El bloque de investidura saca adelante la ley de paridad con la oposición de la derecha

El llamado bloque de investidura, la mayoría parlamentaria que invistió a Pedro Sánchez hace siete meses, se reprodujo milimétricamente este jueves para sacar adelante la ley de paridad. La conjunción de la izquierda y los nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y canarios permitió aprobar la norma que establece que las mujeres no podrán tener una representación inferior al 40% en órganos constitucionales, organizaciones sociales como sindicatos o colegios profesionales, los equipos directivos de otras instituciones como las universidades y los consejos de administración de las grandes empresas, además de consagrar las listas electorales cremallera. Enfrente, los mismos que se opusieron a investir a Sánchez: PP, Vox y UPN. La derecha no solo discrepa de las previsiones de la ley, sino que reprobó con gran dureza que los grupos del Gobierno recuperasen el truco de introducir una enmienda sin relación directa con el contenido de la norma para retirar al Senado la potestad de invalidar el techo de gasto que cada año apruebe el Congreso.

Hubo declaraciones solemnes, el consabido “día histórico” que certificó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, o una jornada para figurar en los “momentos estelares del parlamentarismo”, en palabras de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Otros que también la apoyaron, en cambio, rebajaron su trascendencia, como Pilar Vallugera, de ERC, que la despachó como un “trámite” ya que responde a la obligatoriedad de adaptar una directiva europea. La llamada Ley de Representación Paritaria y Presencia Equilibrada entre Hombres y Mujeres tiene carácter orgánico, por lo que requería de la mayoría absoluta de la Cámara, 176 diputados. Obtuvo un voto más, 177, ya que faltaban dos diputados del bloque de investidura, uno de ellos el propio Sánchez, ausente por el fallecimiento de su suegro.

El fervor por la aprobación de la ley prendió mayormente en las filas socialistas. Además de la ministra, su portavoz en este asunto, Andrea Fernández, sentenció que la norma pondrá fin a la “exclusión sistemática de las mujeres en el acceso al poder”. “Cuando más de la mitad de la población no puede acceder en condiciones de igualdad a los espacios de influencia, las libertades no son tales”, apuntó la diputada. Tanto el socio minoritario del Gobierno como los aliados parlamentarios previnieron, sin embargo, contra el peligro de que prevalezca esa “mirada elitista”, en expresión de Esther Gil de Reboleño, de Sumar, y “se olviden del resto de las mujeres”. “La igualdad tiene que estar presente en todos los rinconcitos de la sociedad y no solo en las altas esferas”, alertó la diputada, un aviso en el que coincidieron otras como Bel Pozueta, de EH Bildu, o Ione Belarra, de Podemos.

Algunos grupos echaron en falta medidas más amplias. Joseba Agirretxea, del PNV, lamentó que haya quedado fuera el Ejército, y Vallugera, de ERC, los órganos dirigentes de los partidos, además de que se haya renunciado a imponer sanciones a las entidades que incumplan la ley. El PNV, en cambio, logró eximir de la obligación paritaria a las candidaturas electorales en municipios de menos de 3.000 habitantes, en los que ese requisito podría ser un impedimento para elaborar las listas, como explicó Agirretxea. Pilar Calvo, de Junts, tras felicitarse por haber logrado introducir una referencia al “derecho a la maternidad de las deportistas”, glosó los avances femeninos gracias a la implantación de cuotas: “Las mujeres estamos hartas de defender las cuotas, pero sin ellas no habríamos llegado hasta aquí”.

La firma, el pasado martes, del acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desatado las especulaciones sobre una posible suavización del discurso opositor del PP. Nada más lejos de la postura en el debate sobre la paridad expresada por el popular Jaime de los Santos. El diputado señaló que la ley prueba que el PSOE se ha convertido en una organización de “extrema izquierda” que “instrumentaliza a las mujeres”. Más allá del contenido de la norma, De los Santos se detuvo en la “maniobra trilera”, como la había definido antes el diputado de UPN Alberto Catalán: la introducción de una enmienda, totalmente ajena al asunto que regula la ley, para impedir que el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, tenga la última palabra sobre el techo anual de gasto público. De los Santos enfatizó que el Tribunal Constitucional ha censurado esa atípica técnica legislativa, así como los letrados del Senado. Y dejó caer que su partido denunciará por prevaricación a las representantes del PSOE que impulsaron la enmienda. Esta insinuación indignó a la socialista Andrea Fernández, quien cargó contra las “bravuconerías” del diputado popular y lo reprendió: “Deje de amenazar a mis compañeras”.

El discurso más nítido contra el corazón de la ley llegó, como cabía esperar, de las filas de Vox. Así lo expresó su diputada Rocío Aguirre: “Como mujer me parece humillante que se me valore por una cuota y no por mi capacidad ni mi mérito”. La ley, según Aguirre, no persigue la igualdad, sino “imponer un tipo de vida”, además de un “ataque frontal a la libertad de empresa” y una “degradación de la vida personal y profesional de la mujer”.

También con el bloque de investidura el Gobierno sacó adelante otra ley, la que crea una autoridad independiente para la investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y aéreos, rechazada igualmente por el PP. Por el contrario, otras dos votaciones mucho menos trascendentes, de contenido meramente declarativo, volvieron a poner de manifiesto la complicada vida parlamentaria del Ejecutivo. Los populares consiguieron aprobar una proposición no de ley que reclama medidas urgentes para paliar la carencia de profesionales sanitarios y una moción que exige “respeto” a las Cortes Generales.