a través de las partidas de remuneración de asalariados, de consumos intermedios y de transferencias sociales en especie, que de media han contribuido a su incremento un 47%, 22% y 17%, respectivamente. En el sector sanitario, el aumento salarial explicó también un 47% del incremento del gasto, pero en el educativo se disparó hasta el 71%. En protección social, sin embargo, contribuyó solo en un 11%.

Las menores subidas, en educación

Como es lógico, a lo largo de los últimos años todas las comunidades incrementaron su nivel gasto social para lograr corregir las brechas ocasionadas por la respuesta política que se dio a la crisis financiera. En términos reales y a nivel general, Canarias lo subió un 31,2%, seguida por Navarra (25,5%) y Comunidad Valenciana (21,3%). Las más rezagadas fueron Cantabria, Asturias y Extremadura, que se movieron entre el 6,3% y el 1,8%. De media, la tasa de variación total llegó al 14,8% entre 2015 y 2022.

De todas las partidas analizadas, la educativa es la que peor desempeño registró, con un avance medio de solo el 12,6% a lo largo del periodo. En este apartado destacaron a ambos lados del tablero Navarra (26,2%) y Castilla y León (4,4%). En sanidad, el repunte medio fue del 21,2%, con Cantabria a la cola (4,9%) y Canarias en cabeza (29,5%). En protección social destacó Baleares (92,1%) y perdió Asturias (-0,4%), dejando la media autonómica en el 32,5%.

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Montero señaló en el discurso que clausuró las jornadas organizadas por este diario que las bases del comercio internacional establecidas hace años están siendo cuestionadas actualmente debido al regreso de políticas proteccionistas, impulsadas por la irrupción de algunas economías emergentes que están sacudiendo el tablero mundial. Por estas razones, a las que se suman los bloqueos en las cadenas de valor globales que dificultan la llegada de productos e insumos, la ministra abogó por fortalecer las autonomías estratégicas, especialmente en los sectores de la energía, la agroalimentación, la fabricación de semiconductores y la defensa.

Y destacó que el Gobierno español ha hecho los deberes al “reorientar” la economía hacia una mayor diversificación y especialización basada en la innovación. “España no va a competir en costes laborales, porque no es nuestro modelo de sociedad”, insistió.

Durante su intervención, la titular de Hacienda puso en valor aquellas políticas desplegadas por el Ejecutivo que han permitido superar “algunos de los déficits crónicos que afectaban a la economía”, más todavía en momentos de convulsión como los vividos en los últimos años, espoleados por la pandemia y por la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.

Una de las herramientas para ello, ha proseguido Montero, ha sido el Plan de Recuperación financiado con los fondos europeos Next Generation. Hasta ahora, según la ministra, en España se han publicado convocatorias por valor de 62.400 millones de euros y se han resuelto más de 35.000 millones, de los cuales un 40% se ha destinado a pequeñas empresas y un 23% a grandes compañías.

En estos momentos, el Gobierno está implementando la segunda fase de este plan, la conocida como adenda, que ofrecerá una “red de seguridad a las empresas españolas, proporcionando mayor liquidez y manteniendo las inversiones más allá del año 2026 en condiciones claramente ventajosas”. “Los datos indican objetivamente que vamos en la dirección correcta y a la velocidad adecuada”, subrayó la ministra de Hacienda, asegurando que hoy en día la economía española es uno de los principales motores de crecimiento de la Unión Europea. Todo ello, añadió, en un contexto de control de las finanzas públicas que demuestra que se puede velar por el cumplimiento de los objetivos fiscales sin echar por tierra los pilares del Estado del bienestar.

Este éxito, según Montero, es un logro colectivo impulsado por el Gobierno, pero en el que también ha sido indispensable la participación de los agentes sociales y, fundamentalmente, de las empresas “que han entendido los vectores de transformación y están posicionándose a la vanguardia en cada uno de estos sectores”.

No obstante, aún queda “camino por recorrer” y la ministra aseguró que el Gobierno seguirá reindustrializando el país, aprovechando el liderazgo en energías renovables y conectividad digital, y mejorando la cualificación del capital humano. “España está en condiciones inmejorables para convertir esto en un factor diferenciador en Europa”, afirmó. “A pesar de la incertidumbre, el desempeño hasta ahora ha sido positivo y nos encamina en una senda que todavía tiene trecho por recorrer. Si todos aportamos, llegaremos antes y a un ritmo mayor que el de otros países”, añadió.

Contra el modelo de Milei

La vicepresidenta primera también profundizó en la crisis diplomática abierta entre Madrid y Buenos Aires tras los ataques del presidente argentino, Javier Milei, a Begoña Gómez, la pareja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En declaraciones a los medios previas a su discurso oficial, Montero criticó que Milei reitere sus descalificaciones al jefe del Ejecutivo. La ministra no se mostró sorprendida por el hecho de que el mandatario argentino no haya pedido audiencia con Sánchez en su visita a España. “Es coherente con su concepción del Gobierno de España”, apuntó.

El Gobierno de coalición y la figura de Sánchez, continuó, representan “el reconocimiento de derechos y libertades, que es lo que combate el señor Milei”. No hay que olvidar, reiteró Montero, que para el mandatario argentino la justicia social es “una falacia sin sentido” y un “concepto pasado de moda”. Es decir, esa justicia social “que se construye desde la aportación fiscal” la concibe como “un robo”. “Que cada ciudadano pague lo que le corresponde para sufragar la vivienda, la educación, la sanidad o la dependencia le parece un robo”, concluyó, evidenciando la fuerte brecha ideológica entre ambos ejecutivos.

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En un comunicado oficial, Telefónica ha mostrado su “total alineamiento” con el presidente de la CEOE y ha asegurado que “carece de sentido” el “ataque” a Sánchez y su esposa durante una visita a España. En la misma línea se han situado el BBVA y el Santander. Las dos entidades suscriben “totalmente” la línea de la patronal y recalcan que en el encuentro de Milei con las firmas españolas se habló exclusivamente de economía y proyectos empresariales, distanciándose así de cualquier polémica diplomática y política.

“Este tipo de lenguaje e insultos no contribuyen a la convivencia de nuestras sociedades y en ningún caso deberían formar parte de la dialéctica política entre dos países hermanos, con una larga historia de colaboración y defensa de la democracia”, añade en otra nota Abertis, la empresa de infraestructuras que también acudió al encuentro con el mandatario argentino. Naturgy, otra de las firmas presentes en la cita del fin de semana, ha sumado su apoyo a las declaraciones del líder de la patronal. Su presidente, Francisco Reynés, ha remarcado en el Foro CREO, organizado por Cinco Días, que “los respetos personales tienen que prevalecer por encima de cualquier opinión”. También Mapfre o Iberia han querido dejar constancia de su rechazo público a las declaraciones del mandatario argentino.

En sus declaraciones, Garamendi ha continuado sus críticas a las palabras de Milei asegurando que ese ataque —“en este caso a nuestro presidente y en España”, ha precisado— es muestra de que ha faltado lealtad institucional. “Independientemente de que te guste o te deje de gustar, el presidente del Gobierno es nuestro presidente del Gobierno. Las relaciones diplomáticas deben de ser de otra manera”, ha enfatizado el presidente de la patronal, quien lideró el sábado un encuentro entre una amplía delegación de máximos dirigentes de grandes empresas españolas con Milei. La foto de esa reunión ha recibido fuertes críticas durante el fin de semana desde distintos ámbitos políticos y sociales.

En el Foro CREO, el presidente Sánchez ha pedido explícitamente a las empresas que ayuden a contener el avance de la extrema derecha. Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha querido trasladarles un mensaje de tranquilidad ante el riesgo de que las relaciones comerciales entre España y Argentina se deterioren debido a la crisis diplomática. También ha asegurado que las empresas pueden contar con el Gobierno para seguir yendo de la mano tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. Pese a todo, Garamendi defiende tanto la celebración del encuentro como el hecho de que solo asistieran hombres, otro de los puntos controvertidos.

Preguntado por si los empresarios no temen que se interprete su actitud como respaldo a Milei, el presidente de la patronal ha respondido que en ese encuentro solo “se habló de economía”. También ha defendido estas reuniones que tienen habitualmente los dirigentes empresariales “con presidentes iberoamericanos que hacen escala en España”. Así, ha puesto como el ejemplo que el día anterior otra delegación similar se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. “Trabajamos con los Gobiernos democráticos que nos tocan; nadie ha ido a apoyar ni a no apoyar a nadie. No hay que buscarle más al asunto”, ha concluido. Esta misma línea es la que también han replicado las empresas que se han posicionado ante la polémica.

“Fue una reunión absolutamente económica y de interés, porque las empresas españolas han sufrido mucho en ese país en los dos últimos años y él [Milei] planteó qué se podía hacer para mejorar la situación”. Dicho esto, Garamendi ha apelado a que el Gobierno “haga lo que tenga que hacer” porque, según ha recordado, España, con 18.000 millones de euros invertidos en Argentina, es el primer inversor europeo de ese país y el segundo mayor del mundo.

Una foto sin mujeres

La imagen posterior al encuentro, en la que se veía a 17 hombres (Milei, el embajador argentino y 15 altos directivos), provocó críticas desde diferentes sectores políticos y sociales. Según ha explicado este lunes Garamendi, el encuentro del sábado fue organizado enteramente por el Gobierno argentino, que fue quien “de forma personal invitó a cada una de las empresas y no fue cosa de CEOE”. De ahí que haya justificado que en la fotografía de los asistentes al encuentro no hubiera mujeres. Cada compañía, ha explicado, “vio a quién tenía que mandar y es al cargo que toque”, que en este caso eran todos hombres. Es más, ha asegurado que todas las empresas representadas en el encuentro, como también la CEOE, “son modélicas y ejemplos de igualdad”. “No nos quedemos con una foto, sino con cómo se trabaja”.

A pesar del rechazo a los ataques a Gómez, Garamendi se ha resistido a reclamar al PP que se alinee con el Gobierno en la crisis diplomática que se ha abierto con Argentina. “En el debate entre partidos y dentro de España que cada uno haga lo que tenga que hacer, pero pedimos moderación y tranquilidad. En cada mitin oímos palabras gruesas que no ayudan a nadie. En la calle no se ven estas cosas, nos entendemos”, ha señalado Garamendi. Por ello, ha pedido “acuerdos de Estado entre los grandes partidos”.

“Extrema izquierda”

El líder de los empresarios españoles tampoco ha apostado por que las empresas españolas emulen a las alemanas, que se han posicionado conjuntamente en contra del avance de la extrema derecha ante las elecciones europeas. Ante la posibilidad de si se podría ver en España un pronunciamiento similar ha dicho: “No lo sé. La radicalidad no nos gusta, que quede claro, y la extrema radicalidad no nos gusta. Lo llevo diciendo cinco años. Nos gusta la moderación y siempre nos moveremos en esos espacios”.

Garamendi ha agregado que, cuando rechaza los extremismos, lo hace extensible a los de izquierdas. No ha querido contestar claramente a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha calificado este mismo lunes de “grave error” el encuentro de los empresarios con Milei, pero sí ha dicho que la líder de Sumar “está confundiendo por interés personal las cosas”. Ante esto, el presidente de la CEOE ha sido cuestionado sobre si estaba equiparando a la extrema derecha con la izquierda que representa Díaz: “No voy a contestar. Pero tampoco ayuda el buscar culpables en el mundo empresarial. Aunque estamos acostumbrados a que nos acusen de culpables cuando hay pronunciamientos radicales de otros lados”. La radicalidad, ha añadido, viene “de la extrema derecha y de la extrema izquierda”.

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“No se pueden estar bajando eternamente los impuestos, pero sí se puede ser más eficientes y eliminar el gasto superfluo”, defiende en una entrevista con EL PAÍS, en la que también reclama una reforma urgente del sistema de financiación, que ponga fin al agravio que sufre su territorio, y una condonación casi total de la deuda de la Región: “Somos la comunidad peor financiada”.

Pregunta. Murcia lleva bajando impuestos desde la pasada legislatura. ¿Qué resultados están viendo?

Respuesta. Está funcionando. Estamos creando más empresas diarias que la media nacional. Lo achacamos a los espacios de libertad económica, pero también a la moderación fiscal. No significa que no se paguen impuestos, significa que se paguen únicamente los justos y en función de la capacidad.

P. ¿La política fiscal es suficiente para atraer inversión?

R. También hace falta, al menos en la Región de Murcia, una financiación adecuada. Nos gustaría dar más incentivos, pero somos la comunidad peor financiada.

P. ¿Las comunidades deberían tener más autonomía fiscal?

R. Es un principio consagrado en la Constitución. Pero no significa que pueda haber barra libre e impuestos cero. Significa que, en un marco común, las comunidades deben tener cierto grado de autonomía para ser competitivas.

P. ¿Qué no haya barra libre significa que tiene que haber umbrales mínimos en ciertos impuestos?

R. El Estado del bienestar se sustenta con los impuestos. Tiene que haber criterios comunes, que no implica imponer una armonización fiscal como la que pretende el Gobierno de Sánchez. Queremos poder modular los impuestos cedidos con un Estado que vigile. No se pueden estar bajando eternamente los impuestos, pero sí se puede ser más eficientes y eliminar el gasto superfluo.

P. Sin embargo, varias autonomías rebajan patrimonio, sucesiones, donaciones…

R. El dinero tiene que circular para generar riqueza. Un contribuyente al que se le exime del impuesto de patrimonio dispone de mayor renta, que se traduce en más consumo e inversión. No se trata de bajar impuestos porque sí, se trata de bajar impuestos para estimular el consumo, que da lugar a mayor recaudación.

P. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) alerta de un elevado aumento del gasto en Murcia. ¿Es compatible con bajar impuestos?

R. No voy a aceptar que no nos dejen modular los impuestos y a la vez no se nos financie adecuadamente. Le he dicho reiteradamente a la ministra de Hacienda que me iguale a la financiación media y que, desde ahí, juzgue mi gestión. Esto es una carrera de 800 metros y nosotros salimos 20 metros por detrás por la mala financiación. Cuando eso se solucione, hablamos de eficiencia de gasto.

P. Un estudio que han encargado al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) dice que el 95,5% de la deuda de Murcia se debe a la infrafinanciación. ¿Cómo se suelta ese lastre?

R. Primero, una reforma del sistema de financiación. Con eso nos ponemos en primera línea de carrera. Pero también tenemos el problema de la deuda. Es una mochila que nos lastra y que tiene que condonarse.

P. ¿Toda?

R. Toda la que ha generado la ineficiencia del sistema. El IVIE dice que solo somos responsables del 4,5% de la deuda. El 95,5% restante lo tiene que condonar quien la genera, que es el Estado.

P. ¿Cómo reformaría el sistema?

R. Con voluntad política. Mientras, hay que articular medidas transitorias como el fondo de nivelación para las comunidades infrafinanciadas. Son 3.000 millones al año, es asumible.

P. La Airef estima que Murcia triplicará la tasa de déficit que ustedes prevén.

R. El 90% de nuestros ingresos vienen por el sistema de financiación, que nos perjudica, y entre educación, sanidad y política social tenemos el 84% del presupuesto comprometido. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cerramos hospitales, colegios y residencias? No, porque los ciudadanos de Murcia no merecen ese maltrato y porque la factura del independentismo no la van a pagar ellos. Vamos a incurrir en déficit porque no tenemos la financiación que merecemos.

P. ¿Están a favor de la propuesta de ERC de condonar parte de la deuda vinculada al ciclo económico?

R. No. Nos sentaremos a hablar cuando se trate la condonación de la deuda que genera al Estado. La ministra nos dijo que nos llamaría en febrero. Estamos a mayo y no tenemos noticias.

P. ¿Es posible una reforma del sistema en esta legislatura?

R. Si se tiene voluntad política, sí.

P. ¿Del Gobierno o también de la oposición?

R. Es el Gobierno el que tiene que dar el primer paso. El Congreso sanciona la norma, pero tiene que proponerla el Ejecutivo.

P. ¿Hay acuerdo entre las autonomías del PP?

R. Cada territorio tiene una singularidad. Un ejemplo es la insularidad o la dispersión demográfica. Pero con voluntad y generosidad, que existen en nuestras comunidades, es fácil el acuerdo. Es evidente que unas tenemos que ceder en aspectos que nos resultan más beneficiosos a cambio de que otras se vean menos perjudicadas.

P. ¿Cuáles serían los elementos más importantes para Murcia en una eventual reforma?

R. Nuestra postura no es de máximos, pese a que seamos el territorio más perjudicado. Tenemos generosidad para sentarnos a hablar y hacer las cesiones que podamos. Equidad y suficiencia son los dos principios básicos inamovibles. Por eso nos oponemos a la propuesta de independencia fiscal de Cataluña, porque se rompe el principio de igualdad y de equidad.

Los recursos del sistema son insuficientes, faltan 16.000 millones. Recibo 1.100 millones menos que la comunidad mejor financiada. Es un 18% de mi presupuesto. Por eso digo: ‘Señora ministra, si me iguala y sigo incurriendo en déficit, me inhabilita. Pero iguáleme’.

P. ¿De dónde se sacan más recursos?

R. De gestionar eficientemente. No se trata de gastar más, sino mejor.

P. El independentismo ha perdido peso en Cataluña. ¿Puede favorecer la reforma?

R. Creo que la va a dificultar. Las exigencias del señor Puigdemont pasan por la soberanía fiscal, que perjudica especialmente a las comunidades peor financiadas. Sería un error gravísimo, porque dejaría atrás a una parte de los ciudadanos de este país.

P. ¿La reforma debería incluir a las comunidades forales?

R. Sí. Por tener un régimen especial parten con ventaja. Pero está el problema del statu quo, que fija que las comunidades mejor financiadas no pueden volver atrás. No queremos quitarle un céntimo a nadie; queremos que a los murcianos nos den lo que nos corresponde. Llevamos dos años con una recaudación tributaria récord. Inyecte ese dinero extra al sistema.

P. Hacienda no ha actualizado las entregas a cuenta, al estar prorrogados los Presupuestos.

R. La excusa del ministerio es que no es posible porque no hay Presupuestos, pero se han actualizado varias veces con cuentas prorrogadas mediante real decreto.

P. ¿El debate fiscal se ha usado para enfangar el terreno?

R. La política fiscal se está usando como arma arrojadiza y no debería ser así. El impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, es un contrapeso a la supresión del impuesto de patrimonio que algunas comunidades llevamos a cabo. No es una medida necesaria, solo contraprograma.

P. Esa supresión también contraprograma un impuesto estatal.

R. Todos tenemos que contribuir a los ingresos y los impuestos son necesarios, pero se debe optimizar su gestión. Con más impuestos vamos a recaudar más, pero eso no significa que seamos más eficientes. No hace falta tener los impuestos muy altos para poder ofrecer servicios de calidad.

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El fondo transitorio, según cálculos que el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ya había elaborado, estaría dotado con 3.000 millones al año a repartir entre Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla la Mancha, los cuatro territorios que reciben una financiación por habitante ajustado inferior a la media. “También deberían abordarse algunas cuestiones en principio técnicas, pero que ayudarían a mejorar la equidad del sistema y permitirían ir sentando las bases para avanzar hacia la plena responsabilidad fiscal de las comunidades”, ha señalado el economista este jueves en el encuentro Financiación y Fiscalidad Autonómica: Problemática y posibles reformas, la cuarta sesión de un ciclo de encuentros sobre la economía española organizado por los dos organismos y moderada por el presidente del CGE, Valentín Pich.

En este sentido, De la Fuente ha hecho hincapié en la necesidad de revisar los tiempos en los que se materializa el impacto de las rebajas impositivas en las entregas a cuenta y en las retenciones, en este caso en materia de IRPF. Aunque este impuesto ha sido protagonista en los últimos dos años por las reducciones de tipos y las deflactaciones por parte de casi todos los Gobiernos regionales, estos no lo han notado todavía en sus cuentas. La razón es que la liquidación del sistema funciona con dos años de decalaje y, por ello, no recoge de inmediato las decisiones que los gobernantes asumen en materia fiscal. Cambiar este principio “es una forma de mejorar los mecanismos de rendición de cuentas”, ha defendido De la Fuente. “Las entregas a cuenta se podrían calcular de manera más afinada. Que cada trimestre, por ejemplo, se revise su cuantía”.

Si una comunidad autónoma sube o baja el IRPF, ha añadido el experto, los efectos deberían ser inmediatos y no tardar en hacerse palpables dos años, tanto a nivel de retenciones en las nóminas de los contribuyentes como en las cuentas de las comunidades. Modificar los plazos es “una forma de mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal”.

Los expertos también han sugerido mejorar el cálculo de la recaudación normativa de los tributos cedidos, como sucesiones y donaciones o transmisiones patrimoniales. El objetivo de este rediseño es que se mida correctamente cuál es el potencial recaudatorio de las comunidades para que estas aporten recursos a la hucha común en función de su capacidad fiscal teórica. Tras este planteamiento se encuentra el propósito de que las contribuciones territoriales al sistema de financiación nunca dependan de los ingresos reales —que pueden estar condicionados a la baja por diferentes rebajas—, sino de unos niveles reglamentarios que ahora los expertos piden actualizar.

José María Durán, de la Universidad de Barcelona, ha coincidido en que la autonomía tributaria de las comunidades debería de ser más “visible y perceptible” por sus ciudadanos. “Hay que diseñar muy bien los cambios para que supongan una mejora real de la responsabilidad de las comunidades sin menoscabo del sistema fiscal global”.

“Puesto que una reforma integral del sistema es una tarea compleja que exigirá muchos meses de negociaciones, sería deseable aprovechar el tiempo para ir introduciendo en el sistema algunos retoques”, ha insistido De la Fuente. Diego Martínez López, profesor de la Universidad Pablo Olavide e investigador de Fedea, ha recordado que los expertos en financiación ya han puesto sobre la mesa soluciones técnicas, y que hay un libro blanco de un comité que podría servir como hoja de ruta que lleva desde 2017 encerrado en un cajón. “Las decisiones que corresponde tomar ahora son de naturaleza política”, ha subrayado.

En cuanto a la condonación de la deuda, que ha saltado a la palestra tras el acuerdo de investidura entre ERC y el PSOE el pasado mes de noviembre, que prevé la quita de parte del pasivo causada por el ciclo económico a las 15 regiones de régimen común, los expertos consideran que, de hacerse, debería de ser parcial y estar ligada principalmente a la infrafinanciación. “Hace años ya defendía una condonación parcial, asimétrica y condicionada”, ha dicho Martínez López, indicando que de otra forma sería sumamente complicado que las comunidades con más deuda y peor financiación —en concreto, Murcia y Comunidad Valenciana—, puedan volver a financiarse en los mercados. De la Fuente ha sido el menos partidario de la medida. “Dada nuestra historia reciente, esto confirmaría aún más la percepción que ya tienen las comunidades de que pueden gastar más de lo que tienen porque al final se las terminará rescatando”. Una solución intermedia sería una asunción parcial de la deuda, pero siempre condicionada a que se vayan cumpliendo ciertos objetivos de consolidación fiscal.

Cupo catalán

Ambos organismos se han mostrado en contra de una financiación singular para Cataluña al estilo de un cupo vasco, una petición lanzada por Junts. Es más, han recalcado que los regímenes forales suponen una anomalía y que hay consenso en el mundo académico para que las haciendas de País Vasco y Navarra contribuyan en mayor medida al sistema. “En una economía moderna y un mundo globalizado no le veo sentido a fragmentar impuestos”, ha recalcado Durán.

De la misma forma, han rechazado un troceo de la Agencia Tributaria estatal para que Cataluña se dote de un organismo independiente que gestione todos los impuestos. Otra cosa sería un consorcio entre las autonomías y el Estado. “Las comunidades deberían tener más voz en la recaudación y gestión de los impuestos, pero la solución no es trocear la Agencia Tributaria estatal. Alemania lo ha hecho y no funciona bien”, ha subrayado De la Fuente. “Sería más caro y habría más fraude”.

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Estos 5.700 millones de ingresos perdidos suponen el 0,5% del PIB de las 15 autonomías de régimen común —País Vasco y Navarra quedan excluidas por tener sistemas propios—, lo que equivale al 4,8% de la cosecha tributaria. En términos más mundanos, implica un saldo recaudatorio negativo medio de 129 euros por habitante. En general, las comunidades gobernadas por el PP fueron las que más descuentos fiscales aprobaron, mientras que las capitaneadas por la izquierda mantuvieron o ampliaron los parámetros de la normativa estatal.

El comportamiento de los territorios fue de todo menos homogéneo, según se desprende del VI Informe sobre la Desigualdad en España 2024, presentado este martes por la Fundación Alternativas. De los 15 analizados, 10 registraron saldos negativos y los cinco restantes, un balance positivo. En los dos extremos se situaron Baleares, con un saldo favorable del 1,6% del PIB que equivale a 550 millones de más, y Madrid, con uno desfavorable del 2,4% que entraña una caída recaudatoria de 6.255 millones.

Para llegar a estas conclusiones, el documento utiliza los datos del Observatorio de Información Económico-Financiera de las comunidades autónomas, desarrollado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Esta herramienta, explica Rafael Granell, doctor en Economía, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia y coautor del capítulo tributario del informe, permite cuantificar en proporción al PIB cuál es el impacto de las rebajas y de los beneficios fiscales aprobados por las comunidades. A partir de ahí, las cantidades resultantes se dividen entre los habitantes, el PIB y los ingresos tributarios de cada región para poder ponerlos en perspectiva.

“Madrid es la comunidad que, con gran diferencia, más ha reducido sus impuestos, perdiendo 928 euros por habitante, el 2,39% de su PIB, o el 26,1% de sus ingresos tributarios”, detalla el informe, en el que también han colaborado la Fundación 1º de Mayo (CC OO), Oxfam Intermón y el Consejo Económico y Social de España (CES). “Además, estas rebajas fiscales se han centrado en la imposición sobre la riqueza, beneficiando especialmente a los ciudadanos con más recursos“, añade. Por el otro lado, destaca el caso de Baleares, “debido principalmente a las operaciones inmobiliarias gravadas por el ITP a unos tipos que van desde el 8% hasta el 13%”.

Todas las figuras que aparecen en estos dos ejemplos ilustran a la perfección cuál es la tónica predominante de las comunidades a la hora de modular los impuestos, haciendo uso de la autonomía tributaria de la que gozan. Así, suelen centrar el foco en tributos cedidos como patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En menor medida, también hay modificaciones en los que afectan a juego y a determinados medios de transporte.

Sobre estos tributos, las autonomías se reservan toda la recaudación y se encargan de su gestión, pero no tienen completa autonomía sobre su normativa. El Estado se encarga de establecer los principios básicos y el papel autonómico queda limitado a modificar aspectos importantes como el mínimo exento, las reducciones, los tipos de gravamen, las deducciones o las bonificaciones. Las mayores rebajas, prosigue Granell, se han centrado tradicionalmente en estas figuras, como ha sucedido en Madrid con patrimonio y con sucesiones y donaciones.

También han influido en la pérdida recaudatoria las deflactaciones impulsadas por algunos territorios en la parte autonómica del IRPF, un impuesto en cierta medida compartido. Y, de nuevo, hay diferencias marcadas: mientras que Madrid perdió un 6,6% de su recaudación potencial, Extremadura consiguió un 4,9% más de recursos por este impuesto.

En la ecuación, además, entran los impuestos propios, es decir, aquellos diseñados y aplicados por cada autonomía. Son figuras independientes para cada territorio, normalmente de carácter ambiental, aunque también se gravan otros hechos imponibles como el juego, las estancias turísticas o las bebidas azucaradas. Cataluña, que tuvo un saldo positivo total de 1.199 millones, es el territorio que más de estas figuras presenta. Madrid es la única que en 2022 —sucede lo mismo en 2024—no contaba con ninguna.

El informe, por todo ello, sugiere disminuir la autonomía tributaria con la que cuentan actualmente las regiones, a fin de asegurar “un sistema más igualitario que garantice unos recursos similares independientemente del lugar de residencia”. Para ello, insiste, es necesario establecer una tributación mínima en impuestos como patrimonio y sucesiones con el objetivo de poner fin a la carrera a la baja entre territorios. De momento, esta disparidad no parece reflejarse en el IRPF, ya que los incrementos y pérdidas de recaudación derivados de esta autonomía se mueven “en un margen razonable”.

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Para entender el distanciamiento progresivo que se produce entre estos dos conceptos —beneficio y base imponible— hay que remontarse primero a la crisis económica de 2008 y a la generación de una ingente cantidad de créditos fiscales. Estas pérdidas acumuladas actúan en la práctica como salvaguarda al permitir aminorar el pago de impuestos y siguen suponiendo una rémora para la recaudación societaria.

La serie histórica que actualiza anualmente la Agencia Tributaria da cuentas de la evolución de la brecha y del alcance del fenómeno. Entre 1995 y 2008, los beneficios y la base imponible de las empresas avanzaban casi a la par, de forma que cerca del 90% de los ingresos iban a parar a la base sobre la que se tributa. Esto cambió radicalmente tras la gran recesión, cuando la proporción entre ambos conceptos se hundió por debajo del 60%. El suelo llegó en 2019, con un 38% que se fue recuperando paulatinamente hasta el 58,8% de 2023. Pese a esta corrección, avanzan los expertos consultados, el lastre de los créditos fiscales hace imposible volver a los porcentajes de los años de vacas gordas. El impuesto de sociedades está condenado a ver escapar sine die buena parte de su potencial recaudatorio.

El funcionamiento del crédito fiscal, tal y como detalla Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado, es simple. Las empresas generaron miles de millones en pérdidas y las consignaron en sus cuentas. Hoy, esas bases imponibles negativas siguen latentes y pueden compensarse en cada ejercicio fiscal en función de las necesidades societarias, con el objetivo principal de limitar o aminorar la cantidad final sobre la que se debe tributar. Dicho de otro modo: las compañías pueden detraer las pérdidas pasadas de los beneficios de años posteriores, en una práctica que “supone una erosión brutal de la base imponible consolidada”, añade el inspector y autor del libro Y esto, ¿quién lo paga? (Debate).

