Feijóo resucita la factoría de escándalos

Es como si Alberto Núñez Feijóo hubiese retrocedido 15 años. De regreso a esa época nos encontramos con un político de choque tan recordado en Galicia como irreconocible hasta hace poco para el resto de España. Un Feijóo en la oposición muy distinto al presidente que tanto se esforzó después por parecer templado y dialogante en su larga etapa al mando de la Xunta de Galicia, aquel dirigente del que muchos esperaban que condujese al PP nacional por el carril de la moderación.

Feijóo franqueó el portal número 13 de la madrileña calle Génova aleccionando a los suyos para no hacer “política a golpe de tuit”. Dos años después, tiene a su portavoz parlamentario y hombre de confianza, Miguel Tellado, tuiteando a diario frenéticamente —ni en agosto ha concedido una tregua— para denunciar la supuesta “montaña de basura” del Gobierno de Sánchez. El líder del PP ha hecho de las acusaciones a la esposa del presidente el gran puntal de su estrategia opositora. Y desde hace semanas, repite, sin aportar ninguna prueba, que Sánchez “conocía el caso Koldo y lo tapó”. En una entrevista a Europa Press divulgada el sábado, sostuvo que el Gobierno “tiene más sumarios abiertos que leyes aprobadas”.

El político gallego ha desempolvado el manual con el que abatió en 2009 a la coalición de socialistas y nacionalistas que gobernaba la Xunta: poner en marcha una factoría de escándalos que, día tras día, martillea al rival con acusaciones de supuestas corruptelas y comportamientos irregulares, amplificados —entonces y ahora— por el universo mediático de la derecha. Los casos de aquella época que llegaron hasta los tribunales fueron archivados. Otros se revelaron como exageraciones, cuando no bulos. Pero la estrategia resultó exitosa. Esta es una recopilación de sus momentos estelares.

La prevaricación fantasma. En septiembre de 2007, el entonces líder de la oposición gallega denunció que los socialistas habían pagado un sobreprecio de 30 millones de euros a Sacyr en la adjudicación de una autovía en la comarca coruñesa de O Barbanza, tras desechar una oferta más favorable. Feijóo se lanzó a acusar al Gobierno autónomo de prevaricación, mientras el presidente, el socialista Emilio Pérez Touriño, lo retaba a acudir a los tribunales. El PP tardó cinco meses en concretar la denuncia judicial, que atribuyó cuatro delitos a los responsables de la Consellería de Política Territorial. La Fiscalía pidió archivarla, pero un juez imputó a cuatro altos cargos de ese departamento, lo que permitió al dirigente popular estirar el asunto con el argumento de que Touriño tenía “a la mitad de la consellería imputada”. El 1 de mayo de 2009, dos semanas después de que Feijóo tomase posesión como presidente, la justicia sentenciaba: “No hay atisbo alguno de conductas dudosas”. Ni así se arredró: “Hay muchos delitos que quedan sin probar”.

La beca. Al tiempo, el PP disparó otro cañonazo: una beca de 550.000 euros concedida, decían, al marido de la conselleira socialista de Educación. Otra vez comunicados restallantes de indignación, ruedas de prensa, exigencia de responsabilidades en el Parlamento… La beca iba destinada a un equipo de investigación biológica de la Universidad de Santiago dirigido desde tiempo atrás por el marido de la conselleira y que ya percibía la ayuda pública con anteriores gobiernos del PP a los que pertenecía Feijóo.

El Audi del sultán. La Gran Recesión asomaba en el horizonte a finales de 2008, con las elecciones gallegas a la vuelta de la esquina. Feijóo encontró ahí un relato: mientras los gallegos sufrían penurias, sus gobernantes se entregaban al derroche. El primer golpe fue la denuncia de un gasto de 2,2 millones en el “despacho de Touriño”, que, en realidad, correspondía a la remodelación de un área completa en la sede de la Xunta. De eso se pasó a los coches oficiales y al que descollaría como el gran hit de la campaña: el “Audi de Touriño”, un vehículo más lujoso que el del mismísimo Obama, repetían los populares en cada mitin. El presidente socialista era caracterizado como un “adicto al lujo”, un “sultán del siglo XXI”. El coche disponía de un blindaje especial, con ETA aún activa. Había costado 480.000 euros y era igual a los de otros presidentes autonómicos del PP. El antecesor de Touriño, Manuel Fraga, que tenía a Feijóo de vicepresidente, había comprado dos idénticos. La ofensiva de los coches vivió su momento más chusco cuando una diputada del PP denunció en el Parlamento que el vicepresidente y líder del BNG, Anxo Quintana, se había gastado 6.000 euros en instalar un “minibar de lujo” en su vehículo. Era una nevera portátil de 15 euros.

Villa PSOE. Así bautizaron los populares un edificio junto al mar en A Illa de Arousa donde el entonces número dos de los socialistas, José Blanco, y otros dirigentes gallegos habían comprado apartamentos. El PP machacó durante meses con la supuesta ilegalidad de la obra. Jamás se probó. Su promotor era un exdiputado autonómico popular y tenía el aval de una recalificación aprobada por la Xunta de Fraga.

El falso maltratador. En la recta final de la campaña de 2009, el entonces líder del PP en Ourense, José Luis Baltar, se dedicó a deslizar en los mítines la patraña de que el vicepresidente Quintana maltrataba a su esposa y estaba liado con otra conselleira. El bulo se amplificó a través de envíos en internet, cuando aún no existían las redes sociales. Un redactor de EL PAÍS fue testigo de cómo un estrecho colaborador de Feijóo participaba de esa difusión.

La trama que nunca existió. Ya con Feijóo en el poder, en marzo de 2011, el mismo día que eran detenidos en Pontevedra unos concejales populares por corrupción urbanística, el PP anunció un escándalo que haría “temblar los cimientos del PSOE”. Los socialistas habían “sacado por la puerta de atrás de la Xunta 650.000 euros para pagar campañas electorales”. Le llamaron la “trama agraria”. Supuestamente se habían usado subvenciones a grupos afines al sindicato Unións Agrarias para contratar “agentes electorales del PSOE”. El Gobierno de Feijóo ordenó registros por sorpresa en las sedes del sindicato y abrió un expediente. El PP lo denunció en el juzgado. Ni la justicia ni la propia Xunta hallaron la menor prueba de la tal trama.