Cataluña recibe ingresos por encima de la media, aunque pierde 2.000 millones tras aportar a la solidaridad

El modelo de financiación singular para Cataluña, pactado la semana pasada entre el PSC y ERC para desbloquear la investidura de Salvador Illa, se basa en la premisa de que la Generalitat está infrafinanciada. Sin embargo, hay quien discrepa de ese planteamiento. Según los datos que ofrece este lunes la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), basados en la liquidación del sistema de financiación, Cataluña se situó en el año 2022 ligeramente por encima de la media en cuanto a recursos efectivos por habitante, con 3.396 euros por persona frente a los 3.365 euros del promedio del país.

El informe La liquidación de 2022 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, publicado año a año por Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, diseña un índice en el que la media de financiación relativa por habitante ajustado se sitúa en 100. A partir de ahí, se puede ver qué territorios se quedan por encima —los que estarían sobrefinanciados— y cuáles se colocan por debajo —los infrafinanciados—. En concreto, con 100,9 puntos, Cataluña se situó inmediatamente por encima de la media, por debajo de Galicia (102,5) y justo por encima de Madrid, que en esta ocasión se queda exactamente al mismo nivel que el promedio.

Históricamente, las regiones mejor financiadas de España son La Rioja, Cantabria y Baleares, que en 2022 oscilaron entre los 115 y los 117 puntos. Las que reciben menos recursos son, por su parte, Murcia (90,8 puntos), Comunidad Valenciana (91,8), Andalucía (94,6) y Castilla-La Mancha (94,9), que arrastran un déficit de recursos desde hace más de 10 años. Madrid y Cataluña, número arriba, número abajo, siempre se han colocado por encima de la media del país. Por eso, esgrimen desde Fedea, los datos no respaldan la teoría de que la Generalitat sufre de falta de recursos.

En España hay comunidades más ricas que otras. Por eso, con el objetivo de que todas puedan ofertar los servicios públicos en igualdad de condiciones, se puso en marcha hace años el sistema de financiación autonómica, diseñado para corregir las anomalías derivadas de unas capacidades fiscales muy dispares. Para alcanzar ese objetivo, el modelo prevé transferencias tanto verticales —desde el Estado hacia las 15 regiones de régimen común— como horizontales —entre los distintos territorios—. Una vez que se producen todos esos ajustes, las tres comunidades con mayor capacidad fiscal (Madrid, Cataluña y Baleares) se convierten en aportadoras netas del sistema, es decir, dan más de lo que obtienen. Por su parte, las otras 12 pasan a ser receptoras.

Madrid es el territorio con mayor capacidad fiscal. En 2022 anotó unos ingresos tributarios homogéneos de 29.393 millones de euros. Sin embargo, tras los ajustes del sistema, tuvo una financiación efectiva de 21.998 millones, dejando un saldo neto desfavorable de 7.395 millones, el 25% de sus recursos iniciales. Esto convierte a la región central en la gran aportadora del sistema.

Tras ella se situó Cataluña, otro de los territorios que dan a la solidaridad interterritorial. En su caso, tras registrar unos ingresos iniciales de 28.000 millones, se quedó con una financiación efectiva de 25.912 millones, lo que da lugar a un saldo neto negativo de 2.088 millones de euros (el 7,4% de sus recursos). Baleares se quedó con 4.529 millones de financiación efectiva tras contribuir a la solidaridad con 345 millones. El resto de regiones disfrutó de saldos positivos, con cifras que oscilan entre los 377 millones de La Rioja y los 6.100 millones de Andalucía.

Los ingresos de las regiones bajo el actual esquema provienen de la recaudación de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado y de sus participaciones en una serie de fondos que canalizan transferencias estatales hacia los gobiernos regionales y redistribuyen recursos entre ellos. El más importante es el llamado Fondo de Garantía (de Servicios Públicos Fundamentales), que se nutre con un 75% de los ingresos tributarios teóricos o normativos de las comunidades autónomas y con una aportación adicional del Estado.

Estos recursos se reparten mediante una fórmula de necesidades de gasto que cuantifica los recursos que se consideran necesarios en cada región para financiar un nivel uniforme de servicios públicos, como sanidad o educación. Para determinar las cuantías que deben llegar a cada autonomía se utiliza la variable de población ajustada, un modelo que sustituye a la población real de cada territorio y que tiene en cuenta características como la densidad demográfica o el número de habitantes en edad escolar o mayor de 65 años. Al Fondo de Garantía se le unen otros como el Fondo de Suficiencia (Global) y los Fondos de Convergencia Autonómica, que se financian con recursos del Estado y tienen menos importancia.

Fedea recuerda que el volumen total de la financiación definitiva de las comunidades de régimen común, medida a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, experimentó en 2022 un incremento anual de unos 18.200 millones de euros (un 13,8%) “debido fundamentalmente a la buena evolución de los ingresos tributarios autonómicos y estatales”. A la espera de los datos oficiales, se espera que en 2023 y 2024 continúe la tendencia, para estabilizarse a partir de 2025.

Los datos de Fedea difieren ligeramente de los que la Generalitat publica cada verano, y que se limitan a realizar una suma de los recursos aportados y los finalmente recibidos, divididos por la población de la comunidad. En ese análisis, el Departamento de Economía autonómico critica que Cataluña queda por debajo de la media (en sus cálculos recibe 3.264 euros por habitante, frente a los 3.341 euros de promedio español) y sobre todo utiliza el cálculo para cargar contra el incumplimiento del principio de ordinalidad incluido en el Estatuto de Autonomía catalán. Según este, cuando los mecanismos de redistribución de fondos ya se ha aplicado, ninguna comunidad autónoma puede quedar por delante de otra con mayor capacidad fiscal. En el caso de Cataluña, pasa de ser la tercera a ser la décima, en un decalaje que afecta también a Madrid y Baleares.

De hecho, la consellera de Economía, Natàlia Mas, ha criticado el método de cálculo utilizado por Fedea. Considera un error utilizar el método de población ajustada sin que tenga en cuenta el coste de la vida en cada territorio y denuncia que los ingresos tributarios utilizados no son los oficiales. Y, sobre todo, critica que una comunidad pueda elevar los recursos por habitante un 30% a partir del sistema de solidaridad, sin que ese reparto acabe teniendo efectos en la mejora de las comunidades con menor renta.

Los resultados del sistema de financiación son uno de los pilares que, a ojos de los técnicos de la Administración catalana, estaría tras el déficit fiscal que sufre Cataluña cada año y que en el último informe situaban en los 22.000 millones de euros. En ese caso se tienen en cuenta las inversiones que realiza el Estado en Cataluña y el gasto de la Administración central en la comunidad.

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