Esta situación, explica Violeta Ruiz Almendral, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, supone la principal divergencia del impuesto de sociedades y no tiene visos de corregirse en el medio y largo plazo. Las pérdidas acumuladas que todavía se arrastran aminoran la base imponible “sin remedio” y “agrandan la brecha” entre los beneficios y la base imponible. “Hay que tener en cuenta que estos conceptos representan dos maneras diferentes de mirar la misma realidad en tanto que las empresas tienen esa capacidad de ajuste, por lo que cualquier parecido entre el resultado contable y el fiscal será siempre pura coincidencia”.

Esta académica formó parte del grupo de expertos que redactó a principios de 2022 el Libro Blanco para la reforma fiscal, un documento encargado por el Ministerio de Hacienda que descansa desde entonces en los cajones de la sede del departamento que dirige María Jesús Montero. Ruiz Almendral recuerda que ella y sus colegas lograron cuantificar el volumen acumulado de créditos fiscales vivos actualmente, una cifra tan desorbitada que, en un primer vistazo, pensaron que se trataba de una errata. La cantidad supera los 575.000 millones de euros, más de medio billón que equivale a casi una tercera parte del actual PIB de España. “Si el 100% de las bases imponibles negativas se compensaran, no tendríamos impuesto de sociedades en cerca de 20 años”, resume la experta.

No obstante, parte de ese crédito teórico ha ido borrándose según han ido desapareciendo las empresas que en aquellos años registraron mayores pérdidas y que no lograron sobrevivir. Sin embargo, recalca Ruiz Almendral, esa base imponible negativa se presupone todavía demasiado elevada. “El agujero es ingente”, subraya De la Torre. Por todo ello, los expertos ven casi imposible poder llegar a los niveles recaudatorios de los años previos a 2008. En 2023, con unos beneficios de casi 300.000 millones, los ingresos del impuesto de sociedades llegaron a los 35.000 millones. Es la cifra más elevada de los últimos ejercicios, pero sigue lejos de los casi 45.000 millones cosechados en 2007 con un resultado contable mucho menor, de 218.000 millones.

Rentas exentas y tipo efectivo

Las bases imponibles negativas a compensar suponen el gran agujero del impuesto de sociedades español, pero no el único. Otro de gran calado —que también contribuye a esta divergencia entre los beneficios y la base imponible— es la exención fiscal de las rentas obtenidas por las empresas en el exterior. Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), explica que el resultado contable de las empresas se depura con ajustes inevitables como los créditos fiscales, “pero también con otros como los dividendos y plusvalías generados en el exterior, que están exentos para evitar la doble imposición”.

También apunta a este factor Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas y presidente del comité de expertos para la reforma fiscal. “A pesar de los problemas actuales de orden geopolítico, la globalización es una constante mantenida a lo largo de los últimos años y cada vez más empresas colocan sus productos en otros países, en los que pagan sus impuestos, que procuran descontar a la hora de declarar y pagar el impuesto de sociedades”. Es decir, “si a los créditos fiscales se le suma el régimen beneficioso para la internacionalización de las empresas, hay poco que rascar en el impuesto de sociedades”, esgrime Ruiz Almendral.

La erosión de las bases imponibles condiciona de lleno el debate sobre los tipos efectivos, es decir, el gravamen que realmente afrontan las compañías sobre sus beneficios. El sector empresarial suele recordar que paga un tipo cercano al 23%, pero este porcentaje afecta a la base imponible consolidada, y no al resultado neto real. De hecho, según la Agencia Tributaria, si el gravamen se calcula únicamente sobre el resultado contable positivo, cae en picado hasta el 12%.

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La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, explicó ayer en una jornada organizada por Funcas que la retirada progresiva de las medidas anticrisis —implantadas en los últimos años para contrarrestar los efectos de la inflación y la crisis energética— supondrá una reducción del déficit de unas siete décimas de PIB. En paralelo, la evolución subyacente del resto de gastos e ingresos supondría una disminución del desvío presupuestario de más de una décima que, sin embargo, quedará anulada por el incremento de los gastos no recurrentes vinculados a las sentencias judiciales antes mencionadas, principalmente la que afecta al impuesto de sociedades.

El problema, abundó Desiderio Romero, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y economista sénior de Funcas, es que este fallo judicial tiene aparejado un elevado grado de incertidumbre, con un impacto en las devoluciones que se estima en varios miles de millones de euros y que puede oscilar entre un nivel relativamente asumible para Hacienda y un volumen que, por desmesurado, podría hacer peligrar los objetivos fiscales. Varios expertos hablan de una cifra de reembolsos cercana a los 4.000 millones de euros, si bien otros la elevan hasta el entorno de los 10.000 millones. Sea como sea, un agujero importante para los objetivos fiscales.

La nota positiva para Hacienda, resalta la Airef en un informe publicado en abril, es que las devoluciones extraordinarias previstas en virtud del fallo del Constitucional “se compensarán parcialmente con ingresos extraordinarios procedentes de otra sentencia por fraude, resultando en su conjunto inferiores a las devoluciones por sentencias y créditos fiscales exigibles pagadas en el año previo”. La Autoridad Fiscal no ofrece datos de la sentencia en cuestión, pero fuentes tributarias señalan a la filial en España de la cementera Cemex, la cual tendrá que pagar al Estado 455 millones de euros por una sanción.

En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación que la empresa interpuso para librarse de la multa impuesta por la Agencia Tributaria por cometer irregularidades fiscales durante los ejercicios 2006 y 2009, dirigidas a rebajar el pago de impuestos. Cemex habría inflado artificialmente sus pérdidas a través de una red de operaciones simuladas con el objetivo de conseguir créditos fiscales con los que rebajar el pago de impuestos. Tras varios años de litigio, el Supremo confirmó la multa, que compensará parcialmente la devolución por sociedades.

Los ingresos derivados de la sanción a la cementera, sin embargo, no bastarán para corregir el desvío asociado a las transferencias no recurrentes. La Airef, de hecho, espera un aumento del gasto “en otras transferencias de capital” por el impacto derivado del fallo de sentencias desfavorables a los intereses del Estado. En 2023 el impacto de este tipo de gastos fue menor que otros años, de forma que las transferencias de capital redujeron su peso en el PIB en tres décimas principalmente por este motivo. No obstante, “para 2024 ya han recaído varias sentencias que supondrán un incremento del gasto por transferencias de capital de al menos dos décimas de PIB”.

Afianzar los ingresos

En enero, al tumbar la reforma en sociedades de Montoro, el Constitucional acotó las devoluciones a que las empresas afectadas tuvieran abierto un proceso contra la Agencia Tributaria y, en paralelo, dejó sin efectos unas modificaciones que mermarían la recaudación actual del impuesto. El argumento del tribunal de garantías para vetar la modificación en el impuesto se apoya en el instrumento utilizado para impulsar la reforma: el real decreto-ley. Para el Constitucional, la reforma tendría que haberse producido por trámite parlamentario.

Por todo ello, el PSOE ha registrado una enmienda que ahora prevé aprobar en las Cortes para afianzar los preceptos anulados y así consolidar los ingresos del impuesto: “Resulta esencial paliar la pérdida recaudatoria derivada de la expulsión del ordenamiento jurídico de las referidas normas”, justifican los socialistas en su propuesta de modificación.

La enmienda, entre otros, propone la incorporación de una disposición adicional a la ley del impuesto con el objetivo de restablecer el límite a la compensación de bases imponibles negativas para aquellas empresas con más de 20 millones de euros de facturación. Además, contempla un nuevo límite en la aplicación de deducciones por doble imposición internacional o interna, con la finalidad de evitar que los créditos fiscales anulen la cuota diferencial a ingresar en períodos impositivos con base imponible positiva.

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Para entender todo este procedimiento es preciso ver primero cuál ha sido el comportamiento de los pagos fraccionados que tienen que abonar las compañías, una suerte de adelantos que deben desembolsar con regularidad en previsión de sus ingresos a futuro. Más tarde, cuando llega la liquidación definitiva del tributo y toca ajustar números, ese dinero ya está en manos de Hacienda, que deberá devolver la parte correspondiente a las sociedades en caso de que hayan aportado más de lo que finalmente debían. Estos pagos fraccionados también llegaron en 2023 a un nivel récord: 34.079 millones de euros, una subida anual del 15% que se produce al calor del repunte de los buenos resultados empresariales. Y ahí está la clave de todo el proceso.

Los pagos fraccionados de las grandes empresas, explica Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado, se realizan en función de la previsión del resultado contable, es decir, del beneficio. Las organizaciones pagan una cantidad determinada y una parte de ella termina saliendo a devolver porque está exenta. “Hay dos factores que explican este hecho”, prosigue De la Torre. Por un lado, una proporción de los beneficios no tributa porque se corresponde con ganancias y dividendos del exterior, que están prácticamente libres de pagar para evitar la doble imposición. Por el otro, las compañías utilizan los créditos fiscales que tienen disponibles para compensarse por las bases imponibles negativas, que no tributan. “Gracias a estas dos fórmulas, las empresas consiguen hacer más pequeñas sus bases imponibles y obtienen mayores devoluciones”, añade.

“Si se devuelve mucho es porque ha habido un mayor volumen de pagos fraccionados”, resume Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Las grandes empresas tienen un mínimo a abonar en función del resultado contable y no en función de la base imponible. Además, “en esos pagos fraccionados no se tiene en cuenta la reserva de capitalización, un incentivo fiscal que luego pueden aplicarse para reducir su factura fiscal”.

Por regla general, el pago a cuenta del impuesto de sociedades se produce a lo largo del año, fraccionándolo en tres cuotas a través de los modelos correspondientes que habilita la Agencia Tributaria. Esa presentación tiene que darse en los primeros veinte días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre. Más adelante, una vez que el dinero está en manos de Hacienda, se hacen cuentas y las cifras se ajustan para tener la fotografía del año completo, que siempre corresponden al anterior, tal y como recuerda De la Torre.

Es decir, todas estas cuantías que recoge la estadística de la Agencia Tributaria son las del año previo. En 2020, por ejemplo, los beneficios empresariales cayeron a causa de la pandemia y de la crisis económica. Por eso, las devoluciones de 2021 se hundieron un 25% en comparación con las del año previo, que estaban referenciadas a los resultados del año 2019. En 2021, las empresas volvieron a ganar dinero y registraron un pago fraccionado más elevado, por lo que los reembolsos del año 2022 volvieron a subir. Lo mismo sucedió con las devoluciones de 2023.

Para el año 2024, añade De la Torre, “es de esperar un récord de devoluciones basado en el repunte de los beneficios empresariales que se registró en el ejercicio anterior″, que en muchos casos llegó a niveles récord. A ello se le sumarán, prosigue, los reembolsos asociados a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró contraria a la ley buena parte de la reforma en el impuesto de sociedades que llevó a cabo en 2016 el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pese a que las consecuencias del fallo aún son inciertas, los expertos calculan que los reintegros a los que se enfrenta Hacienda alcanzarán varios miles de millones de euros.

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Un análisis más detallado muestra que las rentas totales de los consejeros, en máximos históricos en 2023, crecieron a mayor velocidad en el último año que el volumen total de salarios públicos (5,6%) y salarios privados (8,3%). Entre estos últimos, los altos ejecutivos superaron tanto a los sueldos de las grandes empresas (9,6%) como de las pymes (6,6%). También estuvieron por encima de las pensiones públicas (9,4%), de los ingresos brutos de profesionales (4,1%) y de las prestaciones por desempleo (3,2%). Ni que decir cabe del conjunto de autónomos (-0,9%) o de las pensiones privadas (-1,1%).

Las cifras de la agencia dan cuenta de la sólida evolución que han registrado las rentas que reciben aquellos que se sientan en los máximos órganos de dirección de las compañías. De hecho, si se echa la vista hacia los años previos a las sucesivas crisis ocasionadas por la pandemia y la escalada de los precios, estos perfiles se erigen como el colectivo con más aumentos porcentuales. Entre 2019 y 2023, las rentas salariales brutas crecieron un 22% y las pensiones, casi un 24%. Sin embargo, en el mismo periodo las retribuciones de los altos directivos lo hicieron un 39%, la mayor tasa de todas.

Los datos muestran el volumen total de rentas que recibe cada perfil de contribuyente y, también, los ingresos medios de cada uno de ellos a excepción de los consejeros. Es decir, se sabe que los asalariados percibieron 28.903 euros brutos de media y que los pensionistas llegaron a los 18.503 euros, con sendos aumentos anuales del 5% y 7,9% que se explican por el aumento del empleo, por las revalorizaciones salariales y por la actualización de las pensiones con la inflación. Sin embargo, por cuestiones metodológicas no se conoce a cuánto ascendió la remuneración media de los altos ejecutivos. Con todo, explican fuentes tributarias, es de suponer que los pagos per cápita a los consejeros se hayan disparado en un año marcado por el repunte de los beneficios empresariales en las grandes empresas del Ibex, que en muchas ocasiones han llegado a récord.

A partir de aquí, como es lógico debido al diseño progresivo del IRPF, los consejeros son los que más impuestos pagaron sobre su renta al alcanzar en 2023 un tipo efectivo de retención del 33,64%. Este se encuentra a gran distancia del 16,79% que soportaron los salarios y del 9,64% de las pensiones. Sin embargo, los tipos medios de gravamen recogidos en la estadística son los que se aplican únicamente sobre los rendimientos del trabajo, por lo que otro tipo de ingresos ligados a las retribuciones variables y en especie o los bonus quedan fuera de la base de datos. Esto hace pensar, prosiguen las mismas fuentes, que gran parte de los rendimientos obtenidos por los mayores directivos se gravan a tipos sustancialmente menores.

Todos estos números llevan a que organizaciones como Oxfam Intermón denuncien que las remuneraciones en España mejoran mucho para unos pocos mientras se van ensanchando las diferencias respecto de la mayoría de los trabajadores. En su último informe sobre desigualdad, publicado en el mes de enero con motivo de la celebración del Foro de Davos, la ONG denunciaba que el sueldo medio de los miembros del consejo de dirección de las grandes empresas aumentó un 19% entre 2021 y 2022 y un 45% desde 2020. En paralelo, el salario medio subió un 8% en 2022 y apenas un 9% desde 2020.

De manera más concreta, el 70% de las 50 mayores empresas del país retribuía a su primer ejecutivo por encima del millón de euros —Iberdrola y Banco Santander pagaron más de 10 millones a su máximo responsable— y, en promedio, el primer ejecutivo ganaba 91 veces el sueldo medio de sus plantillas. “Es realmente difícil de justificar que en promedio una persona trabajadora tardaría 91 años en ganar lo que el primer ejecutivo percibe en un solo año”, recalcaba Oxfam. En la misma línea, otros datos presentados esta semana por la organización no gubernamental señalan que el pago de dividendos creció 3,5 veces más que los salarios en España desde 2020 a 2023.

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Entre ambos conceptos, por lo tanto, el Ministerio de Hacienda confía en un crecimiento aproximado de 36.000 millones que se explica en gran medida por el aumento de la imposición directa, esencialmente la vinculada al IRPF y al impuesto de sociedades. En esta tendencia también influyen, no obstante, la paulatina retirada de las ayudas para hacer frente a la inflación y los efectos del tirón del empleo, claves tanto en el impuesto sobre la renta como en las cotizaciones sociales. Entre otros, estos mimbres permitirían aumentar los ingresos hasta el 42,9% del PIB, rebajar los gastos hasta el 45,4% y cerrar el año con un déficit público del 2,5%, medio punto mejor de lo que se espera conseguir en 2024.

Las cifras dadas a conocer por el departamento que dirige la también vicepresidenta primera, María Jesús Montero, reflejan en concreto un aumento de los ingresos tributarios de casi medio punto de PIB —del 25% al 25,4%—que descansa esencialmente en los impuestos directos. El peso de este grupo, en el que se encuentran los gravámenes a la renta y a las empresas, pasará del 13,1% al 13,5% del PIB entre un ejercicio y otro. En cifras absolutas, supone que la imposición directa avance desde los 202.000 millones que se prevén ingresar este año a los 218.000 millones, un aumento aproximado de 16.000 millones que representa el 65% de toda la subida fiscal.

Por su parte, los indirectos —principalmente IVA y especiales— tendrán un peso del 11,6% de la riqueza nacional tanto en 2024 como en 2025, incrementándose desde los 179.000 millones a los casi 188.000 millones, un avance de 8.500 millones que se diluye al referenciarse con el PIB debido a la previsión de crecimiento económico, que una vez sumada la inflación alcanzará en euros aumentos que rondan el 5% anual.

En el texto enviado a Bruselas, Hacienda señala que el incremento de la recaudación tributaria “consolida la tendencia observada en los últimos años”, en los que se han registrado cifras récord. También afirma que esta buena marcha de los impuestos es el factor principal que permite que aumente el peso de los ingresos públicos sobre el PIB. Y añade una serie de razones que explican la tendencia, la cual podría haber sido incluso mayor si no fuera por las rebajas fiscales puestas en marcha para abaratar la energía o los alimentos.

El Gobierno detalla que los ingresos “se verán impulsados positivamente por el efecto de medidas tributarias adoptadas en el pasado”, cuyos efectos se han prolongado varios años. Como ejemplos, menciona los dos gravámenes extraordinarios sobre las empresas energéticas y sobre las entidades financieras y de crédito, que la coalición estudia convertir en permanentes. También destaca la subida de tipos en la base del ahorro del IRPF, aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, “pero que será ingresada en la declaración en este año” y en los venideros. Por su parte, se espera que la recaudación en sociedades registre “un crecimiento dinámico sobre la base de la buena marcha de los beneficios empresariales y, sobre todo, por el efecto de las menores devoluciones”.

En esta evolución no puede obviarse el efecto de la retirada progresiva de las rebajas fiscales en la producción e importación de energía y, en consecuencia, el aumento del gasto en consumo final. Hay que tener en cuenta, señala Hacienda, que estas previsiones se calculan en un escenario inercial que contempla la retirada progresiva de medidas impositivas adoptadas en los últimos años, por lo que se presuponen mayores ingresos por el IVA energético y también por el de los alimentos, cuya rebaja ha restado 400 millones a las arcas públicas solo en el primer trimestre de 2024. Hacienda también incluye otras razones añadidas como el crecimiento de la recaudación del impuesto de la renta de los no residentes o los efectos positivos que traen las medidas contra el fraude fiscal.

Todos los números detallados en el plan —que parte de un escenario inercial que podría cambiar—, así como los razonamientos argumentados por el Gobierno para llegar a ellos, dan a entender que el Ejecutivo no impulsará cambios de calado en el ámbito tributario, dando por culminada, al menos en el corto plazo, la reforma fiscal que demanda Bruselas. Tampoco parece que vaya a haber ajustes en impuestos como el IRPF para adecuarlo a la inflación, lo que también podría explicar parte del aumento en la recaudación que prevé Hacienda.

Esta misma semana, el Banco de España aseguró en su informe anual que en los próximos años, si no se produjesen cambios normativos en el IRPF, el efecto de la progresividad en frío continuará teniendo un impacto significativo en los ingresos. En particular, el supervisor estima que si la ley del impuesto no se ajusta a la inflación y las rentas de los hogares aumentan según lo estimado, la recaudación del tributo podría alcanzar el 9% del PIB en 2025 —un 29% mayor que en 2019—. En cambio, con una actualización con el IPC, la ratio de gravamen sobre PIB se situaría en un 8,6%, cercana a su valor en 2023. Desde el Gobierno, sin embargo, han rechazado hasta la fecha llevar a cabo estos ajustes, argumentando que prefieren decantarse por rebajas fiscales focalizadas en rentas bajas. En el primer trimestre de 2024, la rebaja fiscal a contribuyentes de bajos ingresos restó a Hacienda 550 millones en ingresos.

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En esta publicación, Estadística pregunta a los encuestados por una serie de cuestiones como el grado de satisfacción con la vivienda, el esfuerzo económico al que se enfrentan para costearla o las condiciones climáticas del inmueble. En el apartado que analiza otros problemas añadidos, el del ruido de la calle o producido por los vecinos destacó en 2023 como el principal en todos los niveles de ingresos, “siendo todos los porcentajes superiores a los registrados en la encuesta de 2012″, la última en tratar el tema en cuestión.

Las molestias por el ruido son comunes en todos los niveles de renta. Sin embargo, como sucede con el resto de problemas que resaltan los encuestados, las quejas son mayores a medida que bajan los ingresos declarados por el hogar. Así, mientras que el primer quintil (el 20% más pobre de la población) sufre bullicio en el 25,6% de los casos, el último (el 20% más rico) lo hace únicamente en el 20,7%. Los quintiles intermedios rondan una proporción del 24,5%.

Los otros inconvenientes que recoge la encuesta también aumentan con carácter general entre 2012 y 2023. La falta de luz natural pasa, de media, del 4,4% al 8,6% de los hogares; la contaminación y otros problemas derivados avanzan desde el 7,8% al 10,7%; y el vandalismo aumenta del 10% al 13,8%. De igual manera, si al principio del periodo el 74,8% de los hogares declaraba no tener ninguno de estos problemas, ahora la cifra cae al 62,1%. En todos los casos, las familias con mayores niveles de renta se encuentran en mejor situación que las más pobres.

Los datos de la ECV, publicados ayer, sacan a relucir otras derivadas. Por ejemplo, de media el 83,5% de los hogares del país se mostró relativamente satisfecho o muy satisfecho con la vivienda en la que residían, un dato que empeora en casi cinco puntos porcentuales respecto a 2012 y que también está fuertemente condicionado por los niveles de ingresos. Hay otro dato que evidencia el vínculo entre el poder adquisitivo y la renta: los pobres habitan las casas más pequeñas y los ricos, las más grandes.

Más frío en invierno, más calor en verano

En la primera edición de la ECV del año 2023, publicada en febrero, el INE recogió que uno de cada cinco hogares (el 20,7%) no pudo mantener su casa a una temperatura adecuada durante el conjunto del ejercicio, el peor dato de la serie histórica. En el módulo especializado en vivienda se profundiza en este asunto y queda constancia de que la problemática es incluso mayor.

La crisis energética provocada por la escalada de la inflación y el encarecimiento del gas y la electricidad llevó a que el año pasado el 27,5% de los hogares encuestados reconociesen no tener una temperatura suficientemente cálida durante los meses fríos, casi 10 puntos porcentuales más que el dato registrado en 2012. En este apartado, la brecha entre ricos y pobres se agranda aún más: si el 15% de los hogares del último quintil estaban en esta situación, la cifra escalaba al 38,9% en el colectivo más pobre. Lo mismo sucedió en verano: el 41,3% de las familias con menos ingresos no pudo disfrutar de “una temperatura suficientemente fresca”, porcentaje que cae al 33,6% en la media nacional y al 24,8% en el 20% más acaudalado.

Esta carencia material severa, considerada así por el propio INE, tiene más derivadas además del nivel de renta. Una de ellas está íntimamente vinculada al régimen de tenencia de la vivienda, registrando siempre peores datos en el caso de los inquilinos: si los propietarios tienen frío en invierno y calor en verano en el 24,6% y 31,3% de los casos, respectivamente, los arrendatarios lo hacen en el 40% y 45%, respectivamente.

Pese a todo ello, algo llamativo en un contexto de encarecimiento de alquileres y de aumento de tipos en las hipotecas es que la sobrecarga económica que supone la vivienda ha perdido peso entre los dos años analizados, aunque de nuevo impacta más en los hogares de menor renta. De media, en 2023, los gastos totales de la casa supusieron “una carga pesada” para el 36,2% de los encuestados, cuando la sensación llegaba en 2012, en plena crisis inmobiliaria, al 54,9%. Este indicador, explica el INE, está asociado únicamente a la percepción de los ciudadanos y no se basa en datos de esfuerzo económico real.

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Según el Janus Henderson Global Dividend Index, que cubre y analiza las 1.200 compañías más grandes del mundo, los dividendos van este 2024 camino de superar el récord histórico de 1,66 billones de dólares (1,54 billones de euros al cambio actual) registrado el año pasado. Este índice señala que estas grandes multinacionales distribuyen el 90% de los dividendos a nivel global, por lo que su desempeño permite tomar el pulso de la tendencia de todo el planeta. A partir de aquí, la investigación de Oxfam revela que, tras ajustar los datos a la inflación, los dividendos a nivel global en 31 países aumentaron un 45% entre 2020 y 2023, mientras que los salarios solo lo hicieron un 3%. Si se excluye a China de la ecuación, los salarios reales en estos países incluso mostraron una caída del 3%.

En España, el escenario parece ser igualmente desalentador. Durante el mismo período, y teniendo en cuenta el impacto de la escalada de los precios, los dividendos crecieron un 35%, mientras que los salarios apenas aumentaron un 0,5% en términos reales. En contraste, el sueldo medio de los altos directivos de las 50 mayores empresas del país experimentó un incremento del 25% entre 2020 y 2022, siempre ajustado a la inflación.

Para elaborar estos cálculos a nivel estatal, explican desde Oxfam, se ha utilizado el coste total por trabajador mensual a partir de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del INE, y se ha estimado a partir de ella el valor de los sueldos y salarios considerando el peso promedio de esta partida entre 2008 y 2022.

Según el índice de Janus Henderson, desde una perspectiva geográfica, Estados Unidos y la Unión Europea lideraron el reparto de dividendos. Europa, excluyendo a Reino Unido, contribuyó con dos quintas partes al crecimiento global al aumentar los pagos un 10,4%, hasta los 300.000 millones de dólares. En Estados Unidos, por su parte, la tasa repuntó un 5,1%, mientras que Japón perdió protagonismo por la debilidad del yen.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala Miguel Alba, responsable de sector privado y desigualdad de Oxfam Intermón, ha advertido que la desigualdad de ingresos está aumentando. “Los beneficios empresariales y los dividendos pagados a los accionistas ricos están por las nubes, mientras que los salarios continúan estancados”, recalca. Según Alba, este desequilibrio conduce a millones de personas a un ciclo de esfuerzo y dedicación que no les permite siquiera cubrir necesidades básicas como alimentación y medicinas.

El análisis de Oxfam, basado también en datos de la Coalición Global del Salario Digno (GLWC), muestra que solo dos de los 37 países analizados ofrecen un salario mínimo por encima del salario digno estimado necesario para cubrir necesidades básicas. En Bangladesh, por ejemplo, este salario mínimo apenas representa el 6% de lo que se consideraría una remuneración digna.

Estos resultados son una llamada de atención sobre el aumento de la pobreza laboral. Casi una de cada cinco personas trabajadoras en el mundo gana menos de 3,65 dólares al día en términos de paridad de poder adquisitivo, un umbral considerado de pobreza. En los países de renta baja, el 66% de las personas trabajadoras percibe salarios bajo esta línea de pobreza.

“Ninguna empresa debe dar dinero a los accionistas ricos si no paga un salario digno a todos sus trabajadores y trabajadoras”, concluye Alba. La recomendación de la organización sin ánimo de lucro es clara: los gobiernos deben limitar las retribuciones a los accionistas, apoyar a los sindicatos y legislar en favor de salarios dignos, premiando el trabajo en lugar de la acumulación de riqueza.

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Según recalca la Agencia Tributaria, responsable de publicar los datos este lunes, la “robustez de la creación de empleo” y las subidas de salarios, pensiones y tipos efectivos explican gran parte de la mejora. A ello se le suma el “impulso” que dan los intereses de cuentas bancarias y el significativo aumento de los dividendos. “Ambos conceptos explican alrededor de cinco puntos del aumento de la recaudación”, añade.

En concreto, los ingresos por retenciones del trabajo y actividades económicas, que son el principal componente del IRPF, crecieron en marzo un 10,4% para completar el trimestre con un aumento del 7,9%. Por su parte, las retenciones por rendimientos del capital mobiliario subieron en marzo un 74% y acumularon un incremento en el trimestre del 38,3%. Tras el fenómeno están el fuerte aumento de las retenciones sobre intereses de cuentas bancarias y el buen momento que viven los dividendos empresariales, “aunque hasta marzo no se hayan pagado los más importantes”. También muestran avances muy elevados las retenciones por ganancias patrimoniales en fondos de inversión (76% en marzo, 47,6% en el año). Todo esto llevó a que el impuesto sobre la renta cosechase unos números de más de 32.000 millones de euros en el primer trimestre.

El resto del crecimiento total procede de la mejora de los ingresos brutos por el IVA, desde este mes aupados por la subida de tipos en la energía, que pasaron del 5% al 10% —hasta mayo no se verá en la recaudación el reciente incremento hasta el 21%—. También influye el aumento de los ingresos por impuestos especiales, aunque aproximadamente la mitad del mismo se debe a medidas normativas como la subida del tipo en el impuesto sobre la electricidad y el impacto estadístico del impuesto sobre plásticos no reutilizables, que comenzó a recaudarse en febrero de 2023. Ambas figuras ingresaron 26.600 y 4.880 millones, respectivamente.

Pese a la recuperación paulatina de los tipos impositivos en varios de los gravámenes que afectan a la energía, la Agencia Tributaria recuerda que las medidas puestas en marcha por el Gobierno para combatir la crisis inflacionista siguen restando ingresos a las arcas públicas. En concreto, en el primer trimestre de 2024 destacan 550 millones de pérdida de recaudación por el descuento en el IRPF a las rentas bajas y otros 440 millones por la rebaja del IVA en los alimentos básicos.

El impuesto de sociedades, la tercera gran figura impositiva tras el IRPF y el IVA, sigue sin ser relevante a estas alturas del año para evaluar la situación económica. Solo el mes que viene, con la presentación del primer pago a cuenta, se podrá hacer una valoración en ese sentido, recuerda la agencia. Hasta marzo, como es habitual en estas fechas, la recaudación es negativa por la realización de las devoluciones de la última campaña, sin contar apenas con ingresos.

