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El acuerdo entre el PSC y ERC divide a Sumar y precipita el debate sobre su modelo territorial

Las posiciones enfrentadas de IU y los Comunes sobre la “financiación singular” rompen el silencio oficial del grupo. Bildu apoya el pacto, criticado por Podemos

De frente y desde la izquierda, Íñigo Errejón, Yolanda Díaz y Ernest Urtasun, el 23 de julio en el Congreso de los Diputados.
De frente y desde la izquierda, Íñigo Errejón, Yolanda Díaz y Ernest Urtasun, el 23 de julio en el Congreso de los Diputados.Álvaro García
Ángel Munárriz

El acuerdo entre el PSC y ERC para hacer president a Salvador Illa a cambio de sacar a Cataluña del régimen común de financiación autonómica ha causado división en el bloque de investidura, el que sumó 179 votos para mantener en La Moncloa a Pedro Sánchez. La división se extiende a las propias filas de Sumar, socio de Gobierno del PSOE, donde el silencio oficial marcado como posición por el grupo parlamentario ha saltado por los aires, aflorando posiciones contradictorias.

Mientras los comunes han salido en defensa del acuerdo, IU lo critica porque entiende que amenaza la solidaridad entre territorios; Compromís y la Chunta, por su parte, advierten de que votarán contra cualquiera reforma legal que no recoja mejoras de la financiación para la Comunidad Valenciana y Aragón, respectivamente. El acuerdo PSC-ERC ha multiplicado así las voces en un debate, el del modelo territorial y sus equilibrios, delicado para la izquierda alternativa, un espacio político en el que siempre ha habido diferentes visiones —federalistas, confederalistas, nacionalistas, antinacionalistas— que han dificultado tanto una visión de España compartida como una coordinación funcional de sus fuerzas políticas.

Ya fuera de Sumar, se pronuncian contra el acuerdo Podemos —más por lo que se queda fuera que por lo que hay dentro— y Coalición Canaria. En contraste con el rechazo expresado por Junts, Bildu —formación con estrechos lazos con ERC— sí se muestra abiertamente favorable a la “financiación singular”.

Posiciones divergentes en Sumar

Fuentes de distintos grupos coinciden en que es pronto para hacer cálculos sobre si la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), necesaria para convertir en realidad el acuerdo del PSC y ERC, alcanzaría los 176 votos, entre otros motivos porque el pacto tiene aspectos por concretar y aún queda un largo trecho antes de que llegue al Congreso. Eso sí, las primeras tomas de posición muestran que el acuerdo no solo suscita rechazo innegociable del PP y Vox y desaprobación e inquietud en sectores del PSOE, sino que también levanta ampollas entre las fuerzas soberanistas y de izquierdas que permitieron la formación del actual Gobierno.

En el grupo Sumar, con 27 diputados, hay de todo: silencios, apoyos, rechazos. También muestras de contundencia junto a otras de ambigüedad. Mientras la posición oficial del grupo y de Movimiento Sumar (11 diputados) es que no habrá posición fija hasta que este viernes voten las bases de ERC, los comunes ya han roto una lanza a favor del acuerdo, que no debe verse “como una amenaza sino como una oportunidad” para el resto de autonomías, afirmó este jueves en La Sexta su líder, Jéssica Albiach. “Que Cataluña tenga una buena financiación no va en detrimento de otras comunidades infrafinanciadas”, dijo, en un mensaje que sonó dirigido a la Comunidad Valenciana, tierra de Compromís, y Andalucía, donde IU conserva su mayor cuota de poder. Un respaldo expreso de los comunes era previsible, teniendo en cuenta que han llegado a su propio pacto con los socialistas, lo que los aboca a votar a favor de la investidura a Illa, analiza una fuente conocedora de las posiciones en Sumar. Desde Más Madrid el mensaje oficial también es favorable al acuerdo, sin entrar en el fondo: “Queremos un gobierno progresista en Cataluña y que la legislatura eche a andar”.

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Pero no todo son silencios y posiciones favorables en Sumar. Los discursos más críticos han salido de IU (cinco diputados), Compromís (dos) y Chunta Aragonesista (uno). En un comunicado, la coalición que lidera Antonio Maíllo afirmó el miércoles que “existe un problema global de financiación autonómica y no solo con Cataluña”, por lo que “se reafirma en la vigencia de un modelo federal y solidario que beneficie a la clase trabajadora del país en función de sus necesidades y no del territorio donde habite”. Sin hacer sangre contra el pacto, se mostraba claramente la discrepancia. Toni Valero, diputado de IU y coordinador de la formación en Andalucía, fue más allá y afirmó el miércoles en un mensaje en X que el acuerdo “coge el camino de la confederalización del norte”, reclamando un modelo que reconozca la “singularidad de Andalucía”, la comunidad más poblada y con menor PIB per cápita.

