Cien días de instrucción bajo sospecha sin hallar aún pruebas de delito contra Begoña Gómez

El pasado 8 de abril, la organización ultraderechista Manos Limpias presentó una denuncia contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por un supuesto delito de tráfico de influencias. La denuncia se basaba en recortes de noticias de prensa, algunas de ellas falsas y la mayoría sin pruebas del tráfico de influencias que sugerían.

El juez Juan Carlos Peinado García, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, abrió diligencias, las declaró secretas, pidió un informe a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y citó como testigos a los responsables de los dos medios de comunicación que habían publicado las noticias en que se basaba la denuncia.

Cien días después, la investigación judicial de Peinado está bajo sospecha —hay múltiples recursos pendientes en la Audiencia Provincial por trámites que vulneran la ley y generan indefensión a la principal investigada, más una querella por revelación de secretos sin contestar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid—.

De la investigación conocida hasta ahora, de los informes periciales solicitados y de las pruebas testificales practicadas por el instructor, no se ha hallado ni una sola prueba del tráfico de influencias y la corrupción en los negocios que el juez busca. Pese a ello, Peinado ha imputado ya al empresario Juan Carlos Barrabés cuatro días después de tomarle declaración como testigo y pese a que la Guardia Civil descarta en dos informes la existencia de irregularidades en las contrataciones bajo sospecha analizadas.

También ha imputado al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, tras tomarle declaración y descubrir que se reunió en Moncloa con Gómez para tratar sobre su cátedra y que la universidad madrileña admite profesores en sus cursos de formación continua sin titulación académica. Además, ha citado como testigo al presidente Pedro Sánchez, tras una petición de la acusación popular representada por Vox.

Estos son los hitos principales de una vertiginosa investigación sin resultados conocidos.

Sin rastro del tráfico de influencias a favor de Barrabés. La Guardia Civil entregó al juez su primer informe sobre el caso el 14 de mayo, un mes después de que abriera diligencias. Ese informe descartaba el tráfico de influencias en los contratos que Red.es —dependiente del ministerio de Economía cuando ocurrieron los hechos— adjudicó a Innova Next, empresa propiedad de Juan Carlos Barrabés, uno de los profesores del curso de la cátedra que dirigía Begoña Gómez en la Complutense. Gómez había firmado una de las 32 cartas de apoyo de instituciones y empresas con las que Barrabés se presentó al concurso. Esas cartas suponían el 8% de la puntuación en el concurso y los funcionarios que informaron sobre el mismo solo hicieron referencia a las misivas de empresas tecnológicas. Los periodistas de los medios que denunciaron estos hechos aseguraron al juez que nunca supieron si las adjudicaciones eran consecuencia de la influencia que Gómez ejerció sobre los funcionarios que firmaron la contratación. Ni una sola evidencia señala la existencia de presiones a los funcionarios para adjudicar el contrato a Barrabés. El empresario también logró contratos millonarios del Ayuntamiento de Madrid presidido por José Luis Martínez-Almeida (PP). Y fue uno de los expertos tecnológicos invitados por el PP de Pablo Casado a alguno de sus congresos.

Sin pruebas de delito en el rescate de Air Europa. El informe de la Guardia Civil señaló que el único elemento que puede vincular a Gómez con Globalia (grupo propietario de Air Europa) es el hecho de que coincidiera con Javier Hidalgo (consejero delegado entonces) en dos eventos que tuvieron lugar en 2020 en los que participaba la sociedad Wakalua (filial de Globalia). “No se tiene constancia de que estos hitos, pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del rescate a Air Europa”. Los principales países europeos rescataron en pandemia a sus aerolíneas con cantidades que llegaron a quintuplicar lo concedido por el Gobierno español a Air Europa. La Audiencia Provincial consideró que la tesis de que Air Europa hubiera sido favorecida por el Gobierno gracias a las amistades que mantenía Begoña Gómez con Javier Hidalgo eran una “simple conjetura”.

La contratación en la Complutense sin título académico. Pese a que el juez Peinado nunca motivó en sus múltiples resoluciones una investigación sobre las actividades de Gómez en la Universidad Complutense, sus últimas diligencias van encaminadas a buscar si hubo tráfico de influencias en la contratación de la mujer del presidente para dirigir una cátedra extraordinaria y si es posible dar clases en ese centro sin disponer de titulación académica. El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, declaró al juez que fue Gómez quien le propuso crear esa cátedra extraordinaria y que la comisión de seguimiento creada para estos fines aceptó el proyecto. El presidente de esa comisión, entonces vicerrector Juan Carlos Doadrio, señaló que fue el rector quien le dijo que había que crear la cátedra dirigida por Gómez, pero que no vio ninguna irregularidad. El rector también aclaró al juez que es posible dar clases en la Complutense sin tener titulación académica.

Un ‘sotfware’ que Gómez nunca puso a su nombre. La propia universidad ha pedido al juez que investigue si Gómez se apropió indebidamente del software que ella misma encargó para crear una plataforma tecnológica de uso gratuito donde las pequeñas y medianas empresas pudieran consultar determinados aspectos relacionados con su actividad. Gómez ha acreditado que no ha registrado el software a su nombre. La Universidad Complutense ya lo sabe.

Una revelación de secretos del juez instructor que analiza el Tribunal Superior. El juez, según los hechos acreditados en el sumario, se saltó el secreto que él mismo había decretado al ordenar la difusión de una nota en la que informaba sobre la investigación a Gómez y, fundamentalmente, porque facilitó una parte del sumario secreto a una acusación popular cuando ni siquiera lo tenía el abogado de la persona imputada. El pasado 30 de mayo, el periodista Máximo Pradera presentó una querella contra el juez Peinado con todos los hitos cronológicos de esta supuesta revelación de secretos. Casi dos meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aún no ha contestado. El mismo órgano judicial tardó apenas un mes en admitir la querella por revelación de secretos contra la fiscalía provincial de Madrid de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso y defraudador fiscal confeso.