Déficit

El déficit de las Administraciones públicas, excluyendo del cálculo a las corporaciones locales, se situó en 12.031 millones de euros a cierre de febrero, lo que representa un 0,78% del PIB y un aumento del 17,6% en comparación con el mismo período del año anterior. Según la información publicada por el Ministerio de Hacienda, si se considera la ayuda financiera, el porcentaje respecto al PIB se mantiene estable y la cifra total varía mínimamente, alcanzando los 12.035 millones de euros.

Tras estas cifras están, entre otros factores, el incremento del gasto público, que subió un 6,5% aupado por las partidas de intereses de la deuda, que crecieron un 25,2% o la remuneración de los funcionarios, que lo hicieron un 5,7%.

En términos de subsectores, la Administración central acumula la mayor parte del agujero fiscal, con 8.445 millones de euros, reflejando un crecimiento del 3,2% en el último año, equivalente al 0,55% del PIB. Dentro de este subsector, el Estado presentó un desequilibrio de 9.309 millones de euros, con una reducción del 0,7%, mientras que los organismos de la Administración central registraron un superávit de 864 millones, un 27,3% menos que el año anterior. La evolución hasta marzo muestra que el déficit del Estado continúa la senda descendente iniciada en 2021 y que se ha mantenido en 2022 y 2023 como consecuencia de la mejora de la actividad económica y del empleo”, explica Hacienda en una nota.

El déficit de las comunidades autónomas, por su parte, ascendió a 3.646 millones de euros, lo que supone el 0,24% del PIB. Este indicador se ha triplicado en un año debido al incremento de gastos, mientras que los ingresos se mantuvieron estables. Los ingresos fiscales aumentaron un 2,6%, destacando los de renta y patrimonio, que crecieron un 3,4%. Por su parte, es llamativo el aumento del 6,5% en la remuneración de asalariados.

Los fondos de la Seguridad Social mostraron un resultado positivo de 56 millones de euros, en contraste con el déficit de 782 millones del mismo periodo del año anterior. Los ingresos aumentaron un 10,1%, superando el crecimiento de los gastos por 2,7 puntos.

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Todo este dinero ha servido para que el Estado se haga, hasta la fecha, con un 6,169% del accionariado de la teleoperadora, aunque para llegar a esta cifra también se han ejecutado operaciones durante el mes de abril que todavía no están recogidas en el detalle proporcionado por el ministerio.

En el capítulo 8 del último informe de la IGAE, referente a los activos financieros, el departamento que dirige María Jesús Montero explica que esta partida ha aumentado en el primer trimestre del ejercicio “fundamentalmente” por “la aportación patrimonial a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por 500.000 miles de euros”. Aunque el ministerio no especifica que el movimiento está dirigido para financiar la operación de entrada en el accionariado de Telefónica, la cifra concuerda con el volumen necesario que requería la operación.

En concreto, la SEPI comunicó la semana pasada a la SEC (el supervisor de Estados Unidos) que para alcanzar su participación actual del 6,169% habría destinado 1.397 millones de euros para la compra de un total de 354 millones de acciones. El objetivo mandatado por el Consejo de Ministros a mediados del mes de diciembre era alcanzar el 10% del accionariado, una operación valorada en más de 2.000 millones de euros.

De alcanzar dicho porcentaje, la SEPI se consolidaría como primer accionista de Telefónica, por delante de Saudi Telecom Company (STC), controlada por el fondo soberano de Arabia Saudí, que en septiembre pasado anunció la compra de un 9,9% del capital; un 4,9% de manera directa y un 5% a través de derivados. Para sobrepasar el 5%, STC necesita la aprobación del Gobierno, dado el carácter estratégico de la operadora, en ámbitos como la defensa y la seguridad nacional.

Dentro de la oleada de movimientos en el capital de teleco, los mayores cambios en el accionariado de las últimas décadas, CriteriaCaixa comunicó que había elevado su participación en Telefónica desde el 2,69% al 5,007%. Esta presencia está al margen de la controlada por CaixaBank que, a lo largo de los últimos años, ha ido reduciendo la participación en la teleco, en la medida en que Criteria la iba incrementando.

Con la citada participación alcanzada, por encima del 6%, la SEPI prácticamente ya tiene derecho a nombrar un representante en el consejo de administración de Telefónica. En abril, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmó que el Gobierno pedirá un asiento en el consejo de la compañía.

De hecho, la SEPI ha insistido en distintas ocasiones que su vocación es de permanencia en el capital de la teleco. “La participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas”, destacó el organismo.

Lo cierto es que estos cambios han consagrado el retorno del Estado al capital de Telefónica, desde la privatización llevada a cabo en 1997, con la presidencia de Juan Villalonga, durante el primer Gobierno de José María Aznar. Hasta entonces, el Estado contaba con sus propios representantes en el consejo de administración de la operadora, a los que se unía la figura del delegado del Gobierno en Telefónica.

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Si en 2021 los contribuyentes se descontaron un total de 1.863 millones de euros, un ejercicio después la cifra ascendió hasta los 2.131 millones, un sólido aumento de más del 14% tras varios años consecutivos con descensos cercanos al 10%. Este es, tal y como certifican las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria —publicadas este jueves— la primera alza que se registra desde el punto y final del régimen especial por inversión en primera vivienda.

A partir del año 2013, en uno de los planes de ajuste del expresidente Mariano Rajoy, el Gobierno suprimió para los nuevos préstamos hipotecarios la deducción por compra de vivienda habitual, uno de los beneficios fiscales con más peso hasta el momento para los particulares. Entonces, los descuentos anuales superaban los 3.000 millones de euros en conjunto, un volumen que fue bajando paulatinamente de forma continuada ejercicio tras ejercicio. La tendencia era lógica, ya que el número de ciudadanos que tenían derecho a esta ventaja iba reduciéndose poco a poco —a medida que iban cumpliendo con el pago del préstamo hipotecario— en un contexto de inflación controlada y de tipos estables.

Esto terminó en 2022, un ejercicio en el que los tipos de interés escalaron hasta cerrar en el 2,5% debido al endurecimiento de la política política monetaria, llevado a cabo por el Banco Central Europeo (BCE) para intentar controlar la crisis inflacionista. El reflejo de eso en el alza del euríbor impactó sobre las hipotecas mixtas y variables. De hecho, llevó a que un préstamo medio, sujeto a tipos variables, se encareciese incluso en más de 220 euros mensuales, con un sobrecoste que supondría un sobrecoste superior a los 2.700 euros en un año. Estas subidas en las cuotas, como es lógico, impactaron de lleno en las deducciones previstas.

La rebaja cerró el grifo en 2013 para los nuevos préstamos. Sin embargo, aquellos propietarios que habían rubricado el crédito en los ejercicios previos pudieron (y pueden) seguir deduciéndose tanto el capital como los gastos vinculados a los seguros asociados a la propia hipoteca hasta que esta se salde. En concreto, podían desgravarse el 15% de lo aportado (incluido capital e intereses) en el año fiscal, hasta un máximo de 9.040 euros anuales. Así, Hacienda devolvía hasta 1.356 euros, o el doble (el 15% de 18.080 euros) en el caso de que el préstamo estuviese a nombre de dos titulares que realizan la declaración de la renta de forma individual.

Los sucesivos Gobiernos que se formaron en España a partir de 2013 han incluido con carácter puntual en sus Presupuestos Generales del Estado el coste fiscal de esta medida. En las últimas cuentas públicas, del año 2023, el impacto de la deducción rondaba los 850 millones de euros, con efectos positivos para casi tres millones de familias. No obstante, lo normal ha sido que en los Presupuestos esta estimación haya ido reduciéndose con el tiempo. Y es que, como detalla el famoso libro amarillo que resume las cuentas públicas, la caída del impacto estimado del beneficio fiscal se explica “por razones obvias y en consonancia con la tendencia de su paulatino descenso desde 2013, año a partir del cual solo se mantiene en dicho régimen transitorio”.

Si en 2010 la resaca de la burbuja inmobiliaria propició que unos siete millones de contribuyentes disfrutaran de esta facilidad fiscal, con un impacto de 5.000 millones para las arcas, hoy son menos de la mitad. Aunque la crisis inflacionista y el viraje radical en la política monetaria para contrarrestarla han hecho que, inesperadamente, el coste de esta medida para las arcas públicas haya aumentado en los últimos tiempos.

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En su análisis, la OCDE toma como referencia a un trabajador medio, soltero y sin hijos. A partir de aquí, concluye que la pérdida de ingresos tras el pago del impuesto sobre la renta “se debe a varios factores”. Es decir, puede darse porque los salarios caen y la tasa impositiva no lo hace en la misma proporción; porque el gravamen aumenta o permanece sin cambios, mientras que el salario real antes de impuestos disminuye; o porque el tipo medio crece más que el salario real antes de impuestos.

En el caso de España, concluye el informe, ha sucedido la tercera de las opciones: “el tipo medio crece más que el salario real antes de impuestos”. De entrada, los salarios reales previos a las obligaciones tributarias han mejorado en 2023, ya que las remuneraciones totales avanzaron de media un 5,1%, mientras que la inflación se situó en el 3,5%. Es decir, los niveles salariales antes de impuestos aumentaron un 1,5%. ¿Qué sucede entonces? Que la tasa impositiva media a la que los trabajadores tienen que hacer frente creció un 2,4%, un volumen superior al de la mejora de los ingresos. Es algo que también sucede en otros países.

Para explicar las causas que se esconden tras estos números, la OCDE señala a la “ausencia de una indexación automática de los sistemas tributarios en muchos países”. Cuando este ajuste —conocido también como deflactación— no se produce, “la alta inflación tiende a aumentar las obligaciones tributarias de los trabajadores al empujarlos a tramos impositivos más altos y erosiona el valor de las desgravaciones tributarias y los beneficios en efectivo que reciben”.

La tónica española es la más común entre los territorios analizados. Es decir, detalla la OCDE, “mientras que el salario promedio aumentó en 37 países entre 2022 y 2023 en términos nominales, disminuyó solo en 18 de los 38 países en términos reales” debido a la inflación. Mientras tanto, los ingresos de un trabajador soltero que gana el salario medio se redujeron en 21 países en términos reales tras hacer frente a las obligaciones tributarias. Es el segundo año consecutivo en el que este fenómeno se da en la mayor parte de los territorios analizados, ya que lo mismo ocurrió en 2022 en 33 regiones.

Impuestos y cotizaciones

La falta de una indexación de los tributos sobre la renta a la escalada de los precios, sumada a la elevada inflación que todavía persistió en 2023, hizo que las tasas efectivas de impuestos sobre los ingresos laborales aumentaran en el conjunto de la OCDE hasta el 34,8%. “Debido a que los sistemas fiscales en muchos países no se ajustaron completamente a la inflación, la cuña fiscal promedio aumentó en la mayor parte de ellos, impulsada en la mayoría de los casos por impuestos sobre la renta más altos”, apunta la organización. España, de nuevo, se situó en ese grupo.

En concreto, un trabajador español dedicó durante el pasado ejercicio el 40,2% de su salario total al pago de impuestos, seis décimas más que en 2022. De esta cantidad, un 12% fue a parar al IRPF y otro 4,9% se destinó al pago de las cotizaciones. La parte restante, un 23,3%, correspondió a las cotizaciones sociales que van a cargo del empleador, y que crecieron en tres décimas —uno de los mayores aumentos que se registran en todos los territorios—debido principalmente a la reforma de las pensiones y al Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

Es decir, del aumento total de 0,62 puntos en la carga fiscal sobre los salarios en España —el cuarto país que más crece tras Australia, Luxemburgo y Nueva Zelanda—, la mitad (0,3) correspondió al aumento de las contribuciones sociales por parte del empleador. Otras 27 décimas estuvieron vinculadas al IRPF y los últimos 0,06 puntos se debieron a las contribuciones sociales que paga el trabajador.

España, en función de los conceptos analizados, se acerca o se aleja de la media del organismo. En el IRPF se asimila al nivel de la OCDE, donde un 13% del salario medio se destina a este impuesto. Aunque algo más lejos, también hay cierta sintonía en lo que se refiere a las cotizaciones a cargo del trabajador, ya que en los 38 países analizados estas suponen en torno a un 8% del sueldo. No sucede lo mismo con las contribuciones sociales a cargo de la empresa, que en la OCDE rondan únicamente el 13%, casi 10 puntos porcentuales menos. Es decir, España fue el sexto país con mayor peso de la contribución de las compañías, solo por detrás del 26,6% de Francia, el 25,3% de Estonia y República Checa, el 24% de Italia y el 23,9% de Suecia.

En términos generales, con su 40,2%, España fue el decimocuarto país con “una cuña fiscal total más elevada”. Sin embargo, como sucede con la presión fiscal, todavía sigue lejos de socios como Bélgica (52,7%), Alemania (47,9%), Austria (47,2%), Francia (46,8%) e Italia (45,1%).

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La caída que registra el tipo medio de un ejercicio a otro es notable, de más de 10 puntos porcentuales. En 2020, según muestran los datos de la agencia, el gravamen efectivo se situó en un anómalo 24,7% debido principalmente a los estragos causados por la crisis sanitaria y económica del coronavirus en los resultados empresariales y en sus beneficios. En años anteriores, marcados por la normalidad, el tipo siempre estuvo algo por encima del último registrado, pero en niveles relativamente cercanos. En 2019 fue del 16,7%, en 2018 ascendió al 18,3% y en 2017 llegó al 17% sobre los beneficios. Es decir, 2021 supone un regreso a las tasas habituales.

La estadística de 2021, en efecto, refleja un sólido aumento de los ingresos y de los beneficios empresariales. Las 123 multinacionales —con casi 13.700 filiales repartidas por todo el mundo— obligadas a declarar la información registraron en conjunto una cifra de negocio de 902.724 millones de euros, un aumento del 19% respecto a 2020. Por su parte, las ganancias escalaron de los 50.471 millones a los 98.342 millones de euros, un fuerte repunte del 95%. Sin embargo, el pago en sociedades llegó a los 14.168 millones, tan solo un 13% más que en un año antes. En consecuencia, como la cuota abonada aumenta menos que los beneficios, el tipo medio se hundió de un ejercicio a otro.

Todas estas cifras, sin embargo, aluden al conjunto de obligados tributarios. Es decir, si se analizan los números en detalle, el tipo medio soportado por algunas multinacionales llega a ser muchísimo más bajo. En concreto, 57 grandes empresas (el 46% del total) tributaron por debajo del umbral del 15%. Y de ellas, 26 registraron un tipo efectivo incluso inferior al 5%, con una media del 2,91%. Ese subgrupo alcanzó unos ingresos de 245.981 millones de euros y un beneficio posterior de 25.494 millones. En cambio, abonó a Hacienda únicamente 743 millones de euros.

Otras 16 multinacionales obtuvieron 12.554 millones en beneficios y pagaron en sociedades 944 millones de euros, dando como resultado un tipo efectivo del 7,52%. También registraron un gravamen inferior al 15% otros 15 grandes grupos, con un tipo efectivo del 13,69% tras pagar 3.379 millones de euros después de haber obtenido unas ganancias de 24.681 millones. En total, las multinacionales que pagan por debajo del umbral del 15% obtienen el 64% de todos los beneficios analizados, pero soportan solo el 35% de la cuota del impuesto de sociedades. Las otras 66 grandes multinacionales analizadas tributaron a tipos medios que oscilaron entre el 17,11% y el 28,83%.

Todos los datos se extraen de la sexta edición del análisis que elabora la Agencia Tributaria a partir de la información suministrada por las grandes empresas a través del modelo 231 de declaración de información país por país. Este obliga a que las multinacionales españolas con una facturación superior a los 750 millones de euros en todo el mundo tengan que presentar los datos complementarios sobre su actividad y las de sus filiales. En concreto, deben dar cuentas de su número de filiales, cifra de negocio, sus trabajadores, los beneficios que han obtenido antes de impuestos y la cantidad que pagan en cada uno de los territorios.

Los resultados de 2021, explica la Agencia Tributaria, evidencian la recuperación económica vivida tras la pandemia, ya que, con un número menor de multinacionales de matriz española, las ventas, el resultado contable antes de impuestos, los tributos pagados y devengados y los activos tangibles “arrojan cifras superiores a las del año 2020 y similares a las del año 2019″. Es importante destacar, no obstante, que en este informe el resultado se declara como saldo entre beneficios y pérdidas por jurisdicción. Por esta razón, los tipos efectivos “siempre se sobreestiman, pero el sesgo es aún mayor cuanto mayores sean las pérdidas registradas”, sin que pueda depurarse esta distorsión propia de la declaración informativa por la ausencia de desglose entre beneficios brutos y pérdidas por jurisdicción.

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Propiedad

A grandes rasgos, todos los contribuyentes, tanto si poseen el inmueble donde residen habitualmente como si tienen una segunda residencia, deben declarar por este tipo de bien. Quedan exentos únicamente los casos en los que el ciudadano sea nudo propietario, es decir, cuando no puede disfrutar del inmueble porque en él está el usufructuario, o los dueños de solares no edificados. Pero más allá de estos casos anecdóticos, la vivienda debe incluirse en la declaración a modo informativo, aunque sea residencia habitual y no genere ingresos.

Las deducciones por compra de vivienda fueron eliminadas en 2013 en uno de los planes de ajuste del expresidente Mariano Rajoy. Es decir, únicamente las transacciones firmadas anteriormente pueden disfrutar de esta bonificación. Como las rubricadas desde entonces carecen de esta ventaja fiscal, cada vez son menos los contribuyentes que pueden beneficiarse de esta ayuda.

Los propietarios que necesitaron una hipoteca para poder hacer frente a la compra pueden deducir tanto el capital del préstamo como los gastos vinculados a los seguros asociados a la propia hipoteca, como el de vida. En concreto, pueden desgravarse el 15% de lo aportado (incluido capital e intereses) en el año fiscal, hasta un máximo de 9.040 euros anuales. Así, Hacienda devuelve hasta 1.356 euros, o el doble (el 15% de 18.080 euros) en el caso de que el préstamo esté a nombre de dos titulares que realicen la declaración de forma individual.

A nivel regional, no obstante, muchas comunidades prevén deducciones en el tramo autonómico del IRPF para la compra de la primera vivienda. Este beneficio fiscal suele estar centrado en jóvenes o en contribuyentes que adquieran el inmueble en zonas rurales o en riesgo de despoblación. La Agencia Tributaria recoge en su página web todas estas rebajas.

Arrendadores

Los caseros que obtienen rendimientos por el alquiler de una vivienda deben incluir en la declaración todos estos ingresos. Las rentas percibidas se consideran en el IPRF rendimientos del capital inmobiliario y forman parte de la base imponible general. Para calcular el importe sujeto a tributación se pueden deducir todos los gastos previstos, como el IBI, el pago de la comunidad de vecinos, los suministros y los gastos de reparación abonados por el casero, entre otros. Es sobre la cantidad resultante sobre la que se aplica posteriormente la reducción del 60% prevista en la normativa del año 2023, que bajará al 50% con carácter general tras la entrada en vigor de la ley de vivienda. De nuevo, la Agencia Tributaria detalla qué partidas son deducibles.

En el IRPF solo tienen derecho a la desgravación los contratos habituales de alquiler de vivienda. Esto significa que los alquileres de temporada, los arrendamientos por habitaciones y los pisos turísticos no pueden beneficiarse de estas bonificaciones.

Inquilinos

Únicamente los inquilinos que firmaron su contrato de arrendamiento antes del 1 de enero de 2015 pueden beneficiarse de la deducción fiscal estatal. En estos casos, la rebaja estatal es del 10,5% sobre el importe pagado por concepto de alquiler, con un límite máximo de 9.040 euros anuales.

Para aquellos contratos rubricados a partir de 2015, que son la mayoría, la deducción por alquiler varía según la comunidad autónoma en la que se encuentre el inmueble, dado que ya no existe un descuento estatal uniforme para estos casos. Esto hace que la normativa difiera entre una región y otra, por lo que es recomendable consultar las deducciones previstas en cada territorio.

Rehabilitación

En el marco del Plan de Recuperación, que canaliza los fondos europeos, España desarrolló una iniciativa para rehabilitar el parque residencial. Así, la reforma de una vivienda que implique una mejora de la eficiencia energética tiene derecho a deducción en el IRPF de hasta el 60%. Hay varios tipos de descuentos, los cuales dejarán de estar disponibles este año, es decir, en la campaña de la renta de 2025.

Por obras en la vivienda habitual que rebajen un 7% la demanda de calefacción y refrigeración, algo que puede lograrse instalando ventanas de altas prestaciones, se opta a una deducción del 20%, con un máximo de 5.000 euros por vivienda al año. La deducción se podrá realizar en el período impositivo en el que se expida el certificado energético.

A continuación, las intervenciones que reduzcan el consumo de energía no renovable de la vivienda un 30% o mejoren la calificación energética a A o B podrán beneficiarse de una deducción del 40%, con un máximo de 7.500 euros al año. Como en el caso anterior, vuelve a ser necesario un certificado energético que valide la intervención.

En el último gran supuesto se llega a una deducción del 60% y un máximo de 15.000 euros por actuaciones de rehabilitación energética en edificios residenciales donde caiga el consumo el 30% o se alcance la certificación A o B. En este caso, el momento de deducirse es en los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024, en relación con las cantidades satisfechas en cada uno de ellos, siempre que se hubiera expedido el certificado antes del 1 de enero de 2025.

Cabe recordar que las deducciones son incompatibles entre sí cuando afectan a la misma obra. Es decir, únicamente pueden ir de la mano la deducción del 60% por las cantidades invertidas en la rehabilitación de edificios con las deducciones del 20% o del 40% por actuaciones en la vivienda particular, siempre considerando que se trata de actividades diferentes. Además, no se puede aplicar la deducción por la parte de la obra que se realice en plazas de garaje, trasteros, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos, ni en la parte de la vivienda que esté afecta a una actividad económica.

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En el sistema jurídico español, por norma general, el recurso de casación no permite una revisión de los hechos probados por instancias inferiores. Es decir, se centra más en la interpretación del Derecho y en la fundamentación del fallo. Sin embargo, detalla López, la admisión por parte del Tribunal Supremo de la doble instancia en este contexto implica que, bajo ciertas circunstancias, puede haber una revisión de los hechos ya juzgados, tal y como dictaminó en junio de 2020 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la conocida doctrina Saquetti.

El caso concreto parte de una persona física que había sido acusada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de emitir facturas falsas bajo el régimen de módulos, además de pagar en efectivo a sus socios. Todo ello, “a partir de presunciones, sin aportar ninguna prueba”, alegó la defensa. A partir de aquí, la inspección emitió liquidaciones y sanciones que superaban el millón de euros, a la vez que abría un procedimiento penal sobre el emisor de las facturas falsas, “basado en las mismas presunciones que la liquidación”. Es importante señalar, recalca López, que ambos procedimientos no estuvieron conectados en ningún momento.

El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el cual estimó solo parcialmente los recursos presentados por la defensa, manteniendo lo más importante de las liquidaciones y de las sanciones. Más tarde, sin embargo, el Juzgado de lo Penal absolvió al implicado y certificó “con rotundidad” que las presunciones de la Agencia Tributaria eran falsas.

El contribuyente recurrió ante el Supremo con el objetivo de revocar la sentencia del tribunal gallego y anular la sanción de Hacienda. El alto tribunal ya había admitido a trámite varios recursos de otros casos sobre la doble instancia en el ámbito fiscal, teniendo en cuenta, sobre todo, la naturaleza de la infracción y el grado de afectación en el contribuyente. Ahora, en una sentencia del pasado 5 de abril y a la que ha tenido acceso este periódico, es la primera vez que se pronuncia al respecto.

En este sentido, los magistrados de la Sala Contencioso-Administrativo aceptaron estudiar este asunto y entrar en el fondo de la cuestión siguiendo la jurisprudencia de Estrasburgo, en el conocido como caso Saquetti Iglesias, que obligó al Estado español a tener una doble instancia. Esta sentencia abrió la puerta para que, bajo ciertas condiciones, se pudieran revisar hechos en el recurso de casación, lo que anteriormente no estaba permitido.

En el caso estudiado, el tribunal tiene en cuenta que el juzgado de lo penal que analizó el mismo asunto terminó absolviendo al contribuyente inspeccionado por la AEAT y concluyó que no hubo facturas falsas ni irregularidades, en contra de lo afirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Así las cosas, el alto tribunal adoptó la postura del orden penal y, en aplicación de la doctrina Saquetti, revisó y estimó el recurso del implicado, lo que significó la nulidad de las sanciones impuestas.

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El director de Fedea, Ángel de la Fuente, explica que los datos brutos oficiales del déficit de los últimos años son “bastante engañosos”. La IGAE, por un lado, habla de una corrección de apenas dos décimas, desde el 1,12% del PIB de 2022 al 0,91% de 2023, por encima del objetivo del 0,3%. Sin embargo, prosigue De la Fuente, “este desequilibrio persistente está inflado por el efecto distorsionador de las transferencias extraordinarias del Estado durante la pandemia”. La eliminación de estas transferencias, junto con la peculiar mecánica del sistema de financiación autonómica, que calcula las entregas a cuenta con anterioridad y realiza las liquidaciones dos años después, contribuyen a la percepción inflada del déficit.

En 2022 y 2023, detalla el informe, el déficit autonómico repunta con fuerza, pero en buena parte por el impacto de factores atípicos, entre los que destacan la mecánica de las liquidaciones y el sesgo a la baja en el cálculo de las entregas a cuenta causado por la sorpresa inflacionaria generada por la guerra en Ucrania y la fuerte escalada de los precios. Es decir, corrigiendo estos imprevistos, el déficit presupuestario autonómico se habría mantenido aproximadamente constante en 2022 y 2023 en torno al 0,65% del PIB, “claramente por encima del objetivo pese a la rápida recuperación del PIB en estos ejercicios, pero significativamente por debajo del déficit observado”.

Es decir, a pesar de la recuperación económica, el déficit depurado —ajustado por flujos financieros atípicos y posibles errores de previsión— se sitúa alrededor de los dos tercios de punto de PIB en 2022 y 2023, un nivel significativamente por debajo de los valores observados pero aún muy elevado respecto a los objetivos de déficit establecidos para las comunidades autónomas. El mayor riesgo, apunta el think tank, se encuentra en su carácter “persistente”.

Fedea subraya que la persistencia de un déficit elevado y la dificultad de los ingresos y gastos subyacentes para volver a sus niveles prepandémicos sugieren que las métricas actuales podrían no capturar completamente los desafíos económicos a largo plazo, indicando una posible permanencia en el incremento del gasto y la presión fiscal que no están directamente relacionados con la crisis sanitaria global. “Tan preocupante como la persistencia del déficit depurado es el comportamiento en los últimos dos años de los gastos e ingresos subyacentes, que no parecen querer volver a sus niveles prepandemia a pesar de la rápida recuperación del PIB en ese período”, señala el texto.

El gasto subyacente, excluidos los gastos extraordinarios atribuibles directamente a la pandemia, aumentó en 1,55 puntos de PIB entre 2019 y 2020, fundamentalmente por la caída de la economía. Sin embargo, solo se ha reducido en medio punto desde entonces pese a la recuperación. Por su parte, los ingresos subyacentes han aumentado gradualmente durante todo el período, con una ganancia neta de algo más de un punto de PIB entre 2019 y 2023. “Aunque no se puede excluir una corrección gradual, por el momento los datos apuntan a un efecto escalón sobre el gasto por factores no relacionados con la pandemia que podría ser persistente y a una continuada deriva al alza de la presión fiscal”, alerta Fedea.

Por regiones, el total de las comunidades presentó en 2023 un déficit presupuestario del 0,91% del PIB agregado. Es decir, en su conjunto, las autonomías “han vuelto a incumplir con claridad” el objetivo presupuestario. Sin embargo, cinco de ellas (Navarra, Baleares, Canarias, Asturias y Cantabria) cerraron el año con saldos positivos y dos más (Galicia y el País Vasco) cumplieron el objetivo. El resto cerraron con un desequilibrio superior al 0,3%, destacando Valencia y Murcia con déficits cercanos al 2,5% del PIB.

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Los datos analizan el detalle del IRPF, IVA, Sociedades y los impuestos especiales, cuatro figuras que recaudaron en conjunto algo más de 260.000 millones de euros durante el pasado ejercicio, el 95% de los ingresos totales (271.935 millones de euros). Por eso, tal y como resumen varios expertos consultados, de su desempeño dependen el comportamiento del conjunto del sistema tributario y la evolución de los tipos efectivos.

El impuesto que realmente marca la diferencia dentro de todo este conglomerado es el IRPF. Su peso en la recaudación total llega a casi el 50% —muy por encima del 30% que supone el IVA, en segundo lugar—, por lo que la mayor parte del aumento del gravamen medio se debe exclusivamente a su evolución. En efecto, los datos de la agencia reflejan que la base imponible de las rentas de los hogares rozó en 2023 el inédito nivel de los 843.000 millones de euros, dando pie a una recaudación de 120.000 millones que da como resultado un tipo medio del 14,3%, máximo histórico para este tributo.

“El factor fundamental tras el aumento de los tipos del impuesto se encuentra en la no deflactación de la tarifa del IRPF”, resume Santiago Lago Peñas, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. En la misma línea se sitúa Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado, quien alude a la conocida como progresividad en frío, un fenómeno que se produce cuando los salarios y las pensiones crecen para compensar el alza de los precios sin que Hacienda ajuste el impuesto al IPC. “Si en un contexto de inflación los ingresos suben, pero no se tocan ni la escala, ni las deducciones, ni los mínimos personales, la recaudación aumenta y el tipo medio sube”, añade Lago Peñas. Un análisis reciente de Funcas también apunta en la misma dirección: “El viento de cola de la inflación”, sumado a la “ausencia de corrección de la progresividad en frío” ayuda a explicar el aumento de la presión fiscal en el IRPF, apunta Desiderio Romero, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador en Funcas.

