Estados Unidos elige a sus jueces, pero solo a los estatales

Cuando el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se pronunció sobre la reforma judicial que impulsa Morena en el Congreso, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, respondió al diplomático con un breve mensaje. “Información muy relevante: En 43 de los 50 estados de Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”, escribió Sheinbaum, quien tomará el 1 de octubre las riendas del país. Como mucho de lo que se escribe en las redes sociales, el mensaje de la futura mandataria dejaba fuera contexto y matices sobre la elección popular de los juzgadores en el vecino del norte. El sistema federalista al que Sheinbaum hace referencia es un complejo método que da mucho margen a los 50 Estados. Los expertos muestran su preocupación de que el dinero privado afecte la imparcialidad de los juzgadores en ambientes altamente polarizados.

Primero, algo que Sheinbaum dejó fuera. Estados Unidos tiene un sistema judicial dual. La elección de jueces solo se hace a nivel estatal. Ninguno de los juzgadores de los tribunales federales ha llegado al banquillo por el voto popular. Estos son los rostros más célebres del sistema estadounidenses y quienes presiden los casos más sonados en los medios. Los jueces que derogaron el derecho al aborto en 2022, deciden si Google incurre en prácticas monopólicas, median en las disputas entre Washington y los Estados o deciden si Joaquín El Chapo Guzmán volverá o no a pisar la calle fueron todos elegidos por un presidente de Estados Unidos y confirmados en el cargo por Senado después de ser validados por un comité especial. Así funciona para los ocupantes de la Suprema Corte, los magistrados de los circuitos de apelaciones y los tribunales de distrito e inferiores, quienes sirven de por vida una vez que son avalados por el Congreso.

Los tribunales federales ven, sobre todo, casos relacionados con delitos por drogas como narcotráfico, inmigración, asuntos constitucionales y temas vinculados con títulos o valores empresariales. La enorme mayoría, el 95% de los casos que transcurren por las cortes de Estados Unidos, son responsabilidad de los sistemas locales. Estos deciden en materia penal, Derecho familiar, contratos, propiedad privada y los casos de responsabilidad civil en accidentes, por mencionar unos cuantos. Son estas salas, donde trabajan 30.000 jueces locales, las que resuelven unos 100 millones de casos anualmente, de acuerdo a la Barra Nacional de Abogados (ABA, por sus siglas en inglés).

Es en el sistema local donde se celebran elecciones para jueces. Aun así, los casos varían entre Estados. Los gobernadores de 27 entidades, entre estas California, Massachusetts, Maine o Nueva Jersey, eligen a los ocupantes de las vacantes en los Supremos locales y en salas inferiores. En 22 territorios hay comités que se encargan de estudiar los perfiles y entrevistar a los candidatos. En otros dos Estados, Carolina del Sur y Virginia, los nombramientos judiciales son facultad de los congresos estatales.

Sanford Gordon, un académico de Derecho de la Universidad de Nueva York, estima que el 87% de los 10.000 jueces que presiden tribunales de apelaciones y de primera instancia a nivel local se ven la cara con el electorado en algún punto de su carrera. Unos 14 estados, entre estos Ohio, Kentucky, Michigan o Wisconsin, eligen a sus togados en elecciones no partidistas. Esto quiere decir que los candidatos no pueden registrarse como demócratas o republicanos, aunque sus ideologías sean más o menos progresistas o conservadoras. Otros siete, entre ellos Illinois, Pennsylvania, Virginia Occidental y Carolina del Norte, permiten a los candidatos contender como integrantes de un partido político o como independientes. La mitad de los Estados imponen límites de edad a los juzgadores. La mayoría debe retirarse cuando cumplen 70 años.

En otro puñado de Estados hay un modelo híbrido. Esto quiere decir que los jueces son primero elegidos por los gobernadores para un cargo. Y cuando este termina, los candidatos deben comparecen en una elección para mantenerse en su posición. No se trata de comicios abiertos en los que se miden a otros contendientes, sino que el electorado debe decidir con un SÍ o NO si el juez debe retener el cargo. En algunas entidades, los Congresos, barras estatales o comisiones especiales tienen la última palabra sobre el regreso de los jueces a sus circuitos.