“Ya sabemos que queda mucho por concretar, que todavía es pronto, pero ante un asunto tan importante hay que dejar claras las posiciones y los principios cuanto antes: cualquier modelo que anteponga dónde vives a qué necesidades tienes no nos vale”, afirma un dirigente de IU, que admite “seria preocupación”. Y añade: “Esta podría ser una buena oportunidad para que Sumar en su conjunto, con Yolanda Díaz al frente, marcase distancias con el PSOE en un tema clave”. También afirma este dirigente que sería erróneo entender que los once diputados de Movimiento Sumar mantienen la misma posición y subraya el detalle de que Carlos Martín, portavoz de Economía del grupo, haya compartido en redes sociales mensajes críticos con el acuerdo. Martín prefiere no hacer comentarios hasta después de la votación de ERC, ciñéndose a la posición oficial.

Desde Compromís, su portavoz en el Congreso, Águeda Micó, fue de las primeras voces en alzarse contra el acuerdo. O, mejor dicho, contra el acuerdo si se queda solo en una solución para Cataluña. “Para que la reforma tenga el apoyo de Compromís se tendrán que abordar las problemáticas concretas de los territorios infrafinanciados, concretamente Valencia”, declaró Micó el martes. Lo reafirma el partido, a través de un portavoz oficial: “Si el acuerdo es solo para Cataluña, votaremos que no”. La posición de la Chunta es parecida. Su diputado, Jorge Pueyo, ha afirmado que sólo votará a favor una reforma del sistema si compensa “generosamente” a Aragón.

El arco de Sumar lo completa Mes Per Mallorca, que sostiene a través de un portavoz oficial que no se opone el pacto, al ir “en la línea de lo que querríamos para Baleares”, pero añadiendo que se trata de un acuerdo “partidista”. Mes peleará para que cualquier reforma tenga en cuenta “las necesidades de Baleares”. A diferencia de Compromís y la Chunta, Mes prefiere no adelantar nada sobre su voto a una reforma legal, al no haberlo debatido en sus órganos y considerarlo prematuro.

Bildu a favor, críticas de Podemos

Fuera de Sumar las posiciones son variadas. La de Junts (seis diputados) es de oposición frontal al acuerdo, que a su juicio no da a Cataluña la “soberanía fiscal”. Está por ver qué votaría sobre una hipotética reforma legal, pero su primera reacción ha sido un no tan rotundo como lógico, teniendo en cuenta que, si Illa es investido, el partido se quedará en la oposición y su líder, Carles Puigdemont, debería dejar la “política activa” si quiere cumplir la palabra que dio antes de las elecciones catalanas. Si Junts mantiene su no actual, cualquier reforma de ley orgánica para cumplir el acuerdo parece hoy imposible, dado que todo apunta que el PSOE y ERC no podrán contar con el PP y Vox.

También se ha mostrado crítico con el acuerdo Podemos (cuatro diputados), aunque con argumentos diferentes. A través de su portavoz, Pablo Fernández, el partido lo ha calificado de “intercambio de cromos” que elude la cuestión de fondo sobre fiscalidad y financiación, es decir, “que los más ricos paguen lo que les corresponde”. Otro partido que rechaza el pacto es Coalición Canaria (un diputado). El presidente de las Islas, Fernando Clavijo, ha declarado que convierte a todos los no catalanes en “ciudadanos de segunda”.

A favor sin ambages se muestra Bildu (seis diputados), que a través de un portavoz oficial valora “positivamente” su contenido, porque “avanza hacia nuevas cotas de soberanía económica, fiscal y política” para Cataluña. Es un pacto, añade, que “no va contra nadie”.

El PNV se muestra más cauto. El martes, tras conocerse el acuerdo, el lehendakari, Imanol Pradales, afirmó que era “positivo” al avanzar en el “autogobierno” catalán. Pero el miércoles el portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez, fue más frío y —en declaraciones a Radio Popular-Herri Irratia— afirmó que no conocía lo suficiente del pacto como para opinar. Eso sí, dijo que siente “incomodidad” cuando escucha referirse al acordado entre PSC y ERC como “concierto solidario” –nombre que no aparece en el texto– ya que a su juicio da a entender que el concierto vasco no lo es.

El BNG sostuvo el martes que el acuerdo PSC-ERC permite “avanzar” a Cataluña, a diferencia de lo que ocurre en Galicia por culpa del PP, según declaró su viceportavoz en el Parlamento autonómico, Olalla Rodil. Ante la solicitud de mayor concreción sobre su posición, la formación nacionalista prefiere el silencio hasta que voten las bases de ERC.

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Sobre la firma

Ángel Munárriz
Ángel Munárriz (Cortes de la Frontera, Málaga, 1980) es periodista de la sección de Nacional de EL PAÍS. Empezó su trayectoria en El Correo de Andalucía y ha pasado por medios como Público e Infolibre, donde fue director de investigación. Colabora en el programa Hora 25, de la SER, y es autor de 'Iglesia SA', un ensayo sobre dinero y poder.
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