Los datos de la agencia, no obstante, muestran otra derivada que pone sobre la mesa Carmen Marín, investigadora en Fedea. Esta experta recuerda que el tipo impositivo también se mueve hacia arriba o hacia abajo en función del nivel de los salarios, ya que un contribuyente que se encuentra por debajo del mínimo para declarar suma base imponible, pero no agrega cuota, lo que en la práctica supone una bajada de la presión. “Se paga más porque los sueldos y las pensiones son más elevados. Si a eso se le suma la no deflactación, el resultado es un tipo más alto”. También habría otras causas menores como el crecimiento económico y la creación de empleo o las revalorizaciones salariales y de pensiones, añade Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública en la Universidad de Zaragoza.

La estadística de la agencia, efectivamente, refleja este aumento de la tarifa tanto en los salarios como en las pensiones. En 2023, el tipo efectivo llegó al 16,8% en el caso de las rentas del trabajo y al 9,6% en las jubilaciones —otro récord histórico en ambos casos—. Sin embargo, el resultado es diferente cuando se analizan otro tipo de ingresos que también se gravan a través del IRPF. Es el caso de las rentas del capital, conformadas principalmente por dividendos, intereses de cuotas bancarias o ganancias patrimoniales. En todos los casos, el tipo medio se mantuvo en el 19%, la misma tasa que viene registrándose desde hace casi 10 años.

Entonces, ¿han pagado más impuesto los españoles en 2023? En términos agregados, apunta López Laborda, el contribuyente medio está soportando dos décimas de más en impuestos, “un alza que, por lo general, no obedece a cambios normativos ni a una subida fiscal directa”, sino a efectos indirectos derivados de la inflación. “La gente paga más en impuestos sin que la renta real haya aumentado de forma significativa”, resume Lago Peñas. Cabe recordar, no obstante, que la presión fiscal —el indicador que mejor mide la carga tributaria de una región— de los cuatro grandes impuestos se redujo en cuatro décimas de 2022 a 2023, hasta el 18,2% del PIB. Por su parte, la presión fiscal total (que incluye todos los impuestos y las cotizaciones sociales) ronda en España el 38%, notablemente por debajo de la media europea.

El resto de la cesta

Aunque de manera mucho más tímida, en la evolución del tipo medio general también influyen los tres otros grandes gravámenes, cuyos comportamientos son muy dispares al de la renta. De entrada, en ninguno de ellos el tipo efectivo registrado en 2023 alcanzó récord, lo que confirma que la figura impositiva que tira al alza la tasa media total es el IRPF.

En sociedades, los ingresos tributarios (35.000 millones) crecieron un 9%, elevando el tipo hasta el 21%, una tasa no vista en más de un decenio pero lejos del entorno del 25% anotado antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. El IVA, por su parte, da muestra de cuál ha sido la tendencia del consumo durante el pasado ejercicio: mientras que la base imponible sujeta creció un 7%, la recaudación lo hizo únicamente un 1,6%, por lo que el tipo medio se atenuó en siete décimas, hasta el 14,3%. Esto se debe, explican López Laborda y Marín, a las rebajas fiscales puestas en marcha por el Gobierno en la alimentación o la energía. En los impuestos especiales la recaudación se mantuvo prácticamente igual —en torno a los 20.000 millones— mientras que los consumos sujetos se hundieron casi un 14%. El tipo, en consecuencia, se disparó en tres puntos hasta el 20,3%.

Por todo ello, tal y como refleja la estadística de la agencia, mientras que el gravamen medio sobre el gasto y el consumo cayó dos décimas en 2023, hasta el 15,2%, el tipo sobre las rentas se disparó en medio punto hasta el 15,5%, la tasa más elevada de toda la serie.

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La presión fiscal es un índice que sirve para cuantificar la carga tributaria que recae sobre los ciudadanos y se calcula a través de la relación entre los ingresos fiscales totales de un territorio y su PIB. Normalmente, se incluye la recaudación de todos los impuestos, desde los estatales a los autonómicos y municipales, pero también otras variables como las contribuciones sociales. En este análisis, sin embargo, Funcas ha tomado como referencia únicamente a los cuatro grandes tributos, que son responsables de la mayor parte de la recaudación —el 95% de la de 2023— del sistema fiscal.

La caída anotada el año pasado se explica, a grandes rasgos, porque los ingresos derivados de estas cuatro figuras han crecido a un menor ritmo que el visto en los últimos ejercicios. Si en 2021 y 2022 el avance rondó el 15% en ambos casos, en 2023 fue de solo el 6%. A ello se le suma la resistencia de la economía española, que creció un robusto 2,5%. Sin embargo, más allá de la bajada, la serie histórica analizada por Funcas da muestra de un proceso de aumento de la presión fiscal que se inició en 2010, con un promedio de 0,36 puntos por año que se elevó a 0,61 puntos entre 2020 y 2022. De hecho, entre 2019 y 2023 la subida ha sido de 1,5 puntos de PIB.

En esta tendencia, sobre todo la que afecta a los últimos cuatro años, tiene un peso predominante el IRPF, un impuesto que representa casi la mitad de toda la recaudación. Según explica Desiderio Romero, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador en la fundación, el fenómeno se explica en una parte importante por la no corrección generalizada de la progresividad en frío, es decir, la no adaptación del gravamen a la elevada inflación.

“El IRPF ha sido el impuesto donde más ha crecido la presión fiscal desde 2010 con un incremento de dos puntos de PIB hasta 2023″, detalla. Sin embargo, entre 2019 y 2023 el aumento ha sido de 1,3 puntos. “El viento de cola de la inflación y la ausencia de corrección de la progresividad en frío ayuda a explicar este crecimiento”, añade. Cabe recordar que el fenómeno de la inflación en el impuesto no solo afecta a la tarifa, sino también a otros elementos del impuesto como mínimos personales o deducciones.

La deflactación consiste en ajustar al IPC el impuesto sobre la renta para que el alza de los precios no se traduzca en una subida impositiva que muchos expertos consideran como encubierta. Es decir, se trata de evitar que aquellos trabajadores que han tenido una revalorización salarial —para compensar el aumento de la inflación— tengan que tributar de más, perdiendo por ello capacidad adquisitiva. Las bases imponibles del impuesto muestran, entre otros puntos, estos aumentos en las remuneraciones. Es decir, hay una tendencia creciente de la base imponible, con aumentos de 5,4 puntos de PIB entre 2017 y 2023 que se explican, entre otros motivos, por la mejora del empleo y por las revalorizaciones salariales y de pensiones puestas sobre la mesa para combatir los efectos de la inflación. Sin embargo, pese a la subida de los precios, la tarifa del impuesto sobre la renta no se ha ajustado, lo que provoca que el tipo medio aumente 1,6 puntos entre 2019 y 2023, hasta situarse en el máximo histórico del 14,3%.

La presión fiscal de los cuatro grandes gravámenes alcanzó su primer pico, del 18% del PIB, en el año 2007, justo un año antes del estallido de la crisis financiera. A partir de ahí, cayó al 15% en 2008 y al 12,8% un ejercicio después, la tasa más baja de toda la serie histórica. El indicador fue recuperándose paulatinamente y rondó el 16% del PIB entre 2012 y 2019, hasta que alcanzó el récord en 2022, cuando llegó al 18,2%. Es decir, “el crecimiento en la presión fiscal en esos cuatro impuestos no es un fenómeno reciente. Contrariamente, es un proceso en curso que arrancó en 2010, tras el desplome en la recaudación con el fin de la burbuja inmobiliaria”, concluye el texto de Funcas.

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La deflactación consiste en ajustar al IPC el impuesto sobre la renta para que el alza de los precios no se traduzca en una subida impositiva que muchos expertos consideran como encubierta. Es decir, se trata de evitar que aquellos trabajadores que han tenido una revalorización salarial —para compensar el aumento de la inflación— tengan que tributar de más, perdiendo por ello capacidad adquisitiva. La simulación del REAF se ha elaborado con las tarifas autonómicas vigentes en 2023 y con el supuesto de adaptación de la estatal, por lo que el ahorro para cada tramo es similar en todos los territorios.

En los últimos años, a raíz del fuerte incremento del IPC registrado, la no deflactación de la tarifa por parte del Ministerio de Hacienda ha propiciado un arduo debate entre el Gobierno y la oposición. Mientras que el Partido Popular reclama el ajuste del impuesto —algo que lleva a cabo en la tarifa autonómica de aquellas comunidades en las que gobierna—, el Ejecutivo defiende rebajas fiscales focalizadas únicamente en las rentas bajas. Y pone como ejemplos el aumento de la reducción por rendimientos del trabajo hasta los 21.000 euros o la nueva subida del mínimo exento hasta los 15.876 euros, el equivalente al salario mínimo interprofesional. La polémica, por lo tanto, está asegurada.

En este contexto, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha criticado que Hacienda y algunas autonomías no hayan deflactado las tarifas, “lo que tiene impacto en la capacidad de ingresos de los contribuyentes”. Es una “decisión política sorprendente” y de “difícil justificación”, ya que el esfuerzo que hacen los hogares para adaptarse a los precios “tendría que ser compartido con la Administración”.

El problema para Hacienda es la pérdida de recaudación que supondría un rediseño de la tarifa en un contexto de ajuste del déficit público, sobre todo cuando desde el Gobierno se han impulsado diferentes rebajas fiscales —en el IRPF, en IVA o en los impuestos especiales— para hacer frente a la inflación. Sin embargo, también hay un problema ideológico y de discurso político, ya que una deflactación del tributo beneficiaría más en términos nominales a las rentas altas.

Según la simulación del REAF, los contribuyentes con más ingresos ahorrarían más cantidades en todos los supuestos: con un ajuste del impuesto al IPC de 2023 (un 3,2%), con uno al incremento del salario medio del pasado ejercicio (5,4%) o con una adaptación total a la inflación acumulada entre 2021 y 2023 (16,1%). Así, mientras que una renta de 30.000 euros retendría entre 46 y 232 euros en función del impacto del ajuste, otra de 45.000 euros dejaría de pagar entre 85 y 403 euros. Esta tendencia se afianzaría al aumentar los rendimientos anuales: un contribuyente con 70.000 euros brutos al año conservaría de 162 a 611 euros, mientras que otro con 350.000 euros dejaría de pagar entre 354 y 1.707 euros.

Esto se explica por la filosofía y el funcionamiento del IRPF. El impuesto, en su vertiente estatal, se estructura en diferentes tramos de ingresos, cada uno con una tasa impositiva que aumenta progresivamente desde el 9,5% inicial hasta el máximo del 24,5%. A medida que los rendimientos aumentan, el contribuyente escala de tramo y comienza a soportar un tipo impositivo mayor, por lo que una persona con altos ingresos —que tiene que pasar por toda la escala hasta llegar a su nivel de renta máximo— también termina beneficiándose de una rebaja en los tramos inferiores.

Cabe recordar, recalca Raquel Jurado, técnica del servicio de estudios del REAF, que aunque en términos nominales se incrementa el ahorro fiscal a medida que crecen los ingresos, en términos porcentuales la tendencia es la contraria. “Para una renta pequeña esa cantidad quizá es más significativa que para una alta, porque es significativamente menos relevante”. Es decir, mientras que un ahorro de 232 euros supone un alivio del 0,77% para un contribuyente que llega a 30.000 euros, otro de 1.700 euros representa el 0,48% para una renta de 350.000 euros.

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Los datos recopilados por los investigadores apuntan a una marcada desigualdad entre los dos extremos del mercado del alquiler en todos los supuestos, haya o no haya transferencias de renta. A un lado están los hogares conformados por caseros, con unos ingresos brutos anuales que oscilan entre los 50.600 y los 56.500 euros, en función de la fuente estadística que se consulte. Al otro están las familias que viven de alquiler, con una renta que se sitúa entre los 19.800 y los 26.300 euros. La brecha es de alrededor de 30.000 euros. Sin embargo, en una simulación en la que los arrendadores dejasen de percibir estos rendimientos, las diferencias seguirían siendo abultadas, ya que sus ingresos solo se reducirían en unos 10.000 euros, una tercera parte.

Para llevar a cabo este análisis, los investigadores han tomado tres fuentes oficiales de datos: la encuesta de condiciones de vida que publica regularmente el INE; la encuesta financiera de las familias, que corresponde al Banco de España; y la estadística de declarantes del IRPF, elaborada por la Agencia Tributaria. Todas ellas, explica Javier Gil, uno de los autores del informe, sitúan a los inquilinos en la parte baja de la distribución de ingresos, mientras que encuadran a los caseros en la más alta.

Tal y como prosigue Gil, el alquiler actúa como un “potente mecanismo de amplificación y reproducción” de una desigualdad socioeconómica entre caseros e inquilinos que viene de antes, y que tiene como una de sus causas la posición que se ocupa en el régimen de tenencia y las dinámicas que este genera.

Por ejemplo, según el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, casi la mitad de los arrendatarios de España tiene una renta anual igual o inferior a los 18.000 euros anuales, mientras que otro 29% se mueve entre en los 18.000 y los 32.000 euros. Sin embargo, a partir de estas cantidades la representación es mucho más minoritaria: un 17% oscila entre 32.000 y 53.000 euros y únicamente un 8% supera este último umbral. La tendencia es la opuesta al analizar a los caseros: cerca de la mitad supera los 53.000 euros de ingresos por ejercicio y solo el 10% está por debajo de los 18.000 euros. Aunque las cifras de las otras dos fuentes analizadas son ligeramente diferentes por cuestiones metodológicas, el patrón resultante es similar.

La dinámica derivada de la transferencia de rentas residenciales se amplifica si se incluye en la ecuación a los hogares que son titulares del mismo inmueble en el que viven, es decir, a los propietarios sin rentas del alquiler. Los datos de la Agencia Tributaria elevan los ingresos medios de los caseros a los 51.000 euros y rebajan los de los inquilinos hasta los 19.800 euros. En un estado intermedio, con casi 35.000 euros, se colocarían los propietarios que habitan su casa, lo que pone de manifiesto “una notable brecha económica entre los distintos segmentos poblacionales, de acuerdo tanto a su régimen de tenencia como a su posición en la transferencia de rentas”. Dicho de otra manera, las dinámicas residenciales permiten a la generación de caseros diferenciarse holgadamente no solo de sus inquilinos, sino también del resto de propietarios.

Ratio de desigualdad

Con el objetivo de medir los desequilibrios derivados del régimen de tenencia de la vivienda, el informe incluye una ratio de desigualdad que analiza a los colectivos estudiados. De él se desprende que la renta de los caseros es entre 2,15 y 2,58 veces superior a la de los inquilinos, mientras que supera entre 1,46 y 1,69 veces la de los hogares que viven en su propiedad y no arriendan a un tercero ninguna casa. “Incluso sin los ingresos derivados del arrendamiento los hogares de caseros tendrían una renta mediana entre 1,82 y 2,13 veces superior a la renta de los hogares de inquilinos”, subraya el documento.

Por cuestiones técnicas, los investigadores no han podido simular a cuánto descendería la brecha si los arrendatarios no tuviesen que abonar mensualmente el alquiler. La razón, explica Gil, es que las fuentes de datos permiten restar estos ingresos a los caseros, pero no asignarlos a los inquilinos. A esto se le añaden otros factores, como que una parte alta de los caseros son multipropietarios. “Es decir, hay muchos casos en los que varios hogares pagan renta a un solo arrendador, por lo que el ajuste a la inversa es imposible de realizar”.

Según argumentan los investigadores, las medidas impulsadas en los últimos años para intentar corregir esta situación no han logrado mitigar “la creciente desigualdad social vinculada al rentismo en el acceso a la vivienda”. Ante este panorama se hace imperativo el despliegue de estrategias más contundentes y efectivas, ya que si no se reduce la transferencia regresiva de rentas de los inquilinos hacia los caseros continuará engordándose la brecha. “La implementación de políticas orientadas a la reducción de los precios del alquiler, con el objetivo de ajustarlos a los ingresos de los hogares inquilinos para satisfacer sus necesidades residenciales básicas, podría reequilibrar la severa desigualdad social”, sugieren.

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La deflactación, antes de nada, consiste en ajustar a la inflación el impuesto sobre la renta para que el alza de los precios no se traduzca en una subida impositiva. Es decir, se trata de evitar que aquellos trabajadores que han tenido una revalorización salarial —para compensar el aumento de los precios— tengan que tributar de más, perdiendo por ello capacidad adquisitiva.

Hay muchas maneras de ajustar el impuesto para impedir lo que muchos expertos consideran una subida fiscal encubierta. Se pueden adaptar todos los tramos o únicamente una parte de ellos, como han hecho en los últimos años varios gobiernos regionales del PP y el PSOE en la tarifa autonómica. También es posible introducir recargos en los tramos más altos con el objetivo de que las rentas más elevadas no se beneficien de la medida, aunque es mucho menos habitual. Si esto último no se hace, una deflactación parcial (en los tramos bajos) termina beneficiando también a los ricos.

Esto se explica por la filosofía y el funcionamiento del IRPF. El impuesto, en su vertiente estatal, se estructura en diferentes tramos de ingresos, cada uno con una tasa impositiva que aumenta progresivamente desde el 9,5% inicial hasta el máximo del 24,5%. A medida que los rendimientos aumentan, el contribuyente escala de tramo y comienza a soportar un tipo impositivo mayor, por lo que una persona con altos ingresos —que tiene que pasar por toda la escala hasta llegar a su nivel de renta máximo— también termina beneficiándose de una rebaja en los tramos inferiores.

Así, con una rebaja de medio punto en la parte baja y media de la tabla, el esquema del impuesto termina ahorrando casi 100 euros a una renta de 20.000 euros anuales. El ahorro medio asciende a 205 y a 345 euros por ejercicio en el caso de contribuyentes con 30.000 y 45.000 euros, según cálculos propios cotejados con varios expertos. Sin embargo, escala hasta los 545 euros a partir de los 70.000 euros. Sobre el nivel de ingresos, sin embargo, la tendencia es la contraria: el ajuste supone un ahorro de aproximadamente el 5% sobre la renta para los contribuyentes que menos ganan y de apenas el 0,5% para los que ingresan más de 300.000 euros.

Un debate que viene de lejos

El debate de la deflactación no es nuevo. Mientras que el PP defiende desde hace dos años un ajuste parcial o total para aliviar a los hogares ante la elevada inflación que se registró en 2022 y 2023, el Ministerio de Hacienda rechaza la medida y se decanta por “rebajas fiscales focalizadas en las rentas bajas”, según trasladan fuentes del Gobierno. Desde el Ejecutivo ponen como ejemplo el aumento de la reducción por rendimientos del trabajo hasta los 21.000 euros, así como la nueva subida del mínimo exento hasta los 15.876 euros, el equivalente al salario mínimo interprofesional. Los populares, por su parte, defienden que hay margen fiscal para extender el ajuste al conjunto de contribuyentes, sobre todo por la elevada recaudación anotada en los últimos dos años.

El problema de no adaptar el tributo en un contexto de elevada inflación, detalla Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado, es que “en la práctica estás subiendo los impuestos”. Por eso, según las cifras que expone el también exdiputado de Ciudadanos, en 2023 los españoles soportaron el tipo efectivo más elevado de la historia en el IRPF, del 14,3%. “Evidentemente, detrás de esto hay más factores que la inflación. La creación de empleo y la lucha contra la economía sumergida también influyen, pero es innegable que una parte muy importante de este aumento se debe al alza de los precios”. Según sus cálculos, el efecto de la inflación en el IRPF (lo que se conoce como progresividad en frío) asciende a los 12.600 millones de euros. Por eso, añade, sería deseable blindar por ley la deflactación para que el ajuste se produzca automáticamente a partir de determinados niveles de inflación.

A favor de estos ajustes también está Diego Martínez López, catedrático de Economía en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla: “Si la medida se adopta por cuestiones de equidad, tiene que ser para todos los contribuyentes, ya que si no se altera la progresividad del impuesto”. Esto no quita, añade, que en paralelo se puedan tomar otras decisiones destinadas a penalizar a las rentas más elevadas y a “limpiar los agujeros del impuesto en cuestión de bonificaciones y deducciones”.

Al otro lado se sitúa el diputado de Sumar y exdirector del gabinete económico de Comisiones Obreras, Carlos Martín: “El Gobierno de coalición progresista ya ha rebajado el IRPF, pero solo a los salarios y pensiones medias y bajas”. Por eso, tilda la propuesta del PP como “tramposa” e “imprudente”, ya que beneficia también a las rentas altas en un contexto en el que España tiene que cuadrar sus ingresos y gastos públicos. En este último punto coinciden De la Torre y Martínez López: “Ahora puede haber dudas sobre la idoneidad de la medida, ya que la inflación no es tan alta y Hacienda necesita afianzar sus ingresos para cumplir con el déficit”, explica el catedrático. “La deflactación tiene un impacto de varios miles de millones. Puedes tocar un poco a un contribuyente, pero si el mismo ajuste lo extiendes a todos las consecuencias para Hacienda son enormes”.

A la ecuación hay que sumarle, agregan De la Torre y Martínez López, la cantidad de recursos públicos que se han destinado a los diferentes paquetes de medidas para combatir los efectos de la inflación, en los que se incluyen otras rebajas fiscales como la que afecta al IVA de la energía o de los alimentos básicos. Para costear estas políticas son necesarios ingresos públicos. Por eso, añade el inspector de Hacienda, “ahora ya no habría margen fiscal para adaptar el impuesto a toda la inflación sufrida en los últimos años”. Martínez López añade una derivada más: “Las comunidades han podido deflactar estos años porque tienen un sistema de liquidación a dos años vista que les permite más capacidad de movimiento. Hacienda carece de esa ventaja, porque el impacto es inmediato”.

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Según las últimas estadísticas de ejecución del Presupuesto de la Administración General del Estado, publicadas esta semana por el Ministerio de Hacienda y correspondientes al cierre de 2023, Euskadi aportó 1.682 millones en concepto de contribuciones concertadas —el famoso cupo— y otros 58,6 millones por las compensaciones financieras. Estos últimos pagos, según explica Diego Martínez López, catedrático de Economía en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, están ligados a traspasos muy particulares y minoritarios, relacionados con las políticas activas de empleo o con Muface, entre otros. Por su parte, la aportación de Navarra vinculada al convenio ascendió a los 765 millones de euros, a los que se le suman otros 58,6 millones de las compensaciones financieras.

El cupo vasco y el concierto navarro funcionan diferente al sistema de financiación que tienen el resto de autonomías. Las aportaciones que realizan País Vasco y Navarra están vinculadas a los servicios que el Estado sigue prestando en esos territorios y a otros servicios comunes para todos los ciudadanos. Estos suelen estar ligados al presupuesto en Defensa, a las relaciones exteriores, a las labores ligadas a la pertenencia a la Unión Europea, el servicio de la deuda o a la corrección del déficit de la Seguridad Social, aunque también tienen relación con ciertas cargas generales no asumidas.

Todo este dinero —al contrario de lo que en ocasiones suele pensarse— no va al sistema de financiación que dota de recursos a las comunidades autónomas, y cuya reforma está pendiente de ser abordada por haber quedado totalmente desfasado y crear distorsiones entre los 15 territorios de régimen común. Es decir, las aportaciones que salen de las arcas vascas y navarras van exclusivamente al Estado. De ahí, una parte va al fondo de compensación interterritorial (que no forma parte del sistema de financiación) y el resto se divide entre diferentes partidas.

La cifra conjunta que alcanzan los dos territorios es la más alta de la serie. Tradicionalmente, se movía en torno a los 1.800 millones de euros y llegó a superar tímidamente los 2.000 millones de euros en 2022. Sin embargo, tal y como detalla Martínez López, es lógico que vaya creciendo año a año. En el caso vasco, la metodología que establece el cupo fija una cifra como base, que ronda los 1.400 millones de euros. Esta se actualiza cada ejercicio con un índice que está vinculado esencialmente a los impuestos que se recaudan en el País Vasco y en el resto del Estado. Algo similar sucede con la comunidad foral, aunque con una cifra base sustancialmente menor, de unos 500 millones. Por eso, a mayores ingresos —el año 2023 cerró con una recaudación tributaria récord de 271.935 millones—, mayores aportaciones. “También puede haber ajustes en el sentido contrario, porque hay traspasos que reducen el cupo, pero si los tributos crecen lo normal es que el cupo vaya al alza”, añade Martínez López.

Financiación de las comunidades

La financiación autonómica forma un esquema por el que se reparten una serie de recursos públicos entre las comunidades de régimen común. Se nutre de los recursos que aportan tanto el Estado como las propias regiones y, en esencia, funciona como una suerte de bolsa que reparte los ingresos siguiendo criterios de población, nivel de renta, inversión en servicios o dispersión demográfica. La idea es que haya una distribución más o menos simétrica para que todas las autonomías puedan ofrecer en las mismas condiciones los servicios públicos que de ellas dependen, como sanidad y educación.

País Vasco y Navarra, prosigue Martínez López, realizan aportaciones al Estado, pero no participan en la bolsa del fondo de garantía de los servicios públicos, “en la que sí deberían estar porque su capacidad fiscal es superior a sus necesidades de gasto”, opina Martínez López. Por eso, los principales expertos en financiación autonómica han cargado contra la última propuesta del cupo catalán que se inspira en los casos vasco y navarro, la cual supondría dejar al sistema sin una región que tiene un margen fiscal positivo.

A las contribuciones estatales de las que se nutre el modelo se le suman lo que ingresan las comunidades por los tributos que comparten con el Estado (50% del IRPF e IVA y 58% de los impuestos especiales) y los que tienen cedidos totalmente (como transmisiones patrimoniales, sucesiones, donaciones o patrimonio). A día de hoy solo Madrid, Cataluña y Baleares son aportadores netos, por lo que quitar de la ecuación a la Generalitat supondría dejar al sistema sin unos 20.000 millones de euros.

Nuevos impuestos

Esta semana, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el proyecto de ley que renueva el cupo vasco para el quinquenio 2022-2026, además de las modificaciones del concierto y el convenio vasco y navarro para fijar la cesión de nuevos impuestos. Así, las haciendas vascas pasarán a gestionar el gravamen especial sobre el plástico no reutilizable y el impuesto sobre las grandes fortunas. En el caso de Navarra se incluye la concertación sobre el gravamen a banca y energéticas y sobre el plástico no reutilizable.

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“Celebramos la decisión del Supremo porque cierra el círculo del debate de la retribución de los administradores, un tema en el que Hacienda ha sido muy agresiva durante los últimos años”, explican Miguel Muñoz, socio responsable de procedimientos tributarios en PwC Tax & Legal, y Alfonso Santander, abogado tributario de la firma de servicios y consultoría.

Los dos expertos creen que la sentencia marca “un nuevo hito” al clarificar que la falta de previsión estatutaria de estas remuneraciones no supone necesariamente que las gratificaciones no sean deducibles. Además, abre la puerta a que las empresas que en su momento no optaron a estas desgravaciones —por ser el cargo gratuito en el reglamento interno— inicien el proceso correspondiente para recuperar lo que pagaron de más. Para los abogados, en la última década Hacienda ha interpretado y aplicado las normas en estos casos de una forma agresiva, con la finalidad de “incrementar la recaudación artificialmente”, pero “consideramos que esta circunstancia no ha pasado inadvertida para los tribunales”.

Para entender el caso hay que remontarse varios años atrás, cuando Hacienda negaba con carácter general todas estas deducciones. Al principio, la Agencia Tributaria argumentaba que, para poder descontar las retribuciones, era necesario que estas estuviesen expresamente recogidas en los estatutos y que esa previsión permitiese conocer el importe a satisfacer con certeza, lo que se conoce como teoría del milímetro. Esta exigencia fue tumbada por la Audiencia Nacional en enero de 2023, pero no impidió que la agencia “siguiera negando sistemáticamente estas deducciones” mediante otras fórmulas, como puede ser la teoría del vínculo.

Esta afecta a aquellos consejeros que, a la vez, tienen funciones de alta dirección y mantienen una relación laboral con la empresa. En esos casos, argumentaba la agencia, la relación mercantil absorbía la laboral, por lo que todos los pagos que recibía el ejecutivo debían considerarse como “liberalidades o donativos” no deducibles. Desde mediados de 2023, a través de cuatro sentencias, el Supremo tumbó los planteamientos de Hacienda y estableció que si el reglamento prevé que la función de administrador es retribuida, no se puede aplicar la teoría del vínculo, por lo que sí hay lugar para la deducción. Sin embargo, en ninguno de estos casos analizó qué sucede cuando los estatutos societarios prevén expresamente la gratuidad del cargo de administrador. Esto es lo que ahora se falla.

El caso que ha llevado el equipo legal de PwC analizaba la situación de tres altos directivos —que también tenían funciones en el consejo de administración— de una empresa. La Agencia Tributaria negó la deducción de los salarios abonados porque, aplicando la citada teoría del vínculo, atribuyó a los ejecutivos la condición de administradores. “Sostenía Hacienda que, teniendo estos trabajadores la condición de administradores y dado que ese cargo era gratuito en estatutos, los salarios abonados eran donativos o liberalidades no deducibles”, explican los expertos que presentaron el recurso ante el alto tribunal.

En el fallo, recalcan, el Supremo “establece que la circunstancia de que los estatutos sociales no prevean el carácter retribuido del cargo de administrador o consejero no puede comportar, en todo caso, la consideración de liberalidad del gasto y la correlativa negación de su deducibilidad”. Además, añaden, el tribunal remarca su jurisprudencia anterior y recuerda que “no cabe aplicar en el ámbito fiscal la teoría del vínculo para negar la deducción de los salarios satisfechos a trabajadores que compatibilizan sus funciones con el cargo de administradores o consejeros”. Es decir, remarcan, el Supremo deja claro por primera vez que aunque el cargo de administrador sea gratuito, todo lo que se paga al consejero es deducible.

