El PP busca las pruebas que no encuentra aún el juez para implicar a cargos socialistas en el ‘caso Koldo’

El Congreso y el Senado inician este lunes la investigación de un escándalo global en la compraventa de material sanitario durante los peores meses de la pandemia —entre marzo y junio de 2020—. La oferta limitada de mascarillas, respiradores o guantes y una demanda enloquecida de todos los países consumidores para proteger a sus ciudadanos —el covid causaba en España cientos de muertos cada día— desencadenó múltiples compras de material chino a precios desorbitados Esas operaciones enriquecieron a muchos empresarios sin escrúpulos y quedaron impunes porque la ley lo permitía. La normativa vigente autorizaba a saltarse todos los controles de las administraciones públicas a la hora de comprar material sanitario: los contratos de emergencia —casi todos los que se hicieron aquellos meses— avalaban las adjudicaciones a dedo a empresas sin solvencia ni experiencia en el sector y a cualquier precio.

El PP, con mayoría absoluta en el Senado, ha aprobado una comisión de investigación dirigida a buscar pruebas que impliquen a altos cargos socialistas en el denominado caso Koldo —el supuesto pago de comisiones ilegales al asesor principal del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a cambio de facilitar un negocio de, al menos, 16 millones de euros a dos empresarios: Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama—. El PP ha pedido documentación de todos los contratos del Ministerio de Transportes, pero también los del Ministerio de Sanidad y de los gobiernos de Canarias y Baleares, con la creencia de que la corrupción destapada por el caso Koldo alcanza también a numerosos cargos socialistas de esas administraciones. Koldo García Izaguirre, exasesor de Ábalos y principal imputado en el sumario abierto en la Audiencia Nacional, tiene previsto acudir a la primera sesión que el PP ha aprobado en el Senado para investigar el escándalo.

El juez que dirige la investigación del caso en la Audiencia Nacional imputó tras seis meses de investigación secreta al exasesor Koldo García, a su mujer y a su hermano, junto a cuatro empresarios que se enriquecieron con la venta de mascarillas a los ministerios de Transportes e Interior y a los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares. Sin embargo, tras más de dos años de investigación, los últimos seis meses con pinchazos telefónicos y seguimientos a los principales implicados, el juez no ha imputado a ningún alto cargo socialista. Fuentes conocedoras de la investigación abierta en la Audiencia señalan a EL PAÍS: “Evidentemente, existe la sospecha de que el exasesor Koldo Aguirre, para poder hacer estas cosas, necesitaba operar bajo el manto protector del ministro. Es una inferencia que puede ser razonable, pero, más allá de eso, no tienen aún los investigadores elementos indiciarios suficientes para actuar contra Ábalos. Eso sólo cambiará si el estudio de la documentación intervenida permite avanzar en esa línea. Depende de lo que se encuentre entre la parte del material requisado que aún está pendiente de analizar. Queda todavía un trabajo complicado”.

El PP no sólo pretende investigar el caso Koldo, sino que ha incorporado a sus 40 folios de peticiones de documentación, expedientes que nada tienen que ver ni con la compra de mascarillas ni con los contratos de emergencia de la pandemia, con la intención de incluir en los trabajos de la comisión sus acusaciones de corrupción contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, o las relaciones del Gobierno con el Ejecutivo venezolano. Aunque los letrados del Senado avisaron al PP de que muchas peticiones no se correspondían con el asunto aprobado para crear la comisión de investigación, la senadora Alicia García replicó que informaciones publicadas en medios de comunicación permitían incluir esa documentación que han solicitado dentro del epígrafe “otros casos de corrupción”. La senadora García asegura que se trata de hechos sometidos en muchos casos “a investigaciones judiciales en curso”. Pero ni las acusaciones del PP contra la esposa de Pedro Sánchez ni los hechos a que se refieren están sometidos a investigaciones judiciales; ni las relaciones con el Gobierno venezolano tampoco —las denuncias presentadas fueron archivadas en su día por la Audiencia de Madrid—.

El Congreso de los Diputados iniciará sus trabajos de investigación con la comparecencia de Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas. Durante los dos primeros años de pandemia, este organismo (fiscalizador del gasto de las administraciones públicas) elaboró media docena de informes donde radiografió la compra de material sanitario por los ayuntamientos más poblados de España, las comunidades que carecían de cámara de cuentas y la Administración central. Todos los informes encontraron los mismos problemas: precios disparatados, empresas sin solvencia ni experiencia que fueron adjudicatarias, y todo ello sin la libre concurrencia de cualquier concurso público. Pero en todos los informes, los auditores del Tribunal de Cuentas se remitían a la normativa vigente, que dejaba sin posibilidad de sanción lo que en otro escenario hubiera sido motivo de apertura de numerosos expedientes por responsabilidad contable que hubieran acabado con una acusación formal de la Fiscalía.

Por la tarde está prevista la comparecencia de Salvador Illa, el candidato socialista a las próximas elecciones autonómicas catalanas, que fue durante los primeros meses de la pandemia el ministro de Sanidad. Su departamento adjudicó 2.500 millones de euros en material sanitario anticovid. Alguno de los contratos fueron denunciados por el PP de la Asamblea de Madrid. Uno de ellos, financiado en parte con fondos europeos y adjudicado a la empresa FCS, fue remitido a la Fiscalía Europea, que lo sigue investigando, según indicaron fuentes fiscales.