¿En qué se parecen y en qué se diferencian el nuevo pacto fiscal catalán y el cupo vasco?

Las tres provincias vascas y Navarra cuentan con sistemas propios de financiación históricos y ajenos al modelo común en el que están, al menos por ahora, las otras 15 comunidades de España. Este régimen foral les permite gestionar sus impuestos y su recaudación con un elevado grado de autonomía a cambio de contribuir con un cupo a la financiación de las cargas generales del Estado no asumidas y, en menor parte, a la solidaridad interterritorial. El pacto alcanzado esta semana entre el PSC y ERC sienta las bases de un modelo de financiación singular para Cataluña y recuerda a esta filosofía. Sin embargo, a la espera de la letra pequeña y de nuevos detalles, la redacción del texto base, “difusa y poco concreta” en opinión de varios expertos, deja espacio a ciertas interpretaciones.

El texto refrendado por los dos partidos —difundido este martes por los independentistas— confirma que Cataluña tendría una relación bilateral con el Estado en materia fiscal: recaudaría y gestionaría los impuestos de titularidad estatal y de facto saldría del régimen común a cambio de una especie de concierto que se articularía mediante dos vías.

Por un lado, la Generalitat aportaría al Estado por el coste de los servicios prestados en el territorio, por ejemplo, aquellos derivados del presupuesto en Defensa, en infraestructuras o en relaciones exteriores. Es algo similar a lo que ocurre en País Vasco y Navarra, aunque con matices. Por el otro, los catalanes también contribuirían a la solidaridad con el resto de comunidades con un segundo pago adicional. En los dos puntos hay diferencias de calado entre el modelo de los territorios forales y el nuevo esquema catalán.

El cupo al Estado

Ignacio Zubiri Oria, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, recuerda que País Vasco y Navarra pagan al Estado de acuerdo con una estimación basada en las cargas no asumidas, mientras que Cataluña tendría que abonar un porcentaje de los impuestos recaudados, cuya cuantía y cálculo no se precisan en el texto. “Los territorios forales pagan al Estado por lo que estiman que se invierte en ellos, mientras que en el caso catalán todo vendría delimitado por la recaudación”, explica. “En cierta forma, se define el cupo catalán como un canon a cambio de la gestión de los impuestos”, añade. La clave, apunta otro profesor de Hacienda Pública consultado, será cómo se determina ese porcentaje y si se incluye en él algún tipo de ajuste que pueda modularlo a la baja o al alza, así como su permanencia en el tiempo.

Otra diferencia entre el nuevo sistema catalán y País Vasco y Navarra, prosigue Zubiri, es la solidez de ese pago. Aunque el cálculo del cupo sea poco transparente, se presupone que las cuantías que abonan los territorios forales son relativamente homogéneas año a año porque los servicios que el Estado presta en ellos se mantienen prácticamente estables. En Cataluña, sin embargo, este desembolso dependería exclusivamente de la evolución de la recaudación, por lo que si los ingresos se resienten, “también lo haría el cupo”, recuerda Zubiri.

Aportación a la solidaridad

Cataluña, además del pago por las cargas del Estado no asumidas, también tendría que aportar al fondo interterritorial de solidaridad para que el resto de los territorios tengan recursos con los que poder prestar los servicios públicos básicos, tales como sanidad y educación. Es otra diferencia, aparentemente de calado, con las haciendas forales porque “estas aportaciones, en el caso de existir, son ridículas”, apunta Zubiri. Pese a ello, matiza María Cadaval, doctora y profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela, el texto difundido supone una quiebra y una ruptura evidente de la solidaridad tal y como se conoce actualmente, ya que las contribuciones que haga la Generalitat serán inferiores a las de ahora.

El texto, apunta Cadaval, detalla que Cataluña deberá contribuir a la solidaridad con las demás comunidades a fin de que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares. Sin embargo, queda reflejado que esto se hará siempre que estos territorios “lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar”. Y, lo que es más importante, respetando siempre el principio de ordinalidad, el cual establece que una comunidad con más capacidad fiscal —es decir, más rica— no puede quedar por debajo de la media en ingresos disponibles una vez que se ha llevado a cabo el reparto de recursos.

Hoy, como sucede con Madrid y Baleares, Cataluña es una comunidad aportadora neta del sistema, esto es, entrega más de lo que recibe. Por eso, a falta de nuevos detalles que se vayan conociendo, la redacción del texto “amenaza con romper la solidaridad entre regiones si finalmente se permite que uno de los territorios con más capacidad fiscal reduzca su aportación”, en opinión de Cadaval, quien critica que se extienda a otros territorios la “anomalía” que hasta ahora se vive con País Vasco y Navarra. “Se abre la puerta a un sistema que fomenta que cada palo aguante su vela, en el que haya comunidades con servicios públicos de primera y de segunda en función de su riqueza”, denuncia.

Para Zubiri, la falta de concreción del texto es “peligrosa” precisamente por dar pie a muchas interpretaciones y posibilidades. Cadaval también carga duramente contra el nuevo modelo por poner en riesgo el equilibrio territorial. Para otros expertos en Hacienda Pública consultados, sin embargo, esa escasez de detalle, junto a la falta de concreción en el calendario, hacen pensar que “todo pueda quedar en pequeños cambios”.

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