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La movilidad interterritorial por causas fiscales, así como la competencia impositiva entre autonomías, es un fenómeno que viene de lejos en España y que ha provocado innumerables polémicas y enfrentamientos entre comunidades. El último episodio llegó con la puesta en marcha —por parte del Gobierno central— del impuesto de solidaridad de grandes fortunas para contrarrestar las bonificaciones en patrimonio que aplicaban Madrid y otras autonomías del PP. Sin embargo, más allá de la teoría, tradicionalmente ha sido muy complicado cuantificar su impacto. En el documento Migraciones interregionales en España de determinados perfiles de contribuyentes en el período 2006-2019: el papel de las variaciones autonómicas en la imposición sobre la renta y la riqueza, publicado por el think tank del Ministerio de Hacienda, se intenta poner cifras a esta realidad.

Los investigadores Fernando Rodrigo Sauco, Miguel Ángel Barberán Lahuerta y Carmen Trueba Cortés, adscritos al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, han analizado la movilidad de los contribuyentes que, o bien se sitúan en la centila superior de la distribución de la renta, o bien lo hacen en la centila superior de patrimonio. Es decir, el 1% más rico de uno y otro impuesto. Una vez seleccionado el perfil a estudiar, los autores del trabajo han analizado la movilidad entre los años 2016 y 2019, comprobando si estos contribuyentes se encontraban al final del periodo en la misma comunidad en la que estaban o si, por el contrario, se habían trasladado a una distinta. Los resultados son claros: los ricos que se mudan son pocos en volumen, pero aquellos que lo hacen eligen Madrid en una inmensa mayoría de los casos.

Los datos del Panel de Hogares, una herramienta puesta en marcha por el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto de Estudios Fiscales, muestran que entre 2016 y 2019 las grandes rentas y patrimonios registraron 6.018 cambios de residencia fiscal de una autonomía a otra. De ellos, algo más de 2.500, el 42,4%, tuvieron como origen la Comunidad de Madrid. A gran distancia se colocaron Andalucía (10,6%), Comunidad Valenciana (9,2%) y Cataluña (7,9%), que presentaron, sin embargo, un saldo neto negativo al registrar más salidas que entradas. De hecho, solo Madrid, Galicia, Cantabria y Extremadura anotaron un saldo migratorio positivo en esos años.

“Es obvio que Madrid, con una fiscalidad mucho más benévola, mantiene unos diferenciales favorables hacia los grandes contribuyentes”, explica Rodrigo Sauco, el investigador principal del documento. La experiencia comprobada con otros trabajos, prosigue, hace evidente que “el impuesto que más propicia las decisiones de cambio de residencia es el IRPF, ya que se paga de forma periódica”. En este punto, cabe recordar que el tipo de gravamen agregado máximo sobre la base liquidable general pasó en la región central del 43,5% en 2016 al 45% en 2022, mientras que en territorios como Comunidad Valenciana varió del 45,98% al 54% en el mismo periodo. En otras comunidades como Cataluña escaló del 48% al 50%, mientras que en Andalucía se redujo levemente, desde el 48% al 47%. “Ese tipo menor actúa como valor diferencial en favor de Madrid”, añade el investigador.

A Madrid también le ha favorecido la fiscalidad en impuestos como sucesiones y donaciones, que tiene menor peso en la decisión de la mudanza por abonarse en momentos muy puntuales de la vida del contribuyente. Lo mismo ha sucedido con el gravamen sobre el patrimonio, bonificado durante esos años en la región al 100%. “Aunque también tiene cierto peso, este impuesto permite muchas exenciones y los grandes contribuyentes tienen perfectamente planificada su situación fiscal, por lo que no suele ser determinante a la hora de decidir si se cambia de territorio”, recalca Rodrigo Sauco. Es decir, en cuestiones fiscales es la Renta la que marca la diferencia.

Con todo, recalca el investigador, la tributaria no es la única causa, ya que tras los movimientos hay otros factores puramente económicos como el crecimiento del PIB regional, la inversión extranjera directa en el territorio, la tasa de urbanización o la especialización en sectores de alto valor añadido, entre otros.

Gran diferencia de renta

Los datos recopilados por los investigadores ofrecen una “caracterización interesante” para los individuos migrantes pertenecientes al 1% más rico. En promedio, los que se mudan presentan en el IRPF cuantías más elevadas, tanto en la mayor parte de las rentas integrantes de la base imponible como en la propia base. Algo parecido sucede al examinar la composición del impuesto sobre el patrimonio.

Así, dentro del IRPF, mientras que los contribuyentes ricos migrantes anotan rendimientos netos del trabajo de casi 107.000 euros anuales, los no migrantes presentan unos de 60.000 euros por ejercicio. En capital mobiliario, los primeros rondan los 32.000 euros y los segundos, los 21.000 euros. Algo similar sucede con las ganancias patrimoniales que se integran en la base imponible del ahorro: en los migrantes ascienden a los 48.300 euros y en los no migrantes caen a los 17.600 euros. En consecuencia, mientras que la base imponible total del impuesto de los perfiles que cambian de territorio asciende a 217.500 euros, la de los no migrantes ronda los 121.000 euros.

En el impuesto de patrimonio, la riqueza inmobiliaria de los migrantes asciende a 191.910 euros de media, cifra que cae en 30.000 euros en el caso de los no migrantes. También hay grandes brechas en bienes como los valores no exentos representativos de la participación en fondos propios o el total de bienes y derechos no exentos. Por eso, mientras que la base imponible de los que no cambian de residencia supera por poco los 600.000 euros, la de los migrantes llega a 870.000 euros.

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Los comicios autonómicos —los cuales decidían los gobiernos de 12 comunidades— situaron la fiscalidad en el epicentro de un debate que, en el área económica, estaba mediado por la crisis inflacionista y su impacto en los hogares. En esencia, el bloque de la izquierda defendía consolidar figuras como el ISD y el IP para asegurar los ingresos públicos, mientras que el de la derecha abogaba por reducir la carga tributaria y aumentar las bonificaciones. Ambas posiciones se visibilizaron en la campaña electoral con promesas de rebajas de impuestos por parte de los conservadores. Los resultados tiñeron de azul la práctica totalidad de España y, en consecuencia, dieron paso a una rebaja de calado en el impuesto sobre la herencia y a mayores bonificaciones en que grava el patrimonio, siguiendo la estela de regiones como Madrid y Andalucía.

Los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas, referentes al cierre de 2023 y publicados ayer por el Ministerio de Hacienda, muestran que a ejercicio vencido los ingresos por sucesiones y donaciones han caído un 1,25% anual, pasando de los 3.339 millones a los 3.297 millones de euros. En este impuesto, sin embargo, la radiografía territorial refleja una tendencia muy dispar: mientras que nueve regiones anotan caídas anuales de hasta el 34% (como es el caso de Aragón), otras siete registran alzas que llegan incluso al 46% y al 56%, como sucede respectivamente en Canarias y Galicia. Los datos del País Vasco no están incluidos.

Cabe recordar, no obstante, que es habitual que el pago de este tributo se dilate varios meses o años en el calendario, por lo que la liquidación no tiene por qué corresponder en el tiempo con el hecho que ocasiona la base imponible, y que suele ser el fallecimiento del causante.

La misma tendencia se ve en patrimonio, con unos ingresos que en conjunto se elevan hasta los 1.380 millones y anotan un retroceso anual del 8,5%. De nuevo, nueve autonomías ven crecer sus números, si bien en este caso el mayor repunte lo registra Canarias, con una tímida subida del 11%. Por su parte, Andalucía, que fijó una bonificación del 100%, vio caer la recaudación en más de un 80%.

El mayor agujero en las arcas regionales, sin embargo, lo provocaron el ITP y AJD al pasar de los 12.193 millones de 2022 a los 10.761 millones de euros en 2023. Estos dos impuestos de carácter indirecto gravan las transacciones inmobiliarias y financieras, respectivamente, por lo que están estrechamente vinculados al comportamiento del mercado de la vivienda, desde las transacciones hasta las herencias. El primero afecta a las transmisiones de bienes y derechos de carácter patrimonial, entre los que se incluyen en esencia la compraventa de casas, la constitución de préstamos hipotecarios o la cesión de derechos sobre inmuebles. El AJD, por su parte, grava los documentos notariales y mercantiles, como las escrituras de préstamo hipotecario o las pólizas de seguros. Por eso, la fuerte caída en la compraventa de vivienda en 2023 —cuando se registraron 586.000 operaciones frente a las 650.000 de 2022— ha propiciado un desplome significativo de los ingresos, superior al 10%. En este caso, la totalidad de las autonomías pierden fuelle.

La caída de ingresos en todos estos tributos contrasta fuertemente con el comportamiento de otros como el IRPF, cuya recaudación aumentó un 20,2% hasta los 62.000 millones de euros. De hecho, en términos generales crecieron tanto la totalidad de los impuestos directos del sistema (una subida del 18,2% anual) como la de los indirectos (18,1%).

Menos recursos para 2024

La tendencia de caída en los ingresos autonómicos asociados a los impuestos a la riqueza parece que se mantendrá durante este ejercicio. Al menos eso es lo que muestra el último informe de Hacienda en el que se analizan los Presupuestos Generales de las comunidades autónomas para 2024, publicado también ayer por el departamento que dirige la vicepresidenta primera y ministra del ramo, María Jesús Montero. Este documento analiza las cuentas públicas aprobadas por los respectivos parlamentos regionales, así como las prórrogas presupuestarias de Cataluña y Castilla y León, por lo que ofrecen una radiografía completa de lo que será este ejercicio.

Los números que se recogen en todos ellos avanzan que la recaudación irá reduciéndose, de nuevo, en el ISD, en el IP y en el ITP y AJD. En el primero de ellos, las autonomías estiman unos ingresos conjuntos para 2024 de 2.897 millones de euros, lo que supondría una caída del 9,5% si se compara con los cerca de 3.300 millones que se han anotado en 2023. En patrimonio se repite la tónica y el descenso de recursos llegaría al 5%, hasta los 1.200 millones de euros en total. Lo mismo sucedería con las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos: en los Presupuestos de 2023, las regiones estimaban una recaudación de 12.600 millones de euros que finalmente se quedó 2.000 millones por debajo. En 2024 prevén una de 11.000 millones, por lo que, si la tendencia del mercado inmobiliario se mantiene intacta, los ingresos volverían a situarse lejos del objetivo. De nuevo, el resto de las figuras tributarias apuntan a mejoras en los ingresos, siempre según las cuentas públicas.

El desglose de detalles por impuesto permite ver los efectos que los gobiernos autonómicos esperan para este ejercicio. Un claro ejemplo de ello es el gravamen sobre el patrimonio, bonificado parcial o totalmente a partir de este ejercicio por varias de las nuevas autonomías del Partido Popular. Andalucía y Madrid, por su lado, reflejan una previsión de ingresos de 0 euros, pese a que las dos han puesto en marcha diferentes medidas para esquivar el impuesto de solidaridad de grandes fortunas del Gobierno central y dejar en sus arcas la recaudación. Por su parte, otros territorios como Aragón, Extremadura, Galicia o Murcia prevén descensos del 32%, el 100%, el 25% y el 70%, respectivamente.

Algo parecido ocurre con las previsiones en sucesiones y donaciones. La mayor parte de los territorios prevé obtener menos recursos a través de esta figura si se compara el Presupuesto de 2024 con el de 2023. Las mayores caídas se registran en Comunidad Valenciana (-54%), Islas Baleares (-28%) y Extremadura (-17%).

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Todo se explica por la naturaleza de los dos impuestos en cuestión. El de patrimonio es un tributo de carácter estatal cuyas competencias, gestión y recaudación están cedidas por completo a los territorios, los cuales pueden modularlo y bonificarlo en su totalidad para suspenderlo en la práctica. Esto es lo que ha hecho históricamente la región de la capital.

El de solidaridad, por su parte, nace en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez para anular todas estas prácticas fiscales, que considera desleales por fomentar una carrera a la baja y la competencia autonómica. A grandes rasgos, funciona como el impuesto original, pero únicamente en los territorios que bonifican este. La diferencia es que la recaudación, en vez de ir a las arcas regionales, va a la estatal. En su primer año de aplicación, 2022, ingresó 623 millones de euros provenientes en su mayoría de las grandes fortunas madrileñas.

Como el Tribunal Constitucional dio recientemente su visto bueno a la filosofía de Hacienda, varias comunidades han puesto en marcha en los últimos meses una serie de cambios para que no suceda lo mismo en 2023 y quedarse así con este dinero. Madrid, por ejemplo, ha recuperado el impuesto tradicional para aquellos grandes contribuyentes que tengan más de 3,7 millones de euros de patrimonio neto, el mínimo que fija el impuesto de solidaridad, por lo que empezará a cobrar el gravamen por primera vez en más de 10 años. Andalucía, por su parte, tras un año aplicando el descuento del 100%, ha dado a sus ricos la opción de pagar uno u otro tributo.

La subida del 61,4% en la recaudación prevista para 2023 en patrimonio, que en euros rondaría los 750 millones de euros, encaja con el volumen de ingresos que habría obtenido el impuesto de las grandes fortunas si las comunidades hubiesen mantenido sus bonificaciones intactas. Es de prever, por ello, que los ingresos del impuesto estatal a los ricos recaude muy poco dinero a partir de 2023.

En esta campaña se mantiene la obligación de declarar para los contribuyentes con cuota a ingresar —tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones— y también para aquellos sin cuota que cuenten con bienes y derechos por valor superior a los dos millones de euros. La norma estatal fija el mínimo exento en los 700.000 euros, a los que se suman otros 300.000 euros exentos por vivienda habitual. No obstante, estos límites pueden variar en función de cada comunidad autónoma. Este impuesto, que podrá presentarse desde este miércoles y hasta el 1 de julio, deberá presentarse exclusivamente por internet.

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Estas notables brechas entre los más adinerados —apunta Carmen Marín, investigadora en Fedea y coautora del documento Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, junto a Jorge Onrubia y Julio López Laborda—, se explican por las diferencias fiscales entre las comunidades. Por ejemplo, las comunidades gobernadas por partidos de izquierda suelen tener los impuestos más elevados que las dirigidas por el PP, especialmente en los tramos más altos de renta. Aunque en los últimos años se ha producido una competencia fiscal a la baja entre todos los territorios. En las diferencias entre comunidades también influyen los tramos de renta que hay en cada hogar, por la procedencia de esos ingresos y por la distinta composición de los núcleos familiares.

Todos los datos se extraen del citado estudio publicado recientemente por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) con referencia al año 2021. Junto a Madrid, que es la autonomía en la que menos impuestos pagan los más ricos, se sitúan Cantabria (con un tipo medio total del 19,4%) y Asturias (19,9%), mientras que cerca de Extremadura se colocan Canarias y Comunidad Valenciana, con gravámenes ligeramente por encima del 30% para estos contribuyentes. La media española ronda el 24,5%.

De entrada, cabe recordar que a partir de determinados umbrales las cantidades más altas suelen tributar menos proporcionalmente. Por eso, los tres territorios con menores tipos para el 1% más rico, el centil más elevado de renta, son también aquellos en los que este grupo de hogares atesora una renta bruta más cuantiosa. En Madrid asciende a los 664.135 euros por ejercicio, en Cantabria, a los 622.597 euros, y en Asturias a los 541.997 euros, muy por encima de los 426.000 euros que registra la media española.

El menor gravamen también se explica por el origen de los ingresos. En estas tres comunidades, prosigue Marín, “tiene un mayor peso el impuesto sobre sociedades”, algo que se debe a “una mayor concentración de la renta societaria”. Además, como esta se grava en el IRPF a través de los dividendos, los cuales tributan por la base del ahorro, la aportación final se reduce. También hay que destacar en estas tres regiones “los menores tipos de IVA (por la composición del consumo) y cotizaciones sociales”.

Al lado contrario se encontraría Extremadura, cuyas características pueden extenderse al resto de regiones en las que los altos contribuyentes pagan tipos algo más elevados. La extremeña, de entrada, es la autonomía con la renta bruta más baja para el 1% más rico (212.809 euros) y su tipo es del 32,2%. Esto se explica, continúa Marín, “porque es la comunidad que presenta el mayor tipo en IRPF, Cotizaciones Sociales e IVA” y, a la vez, el menor peso en el impuesto sobre sociedades. Además, el nivel de renta bruta para el 1% más rico de Extremadura es tan solo “ligeramente superior al nivel de renta bruta del tramo anterior (lo que sería el centil 91-99) de Madrid (182.334 euros)”.

Diferencias con el 20% más pobre

Al echar un vistazo a la radiografía autonómica, por regla general, el 1% más acaudalado de cada comunidad suele tributar a un tipo total inferior al del 20% más pobre de la población. Los casos más extremos se dan en Asturias, Baleares y Madrid, territorios en los que los contribuyentes mejor posicionados llegan a registrar tipos impositivos alrededor de 10 puntos porcentuales por debajo que los que soporta el quintil más pobre de hogares. Únicamente en Extremadura, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña la tendencia es la contraria.

El tipo efectivo medio que paga un hogar se obtiene al cruzar la cantidad total de impuestos pagada entre su renta bruta. Para elaborar el análisis, los investigadores de Fedea han considerado los efectos del IRPF, el impuesto de sociedades, el de patrimonio, el IVA, el ITP y AJD, los impuestos especiales y el impuesto sobre las primas de seguros. También se añaden las cotizaciones sociales a cargo del trabajador o autónomo y del empresario. Por todo ello, se puede saber dónde se generan las mayores distorsiones que penalizan a los quintiles inferiores y que premian al 1% mejor posicionado.

Una de las deficiencias del sistema se da en las rentas societarias, donde se incluyen tanto los dividendos percibidos como los beneficios societarios no distribuidos. Al pagar el IRPF, todos estos conceptos se integran en la base imponible del ahorro, con unos tipos impositivos más bajos que la base general. Dado que la mayor parte de los ingresos del 1% más rico proviene de las rentas del capital, el tipo efectivo medio del impuesto se diluye. El gran fallo del esquema impositivo, sin embargo, está en los impuestos indirectos, caracterizados por su regresividad. El gran exponente de este fenómeno es el IVA, ya que, al tener naturaleza indirecta y unos tipos impositivos que no cambian en función de quién consume el bien o el servicio gravado, incide más en quien menos renta tiene.

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El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas se aprobó a finales de 2022 y se cobró por primera vez —se abona una vez al año— en julio del año siguiente. La Agencia Tributaria se limita a señalar que el procedimiento habitual marca que después de cierto tiempo todos los nuevos tributos se comprueben. Lo que no se concreta a priori es el grado de intensidad de los controles. El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero del organismo para 2024, publicado justo este jueves, apunta a que “se realizarán actuaciones para el análisis y, en su caso, comprobación” de los nuevos impuestos, entre ellos el que grava a las grandes fortunas.

Los despachos consultados sí auguran fuertes comprobaciones y creen que la lupa de la administración recaerá principalmente en Madrid, donde el impuesto sobre el patrimonio lleva años bonificado y las grandes fortunas no estaban acostumbradas, como sí sucedía en otras autonomías, a planificar su riqueza para esquivarlo o rebajarlo. Todo se explica por la exención de la empresa familiar, la mayor rebaja con la que cuentan los dos gravámenes. Según detalla Constantino Vidal, socio director del despacho Zadal, al tener el tributo original bonificado, en comunidades como la madrileña los ricos no tenían que gastar sus esfuerzos en estructurar la empresa para cumplir con los requisitos de la exención. Tampoco tenía sentido que la autonomía vigilase el cumplimiento, ya que “la cuota tributaria resultante en todo caso sería cero”, añade.

Esto cambió radicalmente a finales de 2022, cuando se anunció el tributo temporal y se aprobó prácticamente de la noche a la mañana. “Los contribuyentes no tuvieron tiempo para prepararse ni ningún margen de maniobra”, reconoce Alejandra Hernández, directora de grandes patrimonios en Atl Capital. Por eso, “es previsible que la Agencia Tributaria ponga el foco sobre los pagos del primer año”. “En muchas ocasiones son cantidades importantes, por lo que es probable que haya inspecciones”, añade Francisco González, director de asesoramiento patrimonial de A&G Banca Privada.

A todo esto se le une otra derivada que explica Alberto López, socio de fiscal de Ejaso: la comprobación del impuesto de patrimonio le corresponde a las autonomías y no a la Agencia Tributaria, pese a que los propios inspectores han pedido poder vigilar exenciones como la de la empresa familiar. Esta “tiene muchos requisitos que deben comprobarse y que las comunidades autónomas no tienen capacidad de controlar con el nivel que tiene la agencia, por lo que muchas fortunas quedaban exentas sin cumplir los requisitos para ello”. Ahora, sin embargo, se da la circunstancia de que la Inspección del Estado comprobará la rebaja fiscal en un contexto en el que “muchos patrimonios muy grandes se han beneficiado de la exención sin cumplir todos los requisitos para ello”, esgrime López.

El hecho de que el nuevo tributo vaya a convertirse en fijo incentiva también la teoría de que la Agencia Tributaria iniciará las comprobaciones sobre las restructuraciones posteriores a 2022. “Hubo quien decidió pagar el impuesto de solidaridad, asumiendo que aplicaría durante dos ejercicios, porque podría resultar más eficiente el coste fiscal que el de adaptar la estructura solo para dos años”, añade Vidal. Por eso, apunta Hernández, también se mirarán con lupa los movimientos hechos a partir de 2023, cuando ya se intuía que el gravamen podría terminar siendo permanente.

Desde un gran despacho con oficinas en varias ciudades españolas matizan que el tributo “es muy claro y no se presta a demasiadas interpretaciones”, además de contar con una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que lo avala. “Puede que haya disputas en casos concretos, pero no debería plantear problemas a los contribuyentes que lo han pagado correctamente”, señalan. “Otra cosa es que Hacienda ponga el foco en este impuesto por otras razones, ya que ha sido una decisión política muy trascendente”.

Armonización

De hecho, el Gobierno creó el nuevo gravamen dejando claro que su naturaleza no era solo recaudatoria. Su prioridad era conseguir cierta armonización entre territorios en la tributación sobre el patrimonio, un impuesto de carácter estatal cuya gestión está en mano de los gobiernos autonómicos, que le han dado tratamientos distintos provocando grandes diferencias en el trato a los contribuyentes. Y lo ha logrado: todos los territorios que tenían bonificado parcial o totalmente el gravamen autonómico lo han recuperado para que su recaudación se quede en las arcas regionales y no vaya a la hacienda estatal.

Madrid, la primera que anunció el regreso del tributo, es la autonomía que más había exprimido su capacidad normativa: desde hace más de una década nadie paga en la comunidad el impuesto sobre el patrimonio, bonificado al 100%. No por nada es el territorio que aglutina las mayores fortunas del país —tanto por número (19.508 en 2021, según la Agencia Tributaria) como por riqueza media declarada (10 millones)—. También es la que más ha aportado al nuevo gravamen de solidaridad, que funciona de manera complementaria al impuesto sobre el patrimonio: solo afecta a las fortunas de más de tres millones de euros y por aquella parte de la riqueza que no ha sido gravada por las comunidades autónomas.

En 2023, primer año en que se cobró, recaudó 623 millones de 12.010 contribuyentes —frente a los 231.367 que declaran patrimonio—. La mayoría residía en Madrid, que aportó casi el 90% (555 millones), seguida por Andalucía y Galicia, las otras dos comunidades que tenían bonificado el impuesto sobre el patrimonio, al 100% la primera y al 50% la segunda. La cuota media fue de 52.000 euros, según Hacienda. Entre los dos tributos, el fisco ingresó 1.868 millones el año pasado.

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Las devoluciones, como viene siendo habitual, se iniciarán en apenas 48 horas desde el comienzo de la cita con la agencia, es decir, este mismo viernes. Por su parte, los contribuyentes con resultado a ingresar no tendrán que realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña, que este año termina el 1 de julio. En consecuencia, siempre que se cumplan las previsiones de la agencia, el resultado neto será de 7.258 millones, una subida del 45% si se compara con los 4.987 millones que se registraron el año pasado.

Tal y como explicaron durante la presentación de la campaña la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, y la directora del Departamento de Gestión, Rosa Prieto, el leve aumento del 1,2% que se prevé para el total de presentaciones se debe a la mejora del empleo y a cambios de calado que se incorporan este año. Algunos de ellos son la obligatoriedad de presentación a la que están sujetos todos los autónomos (independientemente de sus ingresos) y los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV), así como la ampliación de las deducciones por maternidad.

Por su parte, añadieron, el aumento de las declaraciones con resultado a ingresar supone volver a las cifras habituales tras unos años atípicos. En esencia, el fenómeno se explica por el crecimiento sustancial de determinadas rentas sujetas al gravamen que no tienen retención previa, como los rendimientos de actividades económicas o del capital inmobiliario. También, por el aumento de las ganancias patrimoniales, que crecen un 17% por la buena evolución de la Bolsa, y de las del capital mobiliario, que lo hacen en un 33%.

La campaña de la Renta va pareja a la del impuesto de patrimonio, en el que se prevén este ejercicio unos ingresos totales de 1.980 millones de euros, lo que supondría una fuerte subida del 61,4% respecto a la pasada campaña. En paralelo, se esperan 223.119 declaraciones, un 2,8% menos. Este fuerte repunte en los ingresos por Patrimonio se debe, recalcó Fernández, a que algunas comunidades, como es el caso de Madrid, Andalucía y Galicia, han incorporado cambios en las bonificaciones autonómicas que tenían en este tributo para quedarse con la recaudación, en lugar de que esos ingresos vayan al Ministerio de Hacienda a través del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas.

Avisos

Este año, la Agencia Tributaria enviará 164.000 avisos a personas que hayan recibido a lo largo de 2023 diferentes premios del juego online por los que tendrían que declarar, según avanzó Fernández. Estas notificaciones se basan en los datos de la dirección general de ordenación de juego y tienen el objetivo de advertir a los contribuyentes de que la agencia conoce esos premios y sus cuantías, que deben tributar.

Además de esta novedad, la agencia también remitirá 948.000 notificaciones de monedas virtuales (328.000 en la campaña de 2022), 895.000 de rentas de otros países (807.000 en 2022) y 866.000 de alquiler de inmuebles (661.000 en 2022). Es decir, casi tres millones de avisos en total. Esto no implica que se haya detectado un fraude, sino que Hacienda dispone de información que indica que podría haber rentas que declarar, procedentes, por ejemplo, de portales inmobiliarios o de administraciones tributarias extranjeras.

Además de todas estas notificaciones que se muestran en los datos fiscales, para avanzar en el cumplimiento voluntario la agencia también mandará cartas a quienes hayan presentado su declaración modificando la información aportada inicialmente por Hacienda, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que constaba en las bases de datos. Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, podrá mantenerla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, preventivamente se le dará la opción de corregirla para evitar inspecciones que podrían dar lugar a generación de intereses y sanciones.

Calendario principal

• Desde el miércoles 3 de abril, los contribuyentes podrán acceder a su borrador y presentar la declaración de forma online, tanto a través del programa Renta Web como desde la aplicación móvil de la agencia.
• A partir del martes 7 de mayo será posible presentar la declaración de forma telefónica, aunque para ello será necesario pedir cita previamente entre el 29 de abril y el 28 de junio.
• El lunes 3 de junio se abre el plazo para hacer la presentación de manera presencial en una de las oficinas de la agencia, aunque también en este caso será necesaria una cita previa entre el 29 de mayo y el 28 de junio.
• El miércoles 26 de junio termina el plazo para presentar la declaración por internet si el resultado es a ingresar con domiciliación en cuenta. También es el último día para solicitar cita previa en caso de que se quiera realizar la declaración por teléfono o de forma presencial.
• El lunes 1 de julio será el último día para la presentación del resto de las declaraciones.

Novedades de la campaña

La principal novedad de esta campaña es la puesta en marcha de un plan especial para la confección y presentación de declaraciones, diseñada para los mayores de 65 años que tengan su domicilio fiscal en un pequeño municipio —menor de 3.000 habitantes— sin delegación de la agencia. Esta iniciativa comenzará el 7 de mayo, con solicitud de cita a partir del 29 de abril, y alcanzará a más de 500 municipios de las comunidades autónomas de régimen común.

La medida se pone en marcha en un contexto marcado por la obligatoriedad de presentar la declaración por internet, una polémica decisión de Hacienda que afecta principalmente a los contribuyentes de más edad. Por eso, explica la agencia, con este plan “se pretende avanzar en un modelo de asistencia al ciudadano que combine todas las modalidades de atención al público en función de cada servicio y de la disponibilidad de cada momento”, con una “especial sensibilidad” hacia “el colectivo de personas mayores”.

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La Agencia Tributaria permite hacerlo a través de la página Renta Web o de la aplicación móvil, con DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia. También ofrece atención telefónica y presencial.

Calendario principal

• Desde el miércoles 3 de abril, los contribuyentes podrán acceder a su borrador y presentar la declaración de forma online, tanto a través del programa Renta Web como desde la aplicación móvil de la agencia.
• A partir del martes 7 de mayo será posible presentar la declaración de forma telefónica, aunque para ello será necesario pedir cita previamente entre el 29 de abril y el 28 de junio.
• El lunes 3 de junio se abre el plazo para hacer la presentación de manera presencial en una de las oficinas de la agencia, aunque también en este caso será necesaria una cita previa entre el 29 de mayo y el 28 de junio.
• El miércoles 26 de junio termina el plazo para presentar la declaración por internet si el resultado es a ingresar con domiciliación en cuenta. También es el último día para solicitar cita previa en caso de que se quiera realizar la declaración por teléfono o de forma presencial.
• El lunes 1 de julio será el último día para la presentación del resto de las declaraciones.

