Equilibrios ante la fragmentación

España inicia el curso político sin urnas en el horizonte, una vez superado el ciclo de las elecciones generales, gallegas, vascas, catalanas y europeas. Atrás queda un año capitalizado por la ley de amnistía a los encausados por el procés, cuya aplicación efectiva está en manos de los jueces a la espera del pronunciamiento definitivo que en su momento hagan tanto el Constitucional como la justicia europea. No menos relevante ha sido la llegada del socialista Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat, que pone fin a casi tres lustros de gobiernos soberanistas en Cataluña y que contribuirá a rebajar la tensión institucional. A esas bazas se suma un horizonte económico despejado. El Gobierno tendrá que lidiar con la fragmentación parlamentaria y la formidable inestabilidad en algunos de sus apoyos —especialmente, Junts y ERC— en el arranque de un curso en el que tiene dos grandes desafíos: los presupuestos y la reforma de la financiación autonómica.

Con el viento de cola de la economía —España roza un crecimiento del 3%, el triple que la media europea, y tiene el desempleo en mínimos desde 2008—, el Gobierno se prepara para una posible prórroga de los Presupuestos ante un escenario de serias dificultades para forjar mayorías. Esa es una decisión de lo más trascendente; el presupuesto es una de las principales palancas políticas para un Gobierno. El Ejecutivo pretende explorar fórmulas para sacarlos adelante, pero de alguna manera ya está poniendo paños calientes por si no lo consigue. Es verdad que el crecimiento del PIB es superior al de los presupuestos que se prorrogarían, que no hay graves dificultades por el flanco fiscal —a diferencia de Francia, España no tiene abierto un procedimiento de déficit excesivo en Bruselas— y que incluso tendría cierto margen para adoptar decisiones de gasto. Pero una vez aparcado el procés y sin elecciones por delante, al Gobierno le toca gobernar. Y el primer objetivo debe ser sacar adelante las cuentas públicas.

Sin una mayoría parlamentaria sólida, un fenómeno que se repite en varios países de nuestro entorno, el Ejecutivo va a tener que fajarse en la gestión cotidiana y abordar el gran debate que va a marcar, a priori, el periodo que se abre ahora: la denominada financiación singular para Cataluña pactada entre PSC y ERC. Un debate que, por cierto, no debería circunscribirse exclusivamente a esta comunidad, sino que debería abrirse al conjunto de las autonomías del régimen común, cuyo sistema de financiación está caducado desde hace una década. Corregir las inequidades del modelo actual es una obligación para garantizar los servicios esenciales que prestan las administraciones autonómicas. Una vez constituido el Gobierno catalán, Sánchez debería hacer un ejercicio de pedagogía, prácticamente inexistente hasta ahora, sobre el alcance del pacto entre socialistas y republicanos. El PP, que gobierna 11 comunidades, ya ha anunciado una ofensiva total contra el acuerdo. Más allá de la habitual pirotecnia, el partido de Alberto Núñez Feijóo debería aprovechar la coyuntura para abordar con pragmatismo un problema que también sufren sus presidentes autonómicos (la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía son algunas de las autonomías infrafinanciadas). Ni siquiera el consenso entre las comunidades del PP está garantizado.

El curso empieza también con las peticiones de ayuda que han lanzado Canarias o Ceuta por la presión migratoria. Es urgente buscar fórmulas que garanticen un reparto justo entre las autonomías de los migrantes que llegan a las costas españolas. Exigir solidaridad con la financiación, argumento razonable, y negarla para afrontar el fenómeno migratorio pone ante el espejo a quienes han hecho de la política un ejercicio cotidiano de cinismo. Ni se puede gobernar solo a golpe de decreto ni se puede hacer oposición desde la negativa constante: el desafío migratorio requiere la responsabilidad de todos.

Y eso vale no solo para la migración. Desde 2018, Sánchez se las ha apañado para forjar mayorías a varias bandas para gobernar: la política contemporánea pivota sobre esa habilidad para formar mayorías en un entorno de fragmentación que va mucho más allá de España. En el curso que empieza, la coalición de Gobierno deberá afinar aún más en los equilibrios parlamentarios ante una legislatura extremadamente compleja.