El PSOE se desmarca de la izquierda y acepta estudiar penas más graves por hurtos reincidentes

“Espero que no se les ocurra apoyar esto”, reconvino, dirigiéndose a la bancada socialista, Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, uno de los pilares más firmes de la renqueante base parlamentaria del Gobierno. El PSOE, efectivamente, albergaba muchos recelos ante la proposición de ley del PP para endurecer en el Código Penal los castigos por hurtos y pequeñas estafas multirreincidentes, debatida este martes en el pleno del Congreso. En nombre del grupo socialista, la diputada Mamen Sánchez expresó su desacuerdo con los “incrementos exagerados” y la “desproporción” de algunas de las penas contempladas en la iniciativa del PP. Y a pesar de eso, los socialistas, en contra del criterio del resto de la izquierda, respaldaron la tramitación de la propuesta a la vez que anunciaban su intención de modificarla para evitar que “se imponga la visión punitivista” de los populares. Sobre el debate se cernía el peligro de una nueva derrota parlamentaria del Gobierno, ya que dos de sus teóricos aliados, Junts y PNV, habían anunciado su voto favorable.

Cada semana que pasa, la vida del Congreso revela que la mayoría parlamentaria que invistió a Sánchez se asienta sobre la voluntad de diálogo con los independentistas y el rechazo al ultranacionalismo español de Vox. Pero cuando se plantean cuestiones que afectan a la división ideológica entre derecha e izquierda, el bloque que sostiene al Gobierno chirría. El PP lo sabe y ataca por ahí. Con asuntos como esta propuesta de reforma del Código Penal, coincidente con posiciones del PNV y, sobre todo, de Junts, que ya ha llevado al Congreso iniciativas de cariz similar.

La proposición de ley del PP pretende que la reincidencia en hurtos o estafas pueda castigarse, en determinados casos, con penas de hasta uno a tres años de prisión. Algo así ya se aprobó en 2015, pero acabó anulado por el Tribunal Supremo al entender que se establecían castigos desproporcionas para delitos leves. Los populares pretenden retomarlo ahora introduciendo algunas de las cautelas jurídicas planteadas en su momento por el alto tribunal.

En las últimas campañas electorales, el PP ha delatado su propósito de competir en algunos de los temas más queridos por la extrema derecha, como la inmigración o la seguridad. La defensa de la propuesta se le encargó a una de las diputadas de verbo más templado entre las filas populares, María Jesús Moro. Y aun así la portavoz pintó un panorama de “ciudades sin ley”, en las que impera “una sensación amplia de inseguridad”, con “quioscos y supermercados saqueados” y donde “los ancianos ya no pueden pasear tranquilos”. Los hurtos, expresó, son “una lacra en toda España” y ocasionan al comercio pérdidas anuales por 1.800 millones de euros. “El dicho de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra es una realidad”, subrayó Moro, quien blandió declaraciones del alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, en favor de más medidas legales contra este tipo de delincuencia.

A la propuesta se adhirieron con entusiasmo Vox y UPN y, en tono menos encendido, PNV y Junts. Por esta última formación, Josep Maria Cervera denunció que “uno de los problemas más importantes” en “ciudades y pueblos” de Cataluña es la “seguridad pública”, debido a la “práctica sistemática del hurto” por parte de “grupos que se sienten impunes”. Por Vox, Javier Ortega Smith presumió de que su grupo ya había presentado en 2020 una iniciativa similar e ironizó respecto al PP: “Cuando nos copia, acierta”.

Sobre esto último se produjo una curiosa coincidencia argumental entre Vox y los grupos más a la izquierda, que intervinieron antes de que el PSOE fijase su posición. Porque Iñarritu y Enrique Santiago, de Sumar, sostuvieron que discursos como el del PP son los que están, en palabras de este último, “provocando que en toda Europa se asiente el voto a la ultraderecha”. Ambos destacaron que los datos de delincuencia en España están a la cola del continente. Santiago acusó a los populares de pretender imponer las mismas penas a los “robagallinas” que las previstas para otros delitos como los societarios. Teresa Jordà, de ERC, fue menos insistente en reducir la dimensión del problema, aunque criticó: “Pensar que basta con imponer más penas o mandar a la gente a la cárcel o es de ingenuos o es intentar engañarnos”.

El PSOE estaba ante la disyuntiva de permanecer al lado de su socio de Gobierno, arrostrando otra derrota parlamentaria, o dejar pasar la iniciativa a la espera de que ver qué pasa con su tramitación. Optó por lo segundo. No sin airear antes su preocupación “por el cada vez mayor número de bulos” que prenden en la sociedad y precisar que en ningún caso se sumará al “punitivismo” del PP.

El Gobierno afrontará el jueves otro examen, esta vez con malas perspectivas. Junts ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor, que puede decaer si los grupos de la derecha se suman al veto independentista.