El Gobierno esbozará su plan de regeneración centrado en parar los bulos y proteger la libertad de expresión

El plan de regeneración que anunció Pedro Sánchez después de su encierro durante cinco días y su amago de dimisión empieza a tomar forma. El presidente expondrá este miércoles en el Congreso las líneas generales del proyecto, aunque los detalles tendrán que esperar porque la idea que maneja La Moncloa es que se abra un debate con todos los socios para empezar a tener textos concretos a partir de septiembre. Pero los apuntes que se van conociendo indican que el plan puede ser relevante y tocar varias leyes que afectan a derechos fundamentales, algo que ya está provocando críticas de la oposición incluso antes de que se conozcan los detalles. La línea general parece clara: Sánchez quiere luchar contra los bulos y la desinformación, en línea con la ley europea de libertad de medios que se aprobó en la UE con el apoyo de los socialistas pero también del Partido Popular Europeo.

Una de las medidas estrella, ya apuntadas por el presidente, es la de limitar la publicidad institucional para los medios ―”pseudomedios”, los llama él― que se dedican sistemáticamente a difundir bulos y desinformación. Sánchez insiste en que no tiene sentido que administraciones autonómicas o locales estén financiando de forma sistemática medios que no tienen apenas lectores y cuyo ingreso fundamental, por tanto, no son las suscripciones o la publicidad privada sino la institucional. El PP acusa a Sánchez de querer “amordazar a la prensa”, según apuntó Isabel Díaz Ayuso, pero el Gobierno insiste en que se trata de fijar unos límites para que el dinero público en forma de campañas llegue a los medios profesionales que tienen lectores y que se dedican a informar y cuyo ingreso principal no es la publicidad institucional. Sánchez también apuntó reformas del derecho a rectificación y de la de ley del derecho al honor para “actualizarlas” porque son de los años 80, cuando aún no había internet, aunque no hay detalles sobre cómo se haría ese cambio.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, anunció este martes que el PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo sobre algunas medidas importantes de este paquete de regeneración democrática que incluyen esta reforma de la ley de publicidad institucional que ya estaba apuntada, pero que además tocan otras cuestiones sensibles que afectan a la libertad de expresión. Este es un asunto en el que Sumar viene trabajando hace tiempo, porque en España se han producido muchas condenas a cantantes, artistas y publicaciones satíricas por burlas o críticas que en otros países del entorno no tendrían ningún tipo de reproche penal. Este asunto ya provocó sendas iniciativas de Unidas Podemos y del PSOE en la pasada legislatura que al final no se concretaron. Sumar ha presentado otra en esta y los socialistas están de acuerdo en líneas generales con la excepción de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, que los socialistas no quieren tocar.

Sumar anunció un acuerdo con el PSOE para eliminar del Código Penal el delito contra los sentimientos religiosos (artículo 525 del Código Penal). Este delito ha sido utilizado de forma sistemática por grupos como Abogados Cristianos para procesar a columnistas, humoristas o publicaciones satíricas que se burlan de los símbolos religiosos, algo que no es delito en casi ningún país de la UE. También aseguró que tiene el acuerdo del PSOE para eliminar los delitos contra la Corona que, por ejemplo, permitió que un juez secuestrara la publicación entera de la revista satírica El Jueves. También se trata de una regulación que no tienen la mayoría los países del entorno español, según dijo el propio ministerio de Justicia en febrero de 2021, cuando anunció una modificación de estos delitos del Código Penal que finalmente no se concretó. Entonces había una gran movilización social por la entrada en prisión del rapero Pablo Hásel, que recibió de un manifiesto de 200 artistas entre los que estaban Joan Manuel Serrat y Pedro Almodóvar. Ahora Sumar asegura que el PSOE también se eliminarán los delitos de injurias al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional o al Ejército, recogidos en el artículo 504 del Código Penal.

Todas estas modificaciones para proteger mejor la libertad de expresión estaban anunciadas por Justicia en 2021, aunque nunca se llegaron a concretar. Fuentes del PSOE señalan que están de acuerdo en el fondo de la cuestión, y de hecho votaron a favor de la toma en consideración de la iniciativa de Sumar que las contemplaba, pero habrá que discutir mucho la redacción. Estas fuentes admiten que es un anacronismo que España tenga penas de cárcel por ofensas a la bandera, algo que no tienen la mayoría de los países del entorno, y que los tribunales europeos ya han dado algún varapalo a España por esta cuestión. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que estaba en la negociación con Sumar, apuntó que se ha acordado “revisar” estos asuntos, pero no hay una redacción pactada aún porque el Ejecutivo quiere hablar con todos los socios sobre el plan de regeneración democrática, incorporar sus propuestas y así garantizarse a partir de septiembre su tramitación.

Lo que no parece pactado de momento es otra iniciativa que anunció Sumar y que consiste en una reparación para las personas que sufran meses o años de instrucciones judiciales que luego quedan en nada y acaban archivadas sin siquiera una apertura de juicio oral. Sumar reclama una reparación de alguna manera, a través de un reconocimiento oficial del daño causado a la imagen de la persona afectada, pero no parece haber acuerdo de momento con el PSOE sobre esta cuestión, según las fuentes consultadas. En los últimos años, muchos políticos han sufrido estas largas y polémicas instrucciones que después quedan archivadas, pero ya han producido un desgaste e incluso han provocado dimisiones.

En cualquier caso Sánchez acude este miércoles al Congreso con un discurso de fondo sobre la regeneración democrática y varios anuncios, aunque aún queda tiempo para que se concreten y sobre todo para que se aprueben, porque los números en el Parlamento obligan al Gobierno a pactar con todos sus socios cada medida. Para este tipo de cuestiones sí parece contar con un respaldo importante, pero tendrá que negociar y concretar todas las reformas y tendrá con toda probabilidad enfrente al PP y Vox, que rechazan este paquete de regeneración. Sánchez también tendrá hoy que enfrentarse a un debate con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal sobre el proceso judicial que se sigue contra su esposa, Begoña Gómez. Ambos le exigirán detalles sobre las reuniones en La Moncloa con el empresario Juan Carlos Barrabés, que declaró como testigo en el procedimiento contra Gómez. En ausencia de sesiones de control —en julio no hay— será el último gran debate entre el presidente y el líder de la oposición antes de las vacaciones de verano.