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El PSOE se lanza a convertir el caso de Begoña Gómez en una palanca electoral

El Gobierno hace equilibrios para censurar al juez sin entrar al choque directo, mientras Feijóo emprende otra escalada verbal

Sánchez y Gómez, el miércoles en Benalmádena (Málaga) con el candidato socialista a presidir la Comisión, Nicolas Schmit.
Sánchez y Gómez, el miércoles en Benalmádena (Málaga) con el candidato socialista a presidir la Comisión, Nicolas Schmit.Jorge Zapata (EFE)
Xosé Hermida

De la mano de su esposa, sonriente y destilando confianza. Lejos de rehuir el asunto con el que la derecha sueña con propinar a Pedro Sánchez una fuerte derrota en las urnas el próximo domingo, el presidente hizo este miércoles todo lo contrario: por primera vez en la campaña a las elecciones europeas, se presentó en el mitin que cerraba la jornada en Benalmádena (Málaga) acompañado de Begoña Gómez. Una forma de afirmar que no se arredra, un día después de que un juez de Madrid citase a declarar a Gómez el próximo 5 de julio como investigada por un presunto delito de tráfico de influencias. Los asistentes respondieron aclamándola al grito de “¡Begoña!, ¡Begoña!”. Poco antes, la candidata al Europarlamento, Teresa Ribera, había aludido al “acoso” a los socialistas y, a iniciativa suya, toda la concurrencia se echó a corear el “¡No pasarán!”.

Los socialistas reaccionaron este miércoles como si la actuación judicial contra Gómez fuese un golpe de fortuna y no una adversidad. En el PSOE ha cundido la idea de que el movimiento del juez Juan Carlos Peinado, sin respetar los tiempos electorales, ha sido “demasiado burdo”, en palabras de Ribera y, en lugar de hundirlos, va a movilizar a su electorado. Sánchez repitió delante de su esposa en Benalmádena lo que ya habían hecho otros dirigentes a lo largo del día: pidió a “toda la gente de izquierda, a todos los progresistas” un “voto masivo” contra la “política sucia”.

El presidente evitó esta vez las críticas al juez deslizadas en la carta que publicó el martes tras conocerse la citación a Gómez. Otros miembros de su Gobierno hicieron equilibrismo para dejar constancia de su desagrado con la actuación judicial, sin entrar al choque directo. A varios ministros los periodistas les plantearon abiertamente si consideran que Peinado prevaricó. Ninguno entró el trapo. La portavoz, Pilar Alegría, o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se agarraron al término ya empleado el martes: mostrar “extrañeza” porque una decisión así se anuncie en campaña electoral. El titular de Justicia, Félix Bolaños, ni eso. Como es habitual, el de Transportes, Óscar Puente, fue un poco más lejos y habló de “interferencia” por parte del juez.

Ajeno a la lectura socialista de la situación, el PP, que buscaba afanosamente un golpe como este, puso el ventilador a tope de revoluciones. “Mordidas, contratos amañados, enchufes de amigos, uso perverso de fondos europeos, tráfico de influencias, apropiación indebida, malversación…” En un acto electoral en Cáceres, Alberto Núñez Feijóo casi no dejó trapacería sin atribuir al Gobierno. Y es que, según el líder del PP, España es “una nación que se dirige al precipicio”, que “ocupa las portadas de los principales periódicos europeos por corrupción”, en la que “todo lo que está cerca de Sánchez está siendo investigado” y los “principales ministerios y la cúpula del PSOE están implicados”. Al frente del Gobierno, prosiguió, hay un presidente que practica el “engaño”, la “actitud chulesca”, el “choque frontal con la realidad”, que “se cree impune” y que recurre al “populismo en vena” para atacar a los jueces.

Mientras Feijóo decía todo esto —y a la vez se quejaba de los “insultos y la manipulación” del Ejecutivo—, la escalada verbal prendía entre los suyos. Su secretaria general, Cuca Gamarra, y el diputado Borja Sémper comparaban al presidente con Donald Trump por criticar al juez. Siempre un paso más allá, el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, sentenciaba en Cantabria: “El puto amo [término utilizado días atrás por Puente] quiere un país de siervos”.

El PP lo venía diciendo abiertamente desde la semana pasada: buscaba reanimar su campaña dando un impulso al caso de Begoña Gómez. La citación del juez Peinado se lo ha brindado en bandeja. Los populares se han arrojado a tumba abierta para fijar la idea de que a todas las calamidades que le atribuían al Gobierno se une ahora la de una corrupción que elevan a generalizada. Todos sus mensajes centrales discurren por ahí, en un registro con el que ni Vox pudo competir este miércoles.

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A Sánchez también le llegaron reproches desde el ámbito judicial. La Asociación Francisco de Vitoria, definida como moderada, y el conservador Foro Judicial Independiente criticaron en un comunicado la actitud “poco edificante” del presidente al “trasladar a la ciudadanía la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas”. Ambas defendieron que Peinado anunciase la citación en este momento.

Pedro Sánchez, Begoña Gómez y María Jesús Montero, el miércoles en el mitin del PSOE en Benalmádena (Málaga).
Pedro Sánchez, Begoña Gómez y María Jesús Montero, el miércoles en el mitin del PSOE en Benalmádena (Málaga).Álex Zea (Europa Press)

Dentro del Gobierno, el socio minoritario dejó patente su incomodidad con la respuesta del presidente al movimiento judicial. Sumar lleva toda la campaña marcando diferencias con el PSOE, ante el temor a quedar emparedado entre él y sus antiguos compañeros de Podemos. Los dirigentes de la formación interpretaron que el líder socialista pretende instrumentalizar el asunto y tomaron su carta como diana de las críticas. “No va de cartas. A la derecha se la para con hechos. Gobernando más y mejor”, tuiteó la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La candidata de su formación, Estrella Galán, abundó: “Este carteo nos sorprende porque son reflexiones filosóficas, pero no conllevan ninguna propuesta concreta”. Sumar y socios parlamentarios del Gobierno como ERC o Podemos reiteraron su solicitud de reformas en la justicia. Los independentistas y el partido de Ione Belarra reprochan a Sánchez que hasta ahora negase que en España se practica el lawfare, la persecución judicial por motivos políticos.

Con información de Paula Chouza, Elsa García de Blas, José Marcos y Reyes Rincón

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Sobre la firma

Xosé Hermida
Es corresponsal parlamentario de EL PAÍS. Anteriormente ejerció como redactor jefe de España y delegado en Brasil y Galicia. Ha pasado también por las secciones de Deportes, Reportajes y El País Semanal. Sus primeros trabajos fueron en el diario El Correo Gallego y en la emisora Radio Galega.
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