El ruido enfanga los hechos del ‘caso Begoña Gómez’: la investigación no halla delitos

La política anda enredada en reyertas dialécticas diarias a cuenta de una ruidosa causa penal contra Begoña Gómez, mujer del presidente, Pedro Sánchez. El caso nació con escaso fundamento a juzgar por los hechos conocidos. Su origen es una querella de una organización ultraderechista, Manos Limpias, basada en muchos recortes de prensa y algunas noticias falsas. La denuncia que ha permitido al juez José Luis Peinado ordenar una investigación no aporta pruebas del delito de tráfico de influencias atribuido a Begoña Gómez. Pese a ello, el instructor impulsa la causa contra Gómez porque los hechos relatados, “independientemente de que la fuente de documentación sean medios de comunicación, merecen ser investigados y son hechos concretos de actuaciones en las que ha podido tener participación directa la denunciada”. Los hechos concretos son las relaciones de Gómez con responsables de dos empresas (Air Europa e Innova Next) que recibieron contratos y ayudas públicas del Gobierno central. En el relato del denunciante no hay datos de la influencia que pudo ejercer Gómez sobre las entidades o los funcionarios que adjudicaron esas ayudas públicas. Para encontrar lo que no aportaba la querella, el juez pidió un informe a la UCO, la unidad de la Guardia Civil especializada en la lucha contra la corrupción. A la vez, otorgó a Gómez la condición de “investigada” para “evitar su indefensión”, pudiendo así nombrar abogado para defenderse.

Una investigación conocida que Sánchez nunca ocultó

Ocho días después de la apertura de la causa declarada secreta, 24 de abril de 2024, todos los medios informaron que un juzgado abría diligencias contra Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias. En una carta dirigida ese día a la ciudadanía publicada, el presidente Pedro Sánchez se refería a las diligencias previas abiertas contra su mujer y comunicaba que se tomaba cinco días para reflexionar sobre su futuro. Pese a que Gómez está investigada desde el 16 de abril de 2024, el juez aún no la ha citado a declarar ni ha logrado reunir pruebas del tráfico de influencias que investiga. Hay causas abiertas en los juzgados que se archivan por falta de indicios sin que el instructor llame a declarar a la persona investigada.

Informe de la UCO: ni rastro del tráfico de influencias

La Guardia Civil investigó por orden del juez en busca de los indicios de delito denunciados. Un informe de 114 folios y seis anexos concluyó: ni rastro del tráfico de influencias. La Guardia Civil analizó los contratos adjudicados a Innova Next, la empresa de Juan Carlos Barrabés, profesor en la cátedra de la Complutense que dirigió Begoña Gómez. Esa firma se presentó en UTE con otra sociedad a un concurso de Red.es, dependiente del ministerio de Economía. La oferta incluía, en la parte valorada con un 8% de puntos, hasta 32 cartas de apoyo de empresas e instituciones públicas. Begoña Gómez firmaba una de esas cartas en nombre de la Complutense; el departamento de Empleo del Ayuntamiento de Madrid firmaba otra. La Guardia Civil no encontró indicios de que la adjudicación fuera irregular, ni que hubiera existido tráfico de influencias a favor de Innova ni que Gómez tuviera relación con los responsables de Red.es que intervinieron en el proceso.

La Audiencia avala la investigación porque es verosímil

Tres jueces de la Audiencia Provincial de Madrid permiten al juez seguir con la investigación porque el relato de hechos de la denuncia es verosímil y basta con “una sospecha fundada en datos objetivos y verificables”. Pero añaden que si “verificadas las comprobaciones e investigaciones precisas la hipótesis se diluye procederá acordar el archivo inmediato”. Cuando la fiscalía recuerda el informe de la Guardia Civil que diluye la hipótesis del tráfico de influencias, la Sala sostiene que no puede valorar “lo que aún no ha valorado el instructor porque supondría invadir su exclusiva competencia”.

Denuncia deslavazada, con hechos erróneos y conjeturas

La Audiencia afirma que la denuncia tiene “un contenido deslavazado”, “con un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos”. Además, considera “una simple conjetura más allá de coincidencias temporales y personales” vincular a Gómez con un tráfico de influencias para el rescate de Air Europa con el préstamo de 475 millones concedido por el Gobierno. Pero señala que la carta de apoyo firmada por Gómez a favor de Barrabés es un dato objetivo del que se deduce “que existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo”. La Audiencia Provincial cree que “indicios objetivos apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones”. La Guardia Civil desmonta esta apreciación tras las comprobaciones de los hechos bajo sospecha: no hay pruebas de intermediación de Gómez para que Red.es adjudicase los contratos a Barrabés.