Dos décadas y 50 sentencias después, el hotel del Algarrobico sigue en pie

Después de casi dos décadas y medio centenar de pronunciamientos judiciales, el esqueleto del hotel del Algarrobico sigue intacto en la playa de Carboneras (Almería), en el Parque Natural de Cabo de Gata. La razón, la negativa del Ayuntamiento de este municipio almeriense, que otorgó la licencia para levantar el complejo en 2003, a cumplir con todas las sentencias que han constatado su ilegalidad (20, en total). Ante esta constante obstrucción, el Tribunal Superior de Justica de Andalucía (TSJA) dio esta semana al consistorio un ultimátum de 10 días para que aporte documentación que acredite que su Plan General de Ordenación Urbana incluye la calificación de “suelo no urbanizable y de especial protección” de la zona donde se levanta el edificio, una obligación impuesta en 2016 por el TSJA y ratificada por el Tribunal Supremo en 2018, que no se ha ejecutado en todo este tiempo. En paralelo, este viernes se sentaron en el banquillo los 28 activistas de Greenpeace que hace 10 años marcaron el edificio con un punto negro en protesta por que aún se mantuviera en pie. La acusación, ejercida por la promotora Azata del Sol, les pide un año de cárcel a cada uno de ellos por un delito de desobediencia.

En la sentencia de 2018 cuyo cumplimiento reclama el TSJA ahora, el Supremo confirmaba otra del alto tribunal andaluz de 2016 y obligaba al Ayuntamiento de Carboneras a clasificar el paraje de El Algarrobico como suelo no urbanizable en su PGOU. Un año antes, el TS, también ratificando otro fallo del TSJA de 2016, establecía que el enclave es un espacio protegido, no urbanizable, algo que ya había declarado en 2016. “Pero es que ya en 2012 se publicó en el Boletín Oficial de la la Junta una sentencia del TSJA que declaraba El Algarrobico como espacio protegido y que Carboneras no recurrió”, advierte José Ignacio Domínguez, el abogado de los grupos ecologistas que llevan dos décadas luchando contra esta mole. En 2021, el TSJA daba una de cal y otra de arena: obligaba a Carboneras a iniciar el expediente de revisión de oficio de la licencia, pero negaba la posibilidad de demoler el edificio mientras ese título no se anulara.

“El Ayuntamiento tiene el firme compromiso de acatar las sentencias”, asegura en conversación telefónica el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández. El regidor de Ciudadanos explica que su intención es que “en el pleno en el que se aprueben los Presupuestos municipales se inicien los trámites para la revisión de oficio de la licencia y se realice una declaración en la que se reconozca que los terrenos no son urbanizables”. Ese pleno, de acuerdo con Hernández, tendrá que esperar a que se subsane la falta de secretario general en el consistorio, un trámite que, si se cumplen los plazos, retrasaría el acatamiento de las sentencias pendientes hasta junio.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Carboneras ―donde en este tiempo han gobernado socialistas, independientes y el PP, hasta que hace unas semanas fue apeado por una moción de cenSola presentada por PSOE y Ciudadanos― no ha cumplido ninguno de estos mandatos judiciales. “Es una tomadura de pelo intolerable”, sostiene Domínguez. Es la vigencia de la licencia la que impide que puedan entrar las máquinas a demoler ese mamotreto de 21 plantas y 411 habitaciones, que es en un icono del urbanismo salvaje y especulativo, pese a que estas y otras muchas sentencias han confirmado que la mole es ilegal por haberse levantado dentro del Parque Natural Cabo de Gata, en terreno no urbanizable, y por estar construido a 14 metros del mar, vulnerando la Ley de Costas.

El último fallo relevante emitido por el TS en 2022 establece que, en tanto que el Ayuntamiento de Carboneras no cumpla con la sentencia de 2018 que le obligaba a modificar su normativa urbanística, los terrenos siguen siendo urbanizables. “El Ayuntamiento tiene dos opciones: anular la licencia directamente, como le exige la sentencia de 2021, o modificar primero el PGOU y luego anular la licencia, como le ha demandado esta semana el TSJA, pero no hace nada”, explica el abogado. Para soslayar esa reticencia a revisar de oficio su PGOU —con el PP se llevó a pleno, pero el PSOE se opuso―, Greenpeace ha decidido llevar esta maraña judicial interminable hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El pasado febrero presentó un recurso contra el fallo del Supremo de 2022, alegando que no se puede supeditar una sentencia firme a la voluntad de un ayuntamiento de cumplirla y advirtiendo de que, de facto, el PGOU podía considerarse anulado desde 2012, cuando la sentencia del TSJA declaró al Algarrobico espacio protegido. “Cuando una sentencia modifica una norma de carácter general, como el PGOU, y se le da publicidad, se considera que ya está modificada”, sostiene el abogado de Greenpeaca.