Michael Kang, profesor de la escuela de Derecho de la Universidad Northwestern, explicó que casi todos los Estados comenzaron con el modelo federal, el nombramiento de jueces para ocupar cargos de por vida. “En el primer siglo del país, hubo mucha preocupación por la corrupción, que los políticos controlaran el proceso de nombramientos de los jueces (...) así que la elección fue una decisión para reducir la polarización”, señaló Kang en una charla auspiciada por el Departamento de Estado en junio. Kang recuerda que la elección de jueces es muy popular en el país y que ninguna entidad ha dado marcha atrás al proceso.

La situación ha cambiado mucho en los últimos años. La división que vive el país amenaza uno de los principios básicos de la impartición de justicia, la imparcialidad. “En todo el país, los tribunales locales enfrentan retos a la justicia más básica y a su legitimidad. Muchos de estos tienen que ver con el sistema de como se eligen los jueces. Varias de las amenazas más serias a la justicia tiene que ver al aumento de la polarización de las elecciones judiciales”, advierte la ABA.

Elecciones cada vez más caras

La elección de jueces, como la de otros puestos de elección popular, permiten donativos de grupos de interés. El ambiente de polarización ha elevado el costo de las contiendas de los juzgadores. Los donadores están dispuestos a invertir más en candidatos si sienten que tienen más posibilidades de recibir sentencias favorables.

“Estamos viendo un incremento dramático en el gasto o en la recolección de donativos de los candidatos a las supremas cortes locales”, aseguró el profesor Kang, quien publicó este año junto a Joanna Shepherd Free to Judge: The power of Campaign Money in Judicial Elections. “Todo es financiamiento privado, así que se trata de donantes privados, a veces partidos, o grupos de lobby que dan el dinero a los candidatos”, añade. “La razón al aumento de este gasto es el cambio registrado por los grandes partidos, el Demócrata y el Republicano, que están más polarizados. Las elecciones estatales han seguido esta tendencia”, dice el académico de la Escuela de Derecho Pritzker.

El ejemplo más reciente ocurrió el año pasado en Wisconsin. El bando liberal inclinó la balanza del Tribunal Supremo local con la elección de Janet Protasiewicz, una jueza de circuito que se sumó al máximo tribunal local. El gasto en el proceso superó los 45 millones de dólares, lo que la convirtió en la elección judicial más cara en la historia. Varios temas sensibles estaban sobre la mesa, el derecho al aborto, la redistritación electoral y el derecho al voto, entre ellos. Estos la hicieron una competencia atractiva para que progresistas y conservadores le arrojaran billetes.

Wisconsin celebra comicios judiciales apartidistas. Aun así, Protasiewicz era identificada como la progresista y su rival, un exjuez del Supremo llamado Daniel Kelly, era percibido a la derecha. La campaña de Protasiewicz recaudó 14 millones de dólares, con el Partido Demócrata local siendo el principal donador (8,9 millones). Además de los demócratas, los grupos de lobby, bufetes de abogados, fondos de inversión y el sector educativo auparon a la jueza con sus donativos. Los magnates Elizabeth y Richard Uihlein, propietarios de la empresa de paquetería Uline, que tiene su centro de operaciones en Wisconsin, invirtieron 5,8 millones de dólares en Kelly. El Partido Republicano local aportó 780.000 dólares.

Michael Kang y Joanna Shepherd sugieren en su libro que volver al modelo federal puede reducir el peso del dinero privado en la elección de los jueces. Los académicos, sin embargo, admiten que esto no es viable por la gran popularidad que tienen estos procesos. Así que la recomendación es que los candidatos a un puesto aspiren a un solo periodo, de 14 años de duración, sin posibilidad de reelegirse. “La idea es que los jueces, una vez electos, busquen una estabilidad laboral y que no se preocupen por las elecciones, pero que también ganen experiencia y veteranía, con lo que puedes beneficiarte a largo plazo”, señaló Kang. Lo que describe suena a una carrera judicial, como la que está en peligro de desaparecer de la judicatura mexicana.

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