El Defensor del Pueblo instó en julio al Gobierno a que abriese centros de recepción de menores migrantes ante el aumento de llegadas en Canarias

Las llegadas de migrantes a Canarias este verano han superado los registros de los últimos 30 años. Solo entre junio y agosto, 2.600 personas llegaron en cayucos al archipiélago, un 19,4% más respecto al año anterior, según los últimos datos; y el curso político ha empezado con acusaciones cruzadas entre Gobierno y PP a cuenta de la inmigración irregular y del reparto entre comunidades autónomas de menores no acompañados. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, lleva desde julio alertando de esta situación al Gobierno, a la Fiscalía y a las autoridades insulares y les ha reclamado medidas como la habilitación de un centro de recepción, atención y derivación para los niños y las niñas con necesidades de protección internacional, según las recomendaciones del Defensor publicadas en la página web del organismo.

“El Estado no estaría garantizando el derecho del menor a formular una solicitud de protección internacional”, dice Gabilondo en sus duras conclusiones del 30 de julio, tan solo una semana después de su visita a Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria en la que vio de primera mano la presión migratoria. El Defensor recomendó hasta en cuatro ocasiones que las autoridades (estatales y locales) mejorasen la acogida de los menores migrantes no acompañados, especialmente los que superan los 16 años, puesto que a veces se les da un trato de adulto y su recorrido de acogida es el equivocado.

Específicamente, Gabilondo solicitó a la Subsecretaría del Ministerio del Interior “que facilite el acceso individualizado a la formalización de las solicitudes de protección internacional de los niños y niñas, mayores de 16 años, con el fin de garantizar el acceso al procedimiento establecido en los estándares de acogida previstos” en las directivas europeas. También se dirigió hace ya un mes a la Secretaría de Estado de Migraciones (dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y le reclamó que “se habiliten espacios adaptados a las necesidades de estos niños y niñas, mayores de 16 años, con el fin de garantizar los estándares de acogida”. Ninguna de las dos peticiones obtuvo respuesta.

El que sí ha recogido el guante ha sido el presidente canario, Fernando Clavijo. El jefe del Ejecutivo autonómico advirtió el martes de que, aunque Canarias garantizará la asistencia a los menores migrantes no acompañados, a partir de ahora los considerará competencia del Gobierno central. “Estamos preocupados por que los protocolos se respeten (...) porque son los que garantizan la identificación y la transferibilidad del menor”, declaró el martes. El presidente canario prometió que los menores seguirán teniendo una “atención inmediata”. Aunque añadió que lo relevante es que esos menores tengan “un proyecto de vida”. “Ahora mismo es imposible garantizar sus derechos”, se lamentó.

En su insistencia sobre una correcta identificación de los menores, el Defensor señala ―además de al Gobierno―, a la Fiscalía y hasta a la Policía Nacional. “Que se identifique a los niños y niñas que vayan a alcanzar la mayoría de edad en los próximos meses (...) a fin de agilizar los trámites para su documentación, consignando en cada uno de los casos de aquellos que no cuenten con pasaporte, la imposibilidad material de conseguirlo antes de que cumplan 18 años”, les pide. Según las autoridades de Fronteras, un número muy significativo de los menores que se encuentran en Canarias tienen 17 años. Esta circunstancia es relevante para el que solicita protección, ya que, al cumplir 18 años, pasarán a ser usuarios del sistema de acogida internacional, por lo que “deberían adoptarse medidas que permitan una transición a la vida adulta de estos jóvenes solicitantes, adaptadas a sus necesidades particulares”, recuerda Gabilondo quien asegura que “es consciente” de que la situación es de emergencia. Por eso, el Defensor sugiere valorar la posibilidad de “solicitar la colaboración de entidades especializadas en protección internacional, mediante la fórmula de contratación pública que resulte más ágil y adecuada”.

Y es que, según su informe anual, el Defensor del Pueblo venía al menos desde marzo pasado alertando fallos en la identificación y acogida de los menores que han arribado al archipiélago —más de 5.283 a día de hoy— y que son tutelados por las autoridades de Canarias. Unas autoridades que, junto las de la ciudad autónoma de Ceuta, se han declarado este verano desbordadas por la llegada de personas que huyen de las guerras y la pobreza y buscan alcanzar suelo español. Suelo europeo.

El Defensor alerta especialmente sobre la situación de los niños que provienen de Malí. “Se trata de niños y niñas que han huido de conflictos armados (...) que han sufrido violaciones de derechos humanos, violencia sexual y de género, incluida mutilación genital femenina o matrimonio forzoso y precoz, o que sufren persecución por pertenecer al colectivo LGBTIQ+, entre otras circunstancias”, alerta en su texto en el que desvela que más de 1.000 niños (y unas 10 niñas) malienses se encuentran bajo la tutela del servicio autonómico de protección de menores canario.

Tras su visita en julio al archipiélago, Gabilondo tuvo también palabras para las autoridades locales y recomendó a la Consejería canaria de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias reforzar el personal encargado de la identificación de las necesidades de protección internacional. Recordó que, según las normas europeas, hay que tener en cuenta cada situación específica de los menores o acompañados y que el interés superior del menor será la consideración básica para los Estados miembros para que tengan un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, psíquico, espiritual, moral y social.