Datos fiscales

Hacienda dispone de una serie de datos fiscales acerca de los contribuyentes, a los cuales se puede acceder desde mediados del mes de marzo. Entre otros, están la información relativa a monedas virtuales obtenidas de los modelos 172, 173 y 721, las ganancias patrimoniales con precio aplazado, los rendimientos obtenidos del juego en línea, o la solicitud de reintegro para aquellos contribuyentes que cobraron la primera ayuda de 200 euros sin tener derecho a la misma. Además, según recuerdan desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Hacienda dará avisos a los herederos con inmuebles urbanos para que se declaren las rentas derivadas de la titularidad de estos bienes, o a los compradores de vehículos eléctricos para ponerles al corriente de las deducciones a las que tienen derecho, entre otros.

En los datos fiscales también habrá novedades para los mutualistas que tengan derecho a la aplicación de la disposición transitoria segunda de la ley del IRPF, la cual ofrece la posibilidad de reducir la cantidad a incluir como rendimiento del trabajo cuando se perciban pensiones de jubilación o invalidez. La AEAT incluirá en sus datos fiscales el importe de la reducción calculado por la propia agencia y se aplicará la rebaja automáticamente. A los mutualistas a los que no les aparezca la reducción se les informará de que Hacienda no dispone de la información necesaria.

Presentación

Cómo en años anteriores, recuerdan desde la Aedaf, las declaraciones se podrán presentar confirmando o modificando el borrador, a través de internet por la sede electrónica de la AEAT, por teléfono, en la oficina de la AEAT con petición de cita y en otras oficinas habilitadas por comunidades y ayuntamientos. Cabe recordar que desde 2018 ya no se puede presentar la declaración en papel. Si el resultado es a ingresar, se puede domiciliar el pago al presentar la Renta por internet. También se puede abonar de inmediato con un número de referencia completo (NRC) o imprimiendo una carta de pago o documento de ingreso para pagarlo en el banco.

Principales novedades

Una de las principales novedades de esta campaña afecta a los trabajadores autónomos, los cuales estarán obligados a hacer la declaración independientemente de los ingresos que hubieran registrado en el ejercicio fiscal 2023. Del mismo modo, también tendrán que hacerlo las personas que hayan recibido el ingreso mínimo vital (IMV) y las integrantes de la unidad de convivencia.

Otro cambio vino de la mano de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, la cual elevó el mínimo para la obligación de la presentación de la declaración. Es decir, en esta campaña estarán obligados a presentar la autoliquidación del IRPF quienes hayan percibido más de 15.000 euros con dos o más pagadores —el límite anterior estaba en 14.000 euros—, siempre que el segundo y siguientes pagadores superen, en su conjunto, los 1.500 euros anuales. También se incrementó la reducción de las retenciones por IRPF a las rentas de hasta 21.000 euros.

Otra novedad es la relativa a las madres. Hasta el año 2022, solo las que eran trabajadoras podían beneficiarse de la deducción de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años. Ahora, incluso si en el momento del nacimiento la mujer no estaba trabajando —sino cobrando el desempleo—, podrá beneficiarse de esta deducción y solicitar el abono anticipado de 100 euros al mes.

También hay nuevas deducciones por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales españolas, por inversión en empresas de nueva creación y por las contribuciones empresariales a los sistemas de previsión social imputadas a favor de los trabajadores, entre otras. Además, hay un significativo aumento de la dieta por kilometraje desgravable, que pasará a ser de 0,26 euros frente a los 0,19 euros establecidos previamente.

Quién debe declarar

Por regla general, en el caso de los rendimientos del trabajo, los empleados —y pensionistas— que percibieron en 2023 menos de 22.000 euros brutos anuales están exentos de confeccionar la declaración, siempre y cuando hayan tenido un único pagador. Si los ingresos proceden de dos o más empleadores, la suma que perciben del segundo y siguientes no puede superar en total los 1.500 euros. Eso sí, la posibilidad de acogerse a la exención no excluye de ninguna manera la posibilidad de presentar la Renta, ya que si el contribuyente quiere aplicarse alguna deducción a la que tiene derecho, o cree que la declaración le saldrá a devolver, presentarla es la única manera para acceder a estas ventajas.

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El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) grava los ingresos obtenidos por los contribuyentes en cada ejercicio. En la campaña de 2024, que da comienzo este miércoles 3 de abril y se extenderá hasta el 1 de julio, se rendirá cuentas ante la Agencia Tributaria por la renta recibida en 2023, ya sea a través del trabajo o de otras fuentes como la inversión, los dividendos o el alquiler de una vivienda. Sin embargo, y dado que el impuesto tiene un tramo estatal y otro autonómico, dos perfiles con fuentes de renta e ingresos similares pueden tener obligaciones fiscales muy diferentes en función de su lugar de residencia.

Tal y como refleja el Panorama de la fiscalidad autonómica y foral de 2023, un documento que publica cada año el Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas (CGE), un contribuyente con ingresos anuales de 30.000 euros pagará 4.610,2 euros en las tres provincias vascas —las más benévolas para estos perfiles—, mientras que tendrá que abonar 431 euros de más en Cataluña, la autonomía que peor trato fiscal da a este tipo de ciudadanos.

Algo similar sucede en el caso de quienes registran una renta de 45.000 euros por ejercicio. En el País Vasco, la cuota a pagar rondará los 8.850 euros —de nuevo la más baja de todo el Estado—, mientras que ascenderá en casi 1.000 euros en el caso de residir en Extremadura, que en este caso es la más dura. Las tres provincias vascas vuelven a ser las que mejor trato tributario dan a las rentas de 70.000 euros (una cuota de 17.988 euros), que pagarán la mayor cantidad en Navarra, con 19.815 euros. En todos los casos, el ejemplo parte de un contribuyente menor de 65 años, soltero, sin hijos y que obtiene únicamente rentas del trabajo.

También hay importantes brechas en el caso de los altos contribuyentes, a partir de los 80.000 euros anuales de renta. Así, mientras que uno que registre unos ingresos de 110.000 euros pagará en impuestos 38.800 euros en la Comunidad Valenciana, otro que viva en Madrid tendrá una cuota de 3.000 euros menos. Esta tendencia se repite en todos los tramos de renta posteriores, agrandándose a partir de los 600.000 euros. En Comunidad Valenciana, un contribuyente con esos ingresos pagaría 298.115 euros en el IRPF y en la región de la capital, solo 251.990 euros.

Las rentas más bajas, por lo general, están exentas de declarar, ya que la normativa del impuesto fija cada año diferentes umbrales de exención. En 2023, por ejemplo, los trabajadores por cuenta ajena que cobraran en el año menos de 22.000 euros brutos no deben confeccionar la declaración siempre que cumplan con determinados requisitos. El principal es que no hayan tenido más de un pagador. En el caso de que los ingresos procedan de dos o más empleadores, la suma que perciben del segundo y siguientes no puede superar conjuntamente los 1.500 euros para estar exentos de declarar.

La capacidad normativa de las comunidades autónomas en el IRPF, que en años previos se había focalizado en regular medidas tributarias para combatir el fenómeno de la despoblación, se centró durante el ejercicio fiscal 2023 en contrarrestar y paliar los efectos de la escalada de la inflación. Así, como ya había sucedido un ejercicio antes, ocho autonomías deflactaron o bajaron la tarifa, además de rebajar en algunos casos los mínimos personales y familiares.

En consecuencia, hay notables diferencias al analizar los tipos mínimos y máximos del impuesto que se aplican en cada territorio. El tipo mínimo autonómico más bajo se encuentra en Madrid, con un 8,5% en el tramo regional que asciende al 18% al sumarle la tarifa estatal. Por ello, en términos agregados esta comunidad es la más barata, mientras que la más cara es Cataluña al registrar un agregado del 20% (10,5% regional más 9,5% estatal). Si a la ecuación se le suman las provincias forales el panorama cambia: Navarra tiene un tipo mínimo agregado del 13% y País Vasco, del 23%.

El tipo máximo autonómico más elevado, por su parte, se da en la Comunidad Valenciana, con un 29,5% que asciende al 54% al sumarle la tarifa estatal, del 24,5%. De nuevo, Madrid es la región más barata. El tipo máximo autonómico, el que se aplica a la rentas más altas, se sitúa en el 20,5% y llega al 45% en términos agregados.

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En el capítulo 8 del documento, referente a los activos financieros, el departamento que dirige María Jesús Montero explica que parte del incremento de los pagos acumulados en este epígrafe se debe a “la aportación patrimonial a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por 500.000 miles de euros”. Aunque el ministerio no especifica que el movimiento está dirigido para financiar la operación de entrada en el accionariado de Telefónica, la cifra está cerca de los 700 millones de euros en los que se valoró el 3% de la operadora.

Un traspaso de estas dimensiones es, de hecho, muy poco habitual, según muestran los propios datos de la IGAE. En el mismo periodo del año previo, es decir, febrero de 2023, se destinaron cero euros a esta partida. Lo mismo sucedió en enero de 2024. Es decir, todo apunta a que en marzo volverá a reflejarse un traspaso de no menos de 200 millones —para cubrir la diferencia hasta los 700 millones en los que se valoraba el 3% de las acciones en el momento del anuncio—.

Los planes del Gobierno son que la SEPI tome el 10% del accionariado de Telefónica cuanto antes, una operación decidida a mediados del pasado diciembre. Sin embargo, todo se complicó tras la renuncia a elaborar unas cuentas públicas para el año 2024 y la consiguiente imposibilidad de presupuestar la transferencia necesaria. Para solucionarlo, el Ministerio de Hacienda decidió tirar de los fondos del Presupuesto de 2023, prorrogado durante este ejercicio.

Con ellos, tal y como confirmó Hacienda la semana pasada, se sufragó esta primera adquisición del 3%. Además, avanzaron fuentes del ministerio, se empleará la misma fórmula para completar la operación y alcanzar el objetivo del 10% en el corto plazo. Es decir, todo indica que en los próximos presupuestos de gastos del Estado, que se publican mes a mes, vuelva a engordarse esta partida para sufragar la adquisición completa, que se estima en unos 2.100 millones de euros.

Agitación en el capital

Los movimientos han provocado una fuerte sacudida en la compañía. En diciembre pasado, el Consejo de Ministros ordenó a la SEPI que llevase a cabo la adquisición de hasta la citada participación del 10% del capital de Telefónica. De llegar a esa cota, el Estado pasaría a ser el principal accionista de la compañía, por delante de STC, controlada por el fondo soberano de Arabia Saudí, que busca llegar al 9,9%. En este caso, la operadora árabe adquirió un 4,9% de Telefónica directamente en acciones y un 5% a través de derivados. Para superar el 5%, STC debe recibir la aprobación del propio Gobierno español, por el carácter estratégico de Telefónica en la seguridad y defensa nacional.

La doble entrada de STC y SEPI rompe el status quo de la compañía de las últimas décadas, periodo en el que CaixaBank y BBVA se han mantenido como principales accionistas, con presencia en el consejo de administración.

Una de las cuestiones abiertas se centra en la posible entrada de representantes de la SEPI en el consejo de administración de Telefónica. La teleco ha convocado junta de accionistas para el próximo 12 de abril, y en el orden del día, figura únicamente, las reelecciones de Isidro Fainé, en este caso como consejero dominical, así como de Javier Echenique, Peter Löscher, Verónica Pascual Boé y Claudia Sender Ramírez, como consejeros independientes. Además, ratificará los nombramientos de Solange Sobral Targa y Alejandro Reynal como consejeros independientes.

Ahora bien, tal y como figura en el Reglamento de la Junta, los accionistas que representen al menos un 3% del capital pueden solicitar un complemento a la convocatoria, incluyendo uno o más puntos al orden del día. Esta solicitud deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria, plazo ya concluido, con lo que esta junta no podrá nombrar consejeros distintos a los que ya figuran en la propuesta de acuerdos del orden del día.

Telefónica, que en pocos días celebrará su centenario, una fecha muy señalada por su presidente, José María Álvarez-Pallete, afirmó la pasada semana que el interés de la SEPI demuestra que es una compañía líder, estratégica y atractiva no sólo en el ámbito de las telecomunicaciones sino también en el desarrollo del conjunto de la nueva era digital, tanto en España como en el plano internacional. “Desde Telefónica seguiremos enfocados en la ejecución del Plan Estratégico 2023-2026 para seguir creando valor para los accionistas y procurar el mejor servicio a los clientes”, dijo la teleco.

En el mercado se cree que la SEPI va a acelerar con nuevas compras de acciones de Telefónica en el mercado, para evitar un encarecimiento del precio, y sus bancos podrían llevar a cabo operaciones de bloque, como las realizadas en las últimas semanas. En las últimas semanas, las matildes han acelerado su subida en Bolsa, llegando a superar la cota de los cuatro euros (la pasada semana cerraron en 4,09 euros, y este lunes la Bolsa permanece cerrada). Desde principios de año, los títulos de Telefónica, que está envuelta en la opa de exclusión de su filial alemana, se han revalorizado cerca de un 13%.

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Tractoradas de agricultores multitudinarias en Berlín. Aeropuertos completamente vacíos en Fráncfort y Hamburgo. Estaciones de tren desangeladas en Múnich. Son solo algunas de las estampas que se han podido fotografiar en los últimos tres meses en Alemania, agitada por las demandas sindicales para que los trabajadores recuperen poder adquisitivo y, a la vez, por una parálisis económica. Esa situación está empezando ya a afectar al comportamiento del resto de Europa. No en vano, Alemania sigue representando más de una cuarta parte de la riqueza de la zona euro. Raymond Torres, director de Coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), explica: “La economía de la eurozona está creciendo menos por la fuerte dependencia y la interconexión que hay entre Alemania y otros países como Francia e Italia”. “Todavía es pronto para saber qué sucederá en el medio plazo, pero en el corto el impacto está siendo claramente negativo”, añade.

Las principales instituciones internacionales —como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)— ya dan cuenta del posible efecto contagio. Aunque en los últimos años las previsiones económicas se han convertido en una suerte de ejercicio de adivinanza ante la cantidad de imprevistos, todas las proyecciones coinciden en remarcar los tímidos avances de países como Francia e Italia y, en consecuencia, de la propia eurozona. A finales de enero, el FMI previó crecimientos en 2024 del 1% y el 0,7% para París y Roma, respectivamente, dejando a la zona euro con una leve subida del 0,9%. Pocos días más tarde, la OCDE hizo lo propio, fijando sendos aumentos del 0,6%, el 0,7% y el 0,6%. Los dos organismos, sin embargo, cifraron la previsión de España —por ahora menos expuesta a Alemania— en el 1,5%. Pronósticos similares son los que ofrece la Comisión Europea. “España está en mejor forma que el resto de la UE”, afirmó en una entrevista a EL PAÍS el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Sin embargo, aunque países como España tiren del carro, su impulso no es suficiente para compensar el estancamiento teutón.

Los analistas de la consultora BCA Research, de hecho, creen que la zona euro podría entrar en una leve recesión este año aunque el conjunto de la Unión Europea consiga esquivarla. Y es que, recuerdan, el peso de Alemania en la moneda única supone todavía el 28%. En The Rest Of Europe Versus Germany (El resto de Europa comparado con Alemania), publicado recientemente, la firma de análisis concluye que, si no fuera por el desempeño del país, el PIB de la zona euro habría crecido un 12,8% en los últimos tres años frente al 10,6% que se ha registrado oficialmente. El problema, según detalla el jefe de estrategia europea de BCA, Mathieu Savary, es que esta tendencia continuará mientras Berlín siga enfrentándose a obstáculos materiales como los relacionados con la transición energética, las medidas de austeridad fiscal, los problemas inmobiliarios y la débil demanda externa. “Estos vientos en contra están deprimiendo el consumo y, por ello, el PIB nacional”. Todas esas dificultades, añade, tienen una incidencia considerablemente menor en otros países comunitarios.

En el caso alemán, añade Torres, se han juntado dos perturbaciones que inciden de manera conjunta. Una está relacionada con la inflación, la fuerte subida de tipos y la pérdida de poder adquisitivo por parte de los hogares, lo que afecta al consumo privado y a la capacidad de compra. Esta tesitura ha tenido efectos en más mercados europeos, si bien sus consecuencias han ido moderándose tras el paso de los meses. La segunda alteración, continúa el director de coyuntura de Funcas, es intrínseca al país germano y está vinculada a su cambio de modelo productivo, por lo que sus secuelas son de carácter estructural.

Hasta hace pocos años, la economía nacional alemana bebía de un suministro barato de energía proveniente de Rusia y de la externalización de parte de la producción a países asiáticos, principalmente China. Es decir, esta dependencia hacia Moscú y Pekín es particularmente más acusada que la de otros países, lo que tiene indudables consecuencias en una fase de transición verde y en momentos de tensión geopolítica como el actual. Las secuelas energéticas tras el inicio de la guerra en Ucrania y el corte de suministro de gas desde Rusia son obvias. Pero también hay que mirar hacia el gigante asiático —segundo socio comercial extracomunitario para Alemania— para hacerse una idea del daño que están provocando en Berlín la caída de las exportaciones y la guerra en el mercado del automóvil, particularmente en lo que se refiere al coche eléctrico.

Hay más puntos a tener en cuenta, como la débil actividad inversora de las empresas en Alemania. A corto plazo, detalla Timo Wollmershäuser, analista económico y director adjunto del Ifo, la industria alemana sufre una débil demanda global de bienes de capital e intermedios, es decir, precisamente aquellos en los que está especializada la industria nacional. A las débiles perspectivas de exportación se le suma “la gran incertidumbre sobre la política económica del Gobierno alemán”, algo que provoca que las empresas pospongan sus decisiones de inversión. Por eso, resume, “en última instancia Alemania se ha vuelto menos atractiva como lugar de negocios”. A todo ello se le suma, añade Wollmershäuser, que los impuestos son altos, que la burocracia es un obstáculo, que la digitalización avanza lentamente, que los precios de la energía son elevados y que la demografía está provocando escasez de mano de obra. Por todos estos factores, el FMI estima que será el país con el crecimiento más lento del G-7 este año, después de haber sido la única economía del grupo en contraerse durante 2023.

Oportunidad para el sur

Por todo ello, creen en BCA Research, lo más probable es que la economía de la zona euro siga la estela del año anterior y vuelva a mostrar signos de clara debilidad durante 2024. Esto será porque el peso alemán tirará a la baja la media o porque el contagio será real y otras economías como la francesa o la italiana terminarán gripando. O por una mezcla de ambas. El impulso del crecimiento global de los últimos 12 meses parece haber pasado por alto en gran medida a Europa. La región ha estado lidiando con los efectos persistentes de los elevados precios de la energía, los altos tipos de interés necesarios para controlar la inflación y la débil confianza de los consumidores. “Estos vientos en contra han afectado especialmente a las empresas manufactureras, incluidas las de Alemania”, sostiene Alfred Kammer, director para Europa del FMI.

Con todo, añaden los analistas, es de esperar que la divergencia entre Alemania y el resto de Europa —principalmente la del sur— aumente este ejercicio, a medida que la primera continúe estancada y los segundos vayan mejorando. También lo cree así Ángel Talavera, jefe del área de economía europea en el centro de análisis Oxford Economics: “Inevitablemente, el estancamiento de Alemania llevará a la eurozona a otro año de crecimiento muy bajo”, explica. No obstante, España parece que volverá a escaparse y crecerá por encima de la media. “De hecho, en nuestras proyecciones tenemos a España y Alemania en los lados opuestos de la tabla”. A Berlín, como al resto de las capitales comunitarias, le afecta la subida de tipos. Sin embargo, insiste Talavera, el país tiene problemas añadidos como la baja demanda —sobre todo externa— y lastres regulatorios con largos tiempos de espera en la aprobación de proyectos, lo que pone trabas a la inversión.

Las últimas previsiones de la Comisión Europea, las más recientes de los principales organismos, apuntan al tirón del sur frente al estancamiento de Alemania y otras economías tradicionalmente punteras. Además de España, para la que Bruselas proyecta un aumento del PIB del 1,7% en 2024 y del 2% en 2025, destacan otras como Grecia o Portugal, además de Malta o Chipre. En esta línea, sugiere Raymond Torres, cabría analizar la parte positiva que puede tener el cambio de ciclo alemán. Es decir, con la paulatina adaptación del nuevo modelo productivo, “muchas multinacionales pueden considerar sus inversiones y localizaciones”. Por ahora, estas perturbaciones no parecen estar provocando reubicaciones. Sin embargo, “sí empiezan a verse cambios de tendencia en cuanto a las nuevas inversiones”. Esto no compensa lo negativo “ni de lejos”, pero es una ventana de oportunidad en el medio plazo para países como España.

Más allá, desde el FMI insisten en que, incluso si el crecimiento se recuperara en el corto plazo, las perspectivas para Europa no son optimistas a menos que la Unión comience un proceso de reformas. Alfred Kammer pone el foco en los ingresos per cápita europeos, un tercio más bajos en promedio que los de Estados Unidos. También, en la necesidad de mejorar la productividad y sacar el potencial del mercado único, “reduciendo las barreras internas”. Esto debe complementarse con cambios a nivel nacional: en Alemania “hay un margen significativo para reducir la burocracia y las barreras a la formación de nuevas empresas”.

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En el tramo final del año, como suele pasar, el agujero ha engordado a un ritmo más rápido, saltando del 0,13% del PIB del tercer trimestre al 0,91% del último, tanto que la Autoridad Fiscal estimaba que las autonomías cumplirían con el 0,6% con los datos hasta septiembre en la mano. El saldo final es negativo en 13.254 millones de euros, algo menos con respecto a diciembre de 2022 (15.119 millones), gracias a un aumento de los ingresos superior al de los gastos y pese a las rebajas de impuestos acometidas por la mayoría de las comunidades, sobre todo en el IRPF. Su impacto, no obstante, aún no es palpable en los recursos del sistema.

El desfase se multiplicaría por dos, según los datos de contabilidad nacional del último trimestre del año, hasta los 24.490 millones o el 1,7% del PIB, si se descontara el impacto de las liquidaciones del sistema de financiación sobre el déficit, de más de 11.000 millones, y que se abonan con dos años de diferencia.

La vicepresidenta primera y responsable del ramo, María Jesús Montero, ya lo había adelantado la semana pasada en la presentación de la ejecución presupuestaria de fin de año, en la que destacó dos datos relativos a las cuentas autonómicas: los recursos récord repartidos a las comunidades desde la pandemia y que solo cinco territorios terminaran 2023 con superávit —Asturias, Baleares, Canarias Cantabria y Navarra—.

Algunos de los más rezagados, con desfases superiores a la media, forman parte de los sospechosos de siempre: Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, las comunidades peor tratadas por el sistema de financiación, que deben hacer un mayor esfuerzo para garantizar el mismo nivel de servicios públicos que las demás. Entre las más deficitarias también está Extremadura, que al contrario es una de las autonomías que más recursos per cápita recibe del modelo, y Cataluña, que está en la media.

El objetivo inicial de déficit para las comunidades era aún más estricto, del 0,3% del PIB. Las autonomías que no cumplieron ni con la nueva meta, sin embargo, no se enfrentan ni a sanciones ni a controles más severos de sus cuentas, por estar las reglas fiscales suspendidas. En otras palabras, el umbral del 0,6% no era vinculante, pero los desvíos registrados implicarán un esfuerzo mayor para este ejercicio, en el que la meta a cumplir es un déficit del 0,1% y vuelve a asomarse el corsé presupuestario.

Las corporaciones locales tampoco cumplieron con su objetivo, un superávit del 0,1%, y cerraron el año con un saldo negativo del 0,09%. En cambio, el desvío de la Seguridad Social, del 0,56% del PIB, estuvo en línea con lo previsto. La Administración central soportó la mayor corrección, de un punto porcentual, permitiendo rebajar los números rojos del conjunto de las Administraciones públicas al 3,7% del PIB, frente al 3,9% previsto. Este año, el Gobierno deberá acometer un ulterior recorte para bajar el desfase al 3% que exige Bruselas.

Impuestos, salarios y transferencias

En la lenta corrección del déficit autonómico han influido diversos factores como la evolución de los recursos no financieros con los que cuentan los territorios. Estos han pasado de los 223.523 millones registrados en 2022 a los 236.453 millones de 2023, una subida del 5,8% que se explica, entre otras causas, por el aumento de los ingresos que se obtienen a través de la imposición tributaria. Sin embargo, el volumen de empleos no financieros también ha crecido hasta los 249.707 millones, lo que origina el citado agujero de 13.254 millones de euros.

Los rendimientos vía impuestos se situaron el pasado ejercicio en los 86.818 millones de euros, 10.000 millones más que los logrados en 2023. En este apartado, sin embargo, hay notables diferencias en función de cada figura. Mientras que los gravámenes sobre el capital y sobre la producción y las importaciones han caído un 5,6% y un 2,4% anual, respectivamente, los impuestos sobre la renta y el patrimonio se han disparado con un avance superior al 20%, desde los 53.633 a los 64.507 millones de euros.

Dentro de esta última rúbrica destaca el IRPF, con un aumento en su volumen de casi el 21% que se traduce en una cifra total de 62.565 millones, de los que 55.541 millones corresponden a las entregas a cuenta realizadas por el Estado. Se da la circunstancia de que los ingresos por este gravamen han crecido en un año marcado por las rebajas fiscales autonómicas, algo que se explica por el decalaje con el que funcionan los desembolsos que realiza el Estado a los territorios, y que se producen tras la liquidación definitiva del ejercicio en cuestión, dos años después. Es decir, será a partir de 2024 cuando empiecen a hacerse notar los efectos de las rebajas impositivas puestas en marcha en 2022, cuando comenzó la crisis inflacionista.

En los impuestos también destaca, aunque por el motivo contrario, patrimonio, con unos ingresos de 1.364 millones, un 7% menos. Entre otras razones, esto se debe a los cambios normativos que efectuaron varias autonomías al fijar bonificaciones en la cuota del impuesto del 50% y del 100%.

Otro apartado es el referente a los empleos no financieros, en el que destacan rúbricas como las transferencias recibidas por parte de otras administraciones públicas, las cuales se sitúan en 126.186 millones (+3,3% anual). En este subgrupo, las más representativas son las recibidas por el Estado, que llegan a los 106.140 millones (+2,5%). Esta evolución se debe al aumento de los pagos recibidos por el sistema de financiación, que pasan de 80.306 a 88.835 millones. De esta cantidad, 80.498 millones corresponden a las entregas a cuenta de 2023 y otros 8.337 millones, a la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2021 —excluido el IRPF—.

Estos aumentos se han compensado, en parte, con el descenso de las transferencias recibidas al margen del sistema, que bajan de los 23.225 a los 17.305 millones de euros de un ejercicio a otro.

Otros indicadores llamativos que influyen en la evolución del déficit son la remuneración de los asalariados, que presenta un crecimiento del 6% —hasta los 101.601 millones— debido fundamentalmente al incremento salarial del 3% para los funcionarios. También destacan los intereses, que se disparan en más de un 70% hasta los 6.468 millones por la subida de tipos y por sus efectos en los préstamos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. No pueden olvidarse otros puntos como las subvenciones a determinados productos y servicios, costeadas en parte por los gobiernos regionales. Entre otras, destacan las rebajas del 30% al transporte público.

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Fue la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien tras la reunión semanal del Consejo de Ministros confirmó ayer que el aterrizaje definitivo en Telefónica se ejecutará “en el menor tiempo posible y siempre y cuando no afecte a la cotización”. El objetivo de la operación es “proporcionar más estabilidad” a la empresa, toda vez que se considera “una compañía estratégica” y que se trata de una fórmula “utilizada por otros países”, explicó sin entrar en más detalle ni aclarar el esquema de financiación.

Los planes del Gobierno para que la SEPI tome el 10% del accionariado de Telefónica, una operación decidida a mediados de diciembre, se complicaron tras la renuncia a elaborar unas cuentas públicas para el año 2024 y la consiguiente imposibilidad de presupuestar la transferencia necesaria. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha decidido tirar de los fondos del Presupuesto de 2023, prorrogado durante este ejercicio, para salvar los muebles y sufragar la adquisición del 3% de la teleoperadora por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, adscrita al propio departamento que dirige María Jesús Montero. El resto de las compras, hasta completar el objetivo marcado del 10%, se estructurarán bajo la misma fórmula, según avanzan fuentes cercanas al proceso.

La información proporcionada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes, cuando se hizo oficial la irrupción pública en la empresa, no incluye detalles sobre los mecanismos financieros que se han empleado para concluir la transacción. No obstante, fuentes de Hacienda confirman que se ha recurrido al Capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado. Este apartado hace referencia a los activos financieros, que no afectan al déficit público y servirán para rematar la transacción que convertirá al Estado en el primer accionista de la multinacional.

La inversión necesaria para ese 3% oscila entre los 600 millones y los 700 millones de euros. El valor máximo estimado corresponde a un precio de 3,99 euros por acción, fijado al cierre del lunes y que el martes superó ligeramente los 4 euros, si bien el precio exacto de la compra y el momento preciso de la operación no se han especificado, por lo que se desconoce la cuantía final exacta que se ha costeado con el Presupuesto. Para completar la adquisición del 10% serán necesarios, por lo tanto, cerca de 1.500 millones más, si bien la fluctuación en el precio de las acciones sobre cantidades tan altas de participación puede ocasionar grandes variaciones en el coste definitivo.

El Capítulo 8 de las cuentas prorrogadas cuenta con fondos por valor de 30.347 millones de euros. De ellos, 20.608 millones corresponden a la partida de aportaciones patrimoniales; 4.967 millones, a la concesión de préstamos al sector público; y 3.687 millones, a la concesión de préstamos fuera del sector público. La cantidad restante se reparte entre la constitución de depósitos y fianzas, la adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público y la suscripción de acciones y aportaciones de fondos a organismos internacionales.

Fuentes conocedoras avanzan que la operación de entrada en Telefónica se habría costeado mediante las aportaciones patrimoniales. Según recalca el propio Presupuesto, se consideran como tal las contribuciones realizadas por el Estado, sus organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos siempre que reciban, por igual valor, activos financieros o un aumento en la participación del ente y existan expectativas de recuperación de las aportaciones. En otro caso, deberían considerarse como transferencias de capital.

