El Poder Judicial pide “contención” a Pedro Sánchez tras las críticas al juez que investiga a su esposa

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido este lunes un comunicado en el que censura las críticas vertidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez. “Hacemos un nuevo llamamiento a la contención y a la evitación de cualquier clase de juicio de intenciones que solo contribuye al deterioro de las instituciones y, en definitiva, de la democracia constitucional de la que la independencia judicial es uno de sus pilares fundamentales”, señala el texto, acordado por unanimidad por los siete miembros de la comisión permanente del CGPJ. El principal órgano de decisión del Consejo tras el pleno responde así a la carta a la ciudadanía difundida por el presidente del Gobierno el pasado martes, después de que el juez Juan Carlos Peinado anunciara su decisión de tomar declaración como investigada a Gómez el próximo 5 de julio. Sánchez, sin citar expresamente al juez, mostró su “extrañeza” ante la citación como imputada de su esposa y la atribuyó a una campaña de la derecha y la extrema derecha contra él, en plena recta final de la campaña electoral de las europeas.

Es habitual que el Consejo responda a las críticas de miembros del Gobierno y otros representantes políticos contra jueces con un comunicado en el que, como esta vez, pida “contención”. El emitido este lunes ha sido acordado durante una reunión convocada a petición de dos vocales conservadores de la comisión permanente —Carmen Llombart y José Antonio Ballestero—, que lo plantearon en la sesión de este órgano celebrada el pasado jueves. Ambos consejeros pretendían que la contestación al presidente del Gobierno fuera inmediata, y, en cualquier caso, antes de las elecciones europeas de ayer domingo. El resto de vocales —otros dos conservadores, incluido el presidente del Consejo, Vicente Guilarte, y tres progresistas— aceptaron valorar las afirmaciones de Sánchez, pero solo después de los comicios.

En un principio, fuentes del Consejo señalaron que no solo se respondería a la carta del presidente del Gobierno, sino a otras críticas dirigidas al juez Peinado y pronunciadas durante la campaña electoral por distintos líderes políticos, entre ellos, la cabeza de lista del PSOE, Teresa Ribera. Sin embargo, el comunicado acordado finalmente solo alude al texto difundido por Sánchez en la red social X (antes Twitter), en el que, según el Consejo, “se hace una valoración política de actuaciones de un juez de instrucción”.

“Los jueces, y el CGPJ así lo avalará, deben tener la seguridad de que pueden desarrollar su potestad jurisdiccional con plenitud, en cualquier momento, circunstancia o situación, de acuerdo con las previsiones constitucionales. Por ello, los ciudadanos españoles pueden tener la confianza de que sus jueces y juezas garantizarán en todo caso sus derechos con sujeción a la Constitución y al resto de su ordenamiento jurídico”, señala el texto del Consejo.

Los vocales recuerdan que estas situaciones se han dado de forma reiterada en los últimos años. “Una vez más, y en el ejercicio de sus funciones constitucionales de defensa y amparo de la independencia judicial, [el CGPJ] se ve en la necesidad de recordar que las resoluciones judiciales, si bien están sujetas a la crítica moderada y racional de quienes discrepen de ellas y a su impugnación por quienes estén legitimados para recurrirlas a través de los cauces legalmente establecidos, merecen el máximo respeto de todos y, de manera especialmente cualificada, por quienes están al frente de las instituciones, sin excepción alguna”, afirman.

El texto emitido este lunes es, con todo, más breve y menos duro que el dictado en ocasiones anteriores, incluido el acordado en enero pasado a raíz de unas afirmaciones de la vicepresidenta Ribera contra la actuación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en la causa por terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont. En aquel texto, la comisión permanente del CGPJ mostró su “rotundo rechazo” a unas declaraciones que consideraba como “contrarias al principio de lealtad institucional” y “al deber general de respeto a la independencia judicial”, una fórmula que ha usado en otras respuestas a críticas de políticos a jueces, pero que ha omitido en la suscrita tras la carta de Sánchez.

El comunicado del Consejo ha sido recibido con críticas por la asociación de tendencia progresista, Juezas y Jueces para la Democracia. Su portavoz, Edmundo Rodríguez, ha reprichado al CGPJ que hable de “deterioro” cuando sus vocales se mantienen desde hace cinco años en un órgano con el mandato caducado. “No hay mayor deterioro que su persistencia en mantenerse en el cargo”, ha afirmado. Considera, igualmente, que “es incoherente pedir contención en las declaraciones políticas”, cuando en su actividad cotidiana la mayoría conservadora de este órgano “ha apostado por convertirse en un actor político más, que interfiere en el debate político llevando al desprestigio a la judicatura”. Rodríguez recuerda que esa mayoría “boicoteó durante meses la renovación del Tribunal Constitucional”, ha sido “capaz de opinar sobre la proposición de ley de amnistía sin conocer su contenido” y utiliza los informes que emite “para seguir las consignas de algunos partidos”.

La del Consejo no ha sido la única respuesta desde el ámbito jurídico a las palabras del presidente del Gobierno. Los jueces de instrucción de Madrid, durante una junta celebrada este lunes, han mostrado su apoyo al juez Peinado “frente a los ataques profesionales, personales y familiares que está recibiendo en las últimas semanas y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial, como consecuencia de una investigación concreta”.

“Rechazamos, asimismo, las descalificaciones que hemos escuchado estos días procedentes de quienes ostentan cargos en el Ejecutivo, incluso del propio Presidente del Gobierno, que lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, trata de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces”, señalan los jueces madrileños en un texto difundido tras la reunión, en el que concluyen: “La ley es igual para todos, sin privilegios, y, desde esta premisa, seguiremos desempeñando nuestra función constitucional, como integrantes del poder judicial, y de servicio público a los ciudadanos”.