Canarias amenaza con llevar al Gobierno central a los tribunales por la gestión de los menores migrantes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este miércoles que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico van a analizar las posibles vías, incluida la penal, para que se reconozca que los menores inmigrantes no acompañados que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y que, por ello son competencia del Estado y no de las comunidades autónomas. Por ello, ha pedido a las ONG que gestionan sus centros de acogida que no acepten a ninguno más sin el permiso expreso de la comunidad. La intención de Clavijo es la de evitar que toda la responsabilidad de la gestión de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias sean asumidas en solitario por las comunidades autónomas en un momento en el que los dispositivos de la isla están colapsados, comienza la época más propicia para la navegación y hay escasas posibilidades de que se apruebe la reforma de la ley de extranjería que debería permitir la derivación obligatoria de estos menores.

El Ejecutivo autonómico se basa en una interpretación de la ley de extranjería, según ha explicado el propio Clavijo tras la reunión del Pacto Migratorio (que reúne a todos los grupos de la cámara regional a excepción de Vox). Este texto legal recoge en su artículo 13 que el menor es competencia de la comunidad de autónoma cuando está “desamparado o, en este caso, abandonados”, ha desgranado. “Y los menores no están desamparados, no están abandonados. Están bajo la tutela y la guardia del Estado, porque es el Estado quien los recoge con Salvamento Marítimo, es el Estado quien lo mete en la frontera española, en este caso llegando a Canarias; es el Estado y la Policía Nacional quienes los reseña y es el Estado quien los tiene bajo su guardia”, ha sentenciado. “No vamos a ser cómplices de normalizar una situación de emergencia donde no se pueden garantizar los derechos del menor”.

Es por este motivo que el presidente ha reclamado a sus servicios jurídicos que estudien los siguientes pasos. “El debate jurídico se puede dar en el ámbito administrativo, en el ámbito penal o en el ámbito constitucional, o en los tres ámbitos a la vez”, ha avisado. “Pretendemos dotarnos de seguridad jurídica en ausencia del acuerdo [para modificar la ley de extranjería, de tal manera que obligue a una derivación obligatoria de los menores a otras comunidades autónomas]”.

El presidente canario toma esta decisión después de que se haya cerrado el verano más activo de llegada de cayucos y, sobre todo, ante la llegada del otoño, la época más propicia para la navegación en el Atlántico occidental. Hasta 6.267 migrantes han llegado a las Islas Canarias durante los meses de julio y agosto, cifra récord para un verano desde que existen registros detallados por meses de los flujos migratorios. En la segunda quincena de agosto las llegadas a las costas canarias se han disparado, con 3.220 nuevos casos, lo que supone que casi la mitad de las entradas de migrantes de este verano se ha registrado en estos últimos quince días, según los datos del balance quincenal hecho público este lunes por el Ministerio del Interior. De este total, según los datos facilitados este miércoles por el portavoz de Ejecutivo, Alfonso Cabello, 3.418 de ellos son menores. “Solo en agosto hemos recibido 571 menores, mientras que solo han salido de las islas 500 menores en cuatro años”. Así, según el Ejecutivo autonómico, Canarias acoge a día de hoy a 5.283 menores en unos centros con 4.339 plazas.

Cabello contrastó la situación que viven las islas con la de otras rutas como la del Mediterráneo. Según sus datos, esta ha recibido 8.500 migrantes en lo que va de año, un 65% menos que el año anterior. “Esto es una muestra clara de cuando las políticas públicas se alinean y se toman decisiones, se puede revertir una situación”.

