El PP vende en el Congreso como un triunfo el acuerdo sobre el Poder Judicial

Por segunda vez en dos semanas, la bancada popular en el Congreso ha escenificado un recibimiento triunfal a su líder antes de medirse al presidente en la sesión parlamentaria de control. De la ovación a Alberto Núñez Feijóo por su victoria en las elecciones europeas del pasado día 9 se ha pasado a otra ovación este miércoles por el acuerdo con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo que la actual dirección de los populares venía rechazando desde hace casi dos años se presenta ahora como un gran éxito, celebrado hasta por los que se oponían al pacto con más obstinación. Feijóo ha presumido de haber evitado que Pedro Sánchez controle el Poder Judicial. Y el socialista, con más ganas de celebración que de pelea, se ha quedado en la sorna: “Bienvenido al cumplimiento de la Constitución”.

—Repita conmigo, señor Bolaños: los jueces elegirán a los jueces.

Ni Cayetana Álvarez de Toledo, que conminaba así al ministro de Presidencia y Justicia, se sustrajo al ambiente triunfal que los populares trataron de construir este miércoles en el Congreso. La representante del ala más aguerrida del partido, feroz combatiente hasta ahora contra cualquier clase de entendimiento con el sanchismo, no llegó a tanto como su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que comenzó su intervención de esta guisa: “Viendo las caras de los miembros del Gobierno, parece que se les ha muerto el gato”.

Álvarez de Toledo se dirigió a Félix Bolaños con el aire displicente de quien ha conseguido que su adversario muerda el polvo. La tesis de la diputada era que el PP ha logrado imponer que los miembros del CGPJ sean elegidos por los jueces y no por los políticos. Bolaños evitó tensar la cuerda y no se lo desmintió directamente, aunque le recomendó leer la parte del acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y los populares que simplemente remite a una futura propuesta del propio Consejo para reformar el sistema de elección de sus miembros. Dicho esto, el ministro no perdió la ocasión de recordar que hasta hace unos días Álvarez de Toledo proclamaba que el PP no iba a “entregar el Poder Judicial”.

El primer gran acuerdo entre los dos principales partidos en seis años de mandato de Sánchez tuvo un cierto efecto calmante sobre el estado de hiperventilación que suele reinar en el Congreso. Aunque no tanto como para que ambas partes se olvidasen de todo lo que se han dicho estos años. Feijóo y Álvarez de Toledo ironizaron con que el Gobierno ha pactado con lo que descalificaba como “extrema derecha”. Y Bolaños ironizó con que los populares han pactado con lo que vilipendiaban como “una pandilla de autócratas, de dictadores, de bilduetarras…” La cosa quedó en empate.

Feijóo había abierto la sesión colgándose la medalla por el acuerdo. Llegó a decir que supone lo mismo que él venía proponiendo y que lo hubiese firmado ya hace dos años, pese a que lo rechazado entonces y lo acordado ahora se diferencian apenas en matices. Según él, ahora han sido “las instituciones europeas” las que han forzado a Sánchez. “Hemos conseguido poner límites a la voracidad del Gobierno de controlar las instituciones del Estado”, se jactó. Al mismo tiempo se esforzó en dejar claro que este entendimiento no implica que vaya a ceder en su ímpetu opositor. Para ello, retornó a las alusiones a la esposa del presidente y situó dos nuevos objetivos. Uno, el fiscal general del Estado, a quien tildó de “abogado de la familia” de Sánchez. Y otro, el Tribunal Constitucional, sobre el que formuló la siguiente solicitud: que Sánchez dé “instrucciones” a sus magistrados, puesto que, según él, le deben “obediencia,” para que dejen de “exculpar a los socialistas condenados por corrupción”, en alusión al caso de los ERE.

El presidente también eligió la displicencia. “La perra gorda para usted”, espetó a Feijóo tras haber minimizado sus acusaciones como “aspavientos para calmar a aquellos que le han llevado por la senda de la oposición destructiva”. Sánchez prefirió ensalzar las bondades del acuerdo, presumió de que él gobierna “para la mayoría” y remató: “Ojalá sea el primero de otros muchos”. Tampoco se olvidó de asegurar, como hace prácticamente cada semana, que agotará los tres años que quedan de legislatura.

La sesión de control evidenció que, cuando se apaguen los ecos del anhelado pacto, otro nubarrón endemoniado asoma por el horizonte amenazando con nuevas tensiones: la financiación autonómica. Por ahí fueron buena parte de los ataques de los segundos actores del PP, como Cuca Gamarra, que incidió en acusar al Gobierno de “comprar la presidencia de la Generalitat” ofreciendo a Cataluña una “financiación privilegiada a costa de los demás”. A su vez, ERC, por boca de Francesc-Marc Álvaro, reiteraba que, “sin “soberanía fiscal”, el partido independentista “no facilitará ninguna investidura”. Para añadir nuevos actores e ingredientes, Néstor Rego, del BNG, preguntó por el asunto a Sánchez y proclamó que “si alguien necesita un sistema de financiación singular, esa es Galicia”. En medio de esos charcos se movió midiendo cada paso la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destinataria de cuatro preguntas sobre el tema. Su estrategia fue asegurar que este Gobierno ha dado más dinero que ningún otro a las comunidades autónomas y defender genéricamente que se debe buscar una financiación adaptada a las singularidades de cada cual. Y, más allá de eso, no atarse a ningún compromiso concreto.