Feijóo cambia su estrategia de derribo

Alberto Núñez Feijóo comienza el curso con una nueva estrategia para derribar el Gobierno: la amnistía, esa que venía a liquidar España, está ya pasada de moda en las filas de la derecha, y el nuevo mantra es que el presunto “cupo catalán” resulta peor porque toca el bolsillo de los españoles. Los relatos van mutando después de que el PSOE haya dado la puntilla al procés. De hecho, el PP sabe que el independentismo no está tan satisfecho con Pedro Sánchez, de forma que parte de la ofensiva popular se centra en cómo alejar a Carles Puigdemont y al PNV de la mayoría de la investidura.

La vía más efectiva parece avivar contradicciones entres esos socios. No es casual que el portavoz popular, Miguel Tellado, se embarrara hace pocos días en un rifirrafe con el PNV sobre si el Gobierno debía comparecer en el Congreso para explicar su posición sobre Venezuela. A los peneuvistas les duele que les metan en el saco de Podemos o que se dude de su compromiso con la democracia en Latinoamérica. Más suerte podría tener el PP con Junts. Pese al show de Carles Puigdemont, el vicesecretario popular Esteban González Pons insistió en que ellos pueden hablar con todos los partidos, sin plantar a Junts por esa finta a los Mossos. Ideológicamente, tampoco dejan de acercarse: Puigdemont se presentó a las elecciones catalanas con un programa de bajadas de impuestos, parecidas a las de los barones populares.

El PP quiere incidir en los posibles agravios que puede suponer para Junts y el PNV apoyar a Sánchez. No es que hasta la fecha no haya notorias contradicciones: ERC y Bildu siempre han estado más cerca del bloque progresista que sus competidores, pero para Junts y el PNV apoyar a este Gobierno tenía una utilidad: de un lado, la amnistía; del otro, revalidar el poder en Euskadi. Ahora bien, nada es inamovible, y si Feijóo no puede tumbar al PSOE, pese a ganarle las elecciones, es lógico que intente fragmentar la mayoría que le apoya.

De momento, el PP tiene más donde rascar en el caso de Junts. Por ejemplo, la batalla de Puigdemont contra el Tribunal Supremo por la amnistía es solo la punta del iceberg. Menos de un centenar de las 486 personas que, según los datos de la Fiscalía, pueden ser beneficiarias de la norma, han sido amnistiadas, entre ellas unos 40 activistas por la independencia y 50 policías, según los cálculos de este diario. Incluso, hay otros fiascos: Junts tampoco ha logrado la oficialidad del catalán en la Unión Europea, pese a los intentos de Exteriores. Con todo, sería raro ver a Puigdemont reconociendo sus carencias en público porque la política actual va de relatos, y un Gobierno del PSOE todavía le renta mientras se pueda seguir tramitando la amnistía en los tribunales.

Sin embargo, existe un elemento que puede acercar decisivamente a Junts y al PP a largo plazo: el debate sobre la nueva financiación para Cataluña. ERC necesitaba un argumento para vender a sus bases que apoyaran la investidura de Salvador Illa, y el Gobierno ya ha rebajado los anhelos de los republicanos dejando claro que lo pactado no supondrá ningún concierto económico. Ahora bien, las expectativas son tan altas que si la “nueva financiación” acaba decepcionando, la pasarela estará puesta para que el Junts resultante de la amnistía venda a los suyos que de este PSOE no se puede esperar demasiado, de manera que los populares sean vistos como un mal menor.

Hay un segundo factor que aproxima a Junts al PP: algunas políticas promovidas por el PSOE y Sumar son percibidas como invasivas del autogobierno de las comunidades autónomas. Por ejemplo, se ha reducido a “racismo” que populares y Junts tumbaran, junto a Vox, la reforma de la ley de extranjería. Ahora bien, existe otra lectura: la reforma daba más competencias al Gobierno para obligar a las comunidades a aceptar menores migrantes, sin tener aquellas la financiación suficiente asegurada. Y no sería la primera vez que este Ejecutivo abre debates centralistas sobre la reducción de competencias autonómicas frente al Estado. Por ejemplo, una armonización de impuestos entre autonomías serviría a ese mismo propósito, algo que ERC ha saludado en el pasado, y no así el PP regionalista de Feijóo, a sabiendas de que su mayor fortaleza son sus barones territoriales.

Si el PSOE cree que los socios están atados por la existencia de Vox, las correlaciones políticas pueden cambiar para la siguiente legislatura. Precisamente, lo que más le preocupa tanto a Junts como al PNV no es tanto el color del Ejecutivo de turno, como aumentar su autogobierno. Ya lo dijo el entonces líder peneuvista, Xabier Arzalluz, en 1996: “He conseguido en 14 días más con Aznar, que en 13 años con Felipe González”. Sánchez debería tomar nota de que la mayoría que le apoya no es un todo, sino una suma interesada de las partes.