El crédito utilizado, apuntan estas fuentes, está ya generado en los propios Presupuestos prorrogados, por lo que no hace falta cubrirlo con ingresos nuevos. Es decir, añaden, es de prever que el resto de la adquisición se costee a través de la misma vía.

El Gobierno, en uno de los últimos consejos de ministros del año pasado y en plena pugna con el fondo saudí STC, ordenó a la SEPI la adquisición de hasta un 10% del capital social de la operadora. Una vez que se consume el movimiento, el Estado pasará a ser el primer accionista de la firma, por delante de BBVA, CaixaBank, Saudi Telecom Company (STC) y BlackRock, todos ellos por encima del 3% mínimo que marca la CNMV para que conste públicamente. Hasta la fecha, para poder sufragar la operación se habían barajado fórmulas como la emisión de deuda por parte del Tesoro, así como la posibilidad de recurrir a un crédito sindicado, más aún tras renunciar el Gobierno a presentar unos nuevos Presupuestos para 2024.

En paralelo, sobre la mesa del gabinete presidido por Pedro Sánchez todavía está pendiente la respuesta definitiva a la entrada definitiva de la saudí STC en otro 5% tras haber adquirido un 4,9% el pasado mes de septiembre. Que el Gobierno califique de estratégica a la operadora obliga a este trámite, ya que la compra de más de un 5% de este tipo de compañías españolas por países extranjeros debe pasar por Consejo de Ministros. El visto bueno espera hace más de medio año.

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La asociación presidida por Ana de la Herrán, que reúne a 1.700 inspectores de todo el Estado, ha presentado este lunes en rueda de prensa un documento en el que se detallan las consecuencias que tendría una independencia fiscal de Cataluña. El texto incide en que este movimiento no está contemplado ni en la Constitución ni en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. Tampoco en la LOFCA —la actual ley de financiación de las comunidades— ni en otras normas, como la ley de creación de la propia AEAT. Pese a ello, los inspectores temen que, mediante distintas fórmulas, la agencia tributaria catalana pueda convertirse en moneda de cambio en las negociaciones entre el Gobierno central y los partidos soberanistas catalanes. Por eso, exigen al Ejecutivo que no se produzca este fraccionamiento de la Agencia Tributaria bajo ningún concepto.

La Constitución, apunta De la Herrán, fija que la financiación autonómica se estructura en dos bloques: uno minoritario, del que disfrutan las haciendas forales vascas y navarra, y otro mayoritario, en el que se circunscriben las 15 comunidades de régimen común. Bajo este paraguas, Cataluña, que está en el segundo grupo, no tendría opciones de obtener un trato de favor fiscal. Y los inspectores piden que no se exploren terceras vías como la del consorcio, que cedería competencias a la agencia regional.

La independencia fiscal de la Generalitat, prosiguen los inspectores, supondría en la práctica la desaparición de la AEAT en ese territorio, con la consecuencia de su fraccionamiento y el inicio de un camino de transformación irreversible que tendría “graves consecuencias en la aplicación de los tributos y en la lucha contra el fraude fiscal”. Es decir, el resultado sería “un paso atrás de gigante” en su función de aplicar el sistema tributario y la conculcación de los principios tributarios fundamentales sobre los cuales se asienta el actual sistema tributario español, fundamentalmente la generalidad, la capacidad económica, la igualdad, la justicia y la eficiencia tributarias.

La propuesta catalana, presentada en el marco del adelanto electoral por la consejera de Economía y Hacienda del Govern, Natàlia Mas, plantea que una vez que se logre la gestión y cesión de la totalidad de los impuestos, la Generalitat y el Estado negocien una aportación económica que iría dirigida a compensar a las autonomías de menor capacidad fiscal. Esta situación, alerta José María Peláez, portavoz de la asociación de inspectores, rompería de lleno los principios constitucionales de solidaridad y de garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales, regulados ambos en el artículo 158 de la Constitución.

“Servicios inferiores en cantidad y calidad”

En opinión de los inspectores, este cupo negociado no cubriría ni de lejos la parte que correspondería a Cataluña de los fondos de compensación interterritorial y de garantía de niveles mínimos de servicios públicos. “Esto nos llevaría a que los servicios que se prestan en las regiones más pobres, antes o después, serán inferiores en cantidad y calidad”.

Todo se explica porque Cataluña representa en torno al 20% del producto interior bruto (PIB) nacional. Por eso, si el territorio se queda con el 100% de la recaudación “estaría privando al Estado de lograr una cohesión social y territorial entre todas las comunidades y los ciudadanos”. Si una autonomía de ese tamaño deja de contribuir, resume Peláez, el resto de territorios van a estar peor financiadas y sus ciudadanos van a tener peores servicios públicos. De salir adelante, un concierto y cupo catalán también podría abrir la puerta a que otras comunidades ricas, como Madrid y Baleares, reclamen su propia singularidad.

El fraccionamiento de la AEAT supondría la cesión a la agencia catalana de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de todos los tributos recaudados en Cataluña. Este paso también conllevaría efectos muy negativos sobre la eficiencia del sistema tributario, ya que, según los inspectores, “incrementaría los niveles de fraude y evasión fiscal, dificultaría el cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte de los contribuyentes, disminuiría su seguridad jurídica y, en general, haría más ineficaz la actuación administrativa en la aplicación correcta del sistema tributario”. La razón se encuentra en los sistemas de información unificados y en la caja única e integrada con la que hoy funciona Hacienda, en riesgo si un territorio comienza a operar por su cuenta.

En este caso, se vería afectado, entre otros, el control sobre las empresas multinacionales, ya que la explotación de la información y las actuaciones de control se ejercen en el ámbito nacional. Lo mismo sucedería con las actuaciones relevantes que efectúa el Departamento de Recaudación —como son las relativas a las acciones judiciales— que también afectan a todo el territorio nacional. También habría consecuencias en el fraude: el Estado perdería unos 3.000 millones de euros, aproximadamente el 20% de los 15.000 millones que afloran cada año a nivel estatal como consecuencia de las actuaciones de control.

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En esta campaña, se ha elevado el límite a partir del que es obligatorio de presentar la declaración del IRPF de los 14.000 a los 15.000 euros anuales para aquellos contribuyentes que perciban ingresos provenientes de dos pagadores distintos, manteniéndose en los 22.000 euros para el resto de los casos. También hay novedades de calado que afectan a los autónomos, a los inversores en criptoactivos y a los compradores de vehículos eléctricos, entre otros. Estas son las principales claves a tener en cuenta en una campaña que dará más días de margen de lo habitual a cerca de 23 millones de contribuyentes.

Calendario

La campaña da comienzo el 3 de abril, fecha desde la que los contribuyentes pueden acceder por internet al borrador que ofrece la Agencia Tributaria con todos sus datos fiscales. A partir de entonces, se podrá presentar la declaración por vía telemática hasta el 1 de julio, aunque si se efectúa domiciliación bancaria del pago el plazo finaliza unos días antes, el 26 de junio.

La agencia, no obstante, también permite otras modalidades como la telefónica y la presencial. El plazo para la primera de ellas arranca el 7 de mayo, aunque para ello será necesario pedir cita previamente entre el 29 de abril y el 28 de junio. Si el contribuyente quiere acudir a una oficina podrá hacerlo desde el 3 de junio, aunque en este caso la cita habrá que solicitarla entre el 29 de mayo y el 28 de junio. En estas situaciones, los funcionarios de la agencia podrán ayudar a los obligados tributarios para que la declaración se presente por vía telemática, una polémica obligación que ha instaurado el Ministerio de Hacienda.

Quién debe presentarla

En línea general, todos los contribuyentes que hayan ganado más de 22.000 euros brutos en 2023 por rentas del trabajo deben presentar la declaración. También están obligados los beneficiarios del IMV y todos aquellos profesionales que, en algún momento del año, hayan estado dados de alta como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial general o en el de trabajadores del mar.

Los trabajadores que ganaron menos de 22.000 euros no están obligados, siempre y cuando tuvieran un solo un pagador o si los ingresos percibidos del segundo y siguientes no superan conjuntamente los 1.500 euros. Si se rebasara esa cifra, el umbral se reduce de 22.000 a 15.000 euros. El mismo límite de 15.000 euros aplica a los ingresos de pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas, cuando el empleador no está obligado a aplicar retenciones o los ingresos tienen retenciones a tipo fijo.

Tampoco hay obligación de declarar los ingresos del capital mobiliario (dividendos, intereses, etcétera…) y ganancias patrimoniales inferiores a 1.600 euros. En el caso de las rentas inmobiliarias, rendimientos de letras del Tesoro, subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial y otros beneficios procedentes de ayudas públicas, el límite máximo conjunto son 1.000 euros.

Principales novedades y deducciones

En la campaña se introduce un amplio abanico de novedades que se mueven entre la exención de las retribuciones en especie y la deducción al coche eléctrico. Así, con efectos desde el 1 de enero de 2023, se amplía de 12.000 a 50.000 euros la cantidad libre de tributar equivalente a la entrega gratuita de acciones por parte de la compañía empleadora. Además, todo lo que exceda esta cantidad ya no tendrá que tributar en el momento de la recepción, sino tras la salida a Bolsa por parte de la empresa, tras la venta de las acciones por parte de la persona física o —en el caso de que no suceda ninguna de las dos anteriores— cuando pasen 10 años.

Otras de las deducciones que se incorporan a la lista son las contribuciones empresariales a los sistemas de previsión social de la compañía o las relacionadas con el vehículo eléctrico, de gran peso en esta edición. Así, las rebajas por la adquisición de coches eléctricos y enchufables nuevos permitirá a los contribuyentes deducirse el 15% del valor del automóvil comprado desde el 30 de junio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, sobre una base máxima de 20.000 euros. La misma deducción será aplicable para los contribuyentes que instalen en su vivienda un sistema de recarga válido para este tipo de coches.

Planes de pensiones

Los planes de pensiones tienen un tratamiento fiscal privilegiado: las aportaciones que realice el contribuyente reducen la base imponible del IRPF, aunque en una cuantía muy inferior a la de años atrás. Se puede deducir un máximo de 1.500 euros en el caso de los planes individuales, o el 30% de la suma de rendimientos del trabajo y de actividades económicas. El límite se eleva a 8.500 euros para las aportaciones conjuntas con la empresa. Además, la base imponible se puede reducir en 1.000 euros más si se hacen aportaciones al plan de la pareja y esta gana menos de 8.000 euros al año.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los fondos que se obtienen al rescatar el plan se consideran una renta del trabajo y por ello tributan en el IRPF, a un tipo que oscila entre el 19% y el 47% (si se considera la escala estatal) en función de los importes. La factura fiscal será más elevada si se rescata en forma de capital, es decir todo de un golpe, aunque existe un beneficio para las aportaciones hechas antes de finales de 2006: tienen una exención del 40%. También existe la opinión de liberarlo poco a poco, como renta, diluyendo el pago al fisco en más ejercicios, o de forma mixta.

Autónomos

Una de las grandes novedades de la nueva campaña es que todos los trabajadores autónomos estarán obligados a presentar su declaración, independientemente de si han registrado ganancias o pérdidas durante el ejercicio fiscal. Hasta ahora, el trámite era obligatorio únicamente para los trabajadores por cuenta propia que hubieran obtenido un rendimiento neto anual igual o superior a 1.000 euros. En paralelo, se eleva el porcentaje de los gastos de difícil justificación desde el 5% al 7%.

Es decir, en los años anteriores los autónomos que tributan por el método de estimación directa simplificada tenían derecho a una reducción automática del 5% del rendimiento neto con un importe máximo al año de 2.000 euros. En este apartado se incluían los conocidos como gastos de difícil justificación, cuyo porcentaje de reducción se eleva ahora en dos puntos, hasta el 7%. Y, en el caso de actividades económicas en estimación objetiva, se aumenta la reducción general sobre el rendimiento neto de módulos del 5% al 10%. También se mantiene la rebaja adicional en el IRPF del 5% en el rendimiento neto de módulos recogida en los Presupuestos del año 2023, prorrogados durante este ejercicio después de que el Gobierno haya renunciado a elaborar unas cuentas para 2024.

Maternidad, guarderías e hijos

Quienes hayan tenido un hijo en 2023 tienen derecho a distintos beneficios fiscales. En primer lugar, existe una deducción por maternidad a la que pueden acogerse tanto las mujeres trabajadoras como las perceptoras de prestaciones por desempleo que tengan hijos menores de tres años. Su importe es de 100 euros mensuales, 1.200 al año por descendiente. Se aplica también en los casos de adopción o acogida.

Los gastos de custodia en guarderías y centros infantiles permiten una ulterior deducción de 1.000 euros por hijo menor de tres años —con la condición de que los centros sean autorizados y teniendo en cuenta que no es acumulable con otras ayudas similares—. Además, las prestaciones públicas de la Seguridad Social por maternidad y paternidad están exentas de tributar en el IRPF, y las comunidades autónomas suelen ofrecen deducciones adicionales por nacimiento o adopción.

Rentas del ahorro

El IRPF es un impuesto dual que contempla por un lado las rentas del trabajo y por el otro las del ahorro. De esta última categoría forman parte los rendimientos del capital mobiliario (dividendos de acciones, intereses por cuentas corrientes o depósitos, cupones de títulos de renta fija, seguros de vida…) y las ganancias y pérdidas patrimoniales (por ejemplo, los derivados de la venta de fondos de inversión, de acciones y propiedades inmobiliarias). Los tipos que se aplican a estos ingresos son inferiores a los del trabajo: oscilan entre el 19% (hasta los 6.000 euros) y el 28% (a partir de los 300.000).

Los rendimientos del ahorro, sean del capital mobiliario o ganancia y pérdidas patrimoniales, se pueden compensar entre sí. Es decir, una minusvalía puede rebajar la factura fiscal de una eventual ganancia por la venta de un activo. Por ejemplo, si se compensan primero los rendimientos del capital mobiliario, y si el saldo sigue negativo, estas pérdidas se pueden usar para reducir el pago de impuestos de las ganancias patrimoniales, hasta un máximo del 25%, y viceversa.

Vivienda

El ejercicio fiscal 2023 será el último en el que los contribuyentes que obtienen rentas procedentes del alquiler podrán aplicarse la reducción general del 60%, un porcentaje que se mantiene desde hace varios años. A partir de 2024, sin embargo, la ley de vivienda rebajará esta cuantía hasta el 50% con carácter general, pudiéndose ampliar hasta un máximo del 90% en caso de que la comunidad autónoma en la que se encuentra situado el inmueble declare la zona en cuestión como tensionada. A esta rebaja, de carácter estatal, se le suman las diferentes reducciones que tienen establecidas los gobiernos regionales.

En vivienda también se prorrogan durante 2023 las deducciones previstas en el IRPF para la rehabilitación de vivienda, unas rebajas que oscilan entre el 20% y el 60% en función del impacto de la obra y de la reducción de energía que se logre con la intervención, ya sea en la casa individual o en el edificio completo.

Qué sucede si no se presenta la declaración

Cuando se presenta el documento dentro del periodo establecido pero no se efectúa el pago correspondiente, al momento comienza una fase ejecutiva durante la cual se aplicarán cargos adicionales que oscilan entre el 5% y el 20% en función de cuándo se cumpla con Hacienda: si es antes de recibir el aviso de cobro forzoso, el recargo será del 5%. Si es durante el periodo de pago voluntario, del 10%, si tiene lugar después, del 20%. Si el pago no se realiza y es la agencia la que solicita el importe adeudado, podrían aplicarse multas que varían entre el 50% y el 150% del total.

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Una vez que se confirme, la tasa supondría mejorar en un punto porcentual el agujero fiscal que se registró en 2022, cuando los números rojos ascendieron al 4,7% del PIB. Las cifras también refrendarían la senda de corrección iniciada tras la pandemia, cuando el saldo negativo llegó a superar el 10% del PIB debido a la fuerte caída de la actividad, por un lado, y al despliegue de gasto público para contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria y económica, por otro.

La tasa de reducción de déficit se debe en gran parte a la buena marcha de la economía española, la cual cerró el año 2023 con un sólido crecimiento del 2,5% tras acelerar el ritmo en el cuarto trimestre del ejercicio. También, a otros indicadores como el de la recaudación tributaria, en máximos gracias a factores como la inflación o la creación del empleo. En 2022, que ya cerró en récord, los ingresos superaron los 255.000 millones de euros. Entre enero y noviembre de 2023, los datos de la Agencia Tributaria reflejan una recaudación algo por encima de los 250.000 millones, por lo que todo indica que, cuando se conozcan las cifras de diciembre, el dato anual volverá a marcar máximos.

La mejora de dos décimas sobre las previsiones iniciales de Hacienda dan algo más de músculo fiscal a España en el ejercicio 2024, un año que se torna como clave para las finanzas públicas de los países de la Unión Europea. La razón se encuentra en la reactivación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento comunitario —las conocidas como reglas fiscales— que pone límites a la deuda y déficit públicos de los socios. Tras varios años congeladas, primero por las consecuencias de la pandemia y después por la crisis energética y de precios, estas reglas fiscales vuelven a estar en vigor en este ejercicio con el objetivo de que los Estados miembro anoten un desvío fiscal máximo del 3%, pudiendo enfrentarse a procedimientos de corrección en caso de no cumplir con esta meta.

Por eso, esas dos décimas adicionales dan más margen a Hacienda para ajustar las cuentas y controlar los ingresos y el gasto en un contexto en el que la recuperación económica va estabilizándose y en el que será más complicado cuadrar todos los números ante la falta de unos Presupuestos Generales del Estado.

Para el año 2024, Hacienda se marcó como meta llegar a ese 3% del PIB que fija como límite la Unión Europea, un objetivo que los principales analistas económicos ven complicado alcanzar. En el último Panel de Funcas, el consenso de los académicos y expertos marca un desvío del 3,6%, seis décimas por encima de esa referencia. Cabe recordar, no obstante, que los mismos analistas esperaban para el año 2023 un déficit del 4,1% del PIB, cuatro décimas peor que el dato final.

Presupuestos

Solo ha pasado una semana desde que el Gobierno anunciase que renuncia a los Presupuestos de 2024 y ya empiezan a oírse tambores de guerra por las cuentas del año que viene. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido este miércoles en el Congreso de los Diputados que el adelanto electoral en Cataluña altera el tablero político nacional y dificulta más todavía —habida cuenta de que los plazos de calendario ya van muy retrasados— la elaboración de un proyecto de Presupuestos para este ejercicio. A cambio de la prórroga de las cuentas de 2023, ha precisado Montero, el Gobierno presentará “muy pronto” los Presupuestos de 2025, para los que espera contar con el apoyo del Partido Popular.

En el Pleno del Congreso celebrado este miércoles, el diputado popular José Vicente Marí ha preguntado a la vicepresidenta primera la razón por la que el Ejecutivo de Sánchez ha renunciado a las cuentas de 2024, ironizando también con que si el Gobierno dispone de un informe de la Abogacía del Estado que respalde su plan —en relación con el documento que decía tener Hacienda para aprobar la senda fiscal si el Senado la rechazaba—. Montero ha insistido en que la política se basa en “saber leer la realidad” y en que el adelanto de los comicios catalanes ha trastocado el panorama político, por lo que espera que el PP esté “dispuesto a pactar” los Presupuestos de 2025.

En el principal partido de la oposición, sin embargo, reiteran que la renuncia a unas nuevas cuentas públicas es un evidente fracaso político de la ministra de Hacienda, a la que Marí ha invitado a dimitir del cargo: “Todos nosotros sabemos qué haríamos en ese caso. Ahí tiene la puerta”. Montero, sin embargo, ha recalcado que prefiere unas cuentas prorrogadas del presidente, Pedro Sánchez, a cualquier presupuesto del Partido Popular, basado en “recortes, recortes y recortes”.

De hecho, la ministra de Hacienda ha sacado pecho de los números de las últimas cuentas y ha insistido en que estas supusieron un 30% más de recursos para la sanidad, un 62% más de recursos para la educación, un 68% más para las becas, un 151% más para la dependencia, un 75% más para la cultura y un 23% para la I+D+i. “Prefiero 50.000 veces más un presupuesto prorrogado de Sánchez que cualquier presupuesto del Partido Popular”.

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“La extensión del cupo a otras comunidades ricas puede agravar el problema de nivelación si no va acompañada de una contribución a la solidaridad adecuada”, razona Francisco Pérez, director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y uno de los miembros de la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica de 2017, reunida por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP) y que presentó un informe que se quedó en un cajón. “Si se extendiese el modelo foral en las mismas condiciones que las que disfrutan hoy País Vasco y Navarra, España pasaría a ser una confederación desde un punto de vista presupuestario y fiscal, con enormes desigualdades en la calidad de los servicios públicos entre autonomías. El modelo foral no es el camino”, añade Santiago Lago, catedrático en la Universidad de Vigo.

Lago, que también fue miembro del comité de Montoro y después, entre 2021 y 2022, de los expertos para la reforma fiscal convocado por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recuerda que los sistemas forales de País Vasco y Navarra son una “anomalía en el ámbito internacional”, pero que cuentan con anclaje constitucional. “Lo que es discutible y modificable es el importe del cupo vasco y aportación navarra. Debería aumentar muy sustancialmente para que la contribución de ambos territorios fuese similar (corrigiendo por tamaño) a la de Cataluña o la Comunidad de Madrid”. Por ello, aplicar el mismo esquema a un territorio que supone el 20% de la economía nacional causaría un roto previsiblemente inasumible para la actual financiación del Estado del bienestar.

En esta idea incide Diego Martínez López, catedrático en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y secretario general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda entre 2018 y 2020. Es decir, el cupo vasco y navarro, que en la práctica supone un “tratamiento fiscal beneficioso” para estas dos autonomías, es una anomalía que puede sostenerse gracias a que País Vasco y Navarra son territorios relativamente pequeños. “Si un esquema similar se traslada a Cataluña el desequilibrio financiero sería de primer orden y se generaría un agujero enorme en las cuentas de todo el Estado, no solo en la financiación autonómica”. Así lo cree también Jorge Onrubia, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la comisión puesta en marcha en 2017: “Ya tenemos dos comunidades con renta por encima de la media fuera del sistema de financiación, que son País Vasco y Navarra. Con Cataluña tendríamos una tercera, lo que limitaría la capacidad redistributiva del modelo”.

Además de desmontar el sistema y de suponer un cambio cualitativo en la organización del Estado, la extensión del modelo singular a Cataluña podría generar un peligroso efecto contagio en el resto de comunidades ricas, lo que supondría “la desaparición de la Administración Central”, advierte Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y uno de los expertos que formó parte de la comisión de 2017. “Si la anomalía de la que disfrutan las forales se extiende a Cataluña, ¿por qué no también a otras comunidades que lo pidan?”, apunta en referencia a Madrid y Baleares, los dos territorios que, junto a Cataluña, son aportadores netos al sistema de financiación autonómica. Si eso ocurriese, el Estado perdería muchos de los recursos de los que dispone para desarrollar sus políticas propias.

El riesgo sería todavía mayor si se tiene en cuenta el planteamiento oficial que hizo esta semana el Govern. Mientras que en el caso foral, al menos en la teoría, la ley establece cómo debe calcularse la aportación a la solidaridad —aunque se critica que responde más a cálculos políticos que económicos—, la propuesta catalana pide una aportación negociada, “lo que anima a pensar que no hablaríamos de contribuciones muy elevadas”, insiste De la Fuente. El resumen es que “iríamos hacia un sistema en el que se permitiría a las comunidades más ricas quedarse con casi todos sus recursos, dejando a las más pobres sin capacidad para financiar los servicios públicos”. “Es una receta para desmontar el país y el Estado del bienestar”, añade.

Condonación

La voluminosa deuda de las comunidades con el Estado ha vuelto a saltar a la palestra con el acuerdo de investidura entre PSOE y ERC, que pide condonar el 20% de los compromisos que tiene con el Tesoro y que la quita se extienda al resto de territorios, pero es un asunto enquistado desde hace años. La mayoría de los miembros de la comisión de 2017 se decantó por reestructurar el pasivo regional, aunque una “parte mayoritaria” señaló que la devolución de los préstamos debía “cumplirse sin excepción alguna”. De no hacerlo, alertaban, se generarían “incentivos perversos de cara al futuro”.

“No obstante, para facilitar la gestión financiera y de liquidez de las comunidades autónomas, ayudar a la vuelta progresiva (...) a los mercados y favorecer la gradual reducción de los pasivos acumulados, se acepta que podría ser aconsejable acometer una reestructuración transparente (...), supervisada por el Banco de España y la AIReF”, añadía el informe. Las recetas sugeridas iban desde la ampliación de los plazos, nuevos períodos de carencia y unos tipos de interés más favorables, siempre y cuando los Gobiernos beneficiaros se comprometieran a cumplir con “una serie de objetivos previamente acordados de consolidación fiscal y cumplimiento presupuestario”.

Más de la mitad de la deuda autonómica está en manos del Estado —aunque hay mucha heterogeneidad entre territorios— a través de los llamados mecanismos extraordinarios de liquidez: préstamos baratos del Tesoro ideados en 2012 para que también los territorios con más dificultades para acceder al mercado pudieran cubrir sus necesidades de financiación. Cataluña está a la cabeza —más de un 80%—, aunque la mayor carga de la deuda sobre su PIB la tiene la Comunidad Valenciana, que junto con Murcia es la peor tratada por el sistema de financiación, al recibir del modelo menos recursos que la media.

“En algún país, en lugar que condonar expresamente la deuda, se han hecho transferencias por las cuantías que se tendrían que pagar. Desde la perspectiva de las comunidades infrafinanciadas es un problema que venimos señalando desde hace muchos años”, subraya Pérez, del IVIE, partidario de una quita. “Sin condonación de la parte de la deuda explicada por la infrafinanciacion, este problema lo soportan los ciudadanos que la padecen”.

La combinación entre la posible quita o reestructuración de la deuda y la adopción de un modelo singular en materia fiscal para Cataluña también podría generar un cóctel explosivo adicional. Al ir por su cuenta con el cupo, las haciendas forales asumen un riesgo financiero y son conscientes, al menos en la teoría, de que no van a tener ayuda estatal mediante las entregas a cuenta u otras transferencias si hay época de vacas flacas. El problema, añade Martínez López, es que la Hacienda catalana, “endeudada y sin poder acceder a los mercados”, no tiene capacidad para asumir ese riesgo que plantea en su propuesta. Se habla de una asunción de deuda de alrededor del 20%, sin embargo, “o hay una quita del 80% o, ni por asomo, la Generalitat tiene músculo para poder afrontar esa situación”.

Frente al rechazo a un cupo catalán y las dudas que genera la quita de deuda, los expertos sí insisten en la necesidad de reformar cuanto antes el sistema de financiación con el objetivo de corregir cuanto antes los desfases ocasionados por un modelo que lleva ya 10 años caducado: “Lo que hay que hacer es arreglar el sistema de financiación y tratar de reforzar la claridad de los mecanismos de nivelación para que haya un patrón claro de redistribución y que no haya grandes horquillas en la financiación por habitante ajustado”, insiste Onrubia.

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La propuesta —una reivindicación que viene de lejos—, lanzada el martes por el Govern de Pere Aragonès tras el adelanto de las elecciones autonómicas, parte de la premisa de que Cataluña termina recibiendo únicamente la mitad de los recursos que se generan en el territorio a través del pago de los impuestos, como ocurre en el resto de los territorios. Según las cifras que ofrece la Generalitat, mientras que la recaudación de todos los tributos pagados en la región asciende a los 52.000 millones de euros anuales, los recursos que proporciona el modelo de financiación autonómica apenas superan los 25.000 millones. Con el esquema planteado, este desfase se corregiría y, a cambio, se aportaría una serie de recursos a un fondo de solidaridad pensado para nutrir a las comunidades de menos capacidad fiscal y con la aportación de otro fondo para compensar los gastos que el Estado ejecuta en Cataluña y por las competencias impropias como la defensa, la representación exterior o la inversión en otros territorios. De salir adelante, la propuesta supondría un roto al sistema de financiación que dota de recursos económicos a las 15 comunidades de régimen común.

El sistema de financiación autonómico funciona como una especie de bolsa común que se nutre de varias aportaciones. A las contribuciones estatales se le suman lo que ingresan las comunidades por los tributos que comparten con el Estado (50% del IRPF e IVA y 58% de los impuestos especiales) y los que tienen cedidos totalmente (como sucesiones, donaciones o patrimonio). Después, ese dinero se reparte entre las autonomías siguiendo una serie de criterios con el objetivo de que todos los gobiernos regionales puedan costear los servicios públicos que ofrecen. Por esa razón, quitar a Cataluña de la ecuación generaría un profundo agujero en los recursos. También afectaría a los recursos del Estado, ya que causaría una merma importante en sus finanzas por el descenso de la recaudación que no va a parar al sistema de financiación y que se emplea para costear otras partidas como justicia o defensa.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), presidida por el investigador Ángel de la Fuente, trata de cuantificar todos los años el papel que tiene cada autonomía en este esquema. Los últimos datos, correspondientes a 2021, sitúan únicamente a tres comunidades —entre las que se encuentra Cataluña— como aportadoras netas, es decir, aquellas que registran un saldo negativo al quedarse con menos dinero del que ingresan. En primer lugar, se situaría Madrid: bajo este esquema recauda 26.000 millones de euros y se queda con 19.700 millones, dejando una aportación neta al sistema de unos 6.300 millones. A continuación, algo más lejos, estaría Cataluña, con 2.200 millones de diferencia tras ingresar 25.000 millones y quedarse con 22.800 millones. Mucho más lejos estaría Baleares, con un saldo neto desfavorable de apenas 330 millones. Las otras 12 comunidades de régimen común registrarían beneficios netos.