Los acusados niegan haber realizado la pintada

Hasta ahora, como reconoce Domínguez, la única decisión judicial que ha tenido efecto real fue la paralización cautelar decretada por un juzgado de primera instancia de Almería en 2006. El 23 de febrero de aquel año se paralizó cualquier actividad física en el recinto, y empezó a moverse la maquinaria judicial. Pero los tribunales no han sido el único frente de los ecologistas ―aunque al final todo confluya en ellos―. Greenpeace ha liderado decenas de acciones para llamar la atención sobre la ilegalidad del hotel y la abulia de las administraciones para borrarlo del enclave natural.

Una de ellas tuvo lugar el 11 de mayo de 2014, cuando 28 activistas señalaron con un punto negro el edificio en la que se podía leer “Hotel Ilegal”. Este viernes, 10 años después, se ha iniciado el juicio contra todos ellos por delitos de daños y desobediencias, a instancias de la promotora, Azata del Sol. Aunque la Fiscalía pidió el sobreseimiento y el archivo del caso, la acusación reclama pena de prisión de un año para cada uno de ellos y 24 meses de multa. Durante la primera sesión, los acusados han reconocido que participaron en la protesta, pero que no formaron parte del grupo de personas que hizo la pintada y accedió al edificio. Otra de las líneas de la defensa ha sido alegar que no se puede dañar lo que está en ruinas, ha explicado a este diario Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andalucía.

Otras opciones que la Junta no explora

Mientras el Ayuntamiento no mueva ficha, en teoría tampoco pueden hacerlo ni el Gobierno central ni la Junta de Andalucía, que en 2011 suscribieron un acuerdo por el que el primero asumía los gastos del derribo y el segundo el coste el de la restauración de la zona. El presidente andaluz, el popular Juan Manuel Moreno, ha hecho del derribo del Algarrobico una prioridad para cimentar su perfil de defensor del medio ambiente, pero que quedó en evidencia con el apoyo a la ley de ampliación de regadíos de Doñana. Para ese fin ha reservado en los presupuestos una partida de poco más de un millón de euros. “Eso es pura demagogia, porque la Junta, si quisiera, también podría impulsar su desaparición”, puntualiza Domínguez.

Así se lo trasladó Berraquero este jueves al consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, durante una reunión en la que abordaron el hotel del Algarrobico. “Esta es una situación parecida a la de Doñana, tantos años perdidos están suponiendo un coste tremendo y hay que hacer cosas proactivas, no bastan las buenas palabras ni los gestos reservar un millón de euros”, explica Berraquero a este diario. El Gobierno andaluz tiene, según le trasladó el activista al consejero dos vías para ello.

Por una parte, ejecutar el derecho de retracto sobre los terrenos del Algarrobico que le reconoció el Supremo en 2016, de nuevo confirmando otra sentencia del TSJA de 2013. “Esto permite a la Junta abonar la cantidad que pagó el comprador por la compra de un terreno en el parque natural”, explica Domínguez. El problema es que con esta maniobra la administración adquiere la propiedad, pero no la posesión, que sigue en manos de Azata del Sol. “Para ello tendrían que iniciar un pleito por lo civil, pero la Junta, pese a haber depositado el dinero de la compra, que son unos 2,3 millones de euros, no ha hecho nada”, continúa. La otra vía es hacer uso de la expropiación que recoge una de las leyes estrella del Ejecutivo de Moreno, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio. “Hay un artículo pensado para moles como la del Algarrobico construidas de manera manifiestamente ilegal, pero tampoco la ha puesto en marcha”, explica Domínguez.

Uno de los motivos que el abogado cree que puede justificar todos los incumplimientos del Ayuntamiento es el miedo a las indemnizaciones, pese a que la Audiencia Nacional ha reiterado en dos ocasiones que Azata del Sol no tiene derecho a compensación económica porque conocía de la ilegalidad de la licencia. Esos fallos han sido recurridos ante el Supremo —los recursos tanto del Ayuntamiento como de la promotora también explican tanto tiempo perdido―. Esos procedimientos son los que siguen aún abiertos, junto con la ejecución de la sentencia de 2018 para modificar el PGOU, que ahora reclama el TSJA, la anulación de la licencia, impuesta por el TSJA en 2021 y una anulación de un amago de modificación del PGOU, que llevó acabo el anterior gobierno municipal del PSOE en un pleno convocado en abril de 2023, solo 48 horas después de que el alto tribunal andaluz amenazara al alcalde con multas de 700 euros cada 20 días si no cumplía con las sentencias sobre el Algarrobico. “Se anuló porque se estipulaba que se clasificaban los terrenos como protegidos por efectos sobrevenidos, cuando una sentencia de 2012 ya había declarado que estaban protegidos desde 1994. El TSJA lo anuló y nos devolvió a la casilla de salida, pero es que la Junta ahora ha vuelto a pedir que se anule lo que ya se ha declarado anulado”, indica Domínguez.

Es el penúltimo ejemplo de los rocambolescos giros judiciales para tratar de derribar ese esperpento medioambiental a cuya construcción no han renunciado los promotores. “Las tres grúas que siguen en pie son el símbolo de que quieren seguir con la obra”, advierte Domínguez.

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