García Ortiz recusa a cuatro de los cinco magistrados del Supremo que deben decidir sobre su continuidad

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido apartar a cuatro de los cinco jueces del Tribunal Supremo que tienen que decidir sobre su continuidad al frente del ministerio público. El fiscal ha presentado un incidente de recusación contra los magistrados que, en noviembre pasado, vieron en el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera un ejercicio de “desviación de poder” por parte del jefe de la Fiscalía para beneficiar a su antecesora. Estos magistrados son los mismos que, en principio, tienen ahora que resolver el recurso presentado por una asociación judicial contra la renovación de García Ortiz como fiscal general, pero el jefe de la Fiscalía considera que, tras aquella primera sentencia, no son imparciales para pronunciarse sobre su nombramiento. La recusación la resolverá la llamada Sala del 61 del Supremo, compuesta por los cinco presidentes de sala y los magistrados más antiguo y más nuevo de cada una de ellas.

La recusación planteada por García Ortiz, adelantada por El Independiente y confirmada por este periódico, es un nuevo episodio de la tensión creciente entre el fiscal general y el Supremo. El fiscal la planteó hace casi dos semanas, pero se ha conocido este miércoles, el día que el Senado debate su reprobación y 24 horas después de que el alto tribunal anulara el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática, una decisión discrecional del fiscal general adoptada con el criterio en contra de las asociaciones conservadoras. García Ortiz pide apartar a cuatro de los cinco magistrados que suscribieron el fallo de este martes, que son los mismos que anularon en noviembre el primer nombramiento de Delgado y los que, en principio, deberían decidir también sobre el recurso presentado por la Asociación Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de renovar a García Ortiz como fiscal general.

Los magistrados recusados son Pablo Lucas, Luis Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero, integrantes de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. En el caso de Requero, además de considerarle contaminado como el resto de sus compañeros por la sentencia sobre Delgado, García Ortiz cita en su recusación un artículo publicado en La Razón aquel mismo día de noviembre en el que este juez, de conocida tendencia conservadora, escribió que el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General están “apesebrados”. En la deliberación de este martes que anuló la designación de Delgado como fiscal de Sala de Memoria participó también la magistrada Pilar Teso, que fue la única que votó en contra. García Ortiz no la recusa porque no formó parte del tribunal que vio “desviación de poder” en el ascenso de Delgado.

García Ortiz ha planteado su recusación a título personal, por lo que no estará asistido por la Abogacía del Estado. Los jueces señalaros tienen ahora que pronunciarse sobre si ven motivos para apartarse del caso, una posibilidad que las fuentes judiciales consultadas consideran improbable. Si los magistrados no se apartan, la decisión estará en manos de la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo, llamada así por el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que la regula y que es la encargada de resolver los incidentes de recusación que afectan el presidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de Sala o a más de dos magistrados de una sala.

El recurso de APIF, la asociación minoritaria de la carrera, contra el nombramiento del fiscal general se basa en que el Gobierno lo designó con el criterio en contra del Consejo General Del Poder Judicial (CGPJ), que, en una decisión sin precedentes, había considerado a García Ortiz “no idóneo” para el puesto. La impugnación se apoya en gran parte en la primera sentencia contra el ascenso de Delgado firmada por los cuatro magistrados recusados, que al anular ese nombramiento cargaron duramente contra García Ortiz, al que acusaron de abandonar su deber de cubrir las vacantes en la Fiscalía “fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito” y actuar solo con el objetivo de beneficiar a su antecesora. En su recurso, APIF considera que la trayectoria del fiscal general, con una “sucesión de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves”, no es adecuada para que siga ocupando ese cargo.