En la actualidad, según argumenta la propuesta oficial de la Generalitat, del total de los impuestos generados en Cataluña (sin contabilizar los locales), el Govern gestiona y recauda únicamente el 9%, mientras que el 91% restante es tramitado por la Agencia Tributaria estatal. En cambio, en el modelo planteado, la agencia catalana pasaría a gestionar la totalidad de los tributos en un modelo parecido a los del País Vasco y Navarra, con la diferencia de que el peso de Cataluña sobre la economía nacional es mucho mayor.

Datos dispares

Los datos que aporta la Generalitat sobre financiación autonómica no se corresponden del todo con la primera tanda de cifras que Hacienda publicó la semana pasada para calcular las balanzas fiscales —un compromiso que tenía asumido con Junts—, ni con los informes elaborados por Fedea. Los importes de recaudación que proporciona tampoco casan con las que ofrece la Agencia Tributaria en sus informes de recaudación. La Generalitat calcula en su propuesta que los tributos “generados en Cataluña” alcanzaron los 52.723 millones de euros en 2021. Los datos de Hacienda apuntan a que el fisco ingresó en la comunidad en el mismo año 44.198 millones netos (53.723 millones brutos, sin incluir los tributos propios).

El IRPF, grosso modo, aportó 23.000 millones en 2021; el IVA, 14.226 millones, y los tributos especiales 3.500 millones, según la Generalitat. Todas estas cantidades, claro está, dejarían de formar parte de los recursos que nutren al sistema de financiación autonómica. La Agencia Tributaria proporciona unas cifras algo distintas —18.300 millones en IRPF, 16.400 millones por IVA y 1.500 en impuestos especiales—, además de avisar de que estos datos no reflejan necesariamente el peso fiscal de un territorio. “Dado que la asignación de los contribuyentes por delegaciones se hace de acuerdo a su domicilio fiscal, los ingresos tributarios de una delegación no son necesariamente un buen indicador de la importancia fiscal del territorio ni de la actividad económica en el mismo”, explica.

El Gobierno, que acaba de renunciar a los Presupuestos de 2024 tras el anuncio electoral en Cataluña, ha señalado a través de varios de sus miembros que mantiene su voluntad de abordar la reforma del sistema de financiación con todas las comunidades. El debate sobre el sistema de financiación se enmarcará en “la Constitución y los estatutos de autonomía”, y “las necesidades de Cataluña y del resto de territorios estarán bien delimitadas”, ha dicho la titular del Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha reiterado que la renovación del modelo precisa de consenso político, en concreto de un “acuerdo con el PP”.

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“La casuística es muy variada y casi habría que ir caso por caso, pero se puede hacer casi todo si se cuenta con la financiación correspondiente y hay un compromiso político aprobado con anterioridad. Es decir, que haya un respaldo jurídico y recursos”, simplifica el catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Diego Martínez López. “Se puede hacer casi todo, aunque será más lento y farragoso, porque hay que justificar con más nitidez las ampliaciones de crédito que se quieran acometer en las distintas partidas presupuestarias”.

El Ministerio de Hacienda ya había dado los primeros pasos para elaborar las cuentas con la aprobación de un techo de gasto récord, de 199.120 millones, unos 16.000 millones más que el ejercicio previo. Esta cifra se queda ahora en papel mojado, aunque en buena parte ya tiene un destino asignado porque irá a sustentar los desembolsos que ya estaban comprometidos. Es el caso de la actualización de las pensiones en un 3,8%, cuya revalorización con el IPC está fijada por ley y ya se le dio luz verde a través de un decreto a finales de diciembre y supondrá un aumento de gasto de 8.300 millones.

También está blindado un nuevo incremento salarial para los funcionarios, atado desde que el Gobierno y los dos sindicatos mayoritarios acordasen una senda de actualizaciones anuales en octubre de 2022. Así, tras las alzas de 2022 y 2023, la mejora retributiva culminará en 2024 con una nueva subida del 2%, que podrá crecer posteriormente en un 0,5% adicional en función de la evolución del índice de precios del consumo. Esta subida, detallan en el Ejecutivo, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero y se impulsará a través de la incorporación de una enmienda al real decreto-ley de medidas urgentes para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania. Todas estas medidas, indican fuentes de Hacienda, se dan por aseguradas dado que ninguna formación política votaría en contra.

La renuncia a los Presupuestos Generales del Estado sí deja en tierra de nadie, al menos aparentemente, otra serie de partidas. Es el caso del carácter permanente del que se iba a dotar a los impuestos extraordinarios a banca y energéticas, dos gravámenes con los que Hacienda ingresa unos 3.000 millones de euros anuales. Lo mismo sucede con la subida del IPREM, el indicador que se emplea para calcular la mayoría de las ayudas públicas, o la adaptación del IRPF al nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), una medida anunciada hace más de un mes y cuyo objetivo pasa por evitar que los perceptores del SMI actualizado vean incrementada su carga tributaria.

Sin embargo, recuerdan desde el departamento que dirige María Jesús Montero, “que no haya Presupuestos no significa que no haya actividad parlamentaria”. Es decir, el Gobierno “trabajará” para sacar adelante los objetivos planteados, poniendo como prioridad la actualización del IRPF al SMI para beneficiar a las rentas más bajas. “Aún no sabemos si lo haremos vía ley o vía real decreto”, pero es un “compromiso” para el que “tenemos tiempo” dado que la medida afecta a la Renta de 2024, que se liquida un año después. “Hay margen”, resumen en Hacienda. Más difícil será, reconocen estas fuentes, convertir en permanentes los impuestos extraordinarios a banca y energéticas, en los que llegado el caso habría que añadir una serie de bonificaciones y deducciones diseñadas para acelerar la transición verde y la descarbonización.

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció que renunciaría a los Presupuestos de 2024 la semana pasada, poco después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, convocara elecciones anticipadas en Cataluña para el 12 de mayo. Las negociaciones para sacar adelante las cuentas entre el Gobierno y los socios del bloque, con Junts en primera fila, ya se estaban complicando y la tramitación iba con mucho retraso, una tesitura cada vez más habitual —aunque la ley marque plazos claros— desde la pérdida de apoyos de los dos grandes partidos y la irrupción de nuevas fuerzas políticas en el Congreso.

Las dilaciones y prórrogas presupuestarias de la última década estuvieron casi siempre vinculadas a convocatorias electorales. Ocurrió en 2017, cuando las cuentas se aprobaron ya entrado el año. Las de 2018, que vieron la luz en verano tras la moción de censura, se prorrogaron durante tres ejercicios debido a las dos convocatorias electorales de 2019, convirtiéndose en las más longevas de la historia. Esta es la segunda vez en la que hay una renuncia a los Presupuestos sin que se celebren comicios, una situación que hasta ahora solo se había dado en 2020, un ejercicio con el cual todas las comparaciones quedan desdibujadas por la llegada de la pandemia.

La falta de Presupuestos también afecta a las finanzas autonómicas, porque es por este canal que se actualizan las entregas a cuenta, es decir, los recursos del sistema de financiación que las comunidades reciben cada año con antelación para sufragar sus gastos. El Gobierno está intentando sortear el obstáculo a través de varias enmiendas que el grupo parlamentario socialista ha registrado al proyecto de ley que recoge la prórroga de las medidas anticrisis. También queda en el aire la condonación de parte de la deuda regional, un acuerdo al que el PSOE llegó con ERC para que apoyara la investidura de Sánchez, y que debería extenderse a todos los territorios de régimen común.

Ajuste

España se enfrenta a un ajuste de unos 11.000 millones para cumplir con las reglas fiscales que vuelven a estar en vigor después de cinco años congeladas por la pandemia y la crisis energética. La falta de unas nuevas cuentas, de por sí, no debería repercutir negativamente en esta contención del déficit —al contrario, podría acelerar la consolidación al frenarse algunos gastos— ni en el crecimiento del PIB, que el Gobierno cifra en el entorno del 2%. “La prórroga tiene carácter contractivo sobre la política fiscal aunque no con la intensidad de antes”, explica Martínez López. “Sí podría afectar a las expectativas empresariales, porque genera más incertidumbre”.

El mismo comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, quitaba hierro al asunto en una reciente entrevista con EL PAÍS. “Las dificultades para tener unos Presupuestos son frecuentes y no suponen un impedimento grave”, dijo. Pero añadió: “Para España va a ser un desafío armar un plan de medio plazo sobre consolidación fiscal, inversión y reformas, que incorpore los fondos Next Generation a la planificación fiscal”.

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El pasado mes de enero, el Constitucional tumbó parte de la reforma llevada a cabo por el anterior Gobierno del Partido Popular en el impuesto sobre sociedades, una polémica medida que endureció fuertemente las deducciones previstas en el gravamen. El fallo, que deja paso a devoluciones milmillonarias a cargo del Estado, acotó los futuros reintegros a que las empresas —con anterioridad a la sentencia— hubiesen hecho uso de su derecho a instar la rectificación de cada una de sus autoliquidaciones. Y ese es justo el caso que ocupa al TEAC.

En su resolución, el tribunal recalca que “al haber quedado sin validez, y por tanto sin efectos”, los preceptos modificados en 2016, “la consecuencia, lógica y directa, no puede ser otra que concluir que la resolución de la oficina gestora (...) adolece de un vicio o defecto material”. Por ello, “debe procederse a su rectificación para dictar la resolución que proceda”.

El TEAC recalca, no obstante, que “no estamos ante una orden de retroacción de las actuaciones”, puesto que no ha habido un vicio formal que haya disminuido las posibilidades de defensa del contribuyente. Hacienda argumenta que cuando el órgano gestor evaluó el caso no entró a valorar la posible inconstitucionalidad de la reforma de Montoro, ya que esa decisión correspondía exclusivamente al Constitucional. La oficina gestora, “porque no podía hacerlo”, no consideró en el momento de dictar su resolución “la inconstitucionalidad de la norma”, prosigue. Es ahora, tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, cuando debe actuar en consecuencia y llevar a cabo las actuaciones necesarias para resolver la solicitud de rectificación de autoliquidaciones que se le ha planteado”.

En su explicación, por lo tanto, el tribunal de Hacienda abre la puerta a que se formalicen todas estas compensaciones. Sin embargo, no ordena que se procedan las devoluciones, sino que traslada a la Administración Tributaria la tarea de revisar de nuevo el caso para, “si procede”, confirmar estos reembolsos. Es una posición “como mínimo curiosa”, en opinión de Alberto López, socio de fiscal de Ejaso, ya que “devuelve el expediente al Órgano de Gestión Tributaria para que este inicie un procedimiento de rectificación de autoliquidación”.

Es decir, en vez de ordenar la devolución de ingresos indebidos y analizar cuestiones complejas —como la compensación de bases imponibles negativas—, el TEAC insta a que se realice un procedimiento “en el que se pueden comprobar todos los extremos de la rectificación”, algo que “incluso puede derivar en un procedimiento de inspección”, explica López. “No nos parece correcto procedimentalmente este extremo y creemos que no es muy coherente con el principio de buena administración que debe regir en las relaciones con la Administración”, añade.

Una derivada que apunta López tiene que ver con los intereses de demora, claves en un fallo que se presupone que tendrá un coste de varios miles de millones para el fisco español. “Si el TEAC estima y ordena la devolución, se puede considerar que los intereses de demora se devengan desde el momento del pago del impuesto”. Sin embargo, con este otro método “el órgano de gestión podría señalar que solo proceden intereses de demora desde la petición de la devolución”. Por eso, es una resolución que toma “el peor camino para el contribuyente”, ya que lo manda a la casilla de salida y lo expone a un procedimiento “que no debería darse”.

Otro abogado consultado, socio de un despacho experto en fiscalidad corporativa, celebra que empiecen a salir publicadas resoluciones como esta, pero también critica que “no haya retroacción”. En su opinión, en Hacienda van a analizar con detalle todas las solicitudes de rectificación para intentar arañar cada euro —incluyendo los intereses de demora—, lo que explicaría “que el TEAC haya optado por reiniciar los procesos de solicitud de devolución, abriendo la puerta a que algunos sean desestimados o minorizados”. Cabe recordar, añade, que en el plan de control tributario anual para 2024, publicado por la Agencia Tributaria la semana pasada, Hacienda explica que la planificación de este ejercicio y años posteriores va a verse afectada por la sentencia del Constitucional, “reconociendo que el impacto económico será elevado”.

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“La planificación del ejercicio 2024 y previsiblemente de futuros ejercicios va a verse afectada por la sentencia de 19 de enero de 2024 del Tribunal Constitucional dictada en relación con las modificaciones del Impuesto sobre Sociedades introducidas por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre”, recoge el citado plan dentro del capítulo dedicado a la investigación y a las actuaciones de comprobación del fraude tributario.

Estas modificaciones, que se anulan tras la sentencia del Constitucional, son la fijación de topes más duros para la compensación de bases imponibles negativas; la introducción ex novo de un límite a la aplicación de las deducciones por doble imposición; y la obligación de integrar automáticamente en la base imponible los deterioros de participaciones que hayan sido deducidos en ejercicios anteriores. Las dos primeras medidas, prosigue la Agencia Tributaria, solo son aplicables a las grandes empresas, mientras que la tercera puede afectar a cualquier contribuyente del gravamen.

El Constitucional, al tumbar la reforma que el Gobierno del Partido Popular hizo en 2016, acotó los futuros reintegros a que las empresas —con anterioridad a la sentencia— hubiesen hecho uso de su derecho a instar la rectificación de cada una de sus autoliquidaciones y tengan por ello un procedimiento administrativo o judicial abierto. La mayoría de las grandes compañías del Ibex afectadas, coinciden todos los expertos consultados, se encuentran en esa situación, por lo que el coste de las devoluciones se presupone muy elevado. La agencia vigilará con lupa todos estos números y, según reconocen fuentes del organismo, la “complejidad” del caso consumirá muchos recursos humanos, entre técnicos e inspectores.

Esta no será la única novedad en el control asociado al impuesto sobre sociedades. La Agencia Tributaria también explica que, tras la reciente modificación normativa de los procesos de comprobación limitada, se ha reforzado la capacidad de vigilancia desde el punto de vista práctico. Ello permitirá intensificar “el control sobre rentas que tengan su origen en el desarrollo de actividades económicas por entidades jurídicas”. En consecuencia, durante el año 2024 la inspección “incidirá en expedientes en los que existan bases imponibles negativas, créditos fiscales en base o cuota pendientes de compensar o de aplicar”.

En el plan, Hacienda también hace un repaso sobre otras actuaciones que ya se han convertido en rutinarias dentro del control hacia las empresas. Así, la agencia incide en que corroborará que la aplicación de las deducciones fiscales previstas en el impuesto de sociedades esté ligada al desarrollo de actividades reales dirigidas a tales fines, así como que los importes sean correctos para evitar “el abuso en el posible traslado de beneficios fiscales”. Otro de los riesgos identificados es la posibilidad de beneficiarse de deducciones e incentivos de forma indebida por parte de entidades carentes de actividad, “cuyo principal motivo de existencia es el aprovechamiento indebido de estos beneficios fiscales”.

La Agencia Tributaria también pone el foco en el tratamiento dispar que dan el IRPF y el impuesto sobre sociedades a rentas procedentes de la misma fuente, que ha sido aprovechado por los obligados tributarios para conseguir una menor carga impositiva. Por eso, las operaciones clásicas que rodean a cualquier sociedad de capital —como pueden ser la constitución, aumento y reducción de capital, disolución y liquidación o separación de socios— serán objeto “de un seguimiento particular al objeto de que no sirvan de cobertura para disimular las capacidades económicas de sus propietarios en el IRPF, o sirvan de refugio de rentas opacas”, precisa el texto.

Nuevos impuestos

En el plan de control tributario, la agencia también recuerda que tiene capacidad investigadora para supervisar y analizar el impacto recaudatorio de los tres nuevos gravámenes diseñados por el Gobierno: los impuestos extraordinarios a banca y energéticas, por un lado, y el impuesto de solidaridad de grandes fortunas, por otro. “La Agencia Tributaria fue el órgano encargado de la aplicación de dos nuevos gravámenes temporales y el nuevo impuesto temporal introducidos en el ordenamiento jurídico para los ejercicios 2023 y 2024″, señala el documento.

En el ejercicio 2024, continúa, se autoliquidarán tanto el pago anticipado como la liquidación definitiva de los gravámenes empresariales y, también, la autoliquidación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Por eso, durante este ejercicio “se realizarán actuaciones para el análisis y, en su caso, comprobación” de estas tres figuras, a las que se le añaden el impuesto sobre determinados servicios digitales y el impuesto sobre transacciones financieras.

Lujo y patrimonio

Como viene sucediendo desde hace años, la agencia también pondrá el foco en la falsa afectación a la actividad económica de bienes de lujo —tales como viviendas o segundas residencias, aeronaves, embarcaciones o automóviles de alta gama— y de los servicios relacionados con el sector. Todo ello, para vigilar a personas jurídicas cuya actividad no se encuentre vinculada con el aprovechamiento o arrendamiento de tales bienes.

Además, respecto a los grandes patrimonios, se ampliará el control a la posible simulación de residencia fuera de España o en una autonomía distinta de la real; se avanzará en la búsqueda de nuevas fuentes de información que puedan ser objeto de una explotación masiva mediante técnicas de explotación de datos; y se reforzarán los análisis patrimoniales globales para evitar divisiones artificiales de actividad, al igual que el uso abusivo de formas jurídicas para canalizar rentas personales. El objetivo es combatir “conductas extremadamente lesivas para los intereses de la Hacienda Pública relacionadas con la simulación de la residencia fiscal”, especialmente en casos de personas físicas que intentar beneficiarse de una tributación efectiva inferior a la debida.

Algo similar sucede con los extranjeros que viven en España, permaneciendo en el país durante más de 183 días, pero que no tributan como residentes por su renta mundial, sino que lo siguen haciendo a través del impuesto sobre la renta de los no residentes. Se ha observado “un cierto número de personas” en esta situación y “estos comportamientos serán objetos de comprobación”.

Los planes de control de la Agencia Tributaria también intensificarán la vigilancia sobre las empresas intermediarias en la inversión y pagos con criptomonedas y sobre los neobancos. En el caso de las entidades de pago electrónico y virtual, el objetivo es evitar que su utilización suponga una fuga de información y dé pie a la elusión o el fraude.

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Las cifras, según explica María Teresa Barea, portavoz del Consejo, muestran el número de sucesores que rechazan una transmisión. Es decir, dado que una herencia suele recaer sobre más de una persona, las más de 56.000 renuncias no se traducen en la misma cifra de transmisiones rechazadas, sino en el número de personas que optan por descartar formar parte del proceso. Aun así, prosigue, la proporción de renunciantes que se registra año tras año sí sirve para analizar la tendencia y explicar las causas que hay detrás del fenómeno, las cuales suelen apuntar principalmente a la existencia de deudas.

Tradicionalmente, señalan los notarios, los españoles suelen rechazar sus herencias por las elevadas cantidades de deuda que esconden. Al formalizar la adjudicación, “el heredero se encuentra con que el difunto ha dejado más pasivo que activo y decide no asumirla”. Es un fenómeno histórico que se vuelve mucho más común en momentos de crisis o dificultades económicas. Por eso, a los convulsos meses de la crisis vinculada a la pandemia de la covid-19 se le suman en esta ocasión las turbulencias ocasionadas por la escalada de la inflación, por lo que es de prever que la tendencia se haya visto magnificada en 2023.

Las deudas son el gran motivo del rechazo en España, pero no el único. Tal y como apunta Barea hay otras causas menores como las fiscales o, simplemente, las meramente personales, las cuales salen a la luz en aquellas situaciones en las que los herederos reconocen no tener una relación lo suficientemente sólida o estrecha con el fallecido y no ven del todo justo aceptar la sucesión. Es algo que suele pasar con familiares lejanos y con poco grado de parentesco.

Los números generales, apuntan los notarios, muestran una ligera normalización del proceso sucesorio tras el inusual pico de 2021. En aquel año, fruto de la alta mortalidad derivada de la pandemia y del parón burocrático del ejercicio previo, se registraron 365.897 adjudicaciones por título sucesorio, una cifra nunca vista que representó una subida anual del 22,5%. Desde entonces, las herencias tramitadas han ido decayendo poco a poco, aunque todavía se mantienen en cotas elevadas. “Esta tendencia de desaceleración se confirma y se acentúa en 2023, pero todavía seguimos en la desescalada”. Además, añade, como es muy habitual que estos procedimientos se alarguen durante varios ejercicios tras el deceso del causante, “es probable que todavía tengamos muchos más años en los que se sigan viendo las consecuencias de la pandemia”.

Por autonomías

Las cifras proporcionadas por los notarios, que permiten echar un vistazo sobre el panorama autonómico, parecen confirmar la teoría de que la fiscalidad no es el factor que determina si una herencia se rechaza o se acepta. Es algo que también corrobora Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF): la mayor parte de las comunidades tienen una bonificación en cuota para los descendientes de primer grado muy generosa, del 99%.

Es decir, todas las comunidades suelen bonificar casi en su totalidad las sucesiones de descendientes directos cuyas cuantías se sitúan por debajo del umbral aproximado de los 800.000 euros. El común de las sucesiones entre padres e hijos, afirma Barea, se sitúa muy por debajo de esta cantidad, por lo que quedan prácticamente exentas. A partir de aquí, algunas como Madrid, Baleares, Andalucía o Comunidad Valenciana elevan los descuentos a otros grupos de parentesco y cantidades, mientras que otras, como Asturias o Cataluña, penalizan fiscalmente las sucesiones que son más jugosas.

Pese a estas diferencias en los grados de parentesco más alejados, la proporción autonómica de renuncias parece no obedecer a ningún patrón fijo. Para muestra, Andalucía y Cataluña, las comunidades con mayor número de rechazos de todo el país. Los dos territorios tienen políticas fiscales muy diferentes en el impuesto de sucesiones y donaciones, y mientras que la primera registra una proporción de renuncias del 20,7%, bastante por encima de la media, la segunda anota una del 16,4%, en línea con las cifras de España. Cataluña, además, tiene una proporción casi idéntica a la de Madrid pese a las diferencias en su política tributaria.

La mayor proporción de rechazos, con un 23%, se da en Asturias, la autonomía que peor trato fiscal da a las herencias que superan los 800.000 euros. Sin embargo, Murcia, en la que el impacto fiscal es menor, registra un volumen de renuncias muy cercano, del 21%.

Cabe recordar, no obstante, que el de sucesiones no es el único impuesto que afecta a una herencia. También entrarían en juego las plusvalías municipales de los bienes inmuebles, por ejemplo. En estas situaciones, explica Barea, las renuncias suelen darse en los casos de “herencias con poco líquido”, en las que, por ejemplo, se recibe una vivienda o unas tierras en propiedad, pero no dinero. Esta tesitura, muy habitual según la portavoz, lleva a que muchos herederos que en ese momento no tienen liquidez se vean obligados a rechazar la sucesión por no poder costear los trámites que esta lleva asociados, que además deben solucionarse en un plazo de seis meses.

Alternativa

Ante el incremento de las declinaciones, los notarios aconsejan a los beneficiarios considerar la opción de la “aceptación de herencia a beneficio de inventario”. Esta alternativa, poco conocida por el momento, ofrece la posibilidad de proteger los activos personales frente a las deudas potenciales, señala Barea. Sin embargo, su incidencia sigue siendo residual: en 2023, solo 1.344 personas se acogieron a ella, en línea con las cifras registradas en los últimos años.

Dicha estrategia resulta especialmente valiosa en situaciones de “herencias grises”, es decir, cuando hay dudas sobre los activos y pasivos heredados. De esta manera, cualquier deuda o responsabilidad se limita a los bienes incluidos en la herencia, evitando comprometer el patrimonio personal anterior. “En las herencias todo suele ser blanco o negro”, pero hay casos “llenos de grises” en los que se puede recurrir a esta figura para no arriesgar el patrimonio inicial y así salvaguardar los bienes propios sin exponerlos a riesgos.

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España dispondrá, en total, de más de 160.000 millones de euros. A los primeros 70.000 millones en subvenciones directas se les suman otros 93.000 millones, de los que 83.000 millones llegarán en forma de préstamos. Y de ellos, 40.000 millones se canalizarán a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) mediante cinco instrumentos o “facilidades”, según ha detallado Cuerpo. “Estos préstamos se trasladarán en condiciones ventajosas a las empresas y autónomos y podrán financiar hasta el 100% de los proyectos con largos plazos de amortización”, ha añadido el ministro. La idea es aprovecharlos “con doble dividendo, doble beneficio, en un contexto de tipos de interés más altos y de un acceso más difícil a la financiación”.

La mayor palanca, dotada con 22.000 millones, se centrará en la transición verde, enfocándose en proyectos de transporte sostenible, eficiencia energética, energías renovables, descarbonización industrial, gestión del agua y economía circular. La siguiente línea, de 8.150 millones, estará vinculada a empresas y emprendedores, con un compartimento específico para el sector turístico de 1.000 millones de euros.

A partir de aquí, 4.000 millones irán a la promoción de viviendas sociales en alquiler con el objetivo de incrementar el parque de inmuebles para el alquiler asequible; otros 4.000 millones se canalizarán a través de un fondo para escalar proyectos digitales innovadores de alto impacto; y los últimos 1.712 millones de euros irán al fondo Spain Audiovisual Hub. Es decir, serán incentivos a la inversión privada y financiación de proyectos en el sector audiovisual y de contenidos multimedia e interactivos.

Una vez que se ha aprobado el primer paso para echar a rodar estos cinco fondos, ha apuntado Cuerpo, la idea es que los ministerios correspondientes tengan un convenio específico con el ICO para vehiculizarlos. A partir de aquí, “las entidades financieras tendrán que adherirse de forma voluntaria, con la idea de que estén en marcha en el segundo trimestre del año”. Los préstamos podrán formalizarse hasta agosto de 2026, si bien las amortizaciones podrán seguir reinvirtiéndose hasta 2036, ampliando de esta forma su alcance y su capacidad de financiar nuevos proyectos de inversión.

En Economía reconocen que, en esta segunda fase, será “especialmente relevante” la colaboración con las entidades financieras privadas, “cuya capilaridad permitirá llegar a pymes y empresas de todos los tamaños y sectores de actividad de cualquier lugar de España”, explica el ministerio en una nota.

Desde el inicio, ha recordado el ministro, el Plan de Recuperación se diseñó a través de dos fases diferenciadas. La primera, con los 70.000 millones de transferencias no reembolsables pactados con la Comisión Europea desde la aprobación del fondo, en plena pandemia de coronavirus. La segunda, con los 93.000 millones extra, la mayor parte en forma de créditos blandos. Hasta la fecha, el Gobierno ha venido gestionando principalmente las subvenciones, con un grado de ejecución que estaba en torno al 45% a finales de 2023 y que ha tenido “un impacto claro en la economía”. Según los datos de Bruselas facilitados por Economía, en la Unión Europea los fondos han tenido un impacto medio de 0,4 puntos en el PIB, cifra que asciende a los 1,9 puntos en el caso español.

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El caso concreto, que adquiere forma de consulta vinculante, parte de una persona física con nacionalidad y residencia española que va a trabajar durante nueve meses en la tripulación de una embarcación de lujo. Aunque las tareas se desarrollarán exclusivamente en aguas estadounidenses y mexicanas, la empresa contratante es extranjera y tiene su domicilio fiscal en Islas Caimán, algo que da un vuelco al criterio de Tributos.

La normativa del IRPF permite que queden exentos de tributar los rendimientos del trabajo percibidos por labores efectivamente realizadas en el extranjero, con un límite máximo de 60.100 euros anuales. Únicamente es necesario que dichas tareas se realicen para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero. Además de esto, el territorio en que se realicen los trabajos debe aplicar un impuesto “de naturaleza idéntica o análoga” al IRPF y en ninguna ocasión puede tratarse de un paraíso fiscal.

La situación que plantea el consultante, explican varios asesores y abogados fiscales, es llamativa porque pone en contraposición dos postulados de la ley del impuesto. Es decir, aunque el trabajo se lleva a cabo efectivamente en países que gravan los rendimientos del trabajo, el hecho de que la empresa para la que se prestan los servicios tenga su sede en un territorio calificado como paraíso fiscal impide que el contribuyente pueda aplicar la exención. “Atendiendo al literal de la norma, el territorio en el que se realicen los trabajos podría servir como planteamiento”, apuntan los expertos consultados. Sin embargo, “no podemos obviar que el pagador de las rentas se encuentra localizado en un paraíso fiscal, y eso es lo que merece el reproche del legislador”, añaden.

El caso, abundan los expertos, pone de relieve la importancia de realizar una evaluación detallada y una planificación tributaria antes de aceptar ofertas de empleo internacionales, sobre todo en un contexto de digitalización del trabajo que permite a muchos perfiles embarcarse en proyectos temporales desde cualquier lugar del mundo. También conviene revisar cuáles son las jurisdicciones no cooperativas para España en la actualidad.

Cabe recordar que España actualiza, normalmente con carácter anual, su clasificación de paraísos fiscales. Y hay algunos territorios que, pese a haber sido considerados como tales en el pasado, han ido reconduciendo sus relaciones tributarias con Hacienda para abandonar poco a poco la lista negra. En el año 2003, la ley incorporó una disposición según la cual dejarán de tener la consideración de jurisdicción no cooperativa aquellos países o territorios que firmen un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información. También, aquellos que rubriquen un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria en el que expresamente se establezca que dejan de tener dicha consideración.

Así, algunos como Las Bahamas, Antillas Neerlandesas o el Sultanato de Omán han ido saliendo de la tabla en los últimos años, mientras que otros como Islas Caimán, Barbados, Bermudas, Anguila o Dominica continúan en ella. Estos últimos, curiosamente, son los territorios que albergan la mayor parte de los grandes yates de lujo del mundo. Según los últimos datos de Oxfam, el 54% de estas embarcaciones están matriculadas únicamente en Islas Caimán. Le siguen ya de lejos Malta (9%), Islas Marshall (8%) o Bermudas (5%).

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