El Constitucional se blinda para evitar el intento del PP de romper la mayoría a favor de la amnistía

Como en 2007, en la gran batalla política del Estatut, ahora con la amnistía todos los caminos conducen al Tribunal Constitucional. Entonces, el PP, con Federico Trillo como estratega, desplegó una ofensiva con recusaciones que fueron exitosas y lograron romper la mayoría progresista, una operación que se remató cuando Manuel Aragón Reyes, que había sido elegido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se sumó a la mayoría conservadora que dictó una polémica sentencia que trastocó partes relevantes del Estatut. El PP inicia ahora, según ha confirmado su líder, Alberto Núñez Feijóo en Onda Cero, la gran batalla política de la amnistía con un recurso ante el Constitucional y al menos tres recusaciones: la del presidente, Cándido Conde Pumpido, y los dos magistrados elegidos por el Gobierno de Pedro Sánchez: el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Laura Díaz, ex alto cargo en La Moncloa.

La estrategia parece muy similar a la del PP de Mariano Rajoy con el Estatut, pero distintas fuentes consultadas de sectores progresistas de la justicia coinciden en que esta vez el resultado será muy diferente. Las recusaciones tienen muy pocas posibilidades de prosperar, según diversas fuentes jurídicas y también otras políticas que están siguiendo muy de cerca el proceso. Y es precisamente una decisión tomada bajo mayoría conservadora y con un presidente conservador la que va a ser utilizada para blindar al Constitucional del intento del PP de romper la mayoría progresista con recusaciones. Un auto de 2021, en plena ola de intentos de recusaciones de abogados del procés, cambia la doctrina que seguía hasta entonces el Constitucional, y que implicaba que se abstenía el que hubiera hecho declaraciones muy claras que pudieran contaminar su imagen de imparcialidad.

El auto es rotundo, y entiende que la recusación solo debe darse en casos muy excepcionales porque si no se podría hacer inoperante el alto tribunal. Desde entonces, se están rechazando de plano todas las recusaciones. Esta resolución, tomada con el conservador Pedro González Trevijano como presidente, y por tanto difícil de discutir políticamente por parte del PP, servirá ahora para blindar la mayoría progresista y evitar la maniobra del PP, según diversas fuentes consultadas, que insisten en que si se tuvieran que abstener algunos magistrados progresistas por las declaraciones que hicieron sobre la amnistía también tendría que hacerlo José Mario Macías, el hombre fuerte del sector conservador, que está a punto de tomar posesión como miembro del Constitucional a propuesta del PP, que ha sido muy beligerante contra la amnistía en los últimos meses, cuando era el líder del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial.

En sectores del mundo judicial y político progresista se da por hecho por tanto que el PP no tiene ninguna posibilidad de repetir la maniobra exitosa del Estatut, que supuso entonces un varapalo importante para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que también tenía una mayoría que dependía de los independentistas, aunque entonces el procés no estaba ni en el horizonte. Lo que sí parece muy probable, según estas fuentes, es que Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia, mantenga su intención de abstenerse en la votación de la amnistía por sus declaraciones cuando era ministro en las que señaló que una amnistía sería inconstitucional. No es que se vaya a aceptar la recusación del PP, que con toda probabilidad se rechazará como todas las demás con los argumentos expuestos en el auto de 2021, sino que él está decidido a abstenerse y nadie parece capaz de convencerle de lo contrario.

En diversos sectores progresistas insisten en que por los mismos motivos de Campo debería abstenerse Macías, pero esto último parece poco probable, por lo que los números se estrecharían para una futura sentencia: del 7-5 a favor de los progresistas pasaría a un 6-5. Lo que todas las fuentes consultadas dan por hecho es que no habrá un nuevo Aragón Reyes, esto es nadie de esa mayoría progresista se pasará al lado conservador en este asunto.

Feijóo fue especialmente duro y preparó ya el terreno para una sentencia que avale la amnistía, que es la opción más probable que se maneja no solo en los partidos de la mayoría sino también en la oposición. El líder del PP, consciente de que el Constitucional podría tumbar el recurso que aún no ha presentado pero ya está ultimando su partido, está tratando con las recusaciones de deslegitimar esa decisión y preparar el terreno para una gran batalla política en otoño centrada en desautorizar al Constitucional y especialmente a su presidente, Cándido Conde Pumpido, que se ha convertido en la diana del PP a pesar de su larga trayectoria judicial que nadie cuestiona. Feijóo dijo que él acatará el fallo del Constitucional porque “el Estado de derecho consiste en aceptar las resoluciones judiciales”, pero reclamó a los tres recusados que se inhiban o de lo contrario él tendrá “muchas dificultades para entender que ese fallo está dictado por personas independientes”.

Desde el Gobierno y los partidos de la mayoría creen que la ciudadanía ya está pasando página de la amnistía y se ha reducido mucho su rechazo en los últimos meses, y están convencidos de que el PP perderá también la última batalla jurídica y este asunto pasará a un segundo plano en la agenda política sin que haya tenido el desgaste que se esperaba, porque muchos ciudadanos, especialmente en Cataluña pero no solo, están viendo que el resultado de esta operación es que el independentismo está más débil -ya no tiene mayoría en el Parlament- y el procés es una sombra cada vez más lejana.