Detonante

El detonante del enfrentamiento se produjo este fin de semana en la isla de El Hierro, isla a la que llegaron 70 niños durante entre el sábado y el domingo. Según ha explicado el presidente, la Fiscalía y la Policía “presionaron” a las distintas ONG que operan en la isla para que asumiesen los menores llegados en unas instalaciones ya colapsadas. Finalmente, ante la negativa de los trabajadores de las organizaciones, que argumentaron no tener ya más capacidad, los menores afectados fueron derivados a centros de otra isla, según afirmó el portavoz sin dar más detalles. “Le hemos comunicado al Estado que los protocolos deben ser debidamente cumplimentados para la garantía de la trazabilidad del menor”, ha desgranado Fernando Clavijo. “Además, le hemos notificado que para cualquier tipo de relación o algo se dirijan directamente a la comunidad autónoma”.

A lo largo del día, tanto Clavijo como Alfonso Cabello han acusado de “deslealtad” al Gobierno central. “No se puede amenazar, no se puede presionar, porque no es leal”, aseguraba el presidente a primera hora en una entrevista en la Cadena Ser. En su opinión, el Ejecutivo central malinterpreta la colaboración que brinda el autonómico en lo que respecta a sus funciones “diciendo ‘vamos a ver si los ayudamos, no lo vamos a dejar solos’. No es serio, no es serio, y, además, tampoco es legal”, ha sentenciado. Y prosiguió. “Pedimos información y todo son retrasos, intentamos forzar el sentarnos y siempre hay alguna excusa. Ha llegado el momento”.

Respuesta de Torres

Las declaraciones a la Cadena Ser del presidente canario tuvieron pronta respuesta por parte de su antecesor en el cargo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, consideró ante los micrófonos de Radio Nacional que con su amenaza, Clavijo “intenta proteger a sus socios del PP”, según recoge Servimedia. “Estamos ante una competencia estatutaria autonómica, en la que el actual Gobierno está poniendo sobre la mesa soluciones y apoyo con respecto a los menores migrantes no acompañados”. El ministro, además, señaló que “fue el PP quien votó en contra” de la modificación de ley de extranjería y, “de haber votado sí a la tramitación de la norma, hoy ya estaríamos, prácticamente, derivando a menores”.

En el trasfondo de la cuestión está la reforma de la ley de extranjería, a la que se opone el PP, socio del Gobierno de Coalición Canaria en las islas. A finales de julio, los populares rechazaron junto a Junts y Vox que se discutiese en el Congreso el texto elaborado por La Moncloa y el Ejecutivo autonómico para permitir la derivación obligatoria de menores migrantes no acompañados. Durante la entrevista en la Cadena Ser en la mañana del miércoles, el presidente canario había explicado en este sentido que se han acercado posturas con Génova, y que para que se cierre un acuerdo, el PP “ha presentado un documento con cuatro puntos [convocatoria de la Conferencia de Presidentes para hablar de inmigración, la declaración de la emergencia para que las comunidades autónomas agilicen las contratas, y otros dos puntos “atascados”, sobre el número de plazas que han de tener “de carácter ordinario” todas las comunidades autónomas y que han de financiar los gobiernos autonómicos, y sobre cómo se gestiona y se financia la sobreocupación en cualquier parte de España]. “Quien no ha contestado a este documento es el Gobierno de España”, ha subrayado Clavijo.

Una de las consecuencias de esta renovada tensión con La Moncloa puede ser el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez por parte de Coalición Canaria. Una tensión que se ha visto acrecentada por el acuerdo entre el PSC y ERC para la financiación de Cataluña. Según Clavijo, “solo hay dos formas” de mejorar las cuentas de una comunidad: “O lo modificas a través de la Ley de Presupuestos o modificando el sistema de financiación. Si no se lleva ninguna de las dos opciones al Congreso, salvo que lo modifiques por la puerta de atrás dándole más graciosamente a una comunidad, lo veo difícil”. Por eso, admite la existencia de “un debate interno” que pone en jaque el apoyo de los nacionalistas a PSOE y Sumar y que la formación ya ha trasladado a Pedro Sánchez: “Nosotros no estamos satisfechos con cómo el Gobierno de España está atendiendo al archipiélago”.